Sentencia T-061 de 2025

T-061-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-061/25 DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL INTERMEDIA-Deber de motivar el acto de desvinculación de sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad (...) la Secretaría incumplió el deber de motivar debidamente dicho acto administrativo, en tanto, al tratarse de una funcionaria que gozaba de estabilidad laboral relativa, la resolución que ordenó su desvinculación debía contener un estudio sobre la planta de personal de la entidad y la existencia de plazas vacantes en las que hubiera podido reubicar a la (accionante). DERECHO AL TRABAJO-Reubicación laboral con garantía de estabilidad a la trabajadora (...) la actora gozaba de una estabilidad laboral relativa en el momento en el que fue desvinculada... razón por la cual, para desvincularla del cargo provisional que ocupaba, era necesario que la entidad, según las reglas que ha desarrollado esta Corporación, evaluara su planta de personal para determinar si existían cargos vacantes de igual o mejor jerarquía al que ocupaba la (accionante), en los cuales pudiera ser reubicada conforme a su experiencia. CARRERA ADMINISTRATIVA PARA PROVEER EMPLEOS PUBLICOS-Regla general EMPLEADO NOMBRADO EN PROVISIONALIDAD EN CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA-Goza de estabilidad relativa o intermedia DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL INTERMEDIA-Reglas para otorgar protección especial a madres y padres cabeza de hogar que ocupan cargos provisionales (...) las mujeres cabeza de familia que ocupan cargos en provisionalidad cuentan con una estabilidad relativa, mayor a la de quienes ocupan cargos provisionales sin encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, pero que no es equivalente a la estabilidad laboral reforzada de la que gozan los funcionarios de carrera administrativa. Para las mujeres cabeza de familia que ocupan cargos provisionales, la estabilidad laboral relativa de la que gozan se materializa en que, en caso de ser desvinculadas: (i) el acto administrativo de desvinculación debe estar debidamente motivado y (ii) de ser fáctica y jurídicamente posible, deben vincularlas nuevamente en forma provisional en empleos vacantes de igual o mayor jerarquía de los que ocupaban, de carrera o temporales DEBIDA DILIGENCIA EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Aplicación en el cumplimiento de sus funciones (...) es exigible un deber mínimo de diligencia por parte de las entidades públicas nominadoras, consistente en cerciorarse, al momento de desvincular a una funcionaria en provisionalidad, de que no sea un sujeto de especial protección que goza de estabilidad laboral intermedia o relativa. MADRE CABEZA DE FAMILIA-Requisitos para demostrar esa condición (i) Que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. (ii) Que esa responsabilidad sea de carácter permanente. (iii) No sólo debe haber una ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que: (a) se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; o (b) no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental o, como es obvio, la muerte. (iv) Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria para sostener el hogar. NOTIFICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS-Concreción del principio de publicidad ACTO ADMINISTRATIVO-Publicidad no tiene relación con su existencia sino con su oponibilidad (...) el acto administrativo, ya sea de carácter general o particular, existe desde el momento en que se expide, pero no produce efectos jurídicos y no es oponible a terceros hasta que no se realice su publicación, notificación o comunicación, según sea el caso. DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL INTERMEDIA-Reintegro para madres y padres cabeza de hogar que ocupan cargos provisionales REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Primera de Revisión SENTENCIA T-061 DE 2025 Referencia: expediente T-10.454.353. Acción de tutela presentada por Verónica contra la Secretaría de Educación del Municipio de Verde. Magistrada Ponente: Natalia Ángel Cabo. Bogotá, D.C., 17 de febrero de 2025. La Sala Primera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por las magistradas Diana Fajardo Rivera y Natalia Ángel Cabo, quien la preside, y por el magistrado Juan Carlos Cortés González, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, profiere la siguiente: SENTENCIA. Esta decisión se toma en el trámite de revisión del fallo de tutela proferido en primera instancia por el Juzgado Segundo Civil Municipal de Verde y confirmado en segunda instancia por el Juzgado Primero de Familia de Verde. Los fallos revisados se dictaron para resolver la acción de tutela promovida por la ciudadana Verónica contra la Secretaría de Educación del Municipio de Verde. Aclaración previa De conformidad con lo señalado en la Circular No. 10 de 2022, expedida por la presidencia de la Corte Constitucional y relacionada con la “anonimización de nombres en las providencias disponibles al público en la página web de la Corte Constitucional”, dado que la presente providencia contiene información sobre la situación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, así como aspectos relacionados con su intimidad personal y familiar, sus tres hijos menores de edad y la historia clínica de su madre, se proferirán dos versiones de la providencia. En la versión que será la versión notificada a las partes se hace referencia a los nombres de los involucrados y sus datos personales. Sin embargo, esta versión pública del documento fue debidamente anonimizada. Síntesis de la decisión En el presente caso, se resolvió una tutela interpuesta por la señora Verónica en contra de la Secretaría de Educación del Municipio de Verde, para exigir la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y el derecho de petición. La accionante consideró que la Secretaría transgredió sus derechos fundamentales al proferir la resolución mediante la cual fue desvinculada del cargo provisional que ocupaba, sin tener en cuenta su condición de mujer cabeza de familia, para vincular a una funcionaria con derechos de carrera administrativa. La actora comunicó a la entidad dicha condición el 18 de abril de 2024 y la resolución por la cual se ordenó su desvinculación le fue notificada personalmente el 23 de abril de 2024. En la actualidad, la accionante es la responsable de sus tres hijos menores de edad y de su madre, que es una adulta mayor en situación de discapacidad. Además, se encuentra adelantando una acción de violencia intrafamiliar e interpuso una denuncia penal en contra del señor Mario—su exesposo y padre de los niños— por violencia verbal, psicológica y económica. La Corte estableció como problema jurídico si una entidad pública vulnera los derechos a la estabilidad laboral relativa, al trabajo y el derecho de petición al desvincular a una mujer del cargo que ocupaba en provisionalidad, sin tener en cuenta su situación de mujer cabeza de familia, la cual, según afirma, fue informada al empleador antes de la notificación de su desvinculación. La Corte concluyó que la Secretaría de Educación del Municipio de Verde vulneró los derechos a la estabilidad laboral relativa y al trabajo de la señora Verónica. Lo anterior, en tanto (i) quedó acreditada en