Sentencia SU-189 de 2012

SU189-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia SU189/12 ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Requisitos para que se configure ACCION DE TUTELA TEMERARIA-Inexistencia por cuanto el accionante es persona de la tercera edad, sin medios económicos para subsistir y sus derechos se siguen vulnerando en el tiempo PRINCIPIO DE INMEDIATEZ COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LA ACCION DE TUTELA-Reiteración de jurisprudencia PRINCIPIO DE INMEDIATEZ-Razonabilidad del plazo está determinada por la finalidad de la tutela que debe ser ponderada en cada caso Del estudio de la jurisprudencia de esta Corporación se pueden identificar dos fines esenciales del Principio de la Inmediatez. Por un lado, con la exigencia de ese requisito temporal se pretende garantizar que la tutela preserve su naturaleza jurídica, como una garantía judicial constitucional subsidiaria, residual y destinada a proteger las posiciones jurídicas iusfundamentales de las personas, frente a atentados ciertos, graves o inminentes. De otro lado, la inmediatez procura salvaguardar la seguridad jurídica como un bien objetivo de valor trascendental en el Estado Social de Derecho. ACCION DE TUTELA PARA RECONOCIMIENTO DE PENSION DE VEJEZ-Procedencia excepcional para evitar un perjuicio irremediable En cuanto a la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento de la pensión en el caso concreto, lo primero que se debe recordar es que, la acción de tutela será procedente para el reconocimiento de prestaciones de la seguridad social si, pese a la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa, éstos resultan ineficaces o existe la amenaza de que se configure un perjuicio irremediable. Como se dijo anteriormente, en cada caso se deben analizar las circunstancias particulares en que se encuentra el solicitante, principalmente con el fin de determinar si el sujeto afectado en sus derechos pertenece a un grupo de especial protección constitucional, tal y como sucede en el presente caso, en el cual el accionante se encuentra protegido en razón de sus 75 años de edad. En efecto, la anterior conclusión se justifica porque se trata de un sujeto de avanzada edad, y porque el medio de defensa ordinario para el reconocimiento de la mesada pensional no es igualmente eficaz para un sujeto de especial protección que para uno que no lo es. En materia de tiempo, un sujeto de la tercera edad merece una especial consideración del Estado, teniendo en cuenta la demora que implican los procesos ordinarios y la expectativa de vida del accionante. Se tiene también en cuenta, como ya se ha anotado, el estado de precariedad y de pobreza en el que vive el accionante y el núcleo familiar que de él depende. PENSION DE JUBILACION DENTRO DEL REGIMEN APLICABLE AL MAGISTERIO-Requisitos PENSION DE JUBILACION EN EL REGIMEN PENSIONAL DEL MAGISTERIO-Normatividad aplicable Para el caso de las personas que se rigen por el régimen del magisterio las normas aplicables son aquellas que regían en cada entidad territorial a la vigencia de las leyes 114 de 1919, 91 de 1989, 6 de 1945, 33 de 1985 y 71 de 1988. Existe también un régimen de transición que establece que aquellos que queden cobijados por el mismo se pensionarán a los 50 años de edad si tuvieren 15 años de servicio, tal y como lo establece el parágrafo 2 de la Ley 33 de 1985. Por su parte, los docentes hombres con vinculación nacional se pensionan con 55 años de edad sin excepción. Por otro lado, la Ley 812 de 2003 creó un nuevo régimen en materia pensional según el cual los docentes que se vinculen durante su vigencia, tendrán los derechos pensionales del régimen de prima media establecido en la ley 100 de 1993 y 797 de 2003, con excepción de la edad que será la de 57 años para hombres y mujeres. PENSION DE RETIRO POR VEJEZ-En el caso de empleados públicos y personas pertenecientes al Régimen del Magisterio PENSION DE RETIRO POR VEJEZ-Vigencia para beneficiarios del régimen de transición EDAD DE RETIRO FORZOSO DEL SERVICIO PUBLICO PENSION DE VEJEZ-Caso en que no se pueden computar semanas para la pensión de vejez por cuanto el accionante era miembro de comunidad religiosa que no contempla relación laboral regida por un contrato de trabajo DERECHO A LA PENSION DE RETIRO POR VEJEZ-Orden a Secretaría de Educación de Cundinamarca reconozca pensión de retiro por vejez a docente Referencia: expediente T-2715894 Acción de Tutela instaurada por Manuel Antonio Chivatá Barreto contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Magistrado Ponente: GABRIEL EDUARDO MENDOZA MARTELO Bogotá D.C., doce (12) de Marzo de dos mil doce (2012) La Sala Plena de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Mauricio González Cuervo, Juan Carlos Henao Pérez, María Victoria Calle Correa, Nilson Pinilla Pinilla, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luís Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión del fallo proferido por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, de fecha 03 de mayo de 2010 –primera instancia-, así como del fallo proferido, en segunda instancia, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Civil, de fecha 02 de junio 2010, por el cual se confirmó la sentencia de primera instancia dentro del proceso de tutela instaurado por Manuel Antonio Chivatá Barreto contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el Instituto de Seguros Sociales. I. ANTECEDENTES El día 20 de abril de 2010 el ciudadano Manuel Antonio Chivatá Barreto, obrando en nombre propio, instauró acción de tutela contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el Instituto de Seguros Sociales, en consideración a que mediante resolución No. 002774 del 30 de julio de 2008 de la Secretaría de Educación de Cundinamarca se le negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, con lo cual estima vulnerado su derecho fundamental a la seguridad social. La acción de tutela se fundamenta en los siguientes 1. Hechos 1.1 El señor Manuel Antonio Chivatá Barreto, actualmente de 75 años de edad, perteneció a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle desde el 8 de diciembre de 1959 hasta el 9 de octubre de 1971 (folio 150 cuaderno Corte), fecha en la que se retiró de la misma y del sacerdocio en general. 1.2 Aduce el accionante que entre 1959 y 1963 fue docente en varios colegios de la Comunidad religiosa como el Colegio San Juan Bautista la Salle y el Colegio Nacional la Salle en Florencia, Caquetá, pero que, en esa ocasión, su vinculación no fue directa con el plantel educativo sino a través de la llamada “Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle” (folio 201 del cuaderno 3 del expediente). 1.3 Durante los años comprendidos entre 1964 y 1965 laboró en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta (folios 11 del cuaderno 1 y 43 del cuaderno 3). 1.4 Entre 1966 y 1969 trabajó en la Institución Educativa la Salle en Florencia, Caquetá (folio 10 del cuaderno 1 y 40 del cuaderno 3). 1.5 Posteriormente, durante el año de 1970 prestó sus servicios en el Instituto La Salle de Bogotá (folio 202 del cuaderno 3). 