Sentencia T-052 de 2020

T-052-20 Sentencia T-052/20 ACCION DE TUTELA PARA OBTENER REINTEGRO LABORAL DE TRABAJADOR EN CONDICION DE DISCAPACIDAD QUE GOCE DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Procedencia excepcional DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Reiteración de jurisprudencia sobre protección por vía de tutela de manera excepcional En aquellos casos en los que el accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y sea desvinculado de su empleo sin autorización de la oficina del trabajo o del juez constitucional, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo de protección principal DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Reglas jurisprudenciales (i) Declarar la ineficacia de la terminación contractual o del despido laboral (con la consiguiente causación del derecho del demandante a recibir todos los salarios o remuneraciones y las prestaciones sociales dejadas de percibir en el interregno). (ii) En caso de ser posible, ordenar el reintegro a un cargo que ofrezca condiciones similares a las del empleo desempeñado por el trabajador hasta su desvinculación, o la renovación del contrato, para que desarrolle un objeto contractual que ofrezca condiciones similares al del ejecutado anteriormente, y que esté acorde con su actual estado de salud. Y (iii) ordenar una indemnización de 180 días del salario o de la remuneración, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Vulneración al dar por terminada relación laboral sin autorización de la autoridad laboral DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA DE PERSONA EN ESTADO DE DEBILIDAD MANIFIESTA POR RAZONES DE SALUD-Vulneración por cuanto la empresa tenía conocimiento sobre el estado de salud del empleado ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA-Ineficacia del despido sin autorización previa y expresa del Ministerio de Trabajo DERECHO A LA ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA POR RAZONES DE SALUD-Orden pagar los salarios y prestaciones dejadas de percibir, y pago de la indemnización, según Ley 361 de 1997 Referencia: expedientes acumulados T-7.441.401 y T-7.448.222 Revisión de las decisiones judiciales relacionadas con las acciones de tutela presentadas por María Angélica Cardona Rugeles en contra de Servimos Integral SAS, la ARL Sura y el Conjunto Residencial El Edén; y Héctor Julio López Arévalo en contra de SaludCoop EPS en liquidación. Magistrado sustanciador: ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Bogotá, D. C., trece (13) de febrero de dos mil veinte (2020) La Sala Quinta de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los magistrados Gloria Stella Ortiz Delgado, Cristina Pardo Schlesinger y Antonio José Lizarazo Ocampo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, pronuncia la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de los fallos proferidos en el expediente T-7.441.401, en primera instancia, por el Juzgado Treinta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, el 19 de marzo de 2019, y, en segunda instancia, por el Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, el 3 de mayo de 2019, dentro del proceso de tutela iniciado por María Angélica Cardona Rugeles en contra de Servimos Integral SAS, la ARL Sura y el Conjunto Residencial El Edén; y del fallo proferido en el expediente T-7.448.222, en primera instancia, por el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, el 20 de mayo de 2019, dentro del proceso de tutela iniciado por Héctor Julio López Arévalo en contra de SaludCoop EPS en liquidación. Los expedientes de la referencia fueron seleccionados para revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Siete, mediante auto proferido el 18 de julio de 2019 y notificado el 1 de agosto de 2019, en donde se decidió su acumulación por presentar unidad de materia[1]. I. ANTECEDENTES 1. Expediente T-7.441.401 1.1. Demanda y solicitud El 11 de marzo de 2019, la señora María Angélica Cardona Rugeles (de 53 años[2]) presentó acción de tutela en contra de Servimos Integral SAS, la ARL Sura y el Conjunto Residencial El Edén, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada, al estimarlos vulnerados en razón de la terminación de su contrato de trabajo por obra o labor determinada, sin tener en cuenta su estado de debilidad manifiesta debido al deterioro de su salud[3]. A continuación, se presentan los hechos más relevantes según fueron descritos en la demanda: - El 1 de junio de 2017, la señora María Angélica Cardona Rugeles se vinculó laboralmente con Servimos Integral SAS mediante contrato de trabajo por obra o labor determinada. El cargo desempeñado era el de operaria de aseo, con las funciones de barrer, trapear, lavar pisos, limpiar vidrios y otros inherentes al cargo, desempeñando sus labores en el Conjunto Residencial El Edén de la ciudad de Bogotá, y devengando un salario mínimo mensual legal vigente más el auxilio de transporte[4]. - El 29 de agosto de 2018, en el desempeño de sus actividades sufrió un accidente laboral debido a que se enredó con una manguera con la que estaba lavando el piso, cayendo desde su propia altura hacia atrás y golpeándose fuertemente la espalda, la cintura y los brazos[5]. Dicho accidente fue reportado a la ARL Sura por parte de la señora Ruth Alejandra Gómez Rojas, jefe de recursos humanos de Servimos Integral SAS[6]. La accionante inicialmente fue atendida por la ARL y luego fue remitida a la EPS Salud Total. - Como consecuencia del accidente la señora María Angélica sufrió un trauma en la región lumbar, recibiendo manejo con analgesia. Adicionalmente, el médico tratante ordenó la realización de resonancia magnética de columna lumbosacra simple[7]. El examen, fechado el 14 de octubre de 2018, describe la siguiente opinión: “Cambios degenerativos discales desde L2 hasta S1 y cambios degenerativos facetarios en L4-L5 y L5-S1 con el compromiso del canal raquídeo y foramidal mencionado en cada nivel”[8]. - Debido a las patologías presentadas, la accionante fue incapacitada en múltiples ocasiones[9], las que fueron puestas en conocimiento del empleador, recibiendo manejo por clínica del dolor, terapias físicas[10] y recomendaciones laborales[11]. - El 9 de diciembre de 2018, una vez cumplidas las incapacidades, la accionante regresó al Conjunto Residencial El Edén y, según se indica en la demanda, informó acerca de las recomendaciones laborales dadas por el médico tratante en ortopedia y traumatología[12]. En esa oportunidad el señor Ramiro Parroquial, administrador del conjunto residencial, una vez la vio trabajando en las nuevas condiciones, le solicitó a Servimos Integral SAS el cambio de operaria de aseo porque según él, la accionante “daba mal aspecto para el conjunto trabajando enferma y llorando por los corredores”[13]. - El 10 de diciembre de 2018, la señora Ruth Alejandra Gómez Rojas, jefe de recursos humanos de Servimos Integral SAS, le informó a la empleada acerca de la terminación del contrato de trabajo por obra o labor determinada el 11 de diciembre de 2018, argumentando que ello se daba por solicitud del Conjunto Residencial El Edén[14]. Lo anterior, sin que mediara la respectiva autorización del Ministerio del Trabajo. - La