el trámite la situación de mujer cabeza de familia de la actora y (ii) además de que la señora Verónica comunicó oportunamente su situación, la entidad tenía el deber de cerciorarse, al momento de realizar la desvinculación, de que la accionante no se encontrara en una situación que la hiciera un sujeto de especial protección con derecho a la estabilidad laboral intermedia o relativa. En ese sentido, la Corte ordenó a la Secretaría de Educación que, en el término de quince (15) días a partir de la notificación de esta decisión, en caso de que existan vacantes disponibles, vincule a la señora Verónica en un cargo que ofrezca condiciones iguales o mejores a las del cargo que desempeñaba antes de la desvinculación. En caso de no tener vacantes disponibles, la Corte ordenó a la Secretaría que priorice a la accionante en la vinculación a una vacante futura en provisionalidad. Adicionalmente, la Corte le advirtió a la Secretaría de Educación que debe adoptar acciones afirmativas para garantizar los derechos de sujetos de especial protección constitucional como mujeres y hombres cabeza de hogar. Además, le ordenó a esta entidad que implemente una política para la protección de las mujeres y hombres cabeza de hogar nombrados en provisionalidad, en los procesos de vinculación y de desvinculación de personal, que incluya lineamientos para verificar si se trata de un sujeto de especial protección que goza de estabilidad laboral intermedia o relativa. I. ANTECEDENTES 1. Verónica presentó una acción de tutela contra la Secretaría de Educación del Municipio de Verde, para exigir la protección de sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y el derecho de petición. La accionante consideró que la Secretaría accionada transgredió sus derechos fundamentales al proferir la Resolución No. 223 del 12 de abril de 2024[1], por la cual la desvinculó del cargo provisional que ocupaba, sin tener en cuenta su calidad de mujer cabeza de familia. 1. Hechos relevantes descritos en la acción de tutela[2] 2. Mediante la Resolución No. 518 del 11 de julio de 2022[3], la señora Verónica fue nombrada por la Secretaría de Educación del Municipio de Verde como auxiliar administrativo código 407 grado 05 en la Institución, bajo la figura de provisionalidad en vacancia temporal. 3. Según lo manifestó en la acción de tutela, la señora Verónica responde por sus tres hijos menores de edad y por su madre, que es una adulta mayor en situación de discapacidad. 4. El 25 de octubre de 2022, mediante Resolución No. MP 585-2022, la Comisaría Primera de Familia de Verde admitió el trámite de la Acción de Violencia Intrafamiliar iniciada por la actora en contra del señor Mario —su exesposo y padre de los niños— por violencia verbal, psicológica y económica. La Comisaría decretó, como medidas provisionales de protección, (i) ordenar al señor Mario abstenerse de cualquier tipo de conducta que comporte violencia en contra de la señora Verónica y de sus hijos; y (ii) ordenar la protección temporal y especial para la actora y sus hijos, por parte de las autoridades de Policía. 5. El 18 de diciembre de 2022, la Comisaría Primera de Familia de Verde celebró la audiencia de trámite y fallo de la medida de protección No. 526 de 2022. Según el acta de la audiencia, la Comisaría asignó provisionalmente y de manera preventiva la custodia de los niños a la señora Verónica, fijó una cuota provisional de alimentos en cabeza del señor Mario por el valor de setecientos mil pesos (700.000) para los tres hijos y estableció el régimen de visitas. 6. El 18 de abril de 2024, la señora Verónica elevó un derecho de petición ante la Secretaría de Educación del Municipio de Verde para comunicarle su situación de madre cabeza de familia a cargo de tres menores de edad y un adulto mayor, y su falta de ingresos adicionales a los que obtenía por su labor como auxiliar administrativa[4]. 7. El 23 de abril de 2024, a las 6:55 p. m., la señora Verónica fue notificada personalmente de la Resolución No. 223 del 12 de abril de 2024[5], expedida por la Secretaría de Educación del Municipio de Verde. Mediante dicho acto administrativo, la Secretaría dispuso el retorno de la señora Lucía al cargo de auxiliar administrativo código 407 grado 05 en la Institución, porque ostentaba derechos de carrera administrativa, y dio por terminada la vinculación en provisionalidad en vacante definitiva de la señora Verónica a partir del 11 de abril de 2024. 8. El 29 de abril de 2024, la actora elevó un nuevo derecho de petición ante la Alcaldía de Verde, al cual adjuntó, como soporte documental de su situación de vulnerabilidad, el registro civil y la certificación estudiantil de sus tres hijos menores de edad; la cédula de su madre, junto con la consulta en el sistema SISPRO a su nombre; una copia del acto administrativo No. MP 585-2022 expedido por la Comisaría Primera de Familia de Verde y una copia del acta de la audiencia 526 de 2022. 9. El 7 de mayo de 2024, el secretario de Educación del Municipio de Verde respondió a la primera petición elevada por la señora Verónica y le informó que en ese momento no era posible darle una respuesta de fondo a la solicitud, puesto que el caso se encontraba en consulta ante las Secretarías Jurídica y Administrativa de la Alcaldía Municipal. Adicionalmente, el secretario le comunicó a la accionante que le enviarían una respuesta clara, oportuna y de fondo a más tardar el 17 de mayo de 2024. 10. El 17 de mayo de 2024, el secretario de Educación del Municipio de Verde respondió a las dos peticiones elevadas por la señora Verónica. En su respuesta, el secretario negó las pretensiones de la actora, puesto que (i) según la Resolución No. 518 del 11 de julio del año 2022, su nombramiento tendría vigencia mientras durara la situación administrativa de la funcionaria titular del cargo; y (ii) la situación de debilidad manifiesta que alegó la accionante fue notificada a la Secretaría con posterioridad a su retiro. 2. Fundamentos de la solicitud de tutela[6] 11. A partir de los hechos expuestos, la señora Verónica presentó una acción de tutela contra la Secretaría de Educación del Municipio de Verde, con fundamento en que, al desvincularla del cargo provisional que ocupaba sin tener en cuenta su situación de vulnerabilidad, esta entidad vulneró sus derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y de petición. 12. La actora señaló que la Secretaría no tuvo en cuenta el Concepto 070331 del Departamento Administrativo de la Función Pública, el cual establece que: (i) el retiro de los empleados provisionales procede siempre y cuando se motive, puesto que estos deben conocer las razones por las cuales se les desvincula, para efectos de que ejerzan su derecho de contradicción; (ii) la motivación debe incluir argumentos puntuales como la provisión definitiva del cargo por haberse realizado el concurso de mérito respectivo, la imposición de sanciones disciplinarias, la calificación insatisfactoria u otra razón especifica atinente al servicio que está prestando y debería prestar el funcionario concreto; y (iii) si bien las mujeres y hombres cabeza de familia que ocupan cargos en provisionalidad no tienen un derecho indefinido a permanecer en el cargo, sí existe una obligación por parte de la entidad empleadora de darles un trato preferencial como medida de acción afirmativa. 