Sentencia T-027 de 2017

T-027-17 Sentencia T-027/17 VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LA MUJER-Caso en que se solicita medida de protección de desalojo por violencia intrafamiliar del ex compañero y padre de los hijos de la accionante, para preservar la vida e integridad física de ésta y su grupo familiar ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia excepcional MADRE CABEZA DE FAMILIA COMO SUJETO DE ESPECIAL PROTECCION CONSTITUCIONAL-Reiteración de jurisprudencia FUENTE FORMAL INTERNACIONAL DE LA PROTECCION A LA MUJER CONTRA LA VIOLENCIA-Instrumentos internacionales ratificados por Colombia PROTECCION DE LA MUJER FRENTE A TODO TIPO DE VIOLENCIA-Mandatos constitucionales y legales PROTECCION ESPECIAL DE LA MUJER-Jurisprudencia constitucional La Corte Constitucional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, ha reconocido en su jurisprudencia que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que presentan una “(…) situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familiar, a la educación y al trabajo”. En este sentido, y en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar. CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES VIOLENCIA ESTRUCTURAL CONTRA LA MUJER-Protección judicial Las autoridades judiciales deben: “(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres”. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES EN PROCESO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR-Procedencia por defecto fáctico, al omitir valorar material probatorio Referencia: Expediente T-5.742.929 Acción de tutela interpuesta por Diana Patricia Acosta Perdomo contra la Comisaría de Familia Dieciséis de Bogotá D.C. y el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. Magistrado Ponente: AQUILES ARRIETA GÓMEZ Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete (2017) La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Alberto Rojas Ríos, Luis Ernesto Vargas Silva y Aquiles Arrieta Gómez, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en los artículos 86 y 241 numeral 9º de la Constitución Política, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos proferidos por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.[1] y por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia,[2] dentro del trámite de tutela instaurado por Diana Patricia Acosta Perdomo contra la Comisaría de Familia Dieciséis de Bogotá D.C. y el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. I. ANTECEDENTES De acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política,[3] el Decreto 2591 de 1991 (art. 33) y el Acuerdo 02 de 2015 (art. 55), la Sala de Selección Número Ocho de la Corte Constitucional escogió, para efectos de su revisión, la acción de tutela de la referencia.[4] De conformidad con el artículo 34 del Decreto 2591 de 1991, esta Sala de Revisión procede a dictar la sentencia correspondiente.[5] 1. Solicitud y hechos La señora Diana Patricia Acosta Perdomo, por medio de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra la Comisaría de Familia Dieciséis de Bogotá D.C. y el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C., al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la igualdad, a la integridad personal y a la vida, por haberse negado la solicitud de desalojo por violencia intrafamiliar del señor Julián Giovanny Zamudio. Con base en lo expuesto, solicita que se tutelen los derechos fundamentales invocados y que se deje sin efecto la providencia proferida por la autoridad judicial accionada, para en su lugar dictar medida de protección de desalojo contra el señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa. Basa su solicitud en los siguientes hechos: 1.1. La accionante indica que solicitó ante la Comisaría de Familia Número Dieciséis de Bogotá D.C. una medida de protección de desalojo contra Julián Giovanny Zamudio Espinosa, padre de sus dos hijos. [6] Ello en razón a que ha sido víctima de violencia física y psicológica de su parte.[7] 1.2. Expone que la Comisaría de Familia resolvió no conceder la medida de aseguramiento solicitada, al considerar que no contaba con los elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de agresiones que pusieran en peligro la humanidad o integridad de la señora Acosta Perdomo.[8] En este sentido, y tras constatar que existían agresiones mutuas entre la pareja, decidió imponer una medida de protección a favor de ambos, consistente en la conminación para que cesaran los actos de agresión física, verbal o psicológica entre sí. También les ordenó acudir a tratamiento reeducativo y terapéutico en la entidad de salud donde se encontraban afiliados.[9] 1.3. La decisión anterior fue tomada, no obstante que en el informe de Medicina Legal por ella aportado durante el proceso, se concluyó que existía un nivel de riesgo grave, teniendo en cuenta “la cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales que la habían puesto en una situación en la que se hacía imperativo tomar medidas urgentes en aras de proteger la vida de la usuaria”.[10] Motivo por el cual apeló la decisión adoptada por la Comisaría de Familia. 1.4. Aduce que el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. que conoció de la apelación, decidió confirmar la determinación de la Comisaría de Familia al considerar que la actuación se ajustó a la normatividad aplicable al caso y que la decisión se argumentó en el material probatorio legalmente recaudado.[11] También precisó que entre las partes se confunden los roles de víctima y agresor, “siendo estos mismos en su lucha de poderes quienes propician y avivan los conflictos”. Con respecto al informe de Medicina Legal, indica que el Juzgado consideró que éste no constituía prueba pericial, ya que “no es una valoración de daño físico, psíquico, mental o emocional de la usuaria, así como tampoco valora aspectos relativos al presunto victimario, como quiera que no fue evaluado, ni entrevistado, por lo tanto, no se constituye plena prueba para adoptar una medida tan drástica como lo es el desalojo de alguno de los integrantes de la familia”. 1.5. Considera que las autoridades accionadas vulneraron sus derechos fundamentales e incurrieron en defecto sustantivo por desconocimiento de las normas de rango legal aplicables al caso, al negarse a imponer la medida de desalojo solicitada en contra de su ex compañero y limitarse a conminarlos, sin tener en cuenta el informe de Medicina Legal aportado al expediente. 1.6. Agrega que, como consecuencia de la decisión revisada, se vio obligada a dejar su casa debido al temor infundido por el señor Zamudio Espinosa, quien además, ha usado su hogar como bodega de productos de contrabando, por lo cual ya se inició un proceso penal en su contra. 