Sentencia T-052 de 2003

T-052-03 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia T-052/03 ACCION DE TUTELA-Improcedencia para pago de créditos y deudas civiles o comerciales LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL Y REESTRUCTURACION DE ENTIDADES TERRITORIALES-Naturaleza y finalidad AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Límites AUTONOMIA DE ENTIDADES TERRITORIALES-Núcleo esencial ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL EN ENTIDADES TERRITORIALES-Objeto ACCION DE TUTELA-Improcedencia para pago de obligaciones pecuniarias derivadas de contratos/ACCION DE TUTELA-Inexistencia de perjuicio irremediable Referencia: expediente T- 650764 Peticionarios: María Angélica Esquivel Lora y José Luis Navarro Morelo Accionado: Municipio de Santiago de Tolú, Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA Bogotá D.C., treinta (30) de enero de dos mil tres (2003). La Sala Sexta de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados doctores, Eduardo Montealegre Lynett, Alvaro Tafur Galvis y Marco Gerardo Monroy Cabra, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el proceso de revisión de la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Tolú, el 22 de julio de 2002, en la cual el juez decidió acumular las acciones de tutela presentadas por María Angélica Esquivel Lora, y José Luis Navarro Morelo. I. HECHOS 1. La señora María Angélica Esquivel Lora interpuso acción de tutela en nombre propio y en nombre y representación de su menor hija, María Camila Paffen Esquivel, en contra del municipio de Santiago de Tolú, por considerar que se le deben amparar los derechos a la vida, salud, educación, igualdad, vivienda digna, subsistencia y mínimo vital de ambas, y en consecuencia, que se deben proteger los derechos de los niños a favor de su hija. 2. La accionante es acreedora del municipio accionado, respecto a deudas referentes a contratos de obras civiles que aquella realizó en éste y que no le fueron pagadas. El alcalde municipal de Tolú, en escrito del 16 de julio de 2002, manifestó al Juzgado Promiscuo Municipal de Tolú, que dentro del listado de acreencias en litigio del municipio, se encuentran relacionados procesos ejecutivos que la señora Esquivel Lora inició, y que cursan dentro del Tribunal Administrativo de Sucre. Sin embargo, los pagos de las deudas que tiene el municipio están suspendidos en la actualidad, en cumplimiento de lo ordenado por la Ley 550 de 1999. 3. En efecto, el municipio de Tolú fue admitido en Proceso de Reestructuración de la ley 550 de 1990 el día 8 de febrero de 2001. 4. La accionante SOLICITA que el municipio accionado le pague todas las obligaciones dinerarias que le adeuda. 5. El señor José Luis Navarro Morelo, quien es acreedor del municipio accionado, interpuso acción de tutela en contra del municipio de Santiago de Tolú, por considerar que se le debe amparar el derecho al mínimo vital. 6. El municipio adeuda al accionante desde el 16 de diciembre de 1999 una suma de dinero por concepto del alquiler que le hizo de su vehículo, siendo éste un contrato civil. 7. Considera el accionante que el no pago del dinero le está vulnerando su derecho al mínimo vital, pues de su vehículo obtiene el sustento para toda su familia y actualmente se encuentra sin trabajo. 8. Dice el accionante que desde el año de 1999, año en el que se legalizó la deuda que el municipio tiene con él, ha adquirido diferentes deudas y préstamos para su subsistencia ya que fue ilusionado con el pago, además su esposa está embarazada y no tiene recursos para sufragar los gastos que esto implica, tiene también dificultad para pagar los gastos educativos de sus hijos, y afirma ser objeto de un proceso de lanzamiento de su vivienda por no pago. 9. El accionante SOLICITA que el municipio accionado le pague todas las obligaciones dinerarias que le adeuda. I. PRUEBAS a. Cuaderno 1, expediente de la acción de tutela de María Angélica Esquivel Lora 1. Mandamiento de pago a favor de María Angélica Esquivel Lora y de Antonio Martínez Sistac, y en contra del municipio de Santiago de