Sentencia SU-873 de 2014

SU873-14 Sentencia SU873/14 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA-Alcance del Auto 100 de 2008/DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Competencia de los jueces constitucionales según auto 004 de 2004 y auto 100 de 2008 En el Auto 100 de 2008, la Sala Plena de esta Corporación estableció que los ciudadanos a quienes le fuera declarado nulo un proceso de tutela por haberlo presentado contra una Alta Corte, podían presentar su solicitud ante cualquier juez o radicar su petición directamente en la Secretaría General de la Corte Constitucional, dada la intensa restricción que el rechazo de las acciones de tutela genera en los derechos fundamentales a la administración de justicia al ejercicio de la acción de tutela; y a la existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos. Específicamente, con fundamento en el Auto 004 de 2004, se explicó que lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia y a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados Internacionales, y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad PRINCIPIO DE INMEDIATEZ Y VULNERACION DEL DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL POR NO RECONOCIMIENTO DE PENSION DE SOBREVIVIENTES-Vulneración persiste en el tiempo DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL-Fundamental e imprescriptible La Corte ha sostenido el carácter imprescriptible del derecho irrenunciable a la seguridad social, según el cual las personas beneficiarias de alguna prestación pueden reclamar su derecho en cualquier tiempo, siempre que llenen los requisitos legales exigidos. Basta entonces con demostrar que la vulneración es permanente en el tiempo y que la situación desfavorable derivada del irrespeto por los derechos, continúa y es actual. REQUISITO DE FIDELIDAD-Inaplicación por considerarse abiertamente inconstitucional y claramente regresivo Este Tribunal Constitucional ha sostenido que ninguna autoridad administrativa o judicial puede, so pena de violar los postulados constitucionales, aplicar el requisito de fidelidad contenido en los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003. El requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes debía inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la muerte del causante ocurrió antes de la declaratoria de inexequibilidad de la norma mediante la sentencia C-556 de 2009. VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION COMO CAUSAL DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Caso en que se exige acreditar requisito de fidelidad para acceder a pensión de sobrevivientes Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución; o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso. DEFECTO POR VIOLACION DIRECTA DE LA CONSTITUCION-Se incurre en un defecto por violación directa de la Carta Política al resolver sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes exigiendo el requisito de fidelidad DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Vulneración por negar reconocimiento de pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que esposo fallecido no acreditó el requisito de fidelidad al sistema DERECHO AL DEBIDO PROCESO, AL MINIMO VITAL Y A LA SEGURIDAD SOCIAL-Orden a Colpensiones reconocer pensión de sobrevivientes Referencia: expediente T-4324560 Acción de tutela instaurada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de la acción de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con fundamento en lo dispuesto en el Auto 100 de 2008.[1] El expediente de la referencia fue escogido para revisión mediante Auto del treinta (30) de abril de dos mil catorce (2014), proferido por la Sala de Selección Número Cuatro.[2] I. ANTECEDENTES Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, quien tiene setenta y tres (73) años de edad,[3] presentó acción de tutela contra el Tribunal Superior de Medellín y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia por considerar que vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso y al mínimo vital, mediante los fallos proferidos dentro del proceso ordinario laboral instaurado por ella contra el Instituto de Seguros Sociales – ISS (hoy Colpensiones EICE).[4] Argumenta que las autoridades judiciales incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus providencias al negarle el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes sobre la base de que no cumplía el requisito de fidelidad, pues dicho presupuesto fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en la sentencia C-556 de 2009.[5] 1. Hechos 1.1. El esposo de la accionante, el señor Marco Aurelio Gómez Giraldo,[6] falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004)[7] habiendo cotizado al sistema general de pensiones un total de cuatrocientas setenta y tres (473) semanas, de las cuales ciento cincuenta (150) correspondían a los tres (3) años anteriores a su muerte.[8] Hasta el momento del deceso, los esposos permanecieron en comunidad de vida en forma permanente e ininterrumpida[9] y procrearon cinco (5) hijos.[10] 1.2. Con base en lo anterior, la actora solicitó al ISS el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en calidad de cónyuge supérstite. Dicha entidad, mediante Resolución No. 15743 de 2004, negó su petición porque el causante no llenaba el requisito de fidelidad contenido en el artículo 46 de la Ley 100 de 1993,[11] modificado por la Ley 797 de 2003.[12] Explicó que “el asegurado cotizó a este Instituto 150 semanas en los tres años anteriores al fallecimiento, [pero solo] acreditó un 16.77% de fidelidad de cotización al Sistema de Pensiones”, por lo que procedía únicamente el reconocimiento de la indemnización sustitutiva en la suma de $3´763.046.[13] 1.3. Inconforme con esa decisión, la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez acudió a la justicia ordinaria laboral pretendiendo el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Para el momento en que presentó la demanda, la Corte Constitucional no había declarado inexequible el requisito de fidelidad al sistema,[14] por lo que justificó sus pretensiones en que a su caso no debió aplicarse la normativa vigente al momento del fallecimiento del causante (Ley 797 de 2003), sino otra anterior (Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 de 1990) que establece que las beneficiarios pueden acceder a dicha prestación si el asegurado aportó al sistema –al menos- trescientas (300) semanas en cualquier tiempo,[15] pues la misma era más beneficiosa para sus intereses. 1.4. En primera instancia conoció del proceso ordinario el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que mediante sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007) declaró que “a la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo”.