2. Contestación de la demanda[12] 2.1. Respuesta de la Comisaría Dieciséis de Familia de Bogotá D.C. La Comisaria Décimo Sexta de Familia, Yaneth Fabiola Castillo Guerrero, ratificó que la accionante y el señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa se caracterizan por ser una pareja disfuncional generadora de violencia familiar, por lo cual la Comisaría impuso medidas de protección en favor de ambos y se les prestó orientación para que asumieran tratamientos terapéuticos y así resarcieran los daños emocionales ocasionados por el maltrato vivenciado en procura de una comunicación cordial, asertiva y libre de violencia.[13] 2.2. Respuesta del Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. Sandra Mejía Mejía, Jueza Veintinueve de Familia, informó que el Juzgado en efecto avocó conocimiento de la medida de protección formulada por la accionante contra el señor Zamudio Espinosa, en la cual se dictó providencia del veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), confirmando la resolución del veinte (20) de agosto de dos mil quince (2015) proferida por la Comisaría Dieciséis de Familia, y una vez en firme la misma, se procedió a remitir el expediente a la Comisaría de origen, por lo tanto el expediente no se encuentra en ese despacho judicial. 2.3. Respuesta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Regional Bogotá La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, María Consuelo González Molina, indicó que el día dieciséis (16) de febrero del año en curso se le verificaron los derechos a los menores Juan José y Juan Sebastián Zamudio previa petición de su madre. El área de trabajo social, psicología y nutrición concluyó que: “los niños (…) en el momento no se encuentran en amenaza, inobservancia o vulneración de sus derechos; de acuerdo a lo referido y la documentación aportada por la señora Diana Patricia Acosta se evidencian antecedentes de violencia intrafamiliar en la pareja donde presuntamente han sido espectadores los niños, situación con denuncia penal en curso. También se encuentran antecedentes de amenaza de muerte por parte del señor Julián Giovanny Zamudio hacia la señora Diana Patricia Acosta, con última denuncia en el mes de enero del presente año”. Asimismo, dispuso remitir el caso a la Comisaría de Familia II de Engativá con las valoraciones y anexos presentados por la accionante, dado que los hechos descritos por ella se dan dentro del contexto de la violencia intrafamiliar. 3. Decisiones judiciales objeto de revisión 3.1. La Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. resolvió denegar el amparo constitucional invocado al considerar que las autoridades accionadas sí tuvieron en cuenta, dentro de los elementos de convicción que sirvieron para adoptar las decisiones acusadas, el informe emitido por el Instituto de Medicina Legal al que hace alusión la accionante.[14] Sin embargo, se consideró que el mismo no valora aspectos relativos al presunto victimario, al no haber sido evaluado ni entrevistado por tal instituto, por lo que “mal hubieran hecho las funcionarias, al imponer una medida extrema, como la del desalojo de extremo pasivo, cuando las demás pruebas no alcanzan a demostrar un riesgo inminente a la vida de la accionante”. Adicionalmente, indicó que con las determinaciones adoptadas en los fallos acusados, no se deja desprotegida a la accionante, pues la misma puede iniciar el respectivo incidente de incumplimiento si el señor Zamudio Espinosa no acata la medida impuesta por la Comisaría; además tiene la posibilidad de solicitar las cautelas que sean del caso. Por último, precisó que las presuntas actividades delictivas en que incurre el supuesto victimario, en nada afectan la decisión que tomaron las autoridades accionadas, ya que los documentos que aluden a las mismas no fueron tenidos como prueba en la primera instancia y porque no tienen que ver estrictamente con lo que se debatía en el trámite de la medida de protección, hechos que son de la órbita exclusiva de la justicia penal. 3.2. Mediante apoderado judicial, la accionante impugnó el fallo de primera instancia manifestando que las autoridades accionadas la dejaron desprovista de seguridad a ella y a sus hijos, pues como lo demostró el informe de Medicina Legal la permanencia del señor Zamudio Espinosa en la casa representa una amenaza a su integridad personal, física y mental. Asimismo precisó que la única prueba que éste último aportó durante el trámite, fue su propia declaración, mientras que ella si aportó las pruebas pertinentes y aun así se consideró que estas no alcanzaban a demostrar un riesgo inminente a su vida e integridad personal. 3.3. La Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[15] resolvió confirmar el fallo de primera instancia al considerar que la decisión que se tomó en el caso concreto, no es resultado de un subjetivo criterio que conlleve ostensible desviación del ordenamiento jurídico y que por ende, tenga aptitud para lesionar las garantías superiores de quien promovió la queja constitucional. Para la Corte Suprema, el fallador ponderó en forma conjunta las pruebas allegadas al expediente, de las cuales se concluyó que las agresiones eran mutuas entre la pareja, por lo que las medidas de protección debían disponerse para los dos, a fin de que terminaran los actos de violencia entre ambos y no se volvieran a repetir. Además no se infirió que el querellado representara un peligro, riesgo o amenaza para la vida e integridad de la querellante para tomar una medida tan drástica como es la del desalojo de alguno de los integrantes de la familia, pese a existir informe de medicina legal, el mismo no era plena prueba, como quiera que además de no ser una valoración del daño físico, psíquico, mental o emocional de la usuaria, tampoco tuvo en cuenta aspectos relativos del presunto victimario, como quiera que no fue evaluado ni entrevistado. 4. Actuaciones surtidas en sede de revisión 4.1. Mediante Auto del veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016), se autorizó, a través de la Secretaría General de esta Corporación, la expedición de copias del expediente a favor del Despacho del Procurador Auxiliar para Asuntos Constitucionales, para efectos de que se preparara la intervención del Procurador General de la Nación en dicho trámite de tutela.[16] 4.2. El dieciséis (16) de enero de dos mil diecisiete (2017) se recibió, a través de la Secretaría General de esta Corporación, un escrito remitido por la señora Diana Patricia Acosta Perdomo, en el cual expuso algunas consideraciones sobre el estado actual de su situación y la persistencia de las razones que la motivaron a presentar la acción de tutela de la referencia.