Sentencia SU-298 de 2015

SU298-15 Sentencia SU298/15 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia El desconocimiento del precedente es una causal específica de procedencia de tutela contra providencias judiciales. Esta puede configurarse a través de dos vías: (i) cuando se demuestra un defecto sustantivo o (ii) al evidenciar un desconocimiento de precedente de forma autónoma; pues, como ha expuesto esta Corporación, no hay un límite indivisible entre estas causales. DEFECTO SUSTANTIVO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia El defecto sustantivo abarca múltiples circunstancias en las que la aplicación del elemento de derecho genera un error en la administración de justicia. Incluye desde una equivocación en la elección de la norma aplicada por parte de la autoridad judicial, hasta el desconocimiento de reglas jurisprudenciales. CARACTERIZACION DEL DEFECTO POR DESCONOCIMIENTO DEL PRECEDENTE CONSTITUCIONAL Ha advertido la Corte que se incurre en desconocimiento del precedente constitucional: (i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela. IMPRESCRIPTIBILIDAD DEL DERECHO A LA PENSION La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado reiteradamente que el derecho a la pensión es imprescriptible. Con sustento en el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social consignado en el artículo 48 de la Constitución, y conforme al principio de solidaridad, a la especial protección que debe el Estado a las personas de tercera edad y al principio de vida digna, ha construido una sólida línea jurisprudencial que sostiene que el derecho a la pensión no se extingue con el paso del tiempo. DERECHO A LA RELIQUIDACION DE PENSION DE VEJEZ-Jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha cambiado su jurisprudencia desde el año 2003. Anteriormente, sostenía que el derecho a reclamar el reajuste de la pensión no prescribía, pero posteriormente utilizó la diferenciación entre el derecho a la pensión y los créditos que de ella se generan, para concluir que la reclamación de reliquidación sí prescribe. La actual línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia sostiene que la prescripción sí aplica para las reclamaciones que pretendían incluir nuevos factores salariales en la liquidación de la pensión. DERECHO A LA RELIQUIDACION DE PENSION DE VEJEZ-Es imprescriptible Conforme a la jurisprudencia constitucional, el derecho a reclamar la reliquidación de la pensión está estrechamente vinculado con el derecho a la pensión en sí misma, por lo tanto también es imprescriptible. Además, se ha determinado que resulta desproporcionado que los afectados con una incorrecta liquidación no puedan reclamar su derecho en cualquier tiempo. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-No se desconoció el precedente judicial por cuanto las decisiones cuestionadas adoptaron el precedente fijado por la Corte Suprema de Justicia en relación con la prescripción o imprescriptibilidad de la reliquidación pensional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Procedencia por desconocimiento del precedente constitucional, específicamente en relación con la prescripción de la acción para solicitar la reliquidación pensional De acuerdo con el precedente de esta Corporación, las solicitudes de reclamación con el fin de obtener la reliquidación de la pensión para la inclusión de factores salariales, no prescriben, pues una interpretación contraria es violatoria del artículo 53 de la Constitución. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Orden de emitir un nuevo fallo en el que se aplique el precedente de la Corte Constitucional en relación con las solicitudes de reliquidación pensional que se presenten en cualquier tiempo, y aplicar la prescripción sólo a las mesadas pensionales Referencia: Expediente T-4.615.005. Acción de tutela presentada por Roberto Guzmán contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá. Procedencia: Consejo Superior de la Judicatura, Sala Jurisdiccional Disciplinaria. Asunto: Prescripción de la acción para reclamar la reliquidación de pensión. Magistrada Ponente: GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO. Bogotá, D. C., veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados María Victoria Calle Correa–quien preside–, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Martha Victoria Sáchica Méndez y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales ha proferido la siguiente SENTENCIA En revisión de la decisión proferida en segunda instancia por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, al resolver la impugnación del accionante contra el fallo de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, dentro de la acción de tutela promovida por Roberto Guzmán contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá. El asunto llegó a esta Corporación por remisión que hizo el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud de lo dispuesto en los artículos 86 inciso 2° de la Constitución y 31 del Decreto 2591 de 1991, y fue escogido para revisión por la Sala de Selección N° 11, el día 21 de noviembre de 2014. I. ANTECEDENTES El señor Roberto Guzmán, a quien le fue reconocida una pensión de jubilación por parte del Banco de la República, presentó una reclamación contra esta entidad y posteriormente interpuso demanda para que se reliquidara su pensión teniendo en cuenta como factor salarial la prima convencional de vacaciones recibida durante el último año de servicios. Las decisiones judiciales en primera y segunda instancia, así como aquella que resolvió el recurso de casación, declararon probada la excepción de prescripción de la acción para solicitar el reajuste pensional porque la solicitud administrativa se efectuó diez años después del reconocimiento de la pensión. El accionante interpuso acción de tutela para que se protejan sus derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, a que se le aplique la interpretación de la norma más favorable al trabajador, y a la protección especial a las personas de tercera edad, que considera vulnerados con las providencias judiciales que sostienen que la reclamación del accionante está sujeta a prescripción. A. Hechos y pretensiones 1. En 1987, el Banco de la República le reconoció pensión de jubilación al señor Roberto Guzmán[1]. 2. El 15 de diciembre de 1997, el señor Roberto Guzmán y otros antiguos empleados del Banco de la República que recibieron pensión de jubilación de esta entidad en el año de 1987 o antes, presentaron una reclamación a la gerente de la entidad para que reajustara su pensión. En esa ocasión, solicitaron al Banco una nueva liquidación que incluyera como factor salarial la prima convencional[2] recibida durante el último año de servicios.[3] En el expediente no se hace referencia a cuál fue la respuesta del Banco ante la solicitud administrativa de reliquidación por parte del grupo de pensionados. 