Sentencia SU-297 de 2015

SU297-15 Sentencia SU297/15 COMPETENCIA DE LAS SALAS DISCIPLINARIAS DEL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA Y DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA PARA CONOCER DE ACCION DE TUTELA CONTRA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA-Caso en que Consejo Seccional de la Judicatura como la Sala homónima del Consejo Superior de la Judicatura sí tenían competencia para conocer y fallar la tutela ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Reiteración de jurisprudencia sobre procedencia excepcional ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad CARACTERIZACION DEL DEFECTO FACTICO COMO CAUSAL ESPECIFICA DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES ACCION DE TUTELA CONTRA SENTENCIAS DE LOS ORGANOS MAXIMOS DE LAS DISTINTAS JURISDICCIONES-Procedencia Tratándose del ejercicio del recurso de amparo contra providencias judiciales proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, máximos tribunales de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa, esta Sala ha establecido que la acción de tutela “sólo tiene cabida cuando una decisión riña de manera abierta con la Constitución y sea definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional”, pues si bien no se trata de rodear de exigencias formales la acción de protección, si resulta necesario exigirle al demandante que identifique de manera razonable las circunstancias que dan origen a la afectación de sus derechos, para: (i) no desconocer los principios superiores de cosa juzgada, autonomía e independencia judicial; (ii) determinar la competencia del juez constitucional al momento de resolver la solicitud de tutela; y (iii) evitar que a su vez se reabra injustificadamente un debate jurídico ya finalizado dentro de su escenario natural. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por no ejercicio oportuno de mecanismos de defensa judicial Cuando quien solicita a su favor el amparo lo hace para enmendar el descuido o el error de haber desperdiciado las oportunidades procesales que se le concedieron para defender sus derechos fundamentales, el mismo esta no llamado a prosperar. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por cuanto no se cumplió con el requisito de subsidiariedad Los yerros que se alegan ahora en sede constitucional no fueron presentados ante la Corte Suprema de Justicia en el término debido, precluyendo la oportunidad procesal diseñada por el legislador para atender dicha clase de solicitudes. Referencia: Expediente T-4.322.261. Acción de tutela interpuesta por Sabas Eduardo Pretelt de la Vega contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. Magistrado Ponente: LUIS GUILLERMO GUERRERO PÉREZ Bogotá, D.C., veintiuno (21) de mayo de dos mil quince (2015). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión de los fallos expedidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá, el 21 de agosto de 2013, y por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, el 23 de enero de 2014, dentro del proceso de tutela iniciado por Sabas Eduardo Pretelt de la Vega contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación. I. ANTECEDENTES 1. Hechos 1.1. A través de Resolución del 23 de junio de 2008, el entonces Vicefiscal General de la Nación, Guillermo Mendoza Diago[1], dispuso la apertura de investigación en contra del ex Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, con base en la expedición de copias ordenada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la decisión del 8 de mayo de 2008, en la cual se definió la situación jurídica de la excongresista Yidis Medina Padilla por el delito de cohecho. El tipo penal que en su momento se advirtió fue un cohecho por dar u ofrecer, consistente en ofrecimientos hechos a los entonces congresistas Yidis Medina Padilla y Teodolindo Avendaño Castellanos los días 2 y 3 de junio de 2004, durante el trámite del proyecto de acto legislativo que posibilitaría la reelección presidencial. 1.2. El 19 de junio de 2009, luego de practicadas pruebas documentales y testimoniales, el Vicefiscal General de la Nación de entonces[2] ordenó el cierre de la investigación. Contra la anterior decisión el Ministerio Público interpuso recurso de reposición, mismo del que más adelante desistió, habiéndosele aceptado mediante proveído del 14 de julio de 2009. 1.3. El 13 de mayo de 2010, el Vicefiscal General de la Nación de la época, Fernando Pareja, calificó el mérito probatorio del sumario con resolución acusatoria contra el ciudadano Sabas Pretelt de la Vega, como probable autor del delito de cohecho por dar u ofrecer, en razón a las presuntas prebendas ofrecidas, los días 2 y 3 de junio de 2004, a Yidis Medina Padilla a cambio de que votara a favor del proyecto de reelección presidencial, en el primer debate que se surtiría en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, así como a Teodolindo Avendaño Castellanos para que se ausentara de dicha sesión. 1.4. Contra esta decisión, el defensor de Sabas Eduardo Pretelt de la Vega interpuso recurso de reposición, demandando la nulidad de lo actuado, al considerar que al haber asumido el cargo de Fiscal General de la Nación una persona en quien no concurría causal de impedimento, cesaron las razones que en su momento determinaron la atribución de competencia al Vicefiscal, por lo cual, la calificación debió ser efectuada por el primero y no por este último[3]. Dicha petición fue negada mediante Resolución del 7 de septiembre de 2010, en la cual también se ordenó el envío del expediente a la Corte Suprema de Justicia para el adelantamiento del juicio. 1.5. Después de tramitado el impedimento conjunto de varios de los magistrados de la Sala de Casación Penal, e integrada la Sala de Decisión con conjueces, así como surtido el traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, en la audiencia preparatoria llevada a cabo el 29 de julio de 2011, se decretó la nulidad de la resolución de acusación por incompetencia del entonces Vicefiscal General de la Nación, acogiendo los argumentos de la defensa. La audiencia preparatoria continuó el 16 de agosto del mismo año, en la cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto por el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio Chacón[4], en el sentido de no reponer la nulidad de la acusación. 1.6. En vigencia del Acto Legislativo 06 del 24 de noviembre de 2011[5] y con fundamento en el artículo 11 de la Ley 938 de 2004, la entonces Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, profirió la Resolución 203 del 7 de febrero de 2012[6], delegando en el Fiscal Sexto ante la Corte Suprema de Justicia[7] las funciones de investigación y acusación, así como la facultad de intervenir en el juicio correspondientes a varios procesos, entre ellos, el asunto adelantado en contra del accionante. 1.7. El 8 de febrero de 2012, el Fiscal Sexto Delegado avocó conocimiento de la actuación adelantada en contra del peticionario, atendiendo lo dispuesto en la Resolución 203 de 2012. 