[17] 4.3. Al considerarse que existían indicios e información sobre una eventual amenaza grave e inmediata a los derechos fundamentales de la señora Diana Patricia Acosta Perdomo y de sus hijos menores de edad, esta Sala[18] resolvió decretar una medida cautelar para proteger los derechos involucrados. Ordenó la Sala lo siguiente: “(i) ordenar al señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa que, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificación del presente auto, desaloje la vivienda ubicada en la Avenida Calle 3 # 44A-23, Bogotá D.C., so pena de incurrir en desacato; (ii) ordenar al señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa que, por ahora, se abstenga de retornar, ingresar al domicilio y aproximarse a la tutelante o alguno de sus hijos; (iii) comunicar a la Policía Nacional las medidas ordenadas en los numerales primero y segundo de la parte resolutiva de este auto, a fin de que garantice su cumplimiento; (iv) ordenar a la Policía Nacional que brinde a la señora Diana Patricia Acosta Perdomo el acompañamiento para el reingreso a su lugar de residencia, además de la protección temporal especial a su favor y de sus hijos, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo; (v) ordenar a la Secretaría Distrital de la Mujer, a través del Sistema Distrital Integral a Mujeres Víctimas de Violencia -SOFÍA-, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría del Pueblo; que en el marco de sus respectivas competencias, brinden a favor de la accionante y sus hijos, el acompañamiento médico, psicológico, social y jurídico necesario para el restablecimiento de sus derechos. Todas las medidas cautelares que se ordenarán estarán vigentes, en principio, hasta tanto la Sala tome una decisión de fondo respecto de la acción de tutela estudiada”.[19] 4.4. El señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa allegó un memorial a través de la Secretaría General de esta Corporación,[20] en el que alegó que no es pertinente traer a la acción de tutela hechos que están siendo investigados por la justicia ordinaria: (i) ante la Fiscalía General de la Nación se presentó denuncia penal por violencia intrafamiliar, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Veinticinco Penal Municipal con Función de Conocimiento de Bogotá D.C., estando pendiente una audiencia de juicio oral;[21] y (ii) se presentó demanda de disolución y liquidación de la unión marital de hecho, proceso que cursa ante el Juzgado Dieciocho de Familia de Bogotá D.C.[22] 4.4.1. Por otra parte consideró que el informe de medicina legal allegado al expediente, que evidencia el supuesto maltrato físico del que fue víctima la accionante, no puede ser tenido como prueba judicial. Advierte que el mismo juzgado que conoció de la solicitud de medida de protección, afirmó que “no es una valoración de daño físico, psíquico, mental o emocional de la usuaria, así como tampoco valora aspectos relativos al presunto victimario, como quiera que no fue evaluado, ni entrevistado, por lo tanto, no se constituye plena prueba para adoptar una medida tan drástica como lo es el desalojo de alguno de los integrantes de la familia”. 4.4.2. En cuanto a la vivienda de la cual fue desalojado en virtud de la medida cautelar ordenada por esta Corporación, precisó que hace parte de la sociedad patrimonial de hecho, contrario a lo alegado por la accionante, y que esta lo ha perseguido en distintas instancias judiciales con el único fin de apropiarse del inmueble.[23] 4.4.3. También informó que, conforme valoración del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar de fecha veintitrés (23) de enero de dos mil diecisiete (2017), su hijo Juan Sebastián presenta riesgo de desnutrición aguda y “talla con riesgo en retraso de crecimiento”, lo cual considera que se debe al descuido.[24] Agregó que Diana Patricia no aportó la certificación médica de soporte a la condición de discapacidad del menor. 4.4.4. Adujo que le parece muy extraño que la señora Acosta Perdomo manifieste que no tiene donde vivir, siendo que es propietaria de un apartamento que se encuentra bajo arrendamiento y que fue adquirido con el producto del trabajo elaborado por su empresa. Informa que con la medida de desalojo se han visto afectados su hija mayor de edad y su madre que es una persona mayor, pues ahora no tienen en donde refugiarse. 4.4.5. Junto con el memorial aportó evidencias de que la accionante, durante los últimos meses, le ha encargado el cuidado de los menores de edad,[25] y además manifestó que ha cumplido con sus obligaciones alimentarias siendo que ha estado consignándole una cuota de sostenimiento para los niños a la accionante.[26] II. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente, de conformidad con los artículos 86 y 241 de la Constitución, y con el Decreto 2591 de 1991, para revisar el fallo de tutela adoptado en el proceso de la referencia. 2. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial en el caso concreto 2.1. La jurisprudencia constitucional, en procura de la salvaguarda de los principios de cosa juzgada y autonomía judicial, ha admitido la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, supeditándola a la configuración de dos conjuntos de criterios. Por una parte, lo que se ha denominado “requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales” (C-590 de 2005), que permiten establecer si el asunto es de aquellos en los que el juez constitucional puede conocer del caso; y por otra parte lo que ha denominado las “causales especiales de procedibilidad” (C-590 de 2005), que son los criterios que determinan si en efecto se verificó o no una violación al derecho al debido proceso.[27] 2.2. Como se explicará a continuación, se considera que la acción de tutela presentada por Diana Patricia Acosta Perdomo contra la providencia judicial proferida por el Jugado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C., resulta procedente, por cuanto cumple con los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales que esta Corte ha desarrollado en su jurisprudencia, como se argumenta a continuación. (i) Se puso a consideración de esta Corporación la presunta vulneración del derecho al debido proceso de la accionante y de sus hijos menores de edad, como consecuencia de la negativa de la comisaría de familia y del juez de familia a conceder las medidas de protección por violencia intrafamiliar solicitadas, con fundamento en que entre las partes se confunden los roles de víctima y agresor. Ello no obstante que en el expediente obra un informe de medicina legal que dictamina un riesgo grave en cabeza de la señora. Se considera que el posible defecto fáctico en que pudo incurrir la autoridad judicial accionada, goza de la suficiente relevancia constitucional para ser analizado en esta oportunidad. (ii) En virtud de lo previsto en el artículo 18 de la Ley 294 de 1996,[28] modificado por el artículo 12 de la Ley 575 de 2000,[29] la accionante interpuso el recurso de apelación contra la decisión proferida por la Comisaría de Familia en relación con la medida de protección solicitada; agotando así los medios de defensa judicial a su alcance.[30] Si bien podría pensarse que la señora puede acudir ante los actores institucionales y no institucionales competentes en materia de prevención, protección y atención de las víctimas de violencia intrafamiliar, actualmente existe una amenaza inminente a sus derechos fundamentales y a los de sus hijos menores de edad, ya que tuvo que abandonar su hogar como consecuencia del maltrato físico propiciado por su ex compañero. (iii) La acción de tutela fue instaurada luego de casi tres meses de haberse proferido la providencia judicial que acusa de vulnerar sus derechos fundamentales, cumpliendo así con el principio de inmediatez que la caracteriza.