13. En cuanto al precedente constitucional, la accionante hizo referencia a las sentencias SU-917 de 2010 y T-381 de 2022 de la Corte Constitucional. 14. Por lo anterior, la accionante pidió que se tutelen los derechos fundamentales invocados y los demás que el despacho encontrara vulnerados y, en consecuencia, se ordene a la Secretaría de Educación del Municipio de Verde la suspensión de los efectos de la Resolución No. 223 del 12 de abril de 2024, mientras no se constate que para la accionante no se encuentra vacante otro cargo con iguales o mejores condiciones, según su experiencia. 3. Trámite de la acción de tutela objeto de revisión[7] 15. El proceso le correspondió al Juzgado Segundo Civil Municipal de Verde, el cual, mediante Auto del 28 de mayo de 2024, admitió la acción de tutela bajo radicado interno No. 2024–00350. Contestación de la Secretaría de Educación de Verde[8] 16. La Secretaría de Educación de Verde respondió a la tutela el 4 de junio de 2024. En relación con la petición elevada por la señora Verónica el 18 de abril de 2024, la Secretaría indicó que sólo tuvo conocimiento de esta el 22 de abril de 2024, fecha en la que fue remitida por la Dirección de Gestión de Talento Humano de la Alcaldía de Verde. 17. En cuanto al acto administrativo de desvinculación, la Secretaría señaló que fue creado y numerado el 12 de abril de 2024, y remitido a la actora el 19 de abril de 2024 al correo electrónico que había suministrado a la plataforma Sistema Humano en Línea, mediante la cual se liquida la nómina y se comunican las novedades a los funcionarios adscritos a la Secretaría de Educación Municipal. Adicionalmente, la accionada indicó que dicho acto administrativo fue notificado a la señora Verónica el día 23 de abril de 2024, a las 6:55 p. m. 18. En relación con la solicitud de amparo de la accionante, la Secretaría manifestó que la Resolución No. 223 del 12 de abril de 2024 es un acto administrativo válido y debidamente motivado, puesto que, desde la resolución por la que se hizo efectivo el nombramiento de la señora Verónica, hubo claridad en que había sido vinculada en modalidad de encargo y mientras durara la situación administrativa de la señora Lucía, conforme con lo establecido en el artículo 2.2.5.3.2 del Decreto 1083 de 2015. 19. Además, la entidad accionada indicó que, según el parágrafo del artículo 2 de la Ley 1232 de 2008, la condición de madre cabeza de familia de bajos ingresos debe ser declarada ante notario y que, según la Circular 040 de 2022 del Ministerio del Trabajo y la Sentencia SU-388 de 2005, la mujer debe cumplir con los siguientes requisitos para que le sea aplicable la protección: (i) que se tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar; (ii) que esta responsabilidad sea de carácter permanente; (iii) que la responsabilidad sea derivada no solo de la ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que esta se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones o no asuma la responsabilidad que le corresponde, por algún motivo como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental, o como es obvio, la muerte; y (iv) que la mujer no reciba ayuda alguna por parte de los demás miembros de la familia, o recibiéndola, exista una deficiencia sustancial entre lo requerido para satisfacer el mínimo vital de los sujetos a su cargo y lo recibido. 20. Adicionalmente, la Secretaría mencionó que el 21 de mayo de 2024 envió respuesta clara y de fondo a la petición elevada por la señora Verónica. 21. La Secretaría agregó que la tutela interpuesta es improcedente porque, además de que no hubo vulneración alguna de derechos, no se acredita en la acción de tutela el carácter residual y subsidiario, toda vez que la señora Verónica cuenta con otros medios de defensa. La entidad accionada también señaló que el acto administrativo por el cual se ordenó la desvinculación de la accionante goza de plena legalidad. 22. Por las razones expuestas, la Secretaría de Educación de Verde solicitó desestimar las pretensiones de la señora Verónica, en tanto los actos realizados por la entidad se ajustaron a la normatividad vigente. 4. Decisiones judiciales objeto de revisión Decisión de primera instancia[9] 23. Mediante Sentencia del 11 de junio de 2024, el Juzgado Segundo Civil Municipal de Verde declaró la procedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Verónica, al encontrar acreditados los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad. Este último porque, a pesar de que existen mecanismos alternativos para salvaguardar los derechos laborales, la situación de debilidad que manifiesta la accionante permite flexibilizar el requisito. 24. Sin embargo, el juzgado negó el amparo constitucional solicitado. A pesar de que encontró acreditadas tanto la relación laboral de la accionante con la Secretaría como su estado de vulnerabilidad, consideró que en los hechos no se observaba una vulneración de los derechos fundamentales de la actora. Esto porque, a criterio del juzgado, no quedó probado que el escrito y los anexos que pusieron en conocimiento a la Secretaría de la situación de madre cabeza de familia de la actora se enviaron con antelación a la notificación de la Resolución No. 223 del 12 de abril de 2024 que, según la autoridad judicial, se realizó en la misma fecha. En ese sentido, el juzgado consideró que, dado que la Secretaría no conocía sobre la situación de vulnerabilidad de la señora Verónica en la fecha en que emitió la resolución, no es posible predicarse una vulneración de sus derechos fundamentales. 25. Adicionalmente, el juzgado resaltó que la accionante, con el escrito remitido el 18 de abril de 2024, no aportó los medios probatorios que acreditaran su condición de madre cabeza de familia —a saber, la declaración ante notario y los establecidos en la Sentencia SU-388 de 2005—. Por el contrario, esto sólo lo hizo con el alcance al derecho de petición, enviado el 29 de abril de 2024. Además, la jueza señaló que, durante el trámite de primera instancia, la señora Verónica tampoco acreditó que la notificación del acto administrativo no fue realizada el 12 de abril de 2024. 26. El juzgado argumentó que, a pesar de que las mujeres cabeza de familia son destinatarias del derecho a la estabilidad laboral reforzada [sic], su condición de vulnerabilidad debe ser acreditada —y no simplemente informada— al empleador con antelación, para que, en caso de que deba terminarse un cargo que ocupan en provisionalidad, el empleador pueda adelantar todas las gestiones para no vulnerar su derecho. En ese sentido, era la señora Verónica quien tenía la carga de dar a conocer su situación al empleador, para que este pudiera proveerle otro cargo y garantizar el cumplimiento de su derecho a la estabilidad laboral reforzada [sic] y al trabajo. 27. Por último, en relación con el derecho fundamental de petición de la señora Verónica, el juzgado señaló que este no fue vulnerado por la Secretaría, pues la entidad emitió respuesta clara, completa y precisa a través de la contestación enviada el 17 de mayo de 2024. Impugnación[10] 28. El 17 de junio de 2024, la accionante impugnó la decisión de primera instancia.. 