demandante afirmó que, a pesar de las terapias físicas y el manejo con analgesia, el dolor que le generó el accidente aumentaba con la actividad física, por lo que el 14 de diciembre de 2018, a raíz de un “cuadro de dolor lumbar somático, no signos de radículopatía con signos francos de estrés facetario”[15], fue ingresada por urgencias al Centro Policlínico del Olaya para hospitalización por clínica del dolor. - Señaló que el 15 de diciembre de 2018 la empresa empleadora le entregó carta de autorización para el retiro de las cesantías ante Porvenir, en la que se indicaba que trabajó para la empresa hasta el 14 de diciembre de 2018[16], existiendo una incoherencia entre dicha comunicación y la del 10 de diciembre, en la que le informaban que su labor había culminado el 11 de diciembre de 2018[17]. - Sostuvo que el contrato de trabajo fue terminado en forma unilateral por Servimos Integral SAS, pese a tener conocimiento de las recomendaciones médicas dadas en el trascurso de su tratamiento por medicina general y medicina del dolor, las cuales incluían, entre otras: no exprimir trapeadores, no realizar actividades laborales que requirieran flexión de columna, no estar más de una hora de pie, no estar más de una hora sentada, hacer pausar activas cada dos horas, no agacharse, si se realizaban actividades de barrer o trapear, usar cabos largos para no flexionar la columna, no subir ni bajar escaleras y no levantar objetos pesados de más de 3 kgs[18]. Afirmó, que dada su situación “para el empleo que ocupaba ya no era útil”[19]. - El 15 de febrero de 2019, le fue practicado examen “RM columna lumbosacra” por médico radiólogo de la empresa Salud Total, arrojando la siguiente conclusión: “Limbus vértebra L5 como variante anatómica. || Discopatía dorsolumbar leve. || Cambios artrósicos apofisiarios en L4-L5 y L5-S1. || En L5-S1 hay leve disminución de la amplitud del agujero de conjunción izquierdo”[20]. Un día después, el 16 de febrero, le fueron realizados a la accionante los siguientes procedimientos: “Bloqueo foraminal o facetario tres niveles bilateral. Bloqueo foraminal o facetario dos niveles bilateral”[21], a raíz del diagnóstico de “M545 - Lumbago no especificado”. - Señaló la accionante que a sus 53 años no cuenta con ningún ingreso económico propio que le permita atender sus gastos de salud, vivienda (vive en arriendo), alimentación, transporte, entre otras necesidades básicas; que su servicio de salud puede ser suspendido, lo que implicaría la interrupción del tratamiento médico que recibe por los cambios degenerativos en su columna; y que se encuentra en un estado de debilidad manifiesta que la hace sujeto de especial protección constitucional. - En razón de lo anterior, la accionante solicitó que se ordene a Servimos Integral SAS y al Conjunto Residencial El Edén que procedan a reintegrarla al cargo que venía desempeñando, o a uno igual o superior, teniendo en cuenta su actual estado de salud; que le paguen los salarios adeudados desde el momento del despido hasta el reintegro, sin solución de continuidad, además de que continúen realizando los aportes a la seguridad social, hasta que sea determinada la pérdida de capacidad laboral y el origen de la patología. Adicionalmente, solicitó que se ordene a la ARL Sura que continúe con el trámite correspondiente al accidente de trabajo por ella sufrido en el desempeño de sus actividades. 1.2. Respuesta de la entidad demandada y de las vinculadas de oficio 1.2.1. Mediante auto del 13 de marzo de 2019, el Juzgado Treinta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá admitió la acción de tutela y corrió traslado de la misma a las entidades accionadas. Adicionalmente, vinculó al Ministerio del Trabajo[22]. 1.2.2. El 14 de marzo de 2019, el representante legal de Servimos Integral SAS[23] se opuso a las pretensiones de la demanda al señalar que no hay argumentos fácticos que permitan llegar a la conclusión de que la terminación del contrato por obra o labor contratada se hubiere dado en razón de la situación de salud narrada por la señora María Angélica Cardona Rugeles, ni mientras ella se encontraba incapacitada. Precisó que dicha finalización se dio en cumplimiento de la cláusula décima prevista en el contrato, que señala: “[…] por solicitud expresa por parte del empleador, en este caso, CR EL EDÉN, de cambiar de operador”[24]. Así las cosas, sostuvo que la relación laboral se terminó conforme a las garantías legales y constitucionales[25]. Planteó los siguientes hechos: - No existe ninguna clase de recibido por parte de algún funcionario de Servimos Integral SAS de las incapacidades, sin embargo, solo algunas fueron notificadas vía correo electrónico, pero no se encontró una incapacidad posterior al 14 de diciembre de 2018. - Es cierto que la accionante cumplió sus incapacidades el 9 de diciembre de 2019. También es cierto que el señor Ramiro Parroquial, administrador del Conjunto Residencial El Edén, solicitó el cambio de la operaria de aseo, pero no por las razones que aduce la señora María Angélica, sino que “obedeció a lo manifestado por la operaria al Administrador sobre no poder cumplir con lo normal de sus actividades de aseo y mantenimiento de las áreas comunes”[26]. - No existe prueba siquiera sumaria que indique que Servimos Integral SAS conociera las recomendaciones laborales dadas por el médico tratante, ni la situación de salud de la accionante. Tampoco recibió ningún documento clínico fechado el 14 de diciembre de 2018, que acreditara alguna incapacidad u hospitalización de la señora María Angélica. - A la exempleada se le entregó autorización de retiro de cesantías, ella fue a recoger la comunicación y dicha obligación fue debidamente pagada. La señora María Angélica trabajó hasta el 14 de diciembre de 2019, la falta de coherencia alegada tiene razón de ser porque a la accionante “se le notificó un primer final del contrato el día 10 de diciembre de 2018, pero la exempleada no lo firmó y posterior nos hizo llegar vía correo electrónico una incapacidad que databa del 12 al 14 de diciembre de 2018. Luego entonces cuando se reincorporó al 100% de su actividad, se le notificó esa segunda carta, lo cual aclaro desde ya, que le fueron cubiertas todas y cada una de sus acreencias laborales así como a cabalidad cubiertas sus afiliaciones y pago de parafiscales”[27]. - No es cierto que el despido de la accionante haya sido por su estado de salud y sus incapacidades, quien para el momento de la terminación del contrato no se encontraba en una situación de debilidad manifiesta, pues, precisamente de los documentos por ella aportados, se evidencia lo contrario: “Grado de discapacidad: no aplica. || Estado general: buenas condiciones generales. || Caracterización de riesgo general: bajo. || Condiciones: buenas. Dolor lumbar bajo”[28]. Al momento de la terminación del contrato la exempleada ya se encontraba reincorporada a sus actividades, por lo que era sujeto de las determinaciones administrativas pertinentes. - Servimos Integral SAS no vulneró los derechos fundamentales de la accionante, toda vez que respetó su tiempo de incapacidad y le permitió continuar ejerciendo su labor; además, su condición de salud no fue reportada con objeciones ni por la EPS ni por la ARL[29]. 