Sentencia T-017 de 2020

T-017-20 Sentencia T-017/20 PRINCIPIOS DE CELERIDAD, ECONOMIA Y PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Juez de tutela no puede negarse a tramitar una acción excusado en un decreto que solo prevé reglas para el reparto CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Configuración CARENCIA ACTUAL DE OBJETO POR ACAECIMIENTO DE UNA SITUACION SOBREVINIENTE-Accionante tomó posesión de su curul como representante a la Cámara Referencia: Expediente T-6.998.967 Acción de tutela interpuesta por Seuxis Paucias Hernández Solarte contra la Fiscalía General de la Nación Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO Bogotá D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinte (2020) La Sala Cuarta de Revisión (en adelante, la “Sala”) de la Corte Constitucional (en adelante, la “Corte”), integrada por la magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado y por los magistrados Antonio José Lizarazo Ocampo y Alejandro Linares Cantillo, quien la preside, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1. La acción de tutela fue interpuesta el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) por Seuxis Paucias Hernández Solarte, actuando por intermedio de apoderado judicial[1], contra la Fiscalía General de la Nación, por considerar que se le desconocen sus derechos a la participación, a la paz y a la reincorporación política, así como los derechos de las víctimas, por la negativa de la autoridad demandada a autorizar el traslado del accionante al Capitolio Nacional con el propósito de tomar posesión como Representante a la Cámara para el periodo constitucional 2018-2022. A. HECHOS RELEVANTES 2. El veintisiete (27) de junio de dos mil diecisiete (2017), en virtud del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante, el “Acuerdo Final”), Seuxis Paucias Hernández Solarte suscribió un documento mediante el cual manifestaba su “compromiso de terminar el conflicto y no volver a utilizar las armas para atacar el régimen constitucional o legal vigente” y que “cono[cía] el Acuerdo Final suscrito por las FARC-EP y el Gobierno Nacional y manif[estaba] un compromiso de responsabilidad con su finalidad, obligaciones y sus metas, incluyendo contribuir a las medidas y los mecanismos del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición en el proceso de tránsito a la vida civil”[2]. 3. El veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), el accionante fue beneficiario de la amnistía de iure, otorgada mediante el Decreto 1565 de 2017[3]. 4. El primero (1º) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), Seuxis Paucias Hernández Solarte suscribió, ante la Secretaría Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz (en adelante, la “JEP”), un acta de compromiso, en virtud de la cual señalaba que se “acog[ía] libremente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y queda[ba] a disposición de esta, conforme a las condiciones establecidas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR), aprobado por el Acto Legislativo 01 de 2017, para efectos de la reincorporación política, social y económica”[4]. 5. El diez (10) de diciembre de dos mil diecisiete (2017), el accionante fue inscrito ante el Consejo Nacional Electoral como cabeza de lista del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común–FARC (en adelante, el “Partido FARC”) para la circunscripción de Atlántico, en las elecciones para Cámara de Representantes, correspondientes al periodo 2018-2022[5]. El mencionado órgano le había reconocido personería jurídica a dicho partido el treinta y uno (31) de octubre de dos mil diecisiete (2017), de conformidad con el Acto Legislativo 03 de 2017[6]. El once (11) de marzo de dos mil dieciocho (2018) se llevaron a cabo dichas elecciones. 6. El nueve (09) de abril de dos mil dieciocho (2018), el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte fue capturado por la Fiscalía General de la Nación, en cumplimiento de la orden de captura internacional emitida el cuatro (04) de abril de dos mil dieciocho (2018) por el Tribunal Federal de los Estados Unidos – Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York[7]. 7. Mediante Resolución No. 1597 del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), en virtud de lo dispuesto en el Acto Legislativo 03 de 2017, el Consejo Nacional Electoral asignó curules al Senado de la República y a la Cámara de Representantes, para el periodo constitucional 2018-2022, al Partido FARC. Para el caso de la Cámara de Representantes, las curules se asignaron al primero de la lista de las cinco (5) circunscripciones territoriales a las que fueron inscritas. Así, por la circunscripción del Atlántico se asignó una curul al mencionado partido, la cual correspondió a Seuxis Paucias Hernández Solarte[8]. En consecuencia, se expidió la credencial correspondiente[9]. 8. Posteriormente, a través escrito del diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018), tras la asignación de su curul, el accionante solicitó a la Fiscalía General de la Nación concederle permiso para asistir a la toma de posesión como Representante a la Cámara, la cual tendría lugar el veinte (20) de julio de dos mil dieciocho (2018)[10]. En igual sentido, radicó petición ante la JEP, en la misma fecha, solicitando la concesión de un permiso excepcional, para efectos de tomar posesión en la instalación del Congreso[11]. 9. En respuesta a esta comunicación, mediante auto del dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), la JEP argumentó que, según el artículo 139 de la Ley 65 de 1993, el competente para resolver sobre las peticiones de permisos excepcionales formuladas por procesados es el funcionario judicial competente, es decir, la Fiscalía General de la Nación, según precisó el auto 401 de junio de 2018 de la Corte Constitucional. En consecuencia, declaró su falta de competencia para conocer de la petición formulada a ella por el accionante[12] (ver supra, numeral 8). Por su parte, mediante escrito del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018), la Fiscalía General de la Nación contestó indicando que “se encuentra privado de la libertad en virtud de lo establecido en el artículo 509 del Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004)”[13]. 10. Adicionalmente, por intermedio del escrito del veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), el accionante le solicitó al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, el “INPEC”) que autorizara su remisión el martes veinticuatro (24) de julio de dos mil dieciocho (2018) a las instalaciones de la Cámara de Representantes, con el fin de asistir a la plenaria de esa corporación convocada para ese día[14]. En esa fecha presentó la misma petición a la Fiscalía General de la Nación[15]. 11. En respuesta a esta solicitud, el mismo veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), el INPEC indicó que debía presentar tal solicitud ante la Fiscalía General de la Nación, por cuanto el accionante se encontraba privado de la libertad por cuenta de esa entidad[16]. Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reiteró lo dicho en el escrito del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018)[17] (ver supra, numeral 9). 