[16] Dicha autoridad atendió completamente los argumentos de la parte demandante sobre la normativa aplicable, y señaló que el caso debía examinarse bajo el Decreto 758 de 1990 en virtud de la condición más beneficiosa, ya que el causante cumplía con el presupuesto de trescientas (300) semanas aportadas en cualquier tiempo. Pero además se hizo referencia en la sentencia al requisito de fidelidad alegado por la apoderada de la actora. 1.5. Esa decisión fue impugnada por el ISS, y en segunda instancia correspondió su estudio al Tribunal Superior de Medellín, Sala Laboral. En sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009), dicha autoridad decidió revocar en su integridad el fallo de primera instancia y absolver a la demandada de las pretensiones.[17] Argumentó que en este caso debía exigirse el requisito de fidelidad al sistema porque el esposo de la actora falleció durante la vigencia de la norma que lo consagraba (Ley 797 de 2003) y, de las pruebas obrantes en el expediente, se podía colegir que no cumplía con el número de semanas mínimo para satisfacerlo. Indicó que no podía aplicarse la norma anterior más beneficiosa, porque no se puede “pretender ignorar las diferentes reformas pensionales que se han presentado en el país, para encontrar la que se acomode según las circunstancias del caso concreto.” 1.6. Contra este último fallo la peticionaria interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue resuelto negativamente por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011).[18] A pesar de que al momento de proferirse esta decisión la Corte Constitucional ya había declarado inexequible el requisito de fidelidad en sentencia C-556 de 2009, porque transgredía injustificadamente la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones, la Sala de Casación Laboral insistió en su aplicación para el caso de la accionante. Explicó que “es claro que el causante no acreditó el porcentaje de fidelidad al sistema del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la del deceso, lo que significa que no cumplió con los requisitos exigidos por la normatividad que regula la controversia, para que la demandante pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes, toda vez que la sentencia de la Corte Constitucional C-556 de 2009 que declaró inexequible tal exigencia no tiene efectos retroactivos”.[19] 1.7. En este contexto la actora presentó la acción de tutela que ahora es objeto de revisión, pretendiendo el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social y al mínimo vital y como consecuencia de ello se dejen sin efecto las sentencias ordinarias, proferidas por el Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Explica que los fallos censurados comportan una vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, comoquiera que incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución al resolver su situación pensional exigiendo un presupuesto declarado inexequible. Sostiene que reiterada jurisprudencia constitucional ha establecido que el requisito de fidelidad para la pensión de sobrevivientes fue inicialmente inaplicado por la Corte Constitucional en sede de tutela, por considerarlo contrario a la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones, y posteriormente, en control abstracto, declarado inexequible. Por tanto, a su juicio, no interesa si el fallecimiento de su esposo sucedió antes o después de la sentencia C-556 de 2009, pues en ningún caso puede exigirse el requisito en cuestión. 1.8. Manifiesta que al no reconocérsele la pensión de sobrevivientes a que cree tener derecho, está sometida a un estado de precariedad económica, pues tiene setenta y tres (73) años,[20] no puede trabajar, y el salario de su cónyuge era su única fuente de ingresos. Afirma que actualmente “vive de lo que le brinden sus hijos”, quienes trabajan informalmente en el “rebusque”, y que “no posee bienes, no tiene cotizaciones a pensión, no es jubilada, y se siente muy deprimida desde que faltó su esposo, pues perdió seguridad y esto se agudiza al tener que estar esperando lo que humildemente sus hijos con tanto esfuerzo le aportan.”[21] 1.9. Aclara que presentó la acción luego de tres (3) años de proferida la sentencia de casación, porque su apoderada en el proceso ordinario laboral, solo hasta poco antes de presentar la tutela, “[…] dijo que el proceso se había perdido”.[22] 1.10. El conocimiento de la acción de tutela correspondió en primera instancia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual declaró improcedente el amparo constitucional mediante sentencia del trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014). En su criterio, no se cumplía “con el principio de inmediatez que rige la acción pública, [porque] la decisión cuestionada se profirió el 15 de febrero de 2011 y solo después de tres años la accionante promovió la acción constitucional”. 1.11. La actora impugnó la providencia referenciada. La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, decidió declarar la nulidad de todo lo actuado y no remitir las diligencias a la Corte Constitucional, mediante providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014). Indicó que la acción de tutela no procede contra las providencias proferidas por las Salas de Casación del Alto Tribunal, por lo que no era posible ni siquiera examinar el asunto. 1.12. La señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez presentó el caso directamente en la Secretaría General de la Corte Constitucional para que se surtiera su proceso de selección, de conformidad con lo dispuesto en el Auto 100 de 2008.[23] Una vez efectuado el respectivo trámite, la Sala de Selección Número Cuatro escogió el proceso. 2. Respuestas de las entidades demandadas[24] 2.1. El Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que tramitó en primera instancia el proceso ordinario, guardó silencio. 2.2. El Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, solicitó que se denegara el amparo constitucional. En su concepto, la decisión “se ajustó en su momento a las normas sustantivas y de procedimiento sobre el tema; así como al precedente vertical de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. […] [Por lo que] no se aprecia vulneración o amenaza a derecho fundamental alguno.” 2.3. La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, solicitó declarar improcedente la acción de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, toda vez que, a su juicio, “no se satisface el requisito de inmediatez, dado que la decisión que se cuestiona se emitió el 25 de febrero de 2011, es decir hace más de 3 años.” Así mismo, manifestó que el amparo no debe prosperar porque la sentencia de casación “se fundó en las normas aplicables al asunto en el que se discutió la pensión de sobrevivientes, esto es, el artículo 12 de la Ley 797 de 2003, así como en la sentencia C-556 de 2009, en la cual no se dispuso su efecto retroactivo. // Aun cuando con posterioridad esta Sala modificó su tesis en punto a lo aquí controvertido, a través de la providencia 35319 de 8 de mayo de 2012, atentaría contra los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica que cualquier cambio pudiese revivir procedimientos concluidos.” 