3. El 13 de diciembre de 2000 el señor Guzmán, junto con otros antiguos trabajadores del Banco de la República, demandaron a esa entidad para que les liquidara nuevamente la pensión, incluyendo en el cálculo el factor salarial concerniente a la prima de vacaciones que fue pagada a los empleados el último año de servicios. Igualmente, los demandantes pidieron que se pagaran los intereses moratorios sobre el monto de los reajustes de las mesadas pensionales a partir del 1º de enero de 1994. 4. La demanda laboral interpuesta por el señor Roberto Guzmán y otros trabajadores fue conocida por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá en primera instancia. En sentencia del 5 de octubre de 2004, el Juzgado señaló que los demandantes reclamaron al Banco de la República la reliquidación “diez años después, esto es para cuando ya se encontraba prescrita la acción”[4], por lo cual declaró probada la excepción de prescripción propuesta por el Banco. Al emitir el fallo, el Juzgado se fundamentó en la sentencia del 18 de febrero de 2004 de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia[5] que sostiene que el derecho pensional no prescribe, sin embargo, sí lo hacen los derechos personales o créditos que surgen de la relación laboral. 5. Contra esta decisión, el apoderado de los demandantes presentó recurso de apelación en el cual sostuvo que la sentencia “resultó aplicando oficiosamente una caducidad y no una prescripción”[6]. Igualmente, consideró que el a quo incurrió en error, pues si aplicó la prescripción, no debió haber absuelto a la entidad demandada. 6. En segunda instancia conoció del asunto el Tribunal Superior de Santa Marta, en virtud de una medida de descongestión del Consejo Superior de la Judicatura que le asignó la competencia para decidir la apelación contra el fallo del Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá. En sentencia del 22 de marzo de 2007, el Tribunal señaló que, en efecto, el derecho de pensión no está sujeto a que se reclame durante cierto tiempo, pero “la imprescriptibilidad de las pensiones, no cobija al salario base de liquidación de la pensión, para estos conceptos opera la prescripción en los términos de los demás derechos derivados de la vinculación laboral (…)”[7]. Por consiguiente, concluyó que las acciones para reclamar la inclusión de factores salariales en la liquidación pensional prescriben tres años después del momento en que la obligación era exigible. En la resolución del caso concreto, el ad quem indicó los siguientes datos del señor Roberto Guzmán y la prestación que recibe: Nombre Fecha de pensión Cuantía inicial Promedio salarial mensual y % Liquidación de Pensión Valor actual de la pensión Roberto Guzmán Galindo 3 de febrero de 1987 $111.896 $138.142,65 81% $1.549.488 Además, el Tribunal señaló que cuando los demandantes solicitaron a la gerente del Banco de la República el reajuste de la pensión, esto es, el 15 de diciembre de 1997, ya habían transcurrido más de tres años desde su reconocimiento, que se produjo en 1987. Por lo tanto, al respecto operó la prescripción a la que hace referencia el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968, así como los artículos 151 del Código del Procedimiento del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo[8]. De igual forma, consideró que cuando el grupo de antiguos trabajadores del Banco interpuso demanda laboral en el año 2000, la acción ya había prescrito. En consecuencia, la segunda instancia confirmó la decisión del a quo de declarar probada la excepción de prescripción, y sólo modificó el numeral con el cual el Juzgado Tercero Civil del Circuito absolvió al Banco de la República, pues consideró que dado que no se analizaron los derechos involucrados, no era posible determinar la absolución del Banco, pues a tal conclusión se llega sólo cuando se analiza el asunto de fondo. 7. El 19 de febrero de 2008, el apoderado del señor Roberto Guzmán y de los demás demandantes en el proceso ordinario, presentó recurso de casación ante la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia contra la sentencia del 22 de marzo de 2007 proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta. En el recurso indicó que la sentencia impugnada era violatoria, por infracción directa, del artículo 53 de la Constitución, y por interpretación errónea, de los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. El abogado argumentó que, así como la pensión de jubilación es imprescriptible, “los factores salariales que deben tenerse en cuenta para su liquidación no se extinguen por el transcurso del tiempo”[9] . Precisó que la jurisprudencia del Consejo de Estado, de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional ha sido constante en afirmar la imprescriptibilidad de la acción para reclamar la liquidación pensional que incluya nuevos factores salariales. En relación con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia que estimaba omitidas, hizo referencia a las sentencias del 23 de julio de 1998 (Rad. 10784), del 26 de mayo de 2000 (Rad. 13475) y del 26 de septiembre de 2000 (Rad 14184); y con respecto a las de la Corte Constitucional enfatizó en el precedente contenido en la sentencia T-631 de 2002. También manifestó el apoderado, que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en la que se apoyó el Tribunal de Santa Marta para aplicar la excepción de prescripción, hace una interpretación de las normas del Código del Trabajo adversa para los intereses del trabajador. A su juicio, el Tribunal debió haber proferido una decisión fundamentada en fallos de la Corte Suprema de Justicia que sí resultan convenientes para que prospere la petición del demandante, pues de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, debe optarse por la interpretación más favorable a los trabajadores. Bajo estos argumentos, el apoderado solicitó reajustar las pensiones de los demandantes, aunque reconoció que las mesadas pensionales causadas con anterioridad a los últimos tres años en los que se presentó la reclamación administrativa, ya habían prescrito. Así que su petición consistió, principalmente, en que se hiciera la nueva reliquidación pensional que incluyera como nuevo factor salarial la prima de vacaciones recibida en el último año de servicios y que la prescripción aplique sólo a las mesadas “que se hubieran causado con más de tres años de anterioridad al 15 de Diciembre de 1997, fecha en que interrumpieron la prescripción”[10]. 