1.6 Manifiesta que también trabajó para el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario durante el año de 1972 y cotizó para pensión ante el ISS (folio 38 del cuaderno 3). 1.7 Durante 1973 prestó sus servicios en el Centro de Educación Cadeluz y cotizó para pensión ante la Secretaría de Educación y que durante 1974 laboró en la Universidad Pedagógica de Sogamoso y cotizó ante la misma entidad. 1.8 En 1975 y 1976 prestó sus servicios en el SENA Regional Bogotá y en 1983 en el Instituto Fray Martín de Porras, en ambas oportunidades cotizó ante el ISS. 1.9 Desde el año 2003 hasta enero de 2008 trabajó en la Institución Educativa San Carlos y cotizó ante la Secretaría de Educación hasta que fue retirado del cargo por cumplimiento de la edad de retiro forzoso. 1.10 No existen cotizaciones correspondientes al período de tiempo comprendido entre 1959 y 1963 (período durante el cual laboró como docente pero a través de la comunidad cristiana mencionada). Sin embargo, fueron aportadas tres declaraciones extrajuicio de Jaime Cedeño, Victorino Anturi y Martín Castañeda en las que las tres personas mencionadas aseguran que el accionante fue docente de dichos planteles durante los años de 1961, 1962 y 1963 y que ellos fueron sus alumnos. Manuel Antonio Chivatá Barreto afirma que desde 1959 se dedicó a la actividad de la docencia, de lo cual no obra prueba en contrario. En cuanto a los años correspondientes al período de tiempo comprendido entre 1964 y 1970, tampoco constan las cotizaciones pero existen certificados de los respectivos colegios en los que se asevera que efectivamente el accionante fue docente de dichos planteles. 1.11 Obran también en el expediente dos constancias, una expedida por el Colegio Juan Bautista la Salle (antes Escuela de la Salle) y la otra por el Colegio Nacional la Salle, en las que se da cuenta de que no existen certificados salariales o contractuales del accionante por cuanto mientras fue docente en dichas instituciones era miembro de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de las Salle. 1.12 Llegado el momento de solicitar el reconocimiento y pago de su pensión de jubilación, el señor Manuel Ignacio Chivatá Barreto acudió a la Secretaría de Educación de Cundinamarca para hacer efectivos sus derechos. 1.13 Mediante resolución No. 002774 del 30 de julio de 2008, la Secretaría de Educación de Cundinamarca negó el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por el no cumplimiento de los requisitos necesarios según la Ley 100 de 1993 y disposiciones complementarias, específicamente, por el no cumplimiento del número de semanas cotizadas requeridas para obtener la pensión. 1.14 El accionante interpuso recurso de reposición contra la mencionada resolución el cual fue resuelto mediante resolución 3376 del 4 de noviembre de 2008, la que confirmó la decisión, quedando así agotada la vía gubernativa. 1.15 En esos términos, la parte actora instauró acción de tutela contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca, tutela que correspondió al Juzgado 32 Civil del Circuito quien la recibió el día 21 de agosto de 2009. 1.16 Dicho Juzgado resolvió negar el amparo por considerar que el accionante contaba con otros mecanismos de defensa judicial como la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. A su turno, el Tribunal Superior del Distrito Judicial confirmó el fallo de primera instancia, mediante sentencia del 23 de septiembre de 2009. El expediente fue enviado a la Corte Constitucional, entidad que lo excluyó de revisión mediante auto del 22 de enero de 2010. 1.17 El día 20 de abril de 2010 el accionante interpuso una nueva acción de tutela, esta vez contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca y el Instituto de Seguros Sociales por el no pago de su pensión de vejez. En su escrito de tutela el señor Chivatá Barreto solicitó el amparo de su derecho fundamental a la seguridad social porque, a su juicio, él ha cumplido con los requisitos de edad y semanas de cotización para recibir la pensión de vejez. En consecuencia, solicita que se le reconozca el pago de la misma. 2. Documentos relevantes cuyas copias obran dentro del expediente 2.1 Certificado expedido en junio 16 de 1993 por el rector y el tesorero del Instituto Técnico Central de Bogotá, en el cual se acredita que el accionante prestó sus servicios en el plantel como profesor externo diurno desde el 21 de julio de 1969 hasta el 31 de enero de 1970 (f. 9). 2.2 Certificado de febrero 8 de 1995 expedido por el rector y la secretaría del Colegio Nacional la Salle de Florencia, Caquetá, en el que se indica que el señor Chivatá laboró en dicha institución como docente de tiempo completo desde el 1° de enero de 1966 hasta el 30 de diciembre de 1969 (f. 10). Las dos certificaciones anteriores presentan, en principio, contradicción ya que corresponden parcialmente a un mismo período de tiempo que sería el comprendido entre los meses de julio y diciembre de 1969. 2.3 Certificado del 6 de octubre de 1993 expedido por el jefe de la división pedagógica de la Secretaría de Educación del Departamento de Norte de Santander, en el que se hace constar que el accionante trabajó como profesor de tiempo completo en el Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta desde el 1 de enero de 1964 hasta el 31 de diciembre de 1965. 2.4 Certificado del 29 de julio de 2002 expedido por el rector del Colegio Juan Bautista la Salle en el que se afirma que no se encuentran los archivos en los que consten factores salariales y/o nombramientos como profesor del señor Chivatá, debido a que el docente pertenecía a la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle durante el tiempo que desempeñó su labor, y fue vinculado a través de la mencionada Comunidad religiosa (f. 12). 2.5 Certificado expedido el 25 de julio de 2002 por el rector del Colegio Nacional la Salle de Florencia, Caquetá, en el que se indica, que no hay archivos de factores salariales del señor Chivatá ya que el docente pertenecía a la Comunidad Religiosa de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle, quien era la que se encargaba de realizar los pagos. Este certificado resulta contradictorio comparado con aquél mencionado en el numeral 1° en el que consta que el docente prestó labores en este colegio durante 1969 y 1970 (f. 13). 2.6 Certificaciones expedidas por la Secretaría de Educación en las que consta que el accionante trabajó como docente durante el período comprendido entre los años 2003 y 2008. 2.7 Tres declaraciones extrajuicio de Jaime Cedeño, Victorino Anturi y Martín Castañeda Calderón, personas que afirman haber sido alumnos del accionante durante el período de tiempo comprendido entre 1961 y 1963 en la Escuela la Salle de Florencia, Caquetá (fs. 14, 15 y 16). 2.8 Respuesta emitida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante la cual se indicó que la pensión le había sido negada al accionante por no cumplir con los requisitos establecidos en la ley 812 de 2003. 