Sentencia T-021 de 2022

T-021-22 Sentencia T-021/22 SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION-Aplicación y alcance de los artículos 322 y 327 del Código General del Proceso (…) el recurso de apelación [de sentencias] debe sustentarse ante el superior en la audiencia de sustentación y fallo, y el efecto de no hacerlo así es la declaratoria de desierto del recurso. ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Elementos para su configuración/TEMERIDAD-Inexistencia para el caso CARENCIA ACTUAL DE OBJETO-No se configura el hecho superado por acatar fallos de tutela ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales de procedibilidad PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD COMO REQUISITO DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Análisis de la solicitud de amparo cuando el proceso judicial se encuentra en curso ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Criterios específicos de procedibilidad SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Trámite AJUSTE JURISPRUDENCIAL A LA INTERPRETACION DEL TRAMITE DEL RECURSO DE APELACION EN EL CODIGO GENERAL DEL PROCESO-Apelante debe sustentar el recurso en la audiencia de sustentación y fallo, la inasistencia conlleva la declaratoria de desierto Referencia: Expedientes T-7.979.363 y T-7.979.412 (acumulados) Acciones de tutela interpuesta por Martha Patricia Barrios Cortina (T-7.979.363) y Elkin Ortega Carranza (T-7.979.412) contra la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla. Magistrado ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil veintidós (2022) La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, y especialmente de las atribuidas por el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, ha proferido el siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES A. LAS DEMANDAS DE TUTELA Expediente T-7.979.363 1. Martha Patricia Barrios Cortina (en adelante "MPBC"), mediante apoderado judicial, presentó la acción buscando la tutela de su derecho al debido proceso, a su juicio vulnerado por el Tribunal Superior de Barranquilla – Sala Segunda Civil – Familia, dentro del trámite de segunda instancia del proceso reivindicatorio/de pertenencia No. 08001315300420130005801 (41.575) en el que ella interviene como demandante ad excludendum. 2. Afirma que la vulneración de sus garantías fundamentales radica en la indebida notificación del auto del 12 de junio de 2019, mediante el cual el Tribunal convocó para el 19 de junio siguiente la audiencia de sustentación y fallo del recurso de apelación que ella y la parte demandada interpusieron contra la sentencia de primera instancia. Manifiesta que dicho proveído se debió notificar por estado del 13 de junio de 2019, y que en esa fecha el dependiente judicial de su apoderado constató que solo había dos estados publicados, en los que no figuraba ningún registro respecto del proceso en cuestión. Agrega que al cabo de unos días su apoderado se percató de que el Tribunal declaró desiertos los recursos por la inasistencia de los apelantes a la audiencia de sustentación, y, tras una investigación, se logró advertir que al dependiente judicial le “escondieron momentáneamente”[1] un tercer estado del 13 de junio de 2019 en el que sí aparecía publicado para notificar el auto del 12 de junio anterior que fijó la fecha para la aludida diligencia. Como consecuencia, solicita se ordene al tribunal accionado programar una nueva fecha para surtir la audiencia de sustentación y fallo. 3. Durante el trámite de impugnación de la sentencia de tutela de primera instancia, la accionante, a través de su apoderado, allegó un escrito de ampliación del objeto del amparo, aduciendo que el Tribunal Superior de Barranquilla – Sala – Civil Familia incurrió en defectos por exceso ritual manifiesto, violación directa de la Constitución y extralimitación de funciones porque, “habiéndose sustentado el recurso de apelación tal como lo establece la norma, no se profirió sentencia de segunda instancia”[2]. Esto, debido a que el 4 de septiembre de 2018, presentó ante el Tribunal un escrito con la sustentación del recurso de apelación contra la sentencia, con lo cual no le era dable a la segunda instancia declararlo desierto por la sola inasistencia del recurrente a la audiencia de sustentación. Como consecuencia, solicita que se declare nulo el auto del 19 de junio de 2019 y, además, que se fije una nueva fecha para surtir la audiencia de sustentación y fallo. Expediente T-7.979.412 4. Elkin Ortega Carranza (en adelante "EOC"), a través de apoderado judicial[3], solicita la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la administración de justicia (artículos 29 y 228 de la Constitución). A su juicio, el tribunal accionado vulneró sus derechos dentro del proceso reivindicatorio/de pertenencia No. 41.575 en el que actúa como demandado, a causa de la indebida notificación del auto del 12 de junio de 2019 mediante el cual se convocó a audiencia de sustentación y fallo para el 19 de junio del mismo año. Como consecuencia, solicita que se revoque el auto que declaró desierta la apelación que él interpuso contra la sentencia de primera instancia por no haberse comparecido a la audiencia de sustentación, y en su lugar se dé trámite a su recurso. 5. Durante el trámite de primera instancia del proceso de amparo, el accionante, por intermedio de su apoderado, allegó un escrito de ampliación de la demanda de tutela, en el que (i) reitera que, en su criterio, la indebida notificación del auto del 12 de junio de 2019 fue producto de maniobras truculentas; (ii) manifiesta que el Tribunal accionado rechazó los incidentes de nulidad que propuso por pérdida de competencia funcional por vencimiento del término para resolver (art. 121 CGP) y por no haber tenido por sustentado el recurso de apelación con el escrito que para tal efecto radicó el 13 de septiembre de 2018; y (iii) relaciona presuntas irregularidades que se habrían cometido dentro del proceso reivindicatorio / de pertenencia, por supuestos vínculos entre la juez que conoció del proceso en primera instancia y la contraparte. B. HECHOS RELEVANTES El proceso reivindicatorio/de pertenencia en el que EOC y MPBC actuaron, respectivamente, como demandado y demandante ad excludendum. 6. El 29 de octubre de 2012 Ingeniería y Asesorías Integrales Inverlyn S.A.S (en adelante "Inverlyn") adquirió un inmueble ubicado en la calle 75 # 57-35 del Barrio El Prado (Barranquilla)[4]. Al momento de la compraventa, EOC ocupaba el inmueble[5]. 7. El 12 de febrero de 2013 Inverlyn presentó demanda reivindicatoria del citado inmueble en contra de EOC, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla. A dicho proceso concurrió MPBC como interviniente ad excludendum, demandando en reconvención la pertenencia del bien. 8. Sentencia de primera instancia en el proceso reivindicatorio: El 7 de junio de 2018 el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla profirió sentencia favorable a las pretensiones de Inverlyn, ordenando la reivindicación del inmueble. 9. La sentencia fue apelada por el demandado y la demandante ad excludendum, argumentando que el inmueble "no se recibió a conformidad", como consta en la escritura, pues EOC ocupaba dicha propiedad[6]. 