29. La señora Verónica indicó que el juzgado se equivocó al afirmar que la Resolución No. 223 del 12 de abril de 2024 fue notificada en la misma fecha, pues en el sello de la Secretaría que consta en la última página de la copia de la resolución aportada como prueba, aparece el texto “Nota: Notificada 23-04-2024. Hora 6:55 p.m.”[11]. 30. Adicionalmente, la actora señaló que “en diferentes oportunidades le había manifestado a su jefe inmediato que ella se encontraba en un proceso de denuncia en contra del padre de sus hijos, por lo que él se vio obligado a abandonar su lugar de residencia”[12]. La señora Verónica insistió en que su situación de vulnerabilidad la puso en conocimiento de la Secretaría por escrito el 18 de abril de 2024, es decir, con anterioridad a la fecha en la que le fue notificado el acto de desvinculación. Decisión de segunda instancia[13] 31. Mediante sentencia del 15 de julio de 2024, el Juzgado Primero de Familia de Verde confirmó el fallo de primera instancia. 32. El juzgado argumentó que, en el numeral primero de la parte resolutiva del acto administrativo por el que se nombró a la señora Verónica en el cargo, quedó establecido que su nombramiento tendría vigencia mientras durara la situación administrativa de la señora Lucía. Por tal razón, el hecho de que esta última fuera a ser reintegrada al cargo que ocupaba la accionante constituye justa causa para la desvinculación de la señora Verónica. 33. En relación con la condición de madre cabeza de familia, el juzgado señaló que la señora Verónica no cumplió con el requisito, establecido por vía jurisprudencial y legal, de acreditar la carga económica permanente de los menores de edad y de su madre. Lo anterior, porque la accionante sólo aportó la decisión administrativa de la Comisaría Primera de Familia de Verde que otorgó de manera provisional la custodia de los hijos a favor de la accionante y fijó una cuota de alimentos a cargo del señor Mario, lo cual no permite demostrar que el señor esté incumpliendo con el pago de dicha cuota. 34. En consecuencia, el juzgado consideró que no tiene incidencia si el escrito enviado por la accionante fue radicado antes o después del acto administrativo que ordenó su desvinculación, pues de todas maneras la accionante no logró acreditar su condición de madre cabeza de familia. En todo caso, el juzgado indicó que a la fecha de creación de la Resolución No. 223 del 12 de abril de 2024, el empleador no tenía conocimiento del escrito radicado por la accionante, puesto que fue enviado el 18 de abril de 2024, es decir, cuatro días después de la creación del acto administrativo. 5. Actuaciones en sede de revisión en la Corte Constitucional 35. Antes de que la magistrada sustanciadora decretara pruebas de oficio, la señora Verónica remitió al despacho 13 documentos[14], entre los cuales destacan los siguientes por su relevancia para el análisis del caso concreto: - Declaración juramentada ante notario, con fecha del 9 de agosto de 2024, en la que manifestó (i) que el señor Mario no ha cumplido con la obligación de suministrar alimentos a sus tres hijos menores de edad; y (ii) que en la Fiscalía General de la Nación se encuentra una denuncia en contra del señor Mario por el delito de violencia intrafamiliar. - Certificado del Sisbén, con fecha del 24 de octubre de 2024, en el que aparece la accionante con calificación A1 (pobreza extrema). - Información de afiliación en la Base de Datos Única de Afiliados de la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud), con fecha del 24 de octubre de 2024, en la que aparece la señora Verónica como “CABEZA DE FAMILIA” en el tipo de afiliado. - Certificado de la Secretaría de Educación Municipal de Verde, con fecha del 23 de agosto de 2024, que acredita que la señora Verónica ingresó a trabajar en la Institución el 11 de julio de 2022, en el cargo de auxiliar administrativo grado 05, y fue desvinculada el 10 de abril de 2024. - Copia del Formato Único de Noticia Criminal, con fecha del 10 de noviembre de 2022, que registra la denuncia presentada por la actora en contra del señor Mario por el delito de violencia intrafamiliar. - Copia de comunicación enviada por la señora Verónica a la Comisaría de Familia el 22 de octubre de 2024, en la que solicitó la apertura de un incidente de incumplimiento de la medida de protección, ante la falta de pago, por parte del señor Mario, de la cuota de alimentos a favor de sus tres hijos durante los cuatro meses anteriores. - Comunicación dirigida al Despacho de la magistrada ponente, con fecha del 22 de octubre de 2024, en la que informó, entre otros aspectos, que no ha encontrado un empleo para cubrir las necesidades de sus tres hijos menores de edad, las de su madre y las suyas. 36. Mediante Auto del 13 de noviembre de 2024[15] la magistrada ponente decretó varias pruebas, con el objetivo de (i) solicitar a la accionante que remitiera nuevamente algunos de los documentos aportados en sede de revisión, que no eran legibles, y que aclarara el objetivo de uno de los documentos remitidos; (ii) requerir a la entidad accionada información sobre la composición actual de su planta de personal y la existencia de plazas vacantes con iguales o mejores condiciones que la ocupada por la señora Verónica antes de su desvinculación; (iii) ordenar a la Secretaría General de esta Corporación que pusiera a disposición de las partes los documentos radicados por la actora antes del decreto de pruebas y los que fueron allegados en virtud del requerimiento probatorio. Documentos aportados por la señora Verónica en respuesta al requerimiento probatorio[16] 37. El 19 de noviembre de 2024, la accionante envió al Despacho 7 documentos, entre los cuales destacan los siguientes para el análisis del caso concreto: - Declaración extrajuicio en la cual la señora Verónica manifestó que: (i) es madre cabeza de hogar y tiene bajo su cuidado a sus tres hijos menores de edad, de 15, 13 y 13 años; (ii) es la única responsable de sus hijos; y (iii) se encuentra desempleada y no tiene medios para subsistir. - Auto del 31 de octubre de 2024, expedido por la Comisaría Primera de Familia del Municipio de Verde para el Incidente de Incumplimiento No. 541-2024, en el que admitió la solicitud elevada por la señora Verónica y decretó, entre otras medidas, (i) ordenar al señor Mario abstenerse de cualquier tipo de conducta que comporte violencia física, verbal, psicológica o económica en contra de la señora Verónica y de sus hijos, incluido el incumplimiento de su obligación legal de alimentos; (ii) ordenar a la Policía la protección temporal y especial a la accionante y los menores de edad, con el fin de impedir los actos que puedan atentar contra su integridad por parte del señor Mario. - Copia de un correo electrónico del 18 de septiembre de 2024, enviado por la Dirección Administrativa y Financiera de la Secretaría de Educación de Verde a la lista de difusión “administrativos en propiedad”, en el que se informa sobre la existencia de tres cargos a proveer en la institución[17]. 38. El 20 de noviembre de 2024, la entidad accionada envió al Despacho un informe en respuesta al requerimiento probatorio[18], en el cual (i) indicó que la planta de personal de la entidad estaba compuesta por 69 funcionarios del área administrativa, distribuidos en trece instituciones educativas; (ii) presentó los cargos ocupados en cada una de las trece instituciones, junto con el grado y el código correspondiente; y (iii) manifestó que, a la fecha, “no se encuentran plazas vacantes con iguales o mejores condiciones que la que ocupaba la señora Verónica antes de su desvinculación”[19]. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 39. La Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela seleccionados, con fundamento en lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política, 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 61 del Acuerdo 02 de 2015. 2. Procedencia de la acción de tutela 40. En esta oportunidad, se cumplen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, esto es, legitimación por activa y pasiva, inmediatez y subsidiariedad. A continuación, se analizarán estos presupuestos. 41. El requisito de legitimación en la causa por activa se encuentra satisfecho[20]. La Constitución establece que toda persona podrá interponer acción de tutela “por sí misma o por quien actúe a su nombre”[21] y la accionante, titular de los derechos fundamentales invocados, presentó la acción de tutela en nombre propio. 42. La legitimación en la causa por pasiva también se encuentra acreditada. Según lo establece el artículo 86 de la Constitución y los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela podrá promoverse en defensa de los derechos fundamentales cuando estos estén siendo amenazados o vulnerados por la acción u omisión de las autoridades o de los particulares en los casos previstos en la Constitución y en la ley. En el caso concreto, la accionante interpuso la acción de tutela en contra de la Secretaría de Educación del Municipio de Verde, entidad que presuntamente vulneró los derechos fundamentales invocados por la señora Verónica, al desvincularla del cargo provisional que ocupaba. Además, en caso de que la tutela se resuelva a favor de la señora Verónica, la Secretaría sería la entidad encargada de cumplir con las órdenes proferidas. 43. La tutela también satisface el requisito de inmediatez porque se interpuso en un término razonable y proporcional, en relación con el momento en que ocurrió la presunta vulneración de los derechos fundamentales. En efecto, la última actuación que podría estimarse como violatoria de los derechos fundamentales de la señora Verónica es la notificación del acto administrativo de desvinculación, que ocurrió el 23 de abril de 2024[22]. Dado que la actora radicó la acción de tutela el 27 de mayo de 2024, entre la recepción de la respuesta y la interposición de la solicitud de tutela transcurrieron 34 días, lapso que la Corte considera razonable y proporcionado. 44. El requisito de subsidiariedad también se cumple en este caso, dado que la accionante no cuenta con otro mecanismo judicial idóneo y eficaz para la protección de sus derechos fundamentales. Los hechos expuestos en la demanda muestran que la actora está en una situación de vulnerabilidad que la hace titular de una especial protección constitucional y que habilita la intervención del juez de tutela para pronunciarse sobre lo pretendido, puesto que la accionante (i) tiene a su cargo tres menores de edad y una adulta mayor; (ii) según manifestó en sede de revisión, el padre de los niños no ha cumplido con el pago de la cuota alimentaria fijada a favor de estos; y (iii) a la fecha, no tiene un empleo ni ingresos adicionales para cubrir sus gastos y los de su núcleo familiar. 45. De conformidad con lo anterior, la accionante se encuentra en una situación de vulnerabilidad que resulta suficiente para acceder a la acción de tutela como mecanismo preferente para la protección de los derechos invocados. Sin embargo, cabe resaltar que la señora Verónica tampoco cuenta con mecanismos idóneos ni efectivos para la garantía que solicita. 46. En principio, podría pensarse que la accionante pudo haber acudido a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para cuestionar la resolución por la cual se ordenó su desvinculación, a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, y solicitar las medidas cautelares que considerara pertinentes. No obstante, esta acción no resulta idónea ni eficaz para el amparo pretendido, tanto por las circunstancias de vulnerabilidad de la señora Verónica, como por las particularidades de dicho medio de control, tal como se explica a continuación. 47. La accionante, además de estar desempleada, es la responsable de tres menores de edad y una adulta mayor en situación de discapacidad. Adicionalmente, según manifestó en sede de revisión, el padre de los menores ha incumplido con el pago de la cuota alimentaria fijada a favor de estos. En todo caso, aunque el señor Mario estuviera cumpliendo con el pago mensual de la cuota de setecientos mil pesos (700.000) para los tres menores de edad, esta no se puede entender como una suma suficiente para cubrir las necesidades de la accionante, sus tres hijos y su madre, que desvirtuara la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra. 48. En ese sentido, la situación de vulnerabilidad de la accionante implica que la acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es eficaz, puesto que supeditar la decisión de amparo a las exigencias y los plazos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo sería imponerle una carga desproporcionada a la señora Verónica, debido a los costos de asesoría jurídica que tendría que asumir y el tiempo de espera para obtener una decisión en ambas instancias[23]. 49. Adicionalmente, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho también carece de idoneidad en este caso concreto. La accionante no pretende cuestionar la legalidad del acto administrativo por el cual fue desvinculada de su cargo ni mencionó en la acción de tutela argumentos relacionados con las causales para declarar la nulidad del acto administrativo establecidas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011[24]. Por el contrario, su reproche tiene un fundamento constitucional relacionado con la omisión, por parte de la Secretaría, de concederle la protección especial que ha sido reconocida por la jurisprudencia de esta Corporación para las mujeres cabeza de hogar nombradas en provisionalidad. 50. Así las cosas, el escenario para discutir lo pretendido por la señora Verónica es la acción de tutela, en tanto el análisis que podría hacer el juez administrativo en la nulidad y restablecimiento del derecho está delimitado por las causales establecidas en el artículo 137 de la Ley 1437 de 2011, lo cual no responde a lo pretendido por la accionante. Inclusive, como se explicará en acápites posteriores, dado que la señora Verónica comunicó su situación de madre cabeza de familia después de la expedición del acto administrativo, pero antes de su notificación, el cuestionamiento está relacionado con la oponibilidad del acto, pero no con su validez. 51. Por lo expuesto, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de los derechos fundamentales al trabajo, a la estabilidad laboral reforzada y el derecho de petición. 3. Problema jurídico y metodología de la decisión 52. Una vez determinada la procedencia de la presente acción, le corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera una entidad pública los derechos a la estabilidad laboral relativa, al trabajo y el derecho de petición al desvincular a una mujer del cargo que ocupaba en provisionalidad, sin tener en cuenta su situación de mujer cabeza de familia, la cual, según afirma, fue informada al empleador antes de la notificación de su desvinculación? 53. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala reiterará su jurisprudencia en cuanto a (i) el régimen de carrera administrativa como la regla general para el acceso a empleos públicos; (ii) la estabilidad laboral relativa de los funcionarios nombrados en provisionalidad; (iii) los requisitos jurisprudenciales para ser considerado mujer u hombre cabeza de hogar; y (iv) la notificación de los actos administrativos como requisito de oponibilidad. A partir de dichas consideraciones, decidirá el caso concreto[25]. 3.1. El régimen de carrera administrativa como la regla general para el acceso a empleos públicos. Reiteración de jurisprudencia 54. El artículo 125 de la Constitución Política establece el régimen de carrera administrativa como el mecanismo general y preferente para la provisión de los empleos en los órganos y entidades del Estado, salvo las excepciones constitucionales y legales, y los regímenes especiales de creación constitucional como los cargos de elección popular, libre nombramiento y remoción, trabajos oficiales y los demás que determine la ley[26]. 55. Según ha precisado la Corte, la finalidad de esta disposición constitucional es crear un mecanismo objetivo de acceso a los cargos públicos, en el cual las condiciones de ingreso, ascenso, permanencia y retiro respondan al mérito, conforme a criterios reglados y no a la discrecionalidad del nominador[27]. En ese sentido, se trata de un mecanismo que promueve la igualdad, la imparcialidad y los principios que orientan la función administrativa, pues busca que las personas mejor calificadas se vinculen al Estado en igualdad de oportunidades y bajo parámetros objetivos[28]. 56. Por lo anterior, la jurisprudencia ha reconocido el carácter de principio constitucional de la carrera administrativa basada en el mérito y, como tal, de norma jurídica superior de aplicación inmediata, cuyo desconocimiento vulnera la totalidad del ordenamiento constitucional[29]. 57. No obstante, aunque la carrera administrativa debe ser la regla general para el acceso a cargos en el Estado, se han admitido excepcionalmente los nombramientos provisionales de personas que no han superado concursos de méritos, con el propósito de que las entidades públicas garanticen la continuidad en la prestación del servicio[30]. Por lo anterior, son cargos con una naturaleza transitoria y cuya duración está condicionada a la selección de funcionarios a través de la evaluación de sus méritos en un concurso público[31]. 58. Así, como se señaló antes, la carrera administrativa es el mecanismo preferente para el acceso a los empleos públicos. Esto implica que quienes superen las etapas del concurso de méritos adquieren un derecho subjetivo de ingreso al empleo público, que puede ser exigible ante la Administración frente a los funcionarios que hayan sido vinculados en provisionalidad[32]. 59. Por esta razón, este Tribunal ha reiterado que existen marcadas diferencias entre los funcionarios inscritos en carrera administrativa y los funcionarios públicos provisionales, en particular, en cuanto las condiciones para su vinculación y retiro[33] y la estabilidad laboral que se le confiere a cada uno, las cuales se presentan a continuación. 3.2. La estabilidad laboral relativa de los funcionarios nombrados en provisionalidad. Reiteración de jurisprudencia 60. La estabilidad laboral, reconocida como un principio mínimo de las relaciones de trabajo en el artículo 53 de la Constitución, protege el derecho que tienen los trabajadores a permanecer en sus empleos, salvo que exista una justa causa para su desvinculación[34]. 61. Los funcionarios que acceden a cargos públicos mediante concurso de méritos gozan de una estabilidad laboral reforzada, la cual implica que su retiro del cargo no puede hacerse por razones meramente discrecionales, sino únicamente por una calificación insatisfactoria en el desempeño del empleo, por violación del régimen disciplinario o por las demás causales previstas en la Constitución o la ley[35]. En ese sentido, el acto mediante el cual se desvincula a un funcionario de carrera administrativa debe estar motivado para garantizar que la decisión sea conforme a la Constitución y la normativa vigente[36]. 62. Por otra parte, los funcionarios que desempeñan cargos en provisionalidad gozan de una estabilidad laboral relativa o intermedia, en virtud de la cual solo pueden ser desvinculados por causales legales, como la calificación de desempeño para esta modalidad de servidores, la comisión de faltas disciplinarias, la cesación de la situación que generó la vacancia o la provisión del cargo en propiedad por concurso de méritos[37]. Por lo anterior, el acto administrativo de desvinculación debe estar motivado y contener las razones de la decisión, para garantizar que satisfaga el principio de publicidad y garantice el derecho fundamental al debido proceso del trabajador[38]. 63. En ese sentido, los servidores nombrados mediante un concurso público de méritos tienen un mejor derecho en comparación con los nombrados en provisionalidad. Por esta razón, la terminación del vínculo de un funcionario en provisionalidad, para proceder al nombramiento de un funcionario seleccionado mediante concurso público de méritos, en principio, no desconoce los derechos de quienes accedieron al cargo de forma transitoria[39]. Esto, siempre y cuando se respete la garantía mínima que se deriva del derecho fundamental al debido proceso y el principio de publicidad: que el acto administrativo de desvinculación esté debidamente motivado y contenga las razones de la decisión[40]. 64. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte ha reconocido un trato preferencial para sujetos de especial protección constitucional que ocupan cargos en provisionalidad, como las mujeres y hombres cabeza de familia, las personas próximas a pensionarse[41], o quienes estén en una situación de discapacidad o debilidad manifiesta por causa de una enfermedad[42]. 65. En este marco, como lo resumió la Sentencia T-313 de 2024, para armonizar la importancia que el sistema constitucional colombiano le atribuye a la carrera administrativa basada en el mérito, los derechos de los funcionarios que acceden al empleo público por esta vía, y el mandato constitucional de adoptar medidas especiales de protección para los funcionarios nombrados en provisionalidad que están en una especial situación de vulnerabilidad, la jurisprudencia constitucional ha establecido las siguientes reglas: (i) “El mérito es el criterio que prevalece para la asignación de empleos en la carrera administrativa. (ii) El trato preferencial no implica un derecho a permanecer de forma indefinida en un cargo provisional. Su vinculación se prolonga hasta que los cargos sean provistos en propiedad mediante el sistema de carrera o su desvinculación cumpla los requisitos exigidos en la jurisprudencia constitucional. (iii) La entidad nominadora debe adoptar medidas afirmativas para los sujetos de especial protección constitucional, consistentes en que sean los últimos en ser removidos de sus cargos y, en lo posible, vincularlos de manera provisional en cargos vacantes de la misma jerarquía o equivalencia de los que venían ocupando. (iv) La vinculación provisional en un nuevo cargo vacante requiere que se demuestre alguna circunstancia que implique especial protección constitucional al momento de su desvinculación y en la época del posible nombramiento. (v) Si la vinculación a un nuevo cargo vacante no es posible por la existencia de una persona con mejor derecho al haber ganado un concurso público, la entidad nominadora debe hacer el nombramiento si se abren vacantes en el futuro”[43]. 