12. El veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), el accionante suscribió un acta de posesión como Representante a la Cámara, dirigida al Representante Alejandro Chacón Camargo, entonces presidente de dicha corporación. En el mencionado documento, manifestó que “la imposibilidad de hacer esta posesión de manera personal proviene de una externalidad que se escapa de mi voluntad, me encuentro inmerso en fuerza mayor por acto de autoridad ejercido por un funcionario público”[18]. Tal acta fue firmada por el accionante y por tres (3) testigos. B. LA DEMANDA DE TUTELA 13. Por los hechos expuestos, el veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018), el accionante, actuando mediante apoderado, presentó acción de tutela contra la Fiscalía General de la Nación. 14. En primer lugar, sostuvo que se vulneraron sus derechos políticos, pues se desconoció el artículo 23.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (“CADH”). Al respecto, explicó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (“Corte IDH”), al interpretar dicha norma, indicó que una restricción a los derechos políticos impuesta por vía de sanción solo procede por condena, por juez competente, en un proceso penal. En este sentido, citó el caso López Mendoza vs. Venezuela, en el que la Corte IDH advirtió que se violaron los derechos políticos del señor Leopoldo López Mendoza, pues su restricción había sido ordenada por una autoridad administrativa y no fue resultado de un proceso penal[19]. 15. Consideró que el razonamiento expuesto en el caso citado resulta aplicable en el actual, por cuanto la restricción de sus derechos políticos fue ocasionada por la captura de la Fiscalía General de la Nación en el trámite de extradición, es decir, no fue producto de una condena penal. Por ello, sostuvo que “[l]a Fiscalía General de la Nación está impidiendo el caso (sic) y el desarrollo en las funciones y cargo público del cual es titular el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, en relación con el Acto Legislativo 03 de 2017”[20]. Indicó que el accionante no se encuentra inmerso en los supuestos previstos en los artículos 279, 280 y 296 de la Ley 5 de 1992, en los que se determina el concepto de las inhabilidades y las causales de pérdida de investidura. Afirmó, que tampoco en el caso se aplica lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución, relacionado con las faltas absolutas y temporales, por no tener proceso penal abierto en Colombia. 16. En segundo lugar, señaló que los contenidos del Acuerdo Final son parámetro de validez y son de obligatorio cumplimiento para todas las ramas del poder público, en virtud del Acto Legislativo 02 de 2017. Consideró que la Fiscalía General de la Nación incurrió en “una conducta desleal y por tanto contraria al principio de buena fe”[21], al impedirle tomar posesión el veinte (20) de julio como Representante a la Cámara, “procurando que de manera involuntaria mi poderdante incurra en una de las causales de pérdida de investidura al impedir la posesión”[22]. 17. Con fundamento en lo expuesto, solicitó que se protegiera el derecho fundamental de su representado a la participación política, reconocido en el artículo 23 de la CADH y 40 de la Constitución Política, y que, en consecuencia, se ordenara a la Fiscalía General de la Nación trasladarlo al Congreso de la República para tomar posesión del cargo y para asistir a las sesiones de la Cámara de Representantes. Como pretensión subsidiaria, pidió que declarara su posesión como Representante a la Cámara para la legislatura 2018-2022. A su vez, en defecto de la anterior solicitud, requirió que se ordenara a la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes “llamar a posesionarse como Representante a la Cámara por el Departamento del Atlántico al segundo de la lista presentada por el Partido Alternativa Revolucionaria del Común, y suspender los términos para no aplicar la figura de la pérdida de la investidura”[23], esto último por configurarse un supuesto de fuerza mayor. C. ADMISIÓN DE LA DEMANDA, MEDIDAS PROVISIONALES, PRUEBAS DECRETADAS Y SOLICITUD DE NULIDAD DE LO ACTUADO Admisión de la demanda, vinculación a la Cámara de Representantes y medida cautelar decretada mediante auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) 18. La acción de tutela de la referencia fue presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Cuarta – Subsección A, quien, mediante providencia del treinta (30) de julio de dos mil dieciocho (2018), dispuso que carecía de competencia para conocer de ella, por lo que la remitió a los juzgados administrativos del circuito judicial de Bogotá para que se decidiera de fondo. 19. Mediante auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá admitió la acción de tutela de la referencia, vinculó al proceso a la Presidencia de la Cámara de Representantes y decretó la siguiente medida provisional: “Mediante esta providencia se ordena a la Doctora Ana Fabiola Castro Rivera Directora de Asuntos Internacionales de la Nación – Fiscalía General de la Nación – Oficina de Gestión Internacional que en el término de 4 horas contadas a partir de la notificación de la presente providencia conteste y notifique al accionante la respuesta a la solicitud de traslado presentada por el ahora actor a dicha entidad el 23 de julio de 2018, bajo radicado No. 20186110769392”[24]. 20. Ante el incumplimiento de la medida provisional, el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá reiteró la orden, “so pena de continuar con el trámite de desacato”[25]. 21. Igualmente, mediante providencia del nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), se vinculó al Congreso de la República y se le otorgó un (1) día para contestar la acción de tutela[26]. Contestación de la Fiscalía a la medida cautelar decretada mediante auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) 22. Mediante escrito del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección de Asuntos Internacionales, contestó el auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018), proferido por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá (ver supra, numeral 19). En él, abordó los siguientes asuntos: 23. Indicó que la extradición es una figura que se fundamenta en la cooperación de la comunidad internacional en la lucha contra el delito. Afirmó que, según el artículo 35 de la Constitución, dicha figura jurídica se podrá conceder, solicitar u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos o, en su defecto, con la ley. En este sentido, señaló que el Código de Procedimiento Penal regula el trámite y en su artículo 509 indica la facultad del Fiscal General de la Nación de decretar la captura de una persona solicitada en extradición por parte de un Estado extranjero. Manifestó que esta captura “tiene su razón de ser en el interés del Estado extranjero, así expresado, por conducto diplomático, en obtener la privación de la libertad de la persona requerida”[27]. Adujo que, por esto, la naturaleza de la captura es distinta al proceso penal ordinario, por lo que “[l]a persona que se encuentra capturada con fines de extradición no es objeto de las instituciones procesales contenidas en el Capítulo III del Título IV – Libro II de la Ley 906 de 2004, relativas a las medidas de aseguramiento”[28]. 