10. El 24 de septiembre de 2018, la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla admitió la apelación y el 27 de febrero de 2019 resolvió "prorrogar por una sola vez, el término para resolver la instancia (…) hasta por el término de 6 meses más". 11. Providencia objeto de las acciones de tutela que se revisan: En auto del 12 de junio de 2019 el Tribunal accionado fijó fecha y hora para la audiencia de sustentación y fallo. 12. La providencia del 12 de junio de 2019 se notificó por Estado No. 101 del 13 de junio del mismo año[7]. Dicho estado señala en su parte inferior “Número de Registros: 12”, y su octava anotación es del siguiente tenor: Octavo registro del Estado No. 101 del 13 de junio de 2019 de la Secretaría Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla Radicación Clase Demandante Demandado Fecha auto Auto/ anotación Ponente 080013 153004 201300 05801 Apelación sentencia Ingeniería Y Asesorías Integrales Inverlyn S.A.S. Elkin Alfredo Ortega Carranza 12/06/2019 Auto decide- se fija fecha de audiencia de sustentación y fallo para el día 19 de junio de 2019 a las 10:00 AM. Alfredo De Jesús Castilla Torres 13. El 19 de junio de 2019 la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, ante la no concurrencia de los recurrentes, declaró desiertas las apelaciones contra la sentencia del 7 de junio de 2018[8]. 14. A partir de esta decisión, MPBC y EOC presentaron las siguientes peticiones de nulidad ante el Tribunal accionado: (i) Primera petición de nulidad (Código General del Proceso -en adelante, CGP-, Art. 133, núm. 6)[9]: solicitaron la nulidad de la audiencia y decisión del 19 de junio de 2019 que declaró desiertos los recursos de apelación. A su juicio, la no comparecencia a la audiencia no era razón para declarar desiertas las apelaciones cuando estas se sustentaron por escrito en los memoriales del 4 y 13 de septiembre de 2018. (ii) Segunda solicitud de nulidad (GGP, Art. 121)[10]: consideraron que se debe declarar la nulidad de todo lo actuado desde el 23 de febrero de 2019 por "pérdida de competencia funcional", debido a la expiración del término de seis meses previsto para la resolución del recurso. (iii) Tercera solicitud de nulidad (indebida notificación del auto del 12 de junio de 2019)[11]: sostuvieron que el dependiente judicial consultó los estados el 13 de junio de 2019 y que el estado en el que figuraba el proceso reivindicatorio, había sido “escondido” por la Secretaría del Tribunal. 15. La Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla resolvió las solicitudes de nulidad de la siguiente manera: (i) Primera solicitud de nulidad: en auto del 12 de julio de 2019 negó la petición porque no se configura la causal de nulidad invocada -pretermisión de la oportunidad para alegar de conclusión, sustentar un recurso o descorrer su traslado-. Para el tribunal, a los apelantes sí se les concedió el espacio para ello a través de la audiencia del 19 de junio a la que no asistieron. Consideró que lo cuestionado por los solicitantes es que no se tuvieron en cuenta los memoriales que estos presentaron en sustento de su recurso de apelación, pero esta circunstancia no se enmarca en la causal de nulidad invocada. (ii) Segunda y tercera solicitudes de nulidad: resolvió conjuntamente las solicitudes en auto del 11 de octubre de 2019. Negó la segunda solicitud y rechazó de plano la tercera. El Tribunal negó la segunda solicitud (CGP, art. 121), señalando que (i) el proceso reivindicatorio se repartió el 7 de junio de 2018 y el juez de primera instancia asumió competencia el 24 de septiembre de 2018; (ii) los solicitantes actuaron en diversas oportunidades anteriores a la petición de nulidad, sin haber alegado la supuesta pérdida de competencia, pese a que la misma, según lo sostenido por los actores, se configuró desde mucho antes; (iii) no obstante, se dio trámite a la petición de nulidad porque al momento de su presentación, existía jurisprudencia que catalogaba como insaneable la nulidad prevista en el artículo 121 del CGP; (iv) en sentencia C-443 del 25 de septiembre de 2019, la Corte Constitucional precisó que dicha nulidad no opera de pleno derecho, y puede sanearse antes de la sentencia; (v) en la audiencia de sustentación y fallo – 19 de junio de 2019 – se declararon desiertos los recursos como consecuencia de la inasistencia de los accionados; y (vi) las partes “debían haber alegado el vencimiento del término antes de que [se] llevar[a] a cabo la audiencia de sustentación y fallo”[12]. De otra parte, rechazó de plano la tercera solicitud con fundamento en los artículos 135 y 136.1 del CGP, ya que la presunta indebida notificación debió alegarse en el primer memorial que cada solicitante presentó después del auto del 12 de junio de 2019, lo cual ocurrió el 5 y 8 de julio, y no esperar hasta los memoriales del 29 y 30 del mismo mes para alegarla. 16. EOC y MPBC presentaron recursos de súplica contra la decisión del 12 de junio de 2019 y del 11 de octubre de 2019. Al resolver los recursos de súplica, el Tribunal Superior de Barranquilla confirmó las respectivas decisiones. En estos términos, en auto del 4 septiembre de 2019 se confirmó la negación de la primera causal de nulidad (ver supra numeral 14) y el auto del 29 de enero de 2020[13] confirmó la negación de la segunda solicitud y el rechazo de plano de la tercera solicitud de nulidad (ibídem). 17. Paralelo a las solicitudes de nulidad, mientras se resolvían los recursos de súplica, el demandado y la demandante ad excludendum, presentaron acciones de tutela. Pretendían "una nueva fijación de estado a fin de notificar a las partes para audiencia de alegatos y fallo". Tanto la tutela presentada por MPBC[14] como la presentada por EOC[15] fueron negadas por la Corte Suprema de Justicia. C. RESPUESTA DE LAS ENTIDADES ACCIONADAS Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, Sala Civil – Familia 18. Expediente: T-7.979.363: Recalcó que se trata de la tercera acción de tutela con relación a los recursos declarados desiertos el 19 de junio de 2019. Señaló que las notificaciones por estado previstas en el CGP "cumplen su función de poner en conocimiento de las partes la existencia de las providencias", y que la alegada irregularidad en la elaboración del estado no fue planteada en los dos primeros incidentes de nulidad propuestos por los accionantes. Reiteró que los múltiples memoriales de nulidad y recursos de súplica “han impedido que el expediente haya regresado al Juzgado de origen” y solicita aplicar el criterio jurisprudencial de que “no es posible esta[r] presentando sucesivamente varios memoriales de petición de nulidad cuando los hechos que sustentan los posteriores son anteriores o previos al primer memorial, puesto que la omisión de alegarlos en el primero [de los memoriales de nulidad] los subsana”.