1.8. El 6 de marzo de 2012, el Fiscal Sexto Delegado calificó el mérito probatorio del sumario profiriendo resolución de acusación en contra de Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, en calidad de autor del delito de cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo, con las circunstancias de mayor punibilidad previstas en los numerales 9° y 10 del artículo 58 del Condigo Penal, y la de menor punibilidad contemplada en el numeral 1° del artículo 55 de la citada codificación. Contra el anterior proveído, el procesado interpuso recurso de reposición, al tiempo que recusó a la entonces Fiscal General de la Nación, Viviane Morales, y al Fiscal Sexto Delegado. Rechazada la recusación por el Fiscal Sexto Delegado, mediante providencia del 27 de abril de 2012, las diligencias se remitieron al despacho del nuevo Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, quien mediante resolución del 14 de mayo del mismo año confirmó el rechazo de la recusación y la declaró improcedente. 1.9. Reanudados los términos, que por las recusaciones presentadas se hallaban suspendidos, a través de decisión del 16 de mayo de 2012, el Fiscal Sexto Delegado se pronunció sobre el recurso de reposición interpuesto contra el llamado a juicio, en el sentido de mantener la determinación reprochada, al tiempo que negó por improcedente la apelación. 1.10. Ante la negativa de la apelación, el procesado interpuso el recurso de queja, el cual fue negado por el Fiscal General de la Nación mediante resolución proferida el 31 de mayo de 2012. 1.11. Ejecutoriada así la acusación, el proceso se remitió a la Corte Suprema de Justicia para el trámite del juicio. El 28 de agosto de 2012, dicha Corporación resolvió unificar el asunto en mención con el proceso que se adelantaba paralelamente contra Diego Palacio Betancourt y Alberto Velásquez Echeverry por el delito de cohecho por dar u ofrecer, y así, continuar conjuntamente la etapa de juicio. 1.12. Dentro del traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, los sujetos procesales presentaron solicitudes de nulidad y de pruebas. Concretamente, la defensa técnica de Sabas Eduardo Pretelt de la Vega demandó la nulidad de todo el proceso con base, entre otros, en los argumentos que se sintetizan a continuación: (i) La parte procesada sostuvo que el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte se encontraba impedido para asumir el conocimiento del caso, porque participó en la audiencia del 29 de junio de 2011, en la que se decretó la nulidad de la resolución de acusación, oponiéndose a la invalidación del pliego calificatorio. (ii) La defensa argumentó que, al expedir la Resolución 203 de 2012, la Fiscal General rebasó el ámbito de su competencia, pues a través de dicho acto reguló asuntos propios del proceso penal, como lo son el procedimiento de delegación de la función de investigación y acusación de los aforados constitucionales, así como la aplicación del Acto Legislativo 06 de 2011, cuya reglamentación le corresponde exclusivamente al legislador, según lo estableció la Corte Constitucional en las sentencias C-775 de 2001[8] y C-873 de 2003[9]. (iii) La apoderada del actor señaló que la resolución de delegación era inexistente, puesto que no estuvo precedida del procedimiento regulado en el Código Contencioso Administrativo, toda vez que la Imprenta Nacional certificó que dicho acto no fue objeto de publicación en el Diario Oficial, ni tampoco consta en el plenario que haya sido notificada por algún otro medio, por lo que el ciudadano Sabas Pretelt de la Vega no tuvo la oportunidad de controvertirla. (iv) La representante de Sabas Eduardo Pretelt cuestionó que después de la declaratoria de nulidad del 29 de julio de 2011, no se le hubiera permitido aportar nuevos elementos probatorios a pesar de que no se había cerrado la investigación. 1.13. En audiencia celebrada el 29 de noviembre de 2012, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió las solicitudes de nulidad y de pruebas presentadas por los sujetos procesales de la causa[10], desestimando los reproches alegados por el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, con base en las consideraciones que pasan a resumirse: (i) La Corporación explicó que no es de recibo la apreciación según la cual el Fiscal Sexto Delegado se encontraba impedido para calificar el asunto con posterioridad a la declaratoria de nulidad por haberse opuesto en su momento a esta decisión, en tanto tal situación no se ajusta a ninguna de las causales de impedimento enumeradas en el artículo 99 de la Ley 600 de 2000, más aún cuando la defensora no precisó cuál de ellas se habría configurado, lo que equivalió a no demostrar la trascendencia del yerro alegado. (ii) La Sala de Casación Penal estimó que resultaba desatinado sostener que al proferir la Resolución 203 de 2012, la Fiscal General rebasó el ámbito de su competencia para adentrarse a regular asuntos del sistema penal, toda vez que “dicha resolución no reglamenta ni la estructura ni el funcionamiento de la Fiscalía General de la Nación, sino que aplica directamente la Constitución en los términos en que la misma se lo autoriza, luego actuó ceñida a las facultades que en asuntos judiciales le confiere la Carta, esto es, delegar en uno de sus delegados ante la Corte la función de acusar funcionarios de fuero constitucional.” Asimismo, la Corte Suprema precisó que los apartes jurisprudenciales en los que se apoya la apoderada están citados fuera de contexto, pues las sentencias C-775 de 2001[11] y C-873 de 2003[12] se ocuparon de los alcances de la expresión “autonomía administrativa y presupuestal” de la Fiscalía General de la Nación, mas no de la facultad de distribución de funciones judiciales que la Constitución y la ley confieren al máximo jefe del ente acusador. (iii) Sobre la tesis según la cual el Fiscal Sexto Delegado actuó sin competencia porque el acto por medio del cual se le delegó para actuar en el proceso es inexistente por haberse omitido su publicación en el Diario Oficial, la Sala de Casación consideró que tal hipótesis es equivocada, argumentando que no se trata de un acto administrativo expedido para el funcionamiento y organización de la institución, y por ende de carácter general, sino de uno de naturaleza judicial con efectos interpartes, cuya publicidad se surtió dentro de la actuación, en tanto una vez se avocó el conocimiento, mediante oficios fechados el 8 y el 9 de febrero de 2012, se le comunicó de dicha determinación al ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega y a su defensor, así como al Ministerio Público. (iv) En relación con la nulidad planteada por el actor con base en el hecho de que no se le hubiera permitido aportar nuevos elementos probatorios a pesar de que no se había cerrado la investigación, pues la resolución que la decretó había sido cobijada por la nulidad decretada el 29 de julio de 2011, la Corte sostuvo que la defensa desconocía que la nulidad decretada no incluyó el cierre de la investigación, por cuanto para la fecha en que se profirió tal resolución el Vicefiscal actuó con base en la competencia otorgada ante el impedimento aceptado del Fiscal General de la Nación, por lo que en el estado en que “quedó la actuación no se habilitaron oportunidades para emprender una nueva actividad probatoria en la instrucción.” 