Sentencia SU-128 de 2021

SU128-21 Sentencia SU128/21 ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Requisitos generales y especiales de procedibilidad ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Relevancia constitucional como requisito de procedibilidad RELEVANCIA CONSTITUCIONAL-Finalidad La relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”. ACCION DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES-Improcedencia por incumplir requisito de relevancia constitucional La sociedad accionante pretendió reabrir mediante acción de tutela un debate meramente legal, de carácter privado y con efectos estrictamente económicos, que ya había sido definido ante las instancias judiciales correspondientes. Referencia: Expediente T-7.910.019 Asunto: Acción de tutela interpuesta por la sociedad Compañía de Electricidad del Cauca S.A.S. E.S.P. en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior de Popayán–Sala Civil y Familia. Magistrada ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER Bogotá, D.C., seis (6) de mayo de dos mil veintiuno (2021) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en especial las previstas en los artículos 241.9 de la Constitución Política, y 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991, y de conformidad con lo dispuesto en el auto del 27 de noviembre de 2020[1], en el que resolvió asumir el conocimiento del asunto de la referencia, profiere la siguiente SENTENCIA En el trámite de revisión de la providencia del 5 de febrero de 2020 de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que confirmó la decisión del 12 de noviembre de 2019 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, que negó la acción de tutela promovida por la sociedad Compañía de Electricidad del Cauca S.A.S. E.S.P. en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior de Popayán–Sala Civil y Familia[2]. I. ANTECEDENTES La sociedad Compañía de Electricidad del Cauca S.A.S. E.S.P. (en adelante CEC) interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Popayán para exigir la protección de sus derechos fundamentales al “debido proceso, juez natural, acceso a la administración de justicia, igualdad y todos los que encuentre el juez de tutela vulnerados o desconocidos (…)”[3]. Esta pretensión tuvo como causa las decisiones proferidas por las autoridades judiciales accionadas que dejaron en firme la notificación por aviso de una demanda que la sociedad Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. (desde aquí, CEDELCA) interpuso en contra de CEC, en el marco de un proceso de rendición provocado de cuentas. 1. Hechos 1.1. El 7 de octubre de 2008, CEC y CEDELCA suscribieron un contrato de gestión para la comercialización y distribución de energía eléctrica en el Departamento del Cauca.[4] El acta de inicio del contrato fue suscrito entre las partes el 1 de diciembre de 2008. 1.2. El 12 de agosto de 2009, CEDELCA le informó a CEC su decisión de terminar anticipadamente el contrato de gestión. Debido a ello, CEC convocó un tribunal de arbitramento en aplicación de la cláusula compromisoria del contrato. Mediante laudo arbitral del 4 de abril de 2014, el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá declaró la ilegalidad de la terminación unilateral y ordenó el pago de perjuicios en favor de CEC por un valor aproximado a los cincuenta mil millones de pesos.[5] En su decisión, el Tribunal se abstuvo de liquidar el contrato de gestión y de ordenar la restitución de la infraestructura y los activos a CEDELCA.[6] 1.3. El 3 de diciembre de 2016, CEC convocó nuevamente el Tribunal de Arbitraje con el fin de que se liquidara el contrato de gestión. No obstante, mediante auto del 29 de marzo, dicho tribunal dispuso lo siguiente: “En vista de que la parte demandante [CEC] no depositó oportunamente la suma a su cargo por concepto de gastos y honorarios, y la parte demandada [CEDELCA] no depositó lo que a aquella correspondía, según aparece en el informe secretarial que antecede, el Tribunal ‘RESUELVE: 1º. Declarar concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral para el presente caso, de acuerdo con lo previsto en el artículo27 de la Ley 1563 de 2012.”[7] 1.4. El 19 de diciembre de 2017, CEDELCA instauró una demanda de rendición provocada de cuentas contra CEC. En los hechos, expuso que el contrato de gestión firmado en 2008 aún no había sido liquidado, por lo que CEC tenía la obligación de devolver a CEDELCA los activos del gestor y rendir cuentas de contrato. Las pretensiones de la demanda fueron estimadas en trescientos veintitrés mil millones de pesos y luego modificadas a ciento dos mil millones de pesos.