24. Agregó que la detención preventiva y la captura con fines de extradición tienen alcance jurídico distinto: mientras que la segunda pretende realizar los fines de la administración de justicia, la primera se decreta por la existencia de indicios graves de responsabilidad (según la Ley 600 del 2000) o cuando se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la conducta delictiva (según la Ley 906 de 2004). Sostuvo también que, según el auto 401 de 2018, el Fiscal General de la Nación es el competente para ordenar la captura con fines de extradición contra las personas sometidas al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (en adelante, el “SIVJRNR”). 25. Argumentó también que la acción de tutela se dirige contra el Fiscal General de la Nación, por ser quien ordenó la captura con fines de extradición contra el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte. Explicó que, según lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Fiscal General de la Nación serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los tribunales superiores del distrito judicial o a los tribunales administrativos. Por lo anterior, solicitó a la Jueza Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá “que se declare incompetente para conocer de la presente acción de tutela, presentada por el accionante ante el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, y, en consecuencia, se decrete la nulidad de lo actuado hasta el momento en el presente procedimiento”[29]. 26. Consideró la Fiscalía General de la Nación que no era posible conceder la solicitud planteada por el accionante para asistir a las sesiones del Congreso de la República. Asimismo, señaló que “es incompatible con la naturaleza jurídica de dicha figura [la restricción del derecho a la libertad fundada en una orden de captura suscrita por el Fiscal General de la Nación] permitir que una persona asista a trabajar normalmente ante una entidad pública como lo es el Congreso de la República”[30]. 27. Finalmente, con relación a la medida provisional ordenada por el juez de instancia, afirmó que “carece de objeto por hecho superado”[31]. Así, frente a la petición formulada por el accionante el diecisiete (17) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 8), hizo referencia al escrito de respuesta del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 9), la cual fue notificada a través del INPEC al tutelante el veintitrés (23) de ese mismo mes[32]. A su vez, frente al escrito presentado por el accionante el veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 10), afirmó que fue contestado mediante escrito del mismo día (ver supra, numeral 11) y notificado nuevamente por el INPEC al señor Hernández Solarte, lo cual sucedió al día siguiente[33]. Intervención de la Procuraduría 187 Judicial Administrativa de Bogotá con relación a la medida cautelar decretada mediante auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil dieciocho (2018) 28. Mediante escrito del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018), dirigido al Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, la Procuraduría 187 Judicial Administrativa de Bogotá, indicando que la medida provisional le parecía “pertinente y necesaria”[34], pues la contestación de la Fiscalía General de la Nación, del diecinueve (19) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 9), a la petición formulada por Seuxis Paucias Hernández Solarte dos días antes (ver supra, numeral 8), “es una respuesta escueta que no da cuenta del origen, antecedentes o contexto”[35]. Resaltó también que el accionante presentó otra petición a la Fiscalía General de la Nación el veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 10), frente a la cual “no se aportó respuesta”, misma que “es fundamental para entrar a emitir concepto de fondo por parte de la Procuraduría en la acción de amparo, y más aún para dirimir el objeto de la tutela”[36]. Medida cautelar decretada mediante auto del primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018) 29. Una vez recibida la comunicación de la Fiscalía General de la Nación del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 22), el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá decretó una nueva medida provisional, mediante auto de esa misma fecha, consistente en lo siguiente: “Se declara la fuerza mayor para los efectos del artículo 183 de la Constitución Nacional respecto de la posesión como Representante a la Cámara del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, identificado con cédula de ciudadanía número 92.275.786 y se ordena la interrupción del término para su posesión, en los términos referidos en la parte considerativa de este auto”[37]. Auto del primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018), mediante el cual se resuelve una solicitud de nulidad de lo actuado 30. Mediante providencia del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018), el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá se refirió a la solicitud de nulidad planteada por la Fiscalía General de la Nación (ver supra, numeral 25). Indicó que la acción de tutela fue inicialmente repartida al Tribunal Administrativo de Cundinamarca (ver supra, numeral 18) y este consideró que carecía de competencia, por lo que la remitió a su despacho. Adicionalmente, manifestó que esta ha indicado que en materia de tutela solo existen dos factores de asignación de competencia, previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, a saber: (i) el juez del lugar donde se vulneraron o amenazaron los derechos fundamentales invocados o donde se producen los efectos de tal vulneración o amenaza y, (ii) en caso de acciones de tutela contra medios de comunicación, la asignación a los jueces de circuito del lugar donde ocurrieron los hechos. Por lo anterior, concluyó que el Decreto 1983 de 2017 fija reglas de reparto, más no de competencia, por lo que rechazó de plano la solicitud estudiada[38]. Apelación contra la medida provisional decretada mediante auto del primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018), presentada por el Presidente de la Cámara de Representantes 31. Mediante escrito del tres (3) de agosto de dos mil dieciocho (2018), Alejandro Carlos Chacón Camargo, actuando como Presidente de la Cámara de Representantes, presentó recurso de apelación contra la medida provisional decretada por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a través de la providencia del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018)[39] (ver supra, numeral 31). 32. En primer lugar, señaló que la juez de conocimiento carecía de competencia para adoptar la decisión cuestionada, debido a que, de conformidad con el numeral 3 del artículo 1 del Decreto 1983 de 2017, las tutelas dirigidas contra las actuaciones del Fiscal General de la Nación son repartidas para su conocimiento en primera instancia a los tribunales superiores de distrito judicial o a los tribunales administrativos. En el mismo sentido, argumentó que el juez de tutela no puede valorar el caso fortuito o fuerza mayor para dejar sin efectos la causal contemplada en el numeral 3 del artículo 183 de la Constitución y en el numeral 7 del artículo 296 de la Ley 5 de 1992, ya que esta es una facultad atribuida de forma exclusiva al Consejo de Estado, en la que no pueden inmiscuirse acciones de carácter constitucional. 