66. Así, según lo establecido en la Sentencia SU-691 de 2017, la terminación de una vinculación provisional porque la plaza será provista a una persona que ganó el concurso no desconoce los derechos del servidor en provisionalidad. No obstante, si el servidor que debe ser desvinculado ostenta la calidad de mujer cabeza de familia, la entidad deberá tener en cuenta dos situaciones antes de proceder a la desvinculación: (i) Si cuenta con plazas vacantes para la provisión de empleos de carrera, porque existe una diferencia entre las plazas ofertadas y aquellas provistas mediante la correspondiente lista de elegibles, surge la obligación para la entidad de garantizar la estabilidad laboral tanto del ganador del concurso como del servidor público cabeza de familia. (ii) Si no cuenta con margen de maniobra, debe asegurarse de que las mujeres cabeza de familia sean las últimas en ser desvinculadas de sus cargos[44]. 67. En suma, las mujeres cabeza de familia que ocupan cargos en provisionalidad cuentan con una estabilidad relativa, mayor a la de quienes ocupan cargos provisionales sin encontrarse en situaciones de vulnerabilidad, pero que no es equivalente a la estabilidad laboral reforzada de la que gozan los funcionarios de carrera administrativa. Para las mujeres cabeza de familia que ocupan cargos provisionales, la estabilidad laboral relativa de la que gozan se materializa en que, en caso de ser desvinculadas: (i) el acto administrativo de desvinculación debe estar debidamente motivado[45] y (ii) de ser fáctica y jurídicamente posible, deben vincularlas nuevamente en forma provisional en empleos vacantes de igual o mayor jerarquía de los que ocupaban, de carrera o temporales[46]. 68. En este contexto, y teniendo en cuenta que la Corte ha sostenido que las acciones afirmativas a favor de las mujeres cabeza de hogar tienen su origen en mandatos constitucionales[47], es exigible un deber mínimo de diligencia por parte de las entidades públicas nominadoras, consistente en cerciorarse, al momento de desvincular a una funcionaria en provisionalidad, de que no sea un sujeto de especial protección que goza de estabilidad laboral intermedia o relativa. 69. Además, cabe resaltar que este Tribunal ha resuelto varios casos en los que mujeres u hombres cabeza de familia vinculados en cargos públicos en provisionalidad fueron desvinculados sin que la entidad hubiera motivado debidamente el acto administrativo, por no haber realizado el estudio correspondiente sobre la existencia de plazas vacantes en las que se pudiera vincular a los funcionarios, ni haber demostrado un esfuerzo para que fueran los últimos desvinculados. En estos casos, la Corte amparó el derecho a la estabilidad laboral relativa y ordenó, en la medida en que fuera fáctica y jurídicamente posible, vincular a la mujer u hombre cabeza de familia en un empleo vacante con igual o mayor jerarquía al cargo que desempeñaban[48]. 3.3. Los requisitos jurisprudenciales para ser considerado mujer u hombre cabeza de hogar. Reiteración de jurisprudencia 70. El artículo 43 de la Constitución establece una protección especial para la mujer cabeza de familia. La legislación ha atribuido esta calidad a quienes de forma permanente asumen la responsabilidad de hijos menores de edad y otras personas en incapacidad de trabajar, y que no tienen otra forma de generar ingresos[49], ya sea por “ausencia permanente o incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente, o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar”[50]. Así pues, la mujer cabeza de hogar es quien asume el sustento económico, social y/o afectivo de su núcleo familiar y, por tanto, las obligaciones de apoyo, cuidado y manutención del hogar[51]. 71. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte ha precisado que el concepto de mujer cabeza de familia no está limitado al cuidado y manutención de los hijos[52]. Por un lado, el concepto de mujer cabeza de familia incluye a mujeres que, aunque no tengan hijos propios, asumen la responsabilidad de sus padres u otras personas allegadas que forman parte de su núcleo familiar[53]. En la misma línea, este Tribunal ha precisado que la calidad de mujer cabeza de familia no se pierde cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, siempre que se pueda acreditar una dependencia, como es el caso de los hijos que se encuentran en incapacidad de trabajar en razón de sus estudios[54]. 72. Por lo anterior, precisamente, la jurisprudencia constitucional utiliza también el concepto de “mujer cabeza de hogar” y no únicamente el de “madre cabeza de hogar”. 73. Adicionalmente, la Corte extendió la protección de la mujer cabeza de familia a todos los hombres que asumen el rol de cabeza de hogar[55], debido a que se trata de una garantía relacionada con el amparo de los hijos menores de edad o de las personas en situación de discapacidad, que busca el beneficio de toda la familia y no de uno de sus miembros en particular[56]. 74. Los requisitos que han sido desarrollados por la jurisprudencia constitucional, a partir de la Sentencia SU-388 de 2005, para que una persona pueda ser considerada mujer u hombre cabeza de hogar son los siguientes: (i) “Que tenga a cargo la responsabilidad de hijos menores o de otras personas incapacitadas para trabajar. (ii) Que esa responsabilidad sea de carácter permanente. (iii) No sólo debe haber una ausencia permanente o abandono del hogar por parte de la pareja, sino que: (a) se sustraiga del cumplimiento de sus obligaciones como padre; o (b) no asuma la responsabilidad que le corresponde y ello obedezca a un motivo verdaderamente poderoso como la incapacidad física, sensorial, psíquica o mental o, como es obvio, la muerte. (iv) Que haya una deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros de la familia, lo cual significa la responsabilidad solitaria para sostener el hogar” [57]. 3.4. La notificación de los actos administrativos como requisito de oponibilidad 75. Ahora bien, luego de haber expuesto el marco normativo y jurisprudencial que rige la estabilidad laboral relativa de los funcionarios vinculados en provisionalidad y los requisitos para ser considerado mujer u hombre cabeza de hogar, la Corte pasará a exponer brevemente unas consideraciones sobre la notificación de los actos administrativos como requisito de oponibilidad. Esto, toda vez que en el proceso existe una controversia en cuanto al momento en el que la señora Verónica informó a la Secretaría sobre su calidad de mujer cabeza de familia y si dicha notificación fue oportuna, en relación con las fechas de expedición y notificación de la Resolución No. 223 del 12 de abril de 2024, por la cual se ordenó la desvinculación de la accionante. 76. La jurisprudencia del Consejo de Estado define los actos administrativos como: “una manifestación de voluntad de una autoridad o de un particular en ejercicio de funciones administrativas que produce efectos jurídicos de carácter general, mixto o particular, sometido a la Constitución y a la ley y cuyo control jurisdiccional corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo”[58]. 