[31] (iv) La supuesta irregularidad procesal en que incurrió el juzgado de familia, incidió directamente en la decisión acusada, pues considerando que las agresiones denunciadas fueron mutuas, decidió que no era procedente la medida de desalojo que se solicitó. (v) En la acción de tutela se identificaron razonablemente los hechos que generaron la presunta vulneración a los derechos fundamentales de la actora, los cuales fueron alegados por ella al momento de apelar la decisión de la comisaría de familia, ante el juzgado de familia. Por último, (vi) la providencia judicial que se acusa no es de tutela, pues se trata de una sentencia proferida por un juez de familia, en el marco de la solicitud de medida de protección por violencia intrafamiliar. Así, pues, este es uno de esos casos que ya en el pasado la jurisprudencia ha considerado procedente.[32] 2.3. Cumplidos pues los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, puede entonces el juez constitucional pasar a analizar si en el caso concreto se verifica alguna de las las “causales especiales de procedibilidad” de la acción de tutela contra providencias judiciales, que configuren una violación al derecho constitucional al debido proceso. En este caso, concretamente, la accionante alega la existencia de un defecto fáctico en la sentencia proferida por el Juzgado de Familia accionado, al no haber tenido en cuenta el Informe de Medicina Legal que aportó para efectos de demostrar que existía violencia intrafamiliar y que por lo tanto debía ordenarse el desalojo de su ex compañero. Además, 3. Problema jurídico 3.1. Corresponde a la Sala responder la siguiente cuestión: ¿una comisaría de familia y una autoridad judicial incurren en la causal de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial por defecto fáctico, al negarse a conceder una medida de protección de desalojo por violencia intrafamiliar, con fundamento en que hubo agresiones mutuas entre la pareja, omitiendo un informe del Instituto de Medicina Legal que certifica la existencia de riesgo grave en cabeza de la mujer? 3.2. Para resolver el problema jurídico planteado, se analizarán a continuación las siguientes temáticas: (i) la especialísima protección constitucional en cabeza de la accionante; (ii) el compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia contra la mujer; (iii) defecto fáctico, la ausencia de valoración probatoria o su valoración irrazonable en el caso concreto; y (iv) la protección judicial en el contexto de violencia estructural contra la mujer. 4. La especialísima protección constitucional en cabeza de la accionante 4.1. Preliminarmente, debe advertirse que, conforme los parámetros fijados por esta Corporación, en cabeza de la señora Diana Patricia Acosta Perdomo recaen varios factores que la convierten en una persona de especialísima protección constitucional. Al respecto, es necesario tener en cuenta que, en virtud del principio de igualdad material,[33] existe un deber a cargo del Estado tendiente a brindar una protección especial a las personas que “por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellos se comentan”.[34] Una obligación constitucional contenida expresamente en el artículo 13 Superior y soportada en los artículos 40, 43, 44, 45, 46, 47, 50 y 53 de la Constitución Política (los cuales reconocen especiales medidas en materia laboral, educacional, social y de salud a favor de la población más vulnerable). La Corte ha reconocido que, entre los sujetos de especial protección constitucional, se encuentran las mujeres cabeza de familia,[35] las mujeres en estado de gravidez,[36] los niños, niñas y adolescentes,[37] los grupos étnicos,[38] las personas en situación de discapacidad,[39] las personas de la tercera edad[40], entre otros, y ha ordenado la adopción de acciones afirmativas a favor de todos ellos.[41] 4.2. Frente al caso de la señora Acosta Perdomo, debe resaltarse que, además de ser mujer cabeza de familia, ha sido víctima de violencia de género, lo cual la llevó a desplazarse de su domicilio. Tiene a cargo a dos hijos menores de edad, uno de los cuales se encuentra en situación de discapacidad al haber sido diagnosticado con plagiocefalia. En tal sentido, recuérdese que la protección constitucional de la mujer cabeza de familia guarda estrecha relación con los derechos fundamentales de los niños que dependen de ella.[42] Sobran pues razones para considerar que en el caso bajo estudio la accionante se encuentra en estado de indefensión y que, en consecuencia, merece una protección especial de parte del juez de tutela. 5. El compromiso nacional e internacional de erradicar toda forma de violencia y discriminación contra la mujer 5.1. El caso que se analiza en esta oportunidad es un claro ejemplo de violencia ejercida contra una mujer, como producto de una práctica patriarcal ejercida por su condición de mujer y basada en estereotipos de género. 5.2. Reconociendo que la violencia contra la mujer es una realidad social generada como consecuencia de una “manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”,[43] en el plano internacional se han suscrito numerosos instrumentos para hacerle frente. En el sistema de las Naciones Unidas, a partir de 1967, se realizaron una serie de declaraciones y conferencias que pusieron en la agenda mundial la cuestión de la discriminación y la violencia contra la mujer,[44] y que finalmente se concretaron en los compromisos adquiridos con la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (1979),[45] y su Protocolo Facultativo (2005).[46] En el ámbito regional además de la protección general que brinda la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969),[47] se aprobó en 1995 la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer -Convención de Belém do Pará-;[48] instrumento especializado que ha servido para nutrir los sistemas jurídicos del continente a partir de las obligaciones concretas para el Estado en todas sus dimensiones. Asimismo, la Constitución Política, en sus artículos 13 y 43,[49] reconoce el mandato de igualdad ante la ley y prohíbe toda forma de discriminación por razones de sexo, también dispone que la mujer y el hombre gozan de iguales derechos y libertades. Además de las normas dedicadas a generar un marco de igualdad de oportunidades,[50] el Estado colombiano ha desarrollado leyes específicamente destinadas a la prevención y sanción de la violencia contra la mujer; (i) la pionera es la Ley 1257 de 2008 por medio de la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra la mujer; (ii) la Ley 1542 de 2012 fortalece la protección especial, al quitarle el carácter de querellables y desistibles a los delitos de violencia contra la mujer; (iii) finalmente, este marco se complementa con la Ley 1719 de 2015, que adopta medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual.[51] 5.3. En este entendido, la erradicación de toda forma de violencia y discriminación contra la mujer es un compromiso promovido y asumido por Colombia al ratificar los tratados internacionales en mención. El país se ha obligado a condenar “todas las formas de violencia contra la mujer (...), adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”,[52] además de llevar a cabo las siguientes acciones de carácter específico: “a. abstenerse de cualquier acción o práctica de violencia contra la mujer y velar por que las autoridades, sus funcionarios, personal y agentes e instituciones se comporten de conformidad con esta obligación; b. actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer; c. incluir en su legislación interna normas penales, civiles y administrativas, así como las de otra naturaleza que sean necesarias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer y adoptar las medidas administrativas apropiadas que sean del caso; d. adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad o perjudique su propiedad; e. tomar todas las medidas apropiadas, incluyendo medidas de tipo legislativo, para modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, o para modificar prácticas jurídicas o consuetudinarias que respalden la persistencia o la tolerancia de la violencia contra la mujer; f. establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos; g. establecer los mecanismos judiciales y administrativos necesarios para asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo a resarcimiento, reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces; y h. Adoptar las disposiciones legislativas o de otra índole que sean necesarias para hacer efectiva esta Convención.”[53] Como se advierte, Colombia tiene obligaciones concretas y precisas en el contexto del caso de Diana Patricia Acosta Perdomo. 5.4. La Corte Constitucional, en cumplimiento de los mandatos constitucionales y legales, ha reconocido en su jurisprudencia que las mujeres son sujetos de especial protección constitucional debido a que presentan una “(…) situación de desventaja que se ha extendido a todos los ámbitos de la sociedad y especialmente a la familiar, a la educación y al trabajo”.[54] En este sentido, y en el marco de un ámbito investigativo y de juzgamiento de la violencia de género, la Corte ha amparado los derechos fundamentales de este grupo poblacional cuando se ha demostrado que las autoridades de conocimiento han vulnerado el derecho al debido proceso al momento de evaluar la necesidad de brindar medidas de protección por violencia intrafamiliar. 5.4.1. Por ejemplo, en Sentencia T-967 de 2014, la Corte evaluó si los derechos fundamentales de la accionante habían sido conculcados por el juzgado de familia accionado, al no valorar debidamente las pruebas que daban cuenta de la violencia física y psicológica a la que fue sometida junto con sus hijas menores de edad, y que fueron presentadas en el proceso de divorcio.[55] En aquella ocasión se consideró que el juzgado incurrió en defecto fáctico y en vulneración directa de la Constitución Política, al emitir la sentencia bajo argumentos que en ese caso contribuían a perpetuar la violencia y la discriminación contra la mujer. Además se precisó que los hechos de violencia psicológica y doméstica son muy difíciles de probar desde los parámetros convencionales del derecho procesal, por lo que es claro que las víctimas tienen como única posibilidad de protección abrir los espacios de intimidad familiar a sus más allegados; en esa medida, los operadores judiciales deben flexibilizar esas formas de prueba y valorar integralmente todos los indicios de violencia.[56] 5.4.2. Por otra parte, en sentencia T-772 de 2015, esta Corporación se pronunció sobre la vulneración a los derechos fundamentales de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, como consecuencia de la inactividad de la Fiscalía General de la Nación y otras autoridades competentes, frente a las medidas de protección urgentes solicitadas a través de la Defensoría del Pueblo.[57] Al respecto, la Corte se refirió a la relevancia del derecho a un plazo razonable y su relación con el derecho al debido proceso,[58] además indicó que en el caso concreto, el Estado no cumplió con su deber de protección ya que la accionante fue golpeada después de haber denunciado ante las autoridades competentes que su pareja la agredía y de haber solicitado las medidas de protección; lo cual constituye una revictimización.[59] 5.4.3. En Sentencia T-012 de 2016, particularmente relevante para el presente asunto, se puso en consideración de la Corte el caso de una mujer a la que, en el marco de un proceso de divorcio, se le negó el derecho a recibir alimentos por parte de su ex cónyuge con fundamento en que la violencia intrafamiliar que dio lugar a la causal de divorcio, había sido recíproca, conforme las pruebas allegadas al proceso. Se consideró al respecto que el Tribunal accionado incurrió en defecto fáctico al “cercenar” pruebas fehacientes que comprobaron el maltrato constante y prolongado que se ejerció sobre la tutelante”.[60] En efecto, el Tribunal acusado, obviando que existía una sentencia emitida por la justicia penal que condenó al agresor por el delito de violencia intrafamiliar, concluyó que la violencia había sido recíproca entre las partes, sin detenerse a analizar lo que los elementos probatorios evidenciaron.[61] 5.4.4. En Sentencia T-241 de 2016, la Corte se pronunció sobre la vulneración de los derechos fundamentales de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, por el defecto fáctico en el que pudo incurrir el juez accionado, al revocar la decisión adoptada por la Comisaría de Familia consistente en declarar el incumplimiento de la medida de protección que favorecía a la accionante.[62] Frente al asunto se indicó que la autoridad judicial accionada valoró defectuosamente el material probatorio al no darle credibilidad a las consultas psicológicas que se le hicieron a la accionante, y en donde señalaba que era víctima de maltrato psicológico por parte de su cónyuge y se indicaba que el denunciado no había querido asistir a terapia de pareja tal como lo había ordenado la Comisaría de Familia.[63] 5.5. La Corte Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- ha indicado que en los casos de violencia contra la mujer, las obligaciones específicas derivadas de la Convención de Belém do Pará, refuerzan y complementan las obligaciones generales contenidas en los artículos 8 (Garantías Judiciales)[64] y 25 (Protección Judicial)[65] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de manera que “los Estados tienen, además de las obligaciones genéricas (…), una obligación reforzada a partir de la Convención Belém do Pará”.