1.2.3. El 18 de marzo de 2019, a través de oficio 0015500, la directora territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo[30] solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela en relación con la cartera que representa, por falta de legitimación en la causa por pasiva[31]. Con todo, informó que consultada la base de datos y el sistema de radicación BABEL de la entidad, la coordinadora del grupo de atención al ciudadano y trámites certificó que “NO se registra solicitud alguna en relación con la terminación del contrato de trabajo de la señora MARÍA ANGÉLICA CARDONA RUGELES por parte de SERVIMOS INTERGRAL SAS”[32] (mayúsculas originales). 1.2.4. Extemporáneamente, el 20 de marzo de 2019, la representante legal judicial de Seguros de Vida Suramericana, sociedad que absorbió a Seguros de Riesgos Laborales Suramericana[33], solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela en relación con la entidad que representa, por no acreditarse el presupuesto procesal de legitimación en la causa por pasiva, al verificarse la ausencia de violación de algún derecho fundamental[34]. Sin embargo, precisó los siguientes hechos: - De conformidad con su base de datos, la accionante tuvo una contingencia el 29 de agosto de 2018 que le ocasionó trauma superficial, por el cual no fueron radicados días de incapacidad temporal. - ARL Sura autorizó las siguientes atenciones: urgencias, el 30 de agosto de 2018 y el 7 de septiembre de 2018; fisioterapias, a partir del 15 de septiembre de 2018; médico de seguimiento, el 6 de octubre de 2018 y el 20 de octubre de 2018; resonancia magnética, el 14 de octubre de 2018. La trabajadora fue dada de alta “ya que el Médico consideró que los hallazgos no se correlacionaban con el accidente reportado y la envió para continuar manejo por EPS”[35]. - La señora María Angélica Cardona Rugeles “a través de las historias clínicas que aporta deja en evidencia que antes del accidente ya había estado incapacitada por dolor lumbar por su EPS, ya que tiene una incapacidad emitida el 11 de julio de 2018 al 13 de julio de 2018”[36]. Además, agregó: “Por lo anterior se puede concluir que la patología de columna y la sintomatología por la cual la EPS la atendió se presentaban tiempo antes del evento reportado el 29 de agosto de 2018”[37] - La señora María Angélica anexa a la acción de tutela soportes de incapacidades posteriores al evento, todas ellas expedida por su EPS como “enfermedad común, por los diagnósticos de Discopatía y Dolor lumbar. Se aprecia que estuvo incapacitada, hospitalizada e incluso le realizaron un bloqueo de columna multinivel y que la EPS le ha brindado y le está brindando un tratamiento integral para la enfermedad de origen común. Informa que pudo reincorporarse el 09 de diciembre de 2018, y el 10 de diciembre de 2018 la empresa le pasa la carta de despido”[38]. - Las atenciones y el subsidio por incapacidades que se hallan generado como consecuencia de la enfermedad común, deben ser reconocidos por la EPS y/o la AFP de afiliación, “por tratarse de patologías de origen común”[39]. - En su última petición, la accionante solicita que la ARL Sura le determine las secuelas de su accidente de trabajo, cuyo diagnóstico obedece a la contusión lumbar; además, que se califique el origen de la enfermedad. Al respecto, señaló: “Dado lo anterior siendo SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA la última ARL de afiliación procede la calificación, en consecuencia, se remite comunicación a la accionante informándole sobre el proceso que se iniciaría […]”[40]. 1.3. Decisión que se revisa del juez de tutela de primera instancia El Juzgado Treinta y Tres de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá, Localidad Chapinero, mediante sentencia del 19 de marzo de 2019, declaró improcedente la acción de tutela presentada por la señora María Angélica Cardona Rugeles al considerar que los derechos cuestionados, que incluyen una solicitud de reintegro, son de estirpe legal y, por ello, ajenos a la acción constitucional, por lo que debía acudir al mecanismo ordinario de defensa judicial. Adicionalmente, señaló que no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable que excepcionara el cumplimiento del requisito de subsidiariedad e hiciera posible un amparo transitorio[41]. 1.4. Impugnación El 21 de marzo de 2019, la señora María Angélica Cardona Rugeles impugnó el fallo anterior. Señaló que deben ser consideradas todas las pruebas aportadas a efectos de verificar que las empresas accionadas vulneraron sus derechos y con el fin de verificar la existencia de un perjuicio irremediable[42]. 1.5. Decisión que se revisa del juez de tutela de segunda instancia El Juzgado Treinta y Uno Civil del Circuito de Bogotá, mediante sentencia del 3 de mayo de 2019, confirmó la sentencia del juez de primera instancia al concluir que la accionante debía acudir a la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral, “a fin de que sea ésta la que dirima la controversia que plantea, relacionada con la decisión de la entidad accionada de desvincularla, a fin que se juzgue si dicho acto se ajustó o no al ordenamiento jurídico y así mismo, definir si hay lugar a conceder las prestaciones económicas solicitadas”[43]. 2. Expediente T-7.448.222 2.1. Demanda y solicitud 2.1.1. El 8 de mayo de 2019, el señor Héctor Julio López Arévalo (de 45 años[44]) presentó acción de tutela en contra de SaludCoop EPS organismo cooperativo en liquidación, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la protección especial, al estimarlos vulnerados en razón de la terminación de su contrato por obra o labor determinada sin tener en cuenta su estado de salud y que se trata de una persona en situación de discapacidad[45]. 2.1.2. A continuación, se presentan los hechos más relevantes según fueron descritos en la demanda: - El 25 de noviembre de 2015 el señor Héctor Julio López Arévalo ingresó a trabajar en SaludCoop EPS OC en liquidación, mediante contrato de trabajo por obra o labor determinada, desempeñando el cargo de técnico en soporte de aplicativos. Dicho contrato fue terminado a través de comunicación enviada el 20 de marzo de 2019, con el argumento de que la obra o labor ya había finalizado[46]. Sin embargo, según afirmó el accionante, “[e]s mentira que se haya terminado la obra o labor contratada, porque [sus] compañeros de trabajo siguen desempeñando sus funciones, y [su] jefe inmediato lo sigue llamando para que le diga qu[é] hacer en el trabajo que […] desempeñaba”[47]. - Señaló el demandante que en ese momento le manifestó a la agente especial liquidadora de la entidad, señora Ángela María Echeverri Ramírez, que no lo despidiera porque estaba en tratamiento en la EPS Compensar debido a un diagnóstico de “síndrome de manguito rotatorio, síndrome del túnel carpiano”[48], que le generaba un dolor en el hombro y en el brazo derecho, con adormilamiento de los dedos de la mano, y que estaba pendiente de la calificación del origen de la enfermedad ya que desempeñaba todas sus labores con su brazo derecho, debido a que por una enfermedad congénita nació sin la extremidad superior izquierda. - El 20 de febrero de 2019, Compensar