8. En sentencia del 16 de octubre de 2013, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[11] decidió no casar el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta. Al resolver el recurso, la Sala reiteró la sentencia del 7 de julio de 2005 (Rad. 25344) de la Corte Suprema de Justicia en la que estaba involucrado también el Banco de la República. Dicha sentencia sostuvo que “la jurisprudencia de esta Sala hace distinción entre los derechos de crédito que tienen incidencia en la liquidación de la mesada pensional y el derecho pensional en sí mismo considerado, para efectos de aplicar la prescripción de la acción judicial de cara al primer caso (…)”. A juicio de la Sala, la aplicación de la jurisprudencia vigente al momento de proferir la sentencia no afecta el principio de favorabilidad, como lo señala el apoderado, pues no había dos interpretaciones al respecto. La interpretación adoptada es el precedente vinculante para el momento de expedición del fallo, que está acorde con lo dispuesto en los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código de Procedimiento del Trabajo y la Seguridad Social. En consecuencia, la Sala consideró que la acción para reclamar la reliquidación de la pensión para inclusión de factores salariales está sujeta a la prescripción, así como las mesadas pensionales, por lo tanto, no casó la sentencia del Tribunal Superior de Santa Marta. La decisión fue adoptada por la mayoría de la Sala de Casación Laboral, sin embargo, los Magistrados Luis Gabriel Miranda Buelvas, Carlos Ernesto Molina Monsalve y Clara Cecilia Dueñas Quevedo salvaron su voto. La razón por la cual se apartaron de la decisión consistió, principalmente, en que no estaban de acuerdo con considerar la prescripción sobre los derechos alegados, dado el carácter de tracto sucesivo del derecho pensional[12]. 9. Inicialmente, el 16 de diciembre de 2013[13] el señor Roberto Guzmán presentó acción de tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Argumentó que las decisiones emitidas por los jueces accionados en el curso del proceso laboral vulneraron sus derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, a la aplicación de la interpretación más favorable al trabajador y a la protección especial a las personas de la tercera edad, porque declararon probada la excepción de prescripción con respecto a la reclamación de tener en cuenta la última prima de vacaciones en la reliquidación de su pensión. El accionante precisó que la prima de vacaciones que el Banco de la República excluyó como factor salarial para efectos de la liquidación de la pensión, constituye salario, por lo tanto, debió haber sido incluida en el cálculo. El actor expuso que, conforme al artículo 48 de la Constitución, su derecho a la pensión de jubilación es imprescriptible, “así como el derecho a reclamar la reliquidación de las pensiones cuando no se han tenido en cuenta todos los factores que integran la base para su liquidación”[14]. Indicó que esta postura ha sido reiterada por la Corte Constitucional en la sentencia T-762 de 2011 y la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, expuesta en sentencia del 22 de mayo de 2013 (Rad. 37416), ésta última, decidió no casar una sentencia del Tribunal Superior de Bogotá que reconoció que la prima de vacaciones convencional que recibía una antigua empleada del Banco de la República constituía un factor salarial[15]. En consecuencia, estimó que las autoridades accionadas desconocieron el precedente constitucional y el de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, con lo cual atentaron también contra su derecho a la igualdad. E incluso, a modo de discusión, adujo que si existiese otro precedente que no reconoce la imprescriptibilidad del derecho, de acuerdo con el artículo 53 de la Constitución, los jueces debieron aplicar la interpretación más favorable, esto es, aquella que permite solicitar la reliquidación de la pensión sin límite de tiempo. La pretensión de la tutela es dejar sin efecto ni validez las sentencias proferidas por la Sala de Casación Laboral el 16 de octubre de 2013, por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta el 22 de marzo de 2007, y por el Juzgado Tercero Civil del Circuito el 5 de octubre de 2004, que declararon prescrito su derecho a la reliquidación de la pensión. Y, en consecuencia, se ordene al Juez Tercero Laboral del Circuito de Bogotá que dicte nueva sentencia de acuerdo con los precedentes de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia. B. Actuaciones en sede de tutela B.1. Nulidad del primer proceso de tutela La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió admitir la acción de tutela el 13 de enero de 2014, y en fallo del 28 de enero del mismo año, negó las pretensiones del accionante[16]. Sin embargo, una vez el señor Guzmán interpuso la impugnación, conoció la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. El 3 de marzo de 2014, esta Sala declaró la nulidad de lo actuado en el proceso desde el auto de admisión de la acción de tutela. A juicio de la Sala de Casación Civil, la acción no debió haber sido admitida porque su pretensión era reabrir el debate que fue resuelto por la jurisdicción laboral. Además, advirtió que no remitiría la decisión de nulidad a la Corte Constitucional para su eventual revisión, pues no se emitió sentencia y el Decreto 2591 de 1991 dispone que se enviarán a la Corte únicamente las sentencias emitidas en las acciones de tutelas.[17] B.2. Presentación de la tutela ante el Consejo Seccional de la Judicatura Ante esta situación, el 14 de marzo de 2014, el señor Roberto Guzmán presentó la tutela contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, ante la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. El accionante acudió a dicha Corporación, con sustento en el auto del 3 de febrero de 2004 de la Corte Constitucional según el cual, cuando la Corte Suprema de Justicia se niegue a tramitar las tutelas, se podrá acudir a cualquier juez de igual jerarquía para que asuma su conocimiento.[18] B.3. Trámite adelantado por parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá El 18 de marzo de 2014, la Magistrada Sustanciadora del Consejo Seccional de la Judicatura admitió la tutela interpuesta por el señor Guzmán contra las providencias judiciales que declararon la prescripción de la acción para reclamar la reliquidación de su pensión. El auto de admisión dispuso vincular como accionadas a la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, el Banco de la República, y como tercero interesado, al FOPEP. B.4. Respuesta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia El 20 de marzo de 2014, los magistrados de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[19] adujeron que, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución, la Corte Suprema es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, por lo tanto ninguna autoridad judicial puede imponerle un criterio de interpretación. Además, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no puede conocer de las acciones de tutela contra la Corte de Suprema de Justicia porque de acuerdo con el Decreto 1382 de 2000 esta función le corresponde a la misma Corte Suprema. Indicaron también que la Corte Constitucional no tiene la función de fijar competencias para avocar el conocimiento de las tutelas. B.5. Respuesta del Consorcio FOPEP El 21 de marzo de 2014 el gerente general del Consorcio FOPEP solicitó negar la acción de tutela y