Sentencia T-013 de 2026

T-013-26 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia T-013/26 ACCION DE TUTELA FRENTE A CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Improcedencia por cuanto el asunto debe ser debatido ante la jurisdicción ordinaria que está facultada para resolverlo de manera idónea y eficaz, además no se configuró un perjuicio irremediable/PERJUICIO IRREMEDIABLE-Inexistencia (...), no se evidencia un grado suficiente de certeza e inminencia respecto de la ocurrencia de un daño grave, que requiera la adopción de medidas a través de la acción constitucional, las cuales no puedan ser tomadas en el proceso ordinario laboral. ACCIÓN DE TUTELA-Improcedencia por no cumplir con requisito de la inmediatez REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Tercera de Revisión SENTENCIA T-013 de 2026 Referencia: expediente T-11.265.728 Asunto: acción de tutela instaurada por la señora Olga, en nombre propio, en contra de la Empresa Diamante Tema: estabilidad laboral reforzada por salud. No se acreditan los requisitos de inmediatez y subsidiariedad Magistrada ponente: Lina Marcela Escobar Martínez Bogotá, D.C., cuatro (4) de febrero de dos mil veintiséis (2026). La Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez, quien la preside, y los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Vladimir Fernández Andrade, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, específicamente las previstas en el artículo 86 y en el numeral 9 del artículo 241 de la Constitución Política, dicta la presente sentencia previo a la siguiente: Aclaración previa De conformidad con el artículo 61 del Acuerdo 01 de 2025 y la Circular Interna n˚. 10 de 2022 de la Corte Constitucional, las magistradas y magistrados podrán determinar que en la publicación de sus providencias se omitan nombres o información que permita identificar a las partes. Dado que el presente caso contiene datos confidenciales de la historia clínica de la accionante, así como de su estado de salud, el despacho procederá a adoptar una medida de protección de su intimidad. Por lo anterior, la Sala omitirá el nombre real de la accionante y el accionado, así como cualquier otro dato o información que permita individualizarla. De este modo, la providencia tendrá dos versiones: una con el nombre real de la actora y el accionado, que la Secretaría General de la Corte Constitucional remitirá a las partes y a las autoridades involucradas, y otra con los nombres ficticios, que seguirá el canal previsto por esta Corporación para la difusión de información pública. SENTENCIA En el trámite de revisión de la acción de tutela de la referencia cuyos fallos fueron emitidos, en primera instancia, por el Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca[1], y, en segunda instancia, por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Funza, Cundinamarca[2]. El expediente bajo estudio fue seleccionado para su revisión y repartido a la Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional, por medio de Auto del 30 de septiembre de 2025 de la Sala de Selección de Tutela Número Nueve de la Corporación[3]. Síntesis de la decisión La Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela presentada por la señora Olga en contra de Empresa Diamante. Para el efecto, la accionante invocó la vulneración de sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas y justas, a la salud, a la dignidad humana, a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo. Lo anterior, porque, a su juicio, Empresa Diamante no tuvo en cuenta sus circunstancias especiales, principalmente de salud y económicas, y su condición de madre cabeza de familia, para terminar su relación laboral. En primera instancia, el Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales solicitado. La autoridad judicial extrañó un concepto de discapacidad, minusvalía, indefensión u obligación de la accionante con su hija, que permitiera evidenciar la condición de aforada, así como una comunicación o aviso a su empleadora para reportar su condición de discapacidad o una situación de salud física o psíquica grave y evidente, para que operara la presunción de despido discriminatorio. Asimismo, el juzgado señaló que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. La accionante impugnó la decisión. En segunda instancia, el Juzgado 002 Civil del Circuito de Funza resolvió confirmar el fallo. Argumentó que la accionante desconoció la naturaleza de la acción constitucional toda vez que el asunto debía ser conocido por la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral. Agregó que ante dicha jurisdicción, la accionante podía solicitar medidas cautelares innominadas. Por ello, consideró que el caso no debe ser decidido por la justicia constitucional porque incumple el requisito de subsidiariedad. También indicó que no existió prueba de un perjuicio irremediable y que, a pesar de la difícil situación de la accionante, no demostró la posibilidad de la consumación de un daño. En sede de revisión, en el análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela, la Sala encontró que esta cumple las exigencias de legitimación en la causa por activa y por pasiva. Sin embargo, constató que la acción no satisface los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Por un lado, en cuanto al requisito de inmediatez, la Sala concluyó que el lapso aproximado de diez meses que la accionante tardó en interponer la acción de tutela no resulta razonable ni justificado. Las gestiones que realizó para atender sus obligaciones y buscar nuevas fuentes de ingreso, así como el temor que manifestó frente a la posibilidad de que la compañía accionada iniciara procesos civiles en su contra por el dinero recibido con ocasión de la terminación del vínculo laboral por mutuo acuerdo, no constituyen obstáculos que impidan la presentación oportuna de la tutela. Del mismo modo, la Sala advirtió que las condiciones de salud y económicas de la actora no configuran un impedimento que justifique la interposición de la solicitud de amparo diez meses después de los hechos que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales invocados en su escrito tutelar. Por otro lado, la Sala consideró que el requisito de subsidiariedad no se satisfizo porque: (i) la accionante no demostró que los medios ordinarios de defensa judicial no fueran idóneos o eficaces y que su situación particular le impidiera o dificultara sustancialmente gestionar las vías judiciales ordinarias para perseguir la protección de sus derechos; y, (ii) no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que permitiera utilizar la acción de tutela como mecanismo transitorio. En concreto, la Sala observó, primero, que a pesar de que la accionante fue diagnosticada con cáncer de mama desde el 2018, y luego con otras patologías, estas no representan un obstáculo sustancial para iniciar medios de defensa ordinarios después de su desvinculación en marzo de 2024. Segundo, encontró que la terminación del vínculo laboral se dio en el marco de la suscripción de un mutuo acuerdo con la compañía accionada, a través del cual la accionante recibió una suma transaccional de COP $150.000.000, más COP $8.865.698 por concepto de liquidación, para un total de COP $158.865.698. En consecuencia, la Corte no identificó un escenario económico que pusiera a la señora Olga en una