2.9. Resolución 002774 expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca mediante la cual se negó la pensión vitalicia al señor Manuel Antonio Chivatá Barreto. II. SENTENCIAS OBJETO DE REVISIÓN 1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Bogotá, en sentencia del 3 de mayo de 2010, negó la acción de tutela por improcedente. Al respecto, expresó que la acción de tutela no era el mecanismo idóneo para amparar derechos de rango legal tal y como se estableció en sentencia T 336 de 2003. Afirmó además que: “[…] el amparo deprecado por el accionante se hace improcedente puesto que el actor cuenta con otros medios de defensa judicial como lo es acudir a la jurisdicción administrativa. Es claro que la entidad demandada le ha seguido el procedimiento previsto por la ley 812 de 2003, ley 797 de 2003, ley 100 de 1993 y otras para el reconocimiento o no de la pensión, por tanto si le ha sido negada por falta de requisitos que el accionante cree tenerlos, no es la acción de tutela la vía judicial para tal reconocimiento, ya que por las características de la tutela, no se pueden reconocer derechos económicos por esta vía.” 2. La decisión anterior fue impugnada por el accionante al considerar que tiene derecho a que se le reconozca y pague la pensión solicitada. 3. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, confirmó el fallo de primera instancia mediante sentencia del 2 de junio de 2010, al estimar que ha sido reiterada la jurisprudencia que señala que la acción de tutela es un trámite residual y excepcional, cuya finalidad es la de asegurar la protección de los derechos fundamentales cuando de manera clara y manifiesta éstos estén siendo vulnerados o amenazados. Se requiere además, que el accionante no cuente con otro medio de defensa judicial o que se demuestre la existencia de un perjuicio irremediable. En ese sentido, afirmó el Tribunal Superior del Distrito Judicial Sala Civil que: “[…] El caso materia de estudio, no ofrece duda alguna a la Sala que con la interposición de la presente causa constitucional se pretende por el accionante zanjar una controversia prestacional con la entidad accionada, sin allegar prueba alguna de haber cotizado al sistema de seguridad social en pensiones todos los tiempos que dice laborados para el Ministerio de Educación como docente, especialmente el tiempo de servicio que dice haber prestado en los colegios de la comunidad cristiana de la Salle en Florencia Caquetá [...]”. “[…] de tal suerte que las diferencias en torno al reconocimiento de dicha prestación laboral deberá dirimirla en una instancia diferente a la acción de tutela, máxime cuando se presentan dudas o contradicciones en la información que suministra […]”. III. ACTUACIONES SURTIDAS EN SEDE DE REVISIÓN 1. Durante el trámite de la presente tutela el magistrado sustanciador solicitó, mediante auto de pruebas, del 04 de octubre de 2010, notificar del auto admisorio de la solicitud de tutela al Colegio Juan Bautista La Salle, con el fin de vincularlo al presente trámite y de que, a través de su rector, se pronunciara acerca de los hechos y pretensiones en que se funda la solicitud de amparo. Se le ordenó además contestar a las siguientes preguntas: a. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle? b. ¿Cuáles son las funciones y el objeto de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle? c. ¿Existió algún vínculo entre la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle y el señor Manuel Antonio Chivatá Barreto? d. En caso afirmativo, se solicitó especificar la naturaleza del mismo, señalando si fue o no un vínculo laboral. e. Si existió un vínculo laboral, se solicitó informar las fechas en las cuales se mantuvo vigente el mismo, cuál era el salario devengado por el señor Chivatá Barreto y si se realizaban aportes de seguridad social en pensiones. Por otra parte, se le solicitó al accionante Manuel Antonio Chivatá informar al Despacho lo siguiente: a. ¿De qué manera está integrado su núcleo familiar, y si tiene personas a su cargo? b. Manifieste ¿cómo se propicia los recursos necesarios para su subsistencia personal y la de las personas que se encuentran a su cargo, si existieren? c. ¿Cuál es su lugar de residencia y si éste tiene la característica de ser propio o arrendado? d. ¿Ha interpuesto otras acciones de tutela frente a las mismas entidades demandadas en el presente proceso, y en qué hechos se basó para interponerlas? Por último, se solicitó a la Secretaria de Educación del Departamento de Cundinamarca hacer llegar al despacho copia de la sentencia que dio fin a la acción de tutela que mencionó en su escrito de contestación, así como la certificación de la historia laboral del accionante en el caso de contar con ésta. 1.1 En respuesta a lo solicitado en el mencionado auto, el rector del Colegio Juan Bautista la Salle de Florencia, Caquetá, manifestó lo siguiente: - La Comunidad de los hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle es una comunidad de carácter privado. - El objeto de dicha comunidad es el de impartir enseñanza en todos los niveles de educación. - Al accionante se le expidió una certificación en la cual se le informó que en los archivos del colegio no reposan constancias de sus servicios prestados en la misma. - La comunidad cristiana mencionada dejó de funcionar en Caquetá desde hace más de treinta años, cuando las instituciones educativas fueron nacionalizadas por el Gobierno Nacional. 1.2 Por su parte el señor Manuel Antonio Chivatá Barreto proporcionó declaración juramentada en la que dio respuesta a las preguntas que se le formularon, de la siguiente manera: “Mi núcleo familiar está integrado por Manuel Antonio Chivata Barreto y mi compañera permanente Rocío Gaitán Poveda identificada con T.I 96032101485 de Ubaté. Hago constar que mi compañera está a cargo mío y depende económicamente de mí. La habitación me la concede una persona amiga pero de caridad y la alimentación (muy precaria) en algunas clases a estudiantes esporádicas. Aclaro que no hay otras acciones de tutela contra esas entidades.” 1.3 La Secretaría de Educación de Cundinamarca adjuntó copia de la sentencia que le fue requerida. Dicha sentencia fue proferida por el Juzgado 32 Civil del Circuito el tres (3) de septiembre de 2009 tras la acción de tutela interpuesta por el accionante contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca por la vulneración a su derecho al mínimo vital, tras el no reconocimiento de su pensión por parte de esta entidad. En dicha sentencia el Juzgado consideró que el actor contaba con otro mecanismo de defensa judicial, como era acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante la acción respectiva, de manera que la acción de tutela resultó improcedente en este caso. 1.4 Durante el término del traslado para el aporte de las pruebas solicitadas, el accionante Manuel Antonio Chivatá Barreto aportó al expediente los siguientes documentos: - Orden de prestación de servicios suscrita entre la Secretaría de Educación de Cundinamarca y Manuel Antonio Chivatá Barreto, mediante la cual éste último se comprometió a laborar como docente de física y matemáticas en el establecimiento educativo DEPARTAMENTAL TÉCNICO COMERCIAL ANA FRANCISCA LARA DE PACHO. Se indica que por la suscripción de la orden se crea una relación contractual directa entre el Departamento de Cundinamarca y el docente para la prestación de servicios de enseñanza con dedicación de tiempo