desvincular a la entidad que representa. Con respecto a la situación del señor Roberto Guzmán, afirmó que él no se encuentra incluido en su nómina de pensionados. Aclaró que el FOPEP es una cuenta adscrita al Ministerio del Trabajo que sustituye en el pago de pensiones a los fondos o cajas que el Gobierno determine y el Banco de la República no hace parte de las entidades sustituidas. B.6. Sentencia de primera instancia En sentencia del 31 de marzo de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá negó la acción de tutela ya que consideró que las decisiones judiciales atacadas hicieron un estudio juicioso y ponderado de las normas, y tenían un fundamento legal acertado. B.7. Impugnación Contra esta decisión, el accionante presentó recurso de apelación el 22 de abril de 2014. Motivó su impugnación en que las decisiones judiciales vulneraron su derecho a la igualdad y a la aplicación de la interpretación más favorable al trabajador, al aplicar un precedente jurisprudencial contrario a la jurisprudencia consolidada de la Corte Suprema de Justicia y a la sentencia T-762 de 2011 de la Corte Constitucional. B. 8. Nulidad del segundo proceso de tutela El 14 de mayo de 2014, el Consejo Superior de la Judicatura declaró la nulidad de lo actuado en el proceso de tutela desde el auto admisorio, por indebida integración del contradictorio, pues la Secretaría del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no notificó al Banco de la República del auto admisorio de la tutela. En consecuencia, remitió el expediente al Consejo Seccional para subsanar el error detectado y adelantar el estudio de la tutela con el lleno de los requisitos.[20] B.9. Nuevo trámite de tutela por parte del Consejo Seccional de la Judicatura En auto del 28 de julio de 2014, la Sala Jurisdiccional del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá admitió la acción de tutela instaurada por el señor Roberto Guzmán contra la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Santa Marta y el Juzgado Tercero Laboral del Circuito. Además, ordenó vincular al Banco de la República y al FOPEP, como terceros interesados. Dentro de las respuestas recibidas, el FOPEP reiteró lo señalado previamente respecto a que el señor Guzmán no hacía parte de su nómina de pensionados. El Banco de la República expuso lo que se explica a continuación. B.10. Respuesta del Banco de la República El 30 de julio de 2014, la representante del Banco de la República solicitó negar la acción de tutela. En su criterio, el accionante pretende revivir la controversia judicial que terminó en el proceso laboral, lo cual resulta contrario a la naturaleza de la acción de tutela. Señaló que las decisiones tomadas por las autoridades judiciales se fundamentaron en el cambio de jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según la cual el derecho a reclamar el incremento de la cuantía de la pensión prescribe a los tres años contados desde su reconocimiento. La respuesta de la entidad indicó que en una acción de tutela presentada por la señora Martha Cancino Bermúdez, con hechos similares e idénticas pretensiones a las de la tutela del señor Roberto Guzmán, en sentencia del 9 de abril de 2014, el Consejo Superior de la Judicatura también decidió negar las pretensiones.[21] C. Sentencias en sede de tutela e impugnación C.1. Sentencia de primera instancia El 6 de agosto de 2014, la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá resolvió negar la acción de tutela pues consideró que las decisiones cuestionadas no resultaban arbitrarias ni caprichosas. Al contrario, estimó que los accionados fundamentaron sus fallos en la sentencia de casación del 7 de julio de 2005 (Rad. 25344) y realizaron un análisis ponderado y juicioso del caso en estudio. C.2.Impugnación El 15 de agosto de 2014, el accionante presentó impugnación porque, a su juicio, los accionados desconocieron la jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional y de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que manifiesta que la acción para reclamar la reliquidación de pensión por no incluir los factores salariales no prescribe. C.3. Sentencia de segunda instancia En sentencia del 17 de septiembre de 2014, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó el fallo de primera instancia y negó la tutela. Constató el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de tutela contra providencia judicial, pero negó la existencia de algún defecto. Luego, de acuerdo con la sentencia, la Sala Laboral de la Corte Suprema hizo una interpretación armónica del principio de favorabilidad y de legalidad, así que no estimó vulnerado el artículo 53 de la Constitución. Agregó que las decisiones judiciales cuestionadas tampoco desconocieron el precedente, pues se apoyaron en la sentencia del 27 de junio de 2002 (Rad 17648). II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. Esta Sala es competente para decidir el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 241-9 de la Constitución y 31 a 36 del Decreto 2591 de 1991. La Sala Plena de esta Corporación decidió asumir el conocimiento del proceso de la referencia, en la sesión del quince (15) de abril de 2015, con fundamento en el artículo 54A del Reglamento Interno, por tratarse de una tutela contra providencia de la Corte Suprema de Justicia. Asunto bajo revisión y problema jurídico 2. En el año 2000, el señor Roberto Guzmán y otros trabajadores del Banco de la República demandaron ante la jurisdicción laboral a su antiguo empleador para obtener la reliquidación de su pensión, recibida en el año de 1987 o antes. Solicitaron que se calculara nuevamente el monto de su pensión teniendo como factor salarial la prima de vacaciones recibida durante el último año de servicios. Las dos instancias del proceso laboral declararon probada la excepción de prescripción y no estudiaron de fondo si la prima de vacaciones debía ser incluida en la liquidación de la pensión. Para los juzgadores, la reliquidación de la pensión sólo puede solicitarse dentro de los tres años siguientes al reconocimiento de la misma y, en este caso, la reclamación administrativa ocurrió en el año de 1997 y la demanda ante la jurisdicción laboral, en el año 2000; así que transcurrieron más de tres años entre el reconocimiento de la pensión y la petición de reajuste. El accionante solicita que con la tutela se protejan sus derechos a la seguridad social, al debido proceso, a la igualdad, a la aplicación de la interpretación más favorable para el trabajador, y a la especial protección a las personas de tercera edad; que considera vulnerados con las decisiones judiciales que declararon probada la excepción de prescripción en el proceso laboral ordinario que promovió contra el Banco de la República para reclamar la reliquidación de su pensión. En concreto, advierte que las decisiones cuestionadas incurrieron en desconocimiento del precedente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, que han sostenido que el derecho a reclamar la liquidación de la pensión es imprescriptible. 