77. Como regla general, los actos administrativos surten efecto a partir de su expedición, siempre que no contengan alguna determinación que los dilate, posponga o suspenda, como su publicación, notificación, requerir de la aprobación de un superior o estar sujetos a una condición para producir efectos[59]. 78. En particular, en cuanto a los actos administrativos que deben ser notificados, la normativa vigente establece que en caso de que la notificación no haya sido realizada o haya sido realizada con irregularidades, la consecuencia jurídica es que la decisión no producirá efectos jurídicos[60]. Así, como lo ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal, la decisión contenida en los actos administrativos de carácter general o particular es válida desde el momento de su expedición (es decir, desde que el acto fue firmado, aun cuando no ha sido notificado o publicado)[61]. Sin embargo, sólo puede ser oponible a los particulares desde que se realizó la publicación o notificación, según sea el caso, sin que estas afecten la validez del acto expedido[62]. 79. De lo dicho hasta aquí se desprende que el acto administrativo, ya sea de carácter general o particular, existe desde el momento en que se expide, pero no produce efectos jurídicos y no es oponible a terceros hasta que no se realice su publicación, notificación o comunicación, según sea el caso. 80. Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala procede a resolver el caso concreto. 4. Análisis del caso concreto 4.1. La accionante tiene la calidad de mujer cabeza de hogar 81. Durante el trámite de la acción de tutela y en sede de revisión quedó demostrado que: (i) La señora Verónica tiene a su cargo la responsabilidad de sus tres hijos menores de edad[63] y de su madre, una adulta mayor en situación de discapacidad e incapacitada para trabajar[64]. (ii) La responsabilidad de la actora sobre los menores de edad y la adulta mayor es permanente[65]. (iii) Tanto en las pruebas que aportó la señora Verónica en la acción de tutela, como en las que aportó en sede de revisión, se observa que el señor Mario se sustrajo de sus obligaciones como padre y que la actora no cuenta con apoyo adicional en el cuidado de su madre[66]. Lo anterior, además, no fue desvirtuado ni cuestionado por la entidad accionada en ningún momento del trámite. (iv) Por último, de las pruebas que aportó la señora Verónica en la acción de tutela y en sede de revisión se puede extraer que no recibe ayuda de los demás miembros de su familia para sostener el hogar —incluyendo a los menores de edad y a la adulta mayor—, lo cual no fue desvirtuado por la entidad accionada[67]. 82. Cabe resaltar que, para acreditar su responsabilidad sobre los menores de edad, la señora Verónica aportó, entre otros documentos, una copia del Formato Único de Noticia Criminal de la Fiscalía General de la Nación, con fecha del 6 de noviembre de 2024, mediante el cual interpuso una denuncia contra el señor Mario por el delito de inasistencia alimentaria. En dicho documento, la señora Verónica manifestó que el padre de los niños no había cumplido con el pago de la cuota alimentaria desde el 5 de julio de 2024[68]. Al respecto, es importante señalar que el hecho de que el incumplimiento en el pago de la cuota por parte del señor Mario sea relativamente reciente no desvirtúa que se satisfaga en el caso concreto el tercer requisito mencionado arriba, según se explica a continuación. 83. En primer lugar, el requisito señalado no considera únicamente el incumplimiento de las obligaciones económicas por parte de la pareja de la mujer cabeza de familia —como pareció entenderlo el juez de segunda instancia—, sino que abarca, de manera más amplia, el incumplimiento de “sus obligaciones como padre”[69]. En ese sentido, el concepto de mujer cabeza de familia trasciende a las obligaciones meramente económicas que conlleva el sostenimiento solitario de un hogar, e incluye todas las responsabilidades asociadas al cuidado y la dirección de una familia. Estas responsabilidades, tal como se señaló en las consideraciones, pueden ser de carácter económico, social o afectivo e incluyen, por tanto, las obligaciones de apoyo, cuidado y manutención del hogar[70]. 84. En segundo lugar, esta Corporación ha reiterado que la aplicación del enfoque de género en las decisiones judiciales y administrativas es un deber que tiene origen en el mandato constitucional de asegurar una igualdad material y efectiva[71], que se encuentra consagrado en múltiples instrumentos internacionales[72]. En este contexto, las autoridades tienen el deber de garantizar que sus decisiones no reproduzcan estereotipos de género ni promuevan interpretaciones discriminatorias hacia las mujeres[73]. Esto requiere tener en cuenta las interpretaciones sociales y culturales que se han asignado a ciertos roles, y que han generado diferencias y expectativas desiguales en función del género[74]. 85. En particular, la aplicación del enfoque de género requiere reconocer las desigualdades históricas que asignaron de manera desproporcionada la responsabilidad del cuidado familiar a las mujeres. Este esquema, profundamente arraigado en los roles de género, se reflejó en los ordenamientos jurídicos a través de la introducción de mecanismos para repartir el cuidado y distribuir las responsabilidades familiares bajo la lógica del cuidado como una labor femenina y, por tanto, la responsabilidad económica como una labor masculina. Un ejemplo fue la introducción de las licencias de maternidad, que originalmente estaban dirigidas sólo a las mujeres[75]. 86. Así pues, para efectos de determinar si una mujer tiene la calidad de cabeza de hogar, la aplicación del enfoque de género exige un análisis que vaya más allá de la mera verificación del cumplimiento de las responsabilidades económicas por parte de la pareja. 87. En ese sentido, el análisis sobre la calidad de mujer cabeza de familia de la señora Verónica, en el caso concreto, debe ir más allá de verificar si el señor Mario ha cumplido con el pago de la cuota alimentaria establecida a favor de los hijos. Como se puede observar en las pruebas que aportó la señora Verónica en la acción de tutela y en sede de revisión, los hechos que fundamentaron la solicitud de amparo sucedieron en un marco de violencia intrafamiliar. La actora, cuando estuvo vinculada en provisionalidad en la Secretaría de Educación, tuvo que acudir a una Comisaría de Familia para interponer una Acción de Violencia Intrafamiliar en contra de su exesposo y padre de los niños, por violencia verbal, psicológica y económica en su contra y en contra de los menores de edad. Dentro del trámite, la Comisaría emitió una medida preventiva por la que asignó la custodia de los menores de edad a la señora Verónica y estableció una cuota alimentaria de setecientos mil pesos ($700.000) a cargo del señor Mario y a favor de los niños. 88. Con esto, más allá del incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria, es clara la sustracción del señor Mario en el cumplimiento de sus deberes como padre, puesto que dejó en cabeza de la señora Verónica la responsabilidad de la dirección d...