completo durante ochenta y ocho días. En el documento aportado por el peticionario no consta la fecha en que fue firmada la misma. - Orden de prestación de servicios suscrita entre la Secretaría de Educación de Cundinamarca y Manuel Antonio Chivatá Barreto, firmada en julio de 2003. Mediante dicha orden el señor Chivatá Barreto se comprometió a prestar sus servicios como docente de física y matemáticas en el establecimiento educativo COL. DPTAL. TÉCNICO COMERCIAL ANA FRANCISCA LARA DE PACHO, en la modalidad de tiempo completo entre el 14 de julio de 2003 y el 5 de diciembre del mismo año. - Certificación expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca en la que consta que el accionante prestó sus servicios como docente en la institución educativa COL. DPTAL. TÉCNICO COMERCIAL ANA FRANCISCA LARA DE PACHO, desde el primero de marzo de 2004 hasta el 31 de diciembre del mismo año. - Certificación expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca en la que consta que el accionante prestó sus servicios como docente en la Concentración Urbana El Diamante de Mosquera, Cundinamarca, desde el primero de enero de 2005 hasta el 31 de diciembre del mismo año. - Certificación expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca en la que consta que el accionante prestó sus servicios como docente en el Instituto Educativo Departamental San Carlos de Caparrapí, Cundinamarca, desde el primero de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre del mismo año. - Certificación expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca en la que consta que el accionante prestó sus servicios como docente en el Instituto Educativo Departamental San Carlos de Caparrapí, Cundinamarca, desde el primero de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre del mismo año. - Resumen de semanas cotizadas expedido por el Seguro Social con períodos trabajados en 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978, 1979 y 1985, para un total de 188,86 semanas. - Certificado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja en el que consta que laboró para dicha institución desde el primero de enero de 1974 hasta el 30 de diciembre del mismo año. - Certificado expedido por el jefe de la oficina de personal del Sena Regional Bogotá en el que consta que el accionante prestó sus servicios a la entidad desde el 16 de junio de 1975 hasta el 13 de septiembre de 1976. - Constancia de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas Distrito Lasallista de Bogotá en la que se indica que el accionante llevó el nombre religioso de “Hermano Pablo Hideberto” durante su permanencia dentro de la Congregación y que durante los años 1970 y 1971 desempeñó funciones administrativas en el Instituto La Salle de Bogotá. - 10 declaraciones extraprocesales de personas que afirman haber sido alumnas del accionante durante los años comprendidos entre 1961 y 1969 cuando la Congregación lo trasladó a Bogotá. - Certificación del Instituto San Martín de Porres de Bogotá en la que se establece que laboró como profesor en dicho plantel en las áreas de física y matemáticas en el año de 1983. - Certificación del Centro de Capacitación Comercial CALDELUZ en la que consta que el peticionario prestó sus servicios en dicha institución como profesor de inglés comercial durante el año de 1973. - Certificación del Colegio Parroquial “La Consolata” de Guaduas en la que se afirma que el accionante ingresó a laborar en dicho plantel el 31 julio de 2008 como docente de inglés. La certificación se expide el 25 de septiembre de 2008. 1.5 Posteriormente, mediante auto de pruebas del 15 de octubre de 2010 se notificó a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle el auto admisorio de la solicitud de tutela para que a través de su representante legal se vinculara al proceso, y con el fin de que se pronunciara acerca de los hechos y pretensiones en que se funda la solicitud de amparo, y, especialmente para que enviara a este despacho los documentos, de tenerlos, que demostraran el pago de los aportes a pensiones del señor Manuel Antonio Chivatá Barreto, por los períodos en que estuvo vinculado con ellos. Se les solicitó también que en caso de no existir tales documentos, se expresaran los motivos por los cuales se presenta tal carencia. Se ordenó, además, al Instituto de Seguros Sociales, informar en detalle cuál es la historia laboral del señor Manuel Antonio Chivatá Barreto. Así mismo, se le solicitó enviar los documentos que demuestren cuántas semanas tiene cotizadas en el sistema. De igual manera, se ordenó a la Secretaría de Educación de Cundinamarca que enviara la certificación de la historia laboral del accionante. Por último, se solicitó al Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá enviar al despacho copias del expediente No. 2009-00509, que corresponde a la acción de tutela instaurada por el señor Manuel Antonio Chivata Barreto contra la Secretaría de Educación de Cundinamarca en el año 2009. 1.6 El Juzgado 32 Civil del Circuito de Bogotá envió la totalidad del expediente No 2009-00509 que le fue solicitado, en el que reposa la siguiente documentación: resolución mediante la cual la Secretaría de Educación de Cundinamarca negó el reconocimiento y pago de la pensión del accionante, diferentes certificaciones de establecimientos educativos en los que trabajó, acción de tutela interpuesta en el segundo semestre del año 2009, contestación de la misma y sentencia de primera instancia en la que se niega el amparo por considerarse que el accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial. El peticionario impugnó la decisión y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, reiteró la decisión de primera instancia por considerar que el accionante cuenta con otro medio de defensa judicial y que no cumplió con el requisito de la inmediatez. El día 9 de octubre de 2009 el expediente llegó a la Corte Constitucional y pasó a Sala de Selección, posteriormente el 22 de enero de 2010 fue excluido de revisión y devuelto al despacho judicial de origen. 1.7 Por su parte, la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle procedió a responder aduciendo que se trata de una entidad de Derecho Pontificio, de manera que ha sido erigida por la Sede Apostólica o aprobada por ésta mediante decreto formal. Afirmó que a esta entidad se unen personas con vocación religiosa que se comprometen a vivir con votos de castidad, pobreza, obediencia y asociación para el servicio educativo de los pobres. De esta manera, los religiosos adscritos a la congregación, como lo fue el accionante, prestan votos de pobreza y de obediencia de conformidad con el Código de Derecho Canónico que establece que los miembros de las comunidades “adoptan con libertad esta forma de vida en institutos de vida consagrada canónicamente erigidos por la autoridad competente de la iglesia aquellos fieles que, mediante votos u otros vínculos sagrados, según las leyes propias de los institutos, profesan los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia, y por la caridad a la que éstos conducen, se unen de manera especial a la iglesia y a su misterio.” “El profeso que, por la naturaleza del instituto haya