3. Dado que la eventual vulneración de los derechos se efectúa en decisiones judiciales que declararon la procedencia de la excepción de prescripción, el problema jurídico consiste en determinar ¿procede la acción de tutela para averiguar si prescriben las reclamaciones por factores salariales no incluidos en la liquidación de la pensión y, por tanto, procede la solicitud de reliquidación en cualquier tiempo? Ahora bien, como la tutela se dirige contra providencias judiciales, la Sala deberá verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos de procedencia para este tipo de acciones. 4. Para resolver el problema jurídico planteado, serán abordados los siguientes temas: i) la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; ii) los requisitos de procedibilidad de la acción en estos casos; iii) el desconocimiento del precedente como modalidad del defecto sustantivo y como causal específica autónoma de procedibilidad de la tutela contra providencia judicial; iv) el precedente constitucional; v) el derecho a la pensión y su imprescriptibilidad; vi) la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia respecto al derecho a reclamar la reliquidación de la pensión y la excepción de prescripción; vii) la jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre el derecho a reclamar la reliquidación de la pensión y la excepción de prescripción; y viii) el caso concreto. Requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia 5. El artículo 86 de la Constitución señala que la tutela procede cuando los derechos fundamentales resultan amenazados o vulnerados “por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”[22]. Por lo tanto, esta Corporación ha estimado que si de una providencia judicial surge una afectación a los mencionados derechos fundamentales, es posible acudir a la acción de tutela para solicitar su protección. Así pues, cuando la Constitución señala que la tutela procede contra cualquier acción de autoridad pública, allí deben incluirse las actuaciones de los jueces en el curso de los procesos que resuelven. 6. La jurisprudencia consolidada de la Corte Constitucional ha admitido la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales. Sin embargo, esa postura jurisprudencial es producto de pronunciamientos de esta Corporación que han variado a lo largo de los años. En un primer momento, no se consideraba admisible la acción de tutela contra providencias judiciales. En la sentencia C-543 de 1992 la Corte estudió la constitucionalidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991 relativos a la caducidad y competencia para conocer de tutelas contra decisiones emitidas por los jueces. En esa oportunidad, esta Corporación resolvió declarar inexequibles los artículos demandados porque consideró que eran contrarios a la autonomía judicial, a la administración de justicia y a la seguridad jurídica.[23] Sin embargo esa postura jurisprudencial cambió para permitir la interposición de la acción de tutela cuando una autoridad judicial incurría en una vía de hecho y con ello afectaba derechos fundamentales. Inicialmente, se consideraba que se configuraba una vía de hecho cuando los jueces actuaban de forma caprichosa y arbitraria, y posteriormente se precisó que ésta “incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad)”[24]. En ese sentido, desde un inicio, la jurisprudencia desarrolló algunas causales respecto de las cuales era posible concluir la existencia de una vía de hecho y las caracterizó como defectos de la decisión judicial. Algunas de ellas, expuestas en la sentencia T-231 de 1994 eran: “Si este comportamiento - abultadamente deformado respecto del postulado en la norma - se traduce en la utilización de un poder concedido al juez por el ordenamiento para un fin no previsto en la disposición (defecto sustantivo), o en el ejercicio de la atribución por un órgano que no es su titular (defecto orgánico), o en la aplicación del derecho sin contar con el apoyo de los hechos determinantes del supuesto legal (defecto fáctico), o en la actuación por fuera del procedimiento establecido (defecto procedimental) (…)”[25]. Posteriormente, en la sentencia C-590 de 2005 la Corte Constitucional modificó su jurisprudencia para superar la doctrina de las vías de hecho y sistematizar las causales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial. Primero, diferenció causales generales y específicas para la procedencia de la acción. Las primeras se ocupan de constatar el cumplimiento de los requisitos propios de la tutela; y las segundas analizan específicamente si hay errores del auto o la sentencia, que tienen la entidad de vulnerar derechos fundamentales. Actualmente las tutelas contra providencias judiciales deben cumplir con éstos estrictos requisitos para determinar su procedencia. El objeto de hacer ese riguroso análisis es obtener un punto medio que, por un lado, permita a las personas solicitar la protección de los derechos fundamentales, incluso si la afectación se desprende de la acción de un juez; y por otro lado, sea respetuoso de la administración de justicia, la independencia judicial y la seguridad jurídica. 7. En consecuencia, para determinar la procedencia de la tutela es necesario verificar dos tipos de requisitos. En un primer nivel están los requisitos generales, que “habilitan la interposición”, pues indagan por las características que comunmente se exigen para la presentación de esta acción, sólo que se adecuan a la situación específica de cuestionar una providencia judicial. Si se cumplen tales requerimientos, es posible continuar con el examen de los requisitos específicos, que están en un segundo nivel de análisis y “tocan con la procedencia misma del amparo, una vez interpuesto”[26]. Siguiendo lo expuesto en la sentencia C-590 de 2005, los requisitos generales son: a). Que la cuestión discutida sea de relevancia constitucional de forma tal que el juez constitucional pueda analizar el asunto que se le presenta en la tutela y no interfiera en una cuestión que le corresponde definir exclusivamente al juez del conocimiento. b). Que se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios para constatar que la acción es subsidiaria y no se utiliza como mecanismo principal cuando el sistema judicial ofrece otras vías para tramitar la reclamación. Esto con el fin de que la tutela no vacíe las competencias de otras jurisdicciones. Vale anotar que ante la existencia de perjuicio irremediable que no haga posible acudir a los mecanismos ordinarios, es posible flexibilizar este principio de acuerdo con el artículo 86 superior. c). El cumplimiento del requisito de inmediatez tiene como objeto verificar que la acción de tutela se ejerza en un término razonable después del hecho del cual se deriva la afectación. A través de esta exigencia se permite que las personas puedan acceder a la acción de tutela, sin