[8] 1.5. Mediante auto del 8 de marzo de 2018, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán admitió la reforma a las pretensiones y dispuso que la notificación y traslado de la demanda debía surtirse de conformidad con los artículos 289 a 300 del Código General del Proceso. 1.6. El 4 de abril de 2018, CEDELCA envió un correo electrónico a CEC para cumplir con el trámite de notificación personal de que trata el inciso quinto del artículo 291.3 del CGP.[9] El correo fue dirigido a la dirección [email protected], la cual se encuentra registrada en el certificado de Existencia y Representación Legal de CEC como “email de notificación judicial”[10]. El envío del correo electrónico fue certificado por parte de la Sociedad Cameral de Certificación (en adelante, Certicámaras[11]) mediante dos documentos denominados “Acuse de envío” y “Acuse de recibo”, en los que se lee que el correo remitido por el apoderado de CEDELCA fue “entregado al servidor del correo [email protected] a las 11:26:16 AM” con “acuse de recibo a las 11:26:36 AM” [12]. 1.7. CEC no compareció a notificarse personalmente de la demanda, por lo que el 23 de abril de 2018 el apoderado de CEDELCA remitió otro correo electrónico a la dirección [email protected] –también certificado por Certicámaras– con el objetivo de hacer la notificación por aviso de que trata el artículo 292 del CGP. El apoderado de CEDELCA puso en conocimiento del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán el envío de los correos electrónicos y solicitó que se tuviera a CEC como notificada de la admisión de la demanda a partir del 24 de abril de 2018. 1.8. El 02 de mayo de 2018, ante la Notaría 21 del Círculo de Bogotá, el representante legal de CEC confirió poder amplio y suficiente a un abogado para defender judicialmente los intereses de la empresa en el proceso de rendición provocada de cuentas promovido por CEDELCA.[13] 1.9. Mediante auto del 9 de mayo de 2018, el Juzgado solicitó a CEDELCA rehacer la notificación a CEC por considerar que en los correos electrónicos solo informó acerca del auto que admitió la reforma de la demanda y no anexó copia de los otros autos emitidos durante el proceso. El apoderado de CEDELCA interpuso recurso de reposición en contra de esta determinación. Expuso que no entendía la necesidad de rehacer la notificación, pues los artículos 291 y 291 del CGP solo exigen enviar a la persona que debe ser notificada una comunicación donde se informe sobre la existencia del proceso, fecha de la providencia que debe ser notificada y copia informal de la misma. En los correos electrónicos enviados a CEC, el apoderado transcribió la parte resolutiva del auto que admitió la reforma de la demanda y, además, adjuntó copia de los autos emitidos por el Juzgado el 31 de enero, 23 de febrero y 8 de marzo de 2018.[14] 1.10. El 22 de mayo de 2018, el apoderado de CEC acudió a notificarse personalmente de los autos admisorio de la demanda y admisorio de la reforma de la demanda. Teniendo en cuenta que CEC finalmente había acudido a notificarse y se había integrado el contradictorio, mediante auto de ese mismo día, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán determinó tener por resuelto el recurso de reposición incoado por CEDELCA en contra del auto del 9 de mayo de 2018, “por estar superado el hecho que dio origen al mismo”[15]. 1.11. Esta decisión fue recurrida por parte del apoderado de CEDELCA, quien sostuvo que las notificaciones hechas el 4 y 23 de abril de 2018, respectivamente, se habían hecho de acuerdo a la ley, por lo que el término de traslado de la demanda había empezado a correr el 24 de abril del mismo año. En ese orden de ideas, al abstenerse de resolver el recurso de reposición y de aceptar la notificación personal hecha por el apoderado de CEC el 22 de mayo, el Juzgado había revivido de manera ilegal los términos procesales en favor de la parte demandada. Motivo por el cual, le solicitó “hacer un control de legalidad sobre la actividad de los funcionarios y auxiliares de su despacho”[16] que permitieron a CEC notificarse personalmente. 1.12. Entre tanto, el 1 de junio de 2018, el apoderado de CEC interpuso recurso de reposición contra la admisión de la demanda y pidió su rechazo. Alegó existencia de cosa juzgada y falta de jurisdicción por existencia de pacto arbitral. Así mismo, sostuvo que el proceso, eventualmente, tendría que ser tramitado ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. 