EPS le solicitó a SaludCoop en liquidación que le remitiera una serie de documentos con la finalidad de que fuera calificado el origen de la enfermedad del accionante, sin embargo, sostuvo el demandante, al momento de presentar la acción de tutela no se había atendido la solicitud[49]. - Narró el accionante que su labor consistía en “cargar computadores, digitar, acondicionar puestos de trabajo, dar soporte técnico a los usuarios y TODO CON [EL] BRAZO DERECHO”[50], y que nunca fue al médico porque le daba miedo perder su trabajo, siendo su jornada laboral de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con una hora de almuerzo, percibiendo un salario mensual de $3.890.000[51]. - Señaló que no entiende por qué pusieron fin a su contrato de trabajo teniendo en cuenta que en la entidad estaban enterados de su enfermedad y tenían conocimiento de que estaba asistiendo a controles médicos con el ortopedista cada mes. Además, desempeñaba muy bien su trabajo, pues nunca en sus tres años al servicio de la empresa tuvo un llamado de atención. - Afirmó que está muy enfermo, que en la empresa conocían su situación porque se enfermó durante el desarrollo de su contrato por las labores que debía desempeñar, y que le preocupa quedarse sin seguridad social, ya que debe continuar con sus controles médicos, pues prácticamente perdió su brazo derecho, único que le sirve para trabajar. - Explicó que a sus 45 años necesita trabajar para asumir sus gastos y los de su núcleo familiar, que incluyen el pago de la cuota del crédito hipotecario del apartamento, los servicios públicos y la alimentación; que su compañera devenga un salario mínimo mensual legal vigente con el que no alcanzan a cubrir todas sus obligaciones mensuales; y que debido a su estado de salud y su situación de discapacidad no ha podido conseguir trabajo. - En razón de lo anterior, el accionante solicitó que se ordene a SaludCoop EPS en liquidación que proceda a reintegrarlo al cargo que venía desempeñando, teniendo en cuenta su actual estado de salud y que se trata de una persona en situación de discapacidad. Adicionalmente, que le pague los salarios adeudados desde el momento del despido hasta el reintegro, sin solución de continuidad, y que continúe realizando los aportes a la seguridad social. 2.2. Respuesta de la entidad demandada y de las vinculadas de oficio 2.2.1. Mediante auto del 8 de mayo de 2019, el Juzgado Cuarenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá admitió la acción de tutela y corrió traslado de la misma a SaludCoop EPS OC en liquidación. Adicionalmente, vinculó a Compensar EPS, a Positiva ARL y al Ministerio del Trabajo[52]. 2.2.2. El 13 de mayo de 2019, a través de oficio 0034490, el apoderado general de SaludCoop Entidad Promotora de Salud Organismo Cooperativo en liquidación[53] solicitó que se declarara improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor López Arévalo. Ello debido al desconocimiento del carácter subsidiario de dicha acción constitucional, y porque no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable[54]. Afirmó, que las acciones de la entidad “se dieron en forma legal, legítima y conforme a derecho, pues […] no existía conocimiento del diagnóstico referido por el accionante[55] y la terminación del contrato se dio con ocasión de las labores y actividades del cargo; y en tal sentido resulta imposible que se haya[n] violado los intereses del señor Héctor Julio López Arévalo o se hayan vulnerado [sus] derechos fundamentales”[56]. Adicionalmente, explicó: “[…] debe resaltarse que la finalización el contrato no obedeció a discriminación alguna por el presunto diagnóstico de síndrome de manguito rotatorio y síndrome de túnel carpiano del brazo derecho como lo quiere hacer ver el señor HÉCTOR JULIO LÓPEZ ARÉVALO, sino por una causa legal y objetiva como lo es la terminación de la obra para la cual fue vinculado, máxime cuando esta entidad no ha contratado personal alguno para desempeñar el cargo de técnico soporte aplicativos pues las funciones que se cumplían en dicho cargo ya no son necesarias para esta entidad, y el cargo dejó de existir, especialmente cuando la Superintendencia Nacional de Salud a través de la Resolución No. 10895 de 22 de noviembre de 2018 prorrogó el proceso de liquidación hasta el 24 de junio de 2019 y ordenó ‘presentar plan de trabajo para los próximos siete (7) meses, en el que incorpore además del cronograma del proceso liquidatorio, el presupuesto estimado para llevar a cabo las actividades pendientes de culminar’[57]. Razón por la cual esta entidad está reduciendo la planta de personal progresivamente hasta culminar el proceso de liquidación según lo ordenado por la Superintendencia Nacional de Salud. || […] es necesario resaltar que el reintegro pretendido por el accionante resulta improcedente e imposible para esta entidad por cuanto el cargo no existe y las funciones del mismo no son requeridas para una entidad a la cual solo le restan 47 días para finalizar su proceso liquidatorio conforme lo ordenó la Superintendencia Nacional de Salud, con lo cual su existencia como persona jurídica desaparecerá”[58] (mayúsculas originales). 2.2.3. El 13 de mayo de 2019, la apoderada judicial del programa de salud de la caja de compensación familiar Compensar EPS[59] solicitó que se desvinculara a la entidad que representa por falta de legitimación en la causa, pues no estaba llamada a resolver el objeto de la controversia referente al reintegro al cargo que venía ocupando el señor López Arévalo[60]. Sin embargo, agregó que Compensar EPS no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante pues le ha garantizado todos los servicios y/o prestaciones asistenciales de salud que ha requerido. Adicionalmente, precisó: - El señor Héctor Julio López Arévalo se encuentra activo en el Plan de Beneficios de Salud PBS de la EPS Compensar, en calidad de beneficiario, con fecha de afiliación del 23 abril de 2019[61]. - Previamente se encontraba en estado de retirado, en calidad de dependiente por la empresa SaludCoop EPS, con novedad de retiro del 22 de abril de 2019, siendo la fecha de afiliación el 30 de noviembre de 2015[62]. - Al accionante se le han garantizado todas las prestaciones asistenciales y/o servicios médicos requeridos según su estado de afiliación, siendo la última autorización por concepto de ortopedia de fecha 18 de junio de 2019. - El señor López Arévalo presenta entre sus últimos diagnósticos médicos “infección aguda de las vías respiratorias superiores”, del 16 de abril de 2019[63]. - Desde el área de medicina laboral de Compensar EPS, no se registra ningún trámite realizado o pendiente por realizar acerca del concepto de rehabilitación, pérdida de capacidad laboral o solicitud relacionada. - Desde el proceso de prestaciones económicas de Compensar EPS, no se reportan incapacidades recientes, siendo la última de tres (3) días, con fecha de inicio del 16 de agosto de 2016 y fecha de finalización del 18 de agosto de 2016, por concepto de incapacidad ambulatoria - médico particular. 2.2.3. El 13 de mayo de 2019, la apoderada del representante legal de Positiva Compañía de Seguros S.A.