poner en riesgo la seguridad jurídica y la cosa juzgada. d). En caso de alegarse una irregularidad procesal, que ésta tenga la entidad de afectar derechos fundamentales y haya sido determinante en el sentido de la decisión judicial que se reprocha, “[n]o obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio”[27]. e). Que la parte actora identifique tanto los hechos, como los derechos vulnerados, y que haya esgrimido sus argumentos en el proceso judicial, de ser posible. Este requerimiento tiene como fin que el accionante exponga claramente cuál es la posible afectación a sus derechos y que, en las instancias oportunas para que los jueces consideren sus razones, lo haya explicado, más no que la tutela se convierta en una oposición per se a la decisión en general. f). Que la tutela no se interponga contra un fallo de tutela, “por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida (…)”[28] Los requisitos específicos son aquellos que indagan de fondo si la providencia vulneró algún derecho. Éstos son: a). Defecto orgánico que se configura cuando el funcionario que expide la decisión carece de competencia para ello; b). Defecto procedimental que consiste en que el juez actúa al margen del procedimiento legal dispuesto para el asunto puesto en su conocimiento; c). Defecto fáctico, relativo a la inexistencia de material probatorio para aplicar un supuesto normativo y tomar determinada decisión; d). Defecto material o sustantivo, que se presenta cuando la providencia adopta una decisión con base en normas inexistentes, inconstitucionales o “que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión”[29]; e). Error inducido, en caso de engaño a la autoridad judicial que resultó determinante en la toma de la decisión; f) Decisión sin motivación que se produce cuando la providencia omite exponer los fundamentos fácticos o jurídicos en los cuales soporta la resolución del caso; g). Desconocimiento de precedente en el que incurren la decisión que limita o se aparte el precedente fijado por las Altas Cortes. Como ha señalado esta Corporación, “(…) en estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado”[30]; h). Violación directa a la Constitución que se presenta cuando una decisión no es respetuosa de la Carta Política y omite el principio de supremacía constitucional. Para considerar procedente ésta acción en contra de una providencia judicial, se debe comprobar la existencia de todos los requisitos generales señalados, y considerar demostrado al menos uno de los requisitos específicos. A continuación, la Sala explicará la causal de desconocimiento del precedente, que a juicio del accionante se configura en el caso concreto. Desconocimiento de precedente 8. El desconocimiento del precedente es una causal específica de procedencia de tutela contra providencias judiciales. Esta puede configurarse a través de dos vías: (i) cuando se demuestra un defecto sustantivo o (ii) al evidenciar un desconocimiento de precedente de forma autónoma; pues, como ha expuesto esta Corporación, no hay un límite indivisible entre estas causales[31]. 9. Para empezar, vale señalar que el defecto sustantivo abarca múltiples circunstancias en las que la aplicación del elemento de derecho genera un error en la administración de justicia. Incluye desde una equivocación en la elección de la norma aplicada por parte de la autoridad judicial, hasta el desconocimiento de reglas jurisprudenciales. Esta Corte ha señalado que el citado defecto se presenta cuando una autoridad judicial: “i) aplica una disposición en el caso que perdió vigencia por cualquiera de la razones previstas por la normativa, por ejemplo, su inexequibilidad; (ii) aplica un precepto manifiestamente inaplicable al caso, por ejemplo porque el supuesto de hecho del que se ocupa no tiene conexidad material con los presupuestos del caso; (iii) a pesar del amplio margen hermenéutico que la Constitución le reconoce a las autoridades judiciales, realiza una interpretación contraevidente -interpretación contra legem- o claramente irrazonable o desproporcionada; (iv) se aparta del precedente judicial –horizontal o vertical- sin justificación suficiente; o (v) se abstiene de aplicar la excepción de inconstitucionalidad ante una violación manifiesta de la Constitución, siempre que su declaración haya sido solicitada por alguna de las partes en el proceso”[32] (Negrillas propias del texto). 10. Este defecto sustantivo en modalidad de no sujeción a las decisiones judiciales vinculantes se presenta cuando el juzgador se aparta de los precedentes que determinan el contenido de la norma aplicable. Al interpretar la norma de una forma diferente a la autorizada, o al variar la manera en la que el mismo juez venía decidiendo los mismos problemas jurídicos, surge un error en la aplicación uniforme de la norma. 11. Si bien la Constitución señala que los jueces están sometidos al imperio de la ley (Artículo 230), en las decisiones judiciales se fijan los parámetros para la interpretación y aplicación de dicha ley. A través del estudio caso a caso, los jueces fijan reglas que precisan y llenan de contenido las disposiciones legales, por lo tanto, se convierten en parte de las mismas que deben ser tenidas en cuenta en casos posteriores. Por consiguiente, esta Corporación ha expuesto que los precedentes no son sólo orientadores en la labor de administración de justicia, sino también obligatorios[33]. En ese sentido, para resolver un problema jurídico, es necesario identificar la norma aplicable y el precedente jurisprudencial relevante. No basta con tener en cuenta la literalidad de la norma y aplicarla según la autonomía interpretativa del operador jurídico. La independencia y autonomía judicial están válidamente restringidas por el deber de aplicación del precedente jurisprudencial. Los jueces tienen la capacidad para interpretar las normas, analizarlas con otras disposiciones legales y con los artículos de la Constitución, pero ese ejercicio hermenéutico no carece de límites. El precedente judicial es considerado como la mejor fórmula adoptada por los jueces, hasta ese momento, para resolver determinado problema jurídico. Por ello, si un asunto ha sido discutido y se ha adoptado una solución previamente, los casos similares que se presenten con posterioridad, deben optar por la respuesta que se ha dado a las mismas situaciones. Vale señalar también que, retomar los precedentes y fallar en el mismo sentido, otorga coherencia y fortaleza al sistema jurídico, y protege los derechos de las personas que acuden a la administración de justicia. Como expone la sentencia T-546 de 2014, la fuerza vinculante del precedente jurisprudencial se explica: “(1) [E]n virtud del principio de igualdad en la aplicación de la ley (artículo 13 C.P.), que exige tratar de manera igual situaciones sustancialmente iguales; (2) por razones de seguridad jurídica, ya que las decisiones judiciales deben ser “razonablemente previsibles”; (3) en atención a los principios de buena fe y de confianza legítima (artículo 84 C.P.), que demandan respetar las expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad; y finalmente, (4) por razones de rigor judicial, en la medida en que es necesario un mínimo de coherencia en el sistema jurídico (dogmática jurídica).”