1.14. Dentro de la oportunidad respectiva, los procesados interpusieron el recurso de reposición. Concretamente, el ciudadano Sabas Pretelt de la Vega y su defensa técnica, sustentaron sus inconformidades con fundamento en los siguientes argumentos: (i) El procesado insistió en que el Fiscal Sexto ante la Corte se encontraba impedido, pues cuando la Corte decretó la nulidad de la calificación hecha por el Vicefiscal interpuso el recurso de reposición, y por cuanto, con posterioridad a ello, pidió la asignación de su proceso y preparó el acto de delegación, cadena de anomalías a la que sumó la intervención de Martha Lucía Zamora, quien aprobó la citada resolución, estando impedida, por haber actuado como Ministerio Público en este asunto, circunstancia por la que fue recusada. (ii) Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, conjuntamente con su abogado, sostuvieron que el Acto Legislativo 06 de 2011 no le es aplicable al proceso penal adelantado, ya que en el trámite legislativo se dijo que la delegación sólo podía hacerse hacia el futuro, y puesto que en virtud del principio de la perpetua jurisdictionis o inmodificabilidad de la competencia, se impone la ultractividad de la norma anterior. (iii) El defensor señaló que la delegación de funciones hecha por la Fiscal Vivian Morales es ilegal, por cuanto ella, a su turno, se encontraba impedida para conocer del asunto, porque sobre la causa se refirió como periodista, y toda vez que la recusación presentada contra el Fiscal Sexto Delegado debió resolverla la Corte y no el Fiscal General de la Nación. (iv) El apoderado reiteró que la acusación era nula por haberla proferido un funcionario que adquirió competencia con base en una resolución administrativa que estimó invalida, por no reunir los requisitos exigidos por el Código Contencioso Administrativo, tales como la motivación, la excepcionalidad de la procedencia de la delegación, la notificación personal a las partes, la publicación en el diario oficial y la oportunidad para ejercer el derecho de defensa. 1.15. En sesión llevada a cabo el 19 de abril de 2013, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió los recursos interpuestos contra la negativa de acceder a las nulidades y pruebas solicitadas por las partes[13]. La Corporación, frente a los argumentos presentados por el ciudadano Sabas Pretelt de la Vega, resolvió no reponer su decisión, con fundamento en lo siguiente: (i) En lo que atañe a la nulidad presuntamente originada en que el Fiscal ante la Corte que asumió por delegación el conocimiento del asunto estaba impedido, el Tribunal encontró que el recurrente reiteró los argumentos expuestos en su petición inicial y, por consiguiente, no cuestionó las consideraciones en que se basó la Sala para concluir que tal pretensión carecía de fundamento. Además, sobre el hecho de que ese mismo funcionario hubiera pedido que se le delegara el conocimiento del asunto, o que en la elaboración y revisión de la Resolución 203 de 2012 hubiese participado Martha Lucia Zamora, la Corporación estimó que “son circunstancias intrascendentes que no fueron objeto de postulación en la petición inicial.” (ii) Frente a la inaplicación del Acto Legislativo 06 de 2011 por regir exclusivamente hacia futuro, la Corporación señaló que “revisadas todas las actas del Congreso de la República, en las que constan las discusiones sobre el tema, no se advierte referencia semejante. Por el contrario, durante el trámite de la referida reforma de la Constitución quedó en claro que el origen y el alcance de la misma era dotar al Fiscal General de la Nación de medios y mecanismos que le permitieran cumplir sus funciones judiciales constitucionales de manera eficiente y eficaz, de modo que no quedaran en la impunidad una importante cantidad de asuntos de su conocimiento que por imposibilidad física se encontraban represados o estancados.” De igual forma, en torno al presunto desconocimiento del principio de la perpetua jurisdictionis o inmodificabilidad de la competencia, el Tribunal de Casación reiteró[14] que la reforma introducida por el Acto Legislativo 06 de 2011 no modificó el fuero constitucional, sino que reguló la forma en que éste puede aplicarse para los funcionarios amparados por él, permitiendo que el Fiscal General pueda delegar una función que antes le estaba atribuida de manera exclusiva y personal. En efecto, la Corte explicó que “los altos funcionarios del Estado referidos en el numeral 4º del artículo 235 de la Carta continúan amparados por el fuero constitucional para su investigación, acusación y juzgamiento, pues de los asuntos seguidos en su contra conoce el Fiscal General de la Nación bien sea directamente o el Vicefiscal o Fiscales Delegados, previa delegación de aquél; la acusación se formula ante la Corte Suprema de Justicia y esta Corporación interviene como juez de conocimiento en la etapa del juicio.” (iii) Sobre la ilegalidad de la delegación de funciones efectuada por la Fiscal Vivian Morales, así como del trámite impartido a la recusación presentada contra el Fiscal Sexto Delegado, la Corporación consideró que ninguna de las dos hipótesis fueron postuladas como nulidad dentro del traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, por lo que no procedía interponer el recurso para controvertir un tema respecto del cual no hubo pronunciamiento por no mediar petición al respecto. (iv) Frente a la argumentación desplegada sobre la invalidez de la resolución de delegación, el Tribunal indicó que los actos dictados en aplicación del Acto Legislativo 06 de 2011, relacionados con la posibilidad que hoy tiene el Fiscal General para delegar en el Vicefiscal o en los Fiscales Delegados ante la Corte Suprema, son en esencia judiciales y no administrativos, en atención a la naturaleza del objeto delegado, que no es otro que la posibilidad de intervenir en los procesos que se adelanten contra los aforados constitucionales de conformidad con los artículos 235 y 251 superiores. En ese sentido, resaltó la Corporación que de aceptarse la tesis de la defensa, se atentaría contra la autonomía e independencia que la propia Constitución le reconoce y confiere al Fiscal General como jefe del ente investigador y como miembro de la Rama Judicial para el cumplimiento de sus funciones constitucionales, en la medida en que sus determinaciones quedarían supeditadas al control de la jurisdicción contenciosa administrativa. 