33. Además, argumentó que en el presente caso no se reunían los elementos que configuran la fuerza mayor que justifique la posesión, tal como se solicitó mediante la medida provisional decretada el primero (1°) de agosto de dos mil dieciocho (2018) (ver supra, numeral 29), pues (i) en el presente caso no se presentó un hecho de la naturaleza, sino una acción (captura) derivada de la propia actividad presuntamente delictiva del accionante; (ii) el hecho de haberse proferido en su contra orden de captura, que se hace efectiva mediante las circulares rojas de la Interpol, hace previsible la consecuencia de la privación de la libertad con fines de extradición; y (iii) la captura no constituye un elemento externo al agente, sino que, por el contrario, es producto de su propia acción. 34. Finalmente, aseguró que las medidas provisionales mencionadas carecían de objeto. Por un lado, indicó que el término suspendido ya había finalizado antes de que se decretada dicha medida, pues corrió del veinte (20) al veintiocho (28) de julio de dos mil dieciocho (2018), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 de la Constitución. Por otro lado, afirmó que el accionante ya había solicitado en dos ocasiones permiso para posesionarse en el Congreso de la República y para asistir a la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, obteniendo respuesta oportuna los días diecinueve (19) y veintitrés (23) de julio de dos mil dieciocho (2018), esto es, incluso antes de que fuera presentada la acción de tutela. 35. En consecuencia, solicitó se revocara la providencia del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018), proferida por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá (ver supra, numeral 29), y, en su lugar, se hiciera cesar la medida provisional allí decretada[40]. Pruebas solicitadas por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá 36. Mediante auto del seis (6) de agosto de dos mil dieciocho (2018), solicitó al Fiscal General de la Nación y a la Directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación que indicara el fundamento jurídico que le otorgaba competencia para resolver las peticiones formuladas por el accionante. Igualmente, les pidió adjuntar el soporte probatorio pertinente para sustentar la respuesta. D. RESPUESTA DE LA ENTIDAD ACCIONADA Y DE LA VINCULADA Contestación de la Fiscalía General de la Nación[41] 37. El ente acusador dividió su intervención en seis (6) puntos, que se resumen a continuación: 38. Sobre la medida provisional decretada: cuestionó la medida provisional adoptada por el juez de instancia, argumentando que no se precisó qué derecho fundamental se encontraba amenazado. Además, puso de presente que, de conformidad con el artículo 3 del Decreto 306 de 1992, reglamentario del Decreto 2591 de 1991, no se puede alegar la vulneración de un derecho fundamental por el solo hecho de que se adelante un trámite administrativo de extradición, en el cual se observan todas las reglas del debido proceso. 39. Seguidamente, expuso que la naturaleza jurídica de la captura al interior de un trámite de extradición hace improcedente que el capturado acuda a la Cámara de Representantes a fin de ejercer sus distintas actividades legislativas. En este sentido, adujo que el derecho a la participación política en los términos que alega el accionante no hace parte del catálogo de garantías que el Estado debe reconocer a las personas privadas de la libertad. 40. De igual forma, señaló que el juzgado incurrió en un error al decretar la medida provisional basada en la configuración de la fuerza mayor, ya que (i) la captura de una persona solicitada en trámite de extradición es previsible; y (ii) se desconoció el principio según el cual nadie puede invocar su propia culpa para obtener provecho. 41. En este sentido, hizo un recuento doctrinal y jurisprudencial del concepto de fuerza mayor, concluyendo que, para que se configure dicha fuerza mayor en un caso concreto, el efecto del fenómeno presentado no solo debe ser irresistible, sino también imprevisible y exterior al agente, o sea, no serle imputable desde ningún ámbito. A partir de lo anterior, manifestó que, al ser la fuerza mayor un hecho que generalmente proviene de la naturaleza, cuya externalidad supone la ausencia de culpa del agente cuya responsabilidad se pretende comprometer, en el presente asunto no se configura un evento de fuerza mayor como causal que permita exonerar al señor Hernández Solarte de su deber de tomar posesión de su cargo en el Congreso, pues el hecho de que haya sido capturado es producto de la acción presuntamente delictiva del procesado. En consecuencia, solicitó la revocatoria de la medida provisional decretada. 42. Sobre la falta de competencia: sostuvo que, a pesar de lo resuelto por el superior jerárquico del funcionario judicial de conocimiento, en virtud del cual este último debió asumir la competencia del presente asunto, se desconocieron las reglas sobre reparto y competencia previstas en el Decreto 1983 de 2017, que establece que las acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Fiscal General de la Nación corresponden a los tribunales superiores del distrito judicial o a los tribunales administrativos en primera instancia. 43. Ausencia de vulneración del derecho a la participación política: señaló que, de conformidad con la sentencia C-034 de 2015, el ámbito del derecho a la participación política que se debate en el presente asunto exige el cumplimiento de ciertos requisitos, tales como (i) enmarcarse en los principios previstos en el artículo 209 de la Constitución, como la igualdad, la moralidad, la eficacia, la economía, la imparcialidad, la celeridad y la publicidad; (ii) preservar el interés general; y (iii) procurar que los fines del Estado consagrados en el artículo 2 de la Carta Política sean alcanzados. 44. Señaló que el accionante se encuentra privado de la libertad en virtud de una orden de captura con fines de extradición, y, como consecuencia lógica y directa de esa circunstancia, algunos de sus derechos fundamentales se encuentran supeditados a su condición de capturado, por lo que no es posible que ejerza funciones públicas. 45. Actuaciones procesales al interior del trámite de extradición: informó de las siguientes actuaciones surtidas al interior del trámite de extradición: 46. Mediante informe 630 GAE DEA-SIU-DCCO del diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018), el Grupo de Estupefacientes DEA-SIU, adscrito a la delegada contra la Criminalidad Organizada de la Fiscalía General de la Nación, dejó a disposición del Fiscal General al ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte, retenido el día nueve (9) del mismo mes y año, con fundamento en una notificación roja de la Interpol, por delitos federales de narcóticos. 47. Posteriormente, el Director (e) de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, mediante comunicación DAI 20181700026711 del diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018) informó a la Directora de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores sobre la retención del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte. 48. Por intermedio del oficio DIAJI 0946 del trece (13) de abril de dos mil dieciocho (2018), el Ministerio de Relaciones Exteriores remitió a la Fiscalía General de la Nación nota verbal 0587, mediante la cual la embajada de los Estados Unidos de América solicitó la captura del ciudadano Hernández Solarte con fines de extradición. 