[34] 12. Es de resaltar que la uniformidad de las decisiones garantiza el derecho a la igualdad de las personas frente a la administración de justicia. La ciudadanía tiene una expectativa de la forma en la que será resuelto su caso de acuerdo a lo que ha sucedido previamente, y tiene derecho a que sea tratada en igualdad de condiciones en el examen jurídico en relación con otras situaciones asimilables a la suya. Esta consonancia de los fallos protege los derechos y otorga coherencia al sistema. 13. La aplicación del precedente es entonces una de las piezas claves para el engranaje del ordenamiento jurídico colombiano. Por ello, su desconocimiento es también una causal autónoma de procedencia de la tutela contra providencias judiciales. 14. Ahora bien, para definir cuáles son las decisiones que constituyen una regla jurisprudencial a seguir, esta Corporación precisó en la sentencia T-086 de 2007 que existe un precedente cuando: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe resolver posteriormente”[35] Una vez reunidos los requisitos esbozados anteriormente subsiste en el juzgador un deber de decidir en la misma línea argumentativa de los casos anteriores. Sin embargo, la sujeción al precedente no es una regla absoluta. En atención al carácter dinámico del derecho[36] y al principio de razonabilidad[37], un juez puede optar por una forma diferente de resolver, pero “construyendo una mejor respuesta al problema jurídico”[38]. En ese sentido, el juez o Tribunal que se aparte de una decisión que constituya precedente en el caso que resuelve, deberá asumir una fuerte carga argumentativa, y debe: “(i) referirse expresamente al precedente anterior, lo que significa que no puede omitirlo o simplemente pasarlo desapercibido como si nunca hubiera existido (principio de transparencia), y, (ii) exponer la razón o razones serias y suficientes para el abandono o cambio, si en un caso se pretende decidir en sentido contrario al anterior encontrándose en situaciones fácticas similares (principio de razón suficiente)”[39]. 15. La obligación de seguir el precedente no es completamente rígida, pues la fuerza vinculante del mismo puede ceder cuando un juez expone mejores razones para solucionar el caso concreto. En ese sentido, es también cambiante y reta a la mejor argumentación jurídica. Incluso, abre la posibilidad para que un juez construya una postura más protectora de los derechos aun cuando las decisiones previas han manifestado reiteradamente otra postura restrictiva. Pero, sin duda, el precedente es una herramienta que cohesiona el sistema judicial porque conecta las decisiones individuales a través de una misma línea argumentativa para la resolución de los mismos asuntos. Conecta las decisiones de un mismo nivel jerárquico con las de los funcionarios superiores. Al respecto se distingue entonces el precedente horizontal que “supone que, en principio, un juez –individual o colegiado- no puede separarse del precedente fijado en sus propias sentencias”, del vertical que implica “que los jueces no se pueden apartar del precedente establecido por las autoridades judiciales con atribuciones superiores, particularmente por las altas cortes.”[40]. 16. Finalmente, vale señalar que la creación de precedentes está relacionada con las funciones de unificación jurisprudencial de las altas Cortes. En ese sentido, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, quienes son órganos de cierre en su respectiva jurisdicción, profieren decisiones que imponen la pauta sobre la forma de decidir por parte de los jueces de inferior jerarquía. Respecto al alcance de los precedentes de la Corte Constitucional a continuación se precisarán algunas de sus características. El desconocimiento del precedente constitucional 17. De acuerdo con el mandato del artículo 240 de la Constitución, corresponde a la Corte Constitucional “la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución” y por ello debe resolver demandas de constitucionalidad, revisar tutelas, y estudiar la coherencia de proyectos de ley o leyes con la Carta Política. En cumplimiento de tales funciones, esta Corporación hace un ejercicio hermenéutico que dota de contenido las disposiciones constitucionales, a través de su jurisprudencia. La Corte Constitucional como intérprete autorizada de la Constitución se encarga de fijar el alcance de los derechos fundamentales. Al respecto, esta Corporación ha insistido que ella “(…)es la encargada de fijar la interpretación auténtica de los preceptos constitucionales, de manera que tienen un aspecto subjetivo, relativo al caso concreto, y objetivo, que implica consecuencias generales en cuanto determina el precedente judicial a ser aplicado en casos similares o análogos.”[41] 18. Así mismo, dado que el artículo 4º superior señala que la Constitución es norma de normas, los postulados constitucionales y la jurisprudencia de esta Corporación que los interpreta, deben ser respetados en todo momento. De allí que, cuando los juzgadores se apartan sin justificación de los precedentes constitucionales también resulta procedente la tutela. Sobre el particular, ha advertido la Corte que se incurre en desconocimiento del precedente constitucional: “(i) aplicando disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por sentencias de constitucionalidad; (ii) aplicando disposiciones legales cuyo contenido normativo ha sido encontrado contrario a la Constitución; (iii) contrariando la ratio decidendi de sentencias de constitucionalidad; y (iv) desconociendo el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de tutela.”[42] 19. En relación con la fuerza vinculante de los precedentes que provienen de sentencias de tutela en Salas de Revisión, esta Corporación ha precisado que allí se cumple también la labor de unificación de jurisprudencia y de desarrollo de la Constitución.[43] Como ha insistido esta Corte, tales decisiones “constituyen precedente obligatorio sobre los alcances y límites aplicables a los derechos fundamentales por parte de los diferentes operadores jurídicos”[44]. Además, los efectos de las tutelas “pueden llegar a hacerse extensivos en virtud del alcance de la revisión constitucional, la ratio decidendi sí constituye un precedente vinculante para las autoridades”[45]. 