[16] 19. Expediente: T-7.979.412: Señaló que “es la cuarta acción de tutela que se interpone por parte de los señores Martha Barrios y Elkin Ortega Carranza, en contra de las actuaciones surtidas por esta [c]orporación luego de la celebración de la audiencia de sustentación y fallo del 19 de junio de 2019”[17], y reiteró los mismos argumentos presentados en su respuesta a la acción de tutela tramitada en el expediente T-7.979.363. Inverlyn 20. Expediente T-7.979.363: Solicitó negar el amparo y allegó un escrito de tutela con identidad de hechos y pretensiones al presentado en el marco del expediente T-7.979.412 (ver fundamento siguiente). 21. Expediente: T-7.979.412: Señaló que el tutelante carece de legitimación por pasiva pues “vendió los derechos de posesión”[18] mediante escritura pública Nº 2894 del 25 de septiembre de 2014, por lo cual carece de interés en el proceso. Trae a colación la sentencia del 7 de noviembre de 2019 proferida por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia para señalar que no es la primera tutela que se presenta a partir de los mismos hechos. Defensoría del Pueblo 22. Expediente T-7.979.363: Señaló que no existe registro de la solicitud de servicio de asesoría, coadyuvancia, intervención o representación judicial o extrajudicial, a nombre de MPBC. Por lo tanto, solicita ser desvinculada del trámite. D. DECISIONES JUDICIALES OBJETO DE REVISIÓN Expediente T-7.979.363 Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, el 19 de febrero de 2020 23. Actuando como juez de primera instancia, esa corporación negó el amparo. A su juicio, no se advierte vulneración a un derecho fundamental, pues (i) se aplicó seria y razonablemente el artículo 135 del CGP y, con ello, la autoridad judicial rechazó de plano la solicitud de nulidad infundada en las causales provistas para ello; y (ii) la tutelante no puede anteponer su propio criterio al de la colegiatura accionada vía tutela. La sentencia fue impugnada dentro del término sin motivar el recurso. Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 22 de abril de 2020 24. En este proveído se revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar, se dejó sin efectos la decisión proferida por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, puesto que “si el recurso de apelación se sustentó en debida forma ante el a quo, el juez de alzada debe estudiarlo y tramitarlo, lo que de suyo implica que la inasistencia del recurrente a la audiencia de sustentación y fallo de segunda instancia, no es óbice para declarar desierto el mecanismo ordinario precitado, si ante el juez de primer grado efectivamente se alegaron y fundamentaron las razones de inconformidad con la providencia apelada”[19]. Descartó la nulidad por indebida notificación, pues los estados físicos emitidos por la Secretaría de la autoridad judicial accionada tienen las anotaciones completas frente a la identificación del proceso, y frente a la audiencia de sustentación y fallo. Expediente: T-7.979.412 Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria, el 28 de febrero de 2020 25. El juez de primera instancia negó el amparo indicando que la actuación de los demandantes saneó la nulidad alegada, en los términos del artículo 135 del CGP, y, como resultado, no hay vulneración al debido proceso. En particular, señaló que se sanea la nulidad pues "la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó sin proponerla" (numeral 1º del artículo 135 del CGP). Finalmente, señaló que sin una violación al debido proceso los jueces de tutela están vedados para reabrir debates zanjados por la jurisdicción competente. La sentencia fue impugnada dentro del término sin motivar el recurso. Sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, el 15 de abril de 2020 26. El juez de segunda instancia confirmó la decisión que negó el amparo. No obstante, reiterando jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia[20], señaló que la presentación de los motivos que soportan la apelación con anterioridad a la audiencia de sustentación y fallo es suficiente para entender como debidamente fundamentado el recurso[21], sin embargo, consideró que en el presente caso no obra prueba en el expediente sobre la presentación oportuna de la apelación, en forma verbal o escrita. Frente a las nulidades, señaló que las autoridades judiciales actuaron conforme a derecho, y en los términos del inciso final del artículo 135 y en el numeral 1° del artículo 136 del [CGP], que en su orden indican: el “Juez rechazará de plano la nulidad» que se «proponga después de saneada”, y que «la nulidad se entenderá saneada», entre otros eventos, cuando “la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actúo sin proponerla”, como aconteció en el asunto estudiado. E. ACTUACIONES ADELANTADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONAL 27. En auto del 30 de noviembre de 2020, la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de la Corte Constitucional eligió para revisión los expedientes T-7.979.412 y T-7.979.363. En la misma decisión, dichos expedientes fueron acumulados y repartidos a la sala de revisión presidida por el magistrado Alejandro Linares Cantillo. 28. En auto del 2° de marzo de 2021, en virtud del artículo 64 del Reglamento de la Corte Constitucional, el magistrado sustanciador decidió practicar pruebas y, en virtud de ello, ofició a la Sala Civil del Tribunal Superior de Barranquilla y al Juzgado 3 Civil del Circuito de Barranquilla, para que: (i) informaran del estado actual del proceso reivindicatorio promovido por Inverlyn contra EOC, (ii) remitieran copia digital del proceso de referencia; y (iii) certificaran que la copia digital del expediente respectivo tiene la totalidad de las piezas procesales que obran en el expediente físico. 29. La Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla señaló que el proceso reivindicatorio de pertenencia “[e]stá formalmente terminado, puesto que se profirió sentencia de segunda instancia el 6 de noviembre de 2020, sin que se hubiera puesto recurso de casación en contra de la misma” [22]. Añadió que el tribunal “[n]o [tiene] conocimiento de cuál, de todas las acciones de tutela de estas dos personas [refiriéndose a EOC y MPBC] es la que la Corte Constitucional está analizando, se les informa que, por la segunda instancia de este proceso, se instauraron siete u ocho acciones por las dos personas antes mencionadas”[23]. 30. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Barranquilla señaló que el proceso reivindicatorio de pertenencia está “con sentencia de primera y segunda instancia ejecutoriada, liquidación de costas aprobada”[24] y adjuntó la certificación de la secretaría del juzgado que da cuenta sobre la remisión de la totalidad de las piezas procesales que obran en el expediente físico. II. CONSIDERACIONES A. COMPETENCIA 31. La Sala Tercera de Revisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241 numeral 9 de la Constitución Política, los artículos 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991, así como en virtud del auto del 30 de noviembre de 2020, expedido por la Sala de Selección de Tutelas Número Seis de esta Corte, que decidió someter a revisión las decisiones adoptadas por los jueces de instancia. B. PRIMERA CUESTIÓN PREVIA – VERIFICACIÓN DE POSIBLE SITUACIÓN DE TEMERIDAD 32. La jurisprudencia constitucional ha señalado que existe actuación temeraria cuando (i) el accionante actúa de mala fe[25]; y/o (ii) cuando el demandante interpone la tutela de manera desmedida, por los mismos hechos, sin esgrimir una justificación razonable que justifique dicho actuar. También ha precisado que la temeridad se configura con la presencia conjunta de cuatro elementos: (i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del accionante[26]. 