1.13. Mediante auto del 13 de junio de 2018, y en cumplimiento del deber señalado en el artículo 42.5 del CGP, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán decidió sanear los vicios de procedimiento cometidos en las providencias del 9 y 22 de mayo. Expuso que, antes de continuar con el proceso de rendición provocada de cuentas, debía definir “si la entidad demandada [CEC] se notificó efectivamente por aviso del auto admisorio de la demanda el día 24 de abril de 2018 o si, por el contrario, dicho acto se perfeccionó personalmente el 22 de mayo del mismo año”[17]. 1.14. En relación con los correos de notificación enviados por CEDELCA el 4 y 23 de abril de 2018, el Juzgado encontró que, en efecto, estos correos fueron enviados al correo electrónico que registró CEC como dirección de notificación judicial. Y, de forma adjunta a estas comunicaciones, el apoderado de CEDELCA sí adjuntó copia de las providencias por medio de las cuales se admitió la demanda, su adición y la reforma de las pretensiones. Por lo tanto, afirmó “que efectivamente la parte actora cumplió con la carga legal de notificar los autos que admitieron la demanda y su correspondiente reforma desde el pasado 24 de abril de 2018”[18]. Ante lo cual, el término de CEC para comparecer al despacho corría “durante los días 25 a 27 de abril para retirar los anexos de la demanda y, a partir del día 30 de ese mismo mes hasta el 3 de mayo, el término de ejecutoria del auto admisorio”[19]. 1.15. En cuanto a la notificación personal realizada por CEC el 22 de mayo de 2018, el Juzgado expuso que este acto “resulta totalmente inocuo e ilegal, ya que es claro que una misma providencia no se le puede notificar a la misma parte de forma repetida, siendo prevalente aquella notificación que primero ocurrió en el tiempo”[20]. Con fundamento en lo anterior, resolvió dejar sin efectos los autos que dictó el 9 y 22 de mayo de 2018, así como la diligencia de notificación personal del auto admisorio de la demanda. En consecuencia, declaró extemporáneo el recurso de reposición presentado por el apoderado de CEC contra el auto del 8 de marzo de 2018 por medio del cual se admitió la reforma de la demanda de rendición provocada de cuentas. Este auto fue impugnado por el apoderado de CEC. 1.16. El 15 de junio de 2018, CEC contestó la demanda y propuso las siguientes excepciones: (i) inexistencia de la obligación de rendir cuentas; (ii) cosa juzgada, en relación con el laudo arbitral del año 2014; y (iii) indebida escogencia de la acción y caducidad, pues debió demandarse la liquidación del contrato en ejercicio del medio de control de controversias contractuales. 1.17. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán, en auto del 17 de julio de 2018, rechazó la solicitud de CEC de reponer el auto del 13 de junio del mismo año mediante el cual saneó el proceso de notificación de la demanda. Y posteriormente, mediante auto del 31 de julio de 2018, declaró que CEC tenía la obligación de rendir cuentas a CEDELCA de acuerdo con la estimación de las pretensiones hechas en la demanda. Esta decisión la tomó con fundamento en el artículo 379.2 del CGP, conforme al cual, en caso de que el demandado guarde silencio en el término de traslado de la demanda, se prescindirá de la audiencia y se dictará auto de acuerdo con la estimación del demandante. 1.18. CEC apeló la providencia judicial del 31 de julio de 2018, recurso que fue resuelto mediante auto del 29 de julio de 2019 por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, quien la confirmó. A juicio del Tribunal, el auto admisorio se notificó por aviso y no personalmente, por lo que el recurso de reposición contra el auto admisorio de la demanda y la contestación de la demanda fueron extemporáneos, razón por la que la decisión del Juzgado resultaba procedente al amparo del artículo 379.2 del CGP. 1.19. Posteriormente, el 29 de agosto de 2019, el apoderado de CEC promovió incidente de nulidad en contra de la decisión judicial que le ordenó rendir cuentas. Alegó que el juzgado accionado carecía de jurisdicción para conocer el proceso debido a la existencia de un pacto arbitral entre las partes. El Procurador 7 Judicial II para Asuntos Civiles también promovió incidente de nulidad contra dicha decisión y reiteró los argumentos del apoderado de CEC. 1.20. La primera solicitud de nulidad fue resuelta negativamente en audiencia del 17 de enero de 2019, mientras que la segunda en auto del 23 de enero del mismo año. En ambos casos, el juzgado accionado consideró que una actuación errónea de la secretaría, contraria al procedimiento legal de notificación, no puede generar una ventaja a favor de la parte notificada. Estas decisiones fueron apeladas por el apoderado de CEC y el agente del Ministerio Público. 