Tolú, proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 16 de julio de 1997, por la suma de quinientos noventa y nueve millones setecientos noventa y seis mil novecientos sesenta y un pesos ($599' 796.961,64), por concepto de los valores de los contratos y los reajustes pactados.f.14 2. Escrito del apoderado de María Angélica Esquivel Lora y de Antonio Martínez Sistac, dirigido al Tribunal Administrativo de Sucre, en el que manifiesta que en cumplimiento de la cesión de derechos litigiosos que se dirigió a esa Corporación el 29 de julio de 1997, el total de la suma se divide así: a María Angélica Esquivel Lora, corresponde la suma de quinientos sesenta millones ($560'000'000), y a Antonio Martínez Sistac, corresponde la suma de quinientos sesenta millones ($560'000'000). Señala el apoderado que al señor Martínez Sistac se le ha realizado un pago parcial por cuantía de ciento veintitrés millones, doscientos setenta y nueve mil quinientos veinte pesos ($123,279.520) el cual, en principio, se imputará a los intereses corrientes y moratorios causados hasta la fecha. f.17 3. Mandamiento de pago a favor de María Angélica Esquivel Lora y en contra del municipio de Santiago de Tolú, proferido por el Tribunal Administrativo de Sucre, el 16 de julio de 1997, por la suma de setenta y un millones cuatrocientos sesenta y cuatro mil quinientos once pesos con 57/100 ($71' 464.511,57), valor que incluye el contrato final y los reajustes pactados en el mismo. f.18 4. Documento de la Central de Información de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, CIFIN, concerniente a María Angélica Esquivel Lora, del 20 de agosto de 1993, y solicitado por el Banco Ganadero. f.20 5. Demanda ejecutiva instaurada por Issyh Esther Cogollo Kerguelen en contra de María Angélica Esquivel Lora, el 15 de mayo de 2002, para que se libre a su favor mandamiento de pago de una letra de cambio por un valor de $10'000'000, y cuya fecha de vencimiento es el 1 de enero de 2002.f.21 6. Solicitud de decreto de medidas cautelares por parte de Issyh Esther Cogollo Kerguelen y en contra de María Angélica Esquivel Lora, dentro de la demanda ejecutiva que instauró en su contra.f.25 7. Letra de cambio suscrita por María Angélica Esquivel Lora a favor de Issyh Esther Cogollo Kerguelen, por un valor de $10'000'000, con fecha de vencimiento el 1 de enero de 2002.f.27 8. Recibo de consignación del banco Colpatria a favor del Gimnasio "El Recreo", por concepto de la matrícula de María Camila Paffen Esquivel, con fecha del 12 de junio de 2002.f.28 9. Copia de los cheques números AA 5658464 y AA 5658466 del Banco de Colombia ambos a favor de María Angélica Esquivel Lora y/o de Antonio Mendoza Montes, el primero por un valor de $128'333'280, y el segundo por $131'437'966.f.30 10.Cuenta de cobro y orden de pago No 003151, con fecha del 4 de agosto de 1999, del municipio de Santiago de Tolú a favor de María Angélica Esquivel Lora, por concepto del proceso ejecutivo No 0189.f.31 11.Cuenta de cobro y orden de pago No 003149, con fecha del 4 de agosto de 1999, del municipio de Santiago de Tolú a favor de María Angélica Esquivel Lora, por concepto del proceso ejecutivo No 0189.f.31 12.Contestación del alcalde municipal de Tolú con fecha del 16 de julio de 2002, al oficio enviado por el Juez Municipal de Santiago de Tolú. Señala el alcalde que dentro del listado de acreencias en litigio del municipio se encuentran relacionados procesos ejecutivos que la señora Esquivel Lora inició, y cursan dentro del Tribunal Administrativo de Sucre. Los pagos se encuentran en la actualidad suspendidos, en cumplimiento de lo ordenando por la Ley 550 de 1999. Éstos procesos se iniciaron por el incumplimiento en el pago de obras civiles que tuvieron lugar en los años de 1994, 1995, 1996, y 1997, y el motivo por el cual no se cumplieron, es la bien conocida situación de crisis financiera y económica por la que venía atravesando el municipio desde tiempo atrás y que lo obligó a someterse al proceso de reestructuración de pasivos, el cual fue suscrito el 8 de febrero de 2001. El alcalde hace igualmente la aclaración de que la