2. Demanda y pretensiones El 5 de agosto de 2013, el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega interpuso acción de tutela contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso[15], con ocasión al desarrollo y a las decisiones proferidas dentro del proceso penal de única instancia que se adelanta en su contra. El accionante inició su demanda explicando que debió acudir ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para interponer el amparo, toda vez que mediante providencia del 24 de julio de 2013[16], la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia decidió no admitir la acción de tutela presentada ante dicha Corporación, al considerar que contra las decisiones proferidas por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones no procede dicho mecanismo constitucional, en obediencia al principio de cosa juzgada. Posteriormente, el actor plantó una serie de cargos que dan cuenta de sus inconformidades con las decisiones proferidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia el 29 de noviembre de 2012 y el 19 de abril de 2013, en las que resolvió no acoger sus solicitudes de nulidad presentadas dentro del traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, relacionadas con los presuntos vicios en los que incurrió la Fiscalía General de la Nación en la etapa de investigación e instrucción del proceso que se adelanta en su contra, como pasa a sintetizarse: (i) Valoración defectuosa de la Resolución 203 de 2012 en el análisis de la nulidad interpuesta en el traslado de que trata el artículo 400 de la Ley 600 de 2000. El accionante afirmó que a pesar de que en la solicitud de nulidad y en el recurso de reposición interpuesto contra la decisión que resolvió aquella, se pusieron de presente una serie de vicios evidenciados en el trámite de elaboración y notificación de la Resolución 203 de 2012, las cuales se originan en la aplicación irregular de las reglas propias de los actos judiciales a un acto de carácter eminentemente administrativo, la Sala de Casación Penal valoró defectuosamente la naturaleza jurídica de la mencionada resolución, pues estimó que era un acto judicial, desconociendo que de la normatividad que se citó como sustento para proferirla, se desprende que se trata de un acto administrativo que debe regirse por las reglas establecidas en el Código Contencioso Administrativo. Concretamente, el actor sostiene que de la lectura detenida de la Resolución 203 de 2012, se deduce que es de naturaleza administrativa, puesto que “no tiene, para nada, los elementos, ni responde, a una decisión de tipo judicial, y menos como dice la Corte, que tiene efectos interpartes, por cuanto no los liga de una manera individual, con motivación particular, su carácter genérico que involucra a una cantidad de procesos de diferentes tipo la hacen distinta a una judicial. Si es genérica, y por responder al ejercicio de funciones generales dadas en el estatuto orgánico de la Fiscalía, para mejorar toda actividad que haga relación con la investigación y acusación de los procesos involucrados en la misma, mal puede dársele el carácter de ser judicial, su estructura no está sometida a los verdaderos actos jurídicos procesales (…).” En ese sentido, el demandante adujó que dicha resolución resulta inexistente al no haber cumplido uno de los requisitos para que naciera a la vida jurídica como lo es el de comunicación a los interesados según lo estipulan los artículos 43 a 47 del Código Contencioso Administrativo, pues al ser un acto administrativo de carácter general debió publicarse en el Diario Oficial, lo cual no sucedió, y en caso entenderse de carácter particular debió notificársele personalmente, lo que tampoco ocurrió. No obstante lo anterior, el peticionario señaló que si en gracia de discusión se aceptara que la mentada resolución es de naturaleza judicial como lo consideró la Corte Suprema, se tendría que la misma desconoce el artículo 17 del Código Civil debido a su carácter general, ya que tal disposición estipula que “las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que fueron pronunciadas. Es, por tanto, prohibido a los jueces proveer en los negocios de su competencia por vía de disposición general o reglamentaria.” Asimismo, el accionante sostuvo que dicha naturaleza judicial no priva al sujeto procesal de sus derechos fundamentales, por lo que es obligación de la autoridad judicial motivar para el caso particular la decisión y notificarla, para que en su contra puedan interponerse los recursos ordinarios, lo que a su juicio en su caso no ocurrió, pues la resolución se motivó de manera general y no se le comunicó, impidiéndosele interponer el respectivo recurso de reposición. (ii) Aplicación indebida del Acto Legislativo 06 de 2011. El accionante explicó que se vulneró su derecho al debido proceso cuando en la providencia de la Corte Suprema de Justicia del día 29 de noviembre de 2012, confirmada por el proveído dado el día 19 de abril de 2013, se respaldó la decisión de delegación contenida en la Resolución 203 del 7 de febrero de 2012, en virtud de la cual, se facultó a un fiscal delegado ante la Corte para que realizara la etapa de investigación y acusación contra sus intereses, sustituyendo a la Fiscal General de la Nación con base en el Acto Legislativo 06 de 2011, el cual, a su juicio, no era aplicable a su caso de manera retroactiva. En efecto, el peticionario indicó que no existe ninguna justificación desde el punto de vista procesal constitucional para la aplicación retroactiva del Acto Legislativo en cuestión, como lo estimó la Fiscalía General de la Nación y lo avaló la Corte Suprema de Justicia, en tanto que: (a) si se considera que la norma es de carácter procedimental con efectos sustanciales, su irretroactividad es estricta y debía aplicarse la ley vigente al momento de la supuesta comisión de la conducta penal, como garantía de la preexistencia en materia de competencia; y (b) si se considerara que tal modificación de la Constitución es netamente procedimental, tampoco podía aplicarse dicho precepto, puesto que debían terminarse las etapas de investigación y de acusación por la Fiscal General de la Nación en razón a que el término de la actuación ya había empezado a correr conforme lo estipula el artículo 40 de la Ley 153 de 1887[17]. Al respecto, el demandante explicó que si no resulta de recibo dicha interpretación, ha de tenerse en cuenta que desde una hermenéutica literal del artículo 251 constitucional, incluidas sus modificaciones, se deduce que para el juzgamiento de los delitos cometidos con anterioridad al 1 de enero de 2005 debe aplicarse el procedimiento contenido en la disposición original del mencionado precepto, y a los hechos delictuosos acecidos con posterioridad, el trámite debe adelantarse con base en las reformas efectuadas por el constituyente derivado a través de los actos legislativos 03 de 2002 y 06 de 2011. En ese sentido, determinó que resultaban contrarias a la misma Carta Fundamental las actuaciones de las demandadas, pues el cohecho que se le atribuye presuntamente ocurrió el 2 y 3 de junio de 2004. Al margen de lo anterior, el accionante argumentó que independientemente de la interpretación que se acoja en relación con la aplicación del Acto Legislativo 06 de 2011, no puede olvidarse que en atención a los tratados internacionales ratificados por Colombia, deben respetarse los principios de irretroactividad, favorabilidad e interpretación pro homine de la ley penal. Sobre el particular, Sabas Pretelt de la Vega manifestó que si el Acto Legislativo 06 de 2011 no indicó explícitamente que aplica para los procesos regidos por la Ley 600 del 2000 y para los que se estuvieren tramitando al momento de su expedición, la interpretación de dicha reforma debe “ser la más favorable al acusado y por tanto, frente a la duda interpretativa se debió excluir de tajo tal aplicación para mi caso en concreto. Ello puesto que mi proceso no sólo ya estaba en curso, sino que estaba regido por la Ley 600 del 2000 y por ende, no podía hacerse una interpretación extensiva del Acto Legislativo, cuando ella precisamente era desfavorable a mis intereses y no había quedado consignada dicha posibilidad dentro de esa reforma