[64] solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela en relación con la entidad que representa por falta de legitimación en la causa por pasiva[65]. Sin embargo, informó que verificadas las bases de datos en los sistemas de información de la compañía, se evidencia que el señor Héctor Julio López Arévalo, a la fecha 13 de mayo de 2019, “no registra evento laboral (ni accidente de trabajo ni enfermedad profesional) radicada ante esta ARL”[66]. 2.2.4. El 14 de mayo de 2019, a través de oficio 4256, la directora territorial de Bogotá del Ministerio del Trabajo[67] solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela en relación con la cartera que representa, por falta de legitimación en la causa por pasiva[68]. Con todo, informó que consultada la base de datos y el sistema de correspondencia de la entidad, la coordinadora del grupo de atención al ciudadano y trámites certificó que “a la fecha el empleador SALUDCOOP EPS EN LIQUIDACIÓN NO ha solicitado trámite para la terminación del contrato del […] accionante”[69] (cursivas originales). 2.3. Decisión que se revisa del juez de tutela de primera instancia El Juzgado Cuarenta y Ocho Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, mediante sentencia del 20 de mayo de 2019, negó el amparo constitucional solicitado por el señor Héctor Julio López Arévalo, al concluir que “la desvinculación del trabajador obedeció a la terminación del contrato por obra o labor, máxime cuando la empresa SALUDCOOP EPS, se encuentra en estado de liquidación, más no a un acto de discriminación por su estado de salud”. Lo anterior, de acuerdo con el artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece los presupuestos normativos por los cuales se puede dar por terminado el contrato de trabajo[70]. Adicionalmente, agregó que el accionante podía acudir a la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral para plantear la controversia acerca de la terminación del vínculo contractual cuestionada por la vía de la tutela. La anterior decisión no fue impugnada. II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia Esta Sala de Revisión es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro de los procesos de la referencia, con fundamento en lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 86 y el numeral 9° del artículo 241 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991. 2. Examen de procedencia de la acción de tutela Antes de la formulación del problema jurídico relacionado con la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por el señor José María Méndez, la Sala debe analizar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela. Para ello, estudiará si en el presente asunto se demuestran los presupuestos de: (i) legitimación en la causa, por activa y por pasiva; (ii) subsidiariedad; y (iii) inmediatez. Una vez se verifique su observancia, si es del caso, se procederá a formular el respectivo problema jurídico que permita dar solución al caso concreto. 2.1. Legitimación en la causa 2.1.1. Legitimación en la causa por activa. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela es un mecanismo de defensa al que puede acudir cualquier persona para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales. Además, el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[71] establece que “podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante. Los poderes se presumirán auténticos”. En esta oportunidad, en el expediente T-7.441.401, la señora María Angélica Cardona Rugeles, de 53 años[72], presentó acción de tutela en contra de Servimos Integral SAS, la ARL Sura y el Conjunto Residencial el Edén alegando la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, a la seguridad social, a la vida en condiciones dignas, al debido proceso y a la estabilidad laboral reforzada, al estimarlos vulnerados en razón de la terminación de su contrato por obra o labor determinada sin tener en cuenta su situación de debilidad manifiesta, debido al deterioro de su salud a raíz de una caída sufrida cuando desempeñaba sus funciones como operaria de aseo en el Conjunto Residencial El Edén de la ciudad de Bogotá. En el expediente T-7.448.222, el señor Héctor Julio López Arévalo, de 45 años[73], presentó acción de tutela en contra de SaludCoop EPS organismo cooperativo en liquidación, con el propósito de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la salud, al trabajo, a la seguridad social y a la protección especial, al estimarlos vulnerados en razón de la terminación de su contrato por obra o labor determinada sin tener en cuenta su estado de salud y que se trata de una persona en situación de discapacidad. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que las partes están legitimadas por activa para actuar en las respectivas acciones de tutela. 2.1.2. Legitimación en la causa por pasiva. El mismo artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 1 del Decreto 2591 de 1991, establecen que la acción de tutela procede contra cualquier autoridad pública e incluso contra particulares, entre ellos, los “encargados de la prestación de un servicio público”[74]. Así, la legitimación por pasiva se entiende como la aptitud procesal que tiene la persona contra la que se dirige la acción y quien está llamada a responder por la vulneración o la amenaza del derecho fundamental, cuando alguna resulte demostrada. En el caso objeto de análisis, se advierte que la solicitud de amparo se dirige, en el expediente T-7.441.401, en contra de particulares, esto es, la empresa Servimos Integral SAS, la ARL Sura y el Conjunto Residencial el Edén, y, en el expediente T-7.448.222, en contra de SaludCoop EPS en liquidación, a quienes se atribuye la vulneración de derechos fundamentales de los accionantes María Angélica Cardona Rugeles y Héctor Julio López Arévalo, respectivamente. Se precisa que SaludCoop EPS en liquidación es una entidad particular encargada de prestar el servicio público de salud, de acuerdo con los artículos 49 de la Constitución y 2 de la Ley 1751 de 2015[75]. En consecuencia, se cumple el requisito de legitimación por pasiva. 2.2. Subsidiariedad 2.2.1. De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución la acción de tutela está revestida de un carácter subsidiario. El principio de subsidiariedad determina que dicho mecanismo de protección es procedente siempre que (i) no exista un medio alternativo de defensa judicial; o (ii) aunque exista, este no sea idóneo y eficaz en las condiciones del caso concreto; o (iii) sea necesaria la intervención del juez constitucional para conjurar o evitar la consumación de un perjuicio irremediable en los derechos constitucionales. Para determinar la existencia de un perjuicio irremediable[76] deben tenerse en cuenta los siguientes criterios: (i) una amenaza actual e inminente, (ii) que se trate de un perjuicio grave, (iii) que sea necesaria la adopción de medidas urgentes, y (iv) que las mismas sean impostergables. Con todo, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que pese a la existencia de otro medio de defensa judicial, el examen de procedencia de la acción tutela debe tomar en cuenta las dificultades específicas que podrían enfrentar para acceder a la justicia sujetos de especial protección constitucional cuando están comprometidos derechos fundamentales, como sería el caso de las personas en estado de debilidad manifiesta debido al deterioro de su salud o que están en situación de discapacidad. Lo anterior, porque en desarrollo del derecho fundamental a la igualdad, el Estado debe garantizar a estas personas un tratamiento diferencial positivo, pues en estos casos el accionante experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial[77]. 