49. Según la resolución del trece (13) de abril de dos mil dieciocho (2018), el Fiscal General de la Nación decretó la captura con fines de extradición del retenido, dentro del término de cinco (5) días hábiles, previsto en el Decreto 1069 de 2015. 50. De conformidad con el oficio DAI 20181700028061, de fecha diecisiete (17) de abril de dos mil dieciocho (2018), la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores informar al Estado requirente de la captura del señor Hernández Solarte, para que formalizara su solicitud de extradición dentro de los sesenta días siguientes, de conformidad con el artículo 511 de la Ley 906 de 2004. 51. Según el escrito del veintiocho (28) de mayo de dos mil dieciocho (2018), el Fiscal General de la Nación propuso conflicto positivo de competencia entre la JEP y la jurisdicción ordinaria, respecto de la competencia para conocer de las solicitudes de nulidad y/o sustitución o revocatoria de la captura impuesta con ocasión del procedimiento de extradición. 52. Igualmente, a través oficio DIAJI 1482 de fecha siete (7) de junio de dos mil dieciocho (2018), la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores remitió a la Fiscalía nota verbal de la misma fecha, en la que la Embajada de los Estados Unidos de América formalizó la solicitud de extradición del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte. En este mismo oficio, se informó que, de conformidad con el Auto SRT-AE-007/2018, proferido por la Sección de Revisión del Tribunal Especial para la Paz, se envió copia de la solicitud de extradición. 53. Posteriormente, de acuerdo con el auto de fecha veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho (2018), la Corte Constitucional resolvió: (i) que la competencia para ordenar la captura con fines de extradición y para conocer las controversias suscitadas con relación a ella sobre los sujetos sometidos al SIVJRNR corresponde al Fiscal General de la Nación; (ii) que la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz continuaría conociendo de la solicitud de extradición que le fue remitida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, solo con el fin de determinar la fecha de ocurrencia de los hechos; y (iii) que el ciudadano capturado continuaría a disposición de la Fiscalía General de la Nación. 54. Régimen legal de la extradición en Colombia: indicó que el artículo 35 de la Constitución reconoce y regula de forma general la figura de la extradición en Colombia, y señaló que en el artículo 484 y siguientes de la Ley 906 de 2004 se incorporó la posibilidad de la retención con fundamento en la circular roja de la Interpol, así como el artículo 509 de esa misma ley, que otorga al Fiscal General de la Nación la facultad de decretar la captura. Precisó que a la captura con fines de extradición, o a la retención por notificación roja de la Interpol, no se les aplica el procedimiento penal acusatorio previsto en la Ley 906 de 2004, sino que se trata de un trámite eminentemente administrativo que tiene por objeto asegurar la presencia del solicitado en un país determinado, mediante la captura y el envío al Estado requirente. 55. Consideraciones sobre el caso bajo examen: resaltó que el trámite de extradición del capturado se ha ajustado a la normatividad que rige este tipo de procedimientos, con observancia y respeto de sus derechos y garantías constitucionales. Por ello, señaló que las pretensiones formuladas por el accionante son incompatibles con la situación de captura en que se encuentra. En consecuencia, solicitó negar el amparo solicitado. 56. Adicionalmente, mediante escrito del trece (13) de agosto de dos mil dieciocho (2018), la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación dio respuesta a la prueba decretada de oficio por el juez de instancia (ver supra, numeral 36). Informó que, según el artículo 509 de la Ley 906 de 2004, el Fiscal General de la Nación es el único funcionario que puede proferir una orden de captura con fines de extradición. Manifestó que, de acuerdo con el artículo 12 del Decreto Ley 016 de 2014, la Dirección de Asuntos Internacionales de dicha entidad realizará los trámites administrativos que se requieran en materia de extradición. Entre ellos se encuentra, según la Resolución 0-0569 del 2 de abril de 2014, contestar los derechos de petición presentados en el ámbito de extradición. Por lo anterior, consideró la funcionaria que tenía competencia para responder las peticiones planteadas por Seuxis Paucias Hernández Solarte[42] (ver supra, numerales 8 y 10). Contestación de la Presidencia de la Cámara de Representantes 57. Mediante oficio del primero (1º) de agosto de dos mil dieciocho (2018), informó que, por escrito del treinta y uno (31) de julio del mismo año, dio respuesta a la comunicación del veintiséis (26) de julio de dos mil dieciocho (2018) presentada por Seuxis Paucias Herández Solarte (ver supra, numeral 12). En ella, argumentó que, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley 5 de 1992, quienes no se hubieran posesionado como Representantes a la Cámara en el acto de instalación del Congreso de la República, deberán hacerlo ante el Presidente de la Cámara respectiva, por lo que el documento enviado por el accionante no cumple con las formalidades legales[43]. 58. Por intermedio del escrito del nueve (9) de agosto de dos mil dieciocho (2018), reiteró la información antes reseñada, y agregó que en el ordenamiento jurídico colombiano no existe una norma que habilite el llamamiento al siguiente candidato no elegido para suplir una curul vacante de un congresista que aún no ha tomado posesión. Además, explicó que la posesión para ejercer como congresista requiere, según el artículo 17 de la Ley 5 de 1992, contestar afirmativamente a la pregunta “Invocando la protección de Dios, ¿juráis sostener y defender la Constitución y las leyes de la República y desempeñar fielmente los deberes del cargo?”, lo cual no podrá hacer el accionante por encontrarse capturado en el marco de un trámite de extradición[44]. Información remitida por el accionante en el trámite de instancia 59. Mediante oficio del dos (2) de agosto de dos mil dieciocho (2018), el accionante remitió copia de una petición de fecha veintisiete (27) de julio de dos mil dieciocho (2018), dirigida nuevamente al Representante a la Cámara Alejandro Chacón Camargo, manifestándole que, con la comunicación del día anterior que le había enviado (ver supra, numeral 12), había cumplido con el juramento previsto en el artículo 17 de la Ley 5 de 1992, por lo que debe entenderse que se cumplió la posesión como Representante a la Cámara por la circunscripción del Atlántico. En consecuencia, le solicitó “que se sirva elaborar y hacer entrega de la correspondiente resolución donde se declare [su] posesión, y así poder asumir el ejercicio de [sus] funciones”[45]. Adicionalmente, le solicitó que, de negarse a tener por cumplida la posesión, dé aplicación al parágrafo del artículo 183, en el sentido de que no ha tomado posesión del cargo debido a fuerza mayor, pues “depend[e] totalmente de la voluntad de la Fiscalía[,] lo que hace irresistible, imprevisible y externa a [él] esa situación”[46]. Contestación del Secretario General del Senado en respuesta al auto de vinculación al Congreso de fecha nueve (09) de agosto de dos mil diecinueve (2019)[47]. 