2.4. Colpensiones EICE intervino en el trámite de revisión y solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, pues en su criterio no se cumplía con el presupuesto de inmediatez. 3. Actuaciones surtidas en el trámite de revisión Mediante auto del veintitrés (23) de julio de dos mil catorce (2014) se ofició a la Sala Civil de la Corte Suprema de justicia para que remitiera a esta Corporación una copia del expediente de tutela completo. Dicha autoridad remitió las copias solicitadas el veintinueve (29) de julio de dos mil catorce (2014). II. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia La Sala es competente para revisar el trámite referido, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241, numeral 9º, de la Constitución; 33 y 34 del Decreto 2591 de 1991; y el Auto 100 de 2008. Competencia de la Corte Constitucional para conocer el asunto en virtud del Auto 100 de 2008 1.1. El artículo 241 de la Constitución Política, numeral 9º, asigna a esta Corte la función de revisar “las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.” En este trámite se expidieron las sentencias respectivas en la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, la Sala Penal declaró improcedente la solicitud por no cumplirse con el requisito de inmediatez, y en segunda instancia, la Sala Civil declaró la nulidad de todo lo actuado, decidiendo además no remitir las diligencias a la Corte Constitucional. 1.2. En el Auto 100 de 2008,[25] la Sala Plena de esta Corporación estableció que los ciudadanos a quienes le fuera declarado nulo un proceso de tutela por haberlo presentado contra una Alta Corte, podían presentar su solicitud ante “cualquier juez (unipersonal o colegiado)” o radicar su petición directamente en la Secretaría General de la Corte Constitucional, dada la intensa restricción que el rechazo de las acciones de tutela genera en los derechos fundamentales a la administración de justicia (art. 228, CP); al ejercicio de la acción de tutela (art. 86, CP); y a la existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos (art. 25, CADH). Específicamente, con fundamento en el Auto 004 de 2004,[26] se explicó que “[…] lo resuelto por las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia al no admitir a trámite las acciones de tutela que interponen las personas contra providencia judicial proferida por una Sala de dicha Corporación, les vulnera su derecho constitucional fundamental de acceso a la administración de justicia (C. N., art. 229) y a obtener la tutela judicial efectiva de sus derechos fundamentales, de conformidad con los Tratados Internacionales (Convención Americana de Derechos Humanos, art. 25), y las Opiniones Consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (OC-11/90, OC-16/99). // Le corresponde por lo tanto a la Corte Constitucional, como máximo órgano de la Jurisdicción Constitucional, impedir que continúe la violación advertida, dado que las solicitudes de tutela en los casos en que las diferentes Salas de Casación de la Corte Suprema de Justicia resuelven no admitir su trámite, no pueden quedar sin solución alguna.”[27] 1.3. En el caso de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia declaró la nulidad de todo lo actuado en el trámite de tutela sobre la base de que “ninguna autoridad está facultada para alterar la condición inmutable de que están revestidas las decisiones [de la Corte Suprema de Justicia]”, y no remitió el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión porque la providencia proferida no definía de fondo el amparo. Luego la actora presentó su caso directamente en la Secretaría General de la Corte Constitucional para que se surtiera el proceso de selección. En este asunto, la accionante no ha recibido todavía un pronunciamiento de la administración de justicia sobre el conflicto constitucional que plantea, pues todo el trámite relacionado con su tutela fue declarado nulo. Por tanto, se hace necesario que esta Corte asuma el estudio en revisión de las sentencias de instancia, pues lo contrario sería incompatible con la vigencia plena de los derechos al acceso a la administración de justicia, la existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos, y al ejercicio de la acción de tutela, consagrados en los artículos 86 y 228 de la CP y 25 de la CADH.[28] 2. Planteamiento del caso y problema jurídico 2.1. La accionante pretende que se dejen sin efecto las decisiones judiciales que, en el marco de un proceso laboral ordinario, negaron el reconocimiento de su pensión de sobrevivientes en razón de que el causante no acreditó el requisito de fidelidad al sistema. Estima que tales decisiones incurrieron en un defecto sustantivo porque le exigieron cumplir un presupuesto declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-556 de 2009, en tanto violaba injustificadamente la prohibición de regresividad en la protección de los derechos sociales y económicos. Por su parte, las autoridades judiciales demandadas alegan que no vulneraron el derecho al debido proceso de la actora. Explican que (i) al momento de emitirse la sentencia del Tribunal todavía no se había declarado inconstitucional el requisito de fidelidad al sistema, por lo que no era factible inaplicarlo al caso concreto; y que (ii) si bien el fallo de casación se profirió luego de la sentencia C-556 de 2009, el causante falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004),[29] antes de que se surtieran los efectos de la inexequibilidad.[30] Además, advierten que la acción de tutela es improcedente, toda vez que transcurrieron cerca de tres (3) años desde que se profirió la sentencia acusada de inconstitucional y la presentación de la tutela, y por tanto no se reúne el requisito de inmediatez. 2.2. En este contexto, la Sala Primera de Revisión deberá resolver el siguiente problema jurídico: ¿una autoridad judicial vulnera los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social y al mínimo vital de una persona de la tercera edad, al negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes argumentando que el causante no acreditó el requisito de fidelidad al sistema, a pesar de que la Corte Constitucional lo declaró inexequible y ha sostenido consistentemente que desde siempre fue inconstitucional y en todo caso debe inaplicarse? 2.3. Para resolver el problema jurídico, la Sala (i) examinará si la acción de tutela es procedente para atacar las providencias judiciales referenciadas; luego, de cumplirse los requisitos generales de procedibilidad, (ii) verificará si efectivamente las autoridades judiciales demandadas vulneraron los derechos fundamentales invocados por la accionante, teniendo en cuenta que este mismo problema jurídico ha sido estudiado en numerosas ocasiones por esta Corporación. 