situación de debilidad, que le impidiera iniciar acciones ordinarias. Y tercero, la Sala no identificó una dependencia económica de su hija que le obstaculizara la utilización de otros medios judiciales. Por lo anterior, tampoco acreditó la necesidad imperiosa del uso de la acción de tutela con miras a evitar un perjuicio irremediable. Como cuestión adicional, la Sala resaltó por qué en el caso bajo estudio no era aplicable el precedente establecido en la Sentencia SU-111 de 2025, para efectos de determinar la procedibilidad de la acción de tutela y, en concreto, para examinar el cumplimiento del requisito de subsidiariedad. El asunto analizado en dicha oportunidad tuvo elementos fácticos diferentes al caso concreto estudiado en esta providencia, pues mientras en la citada sentencia la acción de tutela se dirigió contra la sentencia de casación dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que negó las pretensiones de la accionante; en el asunto de la referencia, la acción de tutela cuestiona el acto de terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo suscrito por las partes. En consecuencia, la Sala resolvió revocar la sentencia dictada por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Funza, por medio de la cual confirmó el fallo emitido por el Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid, que negó el amparo solicitado y, en su lugar, declaró la improcedencia de la acción constitucional por no haberse satisfecho los requisitos de inmediatez y subsidiariedad para su procedencia. I. ANTECEDENTES 1. Hechos relevantes. La señora Olga ingresó a trabajar en la compañía Empresa Zafiro el 1 de marzo de 2007 con un contrato a término fijo en el cargo de “Secretaria en el Área Técnica (Registro y Desarrollo)”, el cual finalizó el 31 de agosto de 2010[4]. Luego, el 1˚ de septiembre de 2010, la señora Olga celebró un contrato de trabajo a término indefinido con la misma compañía, para desempeñar el mismo cargo[5]. 2. El 28 de mayo de 2012, la empresa modificó el contrato de trabajo en el sentido de que a partir del 1˚ de junio de 2012, se efectuaría una sustitución patronal entre Empresa Zafiro y Empresa Gema. Tal situación no afectó la antigüedad de la accionante, su salario, prestaciones sociales legales y extralegales y demás beneficios con los que contaba[6]. 3. El 3 de diciembre de 2014, las partes firmaron un otrosí al contrato de trabajo con el fin de actualizar el nombre de la compañía empleadora, toda vez que cambió su razón social de Empresa Gema a Empresa Rubí. El otrosí especificó que no implicaría una sustitución patronal ni una modificación del contrato de trabajo o de las condiciones en la prestación del servicio, remuneración, beneficios o antigüedad[7]. 4. El 1˚ de abril de 2015, las partes suscribieron un otrosí al contrato de trabajo en el sentido de modificar la denominación del cargo por “Asistente de Asuntos Regulatorios y Desarrollo”[8]. Todas las demás cláusulas del contrato permanecieron vigentes. 5. El 1˚ de septiembre de 2018, las partes firmaron un otrosí al contrato de trabajo con el cual acordaron que, a partir de esa misma fecha, se presentaría el fenómeno de la sustitución patronal entre Empresa Rubí y Empresa Diamante. El documento estableció que la trabajadora seguiría percibiendo su salario, prestaciones sociales legales y extralegales y demás beneficios que recibía de su antiguo empleador, sumado a los establecidos por el nuevo[9]. 6. En el año 2018, la señora Olga fue diagnosticada con cáncer de mama bilateral. A partir de ese momento, ha sido diagnosticada con otras patologías como trastorno mixto de ansiedad y depresión, hipotiroidismo, gastritis y apnea del sueño leve. Asimismo, ha padecido diferentes episodios de ansiedad[10]. Según la señora Olga, su condición de salud era del total conocimiento de la compañía accionada. 7. La señora Olga empezó a trabajar de manera remota desde la pandemia ocasionada por el virus del COVID-19. Adicionalmente, en noviembre de 2021, teletrabajó por cuatro meses por las afectaciones a su estado de salud, de acuerdo con una valoración medico laboral. Este beneficio se prorrogó por una sola vez, para un total de ocho meses, y terminó porque medicina laboral no expidió de nuevo la sugerencia de trabajo remoto[11]. En 2023, la señora Olga empezó un proceso de reincorporación gradual a la presencialidad[12]. 8. No obstante, debido a su condición de salud y por recomendaciones médicas, el 1˚ de febrero de 2024, la señora Olga y Empresa Diamante suscribieron un otrosí al contrato de trabajo, denominado “Acuerdo de Teletrabajo”. Mediante ese documento, entre otras obligaciones, acordaron que la accionante desempeñaría sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo y que esta condición duraría conforme a las recomendaciones médicas efectuadas al respecto[13]. 9. Según la accionante, el 8 de marzo de 2024 la compañía accionada decidió terminar unilateralmente el contrato de trabajo sin justa causa. La señora Olga fue citada en las oficinas de Empresa Diamante en la ciudad de Bogotá. Allí, se reunió con la Gerente de Recursos Humanos y el Gerente de Asuntos Regulatorios, quien era su jefe directo. La Gerente de Recursos Humanos le informó que por reestructuración interna se eliminaría su cargo el cual ya no era necesario para la organización[14]. 10. La accionante señaló que, en esa reunión, manifestó su desacuerdo con la decisión y puso de presente que contaba con estabilidad laboral reforzada por su condición de salud. También recordó que es madre cabeza de familia; tiene cincuenta años de edad; su hija está estudiando en el exterior y depende exclusivamente de ella; para la época de su desvinculación laboral, acababa de adquirir un apartamento de interés social; su despido debía contar con la autorización del Ministerio del Trabajo; y la terminación del contrato afectaría gravemente su situación económica y de salud. 11. La señora Olga manifestó que, durante la reunión, le entregaron una carta dirigida a ella denominada “terminación de contrato por insubsistencia de la causa que le dio origen a la relación laboral”[15], la cual, expresaba que la finalización de la relación laboral, se debía a dificultades económicas que estaba enfrentando la compañía, que la llevaron a prescindir de varios cargos a nivel global[16]. 12. Según la accionante, como mantuvo su posición de no firmar la carta, la Gerente de Recursos Humanos invitó a la reunión a unos abogados externos que habían revisado su situación. Le informaron que debido a que se encontraba mejor de salud y que no había tenido incapacidades recientes, ya no era titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada y, por ello, no era necesario el permiso del Ministerio del Trabajo. Además, le informaron que la compañía asumiría el pago de tres meses de la medicina prepagada con la que ya contaba —desde marzo a julio de 2024—, y que tendría un periodo de protección en el sistema de salud para recibir los servicios de la EPS. Asimismo, resaltaron que podría continuar recibiendo dichos servicios desde el régimen subsidiado en caso de que no consiguiera empleo[17]. 