60. El Secretario General del Senado informó que por ser un asunto de competencia de la Cámara de Representantes, remitió el requerimiento efectuado mediante el auto de la referencia a la Secretaría General de esa corporación. E. DECISIÓN JUDICIAL OBJETO DE REVISIÓN Sentencia proferida por el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá[48] 61. Antes de resolver el asunto de fondo, el Juzgado Sesenta y Uno Administrativo del Circuito de Bogotá hizo alusión a algunas cuestiones preliminares. En primer lugar, se refirió al recurso presentado por el Presidente de la Cámara de Representantes (ver supra, numerales 31 y 35), el cual consideró improcedente, de conformidad con el Auto 287 de 2010 de la Corte Constitucional, según el cual en el proceso de tutela no es admisible recurso alguno contra el auto que resuelve sobre medidas provisionales. 62. En segundo lugar, expuso que tenía competencia para tramitar y fallar el presente caso, pues, pese a que en el Auto 402 de 2018 la Corte señaló que la competencia para conocer las acciones de tutela en que se cuestione a la Fiscalía General de la Nación, al disponer una captura con fines de extradición, es del Tribunal Superior del Distrito Judicial, en el presente proceso no se debaten cuestiones relativas a la orden de captura dictada por el Fiscal General de la Nación, sino unas respuestas por parte de la directora de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación, autoridad pública de carácter nacional, por lo que la competencia es de los jueces del circuito, de conformidad con el Decreto 1983 de 2017. En el mismo sentido, sostuvo que en el mencionado Auto 402 de 2018 se precisó que las normas de reparto señaladas en el Decreto 1983 de 2017 no autorizan al juez de tutela a declararse incompetente. 63. Asimismo, el juez de instancia se pronunció sobre la facultad para emitir una medida provisional en el caso concreto, exponiendo que, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991 y la jurisprudencia constitucional, el juez de tutela podrá adoptar la medida provisional que considere pertinente para proteger el derecho presuntamente vulnerado cuando sea necesario y urgente. En igual sentido, citó la sentencia AC 11760 de 2000, proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado, en la que, al conocer un caso similar al analizado en esta ocasión, dicha autoridad consideró que el hecho de encontrarse en detención preventiva constituía fuerza mayor para tomar posesión en el cargo de congresista, pues era algo irresistible, imprevisible y externo al procesado. 64. Seguidamente, al realizar un estudio de fondo del caso, analizó distintas cuestiones. Por un lado, acerca de la eventual vulneración del derecho de petición del accionante, sostuvo que, si bien las respuestas sobre sus solicitudes de desplazamiento al Congreso para efectos de su posesión y asistencia a una sesión plenaria en la Cámara de Representantes no eran precisas, dejaban clara la negativa de acceder a lo solicitado. Indicó además, que “tales contestaciones pueden ser atacadas por medio de los recursos contemplados en la Ley 1437 de 2011”. 65. Por otro lado, sobre la presunta violación de los derechos políticos del accionante, expuso que, de conformidad con la sentencia T-511 de 2009, al no haber sido condenado, los derechos políticos del accionante no podían ser restringidos. No obstante, precisó que tal situación no implica el deber de la Fiscalía de autorizar el traslado solicitado, pues, de conformidad con el pronunciamiento citado, su derecho a la libre locomoción se encuentra limitado y corresponde a la Fiscalía evaluar las condiciones de seguridad de dicho traslado y las especificaciones de la captura para adoptar la decisión. Por lo anterior, consideró que tal asunto era de competencia exclusiva del ente acusador, por lo que la intervención por parte del juez de tutela en este asunto constituiría una intromisión revestida de arbitrariedad. 66. Adicionalmente, en lo que respecta a la pretensión de posesión solicitada en el escrito de tutela (ver supra, numeral 17), sostuvo que, si bien el accionante tiene la investidura de congresista, al cumplir los tres requisitos que han sido previstos en la jurisprudencia constitucional (escrutinio, declaratoria de elección y expedición de credenciales), no se encuentra facultado para el ejercicio del cargo. Agregó que ella no podría ordenarse por vía de tutela, por cuanto la posesión de los congresistas se realiza el día en que se instalan las cámaras, o, cuando es posterior a ello, ante el presidente de la cámara respectiva, de conformidad con los artículos 12 a 17 de la Ley 5 de 1992. Asimismo, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, no puede asumirse ningún cargo público sin prestar juramento en acto de posesión ante el funcionario competente. 67. A su vez, con relación a otra pretensión formulada en el escrito de tutela relacionada con el llamado al segundo de la lista del Partido FARC por la circunscripción del Atlántico para ocupar una vacante por falta temporal (ver supra, numeral 17), expuso el juez de instancia que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de Estado, cuando el llamado a asumir un cargo legislativo no puede posesionarse, excepcionalmente es posible la presentación de una excusa motivada y justificada, únicamente en la circunstancia de fuerza mayor, respaldada con las pruebas del caso y ante las directivas de la cámara respectiva, la cual debe emitir un pronunciamiento escrito sobre ella. En este sentido, señaló que existe una situación jurídica que se debe calificar, puesto que, de lo contrario, se estaría ante una flagrante violación de los derechos políticos del tutelante. 68. En consecuencia, consideró que existía una vulneración de los derechos políticos del accionante, ya que este radicó una excusa por la no posesión en la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes y esta, para el momento de la sentencia, no se había pronunciado sobre su admisión o rechazo. Con todo, indicó que no es competencia del juez de tutela, sino de la Cámara de Representantes, ordenar la posesión de manera directa al segundo inscrito como representante a la Cámara por el departamento del Atlántico en la lista del Partido FARC. 69. Finalmente, consideró inviable acceder a la pretensión consistente en la suspensión de términos para efectos de la causal de pérdida de investidura prevista en los numerales 2 y 3 del artículo 183 de la Constitución, así como en el artículo 296 de la Ley 5 de 1992 (ver supra, numeral 17), ya que no ha sido tramitada la respectiva excusa presentada ante la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes[49]. F. PRUEBAS DECRETADAS POR LA CORTE Auto de pruebas del cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019)[50] 70. El cuatro (4) de marzo de dos mil diecinueve (2019) la Sala ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado, con el propósito de solicitarle la remisión del expediente del proceso de pérdida de investidura de referencia 2018-0388300, en el que actuó Seuxis Paucias Hernández Solarte como demandado. En la misma fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 64 del Reglamento Interno de la Corte Constitucional, se ordenó la suspensión de términos del presente proceso de tutela hasta la completa recepción de pruebas. Pruebas allegadas por el Consejo de Estado a la Corte[51] 71. En atención a la solicitud reseñada, el Consejo de Estado remitió por conducto de la Secretaría General de la Corte Constitucional la información solicitada. De esta forma, señaló que mediante sentencia del veinte (20) de febrero de dos mil diecinueve (2019), la Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura de esa institución resolvió la demanda de pérdida de investidura interpuesta por la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes contra el accionante, con base en el hecho de que este no tomó posesión de su cargo como congresista dentro de los 8 días siguientes a la fecha de instalación, es decir, entre el 21 y el 28 de julio de 2018. 