2.2.2. Respecto de las acciones interpuestas para obtener el reintegro de un trabajador, la Corte ha resaltado que, en principio, la tutela no es la vía judicial idónea para resolver este tipo de controversias al existir los mecanismos establecidos en la jurisdicción ordinaria laboral o la contencioso administrativa, atendiendo a la forma de vinculación del interesado[78]. Sin embargo, también ha destacado que el examen de procedencia debe ser menos estricto cuando se encuentran comprometidos los derechos de sujetos de especial protección constitucional o de personas que se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta, “pues en estos casos el actor experimenta una dificultad objetiva y constitucionalmente relevante para soportar las cargas procesales que le imponen los medios ordinarios de defensa judicial”[79]. En efecto, en la Sentencia T-151 de 2017[80] se indicó que “la acción de tutela no es la vía judicial idónea, dado que existe una jurisdicción especializada, que en los últimos años ha sido fortalecida con la implementación del sistema de oralidad introducido con la Ley 1149 de 2007. No obstante, […] de manera excepcional, la jurisprudencia de este Tribunal ha contemplado la viabilidad del amparo constitucional para obtener el reintegro de un trabajador, en aquellos casos en que se encuentra inmerso en una situación de debilidad manifiesta, con la capacidad necesaria de impactar en la realización de sus derechos al mínimo vital o a la vida digna. En este escenario, la situación particular que rodea al peticionario impide que la controversia sea resuelta por las vías ordinarias, requiriendo de la procedencia de la acción de tutela, ya sea para brindar un amparo integral o para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable en su contra”[81]. Además se precisó que circunstancias como (i) la edad del sujeto, (ii) su desocupación laboral, (iii) el hecho de no percibir ingreso alguno que permita la subsistencia de su familia y la propia, y (iv) la condición médica padecida, son supuestos representativos de un estado de debilidad manifiesta (art. 13 superior)[82]. En igual sentido, en la Sentencia T-442 de 2017[83] se consideró que “en los eventos en los que las circunstancias particulares del caso constituyen un factor determinante, es posible que la acción de tutela pase a otorgar directamente el amparo pretendido, ya sea de manera transitoria o definitiva, a pesar de existir mecanismos ordinarios de protección a los que sea posible acudir”. En la Sentencia T-317 de 2017[84] se destacó que la jurisprudencia constitucional ha establecido que “en aquellos casos en los que el accionante sea titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada, por encontrarse en una situación de debilidad manifiesta y sea desvinculado de su empleo sin autorización de la oficina del trabajo o del juez constitucional, la acción de tutela pierde su carácter subsidiario y se convierte en el mecanismo de protección principal”. Aplicando los anteriores precedentes, en la Sentencia T-041 de 2019[85] la Sala Octava de Revisión concluyó que “si bien el ordenamiento jurídico previó procedimientos judiciales especiales para ventilar pretensiones laborales, la Corte ha entendido que las reglas relativas a la procedencia de la acción tendrán que ser matizadas cuando se trata de personas en especial condición de vulnerabilidad o en circunstancias de debilidad manifiesta, como consecuencia, entre otros, de su estado de salud; por lo tanto, la tutela debe ser considerada como el mecanismo más adecuado para adoptar las acciones que permitan conjurar la afectación de los derechos en cuestión”[86]. 2.2.3. En los casos concretos que se estudian, la Sala identifica que las peticiones están orientadas a que se declare la ineficacia de las terminaciones de los contratos laborales por obra o labor determinada por no contar con la autorización del Ministerio del Trabajo y, consecuencialmente, a que se ordene los reintegros a los cargos que ocupaban los accionantes o a otros que se encuentren en igualdad de condiciones, más el pago de los salarios y las prestaciones sociales dejados de percibir en el interregno de la desvinculación hasta que se verifique su efectivo reintegro, y la indemnización correspondiente a ciento ochenta días de salario por omitir el trámite de autorización del despido ante el Ministerio del Trabajo. Para tramitar esas pretensiones el ordenamiento prevé en abstracto otro medio de defensa judicial susceptible de instaurarse ante la jurisdicción ordinaria en su competencia laboral[87]. No obstante, este Tribunal ha aceptado la procedencia de la acción de tutela en casos excepcionales[88], por ejemplo, cuando la parte activa es una persona en circunstancias de debilidad manifiesta o un sujeto de especial protección constitucional, que considera lesionados sus derechos fundamentales con ocasión de la terminación de su relación laboral, y cuando el goce efectivo de su derecho al mínimo vital o a la salud se ve obstruido. Corresponde, entonces, a la Sala determinar si en casos como los presentes procede la tutela de manera excepcional no solo por la afectación o amenaza del derecho fundamental al mínimo vital sino de otros como el derecho a la salud. A continuación, se realizará el estudio del cumplimiento del requisito de subsidiaridad en cada caso concreto. Ya en el acápite dedicado al estudio de fondo, se pronunciará acerca de las pretensiones de las solicitudes de amparo. 2.2.4. Según las pruebas obrantes en el expediente T-7.441.401, María Angélica Cardona Rugeles, de 53 años[89], derivaba su único sustento económico de la relación laboral sostenida con Servimos Integral SAS, en donde devengaba un salario mínimo mensual legal vigente más el auxilio de transporte[90], hasta que su contrato de trabajo por obra o labor determinada fue terminado el 14 de diciembre de 2018, sin tener en cuenta que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta en razón del deterioro de su salud, pues había una opinión médica que refería “Cambios degenerativos discales desde L2 hasta S1 y cambios degenerativos facetarios en L4-L5 y L5-S1 con el compromiso del canal raquídeo y foramidal mencionado en cada nivel”[91] que estaban siendo tratados con analgesia para el dolor y terapias físicas[92], y que derivó en varias incapacidades conocidas por el empleador[93]. Esta situación la puso en una condición de desprotección al no contar con los ingresos necesarios para sufragar sus gastos personales, además de algunos médicos derivados del tratamiento por medicina general y medicina del dolor que ya había iniciado. En el curso del trámite de revisión se procedió a verificar las condiciones actuales de la accionante, vía telefónica[94]. La señora María Angélica