13. En palabras de la accionante, luego de cuatro horas de reunión, y de un desgaste mental, emocional, de sentir angustia y ansiedad, aceptó firmar un “mutuo acuerdo de finalización del contrato de trabajo y acuerdo transaccional”[18]. Entre otras, en dicho documento las partes acordaron lo siguiente: el contrato de trabajo terminaba de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 1˚ del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, es decir, de mutuo acuerdo; aunque la compañía tenía conocimiento de la situación especial de la señora Olga, la finalización de la relación laboral no representaba obstáculo alguno para la recuperación de su salud ni para el acceso al sistema de seguridad social, por lo que las partes tuvieron interés en suscribir el acuerdo; la compañía no estaba de acuerdo en que la situación de la accionante le concediera un fuero de estabilidad laboral reforzada; la terminación del contrato no obedecía a una situación distinta a la voluntad de las partes; y, la compañía reconocería una suma transaccional de COP $150.000.000. 14. Acción de tutela. El 22 de enero de 2025[19], la señora Olga presentó una acción de tutela en contra de Empresa Diamante, al considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la estabilidad laboral reforzada, a la vida en condiciones dignas y justas, a la salud, a la dignidad humana, a la seguridad social, al mínimo vital, al debido proceso y al trabajo. Lo anterior, porque, a su juicio, para terminar su relación laboral, Empresa Diamante no tuvo en cuenta sus circunstancias especiales, principalmente de salud y económicas, y su condición de madre cabeza de familia. 15. En el escrito, solicitó[20]: (i) se tutelen sus derechos fundamentales; (ii) se ordene su reintegro manteniendo las mismas condiciones laborales, y aquellas provenientes de un pacto colectivo con el que contaba al momento de la desvinculación; (iii) una vez se produzca el reintegro, se mantengan sus condiciones por salud, especialmente el trabajo remoto y, si se llegara a dar su desvinculación, que esta solo se efectúe con la autorización del Ministerio del Trabajo o por decisión judicial; (iv) se ordene, entre otros, el pago de todos los salarios, prestaciones sociales y beneficios previstos en el pacto colectivo dejados de percibir desde el momento de la desvinculación hasta que sea efectivamente reintegrada, y los aportes al sistema de seguridad social y de medicina prepagada; (v) se ordene el pago de la suma equivalente a la indemnización de 180 días de salario que trata el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo y la Ley 1468 de 2011; (vi) se ordene el pago de la suma equivalente a la indemnización por despido sin justa causa contenida en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo; y, (vii) se ordene a la compañía accionada abstenerse de realizar actos de acoso laboral una vez se produzca el reintegro, así como de asignar funciones de rango inferior. 16. Adicionalmente, la accionante resaltó que presentó la acción constitucional a los diez meses del despedido por las siguientes razones: primera, como había quedado sin trabajo, tomó acciones para atender sus obligaciones financieras más urgentes. Con el dinero que le entregaron por el mutuo acuerdo, pagó la totalidad de la hipoteca que estaba pendiente del apartamento de interés social que había adquirido y cubrió algunos trimestres del estudio de su hija en Estados Unidos. Segunda, manifestó temor de que, si presentaba la tutela, la compañía accionada iniciara acciones civiles relacionadas con la suma transaccional entregada en el marco de la terminación laboral. 17. Tercera, para evitar lo anterior y atender su difícil situación, por medio de contactos consiguió trabajo por un mes y medio. Luego, intentó conseguir otro trabajo, para lo cual aplicó a diferentes ofertas laborales sin éxito alguno. En consecuencia, inició un emprendimiento de artesanías religiosas, pero por falta de recursos tuvo que suspenderlo. Cuarta, solicitó un subsidio de desempleo con la Caja de Compensación Familiar Compensar, que le aprobaron por seis meses. Y, finalmente, su salud física y mental se ha deteriorado considerablemente. 18. Con fundamento en lo expuesto, la accionante manifestó que comprendió que su único mecanismo de manutención era el restablecimiento de sus derechos a través de la tutela, sin tener que recurrir a pleitos jurídicos extensos y costosos. 19. Sentencia de primera instancia. Por reparto, el asunto le correspondió al Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca[21]. Dicha autoridad judicial, mediante Auto del 22 de enero de 2025, resolvió admitir la acción de tutela de la referencia y vincular de manera oficiosa al personero municipal de Madrid, la Inspección de Trabajo de Facatativá y al Ministerio del Trabajo[22]. 20. En el trámite de la tutela, la compañía accionada contestó la solicitud de amparo y aportó los anexos que consideró pertinentes[23]. Manifestó que la acción constitucional no satisfacía el requisito de inmediatez, toda vez que se presentó en un plazo superior a seis meses, específicamente, a los diez meses de su retiro voluntario. Igualmente, destacó que las razones expuestas en el escrito de tutela que justificaban la demora no son de recibo ni constituyen impedimentos insuperables. Asimismo, indicó que, al momento de la terminación del contrato de trabajo, la accionante no se encontraba en situación de discapacidad, no contaba con incapacidades ni con una calificación de pérdida de capacidad laboral, no tenía recomendaciones o restricciones médicas vigentes que fueran de conocimiento de la empresa y, en general, no tenía una situación de salud que le impidiera o dificultara de manera sustancial el normal desempeño de sus funciones. Por último, advirtió que el contrato de trabajo terminó por mutuo acuerdo. 21. En razón de la respuesta anterior, la accionante envió un escrito al juez de conocimiento[24]. En síntesis, manifestó que la compañía accionada estaba desconociendo su condición de salud, que es paciente oncológica sin certificación de remisión parcial o total, que al momento de la desvinculación se encontraba en tratamiento con medicamentos y controles, y que además padece de otras circunstancias que deterioran su estado de salud. 22. El Ministerio del Trabajo respondió el requerimiento efectuado solicitando que se le desvinculara del trámite. Expuso que el ministerio no amenazó ni vulneró derecho alguno de la accionante y que los funcionarios de esa cartera no están facultados para declarar derechos individuales ni para definir controversias[25]. Por su parte, el personero municipal de Madrid y la Inspección de Trabajo de Facatativá guardaron silencio[26]. 23. Mediante Sentencia del 31 de enero de 2025[27], el Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales. Para sustentar su decisión, consideró que la accionante no demostró un perjuicio irremediable o situaciones que activaran el conocimiento del caso a través de la acción de tutela. Asimismo, estimó que tampoco demostró que la terminación del contrato de trabajo constituyera un hecho discriminatorio. 24. La accionante impugnó la providencia[28], la cual fue concedida y repartida al Juzgado 002 Civil del Circuito de Funza, Cundinamarca. No obstante, esta última autoridad judicial, con Auto del 2 de abril de 2025[29], decidió decretar la nulidad de lo actuado a partir del fallo de primera instancia para que el Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid procediera a integrar debidamente el contradictorio, vinculando a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y a la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S., debido a que tienen interés en las resultas del asunto. 