33. En este orden de ideas, ha dicho esta corporación que detrás de un actuar temerario existe un propósito desleal de satisfacer el interés subjetivo del actor a como dé lugar. Esta actitud deja al descubierto “el abuso del derecho porque deliberadamente y sin tener razón, de mala fe se instaura la acción, o pretende a través de personas inescrupulosas asaltar de buena fe de quien administra justicia”[27]. 34. En el presente caso, el Tribunal Superior de Barranquilla alegó que los accionantes ya habían promovido acciones de tutela previas en su contra, por los mismos hechos que ahora ocupan la atención de la Sala de Revisión. En la contestación de la demanda de tutela instaurada por MPBC, el tribunal accionado indicó que era la tercera vez que la accionante acudía al amparo[28], mientras que en la contestación de la demanda de tutela de EOC, afirmó que era la cuarta demanda[29]. Posteriormente, en sede de revisión, dicha autoridad sostuvo que fueron siete u ocho acciones de tutela las formuladas por los accionantes con ocasión del trámite de segunda instancia del proceso judicial en cuestión[30]. No obstante, dicha corporación solo puso de presente la siguiente información concreta, a partir de la cual se efectuará el correspondiente análisis de temeridad[31]: Procesos de tutela promovidos por los accionantes contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla Proceso Observaciones 110010203000000201903625 Partes: EOC contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. Hechos: De acuerdo con la reseña de antecedentes contenida en la sentencia de tutela de primera instancia[32], el accionante cuestionó (i) la indebida notificación del auto que convocó a la audiencia de sustentación del recurso de apelación; (ii) la declaratoria de desierto de este último por la inasistencia de los recurrentes a la audiencia pese a que por escrito se había sustentado la alzada; u (iii) la pérdida de competencia funcional del tribunal accionado para el momento en que declaró desierto el recurso de apelación. Pretensiones: revocar el auto que declaró desierto el recurso de apelación y ordenar se profiera sentencia de segunda instancia. 110010203000000201903812 Partes: MPBC contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla. Hechos: De acuerdo con la reseña de antecedentes contenida en la sentencia de tutela de primera instancia[33], la accionante censuró a través del amparo (i) la declaratoria de desierto del recurso de apelación por la inasistencia de los recurrentes a la audiencia de sustentación pese a que por escrito se había sustentado la alzada; y (ii) el rechazo de las solicitudes de nulidad que presentó durante el proceso. Pretensiones: revocar el auto que declaró desierto el recurso de apelación, ordenar la fijación de nueva fecha para audiencia de alegados y fallo y proferir sentencia de segunda instancia, y disponer “el cambio de magistrado en el proceso referenciado por existir irregularidades”. 11001020300020200040300 Corresponde al expediente No. T-7.979.363 objeto de revisión dentro del presente trámite. Ver supra numerales 1 a 3. 11001020300020200048800 Corresponde al expediente No. T-7.979.412 objeto de revisión dentro del presente trámite. Ver supra numerales 4 y 5. 35. Con respecto a la accionante MPBC, corresponde establecer si la acción de tutela promovida dentro del proceso 11001020300020200040300 (Expediente T-7.979.363) resulta temeraria, por existir identidad de partes, hechos y pretensiones con aquella formulada previamente dentro del proceso 110010203000000201903812. Al respecto, observa la Sala que en ambos procesos fungieron MPBC como accionante y la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla como accionada, y que las dos acciones de amparo se originaron en el trámite de segunda instancia del proceso reivindicatorio/de pertenencia No. 08001315300420130005801 (41.575). No obstante, no hay identidad de pretensiones, porque en la primera acción de tutela la actora solicitó también el relevo del magistrado que preside la sala de decisión encargada del trámite de segunda instancia del proceso ordinario. 36. Además, para el momento en que se presentó la primera demanda de tutela 110010203000000201903812, aún estaba pendiente de resolverse el recurso de súplica que la actora había formulado en contra del auto del 11 de octubre de 2019 mediante el cual el tribunal accionado rechazó la nulidad que aquella propuso, razón por la cual el juez de tutela de ese entonces resolvió “negar” el amparo deprecado[34]. Dicho recurso fue resuelto por la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla mediante auto del 29 de enero de 2020, que confirmó la negación de la segunda solicitud de nulidad y el rechazo de plano de la tercera petición de nulidad. Se trata, por tanto, de un hecho procesal relevante que ocurrió con posterioridad al primer proceso de tutela[35], y que, por tanto, diferencia la situación fáctica examinada en ese entonces, de la que aquí será objeto de análisis. 37. En lo que concierne al accionante EOC, es preciso determinar si la demanda de tutela que aquí se revisa (11001020300020200048800) resulta temeraria frente a la que previamente había promovido el mismo accionante también contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla (110010203000000201903625). Aunque ambas demandas de tutela presentan identidad de partes y se originan en el mismo proceso ordinario, no se configura la temeridad porque en esta segunda tutela el accionante añadió nuevos hechos derivados de las presuntas irregularidades por supuestos vínculos entre la juez que conoció en primera instancia del proceso ordinario y la parte demandante. 38. Adicionalmente, para la época en que fue presentada y fallada la primera demanda de tutela, estaba pendiente de resolverse por el tribunal accionado el recurso de súplica que el actor formuló en contra del auto del 11 de octubre de 2019, mediante el cual se desestimaron las peticiones de nulidad que presentó, entre otras razones, por la declaratoria como desierto del recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia proferida dentro del proceso ordinario. Esta situación, que constituyó uno de los motivos que tuvo el juez constitucional que conoció de la primera demanda de tutela para negarla[36], no es idéntica a la que ahora ocupa la atención de la Sala, toda vez que para la fecha en que se instauró la segunda acción de amparo[37], el tribunal accionado ya había proferido el auto del 29 de enero de 2020 que confirmó el rechazo de las nulidades planteadas por el accionante dentro del proceso ordinario. 