accionante es cesionaria parcialmente en algunos procesos que igualmente cursan en el Tribunal Contencioso Administrativo de Sucre, a nombre de Antonio Martínez Sistac, Concaribe Ltda, e Inverconstructora y Asociados Ltda. Señala también que las acreencias que tiene el municipio para con la accionante serán tenidas en cuenta en los acuerdos de pago del proceso de reestructuración, que se llevará a cabo antes del 2 de agosto de 2002.f.37 b. Cuaderno 2, expediente de la acción de tutela de José Luis Navarro Morelo 1. Cuenta de cobro a favor de José Luis Navarro Morelo y a cargo del municipio de Santiago de Tolú, por un valor de $8' 533' 900, con fecha del 16 de diciembre de 1999.f.5 2. Acta de declaración jurada de Sandra Buelvas Barragán ante notario público. Manifestó que conoce al señor José Luis Navarro Morelo y que éste tiene muchas obligaciones con sus hijos, de alimentos, educación, y salud, así como con su esposa quien se encuentra embarazada. Dijo que el señor Navarro tiene los créditos cancelados donde le fiaban la comida, y tiene deudas de vivienda, se encuentra desempleado y no tiene otro medio de subsistencia.f.6 3. Certificado de registro de nacimiento de Destin José Navarro García, el 13 de marzo de 1994, hijo de José Luis Navarro Morelo y Lelis Claret García Parra.f.7 4. Carta enviada por Ricardo Colón Díaz a José Luis Navarro Morelo el 2 julio de 2002, para informarle que el crédito para el suministro de alimentos que éste tiene en su tienda, ha quedado suspendido, ya que le adeuda la suma de $1.250.000.f.8 5. Carta enviada por Lelis Martínez Parra a José Luis Navarro Morelo, el 28 de junio de 2002, para solicitarle que le pague la deuda de arriendo que tiene con ella, o de lo contrario se verá en la obligación de proceder al lanzamiento. Dice que la deuda asciende a $2.500.000, lo que equivale a 10 meses de arrendamiento. f.9 6. Resultado del examen de laboratorio de Lelis García Parra, con fecha del 3 de abril de 2002, en el que dice: "gravidez en sangre... positivo".f.11 7. Certificado expedido por el municipio de Santiago de Tolú el 15 de julio de 2002, en el que consta que existe una cuenta de cobro a favor de José Luis Navarro Morelo, por un valor de $8'800'000, por concepto de transporte al concejo municipal, y que esta acreencia fue asumida por el municipio mediante Resolución No 0696 con fecha del 14 de diciembre de 1999. Señala que a la fecha de expedición del certificado la acreencia no ha sido pagada, y que ésta entra dentro del proceso de reestructuración. f.15 II. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Mediante auto del veintisiete (27) de enero de dos mil tres (2003), la Corte suspendió los términos del presente fallo por cuanto se solicitó al Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú, como medio de prueba, el expediente de la acción de tutela interpuesta por el señor José Luis Navarro Morelo. En efecto, el expediente no fue remitido a la Corte para su eventual revisión, junto con el expediente radicado en la Secretaría de esta Corporación con el número T- 650764, y cuya accionante es María Angélica Esquivel Lora, a pesar de que el juez de tutela acumuló de oficio los dos expedientes. La mencionada prueba fue allegada a la secretaría de esta Corporación el 23 de enero de 2003, y fue analizada. III. DECISIONES JUDICIALES Única Instancia En sentencia del 22 de julio de 2002, el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú, decidió CONCEDER la tutela a favor de la señora María Angélica Esquivel Lora y del señor José Luis Navarro Morelo, y en contra del municipio de Santiago de Tolú, por considerar que a los accionantes efectivamente se les adeudan unas sumas de dinero que fueron reconocidas y admitidas por el ente accionado. Consideró que los accionantes demostraron tener obligaciones a cargo, atravesar una difícil situación económica, y que tal situación, que vulnera sus derechos fundamentales y los de su familia, se remediaría si el ente accionado cesa de omitir la cancelación lo debido. Hizo la aclaración de que no se trata de ordenar al municipio que pague una suma de dinero, sino