72. Al analizar el caso concreto a la luz de la causal invocada en la solicitud, la Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura expuso que para su configuración era necesario la concurrencia de tres elementos de naturaleza objetiva, a saber: (i) que esté probada la condición de congresista del demandando; (ii) que la posesión de este no se haya dado dentro de los ocho días siguientes a la fecha de la instalación de las cámaras o del momento en que fuere llamado a posesionarse; y (iii) que la imposibilidad de posesionarse no esté justificada en un hecho constitutivo de fuerza mayor. Sostuvo que una vez se encontraran acreditados estos requisitos, era necesario abordar el juicio subjetivo de responsabilidad, para efectos de establecer si el congresista demandado dejó de tomar posesión en el cargo en virtud de un comportamiento doloso o culposo. 73. En este sentido, consideró que en el caso bajo estudio no se cumplía una de las tres causales objetivas mencionadas. En efecto, argumentó que, aunque es cierto que (i) Seuxis Paucias Hernández cuenta con la calidad de congresista, de conformidad con la credencial expedida por el Consejo Nacional Electoral; y que (ii) no tomó posesión del cargo en la instalación del Congreso, y a la fecha de la sentencia continuaba sin hacerlo; (iii) en el asunto analizado se configuraba la fuerza mayor, por cuanto la detención administrativa de la cual fue objeto el demandado provenía de una autoridad judicial, y por lo tanto era externa a su propia órbita de dominio. Adicional, sostuvo que la privación de su libertad constituía un hecho imprevisible, al no tener conocimiento de la circular roja de la Interpol, ni de las acusaciones en su contra en la Corte Distrital de Nueva York. Por lo demás, consideró que se encontraba ante un hecho irresistible, en la medida que, no pudo contrarrestar los efectos de su detención y salir de su sitio de reclusión para tomar posesión en el cargo. 74. Con fundamento en lo anterior, consideró la Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura que no había lugar a la fuerza mayor culposa, toda vez que la falta de posesión en el cargo no era un hecho imputable al demandado, quien, por el contrario, ha intentado tomar posesión del cargo por varios medios. Finalmente, señaló que el principio constitucional de presunción de inocencia del demandado permanece incólume hasta tanto sea declarado penalmente responsable, situación que aún no había ocurrido en el caso concreto. 75. En ese orden de ideas, y de conformidad con las consideraciones expuestas, la Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de Investidura del Consejo de Estado resolvió negar la solicitud de pérdida de la investidura presentada en contra del señor Hernández Solarte. Auto de pruebas del veintinueve (29) de mayo de dos mil diecinueve (2019)[52] 76. El veintinueve (29) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la Sala resolvió decretar nuevas pruebas con el fin de allegar nuevos elementos de juicio relevantes para el proceso, e igualmente, dispuso prorrogar la suspensión de términos previamente ordenada mediante auto del cuatro (04) de marzo, efectiva a partir del vencimiento de la anterior suspensión (ver supra, numeral 70). En consecuencia, se solicitó la siguiente información respecto de algunas entidades: (i) se ofició a la Secretaría General del Consejo de Estado, para que informara a la Sala sobre el estado del trámite en segunda instancia del proceso de pérdida de investidura surtido en contra del accionante, e igualmente, se le solicitó remitir copias del expediente de dicho proceso, incluyendo la sentencia con que hubiere culminado el mismo; (ii) a la Secretaría Judicial de la Jurisdicción Especial para La Paz, sobre la decisión adoptada por la Sección de Revisión de ese tribunal, en relación con la aplicación de la garantía de no extradición del tutelante; (iii) a la Fiscalía General de la Nación, remitir copias sobre la orden de libertad inmediata concedida al accionante, junto con la documentación pertinente para el cumplimiento de la orden impartida por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz. Pruebas allegadas por el Consejo de Estado[53] 77. En las pruebas allegadas por el Consejo de Estado, se informó que mediante sentencia del veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019), la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esa corporación resolvió confirmar, en segunda instancia, el fallo proferido por la Sala Séptima Especial de Decisión de Pérdida de la Investidura, en la que se negó la solicitud de pérdida de la investidura presentada en contra del accionante. 78. La anterior decisión, se dio al considerar que la detención preventiva de la libertad constituye fuerza mayor para efectos de la causal contemplada en el artículo 183 de la Constitución, en tanto que las actuaciones surtidas en contra del congresista, producto de las cuales se encuentra privado de la libertad, no se derivan de su propio actuar, en virtud de la presunción de inocencia. 79. En este sentido, la Sala Plena de lo contencioso administrativo argumentó, que el juez de pérdida de investidura no puede invadir la órbita del juez penal para determinar la exterioridad o no de la conducta que se atribuye al procesado, y paralelamente, evaluar las pruebas que implican la supuesta responsabilidad penal, frente a la causal invocada. Además, señaló que la captura con fines de extradición no constituye un prejuzgamiento, en tanto se trata de un instrumento de cooperación internacional, en el que basta, entre otros, con una nota del país requirente en que se exprese la plena identidad de la persona solicitada, con el fin de que comparezca a un juicio que se está llevando a cabo en el extranjero, hecho, que no tiene la entidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 80. En este orden de ideas, concluyó que es contrario al régimen sancionatorio especial de pérdida de la investidura, definir anticipadamente que el congresista sí incurrió en las conductas penales que se le imputan en los Estados Unidos, y, por lo tanto, al haber sido capturado con finalidades específicas preventivas para surtir el trámite de extradición, esta constituye una fuerza mayor para efectos del estudio de la causal invocada. Pruebas allegadas por la Secretaría General Judicial de la Jurisdicción Especial para La Paz[54] 81. La Jurisdicción Especial para la Paz allegó copia del Auto SRT-AE-030/2019, de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), mediante el cual, la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz resolvió aplicar la garantía de no extradición al ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte, frente al requerimiento de extradición realizado por la embajada de los Estados Unidos de América mediante nota verbal No. 0880 del 07 de junio de 2018. 