25. Con Auto del 24 de febrero de 2025[30], el Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid admitió de nuevo la acción de tutela y corrió traslado a los sujetos que el juzgado de Funza consideró debían integrar el contradictorio. Por un lado, la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S., solicitó que se le desvinculara por falta de legitimación en la causa por pasiva. Argumentó que no hay evidencia de la negación de servicios a la accionante o validaciones y expediciones de incapacidades pendientes de tramitar[31]. Por otro lado, la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) también pidió que fuera desvinculado por falta de legitimación en la causa por pasiva y que se negara la acción de tutela por contener pretensiones abiertamente improcedentes. Expresó que la entidad no tiene responsabilidad alguna frente a la transgresión de derechos alegada, dado que no hay petición o trámite pendiente de resolver de la accionante[32]. 26. Con Sentencia del 11 de abril de 2025[33], el Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid resolvió negar el amparo de los derechos fundamentales solicitado. Lo anterior, debido a que no existía un concepto que permitiera concluir que la accionante se encontraba en situación de discapacidad, minusvalía o indefensión, que evidenciara la condición de aforada, y tampoco que tuviera alguna obligación con su hija. Además, advirtió que no se probó la existencia de una comunicación o aviso a su empleadora para reportar su condición de discapacidad o una situación de salud física o psíquica grave y evidente, para que entrara a operar la presunción de que su despido fue discriminatorio. Asimismo, porque no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que permitiera la habilitación del mecanismo constitucional como mecanismo transitorio de protección. 27. Impugnación del fallo de tutela. La accionante impugnó la decisión anterior. Solicitó que se revocara la providencia e insistió en sus pretensiones plasmadas en el escrito de tutela. Asimismo, reiteró sus condiciones de salud, manifestó que su consentimiento se vio viciado en la reunión en la que finalizó su contrato de trabajo, dado su tratamiento psiquiátrico por ansiedad y depresión, y que realmente sí existe un perjuicio irremediable porque en mayo de 2025, se quedaría sin cobertura de salud por la terminación del subsidio de desempleo que le brindó la Caja de Compensación Familiar Compensar[34]. 28. Sentencia de segunda instancia. Mediante Sentencia del 23 de mayo de 2025[35], el Juzgado 002 Civil del Circuito de Funza resolvió confirmar el fallo dictado por el Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid. De manera concreta, argumentó que se desconocía la naturaleza de la acción constitucional toda vez que el asunto debía ser conocido por la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral. Al respecto, precisó que, en aras de evitar cualquier perjuicio, dentro del trámite ordinario, la accionante podía solicitar medidas cautelares innominadas. Por ello, consideró que el caso no debe ser decidido por la justicia constitucional porque incumple el requisito de subsidiariedad. 29. Adicionalmente, resaltó que no existe prueba de un perjuicio irremediable y que, a pesar de la difícil situación de la accionante, esta no demostró la posibilidad de la consumación de un daño. Indicó también que, si bien no existe un término para la presentación de la solicitud de amparo, la situación económica de la accionante o su imposibilidad de acceder a empleo formal no son razones suficientes para excusarla de la demora en el acceso a la Jurisdicción Constitucional. Por último, expresó que no constató un trato discriminatorio frente a la terminación del vínculo laboral, y que, en el marco de una acción de tutela, también debe regir el principio de necesidad de la prueba. 30. Actuaciones en sede de revisión. Inicialmente el expediente de la referencia fue conocido por la Sala de Selección de Tutela Número Siete de la Corte Constitucional[36], la cual, por medio de Auto del 29 de julio de 2025, decidió no seleccionar para revisión la solicitud de amparo instaurada por la señora Olga en contra de Empresa Diamante. Luego, la acción de tutela fue de conocimiento de la Sala de Selección de Tutela Número Nueve de la Corte Constitucional[37], debido a las insistencias de selección presentadas por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño. Con Auto del 30 de septiembre de 2025, esta última sala seleccionó el expediente en comento y, previo sorteo, ordenó repartirlo a la Sala Tercera de Revisión de esta Corporación[38]. Dicho asunto fue enviado el 15 de octubre de 2025 al despacho ponente por la Secretaría General de la Corte Constitucional[39]. 31. El 10 de noviembre de 2025, la magistrada ponente dictó un auto a través del cual vinculó a la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., y realizó un decreto probatorio[40]. En concreto, solicitó la siguiente información: (i) a la señora Olga, sobre su situación económica, su estado de salud, la progresión de sus patologías y su situación familiar; (ii) a Empresa Diamante, respecto de las razones de la desvinculación de la accionante, el mutuo acuerdo que suscribieron, su restructuración e implicaciones, los cargos y funciones que desarrolló la señora Olga, los beneficios que tenía y las comunicaciones que las partes intercambiaron sobre el estado de salud de la accionante; y, (iii) a la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S., y a la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., en relación con el estado de salud actual de la accionante, la prestación de servicios de salud que le han brindado, las incapacidades que le otorgaron desde el año 2018, su estado de afiliación, los certificados de aportes a la Seguridad Social en Salud, y los pagos del servicio de medicina prepagada. Igualmente, la magistrada solicitó que aportaran la historia clínica de la señora Olga y cualquier certificado de remisión total o parcial por cáncer. 32. La señora Olga[41], Empresa Diamante[42] y la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.,[43] respondieron las preguntas formuladas en el auto y aportaron los documentos requeridos. Por su parte, la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S., guardó silencio a la solicitud realizada. 33. De manera sintética, la señora Olga reiteró que es titular del derecho a la estabilidad laboral reforzada al encontrarse en un estado de debilidad manifiesta. Además, expuso que su núcleo familiar está compuesto solamente por su hija, de 28 años; que vive actualmente con cuatro perros y cinco gatos; es soltera y madre cabeza de familia; no tiene ningún tipo de relación con el padre de su hija, quien se ha desatendido de su responsabilidad afectiva y económica; y que se encuentra actualmente desempleada[44]. 34. Asimismo, manifestó que su último salario devengado antes de la desvinculación fue de COP $3.958.130 y que contaba con otros beneficios mensuales de medicina prepagada por COP $173.625 y seguro de vida y exequial por COP $22.790[45]. Adicionalmente, que percibía unos beneficios anuales así[46]: (i) un salario en diciembre por concepto de prima extralegal; (ii) medio salario en noviembre por prima extralegal de vacaciones; (iii) dos salarios en abril por una bonificación; y, (iv) un auxilio de lentes que representaba un salario mensual. 