20. Por tanto, las decisiones judiciales que sean contrarias a la jurisprudencia emitida en Sala de Revisión de la Corte Constitucional, pueden ser objeto de tutela contra providencia judicial por desconocimiento del precedente constitucional. Igualmente, ha indicado esta Corporación que una actuación contraria a la jurisprudencia constitucional es violatoria de la Carta Política porque atenta contra el desarrollo de un precepto superior contenido en la sentencia, sea de constitucionalidad o de tutela. El derecho a la pensión y su imprescriptibilidad 21. Del derecho a la seguridad social se desprende el derecho a la pensión de jubilación, que consiste en recibir el goce efectivo de una mesada calculada de acuerdo con los factores dispuestos por la ley para la situación de cada persona. Se trata de un derecho fundamental que tiene como objeto brindar las condiciones económicas para la vida digna de quienes han trabajado por mucho tiempo.[46] 22. La jurisprudencia de esta Corporación ha señalado reiteradamente que el derecho a la pensión es imprescriptible. Con sustento en el carácter irrenunciable del derecho a la seguridad social consignado en el artículo 48 de la Constitución, y conforme al principio de solidaridad, a la especial protección que debe el Estado a las personas de tercera edad y al principio de vida digna, ha construido una sólida línea jurisprudencial que sostiene que el derecho a la pensión no se extingue con el paso del tiempo. Por ejemplo, la sentencia C-230 de 1998, retomada posteriormente en múltiples pronunciamientos de la Corte Constitucional[47], precisó: “(…) la pensión de jubilación, vejez e invalidez, entre otras, no admiten una prescripción extintiva del derecho en sí mismo como cualquier otra clase de derechos, lo cual no significa que se atente contra el principio de seguridad jurídica; por el contrario, constituye un pleno desarrollo de principios y valores constitucionales que garantizan la solidaridad que debe regir en la sociedad, la protección y asistencia especial a las personas de la tercera edad, para mantener unas condiciones de vida digna, así como el derecho irrenunciable a la seguridad social (C.P., arts. 1, 46 y 48), determinando a su vez una realización efectiva del valor fundante que impone la vigencia de un orden económico y social justo, dentro de un Estado social de derecho; consideraciones que hacen inexequible la disposición demandada (...)”[48] 23. Ahora bien, la jurisprudencia de esta Corporación y de la Corte Suprema de Justicia ha distinguido entre el derecho a la pensión propiamente dicho, y los derechos crediticios que surgen de ésta. Mientras el reconocimiento del derecho a la pensión goza de características tales como la imprescriptibilidad, los otros están sujetos a mayores restricciones, siempre que tales limitaciones no sean desproporcionadas. Particularmente, en relación con la prescripción de las acciones laborales, esta Corporación ha advertido que el derecho a la pensión es imprescriptible, sin embargo, el Congreso puede fijar la prescripción extintiva de los derechos que surgen en virtud de un derecho fundamental.[49] En concreto, la jurisprudencia ha expresado que los créditos o mesadas pensionales, deben ser reclamados durante un lapso determinado de tres años, so pena de perder el derecho a recibirlos: “Cabe agregar, que dada la naturaleza periódica o de tracto sucesivo y vitalicia de las pensiones, la prescripción resulta viable, exclusivamente, respecto de los créditos o mesadas pensionales que no se hubiesen solicitado dentro de los tres años anteriores al momento en que se presente la reclamación del derecho”[50] 24. En consecuencia, es posible concluir que el derecho a la pensión tiene un carácter imprescriptible, no obstante, a los créditos o las mesadas pensionales sí les aplica la prescripción. La jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia con respecto a la reclamación de reliquidación pensional y su prescripción 25. En relación con la posibilidad de reclamar la reliquidación pensional, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha cambiado su jurisprudencia desde el año 2003. Anteriormente, sostenía que el derecho a reclamar el reajuste de la pensión no prescribía, pero posteriormente utilizó la diferenciación entre el derecho a la pensión y los créditos que de ella se generan, para concluir que la reclamación de reliquidación sí prescribe. Respecto a la primera postura, es ilustradora la sentencia del 26 de mayo de 2000, M.P. Fernando Vásquez Botero (Rad. 13475). En esta providencia, la Corte Suprema de Justicia estudió el recurso de casación interpuesto por Ecopetrol en contra de la sentencia del Tribunal Superior del Distrito de Cartagena que concedió el reajuste de la pensión de un trabajador a quien, en su liquidación, no se le incluyeron todos los factores salariales. La Corte Suprema decidió no casar la sentencia porque consideró que el carácter imprescriptible de la pensión incluye a la posibilidad de reclamar los reajustes a la misma. Determinó que sólo se extingue con el paso del tiempo, la posibilidad de recibir las mesadas pensionales no exigidas después de tres años. Y fundamentó el sentido del fallo en lo dispuesto en la sentencia del 26 de mayo de 1986 de la Corte Suprema de Justicia que sostuvo: “(…), la pensión de jubilación por ser una prestación social de tracto sucesivo y de carácter vitalicio, no prescribe en cuanto al derecho en si mismo, sino en lo atinente a las mesadas dejadas de cobrar por espacio de tres años, y además, trae aparejada una situación jurídica regulada por la ley que, entre otras cosas, incluye los reajustes económicos de tal derecho. Estos reajustes como integrantes del status pensional son consustanciales a él y, por ende, no prescriben en cuanto tales, sino en tanto afectan la cuantía de determinadas mesadas. De suerte que la potencialidad del reajuste legal no desaparece por prescripción con arreglo a los artículos 488 del Código Sustantivo del Trabajo y 151 del Código Procesal Laboral, sino que se extingue la incidencia que el ajuste pudo haber tenido en ciertas mensualidades que se percibieron sin que el acreedor hubiera objetado su cuantía durante el término prescriptivo de tres años”[51]. (Negrilla no original). En esa línea argumentativa, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia sostuvo, de forma constante, que la acción para solicitar la reliquidación pensional podía elevarse en cualquier momento, en virtud del carácter imprescriptible del derecho a la pensión. Muestra de ello es la sentencia del 27 de junio de 2002 de la misma Corporación. En la citada sentencia se estudió el caso de un grupo de antiguos trabajadores del Banco de la República que solicitaron, más de tres años después de empezar a recibir su pensión, que se calculara nuevamente el monto de la misma y se incluyera como parte del salario una prima de vacaciones. La Sala Laboral del Tribunal de Bogotá ordenó hacer el reajuste, por lo cual, el Banco interpuso recurso de casación contra ese fallo. Al decidirlo, la Sala Laboral retomó su jurisprudencia, de acuerdo con la cual los hechos, tales como el estatus de pensionado, no se extinguen con el paso del tiempo, y señaló que “la prescripción solo se aplica a las mesadas pensionales, más no así al hecho que generó la...