82. Como fundamento de su decisión, la JEP consideró que si bien en el presente caso podía constatarse que en contra del accionante existe un trámite de extradición, tal como ya había sido previamente establecido por esa corporación[55], al analizar el factor temporal de las conductas a él endilgadas, no podía llegarse a la misma conclusión[56]. Ello, por cuanto los materiales probatorios obrantes en el expediente, tales como la solicitud de extradición, junto con sus anexos, las declaraciones juradas de un fiscal estadounidense y un agente especial de la DEA, carecían de la entidad probatoria para demostrar la fecha de realización de los hechos objeto de controversia. De igual forma, al estudiar los audios de interceptación de comunicaciones realizadas en el marco de otras investigaciones adelantadas contra personas distintas del accionante, concluyó que en aquellos en los que podía identificarse al señor Hernández Solarte[57], si bien se le escuchaba concretando un encuentro con sus interlocutores, para hablar de “proyectos productivos”, no existía, en el expediente, evidencia alguna de la realización efectiva de dichos encuentros. Adicionalmente, señaló que no podía colegirse, de la información contenida en las grabaciones, la existencia de acuerdos ilegales para el envío de droga a otro país[58]. 83. De esta manera, la Sección de Revisión consideró que los audios aportados por la Fiscalía no registraban una actividad correspondiente, equivalente o similar a los motivos de acusación foránea en contra del accionante[59]. 84. En este orden de ideas, dicho tribunal señaló que ante la ausencia de pruebas sobre la conducta objeto de alegación, era imposible determinar la fecha de su ocurrencia, y de esta manera, no fueron desvirtuados los presupuestos que llevan a aplicar la garantía de no extradición que ostenta el tutelante. En consecuencia, dispuso (i) ordenar a la Fiscalía General de la Nación, poner en libertad inmediata al señor Seuxis Paucias Hernández Solarte; (ii) remitir el asunto al Ministerio de Justicia y del Derecho, para que, mediante acto administrativo, negara el pedimento de extradición y por vía diplomática lo diera a conocer al Estado solicitante; (iii) ordenar al accionante, continuar a disposición de la Jurisdicción Especial para la Paz, de conformidad con las actas de compromiso por él suscritas; y (iv) disponer la remisión del expediente a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y a la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los hechos y Conductas para que investigaran los hechos con base en los elementos de prueba legalmente obtenidos. Pruebas allegadas por la Fiscalía General de la Nación[60] 85. La Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía informó que (i) el quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019) se emitió cancelación de la orden de captura dictada en contra del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte, y se ordenó su libertad inmediata; (ii) en consecuencia, se remitió comunicación DAI 20191700048191 de la misma fecha, dirigida al Brigadier General del INPEC, para efectos de realizar notificación personal al accionante de dicha decisión y materializarla de forma inmediata; (iii) mediante comunicación DAI 20191700048361 del 16 de mayo de 2019, se precisó al Director del INPEC la vigencia de la orden de libertad proferida el día anterior; y (iv) se anexó acta de notificación personal al señor Hernández Solarte de la orden de libertad proferida el 15 de mayo del mismo año. G. INFORMACIÓN INCORPORADA AL PROCESO COMO HECHOS NOTORIOS 86. Por tener estrecha relación con los hechos del caso y por ser de público conocimiento, la Sala incorporará para el estudio de la acción de la referencia, lo siguiente: Hechos notorios ocurridos con posterioridad al Auto SRT-AE-030/2019, de fecha quince (15) de mayo de dos mil diecinueve (2019), proferido por la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz[61]. 87. En cumplimiento de la orden emitida por la JEP (ver supra, numeral 84), el accionante fue puesto en libertad el día diecisiete (17) de mayo del presente año, por parte de la Fiscalía General de la Nación. No obstante, una vez se hacía efectiva su orden de libertad inmediata, a la salida del centro penitenciario en que se encontraba recluido en la ciudad de Bogotá, fue capturado nuevamente en virtud a una orden de captura proferida en su contra por un juez de control de garantías, por los presuntos delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado[62]. 88. Sobre estos nuevos hechos, la Fiscalía General de la Nación informó que si bien se dio cumplimiento a la orden proferida por la JEP, sobre la disposición de la libertad inmediata del accionante, en desarrollo de sus labores de investigación, y producto de las cooperación judicial internacional, se obtuvieron nuevas evidencias que daban cuenta con claridad, de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de las presuntas conductas punibles atribuidas al accionante, motivo por el cual, procedió a solicitar una nueva orden de captura, ante un juez de control de garantías, quien la profirió y se hizo efectiva[63]. Como consecuencia de lo anterior, el señor Seuxis Paucias Hernández Solarte fue recluido nuevamente en el búnker de la Fiscalía en Bogotá, y su captura declarada legal el día diecinueve (19) de mayo de dos mil diecinueve (2019)[64]. 89. No obstante lo anterior, en audiencia llevada a cabo el día veinte (20) de mayo de dos mil diecinueve (2019) con el fin de formular imputación, el apoderado del accionante impugnó la competencia de la juez para conocer sobre el asunto, aduciendo que su representado contaba con fuero de congresista, y por ello, a quien correspondía juzgarlo era a la Corte Suprema de la Justicia. Motivo de lo anterior, en aplicación de lo previsto en el artículo 341 de la Ley 906 de 2004, la juez de control de garantías resolvió remitir el asunto a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, para efectos de que resolviera sobre la impugnación de competencia[65]. 90. Mediante Auto AP 1989 – 2019 del veintinueve (29) de mayo del presente año, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió sobre dicha impugnación, y consideró que correspondía a esa corporación procesar penalmente al señor Hernández Solarte. Lo anterior, debido a que, ante la decisión proferida por el Consejo de Estado en el proceso de pérdida de investidura (ver supra, numeral 74), el accionante ostenta la calidad de aforado constitucional, sin necesidad de cumplir con la solemnidad de tomar posesión en el cargo, pues “los congresistas tienen investidura incluso antes de la posesión en su cargo”, y además, tal como lo consideró el Consejo de Estado, la posesión del señor Hernández solarte no se ha podido llevar a cabo por motivos de fuerza mayor. 91. En ese orden de ideas, la Sala de Casación Penal consideró fundada la impugnación de competencia presentada por la defensa, y, en consecuencia, o...