Cardona Rugeles informó que desde que fue terminado su contrato de trabajo con Servimos Integral SAS no ha vuelto a trabajar debido a que su dolor de columna persiste y la tiene muy impedida, por lo que necesita de la ayuda de un bastón para movilizarse. Narró que en la actualidad vive con su esposo Argemiro Cruz (de 54 años), en dos piezas que tienen en arriendo en una residencia ubicada en el barrio Bellavista (conocido como la Y) de la ciudad de Bogotá, y que pagan un canon de arrendamiento de $500.000, que no incluye los servicios públicos domiciliarios; que su esposo trabaja en construcción y se gana un salario mínimo mensual, que constituye su única fuente de ingreso; que tiene tres hijos, pero que ninguno le ayuda económicamente porque tienen sus propias familias. Al solicitarle que explicara cuáles son sus peticiones en la acción de tutela, precisó que no desea ser reintegrada porque no es capaz de desempeñar el cargo de operaria de aseo que tenía en la empresa, debido a su actual estado de salud, pero que sí desea ser indemnizada por la forma en que fue finalizado su contrato, ya que se encontraba enferma y en tratamiento médico, y ello no fue tenido en cuenta por su empleador. Informó que se encuentra registrada en el Sisbén y que gracias a ello está recibiendo atención en salud, particularmente, tratamiento con medicina del dolor, a través de la EPS Salud Total. Consultada la base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN– del Departamento Nacional de Planeación, se encontró que la accionante está registrada con un puntaje de 39,60 (nivel III), de acuerdo con la ficha 110012260284296 de Bogotá, con corte a septiembre de 2019[95]. Además, según consulta realizada a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES–, la señora María Angélica aparece en estado “Activo” en el ítem de afiliaciones a salud en el régimen subsidiado en Salud Total EPS[96]. Lo anterior sugiere, como lo señaló la accionante, que en la actualidad no tiene un empleo formal. Entonces, en el caso concreto se trata de una trabajadora (operaria de aseo) que se encontraba en estado de debilidad manifiesta en razón del deterioro de su salud a raíz de una patología de columna, a quien le fue terminado unilateralmente su contrato de trabajo por obra o labor determinada sin la autorización del Ministerio del Trabajo, sabiendo que se encontraba en tratamiento médico por los cambios degenerativos en su columna, y que, por tal motivo, vio amenazado el goce efectivo de su derecho a la salud y vulnerado su derecho al mínimo vital. 2.2.5. Según las pruebas obrantes en el expediente T-7.448.222, Héctor Julio López Arévalo, de 45 años[97], derivaba su único sustento económico de la relación laboral sostenida con SaludCoop EPS organismo cooperativo en liquidación, en donde devengaba un salario mensual de $3.890.000[98], hasta que su contrato de trabajo por obra o labor determinada fue finalizado el 22 de marzo de 2019, sin tener en cuenta que se encontraba en un estado de debilidad manifiesta en razón de su diagnóstico de “síndrome de manguito rotatorio, síndrome del túnel carpiano”[99] que estaba bajo estudio para el inicio del trámite de la calificación del origen de la enfermedad, ya que desempeñaba todas sus labores como técnico en soporte de aplicativos con su brazo derecho, debido a que por una enfermedad congénita nació sin la extremidad superior izquierda. Esta situación le generó una condición de desprotección al no contar con los ingresos necesarios para sufragar sus gastos personales, además de algunos médicos derivados de su afección. Para verificar si el accionante en la actualidad se encontraba laborando, fue consultada la Base de Datos Única de Afiliados al Sistema de Seguridad Social en Salud administrada por ADRES, el 23 de octubre de 2019. Allí se encontró que el señor Héctor Julio López Arévalo aparece en estado “Activo” en Compensar EPS en el régimen contributivo[100]. A raíz de dicha información, el 24 de octubre, fue contactado telefónicamente el accionante[101], quien señaló que Compensar le había aprobado su solicitud para ser beneficiario del mecanismo de protección al trabajador cesante, desde mayo del presente año y durante el término de seis meses; y que dicho beneficio cubre su seguridad social en salud[102] y pensiones sobre la base de un salario mínimo mensual legal vigente, e incluye un bono alimentario mensual de $207.029[103]. Narró que debido a que no tiene trabajo, tuvo que separarse temporalmente de su compañera, quien vive con sus dos hijas, y se fue a vivir con su madre, la señora María Anaidy Arévalo Aldana, en un apartamento que tienen en común en el barrio las Orquídeas de Bogotá, para cuya compra asumieron un crédito hipotecario con el Banco Caja Social, pagando una cuota mensual de $830.000[104]. Señaló que su madre recibe una mesada pensional de un salario mínimo mensual legal vigente, y que no cuentan con ningún otro ingreso aparte del “subsidio de desempleo”, que finaliza en octubre de 2019. Adicionalmente, indicó que continúa en tratamiento médico. Consultada la base de datos del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales –SISBÉN– del Departamento Nacional de Planeación, se encontró que el accionante está registrado con un puntaje de 54,56 (nivel III), de acuerdo con la ficha 5184135 de Bogotá, con corte a septiembre de 2019[105]. Entonces, en el caso concreto se trata de un trabajador (técnico en soporte de aplicativos) que se encontraba en estado de debilidad manifiesta en razón del deterioro de su salud, a raíz de un padecimiento en su brazo derecho, que, además, se trata de una persona en situación de discapacidad física debido a la ausencia congénita de su miembro superior izquierdo, a quien le fue terminado unilateralmente su contrato de trabajo por obra o labor determinada sin la autorización del Ministerio del Trabajo, estando pendiente el inicio del trámite de calificación del origen de la enfermedad ante Compensar EPS[106], y que, por tal motivo, vio amenazado el goce efectivo de su derecho a la salud y vulnerado su derecho al mínimo vital. 2.2.6. Teniendo en cuenta los hechos descritos, la Sala concluye que en el presente caso las acciones de tutela proceden excepcionalmente como un mecanismo de protección urgente de los derechos fundamentales al trabajo, en su dimensión de estabilidad laboral reforzada, al mínimo vital y a la salud de María Angélica Cardona Rugeles y Héctor Julio López Arévalo, este último, quien además se encuentra en situación de discapacidad. 2.3. Inmediatez 2.3.1. La acción de tutela está instituida en la Constitución Política como un mecanismo expedito que busca garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas o de los particulares. Así, uno de los principios que rigen la procedencia de la acción de tutela es la inmediatez. Ello significa que, si bien la solicitud de amparo puede formularse en cualquier tiempo, su interposición debe hacerse dentro de un plazo razonable y proporcionado a partir del evento generador de la supuesta amenaza o violación de los derechos fundamentales, so pena de que se determine su improcedencia[107]. 