de que cese en la omisión de actos que vulneran derechos fundamentales. Consideró el Juez de instancia que la señora Esquivel Lora afronta sin apoyo los gastos de sostenimiento y manutención de su menor hija, ya que el padre de la menor desapareció en el año de 1998. Como consecuencia de esto, está sufriendo una profunda crisis económica que la ha llevado a incumplir sus compromisos financieros con personas y entidades bancarias, lo que no le ha permitido contar con una vivienda propia digna, ni estar ella ni su hija vinculadas a ningún sistema de protección en salud. También se encuentra la accionante demandada por diferentes bancos y por particulares. Respecto al señor Navarro Morelo, encontró el juez que éste demostró con comunicaciones que le han sido enviadas, que está siendo objeto de cobros por arriendo y suministro de víveres, que su esposa está embarazada, y que a su hijo Destin José le paga el estudio. Igualmente obra en el expediente una declaración jurada de Sandra Buelvas Barragán, quien expone que el accionante está desempleado y no posee otro medio de subsistencia diferente a la deuda del ente accionado. Ordenó el Juez al alcalde de Santiago de Tolú que en el término de 48 horas dispusiera de lo necesario para pagar lo debido a los accionantes, María Angélica Esquivel Lora y José Luis Navarro Morelo, quienes obraron a través de apoderado judicial, según las probanzas contenidas en el expediente. IV. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL A. Competencia Esta Corte es competente de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución Nacional, y el decreto 2591 de 1991, para revisar el presente fallo de tutela. B. Fundamentos a. Problemas jurídicos En el presente caso existen dos problemas jurídicos. El primero se refiere a la pretensión de que créditos sean pagados mediante orden de tutela. El segundo consiste en determinar si una entidad territorial que está sometida al acuerdo de reestructuración, en los términos de la ley 550, está obligada pagarle a sus acreedores que aleguen encontrarse en una muy difícil situación económica, argumento utilizado por el juez de tutela para conceder el amparo solicitado por los accionantes, a pesar de que se trata del pago de deudas contractuales. b. La acción de tutela no es medio idóneo para conseguir el pago de créditos y deudas civiles o comerciales La acción de tutela tiene por objeto la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estén vulnerados o amenazados, y esto provenga de la acción u omisión de cualquier autoridad pública. Solamente procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos de que sea utilizada como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. No es posible por lo tanto pretender que la acción de tutela sirva como mecanismo de cobro jurídico por cuanto es un mecanismo subsidiario que no sustituye las vías legales. c. El proceso de reestructuración de la ley 550 de 1999[1] El acuerdo de reestructuración contenido en la ley 550, por medio de la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones, está definido en el artículo 5 como “la convención que, en los términos de la presente ley, se celebre a favor de una o varias empresas con el objeto de corregir deficiencias que presenten en su capacidad de operación y para atender obligaciones pecuniarias, de manera que tales empresas puedan recuperarse dentro del plazo y en las condiciones que se hayan previsto en el mismo.”[2] Las Entidades Territoriales pueden ser objeto del acuerdo de reestructuración, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades. El acuerdo de reestructuración nació mediante una ley de intervención económica. El artículo 150 numeral 21 de la Constitución Política señala que corresponde al Congreso “Expedir las leyes de intervención económica, previstas en el artículo 334, las cuales deberán precisar sus fines y alcances y los límites a la libertad económica”. En concordancia con lo anterior, el artículo 334 de la Constitución señala que la dirección general de la economía estará a cargo del Estado, el cual intervendrá por mandato de la ley, entre otras materias, “en los servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un ambiente sano”. Agrega el artículo 334 que “El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para promover la productividad y competitividad y el desarrollo armónico de las regiones”. d. Acuerdos de reestructuración aplicables a las entidades territoriales[3] La Constitución define a Colombia como “ un Estado Social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales...[4]” La definición constitucional requiere una interpretación de la “unidad como el todo que necesariamente se integra por las partes y no por la unidad como un bloque[5].” La autonomía de las entidades territoriales es reglada, no absoluta, enmarcada dentro del moderno concepto de descentralización, limitado por las normas constitucionales y legales, que combina los intereses nacionales con los territoriales. La autonomía de las entidades territoriales consiste en un poder de auto-gobierno y auto-administración, no en la transferencia de funciones y responsabilidades del gobierno central al territorial. Se trata de una autonomía reglada, limitada dentro del concepto moderno de descentralización, enmarcada por las normas constitucionales y legales, que busca combinar los intereses nacionales con los de las entidades territoriales. El núcleo esencial de la autonomía territorial comprende la facultad de que gozan las entidades territoriales de satisfacer sus propios intereses mediante sus propias autoridades y dirección política, utilizando para ello los medios de acción y los instrumentos que las normas constitucionales le han otorgado. El titulo quinto de la Ley 550 hace referencia a la reestructuración de las entidades territoriales, tanto en su sector central como descentralizado, con el fin de asegurar la prestación de los servicios a cargo de las mismas y el desarrollo de las regiones, teniendo en cuenta la naturaleza y las características de tales entidades. El acuerdo de reestructuración será celebrado entre la entidad territorial y los acreedores externos, y requerirá el voto favorable de la entidad territorial, que será emitido por el Gobernador o Alcalde según el caso. En el acuerdo de reestructuración se establecerán las reglas especiales que debe aplicar la entidad territorial para su manejo financiero o para la realización de las demás actividades. Serán ineficaces los actos o contratos que constituyan incumplimiento de las reglas previstas en el acuerdo de reestructuración, y por ello no generarán obligación alguna a cargo de la entidad[6]. El numeral 7 del artículo 58 enumera el orden de prioridad para los gastos corrientes de la entidad. Con sujeción estricta a la disponibilidad de recursos de la entidad territorial, y con el fin de disponer reglas que aseguren la financiación de su funcionamiento, en el acuerdo de reestructuración y en el convenio de desempeño que suscriba la entidad territorial, se establecerá el siguiente orden: a) Mesadas pensionales b) Servicios personales c) Transferencias de nómina d) Gastos generales e) Otras transferencias f) Intereses de deuda g) Amortizaciones de deuda h) Financiación del déficit de vigencias anteriores i) Inversión Una vez se suscriba el acuerdo de reestructuración y durante la vigencia del mismo, la entidad territorial no podrá incurrir en gastos corrientes distintos de los autorizados estrictamente en el acuerdo para su funcionamiento, y el ordenado por disposiciones constitucionales[7]. La razón de ser de los procesos de reestructuración de pasivos de las entidades territoriales es la recuperación de su viabilidad financiera, y por ende, su fortalecimiento. De los casos en concreto Caso de la señora María Angélica Esquivel Lora La señora María Angélica Esquivel Lora es acreedora del municipio de Santiago de Tolú. En efecto, el alcalde municipal de Tolú manifestó el 16 de julio de 2002, en respuesta al oficio enviado por el Juez Municipal de Santiago de Tolú, que dentro del listado de acreencias en litigio del municipio se encuentran relacionados procesos ejecutivos que la señora Esquivel Lora inició. Además, existen