renunciado a todos sus bienes, pierde la capacidad de adquirir y poseer, por lo que son nulos sus actos contrarios al voto de pobreza. Lo que adquiera después de la renuncia pertenecerá al instituto conforme a la norma del derecho propio.” Indica la Comunidad que el hoy accionante realizó dichos votos después de un noviciado de dos años y decidió vivir como hermano y pedagogo de sus colegios desde 1959. Así, el origen del vínculo entre el accionante y la Congregación fue exclusivamente vocacional y espiritual, por lo cual estaba sometido jurídicamente a las normas del derecho canónico; por consiguiente, no existió entre la Congregación y el accionante ningún vínculo distinto al espiritual. Por esta razón, jamás recibió pago alguno o factor salarial y menos aún nombramiento como pedagogo o docente. Afirman que, desde vieja data, la jurisprudencia laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que el religioso no tiene nunca contrato de trabajo con su comunidad. Por último, se indica que en el año de 1971 el accionante solicitó a la Santa Sede el retiro de la Comunidad, solicitud que fue resuelta el 9 de octubre de 1971, dispensándolo de los votos a que se había comprometido y, aún así, el accionante nunca dirigió una tutela contra la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle, de manera que, en este punto, se ha agotado el requisito de la inmediatez de la acción de tutela. Por las razones expuestas, considera la Congregación que por no existir relación laboral con el accionante nunca existió la obligación de cotizar para su seguridad social y anexa algunos documentos tales como: - Los estatutos de la Congregación en los que consta que se trata de una entidad que se rige en todo por las leyes del derecho canónico. - La certificación en la que consta que el accionante perteneció a la Comunidad religiosa desde el 8 de diciembre de 1959 hasta el 9 de octubre de 1971 cuando se retiró mediante la Dispensa de Votos concedida por la Sagrada Congregación de los Institutos Seculares de Roma. - El reglamento de la Congregación, del cual cabe señalar que éste entró a regir en el año de 1987 y derogó todos los reglamentos anteriores que no están adjuntos de manera que no hay forma de saber cuáles eran las reglas vigentes para el accionante cuando fue miembro de la Comunidad. Además, el mencionado reglamento no está completo, solo fueron adjuntados algunos de sus apartes. (folio 153). En dicho reglamento se establece que en virtud de los votos de pobreza, todo lo que el Hermano produce con su trabajo y lo que percibe por concepto de salario, pensión o donativo, pertenece al Instituto. En su artículo 46 se dispone que “El Hermano que legítimamente sale del Instituto o es legítimamente despedido de él no puede exigir nada por cualquier trabajo realizado en el mismo. La caridad y la equidad imponen a los hermanos no olvidar sus deberes para con aquellos que se retiran del Instituto.” (Negrillas fuera del texto). - Documento en el que se autoriza al accionante a abandonar sus votos por parte del Vaticano, expedido el 9 de octubre de 1971. Ni el Instituto de Seguros Sociales ni la Secretaría de Educación de Cundinamarca dieron respuesta a las solicitudes que se les formuló. 1.8 Mediante auto del 22 de noviembre de 2010 se ordenó poner el presente expediente a disposición de la Sala Plena de la Corte Constitucional y suspender los términos del mismo, dada la trascendencia de los temas que en él se tratan. 1.9 Por último, mediante auto de pruebas del 22 de noviembre de 2010 se ordenó a la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle aportar al proceso los siguientes documentos: a. Los Estatutos de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle, vigentes en el período comprendido entre 1959 y 1963. b. La regla de la misma comunidad, vigente durante el período de tiempo indicado en el literal anterior. c. Los documentos a partir de los cuales se pueda establecer cuál era la estructura interna de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle, la división de sus funciones, las jerarquías, el listado de funciones que debe desempeñar cada miembro según su rango y toda la información que fuera afín a la anterior, entre 1959 y 1963. d. Toda la documentación en la que conste cuál fue el proceso que se llevó a cabo en Florencia, Caquetá, para que la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle impartieran educación en dicho municipio. e. Toda la documentación que aclare si dicha labor educativa funcionaba mediante un acuerdo con el Estado o si se hizo de manera privada, a quién pertenecían las instalaciones en las que se llevaban a cabo las clases, y si se trataba de planteles de educación de carácter público o de carácter privado. Se ordenó además a la mencionada comunidad cristiana informar al Despacho lo siguiente: a. ¿Qué clase de actividades docentes desempeñó el señor Manuel Antonio Chivatá Barreto mientras perteneció a la comunidad religiosa, en qué áreas, horarios y si recibía algún tipo de remuneración, así ésta no fuera para él sino para la congregación? b. ¿Qué otras actividades distintas a las docentes desempeñó el señor Chivatá Barreto como miembro de la Comunidad durante dicho período de tiempo? De igual manera, se ordenó al señor Manuel Antonio Chivatá Barreto informar a este despacho lo siguiente: a. ¿Qué actividades desempeñó durante el período de tiempo comprendido entre 1959 y 1963, no solo en materia docente sino además todas las otras funciones que desempeñaba como miembro de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle? b. ¿Qué tipo de remuneración recibió durante dicho período de tiempo y, de haberla recibido, si era para él o si debía entregarla a la Comunidad? c. En cuanto a su actividad como docente, ¿en qué horario lo hacía, en qué áreas de la educación y bajo la supervisión de quién? d. ¿Qué actividades laborales y religiosas desempeñó desde 1963 hasta 1971, año en que se retiró de la Comunidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle? Por otra parte, se ordenó notificar al municipio de Florencia, Caquetá, del auto admisorio de la solicitud de tutela de la referencia, con el fin de que su representante se entendiera vinculado a este proceso y con el fin de que se pronunciara acerca de los hechos y pretensiones en que se funda la solicitud de amparo. Así mismo, se le solicitó informar a este despacho lo siguiente: a. ¿Cuál era la situación de los colegios Juan Bautista la Salle y Colegio Nacional la Salle de dicha ciudad durante el período de tiempo comprendido entre 1959 y 1963? Si se trataba de establecimientos de educación pública o privada, ¿a quién pertenecían? Se solicitó adjuntar los acuerdos entre el municipio y los administradores de estos establecimientos, si éstos existían. b. Aportar al proceso todos los documentos relacionados con la creación, funcionamiento y administración de los mencionados planteles educativos, referentes al período de tiempo comprendido entre 1959 y 1963. Por último, se ordenó notificar al Ministerio de la Protección Social el auto admisorio de la solicitud de tutela de la referencia, para que se entendiera vinculado al proceso y se pronunciara acerca de los hechos y pretensiones en los que se funda la solicitud de amparo. 