35. Respecto de su diagnóstico de cáncer, señaló que recientemente realizó un tratamiento hormonal con el medicamento anastrozol con el objeto de inhibir la producción de estrógenos. Sin embargo, advirtió que dicho tratamiento falló por lo que tuvieron que extraerle ambos ovarios por medio de una operación que se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2025[47]. 36. Por su parte, de manera resumida, Empresa Diamante indicó que la terminación del contrato de trabajo con la señora Olga no se fundó en una motivación discriminatoria por su condición de salud, la cual, aunque era de su conocimiento, no impedía a la accionante el normal desarrollo de sus funciones. Por el contrario, manifestó que la desvinculación se debió a la suscripción de un mutuo acuerdo en virtud del literal b) del numeral 1˚ del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo[48], mediante el cual reconocieron a favor de la accionante una compensación extralegal de naturaleza transaccional por la suma de COP $150.000.000[49]. 37. Expuso que la suscripción de dicho acuerdo también respondió a una restructuración global implementada por la sociedad matriz, ocasionada por graves dificultades financieras y operativas que afectaron a la compañía en más de cien países, impactando directamente a diferentes personas de la sucursal en Colombia. Específicamente, veintidós posiciones fueron eliminadas y se suscribieron trece mutuos acuerdos para finalizar los vínculos laborales[50]. 38. En relación con la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A., en síntesis, la sociedad señaló que la señora Olga se encuentra activa y cuenta con una antigüedad reconocida desde el 13 de mayo de 2016 y una antigüedad adquirida desde el 1 de agosto de 2018[51]. Además, que su estado es activo frente a la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S., en el régimen contributivo[52]. Adicionalmente, aportó certificados de pago del contrato de medicina prepagada, que dieron cuenta de los aportes realizados por la accionante para las vigencias de 2023, 2024 y 2025, hasta noviembre de este último año[53]. 39. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 63 del reglamento interno de la Corte Constitucional, y de acuerdo con lo ordenado en el numeral séptimo de la parte resolutiva del auto de pruebas mencionado, la Secretaría General dejó a disposición de las partes y terceros requeridos los documentos enviados a esta Corporación[54]. 40. En relación con lo anterior, la señora Olga envió un escrito a la Corte mediante el cual manifestó que el mutuo acuerdo suscrito con Empresa Diamante tuvo vicios en el consentimiento debido a que fue coaccionada e intimidada para acceder a él y, que, además, le negaron tener asesoría legal. Asimismo, señaló que tramitar una demanda ante la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Laboral no representa un mecanismo eficaz debido a la demora del proceso y los costos que implica. Por lo demás, insistió en su condición de salud y en el estado de debilidad manifiesta que este representa[55]. 41. Por su parte, Empresa Diamante aportó un escrito en virtud del cual insistió en sus respuestas al decreto probatorio e indicó que la accionante se contradice respecto de su afirmación de desempleo. Esto, debido a que ha estado vinculada a la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S., y tiene varias mascotas. Del mismo modo, resaltó que la señora Olga no cuenta con un dictamen de pérdida de capacidad laboral y que no es madre cabeza de familia, dado que su hija tiene 28 años y está casada en Estados Unidos, según información obtenida de la plataforma Facebook[56]. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 42. La Sala Tercera de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional es competente para conocer los fallos de instancia, de conformidad con los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 33 a 36 del Decreto 2591 de 1991 y 57 del Reglamento Interno de la Corporación (Acuerdo 01 de 2025). 2. Requisitos de procedencia de la acción de tutela 43. Reiteradamente esta Corporación, con base en la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, ha expuesto cuáles son los requisitos de procedencia de la acción de tutela. Estos son: 44. Legitimación por activa. La acción de tutela puede ser utilizada en todo momento y lugar por todas las personas cuyos derechos fundamentales se encuentren vulnerados o amenazados, por sí mismas o por quien actúe a su nombre. De conformidad con el artículo 86 de la Constitución Política y el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991[57], este requisito se satisface cuando la tutela es ejercida: (i) directamente, es decir, por el titular del derecho fundamental que se alega vulnerado o amenazado; (ii) por medio de representantes legales, como por ejemplo en los casos de los menores de edad; (iii) a través de apoderado judicial, en los eventos de personas jurídicas. En este escenario, el apoderado o la apoderada debe tener el título de abogado y debe anexarse al escrito de tutela el poder respectivo; (iv) por parte de un agente oficioso, cuando el titular de los derechos no esté en condiciones de promover su propia defensa; o (v) mediante el Defensor del Pueblo y los personeros municipales. 45. Legitimación por pasiva. Con base en el artículo 86 de la Constitución Política y los artículos 5 y 13 del Decreto 2591 de 1991, la solicitud de amparo procede contra las acciones u omisiones de autoridades públicas y, en ciertos eventos, de particulares[58], que hayan vulnerado, vulneren o amenacen derechos fundamentales[59]. 46. Inmediatez. El artículo 86 de la Constitución Política establece que la acción de tutela se puede interponer en todo momento y lugar. En ese entendido, la Corte ha sostenido que, en principio, dicha solicitud de amparo no tiene un término de caducidad[60]. No obstante, dado que la acción de tutela es un mecanismo que tiene por objeto la protección inmediata de derechos fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados, este requisito implica que no puede transcurrir un tiempo excesivo, irrazonable o injustificado entre la actuación u omisión cuestionable y la presentación de la solicitud de amparo[61]. En cualquier escenario, el juez constitucional deberá analizar las situaciones particulares que puedan incidir en la tardanza en la interposición de la acción constitucional, para efectos de determinar si la acción de tutela cumple el requisito de inmediatez. 47. Subsidiariedad. En virtud del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela procede cuando la persona afectada no dispone de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de un perjuicio irremediable. La jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que dicha acción constitucional también procede en aquellos eventos en los que, aun estando disponibles otros medios de defensa, los mismos no resultan idóneos o eficaces para el caso concreto[62]. En consecuencia, toda persona que acuda a la acción de tutela debe, en primer lugar, haber hecho uso de los recursos ordinarios que el ordenamiento jurídico le ofrece para alcanzar la protección de sus derechos, siempre que resulten idóneos y eficaces, con el fin de evitar el uso indebido de la vía constitucional como instancia judicial preferente[63]. 