39. Esta actuación judicial nueva, sin duda, es una providencia con capacidad de incidir en los derechos de las partes procesales, y, en esa medida, descarta la temeridad, pues, en estricto sentido no es posible hablar de identidad de hechos entre las acciones de tutela presentadas por los accionantes con anterioridad, y las que ahora se revisan. C. SEGUNDA CUESTIÓN PREVIA – AUSENCIA DE CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR HECHO SUPERADO 40. A partir de la información y documentación remitida por la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla y el Juzgado 3° Civil del Circuito de la misma ciudad, la Sala observa lo siguiente: (i) En cumplimiento de la orden de tutela impartida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia dentro del expediente T-7.979.363, el 6 de noviembre de 2020 la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla profirió sentencia de segunda instancia dentro del proceso 41.575[38]. (ii) Aunque la orden de tutela sólo se encaminaba a que el tribunal accionado se pronunciase respecto de la apelación de MPBC, este resolvió también el recurso interpuesto por EOC. En la citada sentencia del 6 de noviembre de 2020, el tribunal decidió confirmar la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 3° Civil del Circuito de Barranquilla el 7 de junio de 2018, y condenar en costas a los apelantes[39]. (iii) En comunicación electrónica del 5 de abril de 2021, el Juzgado 3° Civil del Circuito de Barranquilla reportó el estado actual del proceso reivindicatorio No. 08001315300420130005801 (que en segunda instancia se identificó con el radicado 41.575) promovido por Inverlyn contra EOC, así: “Proceso con sentencia de primera y segunda instancia ejecutoriada, liquidación de costas aprobadas, pendiente resolver solicitud de despacho comisorio radicada por el demandante para el cumplimiento de la sentencia”[40]. 41. El hecho de que para este momento ya se encuentren satisfechas las pretensiones de los accionantes en cuanto a que el tribunal accionado se pronunciara de fondo respecto de sus recursos de apelación no configura en el presente caso una carencia actual de objeto por hecho superado que inhiba a la Corte de pronunciarse, ya que tal resolución no fue por iniciativa propia de la autoridad demandada, sino en cumplimiento de una orden de tutela. Al respecto, la corporación ha considerado que el hecho superado ocurre cuando se verifica que “(i) efectivamente se ha satisfecho por completo lo que se pretendía mediante la acción de tutela[41]; (ii) y que la entidad demandada haya actuado (o cesado en su accionar) a motu propio, es decir, voluntariamente”[42]. Por consiguiente, encuentra la Sala procedente proseguir con el análisis del asunto sometido a consideración. D. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL 42. A la luz del artículo 86 de la Constitución Política, los artículos 5° y 6° del Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional sobre la materia[43], la acción de tutela tiene un carácter residual y subsidiario. En consecuencia, procede como mecanismo de protección definitivo (i) cuando el presunto afectado no disponga de otro medio de defensa judicial; o (ii) cuando existiendo ese medio, carezca de idoneidad o eficacia para proteger de forma adecuada, oportuna e integral los derechos fundamentales, a la luz de las circunstancias del caso concreto. Además, procederá como mecanismo transitorio cuando se interponga para evitar la consumación de un perjuicio irremediable en un derecho fundamental. 43. Ahora bien, cuando se atribuye a una providencia judicial la vulneración de los derechos fundamentales, la Corte Constitucional ha señalado que por regla general la tutela no procede para controvertir las decisiones de los jueces, porque estas se fundamentan en los principios de cosa juzgada, independencia y autonomía judicial y seguridad jurídica, gozan de presunción de acierto y legalidad, y deben ser cuestionadas a través de los mecanismos ordinarios previstos al interior del proceso correspondiente. Sin embargo, la Corte también ha admitido de manera excepcional la acción de tutela contra providencias judiciales, siempre y cuando se satisfagan las causales genéricas y específicas de procedibilidad que para estos efectos fijó la sentencia C-590 de 2005. En estos escenarios excepcionales, el análisis de procedencia va más allá de probar los requisitos de legitimación, inmediatez y subsidiariedad. 44. La Corte ha establecido seis condiciones que deben ser acreditadas concurrentemente para que proceda la acción de tutela contra providencia, a saber: (i) la relevancia constitucional del asunto; (ii) el agotamiento de los medios de defensa judiciales al alcance[44]- subsidiariedad; (iii) la inmediatez entre el momento de la vulneración y la instauración del amparo; (iv) si se trata de una irregularidad procesal, que la misma sea decisiva en el proceso y de tal entidad que afecta los derechos fundamentales del tutelante; (v) que se identifiquen, de manera razonable, los hechos que generaron la vulneración de derechos fundamentales; y (vi) que no se trate de una tutela contra otra tutela. Este conjunto ha sido denominado por la jurisprudencia como los requisitos generales de procedencia. 45. Por ser relevante para el asunto en cuestión, cabe resaltar que el carácter subsidiario de la acción de tutela implica que su procedencia está supeditada a que el accionante haya cumplido con su deber de agotar todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en la ley procesal[45], antes de acudir al amparo. Con ello, se evidencia el pleno ejercicio del derecho de defensa en sede de la jurisdicción ordinaria y, como consecuencia, la corresponsabilidad del tutelante para con la protección de sus derechos fundamentales. Además, el agotamiento de los medios ordinarios de defensa es muestra del ejercicio legítimo de la acción de tutela y no de su interposición para revivir, por ejemplo, cargas procesales no ejercidas o términos precluidos. E. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA EN EL CASO CONCRETO 46. Se debe recordar que, con la instauración del amparo, los accionantes pretenden primordialmente que se fije nuevamente fecha para la audiencia de sustentación del recurso de apelación y fallo prevista en el artículo 327 del CGP, lo que de suyo implicaría dejar sin efectos el auto del 19 de junio de 2019, mediante el cual el Tribunal accionado declaró desierto el recurso de apelación que estos interpusieron contra la sentencia proferida por el Juzgado 3° Civil del Circuito de Barranquilla el 7 de junio de 2018 dentro del proceso No. 41.575, debido a la no asistencia de los recurrentes a la audiencia de sustentación. Lo anterior, según exponen los respectivos escritos de tutela, a partir de una alegada notificación indebida del Estado del 13 de junio de 2019 (ver supra, numerales 1 y 2). 47. Adicionalmente, en ambos procesos de tutela los accionantes allegaron sendos memoriales en los que también alegaron una violación del debido proceso debido a la negativa del Tribunal accionado a tener como sustentado el mencionado recurso de apelación, con los escritos que presentaron en septiembre de 2018 con dicho propósito[46]. Adujeron que, en su criterio, el artículo 322 del CGP así lo permite. Esto llevó a que, en las sentencias de tutela de segunda instancia de ambos expedientes, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se pronunciara, además de la pretensión inicial de la demanda de tutela, sobre la procedencia o no de tener por sustentado el recurso de apelación. 