1.10 El señor Manuel Antonio Chivatá Barreto procedió a dar respuesta a las preguntas que se le formularon de la siguiente manera: “a. Por la mañana estudiaba en la academia La Salle de la calle 170 de Bogotá y por la tarde impartía clase de matemáticas en la Escuela San Benildo de la Salle de la calle 170 de Bogotá (esto en los años 1959 y 1960). En el año 1961 fui enviado a la Escuela La Salle de Florencia, Caquetá, en donde impartí clases de matemáticas en la mañana, y en la tarde estudiaba las guías escritas que me enviaba la Normal Superior La Salle de Bogotá, a fin de obtener el título de Normalista. Esta fue la rutina en los años 1961, 1962 y 1963. b. Todo el tiempo que permanecí en la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle nunca recibí remuneración alguna. c. Horario: 4:30 a.m. levantada, 5:00 a.m. oración mental, 6:00 a.m. eucaristía, 7: a.m. desayuno, 7:30 a.m. clases o preparación de las mismas, 10:00 a.m. recreo, 10:30 a.m. clases, 12:00 m almuerzo, 13:00 tiempo libre, 14:00 clases o estudio personal, 17 comida, 17:30 conferencia, 18: oración de la noche, 18:30 acostarse. Áreas de la educación enseñadas: Física y matemática. Supervisor: Hermano Director. d. Actividades laborales y religiosas de los años 1964 a 1971: Durante los años 1964 y 1965 laboré en el Colegio del Sagrado Corazón de Cúcuta, regentado por los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle. Durante los años 1966 a 1969 laboré en el Colegio Nacional la Salle de Florencia, Caquetá. Allí fue donde fui profesor del Magistrado Cesar Julio Valencia Copete. Durante los años 1970 y 1971 laboré en el Instituto La Salle de Bogotá al tiempo que adelantaba estudios de ingeniería en la Universidad América. NOTA: Todo el tiempo laboré con una intensidad horaria equivalente al tiempo completo de la actualidad (22 horas semanales) como mínimo. Actividades religiosas: las contenidas en el anterior horario general de la comunidad más algunos cursos y seminarios de fin de año y semana santa.” 1.11 Por su parte, la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle procedió a anexar al expediente la versión integral del Reglamento vigente para el período comprendido entre 1959 y 1963 que, entre otros temas, rige el ámbito de la Congregación y sus fieles. Manifiesta que con el texto de la misma se absuelven los literales a, b y c. La Comunidad anexó además el libro del Código de Derecho Canónico vigente para la época, y el aparte que se refiere a los religiosos y que sirve de guía en la comprensión de los textos mismos del Reglamento, explicando que entre ellos hay una relación de dependencia y coherencia, siendo el Reglamento una norma de carácter inferior en la jerarquía legal eclesiástica. En cuanto al literal d), informaron que dada la antigüedad de la información solicitada, fue imposible encontrar los convenios que habían sido solicitados. Frente al literal e) informaron que la Congregación no ha tenido ni tiene colegios de su propiedad en el municipio de Florencia, Caquetá. Los documentos que fueron aportados son los siguientes: a. Carátula del testamento cerrado del señor Manuel Antonio Chivatá Barreto. b. Comunicación del 24 de enero de 1970 en la que el accionante solicitó la exclaustración por el período de un año. Entre las razones que lo llevaron a proceder con esta solicitud encontramos que sentía que según su manera de pensar y su conciencia debía tomar esta medida, entre otras porque sus superiores lo habían suspendido drásticamente en sus estudios sin tener en cuenta sus problemas personales y sus 15 años al servicio de la comunidad lasallista, además consideraba que su prioridad era estar cerca de su madre anciana y enferma. c. Dispensa de sus votos religiosos concedida el 9 de octubre de 1971. d. Partida de bautismo del accionante. e. Comunicación del 26 de septiembre de 1966 dirigida al reverendo Hermano Visitador Provincial en la que el accionante solicita unos suministros para la sala de cine del colegio La Salle de Florencia, Caquetá. f. Comunicación del 5 de marzo de 1967 dirigida al reverendo Hermano Visitador Provincial en la que el accionante manifestó “(…) preguntaros acerca de las circunstancias en las que debo cumplir mi derecho y deber canónico de los ejercicios espirituales anuales correspondientes al año de gracia 1966 (…)”. g. Comunicación del 9 de septiembre de 1967 dirigida al Reverendo Hermano Visitador Provincial en la que el accionante manifestó: “insisto reverentemente en el deseo que tengo de servir una vez esté preparado para hacerlo como lo exigen los tiempos actuales (…)”. h. Constancia expedida por la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle en la que se verifica que el accionante hizo el aspirantazo, el noviciado, el escolasticazo, que dio sus votos y que los renovó al año siguiente. i. Fórmula para la emisión de los votos en la que la persona se compromete a unirse a la comunidad para trabajar en las escuelas que ésta tenga o administre para desempeñar el empleo que le corresponda bajo los votos de pobreza, obediencia y castidad y de enseñar gratuitamente a los pobres. j. Fórmula para la renovación de los votos en la que se confirman los compromisos anteriores. k. Código de derecho canónico de 1917. l. Copia de la Regla de la Congregación de los Hermanos de las Escuelas Cristianas de la Salle vigente para el período comprendido entre 1959 y 1963. Se establece aquí que, el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas es una Sociedad en la que se hace profesión de dar escuela gratuitamente. El objetivo es dar cristiana educación gratuita a los niños pobres, enseñarles los valores necesarios para que puedan conducirse correctamente durante sus vidas y evitar que, como muchos de sus padres, se queden sin educación. El capítulo séptimo de la Regla establece lo siguiente: “De cómo deben conducirse los hermanos en las escuelas respecto de sus alumnos. 1. Los hermanos darán en todas partes escuela gratuitamente y esto es esencial a su Instituto. 2. Enseñarán a todos sus alumnos según el método que les está prescrito y que se sigue universalmente en el Instituto, y no cambiarán ni introducirán nada nuevo en él sin autorización (…) 9. No recibirán de los alumnos ni de sus padres dinero ni regalo alguno, por pequeño que sea, en ningún día ni en ninguna circunstancia”. Se establece además que hay un Inspector que cuida de todas las escuelas que es el Hermano Director hacia quien todos los demás hermanos deben profesar absoluto respeto. El tercero de los 10 mandamientos propios de los Hermanos de las Escuelas Cristianas dice: “3. A los niños enseñareis con esmero y gratuitamente.”, y el décimo: “La pobreza siempre amareis hasta el total desasimiento”. En el capítulo once de la Regla se consagra que los Hermanos de las Escuelas Cristianas hacen votos, temporales primero y perpetuos después, de Castidad, Pobreza, Obediencia, Estabilidad en el Instituto y Enseñar Gratuitamente a los Pobres. Ningún Hermano puede permanecer en el Instituto sin votos. El voto simple de pobreza prohíbe, conforme a las Reglas, la disposición independiente y libre de todo bien