constitucional.” Por otra parte, el ciudadano arguyó que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia desconoció su precedente horizontal, pues había expedido múltiples providencias en las que había afirmado que las facultades de la Fiscalía General de la Nación en el caso de aforados constitucionales eran indelegables. Concretamente, el actor citó el proveído del 11 de diciembre de 2007[18], en la que dicha Corporación decidió decretar la nulidad de la etapa de investigación por haber sido ella delegada en un subalterno del Fiscal General de la Nación en el caso de un aforado constitucional. (iii) Desconocimiento de la garantía de ser investigado y juzgado por un funcionario judicial imparcial e independiente. El accionante sostiene que la Fiscalía General de la Nación al proferir la Resolución 203 de 2012, desconoció su garantía constitucional a que los funcionarios judiciales que conozcan de su causa obren con independencia e imparcialidad, toda vez que tres de los empleados de la entidad que participaron en la elaboración de dicho acto se encontraban impedidos, y a pesar que fueron recusados, rechazaron la solicitud, yerro que, a su juicio, no fue analizado correctamente, y mucho menos emendado, por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia al resolver la nulidad planteada con base en dichas circunstancias. Al respecto, el actor explicó que en la Resolución 203 de 2012, la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, delegó en el Fiscal Sexto ante la Corte Suprema de Justicia, Álvaro Osorio Chacón, las funciones de investigación y acusación, así como de intervención en el juicio adelantado en su contra, desconociendo que se encontraba impedida para asumir el conocimiento de las diligencias debido a las juicios de valor expresados en diversos medios de comunicación cuando se desempeñaba como periodista, y que a su vez el funcionario delegado ya había intervenido en el proceso cuando la Corte Suprema decretó la nulidad de la calificación hecha por el Vicefiscal, al interponer el recurso de reposición. De igual manera, el peticionario resaltó que desconoce la imparcialidad que su caso fuera asignado al Fiscal Sexto Delegado sin haberse sometido a reparto, máxime cuando consta en las antefirmas del documento que participó en el proceso de elaboración del acto de delegación, en el que también intervino la fiscal Martha Lucía Zamora, quien aprobó la citada resolución, estando igualmente impedida, por haber actuado como Ministerio Público en el asunto. Así pues, con base en los anteriores argumentos, el demandante solicitó que se declare la existencia de los defectos alegados, se tutele su derecho fundamental al debido proceso, y en consecuencia se decreten las nulidades correspondientes con el fin de garantizar la supremacía sustancial de la Constitución en el trámite del proceso penal adelantado en su contra. 3. Contestación de las accionadas[19] 3.1. Corte Suprema de Justicia El Magistrado José Luis Barceló Camacho, en su calidad de funcionario sustanciador del juicio que se adelanta contra el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega, se opuso al amparo solicitado[20], presentando los siguientes argumentos. En primer lugar, el funcionario judicial cuestionó la competencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá para conocer de la acción, señalando que, según lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1382 de 2000, “(…) lo accionado contra la Corte Suprema de Justicia (…) será repartido a la misma corporación y se resolverá por la Sala de Decisión, sección o subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 4° del presente decreto.” En segundo término, el Magistrado indicó que la actuación se ha surtido conforme al procedimiento aplicable (Ley 600 de 2000) y con respeto de todas las garantías de los sujetos procesales, en tanto las partes han obtenido respuesta oportuna de las peticiones presentadas, y los reproches que ahora son alegados en el amparo fueron objeto de estudio por la Sala de Casación Penal en su debida ocasión. En ese sentido, resaltó que la acción incoada busca reabrir un debate jurídico ya solucionado por el juez natural de conocimiento. 3.2. Fiscalía General de la Nación El Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, solicitó denegar la tutela pretendida[21], sosteniendo que al accionante no se le han vulnerado sus derechos fundamentales, ya que se le han comunicado las decisiones adoptadas por la entidad en su debida oportunidad, así como resuelto cada una de las peticiones instauradas. Concretamente en relación con los reproches formulados por el accionante, el funcionario sostuvo que el proceso le fue asignado encontrándose en firme el cierre de la investigación y pendiente de calificar el mérito sumarial, y que a pesar de no ser necesaria la notificación de la resolución a través de la cual avocó conocimiento del asunto delegado, según lo dispuesto en el artículo 176 de la Ley 600 de 2000, por ser una providencia de sustanciación, se le comunicó la misma al ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega a través de correo electrónico y a su apoderado de la época, Jaime Bernal Cuéllar, mediante oficio remitido mediante el servicio de correo institucional. Igualmente, el Fiscal explicó que el 16 de mayo de 2012 resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la calificación del sumario, analizando los argumentos expuestos por el accionante en relación con la delegación. Por lo demás, el funcionario adujó que se atiene a lo probado en el expediente y a lo decidido en los autos proferidos por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver las nulidades planteadas en la audiencia preparatoria, en los cuales se estudió la legalidad de la actuaciones desplegadas por la Fiscalía General de la Nación. II. TRÁMITE PROCESAL 1. Sentencia de primera instancia A través de Sentencia del 21 de agosto de 2013[22], la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá resolvió: (i) no declarar la falta de competencia alegada por la Corte Suprema, con fundamento en las interpretaciones de la Carta Política y del Decreto 2591 de 1991 desplegadas por la Sala Plena de esta Corporación en los autos 004 de 2004 y 100 de 2008; y (ii) denegar el amparo pretendido, al estimar que las providencias controvertidas no desconocen los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, en tanto las autoridades demandadas no excedieron el ámbito de su autonomía, ni actuaron de manera caprichosa, máxime cuando consignaron en sus decisiones interpretaciones razonables acordes con la normatividad constitucional y legal vigente. En efecto, el Consejo indicó que contrario a lo expresado por el accionante, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia examinó y resolvió de manera razonable, a través de los autos del 29 de noviembre de 2012 y del 19 de abril de 2013, todos los argumentos expuestos por la defensa del acusado en relación con las presuntas irregularidades presentadas en la etapa investigativa, incluidas las alegadas frente a la delegación efectuada por la Fiscal General de la Nación a través de la Resolución 203 de 2012 y la aplicación errónea en su caso del Acto Legislativo 06 de 2011. Así pues, una vez verificado que cada uno de los argumentos presentados por el actor en el proceso fueron estudiados y desvirtuados en su debida oportunidad por la Corte accionada, y que en la argumentación desplegada para resolverlos no se vislumbraba arbitrariedad o contradicción de los postulados mínimos de razonabilidad jurídica, la corporación de instancia concluyó que del análisis de las decisiones no se advierte que la Sala de Casación Penal “haya excedido el ámbito de su autonomía e interpretación normativa, e inclusive constitucional, para de manera caprichosa vulnerar los derechos fundamentales del doctor Sabas Pretelt de la Vega, ante la adversidad de sus pretensiones (…).” 