mandamientos de pago a favor de la accionante y en contra del municipio accionado, y cuenta de cobro de la accionante y orden de pago del accionado, que evidencian la relación contractual de las partes. También obran en el expedientes documentos que buscan demostrar la mala situación económica de la accionante, tales como una demanda ejecutiva y una solicitud de medidas cautelares, todas en su contra. El alcalde justificó el incumplimiento de los pagos que el municipio adeuda a la accionante aduciendo que éstos se encuentran en la actualidad suspendidos en razón a que el municipio se encuentra sometido a un acuerdo de reestructuración, bajo los parámetros de lo ordenando por la Ley 550 de 1999. Efectivamente, el sometimiento a este acuerdo es el resultado de la bien conocida situación de crisis financiera y económica por la que venía atravesando el municipio desde tiempo atrás, el cual lo obligó a someterse al proceso de reestructuración de pasivos. Los procesos ejecutivos iniciados por la accionante se produjeron en virtud del incumplimiento en el pago de obras civiles que tuvieron lugar en los años de 1994, 1995, 1996, y 1997 en el municipio accionado. Las deudas contraídas con María Angélica Esquivel Lora fueron adquiridas en los años de 1994, 1995, 1996, y 1997, con anterioridad a la suscripción del acuerdo, ya que el municipio de Tolú fue admitido en Proceso de Reestructuración de la ley 550 el día 8 de febrero de 2001. Sin embargo, acorde con la ley 550, la accionante no puede acudir a las acciones ordinarias para conseguir el pago de sus acreencias porque la empresa se encuentra sometida al acuerdo de reestructuración y existe un orden de prelación de pagos contenido en el artículo 58 de la ley. Caso del señor José Luis Navarro Morelo El señor José Luis Navarro Morelo es igualmente acreedor del municipio de Santiago de Tolú, lo que está demostrado mediante un certificado expedido por el municipio el 15 de julio de 2002, en el que consta que existe una cuenta de cobro a favor del señor Navarro Morelo, por un valor de $8'800'000, por concepto de transporte al Concejo Municipal, y que esta acreencia fue asumida por el municipio mediante Resolución No 0696 con fecha del 14 de diciembre de 1999. Señala que a la fecha de expedición del certificado, la acreencia no ha sido pagada, y que entra dentro del proceso de reestructuración al que está sometido el municipio. El accionante Navarro Morelo aportó a la demanda de tutela declaraciones de personas y cuentas de cobro en su contra para demostrar su mal estado económico y su actual desempleo. A pesar de que su crédito en contra del municipio es posterior a la suscripción del acuerdo de reestructuración, no procede el pago, puesto que no se trata de la protección a un derecho fundamental, sino del pago de una obligación contractual. Análisis de los casos Los casos en estudio tratan sobre deudas de obligaciones pecuniarias derivadas de contratos, las cuales no pueden ser reclamadas mediante una orden de tutela, pues no se trata de la protección de derechos fundamentales. Por otra parte, los accionantes no se encuentran dentro de la categoría establecida en el orden de prioridad que para los gastos corrientes de la entidad territorial fueron previstos, conforme con los montos que para el efecto se prevean en el acuerdo, según el artículo 58, numeral 7, de la ley 550. Tampoco se evidencia la existencia de violación de los derechos fundamentales invocados en cabeza de los accionantes. Al respecto, en sentencia T-585 de 2002[8], la Corte dijo que “cuando la entidad territorial se encuentra sometida al proceso que regula la Ley 550 de 1999, la acción de tutela sólo puede prosperar de manera excepcional cuando se trate de conseguir el pago de acreencias laborales o pensionales, siempre y cuando se consolide la vulneración o amenaza de quebrantamiento de derechos fundamentales del peticionario y sea evidente la existencia de un perjuicio irremediable.” En la antes citada sentencia la Corte no concedió la tutela puesto que lo que se perseguía era el pago de unas sumas de dinero, y no la protección del mínimo vital o la subsistencia del acreedor, así como tampoco se evidenció un perjuicio irremediable. “De acceder a las pretensiones propuestas se permitiría que por vía de la acción de tutela se neutralizaran los propósitos y objetivos que tuvo el legislador al expedir la Ley 550 de 1999, o por lo menos dificultar en grado sumo su realización. Además, la concesión del amparo colocaría en desigualdad a los restantes acreedores del municipio que se encuentren sometidos a las reglas del proceso de reestructuración que se adelanta.”