3. Condiciones de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales 3.1. El artículo 86 de la Carta establece que los ciudadanos pueden acudir a la acción de tutela cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. En tanto los jueces son autoridades públicas y algunas de sus acciones toman la forma de providencias, si con una de ellas se amenazan o violan derechos fundamentales, la acción de tutela es procedente para solicitar la protección de los mismos. 3.2. Desde la sentencia C-543 de 1992,[31] la Corte Constitucional sostuvo que la acción de tutela procede contra providencias judiciales si de manera excepcional se verifica que la autoridad que la profirió incurrió en una vía de hecho.[32] Y actualmente, tras un desarrollo jurisprudencial que decantó esta postura, dentro del cual debe mencionarse la sentencia C-590 de 2005,[33] se sustituyó el concepto de vía de hecho por el de causales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. 3.3. Según esta doctrina, la tutela contra providencias judiciales está llamada a prosperar siempre y cuando satisfaga todo un haz de condiciones. En primer lugar, la acción de tutela debe cumplir con unos requisitos de procedibilidad general, a saber: (i) si la problemática tiene relevancia constitucional; (ii) si han sido agotados todos los recursos ordinarios o extraordinarios de defensa de los derechos, a menos que se trate de impedir un perjuicio irremediable o que los recursos sean ineficaces en las circunstancias particulares del peticionario; (iii) si se cumple el requisito de la inmediatez (si se solicita el amparo pasado un tiempo razonable desde el hecho que originó la violación); (iv) si se trata de irregularidades procesales, que ellas hubieran tenido incidencia en la decisión cuestionada, salvo que de suyo afecten gravemente los derechos fundamentales; (v) si el actor identifica debidamente los hechos que originaron la violación, así como los derechos vulnerados y si (de haber sido posible) lo mencionó oportunamente en las instancias del proceso ordinario o contencioso; (vi) si la providencia impugnada no es una sentencia de tutela.[34] 3.4. Sólo después de superados los requisitos anteriores, el juez de tutela debe verificar en segundo lugar si se configura alguna de las condiciones de prosperidad del amparo, o causales especiales de procedibilidad.[35] En este plano, el juez debe evaluar si la providencia cuestionada incurrió en alguno de los siguientes yerros: (i) defecto orgánico; (ii) defecto procedimental absoluto; (iii) defecto fáctico; (iv) defecto material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente o (viii) violación directa de la Constitución.[36] Además, debe definir si el haber incurrido en alguno de esos defectos supuso la violación de derechos fundamentales. 4. La acción de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez es procedente para censurar las providencias judiciales referenciadas La Sala observa que en este asunto concurren los requisitos generales de procedibilidad mencionados, por lo que la acción de tutela presentada por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez es apta para controvertir las sentencias proferidas por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 4.1. En efecto, (i) la cuestión debatida tiene relevancia constitucional, porque debe examinarse si las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la accionante, al negarle la pensión de sobrevivientes bajo el entendimiento de que el causante no acreditó el requisito de fidelidad, aun cuando el mismo fue declarado inexequible en la sentencia C-556 de 2009. De la definición de ese punto no solo depende el alcance del derecho reclamado y el respeto hacia la jurisprudencia constitucional, sino también la protección de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, quien es sujeto de especial protección constitucional debido a su avanzada edad (73 años).[37] Toda su vida ella se ocupó del cuidado de los hijos y su casa, y su esposo del ingreso económico para el mantenimiento del hogar, por lo que la garantía de una renta regular se torna indispensable para llevar una vida en condiciones dignas. 4.2. Igualmente, (ii) la accionante agotó todos los recursos eficaces para la protección de sus derechos fundamentales. Ella impetró una demanda ordinaria laboral buscando específicamente el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes derivada de la muerte de su esposo, la cual correspondió en primera instancia al Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que accedió a sus pretensiones en sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007).[38] El fallo fue impugnado por la parte demandada, y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín revocó la decisión de primera instancia en sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009).[39] Posteriormente, la actora interpuso recurso extraordinario de casación ante la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que en providencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011) decidió no casar la sentencia.[40] Cabe aclarar que el recurso de revisión no era procedente, en tanto las causales para proponerlo son taxativas y ninguna de ellas se presentaba en este caso.[41] En consecuencia, la peticionaria agotó todos los medios judiciales eficaces para la defensa de su derecho a la pensión de sobrevivientes, y el único mecanismo existente para la protección de sus derechos fundamentales es la acción constitucional. 4.3. En lo referente al principio de inmediatez, (iii) la Corte ha sostenido que dado el carácter imprescriptible e irrenunciable del derecho a la pensión de sobrevivientes, la vulneración que se presente en relación con el mismo es actual, si la negativa se fundamenta en un criterio abiertamente inconstitucional y está comprometido el derecho al mínimo vital. En la sentencia SU-407 de 2013,[42] la Sala Plena señaló en un caso similar que una acción de tutela interpuesta dos (2) años después de proferida la providencia censurada cumplía con el presupuesto general de inmediatez, puesto que “[…] la supuesta violación de los derechos a la seguridad social y al mínimo vital de la peticionaria permanece; es decir, continúa y es actual, ya que priva a la señora Orrego Monsalve y sus hijas de los recursos necesarios para garantizar una subsistencia digna”.[43] Esta misma interpretación ha sido sostenida por diversas salas de revisión de la Corte. Por ejemplo, en la sentencia T-1028 de 2010,[44] la Sala Octava de Revisión se pronunció sobre la inmediatez de la tutela promovida por una persona contra una providencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la que se resolvió negarle la pensión de sobrevivientes reclamada. En esa ocasión transcurrieron dos (2) años y ocho (8) meses entre la expedición del fallo de casación y la presentación de la tutela. La Corte estimó que la acción debía considerarse procedente porque “a pesar del paso del tiempo, la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales permanece, es decir, continúa y es actual”, precisamente porque la persona se encontraba en una situación económica difícil que al momento de presentar el amparo no había podido superar.