2. Impugnación El ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega impugnó la decisión de instancia[23], señalando que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá no desvirtuó los argumentos presentados en la demanda en relación con la vigencia del Acto Legislativo 06 de 2011 y su aplicación en su caso particular, así como los atinentes a los impedimentos que debieron presentar la Fiscal General de la época y el Fiscal Delegado a su asunto, pues a su juicio la Sala se limitó a reseñar lo dicho por la Corte Suprema de Justicia sin detenerse a analizar si sus determinaciones se enmarcaban dentro de los defectos alegados. Igualmente, el accionante estimó que la corporación de primer grado no tuvo en cuenta que si bien la Fiscalía afirma que la resolución de delegación fue comunicada, no se encuentra probada dicha actuación, a pesar de que podría acreditarse con la certificación de la oficina de correos correspondiente o la constancia de envío del mail que presuntamente fue remitido a su correo electrónico informándosele de la delegación efectuada. Por lo demás, el actor reiteró los argumentos expuestos en su escrito tutelar, los cuales reseñó nuevamente de manera breve. 3. Sentencia de segunda instancia Mediante Sentencia del 23 de enero de 2014[24], la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que el amparo no era procedente por no cumplir con el requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales denominado carácter residual, según el cual los reproches formulados ante el juez constitucional debieron ser presentados ante la autoridad judicial competente en su debida oportunidad. Específicamente, la Corporación explicó que el actor no postuló como nulidades, dentro del término de traslado de 15 días establecido en el artículo 400 de la Ley 600 de 2000, los argumentos que ahora propone como defectos, a pesar de que era el momento procesal apropiado para invocar las irregularidades ocurridas dentro de la fase investigativa, en tanto el peticionario en dicho plazo alegó otras posiciones jurídicas que fueron debidamente analizadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a través de la providencia proferida el 29 de noviembre de 2012, frente a la cual “procedía recurso de reposición al que no se acudió.” En ese sentido, el Consejo Superior estimó que advertida la omisión del actor de hacer valer sus derechos en las oportunidades procesales otorgadas por el ordenamiento jurídico, resultaba palmaria la improcedencia de la acción al tenor del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, en virtud del cual se ha concluido que el recurso de amparo no puede operar como un instrumento jurídico para subsanar la incuria del llamado activamente a apoyarse en los medios que la propia normatividad le otorga para que dentro del trámite el juez natural examine la presunta afectación de sus garantías básicas. No obstante lo anterior, la Sala sostuvo que si en mérito de la discusión se analizara el fondo del asunto, no se evidenciaba la configuración de ningún defecto en las decisiones cuestionadas, pues conforme lo encontró el a quo no se advertía ninguna irregularidad “en el acto de delegación que hizo la Fiscal General de entonces, al Fiscal Sexto Delegado en el caso del actor, así como tampoco en las decisiones emitidas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justica el 29 de noviembre de 2012 y la del 19 de abril de 2013, en las que esa Corporación expresó de manera clara, precisa, coherente, razonable y proporcional, los motivos tanto de hecho, como derecho para definir el asunto puesto a su consideración, sin que el entendimiento distinto de los supuestos de hecho y, de las consecuencias jurídicas de la aplicación de las normas por parte del actor, puedan servir de base sólida para edificar presuntas irregularidades como las descritas (…).” 4. Actuaciones en sede de revisión 4.1. El expediente de la referencia fue seleccionado y asignado a la Sala Tercera de Revisión por la Sala de Selección de Tutelas Número Cuatro, mediante Auto del 30 de abril de 2014[25]. 4.2. El 16 de julio de 2014, en virtud del informe presentado por el Magistrado Ponente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 54A del Acuerdo 05 de 1992, la Sala Plena de la Corte Constitucional decidió asumir el conocimiento del proceso de tutela. 4.3. Mediante Auto del 18 de julio de 2014[26], el Magistrado Ponente puso a disposición de la Sala Plena el expediente T-4.322.261 y suspendió los términos para fallar. 4.4. De otra parte, durante el trámite de recisión, el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega solicitó revocar las decisiones de instancia, y en su lugar tutelar su derecho fundamental al debido proceso, reiterando los argumentos expuestos en el escrito de demanda, a través de diferentes documentos allegados al despacho del magistrado ponente el 3 de junio[27], el 9 y 29 de julio[28] y el 1 de septiembre de 2014[29], así como el 21 de mayo de 2015[30]. Asimismo, mediante escrito presentado el 6 de abril de 2015[31], el actor puso de presente su inconformidad y preocupación por la información trasmitida por los medios de comunicación en torno al presunto sentido del fallo, pues, a su juicio, tales publicaciones vician la imparcialidad y autonomía de los magistrados que conforman la Sala. Concretamente, el peticionario hizo referencia a una nota periodística titulada “¿La carta de salvación para Sabas Pretelt?”, publicada el 31 de marzo de 2015 por la Revista Semana en su portal web, en la cual se informó que “la ponencia para resolver la tutela va negando las pretensiones del exministro. Según el proyecto de decisión, el fiscal general mediante el acto legislativo 06 de 2011 puede ‘delegar una función de investigación que antes le estaba atribuida de manera exclusiva y personal.’ Es decir, el jefe del organismo investigador sí tiene la competencia para delegar funciones como en este caso lo hace (…).” Además, en la publicación se señaló que el amparo presentado por el accionante “‘se trata de una estrategia para dilatar una decisión en el caso de los implicados en la ‘yidispolítica’ como lo hizo en su momento el exministro Andrés Felipe Arias’, dijo una fuente del alto tribunal.”[32] III. PRUEBAS 1. En el plenario obra copia del Auto del 24 de julio de 2013[33], a través del cual la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia inadmitió la acción de tutela presentada por Sabas Eduardo Pretelt de la Vega contra la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación[34]. 