48. La jurisprudencia también ha establecido que, en aquellos casos en los que están involucrados derechos de sujetos de especial protección, es necesario realizar un estudio del requisito de procedibilidad bajo criterios amplios y flexibles, que tenga en cuenta las condiciones particulares del sujeto. Así, el juez constitucional debe tener en cuenta las situaciones de vulnerabilidad en las que se encuentre el accionante que le impidan o dificulten sustancialmente gestionar la protección de sus derechos fundamentales por las vías judiciales ordinarias[64]. 49. Existen eventos en los que la acción de tutela no representa el mecanismo principal de defensa judicial. No obstante, puede proceder como instrumento transitorio cuando sea necesario para evitar un perjuicio irremediable. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado ciertos elementos a considerar para la posible configuración de un perjuicio irremediable[65]. Estos son: (i) que se esté ante un perjuicio inminente o próximo a suceder, lo que implica un grado suficiente de certeza respecto de los hechos y la causa del daño; (ii) que el perjuicio sea grave, lo que conlleva a la afectación de un bien susceptible de determinación jurídica, altamente significativo para la persona; (iii) que se requieran medidas urgentes para superar el daño, las cuales deben ser adecuadas frente a la inminencia del perjuicio, con la consideración de circunstancias particulares del caso; y, (iv) las medidas de protección deben ser impostergables, lo que significa que deben responder a condiciones de oportunidad y eficacia, que eviten la consumación de un daño irreparable. 3. Análisis de los requisitos de procedencia de la acción de tutela en el caso concreto 50. Frente al caso bajo estudio, la Sala encuentra que se satisfacen los requisitos de procedencia de la acción de tutela, relativos a la legitimación por activa y por pasiva. No obstante, no ocurre lo mismo con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, como pasa a exponerse: 51. La legitimación por activa se encuentra satisfecha toda vez que la acción de tutela fue promovida por la señora Olga, a nombre propio, quien es la titular de los derechos fundamentales invocados como infringidos por la compañía accionada, debido a la terminación de su relación laboral, sin tener en cuenta sus circunstancias particulares. 52. El requisito de la legitimación por pasiva está satisfecho debido a que la acción de tutela se dirige en contra de Empresa Diamante, la cual fue la compañía empleadora de la accionante al momento de su desvinculación y, frente a quien, se cuestiona su actuar en relación con la desvinculación laboral de la señora Olga. 53. Como se indicó en líneas anteriores, en primera instancia, el Juzgado 001 Civil Municipal de Madrid, Cundinamarca, vinculó de manera oficiosa al personero municipal de Madrid, a la Inspección de Trabajo de Facatativá y al Ministerio del Trabajo[66]. De igual forma, debido a la nulidad decretada por el Juzgado 002 Civil del Circuito de Funza, Cundinamarca, la autoridad judicial de Madrid vinculó a la Administradora Colombiana de Pensiones (Colpensiones) y a la Entidad Promotora de Salud Sanitas S.A.S[67]. En sede de revisión, esta Corporación vinculó y requirió a la Compañía de Medicina Prepagada Colsanitas S.A.[68], con la intención de que aportara al expediente información relativa al estado de salud de la accionante, la prestación de servicios de salud que le han brindado, las incapacidades que le han otorgado, su estado de afiliación y los certificados de pagos del servicio de medicina prepagada, entre otros. 54. Frente a los sujetos mencionados en el párrafo anterior, la Sala encuentra que no están legitimados por pasiva, toda vez que, respecto de ellos, no se puede predicar la presunta vulneración de los derechos fundamentales que fueron invocados por la accionante. En efecto, en el escrito tutelar, la señora Olga no cuestiona ninguna acción u omisión de dichos vinculados ni dirige pretensión alguna en contra de ellos. Asimismo, tampoco se les puede vincular directa o indirectamente con las acciones que alega la actora vulneraron sus derechos. De hecho, en cuanto a la vinculación efectuada por la Corte, la accionante manifestó que las entidades de salud a las cuales se encuentra afiliada le han prestado los servicios. En consecuencia, la Sala ordenará su desvinculación en la parte resolutiva de esta sentencia. 55. La acción de tutela no cumple el requisito de inmediatez. La acción de tutela no fue interpuesta dentro de un término razonable, valorado desde el momento en que se configuró la situación que presuntamente vulneró los derechos fundamentales de la accionante. En efecto, tal situación consistió en la reunión del 8 de marzo de 2024, la cual tuvo como resultado la suscripción de un mutuo acuerdo para la terminación de la relación laboral. Mediante este acuerdo la empresa accionada reconoció a su favor la suma de COP $150.000.000, más COP $8.865.698 por concepto de liquidación, para un total de COP $158.865.698[69]. La acción de tutela fue presentada por la accionante el 22 de enero de 2025[70], es decir, aproximadamente diez meses después. 56. En el escrito de tutela, la accionante expuso que presentó la acción constitucional transcurrido ese término por varias razones[71]. Primera, al quedarse sin trabajo, tomó acciones para atender sus obligaciones financieras más urgentes. Con el dinero que le entregaron por la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo, pagó la totalidad de la hipoteca que estaba pendiente del apartamento de interés social que había adquirido y cubrió algunos trimestres de los estudios universitarios de su hija en Estados Unidos. Segunda, tenía temor de que, si presentaba la tutela, la compañía accionada iniciara acciones civiles relacionadas con la suma transaccional entregada en el marco de la finalización del vínculo laboral. Tercera, para evitar lo anterior y atender su difícil situación, por medio de contactos consiguió trabajo por un mes y medio. Luego, intentó conseguir otro trabajo, para lo cual aplicó a diferentes ofertas laborales sin éxito alguno. En consecuencia, inició un emprendimiento de artesanías religiosas, pero por falta de recursos tuvo que suspenderlo. Después, solicitó un subsidio de desempleo con la Caja de Compensación Familiar Compensar, que le aprobaron por seis meses. Y cuarta, su salud física y mental se deterioraron gravemente. Posterior a todo lo anterior, según la accionante, comprendió que su único mecanismo de manutención era el restablecimiento de sus derechos a través de la tutela, pues esta vía le evitaba recurrir a pleitos jurídicos extensos y costosos. 57. Para la Sala, en el caso de la señora Olga, el lapso aproximado de diez meses para interponer la solicitud de amparo no resulta razonable ni justificado por las siguientes razones. En primer lugar, durante el tiempo en que intentó generar nuevas fuentes de ingresos, la accionante pudo haber presentado la tutela de manera paralela. El haber destinado los recursos obtenidos por la terminación del contrato laboral por mutuo acuerdo al pago de algunas obligaciones, así como sus esfuerzos por obtener nuevos ingresos, no constituyen obstáculos reales que impidieran la presentación oportuna del amparo. Máxime cuando, según lo señalado por ella misma, se encontraba en una situación económica precaria y con un deterioro progresivo de su estado de salud. 