[45] Al analizar el requisito de inmediatez, en este tipo de casos la Corte ha sostenido el carácter imprescriptible del derecho irrenunciable a la seguridad social, según el cual las personas beneficiarias de alguna prestación pueden reclamar su derecho en cualquier tiempo, siempre que llenen los requisitos legales exigidos.[46] Basta entonces con demostrar que la vulneración es permanente en el tiempo y que la situación desfavorable derivada del irrespeto por los derechos, continúa y es actual. En el caso objeto de estudio se encuentra que la acción de tutela es procedente, pues la violación a los derechos fundamentales de la actora es permanente y actual. Hoy en día la accionante no percibe su pensión de sobrevivientes y eso le impide llevar una vida con contenidos mínimos de dignidad, pues se sostiene con los aportes voluntarios y esporádicos que sus hijos le hacen, aunque al igual que ella carecen de recursos financieros. Manifiesta que la ausencia de la prestación la tiene sometida a un estado de precariedad económica, en tanto carece de alguna renta regular que le permita procurarse autónomamente las necesidades básicas, como alimentación, vestido y vivienda. La ayuda que actualmente le brindan sus hijos proviene de la buena voluntad que les asiste, pero como lo manifiesta en su escrito de tutela, las condiciones económicas de ellos son desfavorables por cuanto sus ingresos provienen del “rebusque” y de trabajos esporádicos, y son muy exiguos. Pero además, el paso del tiempo tiende a agravar su situación, pues a su avanzada edad (73 años) se suman las dificultades propias de la vejez, que demandan mayores gastos para atender su salud. Adicionalmente, para el análisis de inmediatez cabe tener en cuenta que, en este caso, solo transcurrieron diecisiete (17) días desde que la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia emitió la providencia que declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso de tutela, y la presentación del expediente por parte de la actora ante la Secretaría General de la Corte Constitucional, con fundamento en el Auto 100 de 2008.[47] Esto demuestra que las actuaciones realizadas por la peticionaria en la jurisdicción constitucional se llevaron a cabo dentro de un tiempo razonable, lo que denota su interés y cuidado en la defensa de sus derechos fundamentales.[48] 4.4. De otra parte, la accionante argumenta que la sentencia censurada incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución al haberse basado la Corte Suprema -Sala Laboral- para decidir su caso en una norma declarada inexequible. Además, de argumentar que dentro del proceso ordinario no podía negarse su pensión de sobrevivientes sobre la base de que no cumplía el requisito de fidelidad, porque eso desconocía la jurisprudencia constitucional y la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones. [49] De esta forma, cumplidos los presupuestos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, y de conformidad con la metodología propuesta, la Sala examinará el asunto de fondo. 5. El requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes debe inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la muerte del causante sucedió antes de su declaratoria de inexequibilidad. Reiteración de jurisprudencia 5.1. Este Tribunal Constitucional ha sostenido que ninguna autoridad administrativa o judicial puede, so pena de violar los postulados constitucionales, aplicar el requisito de fidelidad contenido en los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003.[50] Tal presupuesto establecía que para acceder a la pensión de sobrevivientes los interesados debían acreditar que el causante tuviera un 20% o un 25% de cotizaciones entre el momento que cumplía veinte (20) años de edad y el deceso, dependiendo de si la muerte era causada por enfermedad o por accidente.[51] 5.2. En la sentencia C-556 de 2009,[52] la Corte Constitucional declaró inexequibles esas disposiciones que contenían el requisito de fidelidad para adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes. La Sala Plena sostuvo que “la exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes”. Concretamente, se argumentó que la imposición de ese presupuesto hacía más gravoso el acceso al beneficio pensional en relación con las disposiciones previas, porque antes solamente se exigía que el afiliado fallecido hubiera aportado un mínimo de semanas al momento de producirse el deceso, y con el requisito de fidelidad se necesitaba además cotización al sistema de al menos el 20% o el 25% del tiempo transcurrido entre el momento en que cumplió veinte (20) años de edad y la fecha del fallecimiento. Esa medida no ofrecía un trato equitativo a los afiliados y desconocía el deber de protección a la población más vulnerable, pues quienes tuvieran más años de edad debían aportar un número de cotizaciones superior para satisfacer el requisito.[53] Por tanto, al no estar justificada la regresividad en alguna finalidad constitucional de mayor entidad, ni contarse con mecanismos para mitigar el impacto del tránsito legislativo, la Corte declaró inexequible las disposiciones contentivas del requisito de fidelidad en pensión de sobrevivientes (literales a y b de la Ley 797 de 2003). 5.3. A esa providencia no se le asignaron efectos retroactivos. Sin embargo, esta Corporación había sostenido en reiteradas decisiones de las diferentes salas de revisión, de manera unívoca y pacífica, que en todo caso debía inaplicarse el requisito de fidelidad al sistema para acceder a la pensión de sobrevivientes. Se dijo que la exigencia de ese presupuesto “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones”,[54] precisamente porque desde su expedición fue entendida como una medida desproporcionada que contraría injustificadamente la prohibición de regresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales. En la sentencia T-1036 de 2008,[55] por ejemplo, la Sala Segunda de Revisión sostuvo que en un caso concreto no podía exigirse el requisito de fidelidad al sistema porque esa actuación implicaba violar los derechos fundamentales de una mujer y sus hijos, en tanto dicha disposición era regresiva. Se estableció que aun cuando la normativa vigente requería satisfacer el presupuesto de fidelidad para otorgar una pensión de sobrevivientes, el mismo no podía exigirse en el caso analizado por cuanto arrojaba un resultado desproporcionado, por lo que resultaba necesario aplicar la excepción de inconstitucionalidad. En palabras de la Corte: “[…] si se hubiera aplicado el artículo 46 de la Ley 100 de 1993 en su versión original al momento del fallecimiento del señor López Ospina, la accionante h[abrí]a tenido derecho al reconocimiento de la pensión y, por lo tanto, respecto de ella y sus menores hijas, se presenta una regresión en el ámbito de protección de sus derechos. Dicha regresión tiene sobre la tutelante y sus hijas un impacto desproporcionado porque sus actuales ingresos no superan lo equivalente a un salario mínimo, y con ellos debe subsistir en compañía de sus hijas menores, una de las cuales tiene bronquitis aguda y rinitis alérgica, lo cual aumenta los gastos familiares. // Así, tal como ha procedido esta Corporación en los precedentes reseñados, esta Sala procederá a aplicar la excepción de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 con el objetivo de proteger los derechos de la accionante y de sus menores hijas”.