48. Dentro del Expediente T-7.979.363 (ver supra, numeral 24) ese alto tribunal abordó la validez del recurso de apelación en la forma escrita, ya que los accionantes, dentro del proceso reivindicatorio, alegaron que el Tribunal accionado debía tener por sustentados los recursos con los escritos que aquellos radicaron en septiembre de 2018, lo cual, a su juicio, tornaba en intrascendente la asistencia o no a la audiencia de sustentación para efectos de proferir el fallo de segunda instancia. Por tal motivo, accedió al amparo y ordenó a la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla resolver el recurso de apelación. 49. En el marco del Expediente T- 7.979.412 (ver supra, numeral 26), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que si el recurso de apelación se sustenta por escrito antes de la audiencia de sustentación de que trata el artículo 322 del CGP, no debe declararse desierto por la no asistencia del recurrente a dicha diligencia. Sin embargo, consideró que para el caso concreto no existía prueba alguna sobre la presentación por escrito de la sustentación del recurso, “y sin que para ello pueda darse valor al escrito radicado el 13 de septiembre de 2018 en la Secretaría de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Barranquilla (folios 15 a 24), con el cual pretendió el actor fundamentar la alzada ante el superior, pues resulta abiertamente extemporáneo, toda vez que se aportó transcurridos más de tres días de emitida la sentencia por el a quo (7 de junio de 2018 – 13 de septiembre de 2018)”[47]. 50. Por último, el accionante EOC también mencionó la pérdida de competencia funcional del Tribunal accionado por no haber resuelto la segunda instancia dentro del término de 6 meses establecido en el artículo 121 del CGP, así como unas presuntas irregularidades derivadas de posibles vínculos entre la juez de primera instancia y la parte demandante dentro del proceso reivindicatorio / de pertenencia. 51. Teniendo en cuenta lo planteado por los accionantes en las demandas de tutela que se revisan, así como los análisis en materia del recurso de apelación realizados por las segundas instancias de ambos procesos, la Sala constatará, en primer término, si se satisfacen los requisitos generales de procedencia del amparo. Verificación de los requisitos generales de procedencia 52. Existe legitimación en la causa, tanto por activa como por pasiva. Por un lado, los accionantes MPBC y EOC son los titulares de las garantías que aducen vulneradas, y actúan a través de profesionales del derecho debidamente facultados, mediante poder especial[48]- para promover el amparo a su nombre. Por el otro, la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla es una autoridad pública que profirió la decisión que se acusa de ser violatoria de los derechos de los actores. 53. Los casos objeto de revisión tienen relevancia constitucional. Los accionantes sostienen que se les vedó una oportunidad procesal a partir de una notificación, según alegan, defectuosa, y de una postura formalista que prefirió tener como no sustentados los recursos de apelación debido a la no comparecencia de los recurrentes a la audiencia de alegatos, pese a que previamente se habían presentado los motivos de inconformidad por escrito. También alegan la falta de competencia del tribunal que actuó como segunda instancia, y de imparcialidad de la juez que conoció el proceso en primera instancia. Tales acusaciones, de llegar a ser ciertas, no solo afectarían la eficacia de los mecanismos de defensa que la legislación prevé en favor de los accionantes como sujetos procesales dentro de una actuación jurisdiccional, sino que también comprometería la eficacia de sus derechos fundamentales al debido proceso -art. 29 de la Constitución-, a la doble instancia -art. 31, ibid.- y al acceso a la administración de justicia -art. 229 ibid.-. En tales términos, el asunto puesto de presente no es de mera legalidad, sino también de naturaleza constitucional que podría repercutir en garantías de orden superior[49]. 54. Las demandas de tutela cumplen el requisito de inmediatez, pues fueron interpuestas en un término razonable[50]. Estas se presentaron el 7 (Expediente T-7.979.363)[51] y el 11 de febrero de 2020 (Expediente T-7.979.412)[52], esto es, dentro del mes siguiente al auto del 29 de enero de 2020 por medio del cual la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla resolvió la súplica presentada por los accionantes contra el auto del 11 de octubre de 2019, que a su vez rechazó las peticiones de nulidad propuestas por los actores dentro del proceso con ocasión de la declaratoria como desiertos de los recursos de apelación que aquellos formularon contra la sentencia de primera instancia dentro del proceso reivindicatorio/de pertenencia. 55. De otra parte, los actores identifican razonablemente los hechos que dieron lugar a la presunta situación de vulneración, y las garantías fundamentales que se, en su criterio, se vieron afectadas. Además, no se trata de una tutela contra tutela. 56. Ahora bien, frente a la subsidiariedad, por tratarse de una tutela contra providencia judicial, la Sala debe recordar que el requisito supone que el tutelante agote, de manera diligente, los mecanismos de defensa judiciales que estén a su disposición, cuando ellos sean idóneos y efectivos para la protección de los derechos que se consideran vulnerados o amenazados[53]. Esto debe ser evaluado según los hechos del caso concreto, pues situaciones individuales como la condición de sujeto de especial protección constitucional y la condición de debilidad manifiesta, plantean un “examen de procedencia de la tutela (…) menos estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos”[54]. 57. A la luz del principio de subsidiariedad, la tutela no puede ser un medio de defensa judicial alternativo o supletorio de los mecanismos ordinarios previstos por el Legislador para el amparo de los derechos. En términos de esta corte, a través de la tutela “no es admisible la pretensión orientada a revivir términos concluidos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o inactividad injustificada del actor. [Tampoco se permite] el ejercicio de la acción de tutela como el último recurso de defensa judicial o como una instancia adicional para proteger los derechos presuntamente vulnerados”[55]. Bajo este panorama, la tutela no se considera una instancia más en el trámite ordinario, ni un mecanismo de defensa que reemplaza los establecidos por el Legislador, y tampoco sirve como “camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes o para corregir oportunidades vencidas en los procesos jurisdiccionales ordinarios”[56]. Por ello, la jurisprudencia de este tribunal ha reconocido que le corresponde al juez constitucional ser "particularmente exigente frente a este requisito”[57]. 