temporal o de cualquier objeto apreciable en dinero. Prohíbe además a los hermanos guardar la administración, usufructo y uso de sus bienes, y desprenderse de ellos a título gratuito por donación entre vivos, pero les deja la mera propiedad de sus bienes y la facultad de adquirir otros nuevos. Antes de emitir los primeros votos los novicios deben ceder la Administración de sus bienes. Antes de la Profesión, los Novicios deben hacer libremente testamento de todos los bienes que posean o pudieren adquirir más tarde. Dicho testamento no podrá modificarse en lo sucesivo sin el permiso de la Santa Sede. Por su parte, el voto simple de obediencia obliga a obedecer a los superiores legítimos en todo lo que manden, según la Regla, en virtud del voto. Por el voto de enseñar gratuitamente a los pobres se obligan a no exigir ni recibir nada de los hijos de los artesanos y de los pobres, ni de sus padres, para sí ni para la Comunidad, a título de retribución por la enseñanza que se les de según la Regla. Por otra parte, en cuanto a la información que se le solicitó, contestaron lo siguiente: a. El entonces Hermano Pablo Hildeberto, señor Manuel Antonio Chivatá Barreto, adelantó el aspirantazo en diciembre de 1956, el noviciado menor en diciembre de 1957, tomó los hábitos en marzo de 1958 e inició el escolasticiado en diciembre de 1959, fecha en que hizo los primeros votos y extendió testamento cerrado cuya carátula se anexa. Hizo renovación de votos en noviembre de 1960. En desarrollo de su vocación religiosa prestaba su ministerio apostólico en diferentes colegios tanto de la Congregación como en aquellos oficiales que ésta administra en concesión, sin que ésta estableciera con el religioso una relación laboral sino de acuerdo con la vivencia de sus votos y en ejercicio del apostolado y la evangelización a través de la educación. El vínculo existente entre la Comunidad y el entonces Hermano Pablo Hidelberto fue absolutamente espiritual y sin ningún ánimo lucrativo por lo que no recibía ningún tipo de remuneración. El hermano Pablo Hidelberto ejerció su ministerio apostólico en la docencia en los siguientes colegios: Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Cúcuta, Instituto Técnico Central de Bogotá, Institución Educativa La Salle, Institución Educativa Juan Bautista La Salle y en el Colegio Nacional La Salle. Las dos últimas corresponden al mismo plantel y, todas las anteriores, son de carácter oficial, ninguna es de propiedad de la congregación. El 24 de enero de 1970 el señor Chivatá solicitó al Superior General de los Hermanos de las Escuelas Cristianas la exclaustración, es decir, vivir fuera de las casas de la comunidad y el 9 de octubre de 1971 se le otorgó la dispensa. b. En desarrollo de su vocación religiosa el señor Chivatá recibió formación en teología, catequesis, pedagogía, vida en comunidad (oración comunitaria, eucarística dirección espiritual, oración personal) y actividades recreativas y deportivas. 1.12. El Ministerio de la Protección Social dio respuesta a la solicitud mediante oficio del 26 de noviembre de 2010. Allí se pronunció solo respecto de la normatividad pensional aplicable al caso concreto pero no hizo referencia alguna al tiempo durante el cual el accionante formó parte de la comunidad religiosa. Al respecto indicó que los docentes nacionales, nacionalizados y territoriales que se hayan vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 812 de 2003, pueden continuar con las condiciones previstas en el régimen que se les aplicaba antes de la expedición de la Ley 100 de 1993, esto es, con el contemplado en la Ley 33 de 1985. Esta ley, exige como requisitos para obtener la pensión, 55 años de edad y 20 años de servicio. Adujo, por último, que el accionante no demostró los 20 años de servicio por lo que no es posible que se le reconozca la pensión de vejez. 1.13. Por último, la Alcaldía de Florencia, Caquetá respondió de la siguiente manera: “Los colegios La Sallistas tienen su origen en nuestro municipio desde finales de los años cuarenta cuando monseñor Marcelino Villafranca logró persuadir al Superior General de los Hermanos de la Salle para que enviara siete religiosos que presidieran la educación en el Departamento del Caquetá. De esta forma, se funda en nuestro municipio en 1949 una escuela artesanal, la cual para el año de 1951 recibía auxilios del gobierno nacional, pero siempre administrados y manejados directamente por la Curia Obispal del Caquetá. En el año de 1963 se aprueban oficialmente los cursos de S[e]cundaria (sic) y sale la primera promoción con 14 alumnos y es hasta 1966 que se nacionaliza el colegio en virtud de la Ley 18 del 12 de julio de ese mismo año, en donde se establece que es directamente la Nación la que asumirá el sostenimiento del colegio. De esta manera podemos decir que durante los años comprendidos entre 1959 y 1963 los colegios eran de naturaleza privada ya que eran manejados por la Curia Obispal del Caquetá. Solo a partir de 1966 estos vienen siendo sostenidos por el Estado en cabeza de la Gobernación del Caquetá, pero siguieron siendo administrados por la Curia Obispal. Solo hasta el año de 1973 el colegio pasa a ser dirigido por profesores laicos.” La Alcaldía aportó además al expediente la reseña histórica del Colegio Nacional la Salle de Florencia, Caquetá. IV. CONSIDERACIONES y fundamentos 1. Competencia 1.1 Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la Acción de Tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política. El expediente de la referencia fue seleccionado por medio de auto del 22 de julio de 2010, proferido por la Sala de Selección número Siete, y, posteriormente, mediante auto del 22 de noviembre de 2010 se avocó su conocimiento por la Sala Plena. 1.2. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico El ciudadano Manuel Antonio Chivatá Barreto manifiesta haber prestado sus servicios al Ministerio de Educación Nacional como docente en diferentes establecimientos educativos del país desde el año de 1959 hasta el año 2008. En este último año solicitó tanto a la Secretaría de Educación de Cundinamarca como al Instituto de Seguros Sociales el reconocimiento y pago de la pensión de vejez la cual le fue negada por falta de requisitos. Contra la resolución denegatoria de la pensión, el actor interpuso recurso de reposición por considerar que tenía derecho al reconocimiento y pago de la misma, ya que cumplía con los requisitos de tiempo y edad para obtenerla. La Secretaría de Educación de Cundinamarca confirmó la decisión, ante lo cual el peticionario interpuso acción de tutela con el propósito de acceder a su derecho pensional. El juez de primera instancia negó el amparo por considerar que la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, no procedente para amparar derechos de rango legal, y manifestó que existen otros mecanismos de defensa, como la acción de nulidad y restablecimiento del derecho que procede ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Tras el recurso de reposición y en subsidio apelación interpuesto por el peticionario contra la mencionada sentencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Civil, en segunda instancia, confirmó