[56] 5.5. Posteriormente, cuando la Corte retiró del sistema jurídico las normas que consagraban el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes, mediante la sentencia C-556 de 2009, lo que hizo fue corregir una situación que desde siempre fue inconstitucional, por lo que dicha providencia tiene un efecto declarativo y no constitutivo. Las normas que contenían ese presupuesto no fueron inconstitucionales desde el momento en que la sentencia las declaró inexequibles, sino que desde su entrada en vigencia resultaban contrarias a los postulados superiores, en tanto desconocían injustificadamente la prohibición de regresividad en la protección de los derechos sociales, económicos y culturales, al imponer un requisito que hacía más riguroso el acceso a la pensión de sobrevivientes. 5.6. Como ya se ha mencionado, el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes debía inaplicarse en todo caso, inclusive cuando la muerte del causante ocurrió antes de la declaratoria de inexequibilidad de la norma mediante la sentencia C-556 de 2009.[57] 6. Las autoridades judiciales demandadas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus providencias, al exigirle a la actora acreditar el requisito de fidelidad para acceder a la pensión de sobrevivientes La Sala debe establecer entonces si las autoridades judiciales demandadas vulneraron el derecho fundamental al debido proceso de la accionante. Ella manifiesta que, en efecto, las demandadas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus providencias por cuanto resolvieron su situación pensional exigiéndole el requisito de fidelidad, el cual ha sido contrario a los postulados constitucionales desde su expedición. En concepto de las demandadas, sus providencias judiciales no vulneraron derecho fundamental alguno, porque la muerte del causante sucedió antes de que se profiriera la sentencia C-556 de 2009 y en la misma no se dispusieron efectos retroactivos. 6.1. Un defecto por violación directa de la Constitución se configura, entre otros eventos, cuando el juez ordinario toma una decisión que desconoce específicamente los postulados de la Carta Política, en perjuicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos. En otras palabras, dicho defecto se produce cuando se deja de aplicar una disposición constitucional en un caso concreto; cuando la decisión judicial se apoya en una interpretación claramente contraria a la Constitución;[58] o cuando el juez se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de los postulados superiores, siempre que se solicite su declaración por alguna de las partes en el proceso.[59] Las providencias que incurren en este tipo de defecto no sólo vulneran el derecho al debido proceso de las partes involucradas en el trámite, sino que también desconocen la supremacía de la Constitución Política en el ordenamiento jurídico (art, 4º. CP), por cuanto se apartan de sus mandatos con base en argumentos infraconstitucionales. A este respecto, cabe señalar que “el actual modelo de ordenamiento constitucional reconoce valor normativo a los preceptos superiores, de modo tal que contienen mandatos y previsiones de aplicación directa por las distintas autoridades y, en determinados eventos, por los particulares. Por ende, resulta plenamente factible que una decisión judicial pueda cuestionarse a través de la acción de tutela cuando desconoce o aplica indebida e irrazonablemente tales postulados”.[60] 6.2. En materia de pensión de sobrevivientes, esta Corte ha sostenido en diferentes oportunidades que cuando una autoridad judicial niega ese derecho argumentando que no se cumple el requisito de fidelidad, se incurre en un defecto por violación directa de la Constitución. Los artículos 48 y 53 superiores consagran expresamente la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones,[61] y el requisito de fidelidad desconoce esa proscripción en tanto impone una barrera adicional para el acceso a la pensión de sobrevivientes, que no se encuentra justificada en un Estado Social de Derecho. Por ejemplo, en la sentencia SU-132 de 2013,[62] la Sala Plena de la Corte amparó los derechos al debido proceso y al mínimo vital de una persona a quien, en el marco de un proceso laboral ordinario, le negaron el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes porque no llenaba el requisito de fidelidad al sistema, el cual consideraban aplicable porque el causante había fallecido antes de su declaratoria de inexequibilidad. Al respecto, se indicó que “la actuación de los jueces competentes configuró una violación directa a la Constitución por la aplicación de la norma contraria a la Carta”, toda vez que “no debió darse aplicación al requisito de fidelidad al sistema, consagrado en el literal a) del artículo 12 de la ley 797 de 2003, dentro del proceso de solicitud de pensión de sobrevivientes interpuesto por la señora Piedad del Socorro Gómez Roldán, ya que la norma es contraria a la Constitución y debió inaplicarse mediante la excepción de inconstitucionalidad”, pues la misma contravenía la prohibición de regresividad en materia de seguridad social en pensiones. De igual forma, en la sentencia SU-158 de 2013,[63] la Sala Plena sostuvo que una sentencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justica incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución, al resolver sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes aplicando el requisito de fidelidad, el cual consideraba exigible porque aún estaba vigente al momento de la muerte del causante. La Corte sostuvo que “[…] la sentencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en un defecto por desconocimiento directo de la Constitución ya que [el requisito de fidelidad] que exigía aplicar resultaba inconstitucional. El defecto consistió, puntualmente, en no haber inaplicado la Ley pese a ser contraria a la Constitución, tal y como esta última había sido interpretada en numerosos pronunciamientos por la Corte Constitucional, que es la Corporación que tiene asignada la función primigenia de guardar la integridad y supremacía de la Constitución Política (art. 241, C.P.).” Esta misma regla decisional fue aplicada en la sentencia SU-407 de 2013,[64] a propósito de un caso similar. 