2.3.2. En esta oportunidad, en el expediente T-7.441.401, la Sala advierte el cumplimiento del requisito de inmediatez, dado que la señora María Angélica Cardona Rugeles presentó la acción de tutela en contra de Servimos Integral SAS, la ARL Sura y el Conjunto Residencial el Edén, el 11 de marzo de 2019[108], para cuestionar la terminación de su contrato de trabajo por obra o labor determinada que tuvo lugar el 14 de diciembre de 2018, es decir, transcurridos casi tres meses. 2.3.3. Ahora, en el expediente T-7.448.222, también se verifica el cumplimiento del requisito de inmediatez porque el señor Héctor Julio López Arévalo presentó la solicitud de amparo en contra de SaludCoop EPS en liquidación, el 8 de mayo de 2019[109], con la finalidad de controvertir la terminación de su contrato de trabajo por obra o labor determinada el 22 de marzo de 2019, es decir, transcurridos un mes y quince días. Así, la Sala concluye que las acciones de tutela bajo estudio fueron presentadas en un plazo consecuente con el criterio de inmediatez. 4. Planteamiento del problema jurídico Acreditados los requisitos de procedencia de la acción de tutela en los casos estudiados, corresponde a la Sala resolver el siguiente problema jurídico: ¿vulnera un empleador los derechos fundamentales al trabajo, al mínimo vital y a la salud de un empleado, al terminarle el contrato por obra o labor determinada sin obtener autorización previa del Ministerio del Trabajo y sin desvirtuar la presunción de despido discriminatorio, pese a que este se encuentra en un estado de debilidad manifiesta en razón del deterioro de su salud o porque, además, se trata de una persona en situación de discapacidad? Para dar respuesta al anterior interrogante, la Sala (i) reiterará la jurisprudencia constitucional en relación con la estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta por disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales; y (ii) resolverá los casos concretos. 5. La estabilidad laboral reforzada de quienes se encuentran en situación de debilidad manifiesta por disminuciones físicas, psíquicas o sensoriales. Reiteración de jurisprudencia[110] 5.1. Los artículos 25 y 53 de la Constitución Política establecen el derecho al trabajo. De dicho derecho deriva el principio fundamental de la estabilidad en el empleo, cuyo objetivo principal es asegurar al empleado una certeza mínima en el sentido de que el vínculo laboral contraído no se fragmentará de forma abrupta y sorpresiva, de manera que no esté en permanente riesgo de perder su trabajo y, con ello, el sustento propio y el de su familia, por una decisión arbitraria del empleador. Persigue, entonces, garantizar la permanencia del trabajador en el empleo y limita directamente al empleador en su facultad discrecional de dar por terminado de forma unilateral el contrato de trabajo, cuando dicha decisión está determinada por la situación de vulnerabilidad del trabajador[111]. La estabilidad laboral se vuelve de especial importancia cuando el empleado se halla en una situación de debilidad manifiesta, dando lugar a la denominada estabilidad laboral reforzada que “consiste en la garantía que tiene todo trabajador a permanecer en el empleo y a obtener los correspondientes beneficios salariales y prestacionales, incluso contra la voluntad del patrono, si no existe una causa relevante que justifique el despido”[112]. Ha precisado este Tribunal que la estabilidad laboral reforzada se aplica en ciertas situaciones en las que los empleados son despedidos en contravención de normas constitucionales y legales, como es el caso de los despidos que recaen sobre las mujeres embarazadas[113], los trabajadores sindicalizados[114], las personas con discapacidad o en estado de debilidad manifiesta por motivos de salud[115] y las madres cabeza de familia[116]. 5.2. La jurisprudencia constitucional ha desarrollado ampliamente el tema de la estabilidad laboral reforzada a favor del trabajador en situación de discapacidad, incluso mucho antes del pronunciamiento del legislador en la Ley 361 de 1997[117], al considerar que constituye un trato discriminatorio el despido unilateral de una persona debido a su situación física, mental o sensorial[118]. La Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad[119], recoge por primera vez una definición normativa y precisa del concepto de discapacidad: “El término discapacidad significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada o agravada por el entorno económico y social”[120]. Así entendida, la discapacidad no puede asimilarse, necesariamente, a pérdida de la capacidad laboral, ya que personas con algún grado de discapacidad pueden desarrollarse plenamente en el campo laboral. Por ello se establece diferencia entre discapacidad e invalidez, esta última definida por el artículo 38 de la Ley 100 de 1993, en los siguientes términos: “Estado de invalidez. Para los efectos del presente capítulo se considera inválida la persona que por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente, hubiere perdido el 50% o más de su capacidad laboral”. 5.3. Según el artículo 26 de la Ley 361 de 1997, ninguna persona en situación de discapacidad podrá ser despedida o su contrato terminado por razón de su discapacidad, salvo que se pruebe incompatibilidad del trabajo a realizar con la discapacidad, y medie autorización de la oficina del Trabajo. Si no se cumple este requisito, las personas desvinculadas tendrán derecho a una indemnización equivalente a ciento ochenta días del salario, sin perjuicio de las demás prestaciones e indemnizaciones a que hubiere lugar de acuerdo con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que lo modifiquen, adicionen, complementen o aclaren. Dicha disposición fue objeto de control en la Sentencia C-531 de 2000. En esa oportunidad este Tribunal sostuvo que contemplar solo una indemnización de ciento ochenta días para remediar la discriminación de una persona en situación de discapacidad resultaba insuficiente a la luz de los estándares constitucionales. Por ese motivo, resolvió que el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 era exequible pero con la condición de que se entendiera que “carece de todo efecto jurídico el despido o la terminación del contrato de una persona por razón de su limitación sin que exista autorización previa de la oficina de Trabajo que constate la configuración de la existencia de una justa causa para el despido o terminación del respectivo contrato”[121]. Además, en la Sentencia C-531 de 2000[122] la Corporación se pronunció acerca del deber constitucional de otorgar protección especial a las personas que tienen una deficiencia física, sensorial y psíquica, con el fin de lograr su integración social. Al respecto señaló: “[…] en el caso de las personas con limitaciones, es un hecho ampliamente conocido, que la importancia del acceso a un trabajo no se reduce al mero aspecto económico, en el sentido de que el salario que perciba la persona limitada sea el requerido para satisfacer sus necesidades de subsistencia y las de su familia. No, en el caso de las personas con limitaciones, el que ellas puedan desarrollar una actividad laboral lucrativa adquiere connotaciones de índole constitucional pues, se ubica en el terreno de la dignidad de la persona ‘co...