58. En el presente caso, y específicamente con relación a la supuesta indebida notificación del auto del 12 de junio de 2019 que fijó para el 19 de junio del mismo año la audiencia de sustentación del recurso de apelación, no se satisface el requisito de subsidiariedad por dos razones. Primero, porque dentro del proceso reivindicatorio/de pertenencia los accionantes, con la tercera solicitud de nulidad (ver supra, numeral 14), plantearon la indebida notificación del auto del 12 de junio de 2019, y dicha petición se resolvió negativamente en el auto del 11 de octubre de 2019, confirmado por el auto del 29 de enero de 2020. De ese modo, la alegación se surtió a cabalidad, y en observancia del debido proceso, pues el juez natural dictaminó, en aplicación de los artículos 135 y 136 del CGP, que la posible irregularidad quedó saneada por cuanto los solicitantes actuaron dentro del proceso después de ocurrida la presunta nulidad sin haberla propuesto. Específicamente, adujo el tribunal accionado en el auto del 11 de octubre de 2019 que “frente a la última y tercera solicitud de nulidad presentada por los recurrentes, con base en la afirmación de que la notificación por Estado del auto del 12 de junio de 2019 fue efectuada de manera defectuosa e irregular, debe indicarse lo mismo que ella debió ser igualmente alegada en el primer memorial posterior a esa fecha (5 y 8 de julio) y no esperar hasta los memoriales de 29 y 30 de dicho mes”[58]. A su turno, en el auto del 29 de enero de 2020 la corporación accionada se pronunció en los siguientes términos: “Alega la parte demandante, que se incurrió en causal de nulidad de indebida notificación del auto de fecha Junio 12 de 2019, y para su estudio, es necesario determinar en primer lugar si ésta se encuentra saneada, y al respecto, se tiene, que los demandantes actuaron dentro del proceso sin proponerla, con lo cual se encuentra saneada en caso de haberse configurado, actuaciones que se realizaron antes de invocar la causal de nulidad antes señalada, así: // El señor ELKIN ORTEGA CARRANZA, presentó memoriales de fecha 5 de julio de 2019 y 18 de Julio de 2019. // La señora MARTHA PATRICIA BARRIOS CORTINA, presentó memoriales de fecha 8 de Julio de 2019, 11 de Julio de 2019, 16 de Julio de 2019 y 17 de Julio de 2019, razón suficiente para rechazar de plano el incidente de nulidad planteado, al haberse convalidado la actuación, por parte de los demandantes, tal y como lo dispone el inciso 4° del artículo 135 del C.G.P.”[59]. 59. De este modo, a esta Sala le corresponde respetar la presunción de acierto y legalidad de los autos del 11 de octubre de 2019 y del 29 de enero de 2020, dado que los accionantes no precisan de qué manera la argumentación que fundamenta tales proveídos resulte violatoria de su debido proceso. En este sentido, durante los procesos de tutela, los actores se limitaron a reiterar que, en su criterio, existió una indebida notificación del auto del 12 de junio de 2019, pero no señalaron en qué defecto incurrieron los autos que consideraron que tal irregularidad había quedado saneada, ni pusieron de presente una situación que le permita al juez de tutela inferir tal yerro o violación. Se insiste, la acción de tutela no puede ser el medio que conduzca a reabrir debates debidamente concluidos, y con el lleno de las etapas procesales correctamente agotadas, pues, en instancia del proceso ordinario quedaron zanjados dichos puntos de controversia. 60. Segundo, los tutelantes actuaron en el proceso reivindicatorio/de pertenencia con posterioridad a la providencia del 19 de junio de 2019, sin alegar la presunta irregularidad en la notificación (ver supra, numeral 14). Así las cosas, en ambos expedientes hay más de un memorial anterior a la tercera solicitud de nulidad[60] – oportunidad donde el demandado y la demandante ad excludendum invocaron la indebida notificación –, con lo cual, la supuesta nulidad quedó saneada. Al respecto, el artículo 135 del CGP establece que “[n]o podrá alegar la nulidad quien (…) después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla”, mientras que el artículo 133.8 del CGP establece que cuando se ha dejado de notificar una providencia diferente al auto admisorio o el mandamiento de pago, esta situación puede acarrear nulidad, “salvo que se haya saneado en la forma establecida en este Código”, es decir, “[c]uando la parte que podía alegarla (…) actuó sin proponerla” (CGP, art. 136, núm. 1). 61. Superar el requisito de subsidiariedad, en el escenario descrito, supondría aceptar la acción de tutela como un medio para revivir etapas del proceso que las partes dejaron precluir. En términos de la jurisprudencia constitucional: "no es admisible la pretensión orientada a revivir términos concluidos u oportunidades procesales vencidas por la negligencia o inactividad injustificada del actor"[61]. 62. Por otro lado, la falta de subsidiariedad también debe predicarse de la supuesta pérdida de competencia del Tribunal accionado por haber expirado el término para resolver previsto en el artículo 121 del CGP. Dentro del proceso los accionantes plantearon nulidad por esta circunstancia, la cual fue negada mediante auto del 11 de octubre de 2019, confirmado en auto del 20 de enero de 2020, sin que aquí precisen en qué consistió el supuesto yerro en el que habría incurrido el tribunal con esta determinación. Similar ocurre con los supuestos conflictos de interés que el accionante EOC atribuye a la juez que conoció de primera instancia, los cuales debieron dirimirse dentro del proceso por medio del trámite de recusaciones regulado en los artículos 141 y siguientes del CGP, y no a través del amparo constitucional. 63. Ahora bien, dentro del proceso ordinario los aquí accionantes también buscaron que, ante la no asistencia a la audiencia de sustentación y fallo convocada para el 19 de junio de 2018, el Tribunal tuviera por sustentados los recursos de apelación contra la sentencia de primera instancia con los escritos que aquellos radicaron ante la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla en septiembre de 2018[62]. En este sentido, en julio de 2019[63] solicitaron la nulidad del auto del 19 de junio de 2019 que declaró desiertos los recursos de apelación por no haber comparecido los recurrentes a la audiencia de sustentación, invocando para el efecto la causal prevista en el artículo 133.6 del CGP[64]. Adujeron que, con los aludidos escritos presentados en septiembre de 2018, se cumplió con la carga de sustentación de los recursos, por lo que, a su juicio, resultaba inadmisible que se declararan desiertos. 64. Mediante el auto del 12 de julio de 2019, el magistrado a cargo de la sustanciación del trámite de segunda instancia rechazó de plano las peticiones de nulidad con fundamento en el artículo 135 del CGP[65], porque los supuestos fácticos invocados no encuadran dentro de la causal invocada, “puesto que los abogados no alegan que se les haya ‘omitido’ o ‘negado’ por acción u omisión de este funcionario la etapa procesal que constituía la oportunidad correspondiente”. Adicionalmente, resaltó que el artículo 327 del CGP señala que para el trámite del recurso de apelación, el juez debe convocar a audiencia de sustentación en la que se oirán las alegaciones de las partes, y que el apelante deberá sujetar su alegación a desarrollar los argumentos expuestos ante el juez de primera instancia[66]. 