[66] 5.5.1. Concretamente, y en cuanto al mandato contenido en el literal b del 7 de la Convención Belém do Pará –debida diligencia-, es preciso indicar que la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas también lo reconoce en su artículo 4º: “Los Estados (…) deberán: (….) c) Proceder con la debida diligencia a fin de prevenir, investigar y, conforme a la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer, ya se trate de actos perpetrados por el Estado o por particulares”[67]. En este sentido, puede existir responsabilidad estatal por los actos de violencia contra la mujer cometidos por el propio Estado o por los particulares; en la Recomendación General No. 19 adoptada por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer se estableció que “los Estados también pueden ser responsables de actos privados si no adoptan medidas con la diligencia debida para impedir la violación de los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a las víctimas”. 5.5.2. Existen demandas ante la CIDH en contra de los Estados Parte de la Convención por el incumplimiento del deber de debida diligencia, siendo una de las más célebres la que presentó María Da Penha contra Brasil. En aquella oportunidad, y tras comprobarse que en el país existía una clara discriminación contra las mujeres agredidas por la ineficacia de los sistemas judiciales brasileños, la Corte condenó el hecho de que el Estado se hubiere tardado más de quince años en tomar medidas efectivas en contra del agresor, concluyéndose que su impunidad resultaba contraria a la obligación internacional voluntariamente adquirida por el Estado al ratificar la Convención de Belém do Pará.[68] 5.5.3. Sobre el alcance de la obligación de debida diligencia, [69] la CIDH ha precisado que en virtud de la misma, los Estados Parte deben adoptar medidas integrales que permitan la aplicación efectiva de un adecuado marco jurídico de protección además de la implementación de políticas de prevención y prácticas que permitan actuar de manera eficaz ante las denuncias por violencia contra la mujer.[70] 5.6. Así pues, nacional e internacionalmente, se han adoptado una serie de mandatos para la protección de la mujer y prevención de cualquier forma de violencia en su contra. Entre estos mandatos se encuentra la debida diligencia, que los obliga a adoptar medidas integrales en materia jurídica y legal, además de la implementación de políticas de prevención que permitan actuar con eficacia ante las posibles denuncias por violencia contra la mujer. Asimismo, se ha reconocido que los Estados deben responder, no solo por los actos propios de violencia contra la mujer, sino por los actos privados, cuando se demuestre la falta de adopción de medidas con la debida diligencia para prevenirlos o impedirlos. 6. Defecto fáctico, la ausencia de valoración probatoria o su valoración irrazonable en el caso concreto 6.1. Esta Corporación ha precisado que el defecto fáctico se configura cuando el funcionario judicial de conocimiento aplica el derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal, de manera que “resulta evidente que el apoyo probatorio en que se basó el juez para aplicar una determinada norma es absolutamente inadecuado”.[71] 6.1.1. En concreto, dicho defecto se presenta en aquellos casos en los que: (i) el funcionario judicial, a pesar de contar con los elementos probatorios pertinentes, omite considerarlos, no los advierte o simplemente no los tiene en cuenta para efectos de fundamentar la decisión a adoptar y, además, se hace evidente que de haberse realizado su análisis y valoración, la solución del asunto debatido hubiera variado sustancialmente (dimensión negativa); o (ii) el juez, en contra de la evidencia probatoria, decide separarse por completo de los hechos debidamente probados y resolver a su arbitrio el asunto jurídico, o cuando a pesar de existir pruebas ilícitas, no se abstiene de excluirlas y con base en ellas fundamenta su decisión (dimensión positiva).[72] 6.1.2. En Sentencia T-902 de 2005 se aclaró al respecto, que si bien los jueces gozan de un amplio margen valorativo del material probatorio, dicho poder jamás puede ejercerse arbitrariamente, pues la evaluación del acervo probatorio requiere de la adopción de criterios objetivos, racionales y rigurosos.[73] En este sentido, no es cualquier objeción sobre la valoración de las pruebas la que conduce a declarar la existencia de un defecto fáctico, pues la vulneración al derecho al debido proceso sólo se configura cuando lo concluido por el juez sobre la prueba es manifiestamente arbitrario e incorrecto, es decir, cuando se separa de las reglas de la sana crítica. En ausencia de dicha arbitrariedad, la intervención del juez de tutela es inadmisible, pues la acción de tutela “no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia”.[74] 6.1.3. En síntesis, el defecto fáctico tiene una dimensión positiva y una negativa; la primera se da cuando el juez aprecia pruebas determinantes en la resolución del caso, que no ha debido admitir ni valorar, y la segunda ocurre cuando el juez niega o valora pruebas de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración.[75] 6.2. Conforme los lineamientos expuestos, se considera que la Comisaría de Familia Número Dieciséis de Bogotá D.C. y el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. incurrieron en defecto fáctico, pues omitieron valorar el Informe de Medicina Legal aportado por la accionante dentro del proceso, en el cual se concluyó que existía un nivel de riesgo grave en su cabeza teniendo en cuenta “la cronicidad, la frecuencia y la intensidad de las agresiones físicas y verbales que la habían puesto en una situación en la que se hacía imperativo tomar medidas urgentes en aras de proteger la vida de la usuaria”.[76] Así bien, no existían ni existen motivos razonables para que las autoridades accionadas pasaran por alto el informe, el cual desecharon con fundamento en que las agresiones eran mutuas y en que “no fue contrastado con una valoración concomitante practicada al señor JULIAN GIOVANNY ZAMUDIO ESPINOSA, por tanto el mismo fue basado únicamente en las manifestaciones dadas por la quejosa, sin que ese resultado brinde medios para ordenar así el desalojo del señor”.[77] 6.2.1. Al respecto debe precisarse que el deber de debida diligencia de las autoridades encargadas de prevenir y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, implica evaluar los testimonios de las víctimas a la luz de un enfoque de género, evitando toda revictimización. La violencia intrafamiliar, y en particular la violencia contra la mujer, no solo se ejerce en el plano físico sino también en el plano psicológico y moral a través de prácticas que se dirigen a humillar y reducir la confianza de la mujer con el fin de mantener los estereotipos de dominación y abuso del machismo. 