2. Asimismo, en el expediente obran copias de diversas piezas documentales del proceso penal número de radicado interno de la Corte Suprema de Justicia 39156[35], entre las que se encuentran las siguientes: 2.1. Copia de la Resolución 203 del 7 de febrero de 2012 proferida por la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, “por medio de la cual se delega la investigación y acusación de unos procesos en un fiscal ante la Corte Suprema de Justicia”, entre ellos el número 39156[36]. 2.2. Copia del Auto del 8 de febrero de 2012, mediante el cual el Fiscal Sexto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, avocó conocimiento de la actuación adelantada contra el actor[37]. 2.3. Copias de los audios de la audiencia preparatoria, en la cual se dio respuesta a las nulidades propuestas, a las solicitudes de pruebas y se tramitó el recurso de reposición presentado ante la negación de las nulidades pedidas[38]. 2.4. Copia del Auto del 29 de noviembre de 2012 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[39], mediante el cual se pronunció acerca de las solicitudes de nulidad y de pruebas presentadas por los sujetos procesales de la causa[40]. 2.5. Copia del Auto del 19 de abril de 2013 proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia[41], a través del cual se resolvieron los recursos de reposición interpuestos contra la negativa de acceder a las nulidades y pruebas solicitadas por las partes[42]. IV. CONSIDERACIONES y fundamentos 1. Competencia Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro del expediente de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política[43]. 2. Cuestión previa: competencia de las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias de los Consejos Superior y Seccional de la Judicatura para conocer de la acción de tutela formulada 2.1. Antes de analizar la procedencia del asunto examinado, este Tribunal deberá estudiar si le asiste la razón a la Corte Suprema de Justicia sobre la incompetencia las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Superior y Seccional de la Judicatura para conocer de las acciones de tutela impetradas en su contra de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1382 de 2000, toda vez que de acogerse dicha posición, tendría que declararse la nulidad de todo lo actuado dentro del trámite, y por tanto no habría lugar a un pronunciamiento de fondo. 2.2. Al respecto, esta Corporación considera que no resulta de recibo dicha argumentación, por cuanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y la Sala homónima del Consejo Superior de la Judicatura están plenamente habilitadas para conocer de la acción de tutela formulada dentro de este asunto, con el fin de garantizar el derecho fundamental al acceso a la administración de justicia del accionante consagrado en el artículo 229 superior[44], conforme se explicó en los autos 004 de 2004 y 100 de 2008 proferidos por la Sala Plena de esta Corporación[45], en los cuales se estableció que cuando la Corte Suprema de Justicia se niegue a tramitar y remitir a este Tribunal las providencias relacionadas con las solicitudes de amparo presentadas contra sus propias decisiones, los demandantes, al tenor de lo establecido en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, podrán acudir ante cualquier juez, bien sea unipersonal o colegiado, para reclamar la protección de sus derechos fundamentales presuntamente vulnerados por la actuación de una de las salas de casación, tal y como aconteció en el presente caso. 2.3. En efecto, el ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega tuvo que acudir a las Salas Jurisdiccionales Disciplinarias del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá y del Consejo Superior de la Judicatura ante la decisión del 24 de junio de 2013 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia[46], en la cual resolvió no admitir la acción de tutela presentada contra la Sala de Casación Penal, así como abstenerse de enviar las diligencias a este Tribunal, al considerar que los fallos proferidos por los órganos de cierre de las diferentes jurisdicciones no pueden ser cuestionados a través del mencionado mecanismo de protección, so pena de desconocer los principios de seguridad jurídica y cosa juzgada. 2.4. Así pues, la Corte Constitucional considera que tanto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bogotá como la Sala homónima del Consejo Superior de la Judicatura sí tenían competencia para conocer de la solicitud de tutela en primera y segunda instancia respectivamente, por lo que procederá a revisar los fallos proferidos conforme al mandato consagrado en el artículo 86 de la Norma Fundamental. 3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales. Reiteración de Jurisprudencia[47]. 3.1. De acuerdo con los artículos 86 de la Constitución Política y 1º del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela es un mecanismo sumario, preferente y subsidiario de defensa judicial cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales de las personas, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular en los casos previstos en la Constitución y en la Ley. 3.2. En ese sentido, tal y como lo estableció esta Corporación en la Sentencia C-543 de 1992[48], por regla general, el recurso de amparo no procede contra providencias judiciales, puesto que: (i) estas son el escenario habitual de reconocimiento y realización de los derechos fundamentales; (ii) de ellas se predica el efecto de cosa juzgada, el cual es garantía de la seguridad jurídica que debe imperar en un Estado democrático; y (iii) están amparadas por el principio de respeto a la autonomía e independencia de los jueces[49]. 3.3. No sobra indicar entonces que todos los procesos judiciales son, en sí mismos, medios de defensa de los derechos de las personas y, cuentan, por lo mismo, con recursos para controvertir las actuaciones de las partes, al igual que de la autoridad judicial. Por ende, en principio, cuando quiera que aquellas observen que sus derechos fundamentales pueden verse conculcados por las actuaciones u omisiones de tales autoridades, deben acudir a los medios de defensa ordinarios contemplados dentro del respectivo proceso. 3.4. Sin embargo, en dicha oportunidad también se estableció que “de conformidad con el concepto constitucional de autoridades públicas, no cabe duda de que los jueces tienen esa calidad en cuanto les corresponde la función de administrar justicia y sus resoluciones son obligatorias para los particulares y también para el Estado. En esa condición no están excluidos de la acción de tutela respecto de actos u omisiones que vulneren o amenacen derechos fundamentales (…)”[50]. De modo que, si bien se entendió que, en principio, la acción de amparo constitucional no procedía contra providencias judiciales, excepcionalmente, su ejercicio era viable como mecanismo subsidiario y preferente de defensa judicial, cuando de la actuación judicial se vislumbrara la violación o amenaza de un derecho fundamental. 