65. Dicho auto fue recurrido por los aquí accionantes, y confirmado por los demás magistrados integrantes de la Sala Segunda de Decisión Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla en auto del 4 de septiembre de 2019. Con fundamento en lo previsto en el artículo 327 del CGP, esta autoridad concluyó que “a los apelantes no se le [sic] omitió la oportunidad para alegar de conclusión o descorrer el traslado, ya que con la fijación de la fecha para llevar a cabo la audiencia de sustentación y fallo se cumplió con la carga procesal correspondiente, para escuchar los argumentos expuestos en los reparos ante el juez de primera instancia, por lo que no es de sustento lo manifestado por los apoderados de los apelantes, para solicitar la nulidad de la audiencia llevada a cabo el día 19 de Junio del presente año, ya que no encaja dentro de lo preceptuado en el numeral 6° Del artículo 133 del C.G.P., por lo que procedía el rechazo de plano del incidente de nulidad plateado [sic] por parte de la demanda, de acuerdo al artículo 135 del C.G.P.”[67]. 66. Lo anterior permite afirmar que, respecto de la supuesta trasgresión del debido proceso por la declaratoria como desiertos de los recursos pese a que los aquí accionantes por escrito allegaron las sustentaciones de sus apelaciones, sí se satisface el requisito de subsidiariedad, toda vez que pusieron de presente este reclamo dentro del proceso reivindicatorio/de pertenencia, y agotaron los recursos ordinarios contra la decisión del Tribunal accionado de no tener por sustentados los recursos. En consecuencia, en tanto este reproche supera las causales genéricas de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, corresponde a la Sala de Revisión abordar el fondo del asunto sometido a consideración, se reitera, únicamente en lo que a este respecta. F. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JURÍDICO, MÉTODO Y ESTRUCTURA DE LA DECISIÓN 67. Acorde con los fundamentos fácticos expuestos, le corresponde a la Sala Tercera de Revisión establecer si la Sala Segunda Civil – Familia del Tribunal Superior de Barranquilla vulneró el derecho fundamental al debido proceso de EOC y MPBC, por haber declarado desiertos sus recursos de apelación dentro del proceso reivindicatorio/de pertenencia 08001315300420130005801 (41.575) debido a que no comparecieron a la audiencia de sustentación y fallo prevista en el artículo 327 del CGP. Específicamente, habrá de determinarse si, con tal decisión, el tribunal accionado incurrió en violación directa de la Constitución, defecto procedimental por exceso ritual manifiesto en la aplicación de normas procesales, defecto orgánico por extralimitación de sus competencias, o defecto sustantivo por aplicación indebida de los artículos 322 y 327 del CGP. 68. Con tal propósito, la Sala de Revisión (i) reiterará la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre las causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales. Posteriormente, (ii) se referirá al trámite del recurso de apelación contra sentencias regulado por los artículos 322 y 327 del CGP. A partir de ello, (iii) examinará el caso concreto. G. CAUSALES ESPECÍFICAS DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES JUDICIALES. REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA 69. En múltiples sentencias esta corporación se ha ocupado de precisar el contenido de las circunstancias que determinan si una decisión judicial ha incurrido o no en una violación al debido proceso, y que la jurisprudencia constitucional ha denominado causales o requisitos específicos de procedibilidad[68]. A partir de lo decantado en sus pronunciamientos, tales causales, y los supuestos para su configuración, se pueden reseñar en los siguientes términos: Causales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales Defecto Contenido Orgánico “El defecto orgánico se edifica sobre la garantía constitucional del juez natural, consagrada en el artículo 29 de la Constitución, por lo que se configura cuando una persona o un asunto objeto de litigio es juzgado por quien carece de los elementos de la competencia fijados previamente por la ley.(…) // Este Tribunal ha identificado al menos 2 hipótesis en la que se configura el mencionado defecto: la funcional, cuando la autoridad judicial extralimita de forma manifiesta el ámbito de sus competencias constitucionales y legales, lo que en ocasiones, puede desconocer los márgenes decisionales de otros funcionarios; y la temporal, en el evento en que el juez cuenta con atribuciones y funciones, pero las ejerce por fuera del término previsto para ello.”[69]. Procedimental “[E]l juez actuó al margen del procedimiento previsto por la ley para adelantar el proceso judicial”[70]. Una de las manifestaciones de este defecto es el exceso ritual manifiesto. Este se configura “cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial, de tal suerte que sus actuaciones devienen en una denegación de justicia. Este exceso ritual puede afectar la prevalencia del derecho sustancial y el derecho a acceder a la administración de justicia, cuando (i) se deja[n] de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia esté comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciación de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar.”[71] Fáctico “[L]a decisión impugnada carece del apoyo probatorio que permita aplicar la norma en que se sustenta la decisión, o cuando se desconocen pruebas trascendentales para el sentido del fallo” [72]. Sustantivo “(i) Cuando existe una carencia absoluta de fundamento jurídico. En este caso la decisión se sustenta en una norma que no existe, que ha sido derogada, o que ha sido declarada inconstitucional. (ii) La aplicación de una norma requiere interpretación sistemática con otras que no son tenidas en cuenta y resultan necesarias para la decisión adoptada. (iii) Por aplicación de normas constitucionales pero no aplicables al caso concreto. En este evento, la norma no es inconstitucional pero al ser aplicada al caso concreto vulnera derechos fundamentales, razón por lo que debe ser igualmente inaplicada. (iv) Porque la providencia incurre en incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión. Esta situación se configura cuando la resolución del juez no corresponde con las motivaciones expuestas en la providencia. (v) Al aplicar una norma cuya interpretación desconoce una sentencia de efectos erga omnes. En esta hipótesis se aplica una norma cuyo sentido contraría la ratio decidendi de una sentencia que irradia sus efectos a todo el ordenamiento jurídico. (vi) Por aplicación de normas abiertamente inconstitucionales, evento en el cual si bien el contenido normativo no ha sido declarado inexequible, este es abiertamente contrario a la constitución. Adicionalmente, esta Corte ha señalado que una autoridad judicial puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable, en al menos dos hipótesis: (i) cuando le otorga a la disposición jurídica un sentido y alcance que esta no tiene (contraevidente); o (ii) cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece, pero que en realidad contraviene postulados de rango...