6.2.2. En el caso concreto, la víctima fue diligente en entregar su declaración ante el Instituto Colombiano de Medicina Legal. La falta de participación del victimario en el proceso y la no valoración del mismo, no puede servir de excusa a las autoridades para desproteger a la denunciante. La labor del Estado en la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer implica para las autoridades una flexibilización de los procedimientos y del rigor probatorio siguiendo el criterio pro persona, dirigido a hacer efectiva la protección a la mujer frente a todo tipo de violencia. Como se verá a continuación, el hecho de que en una sociedad como la nuestra, en el ámbito de la violencia intrafamiliar, las agresiones entre hombre y mujer sean mutuas, no es motivo suficiente para dejar sin protección a ésta última. 7. La protección judicial en el contexto de violencia estructural contra la mujer 7.1. De conformidad con el último Informe del Instituto Colombiano de Medicina Legal con respecto a las cifras de violencia de pareja en el país, durante el año 2015 se registraron 47.248 casos, siendo la población femenina la más afectada pues de la totalidad de los casos reportados, 40.943 correspondió a violencia contra las mujeres. Se registró que en el 47,27% de los casos, el presunto agresor fue su compañero permanente, y en un 29,33% su excompañero.[78] Llama la atención que la mayor parte de los factores que desencadenaron los hechos violentos, hacen referencia a la intolerancia/machismo.[79] Desde un ámbito regional, la Organización Mundial de la Salud registró que la violencia contra la mujer infligida por el compañero íntimo está generalizada en todos los países de América Latina y el Caribe,[80] y que el porcentaje de mujeres que informaron haber sufrido agresiones por parte de un compañero íntimo es inferior al porcentaje de las que informaron haberlas sufrido “alguna vez”.[81] A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud registró en el año 2016, que alrededor de una de cada tres mujeres (35%) en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de pareja o violencia sexual de terceros en algún momento de su vida.[82] 7.2. En este contexto, debe precisarse que la violencia contra la mujer, -que puede entenderse como “cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el ámbito público o en el privado”-[83] ha alcanzado un nivel estructural en nuestra sociedad, pues ha trascendido del plano individual hacia un plano político, social y económico.[84] La violencia contra la mujer, en el marco de la violencia intrafamiliar, se nutre de una discriminación histórica que asigna unos roles específicos a cada género, en la que predomina una posición dominante del género masculino a través de criterios de apropiación y dominio de la mujer. Esta violencia, que se ejerce tanto desde el ámbito físico como psicológico, pretende resquebrajar la autonomía e independencia de la mujer, y en el marco de los paradigmas y estereotipos, se tolera sin que haya una reacción social o estatal eficaz. Valga aclarar que este fenómeno, no ha sido ajeno a la administración de justicia, pues las decisiones judiciales también han sido fuente de discriminación contra la mujer al confirmar patrones de desigualdad. Para contrarrestar esta situación, la jurisprudencia constitucional ha introducido subreglas sobre cómo deben analizarse los casos que involucren actos o medidas discriminatorias, reiterando la obligación que tienen las autoridades judiciales de abarcar sus casos desde un enfoque diferencial de género. [85] Al respecto, en sentencia T-012 de 2016, se precisó que las autoridades judiciales deben: “(i) desplegar toda actividad investigativa en aras de garantizar los derechos en disputa y la dignidad de las mujeres; (ii) analizar los hechos, las pruebas y las normas con base en interpretaciones sistemáticas de la realidad, de manera que en ese ejercicio hermenéutico se reconozca que las mujeres han sido un grupo tradicionalmente discriminado y como tal, se justifica un trato diferencial; (iii) no tomar decisiones con base en estereotipos de género; (iv) evitar la revictimización de la mujer a la hora de cumplir con sus funciones; reconocer las diferencias entre hombres y mujeres; (v) flexibilizar la carga probatoria en casos de violencia o discriminación, privilegiando los indicios sobre las pruebas directas, cuando estas últimas resulten insuficientes; (vi) considerar el rol transformador o perpetuador de las decisiones judiciales; (vii) efectuar un análisis rígido sobre las actuaciones de quien presuntamente comete la violencia; (viii) evaluar las posibilidades y recursos reales de acceso a trámites judiciales; (ix) analizar las relaciones de poder que afectan la dignidad y autonomía de las mujeres”. [86] 7.3. En este sentido, la existencia de agresiones mutuas entre la pareja, debe leerse a la luz del contexto de violencia estructural contra la mujer. El estereotipo de la mujer débil que no se defiende ante la agresión, es solo otra forma de discriminación. La defensa ejercida por una mujer ante una agresión de género, no puede convertirse en la excusa del Estado para dejar de tomar las medidas adecuadas y eficaces para garantizarle una vida libre de violencia. Las víctimas de violencia de género no pierden su condición de víctimas por reaccionar a la agresión, y tampoco pierde una mujer que se defiende, su condición de sujeto de especial protección constitucional. En virtud de lo anterior, debe tenerse en cuenta que cuando un hombre y una mujer se propician agresiones mutuas, en términos generales, no están en igualdad de condiciones. La violencia contra la mujer está fundada en estereotipos de género que les exige asumir roles específicos en la sociedad, ajenos a la “independencia, dominancia, agresividad, e intelectualidad del hombre” y cercanos a la “emotividad, compasión y sumisión de la mujer”.[87] Y la obligación del Estado es la de adelantar todas las medidas necesarias para contrarrestar la discriminación histórica y estructural que motiva a la violencia de género. 7.4. En concordancia con lo anterior, decide la Sala que el hecho de que el Juzgado accionado hubiere comprobado la existencia de “agresiones mutuas” entre Diana Patricia Acosta Perdomo y Julián Giovanny Zamudio, no era motivo suficiente para negar la medida de protección por ella solicitada, sobre todo si había en el expediente un Informe de Medicina Legal en donde expresamente constaba que existía un nivel de riesgo grave y que irrazonablemente se dejó de lado. En este sentido, se ampararán los derechos fundamentales de la tutelante, se dejará sin efectos la providencia judicial proferida por el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. en el marco de la solicitud de medidas de protección, y se le ordenará proferir una nueva conforme los parámetros expuestos en esta sentencia. 