3.5. A partir de lo allí decidido, la Corte Constitucional desarrolló el criterio conforme al cual el supuesto de hecho que daba lugar a la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, se configuraba cuando la actuación judicial incurría en una desviación de tal magnitud que el acto proferido no merecía la denominación de providencia judicial, pues había sido despojada de dicha calidad. En desarrollo de lo expuesto, esta Corporación consideró que el ordenamiento jurídico no podía amparar situaciones que, cobijadas por el manto del ejercicio autónomo de la función judicial, comportaban una violación protuberante de la Carta Política y, en especial, de los bienes jurídicos más preciados del ser humano (derechos fundamentales)[51]. 3.6. Así, en un primer momento, a tal conjunto de circunstancias les denominó “vía de hecho”, y posteriormente su evolución llevó a determinar una serie de requisitos de procedibilidad de carácter general, y unas causales específicas para solucionar las acciones de tutela instauradas contra decisiones judiciales[52]. En efecto, en la Sentencia C-590 de 2005[53], se determinó que el funcionario judicial que conoce del amparo debe constatar que: (i) el asunto tenga relevancia constitucional; (ii) el actor haya agotado los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios antes de acudir al juez de tutela; (iii) la petición cumpla con el requisito de inmediatez, de acuerdo con criterios de razonabilidad y proporcionalidad; (iv) en caso de tratarse de una irregularidad procesal, ésta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de los derechos fundamentales; (v) el accionante identifique, de forma razonable, los yerros de la autoridad judicial que generan la violación y que ésta haya sido alegada al interior del proceso judicial, en caso de haber sido posible; (vi) el fallo impugnado no sea de tutela. 3.7. Igualmente, en dicha sentencia de constitucionalidad, se precisó que si en un caso concreto se encuentran cumplidos los anteriores requisitos genéricos, será necesario entonces acreditar, además, que se ha configurado alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico, (ii) sustantivo, (iii) procedimental, (iv) fáctico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente constitucional y (viii) violación directa a la Constitución[54]. 3.8. En suma, por regla general, debido a la necesidad de salvaguardar el valor de la cosa juzgada, la garantía de la seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial, la acción de tutela no procede contra providencias judiciales. No obstante, excepcionalmente, se ha admitido esa posibilidad cuando se acredita el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela y la providencia acusada incurre en algunas de las causales específicas que han sido previamente señaladas. 4. Cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad Como previamente fue señalado, mediante el ejercicio de la acción de tutela, el señor Sabas Eduardo Pretelt de la Vega cuestiona los autos proferidos el 29 de noviembre de 2012 y el 19 de abril de 2013 por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los cuales se resolvieron las nulidades planteadas dentro del proceso penal de única instancia que se adelanta en su contra. Por tal razón, como primera medida, se hace necesario esclarecer si se cumplen los requisitos atinentes a la procedencia del amparo constitucional contra providencias judiciales. En este orden de ideas, la Sala abordará brevemente cada uno de ellos. 4.1. Relevancia constitucional. En lo que hace referencia a la trascendencia constitucional del caso, es claro que el asunto en estudio cumple este requisito, pues versa sobre la posible vulneración del núcleo básico del derecho fundamental al debido proceso del ciudadano Sabas Eduardo Pretelt de la Vega. Concretamente, se debate si en el proceso penal de única instancia adelantado en contra del actor, se le han respetado todas las garantías consagradas en el artículo 29 de la Carta, así como si se han seguido las formas propias del procedimiento especial para aforados constitucionales estipuladas en los artículos 235 y 251 superiores y en la Ley 600 de 2000. 4.2. Agotamiento de los mecanismos ordinarios. En la presente oportunidad se entiende cumplida la exigencia del agotamiento de los recursos al alcance del demandante, en la medida en que el peticionario alega la configuración de una serie de vicios en las providencias que se pronunciaron sobre la presuntas nulidades acaecidas dentro de la fase de investigación e instrucción del proceso penal adelantado en su contra, decisiones frente a las cuales no procede ningún mecanismo judicial ordinario o extraordinario, por tratarse de un proceso de única instancia surtido ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con el numeral 4° del artículo 235 de la Carta Política[55]. 4.3. Inmediatez. La acción de tutela fue instaurada aproximadamente cuatro meses después de proferida la última decisión reprochada, por lo que se cumple con el requisito de inmediatez. En efecto, el auto que resolvió el recurso de reposición presentado contra el proveído que no accedió a las nulidades solicitadas data del 19 de abril de 2013[56] y el amparo fue presentado el 5 de agosto del mismo año, como consta en el acta individual de reparto[57]. 4.4. Identificación de los yerros de la autoridad judicial que originan la vulneración, así como su alegación al interior del proceso judicial. 4.4.1. Este Tribunal ha entendido que, salvo que los hechos constitutivos de la vulneración sean evidentes, es necesario que los mismos sean alegados con suficiencia y precisión por el peticionario, pues resultaría desproporcionado exigirle al juez constitucional que revisara nuevamente un proceso con el fin de descubrir si, por alguna circunstancia, se conculcó un derecho fundamental, ya que, en dicho caso, la acción de amparo constitucional desconocería su naturaleza de ser un mecanismo subsidiario de defensa judicial. En ese sentido, la Corte ha sostenido que el análisis por vía de tutela de una providencia judicial sólo puede estructurarse si previamente se precisan por el interesado las circunstancias concretas que dan lugar a la afectación de sus derechos fundamentales, y se demuestra el nivel de influencia de los presuntos vicios en la decisión cuestionada, ya que de esta forma se entiende delimitado el campo de acción en el que le es posible actuar al juez de amparo, no sólo en respeto de las esferas propias de los jueces ordinarios, sino también acorde con el carácter breve y sumario que caracteriza dicho mecanismo de protección. Desde esta perspectiva, no resulta procedente que se pretenda promover la acción de tutela sobre planteamientos vagos, contradictorios, equívocos o ambiguos, que no permitan orientar la actividad excepcional que le corresponde cumplir en este campo a la autoridad judicial constitucional[58]. Lo anterior ha sido reiterado por este Tribunal en su jurisprudencia. Así por ejemplo, en la Sentencia T-362 de 2013[59], se pusieron de presente las exigencias de argumentación en torno a la procedencia de la acción de tutela, cuando con ella se cuestionan providencias judiciales, en el ámbito de tensión entre los derechos fundamentales y la autonomía e independencia del juez natural. Concretamente, se señaló que, para poder alegar la existencia de un defecto fáctico, se tienen que exponer las razones por las cuales la libre apreciación de la prueba dentro de la sana crítica no cobija las reflexiones expuestas en la providencia atacada, baj...