6.3. Cuando una autoridad judicial exige el requisito de fidelidad para resolver sobre el reconocimiento de una pensión de sobrevivientes, incurre en un defecto por violación directa de la Carta Política, porque desconoce que ese presupuesto transgrede la prohibición constitucional de regresividad en materia de seguridad social en pensiones y el principio de proporcionalidad. Esta interpretación puede extenderse a las providencias ordinarias proferidas antes de la sentencia C-556 de 2009, en las cuales se haya exigido el requisito de fidelidad. Los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003 desde siempre han sido contrarios a los principios y valores superiores estatuidos en la Constitución, y en tal sentido, las autoridades judiciales han tenido la obligación de inaplicarlo vía excepción de inconstitucionalidad. Incluso antes de la declaratoria de inexequibilidad la Corte había dejado a un lado el requisito de fidelidad en casos concretos, en tanto lo encontró contrario al mandato de progresividad y proporcionalidad, tal como se hizo en la sentencia T-1036 de 2008,[65] antes reseñada. 6.4. En el asunto objeto de estudio, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, en sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009), y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en providencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011), le negaron el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a Dilia del Socorro Muñoz de Gómez porque su esposo no acreditó el requisito de fidelidad al sistema antes de fallecer. 6.4.1. En efecto, (i) la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín resolvió en segunda instancia del proceso ordinario revocar la decisión del Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que en primera instancia había concedido el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la accionante. Argumentó el Tribunal que no debía prosperar la pretensión de reconocimiento pensional, porque el causante no llenó el requisito de fidelidad al sistema, el cual consideraba aplicable en tanto el causante falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004), durante la vigencia de la norma que lo consagraba (Ley 797 de 2003). Y luego de presentado el recurso de casación contra esa providencia, (ii) la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia decidió no casar la sentencia del Tribunal, pues, a su juicio, era “claro que el causante no acreditó el porcentaje de fidelidad al sistema del tiempo transcurrido entre la fecha en que cumplió 20 años de edad y la del deceso, lo que significa que no cumplió con los requisitos exigidos por la normatividad que regula la controversia, para que la demandante pudiera acceder a la pensión de sobrevivientes, toda vez que la sentencia de la Corte Constitucional C-556 de 2009 que declaró inexequible tal exigencia no tiene efectos retroactivos”.[66] 6.4.2. Las providencias controvertidas incurrieron en un defecto por violación directa de la Carta Política, precisamente porque resolvieron sobre el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes de la accionante exigiendo el requisito de fidelidad. 6.4.3. El artículo 48 constitucional prevé de manera expresa que el Estado “ampliará progresivamente la cobertura de la seguridad social”, lo cual implica que aquellas medidas regresivas en materia pensional son en principio contrarias a dicho mandato, si es que no están justificadas en fines superiores de mayor entidad.[67] Como se mencionó anteriormente, “la exigencia de fidelidad de cotización, que no estaba prevista en la Ley 100 de 1993, es una medida regresiva en materia de seguridad social, puesto que la modificación establece un requisito más riguroso para acceder a la pensión de sobrevivientes”,[68] y no se encuentra una justificación poderosa en el marco de un Estado Social de Derecho, en tanto sacrifica intensamente la protección progresiva del derecho a la seguridad social en relación con los beneficios para la sostenibilidad financiera del sistema mediante la cultura de la afiliación.[69] Así lo ha establecido este Tribunal en múltiples oportunidades, como se vio en el apartado quinto de las consideraciones de esta sentencia. 6.4.4. Exigirle a la peticionaria que acredite fidelidad al sistema para efectos de serle reconocida la pensión de sobrevivientes, significa imponerle el cumplimiento de un presupuesto regresivo que no es aceptable en el marco constitucional actual. De hecho, requerirle un 20% de cotizaciones entre la fecha que su esposo cumplió veinte (20) años de edad y la muerte, le impone una barrera infranqueable para acceder a la pensión de sobrevivientes, pues, además de las cincuenta (50) semanas en los tres (3) años anteriores al fallecimiento, él tendría que haber aportado adicionalmente en ese lapso un aproximado de setecientas cuarenta (740) semanas.[70] Esa situación es regresiva en comparación con las disposiciones de la Ley 100 de 1993, que exigían el cumplimiento de un número de semanas mínimo para garantizar el derecho. Pero además es desproporcionada, si se tiene en cuenta que a las personas con mayor edad les exige un número superior de aportes, a pesar de que por el paso del tiempo han visto menguada su fuerza de trabajo.[71] 6.4.5. Las autoridades judiciales demandadas tenían, entonces, la obligación de inaplicar al caso de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez el requisito de fidelidad, habida cuenta de su contradicción con los postulados superiores. Sin embargo, omitieron ese deber bajo el argumento de que el causante falleció el veintinueve (29) de febrero de dos mil cuatro (2004), antes de que fuera declarada inexequible la norma mediante la sentencia C-556 de 2009, y porque a esa decisión no se le dieron efectos retroactivos. Pero ese argumento no es de recibo. En primer lugar, porque la exigencia de fidelidad “desde siempre fue contraria al derecho fundamental a la seguridad social en pensiones”.[72] Desde su vigencia fue una medida desproporcionada que violó injustificadamente el principio de progresividad en materia de derechos sociales, económicos y culturales, y con antelación a su declaratoria de inexequibilidad, la Corte había decidido inaplicarla en casos concretos tras encontrar que sometía a las personas reclamantes a una situación incompatible con la Constitución Política.[73] Y en segundo lugar, porque no se puede aceptar la posibilidad de que alguna autoridad le otorgue efectos jurídicos a una disposición inconstitucional que ya fue declarada inexequible. De conformidad con el artículo 243 superior, los fallos que emite esta Corporación en ejercicio de control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional, y “[n]inguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo”. La sentencia C-556 de 2009 hizo tránsito a cosa juzgada constitucional y, en consecuencia, a todas las autoridades les está vedado reproducir el contenido material del requisito de fidelidad en pensión de sobrevivientes y otorgarle efectos jurídicos, inclusive a la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. 