7.5. Adicionalmente, se mantendrán las medidas cautelares adoptadas mediante auto del dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017), pero en los siguientes términos: (i) ordenar al señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa que, se abstenga de retornar, ingresar al domicilio y aproximarse a la tutelante o alguno de sus hijos; (ii) comunicar a la Policía Nacional la adopción de la anterior medida a fin de que garantice su cumplimiento; (iii) ordenar a la Unidad Nacional de Protección adelantar un estudio de riesgo y prestar las medidas de seguridad adecuadas a favor de la accionante; (iv) ordenar a la Secretaría Distrital de la Mujer, a través del Sistema Distrital Integral a Mujeres Víctimas de Violencia -SOFÍA-, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría del Pueblo, que en el marco de sus respectivas competencias, continúen brindando a favor de la accionante y de sus hijos, el acompañamiento médico, psicológico, social y jurídico necesario para el restablecimiento de sus derechos. Se dispondrá que las medidas cautelares estarán vigentes hasta tanto el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. profiera nueva providencia judicial, en el marco de la solicitud de medidas de protección. Por último se aclara que las medidas a adoptar van dirigida únicamente al señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa y no se hacen extensivas a las demás personas que habitan en el inmueble. III. DECISIÓN Una autoridad judicial, o quien ejerza sus veces, vulnera el derecho al debido proceso de una mujer y a la especial protección a la que tiene derecho en un contexto de discriminación como el actual, cuando niega una medida de protección en su integridad (desalojo de la pareja), por haberse defendido durante la agresión. En mérito de lo expuesto, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, administrando justicia, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: Primero.- REVOCAR la sentencia proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016), que confirmó la providencia proferida por la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., el catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016), la cual denegó el amparo constitucional solicitado por Diana Patricia Acosta Perdomo, para en su lugar, AMPARAR los derechos constitucionales a la igualdad, a la integridad personal, a la vida y al debido proceso de la accionante. Segundo.- DEJAR SIN EFECTOS la providencia proferida por el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C., el veinticuatro (24) de febrero de dos mil dieciséis (2016), en el marco de la solicitud de adopción de medidas de protección a favor de la accionante, y ORDENARLE a dicho juzgado proferir una nueva providencia conforme los parámetros expuestos en esta sentencia. Tercero.- MANTENER las medidas cautelares adoptadas mediante auto del dieciocho (18) de enero de dos mil diecisiete (2017), pero en los siguientes términos: (i) ordenar al señor Julián Giovanny Zamudio Espinosa que, se abstenga de retornar, ingresar al domicilio y aproximarse a la tutelante o alguno de sus hijos; (ii) comunicar a la Policía Nacional la adopción de la anterior medida a fin de que garantice su cumplimiento; (iii) ordenar a la Unidad Nacional de Protección adelantar un estudio de riesgo y prestar las medidas de seguridad adecuadas a favor de la accionante; (iv) ordenar a la Secretaría Distrital de la Mujer, a través del Sistema Distrital Integral a Mujeres Víctimas de Violencia -SOFÍA-, así como al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a la Defensoría del Pueblo, que en el marco de sus respectivas competencias, continúen brindando a favor de la accionante y de sus hijos, el acompañamiento médico, psicológico, social y jurídico necesario para el restablecimiento de sus derechos. DISPONER que las medidas cautelares estarán vigentes hasta tanto el Juzgado Veintinueve de Familia de Bogotá D.C. profiera nueva providencia judicial, en el marco de la solicitud de medidas de protección. Cuarto.- LIBRAR las comunicaciones –por la Secretaría General de la Corte Constitucional–, así como DISPONER las notificaciones a las partes –a través del Juez de tutela de primera instancia–, previstas en el artículo 36 del Decreto Ley 2591 de 1991. Cópiese, notifíquese, comuníquese, publíquese y cúmplase. AQUILES ARRIETA GÓMEZ Magistrado (E) ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General [1] El catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016). [2] El veintidós (22) de julio de dos mil dieciséis (2016). [3] Artículos 86 y 241-9. [4] El expediente de la referencia fue seleccionado para su revisión por la Sala Novena de Selección de Tutelas mediante auto del diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciséis (2016), notificado el veintinueve (29) de septiembre de la misma anualidad. [5] Sala de Selección Número Ocho conformada por las Magistradas María Victoria Calle Correa y Gloria Stella Ortíz Delgado. Auto de selección del once (11) de agosto del dos mil dieciséis (2016), notificado el treinta y uno (31) de agosto de dos mil dieciséis (2016). [6] La solicitud fue presentada el día tres (03) de agosto de dos mil quince (2015). [7] Refiere que la última agresión ocurrió el primero (1º) de agosto de dos mil quince (2015), cuando su compañero “la empujó en varias ocasiones contra la pared, el piso y la cama, ocasionándole varias lesiones (equimosis) en los brazos, piernas, espalda, tobillos y manos”, indica que tan gravosa fue la violencia, que la valoración realizada por medicina legal sumó ocho días de incapacidad. [8] En la providencia proferida por la Comisaría accionada, se lee: “Una vez escuchada la intervención de las partes en la presente diligencia, el Despacho observa que ambas relatan en sus declaraciones eventos de violencia intrafamiliar de carácter mutuo, en consecuencia, el despacho a fin de atender el derecho de defensa que le asiste a las partes y con el fin de dar aplicación al principio de economía procesal, el despacho procede a acumular las pretensiones bajo una misma cuerda procesal adquiriendo las partes ambas calidades de accionante y accionado. Si bien es cierto se observa un conflicto no resuelto entre las partes el cual debe ser dirimido ante la Justicia Ordinaria o ante Notario Público para efectos de la correspondiente liquidación de sociedad patrimonial y bienes existentes entre las partes. No obstante, el Despacho no cuenta con elementos probatorios suficientes para determinar la existencia de agresiones que pongan en peligro la humanidad o integridad de la señora DIANA PATRICIA ACOSTA PERDOMO, pues el informe de grupo de valoración del riesgo emanado por el Instituto de Medicina Legal no fue contrastado con una valoración concomitante practicada al señor JULIAN GIOVANNY ZAMUDIO ESPINOSA, por tanto el mismo fue basado únicamente en las manifestaciones dadas por la quejosa, sin que ese resultado brinde medios para ordenar así el desalojo del señor”. [9] En la providencia se resolvió: (i) imponer medida de protección definitiva a favor de los señores Diana Patricia Acosta Perdomo y Julián Giovanny Zamudio Espinosa, consistente en conminación a ambos para que cesen de inmediato de ejercer todo acto de agresión física, verbal o psicológica entre si y menos aún en presencia de los menores de edad; (ii) negar la petición de desalojo del señor Zamudio Espinosa; (iii) prohibir a las pa...