el fallo denegando la solicitud del peticionario, considerando que la tutela no es el mecanismo idóneo para dirimir conflictos económicos y que el accionante no proporcionó las pruebas necesarias para demostrar que efectivamente cumplía con los requisititos de tiempo (semanas de cotización) para hacerse acreedor de la pensión de vejez. Por su parte, la Secretaría de Educación de Cundinamarca se pronunció oportunamente, solicitando al juez de tutela declarar no procedente la acción ya que, por una parte, existen otros mecanismos de defensa para sus derechos y, por otra, el accionante no demostró tener todas las semanas de cotización exigidas. Por último, el Instituto de Seguros Sociales guardó silencio desde el principio de la actuación. Se demostró en el expediente lo que afirma el demandante, en el sentido de que existió un período durante el cual no se hicieron aportes para la pensión del accionante dado que él pertenecía a una comunidad religiosa para la que prestó sus servicios, sin que se entendiera que había de por medio un contrato de trabajo. Se demostró, además, que el accionante ya había interpuesto acción de tutela por los mismos hechos en el año 2009, la cual tanto en primera como en segunda instancia fue negada el amparo y que tal decisión no fue objeto de revisión por esta Corte. 2. Teniendo en cuenta lo anterior, el problema jurídico a resolver es si se vulneró o no el derecho a la seguridad social del accionante al no reconocérsele y pagársele su pensión de vejez tras haber laborado para diferentes establecimientos educativos y religiosos a lo largo de su vida profesional, bajo el argumento de que no cumple con los requisitos de tiempo para su obtención, de lo cual disculpa el demandante quien arguye que si se incluye el período en el que se desempeñó como docente con la comunidad religiosa de La Salle, claramente cumpliría los requisitos. Para resolver dicho problema se desarrollarán los siguientes temas: i. La temeridad en la acción de tutela, reiteración de jurisprudencia. ii. El requisito de inmediatez en la acción de tutela. Reiteración de Jurisprudencia. iii. Procedencia de la acción de tutela para el amparo del derecho a la seguridad social en lo que respecta al reconocimiento de la pensión de vejez. iv. Requisitos para obtener la pensión de jubilación dentro del régimen aplicable al magisterio. v. La pensión de retiro por vejez según el Decreto 3135 de 1968 vi. Análisis del caso concreto. i. La temeridad en la acción de tutela. Reiteración de jurisprudencia 1. En consideración a que la situación que ocupa la atención de la Corte ya fue objeto de acción de tutela en pasada oportunidad, se hace necesario revisar, en primer término, si el accionante ha incurriendo o no en un caso de temeridad. Al efecto cabe observar lo siguiente: En la sentencia T-621 de 2010 la Corte Constitucional reiteró los supuestos que consagra la ley para determinar si ha existido temeridad por parte del accionante en una acción de tutela. En esta providencia la Corte se pronunció sobre el tema de la siguiente manera: “1. El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 define la actuación temeraria en materia de acción de tutela de la siguiente manera: ‘Cuando sin motivo expresamente justificado la misma acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos, será sancionado con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar’.” 2. La jurisprudencia constitucional ha deducido los siguientes requisitos para que se configure la temeridad: “En similares términos, la temeridad se configura cuando concurren los siguientes elementos: (i) identidad fáctica y de derechos invocados en relación con otra acción de tutela; (ii) identidad de demandante, en cuanto la otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante; (iii) identidad del sujeto accionado, (iv) falta de justificación para interponer la nueva acción.[1]”[2] 3. La actuación temeraria tiene una relación directa con el respeto del principio constitucional de la buena fe, prescrito en el artículo 83 de la Constitución. En la sentencia T-1215 de 2003, esta Corporación señaló en relación con este asunto lo siguiente: "La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de tutela.[3] Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que debe ser valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el proceso.” 4. No obstante, la jurisprudencia constitucional también ha precisado ciertas excepciones que le permiten al juez constitucional analizar el fondo del asunto sometido a su consideración. Por ejemplo, en la sentencia T-919 de 2004 se afirmó: “Adicionalmente, la Corte ha señalado que tratándose de personas en estado de especial vulnerabilidad, no es procedente negar la tutela por temeridad, a pesar de que se observe una identidad de partes, hechos y pretensiones, cuando el juez advierta que, no obstante la interposición de una o varias acciones anteriormente, los derechos fundamentales de los peticionarios continúan siendo vulnerados. Esta situación, en consecuencia, constituye otra causal que justifica la interposición de una nueva acción de tutela.” (Negrillas fuera del texto). Este criterio también se expresó en la sentencia T-721 de 2003: “(...) cuando el presunto infractor del artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, es una persona en estado de especial vulnerabilidad e indefensión, como lo están los afectados por desplazamiento forzado, en especial los niños, las mujeres y los ancianos, el Juez constitucional deberá ser en extremo cuidadoso antes de negarles la protección constitucional, cuando advierte que sus derechos constitucionales están siendo conculcados, porque su proceder podría dejar a los afectados desprovistos de amparo, a la luz de la jurisprudencia constitucional al respecto. En este orden de cosas, el juez constitucional no podrá negar de plano la procedencia de una acción de tutela cuando observe que antes de la presentación de la misma, el peticionario había presentado otra u otras demandas de características similares, pues primero deberá realizar un análisis detallado de los hechos y del material probatorio que le permita descartar, en primer lugar, la presunta identidad de partes, pretensiones y hechos, y, en segundo lugar, la ausencia de justificación y de buena fe en la interposición de las distintas acciones, justificación que puede provenir, por ejemplo, de la necesidad de que se protejan efectivamente los derechos fundamentales del actor.” (Subrayado fuera del texto original).”[4] Asimismo, en sentencia T-518 de 2010 se indicó lo siguiente: “En efecto, la Corte Constitucional ha sostenido que, en los casos en que se formule más de una acción de tutela con coincidencia de partes, hechos y pretensiones, el juez puede considerarla temeraria siempre que observe que dicha actuación: (i) resulta amañada, en la medida en que el actor se reserva para cada demanda los argumentos o pruebas que convalidan sus pretensiones…; (ii) denote el propósito desleal de obtener la satisfacción del interés individual a toda costa, jugando con la eventualidad de una interpretación judicial que, entre varias, pudiera resultar favorable…; (iii) deje al des...