6.4.6. Por estas razones, resulta inconstitucional la decisión de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia de basar sus decisiones en la exigencia del requisito de fidelidad en el caso de la actora, bajo el entendimiento de que el causante falleció antes de que ese presupuesto fuera retirado del ordenamiento jurídico, pues era necesario inaplicarlo para garantizar el mandato de progresividad en materia de seguridad social en pensiones y el principio constitucional de proporcionalidad. 6.4.7. Esa situación, además, genera un grave perjuicio al mínimo vital de la peticionaria, pues la ausencia de la pensión la tiene sometida a un estado de precariedad económica por cuanto sobrevive con los aportes de sus hijos, quienes no cuentan con un empleo regular.[74] Aunado al hecho de que es una persona de la tercera edad (73 años) con pocas posibilidades para generarse autónomamente fuentes de ingresos, por la pérdida paulatina de su fuerza de trabajo. 6.5. En consecuencia, la Sala Plena amparará los derechos fundamentales invocados por la accionante y dejará sin efectos las sentencias censuradas, en tanto no accedieron a las pretensiones de la accionante porque no cumplía el requisito de fidelidad. 7. Conclusión y órdenes a proferir 7.1. La Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso, la seguridad social y al mínimo vital de Dilia del Socorro Muñoz de Gómez, al negarle el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes bajo el argumento de que su esposo fallecido no acreditó el requisito de fidelidad al sistema. Dicho requisito resultaba contrario al mandato superior de progresividad en materia de seguridad social desde su expedición, por cuanto impuso a los usuarios una obligación más gravosa a las ya existentes en el pasado para acceder a la pensión de sobrevivientes. Incluso la Corte Constitucional lo declaró inexequible en la sentencia C-556 de 2009. Por tanto, las demandadas incurrieron en un defecto por violación directa de la Constitución en sus decisiones, pues en todo caso debieron inaplicarlo. Toda providencia judicial que le otorgue efectos al requisito de fidelidad al sistema es inconstitucional, sin importar si es proferida antes o después de la sentencia C-556 de 2009, en la que se declararon inexequibles los literales a) y b) del artículo 12 de la Ley 797 de 2003, pues tal requisito siempre ha sido contrario a los postulados superiores. En consecuencia, aun cuando el fallo de segunda instancia de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, que revocó la decisión de conceder el derecho pensional a la actora, fue expedido con anterioridad a la sentencia C-556 de 2009, debió inaplicarse la norma por ser contraria al mandato constitucional de progresividad en materia de seguridad social en pensiones. Pero además, cuando se expidió la providencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia que no casó la sentencia del Tribunal, la Corporación fundamentó su decisión en la exigencia del requisito de fidelidad, cuando ya para entonces la Corte Constitucional había retirado del ordenamiento las disposiciones que contenían tal requisito y había dicho que: “[n]inguna autoridad podrá reproducir el contenido material del acto jurídico declarado inexequible por razones de fondo” (art. 243 CP). 7.2. Con base en lo anterior, la Sala Plena de la Corte Constitucional revocará la providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014) emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de todo lo actuado por tratarse de una tutela contra un fallo de la Corte Suprema, y dejó sin efectos la sentencia de primera instancia proferida el trece (13) de febrero de dos mil catorce (2014) por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se declaró improcedente el amparo por no cumplirse el requisito de inmediatez, en el proceso de tutela presentado por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín y la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. En su lugar, concederá el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al mínimo vital y la seguridad social de la actora. Como se explicó en el apartado primero de las consideraciones de esta sentencia, las autoridades judiciales no pueden declarar la nulidad de los procesos de tutela argumentando que no procede la tutela contra decisiones de una alta corte, y en todo caso debe remitirse el expediente a la Corte Constitucional para que se surta el trámite de revisión. Dicha actuación resulta contraria a los derechos al acceso a la administración de justicia, la existencia de un recurso judicial efectivo para la protección de los derechos humanos, y al ejercicio de la acción de tutela, consagrados en los artículos 86 y 228 de la CP y 25 de la CADH.[75] 7.3. Como consecuencia del amparo otorgado, se dejará sin efecto la sentencia del quince (15) de febrero de dos mil once (2011) proferida por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que no casó la sentencia del nueve (9) de febrero de dos mil nueve (2009) emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual se absolvió en segunda instancia al ISS (hoy Colpensiones) de la pretensión de reconocimiento de la pensión de sobrevivientes a la accionante, porque no cumplía el requisito de fidelidad al sistema. Y se restablecerán los efectos de la sentencia del treinta (30) de julio de dos mil siete (2007) proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, que en primera instancia del proceso ordinario declaró que “a la señora Dilia del Socorro Muñoz de Gómez le asiste el derecho a la pensión de sobrevivientes por la muerte de su cónyuge Marco Aurelio Gómez Giraldo”, pero por las razones expuestas en esta providencia. 7.4. Así mismo, se ordenará a Colpensiones EICE (antes ISS) que, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de esta providencia, cumpla las órdenes contenidas en la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín el treinta (30) de julio de dos mil siete (2007), dentro del proceso laboral ordinario iniciado por Dilia del Socorro Muñoz de Gómez contra el ISS. Para ello deberá tener presente los valores actualizados de cada una de las condenas y podrá descontar lo pagado a la accionante por concepto de indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, sin afectar su derecho al mínimo vital.[76] Igualmente, tendrá en cuenta la regla general de prescripción, contenida en el artículo 488 del Código Sustantivo del Trabajo,[77] según la cual prescriben aquellas mesadas comprendidas dentro de los tres (3) años anteriores desde que la respectiva obligación se haya hecho exigible.[78] III. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución Política, RESUELVE Primero.- LEVANTAR la suspensión de términos decretada por auto del dieciocho (18) de julio de dos mil catorce (2014). Segundo.- REVOCAR la providencia del diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014) emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la nulidad de todo lo actuado por tratarse de una tutela contra un fallo de la Cort...