58. En segundo lugar, la Sala no considera atendible el argumento de la accionante según el cual se abstuvo de presentar la acción de tutela por temor a que la compañía accionada iniciara acciones civiles en su contra, relacionadas con el dinero que le fue entregado con ocasión de la terminación del vínculo laboral por mutuo acuerdo. Si bien la Sala no está llamada a valorar las emociones de la peticionaria, lo cierto es que el eventual riesgo de perder dichos recursos solo podría haberse materializado mediante una decisión judicial, adoptada tras un proceso en el que la accionante habría tenido la posibilidad de actuar y ejercer su defensa. Por otra parte, se advierte que la interposición de la tutela no dependió tanto de ese temor como del hecho de que los recursos provenientes del mutuo acuerdo comenzaron a agotarse. Esta circunstancia recaía exclusivamente en la esfera de la accionante, pues se relacionaba con el manejo y la administración que ella diera a los recursos recibidos. 59. Por último, y con base en la exposición detallada que se realizará más adelante respecto de la situación de salud y económica de la accionante, la Sala considera que las particularidades de esa situación no eran un obstáculo que justificara la interposición de la acción de tutela a los diez meses de los hechos que presuntamente vulneraron los derechos fundamentales invocados. En efecto, los diferentes diagnósticos que tuvo la accionante, antes y después del 8 de marzo de 2024, no representaban una limitación sustancial para hacer uso oportuno de la acción constitucional. Ninguno de ellos supuso que no pudiera valerse por sí misma o que alguna de sus dolencias físicas le impidiera la interposición de la acción de tutela en términos cortos y perentorios. En este sentido, tampoco está probado que hubiese estado hospitalizada por largos periodos o que la accionante se hubiese encontrado en una situación de vulnerabilidad extrema. 60. Finalmente, la Corte concluye que el requisito de subsidiariedad no se entiende satisfecho por dos razones: (i) los medios ordinarios de defensa judicial con los que contaba y cuenta la accionante son idóneos y eficaces y (ii) no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que permita utilizar la acción de tutela como mecanismo transitorio. 61. En relación con lo primero, es preciso tener en cuenta que, de acuerdo con la jurisprudencia, “[u]n mecanismo judicial es idóneo, si es materialmente apto para resolver el problema jurídico planteado y producir el efecto protector de los derechos fundamentales. Por su parte, es eficaz, cuando permite brindar una protección oportuna a los derechos amenazados o vulnerados. Lo anterior implica que el juez constitucional no puede valorar la idoneidad y la eficacia del otro medio de defensa judicial en abstracto. Por el contrario, debe determinar si, de acuerdo con las condiciones particulares del accionante y los hechos y circunstancias que rodean el caso, dicho medio le permite ejercer la defensa de los derechos que estima vulnerados de manera oportuna e integral”[72]. 62. Procede la Sala a explicar los argumentos con sustento en los cuales, en el presente caso, los medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y eficaces y no existe un perjuicio irremediable que deba ser conjurado mediante la acción de tutela: A. En el presente caso, los medios ordinarios de defensa judicial son idóneos y eficaces 63. La Corte constata que la accionante puede acudir al proceso ordinario laboral para obtener la protección de sus derechos y cuestionar la validez de la terminación por mutuo acuerdo del contrato de trabajo suscrito con Empresa Diamante. Dicho proceso es un instrumento apropiado para determinar si Empresa Diamante obró de manera contraria a derecho al promover un acuerdo transaccional en las circunstancias en las que se encontraba la accionante para ese momento. Desde esa perspectiva, el proceso ordinario laboral es un medio apto para resolver el problema jurídico de fondo en el presente caso. Igualmente, ese proceso es eficaz porque, en consideración de las condiciones de salud, económicas y familiares en las que está la accionante, el proceso en cuestión es un mecanismo que, de ser el caso, le otorgará la protección oportuna de sus derechos. 64. La accionante no se encuentra en una situación de salud que represente un obstáculo sustancial para hacer uso del proceso ordinario laboral. En el año 2018, la accionante fue diagnosticada con cáncer en el seno izquierdo y, luego, en 2019, tuvo el mismo diagnóstico para el seno derecho[73]. Asimismo, fue diagnosticada con otras patologías como trastorno mixto de ansiedad y depresión[74], hipotiroidismo[75], gastritis[76] y apnea del sueño leve[77]. También padeció diferentes episodios de ansiedad[78]. Estas circunstancias eran de conocimiento de la compañía accionada[79]. En el material probatorio que consta en el expediente se puede observar que Empresa Diamante acató de manera contundente y oportuna las recomendaciones médicas que le fueron dadas a la accionante en diferentes oportunidades y mostró una disposición colaborativa con la señora Olga[80]. De hecho, tal circunstancia generó que, en diferentes momentos, la compañía accionada le informara a la accionante que podía desempeñar sus funciones desde su casa[81]. Así, por ejemplo, con fundamento en una valoración medico laboral, la actora pudo trabajar de manera remota por cuatro meses desde noviembre de 2021, plazo que se prorrogó por el mismo tiempo y que luego se terminó porque medicina laboral no expidió de nuevo la sugerencia de trabajo remoto[82]. 65. Igualmente, debido a su condición de salud y por recomendaciones médicas, el 1˚ de febrero de 2024, la señora Olga y Empresa Diamante suscribieron un otrosí al contrato de trabajo, denominado “Acuerdo de Teletrabajo”. En ese documento, entre otras, se acordó que la accionante desempeñaría sus funciones bajo la modalidad de teletrabajo y que esta condición duraría conforme a las recomendaciones al respecto[83]. 66. Luego de la fecha de desvinculación de la accionante debido a la terminación del vínculo laboral por mutuo acuerdo con Empresa Diamante, la señora Olga manifestó que, entre otras gestiones médicas, realizó varias ecografías, tuvo varias citas con psiquiatría por el trastorno mixto de ansiedad y depresión, tuvo sangrados genitales y efectuó un tratamiento hormonal con el medicamento Anastrozol, con el objeto de inhibir la producción de estrógenos. Sin embargo, advirtió que dicho tratamiento falló por lo que tuvieron que extraerle ambos ovarios por medio de una operación que se llevó a cabo el 27 de septiembre de 2025[84]. 67. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala constata que los diferentes diagnósticos que tuvo la accionante antes y después del 8 de marzo de 2024 no representan un impedimento sustancial para que pueda acudir al proceso ordinario laboral con el fin de obtener la protección de sus derechos con ocasión de la terminación del vínculo laboral con Empresa Diamante por mutuo acuerdo. La identificación del estado de salud de la accionante se hace con el ánimo de demostrar que el proceso ordinario laboral era y es un medio de defensa judicial idóneo y eficaz, y no para desvirtuar o acreditar la validez de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. Lo anterior es así, por las siguientes razones: 68. Primera, si bien la jurisprudencia constitucional ha señalado que el cáncer es una enfermedad catastrófica, que afecta múltiples aspectos de la vida de quienes la padecen[85], este solo hecho no activa la acción de tutela como el medio de defensa judicial primario. Frente a cada caso, el juez constitucional debe analizar si efectivamente las particularidades del solicitante le impiden u obstaculizan de manera sustancial la activación de los medios ordinarios de defensa judicial. 69. En el caso bajo estudio, en el expediente obra información sobre el estado de salud de la accionante al momento próximo de la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo. A continuación, la Sala identifica dicha información, principalmente en relación con el cáncer de mama que padeció: 70. El 20 de septiembre de 2023, el doctor Hernán Carranza Isaza, de medicina interna – oncología clínica, dirigió una misiva a “Colsanitas”[86], en la que detalló: “examen físico, buen estado general (…) no palpo adenopatías, examen de seno, seno derecho reconstruido, seno izquierdo reconstruido, cardiopulmonar normal, abdomen no encuentro masas ni visceromegalias, TR no se practica extremidades sin alteración, neurológico sin alteración (…) Gamagrafia osea sin lesiones (Colsanitas 22 agosto 2022), Rx de torax (Colsanitas 25 jul 2022) Ecografía abdomen sin lesiones (Colsanitas 25 jul 2022) (…) Plan le formulo tratamiento adyuvante así ANASTROZOLE (…) [y] GOSERELIN”[87]. 71. El 26 septiembre de 2023, luego de un examen del tórax ordenado por el doctor Carlos Duarte, se halló que “no hay nódulos ni adenopatías mediastinales”[88], y se ordenó “continuar seguimiento por mastólogo y oncólogo”[89]. 72. En un correo electrónico del 9 de noviembre de 2023, la señora Olga informó a la compañía accionada que, ese mismo día, había recibido recomendaciones médicas respecto de su carga laboral y la secuencialidad de las labores, entre otras cuestiones. Sobre el particular, la accionante comentó en el mensaje que asistiría “a la oficina en el horario establecido y los días impares, para poder ir en carro, [sentirse] segura y proteger [sus] equipos”[90]. 73. Un certificado de aptitud laboral del 28 de noviembre de 2023, recomendó: “No Elevar Miembros Superiores Por Encima Del Hombro”[91], “Reintegro Laboral De Forma Paulatina”[92], y “Continuar Actividad Laboral Evitando Los Transportes De Largo Tiempo”[93]. 74. Con posterioridad al 8 de marzo de 2024, la Sala constata lo siguiente: (i) la enfermedad de la accionante no desarrolló metástasis[94]; (ii) en abril y en octubre de 2024, en relación con una ecografía de mama que le fue practicada, una médica señaló lo siguiente: “[c]ambios por mastectomía bilateral con reconstrucción con colgajo graso sin signos de recidiva locorregional. Nódulo ecogénico la coordenada 2, periareolar derecha en relación con trayecto cicatricial que permanece estable con respecto al estudio previo (…)”[95]; y, (iii) en febrero de 2025, una médica radióloga reportó que “[n]o hay imágenes nodulares sólidas o quísticas como tampoco zonas de atenuación sospechosas (…) [y] [e]l músculo pectoral, la piel y el tejido celular subcutáneo se observan sin alteración”[96]. 75. Segunda, respecto de otros padecimientos de salud referidos por la accionante, en el expediente obra información sobre su estado de salud al momento próximo de la terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo y luego de la suscripción de dicho documento. Al respecto, se detalla lo siguiente como ejemplo: 76. Frente al hipotiroidismo: la historia clínica de la accionante precisa que el 7 de noviembre de 2023, a partir de un eco de tiroides, no se evidenciaron lesiones nodulares definidas[97]. Después del 8 de marzo de 2024 y, específicamente, en diciembre de ese mismo año, una ecografía de tiroides indicó que no se identificaron adenomegalias en la zona del cuello y que los planos musculares y estructurales vasculares estaban sin alteraciones, así como que la piel y el tejido celular mostraba un aspecto normal[98]. 77. Frente a la gastritis: en noviembre de 2023, en virtud de la toma de unas biopsias para la unidad de gastroenterología, no se hallaron evidencias de lesiones en la mucosa[99]. En ese mismo mes y año, una colonoscopía total para la misma unidad arrojó diagnóstico “NORMAL”, que no se palparon masas o lesiones y que la mucosa estaba normal[100]. Luego del 8 de marzo de 2024, en diciembre de ese mismo año, la accionante manifestó que acudió a la unidad de urgencias por distintos síntomas de una gastritis nerviosa[101]. 78. Frente al trastorno mixto de ansiedad y depresión: en marzo de 2023, a través de un correo electrónico, la accionante informó a la compañía accionada que unos meses después de que su hija viajara a Estados Unidos en agosto de 2021, empezó a experimentar el síndrome del nido vacío, pero que logró superarlo y adaptarse a la nueva realidad[102]. En ese mismo mes y año, tuvo una incapacidad por ocho días a causa de un episodio depresivo moderado[103]. En noviembre de 2023, un certificado de aptitud laboral recomendó el reintegro laboral de la accionante de manera paulatina, según indicación de psiquiatría, y ordenó continuar con la actividad laboral evitando recorridos largos[104]. En enero de 2024, la accionante acudió al médico y señaló que diciembre había sido un mes agobiante, que sentía que ir a la oficina era un desgaste y que continuaba con agotamiento y cansancio. Sobre el particular, le formularon “Duloxetina (…) y Pregabalina”[105]. Un año después (marzo de 2025) de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo, la accionante continuaba con el diagnóstico de la enfermedad referida. Para el efecto, le ordenaron “ACIDO FOLICO (…) EN SUERO, VITAMINA D 25 (…) [y] VITAMINA B12”[106]. Sin embargo, no existe prueba de que este padecimiento de salud se haya agravado o empeorado. 79. Frente a la apnea del sueño: en enero de 2024, la accionante tenía el diagnóstico de hipersomio no orgánico, por lo que una médica psiquiatra le recomendó distintas acciones para mejorar la calidad del sueño, como mantener un horario fijo para acostarse y levantarse, utilizar la cama solo para dormir y evitar el uso de pantallas mínimo dos horas antes de acostarse[107]. En la respuesta al decreto probatorio la accionante mencionó que, en la actualidad, continua con apnea del sueño leve con seguimiento de neumología y neurología[108]. 80. De acuerdo con lo anterior, la Sala observa que ninguna de las enfermedades que padecía y padece la accionante —algunas de las cuales se encuentra recuperada— le impiden de forma seria y sustancial acudir al proceso ordinario laboral para cuestionar la validez de la terminación del contrato de trabajo por mutuo acuerdo. 81. Tercera, de conformidad con el material probatorio, no se evidenció que al momento de la terminación del vínculo laboral por mutuo acuerdo, la accionante contara con una incapacidad médica vigente[109]. Adicionalmente, frente a la respuesta del decreto probatorio, la accionante aportó como anexo unas incapacidades. Sobre el particular, la Sala observó que antes d...