[9] Esto mismo ocurre en los casos objeto del presente estudio. Acorde a lo manifestado con anterioridad por la Corte, es claro que "la tutela no puede convertirse en un medio de pago rápido cuando los acreedores cuentan con los medios de pago que la ley señala como preferentes(...)Así, el acuerdo de reestructuración ha sido considerado por la Corte Constitucional como un mecanismo extrajudicial y de naturaleza contractual, que permite a la empresa o a la entidad territorial salir de su situación y continuar con su importante misión productiva, considerada de interés general[10]." En virtud de todo lo anterior, se revocará el pago ordenado mediante el fallo de única instancia a favor de María Angélica Esquivel Lora y de José Luis Navarro Morelo, y deberá seguirse lo consignado en el artículo 7 del Decreto 306 de 1992: "Cuando el juez que conozca de la impugnación o la Corte Constitucional al decidir una revisión, revoque el fallo de tutela que haya ordenando realizar una conducta, quedarán sin efecto dicha providencia y la actuación que haya realizado la autoridad administrativa en cumplimiento del fallo respectivo." V. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Revisión de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo, y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE PRIMERO : REVOCAR la sentencia proferida el 22 de julio de 2002 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú , y en su lugar denegar el amparo de los derechos invocados por María Angélica Esquivel Lora y José Luis Navarro Morelo, con las consecuencias señaladas en la parte motiva de la presente sentencia. SEGUNDO : Dejar sin efectos las órdenes de pago ordenadas en la sentencia proferida el 22 de julio de 2002 por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santiago de Tolú en favor de María Angélica Esquivel Lora y de José Luis Navarro Morelo. TERCERO: Para los efectos del artículo 36 del decreto 2591 de 1991, el juzgado de origen hará las notificaciones y tomará las medidas conducentes para el cumplimiento de esta sentencia. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese en la Gaceta de la Corte Constitucional y cúmplase. MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Magistrado ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado MARTHA VICTORIA SACHICA MENDEZ Secretaria General [CC1] [1] T-930 de 2002, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra [2] Ley 550, Artículo 1°. Ambito de aplicación de la ley. La presente ley es aplicable a toda empresa que opere de manera permanente en el territorio nacional, realizada por cualquier clase de persona jurídica, nacional o extranjera, de carácter privado, público o de economía mixta, con excepción de las vigiladas por la Superintendencia de Economía Solidaria que ejerzan actividad financiera y de ahorro y crédito, de las vigiladas por la Superintendencia Bancaria y de las Bolsas de Valores y de los intermediarios de valores inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios sujetos a la vigilancia de la Superintendencia de Valores. Esta ley se aplicará igualmente a las entidades territoriales, de acuerdo con lo dispuesto en el Título IV de la misma, y a las sucursales de sociedades extranjeras que desarrollen actividades permanentes en Colombia. [3] T-930 de 2002 [4] Artículo 1 Constitución Política [5] Sentencia T-478 de 1992, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz [6] Ley 550, art.58 num.4 [7] Ibidem, num 15 [8] T-585 de 2002, M.P Clara Inés Vargas Hernández [9] T-585 de 2002. [10] T-930 de 2002 [CC1]