1.21. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Popayán, mediante autos del 29 de julio y el 10 de septiembre de 2019, confirmó las decisiones del juzgado accionado de negar las solicitudes de nulidad. Reiteró que: (i) la notificación por aviso a CEC fue legal; (ii) el proceso de rendición de cuentas sí compete a la justicia ordinaria; y (iii) ante la extemporaneidad de la contestación de la demanda, lo procedente era ordenar la rendición de cuentas, en aplicación de lo dispuesto expresamente en el artículo 379.2 del CGP. 2. Pretensiones y fundamentos de la acción de tutela 2.1. El 8 de octubre de 2019, el apoderado de CEC interpuso acción de tutela en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y del Tribunal Superior de Popayán con el fin de que se protegieran sus derechos fundamentales a la igualdad, debido proceso y acceso a la administración de justicia[21]. Solicitó que, como consecuencia del amparo decretado, se dejen sin efecto todas las actuaciones surtidas en el proceso de rendición provocada de cuentas desde la admisión de la demanda, incluyendo los fallos adoptados en primera y en segunda instancia. 2.2. La sociedad accionante señaló que, con ocasión de las múltiples decisiones adoptadas por los jueces accionados a partir del auto de saneamiento procesal del 13 de junio de 2018, se configuraron los siguientes defectos: - Defecto orgánico. En virtud de lo establecido en el artículo 104.3 de la Ley 1437 de 2011, las autoridades judiciales accionadas “carecían de jurisdicción para conocer del proceso de rendición de cuentas provocada, al ser competente la jurisdicción de lo contencioso administrativo”. Adicionalmente, las controversias sobre el contrato de gestión del 2008, de todos modos, debieron ser resueltas por un tribunal de arbitraje, porque las partes pactaron cláusula compromisoria. - Defecto fáctico. Las autoridades accionadas no valoraron el laudo dictado el 4 de abril de 2014. De haberlo hecho, hubieran advertido que la controversia había sido previamente definida por el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. - Defecto procedimental absoluto. Los funcionarios demandados cercenaron la posibilidad de ejercer el derecho de defensa, pues, al efectuar el control de legalidad mediante el auto del 13 de junio de 2018, ya había fenecido la oportunidad procesal para contestar la demanda, lo que supone que la decisión cuestionada se adoptó con “el censurable fin de darle retroactivamente validez a la notificación de CEDELCA y desconocer también retroactivamente la notificación practicada por el propio despacho”[22]. - Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. El juzgado accionado se limitó a rechazar por extemporáneo el recurso interpuesto contra la admisión de la demanda de rendición de cuentas, sin valorar que en dicho recurso se alegaron las excepciones de cosa juzgada y falta de jurisdicción. En criterio de CEC, el juez debió darles trámite a dichas excepciones. Si lo hubiera hecho, agregó, se habría dado cuenta que no era procedente entrar a dictar sentencia. 3. Respuesta de las autoridades judiciales accionadas e intervenciones 3.1. El Tribunal Superior de Popayán se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la tutelante. Pidió tener en cuenta los argumentos contenidos en las providencias objeto de censura y señaló que, en lo que respecta al tribunal, “se abordaron todos los temas objeto de apelación, apoyados y sustentados en la jurisprudencia que para el efecto se citaron en ese proveído”[23]. Concluyó que no se configuró ninguno de los eventos de violación de los derechos fundamentales incoados por CEC. Y agregó que CEC “está planteando en sede de tutela nuevamente y como una alternativa adicional la disidencia que en su oportunidad fue decidida” por parte de los jueces competentes y naturales de la causa. 3.2. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán manifestó que sus decisiones judiciales se adoptaron “con sustento en las normas procesales que para el caso corresponde, en los términos que prescribe el Código General del Proceso [y] en armonía con la Constitución Política de Colombia y demás normas que regulan el asunto”[24]. Agregó que, durante el proceso, se presentaron y resolvieron todos los recursos procedentes con pleno respeto por el debido proceso, el derecho de defensa y las formas propias del juicio. 3.3. CEDELCA aseguró que la sociedad accionante busca que el juez de tutela corrija el criterio de interpretación de los jueces ordinarios, lo cual supone “rebeldía sin causa contra el imperio de la ley”[25] y torna improcedente la acción de amparo. Igualmente, argumentó que no se configura ninguno de los defectos judiciales a los que se le imputa la violación de los derechos fundamentales de CEC. Por una parte, porque la causa no debió ser tramitada ante el juez contencioso administrativo, pues el contrato de gestión no contenía cláusulas excepcionales. Por otra, porque CEC renunció tácitamente a la cláusula compromisoria cuando omitió pagar los honorarios del Tribunal de Arbitramento la segunda vez que fue convocado. 3.4. Finalmente, pidió tener en cuenta que los hechos alegados en la acción de tutela son iguales a los alegados en su momento como fundamento de los incidentes de nulidad promovidos en el proceso ordinario. Agregó que los mismos fueron objeto de pronunciamiento en primera y segunda instancia, con lo que insistió en que la tutela está siendo utilizada por CEC como instancia adicional a las establecidas por el legislador. 3.5. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado pidió que se declarara la improcedencia de la acción de tutela por no estar configurados los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Lo primero, por cuando la tutela se interpuso pasado más de un año de haberse proferido el auto del 13 de junio de 2018, al cual se le imputa la violación de los derechos fundamentales invocados. Lo segundo, debido a que la parte actora no contestó la demanda en tiempo, lo que supone que no agotó todos los recursos judiciales puestos a su disposición. 4. Sentencia de tutela de primera instancia 4.1. Mediante providencia del 12 de noviembre de 2019, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia negó el amparo solicitado. Consideró que las decisiones judiciales atacadas agotaron todos los puntos en controversia y fueron dictadas con sustento en la normatividad aplicable, las pruebas obrantes en el expediente y los argumentos expuestos por las partes. Concluyó que “es incontestable que no trasgrede[n] los derechos fundamentales de la entidad accionante”[26]. 4.2. Además, destacó que la acción de tutela no se puede incoar para “derribar decisiones proferidas válidamente con respeto de las garantías procesales de los interesados en ellas, cuando so pretexto de la posible incursión en una vía de hecho, se pretende hacer valer el criterio de la parte tutelante sobre el consignado en su decisión por el juez natural, amén de proponer una evaluación probatoria distinta de aquella realizada sin llegar al límite de la arbitrariedad o de la ilegalidad, en ejercicio de la autonomía que en tal tarea se le reconoce al juzgador”[27]. 5. Impugnación 5.1. El 18 de noviembre de 2019, CEC impugnó el fallo de tutela de primera instancia. Reiteró los argumentos de la demanda de tutela y agregó: (i) que el auto del 13 de junio de 2018 cercenó los principios de confianza legítima y buena fe, pues trasladó al demandado las consecuencias negativas de los errores del juez ordinario de primera instancia; y (ii) que la decisión de no decretar la cosa juzgada en relación con el laudo arbitral del 2014, también constituye un defecto sustantivo.[28] 6. Sentencia de tutela de segunda instancia 6.1. Mediante providencia del 5 de febrero de 2020, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión de primera instancia.[29] Consideró que debía negarse el amparo solicitado en atención a las mismas razones expuestas por la Sala de Casación Civil. 7. Actuaciones en sede de revisión. 7.1. Mediante autos del 10 y el 25 de noviembre de 2020, el despacho de la magistrada Paola Meneses requirió: (i) al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán, copia digital del expediente del proceso de rendición de cuentas identificado con el número 19001-31-03-004-2018-00001-00; (ii) al Tribunal Administrativo del Cauca, copias digitales de los expedientes del proceso de controversias contractuales número 19001-23-33-001-2018-00225-01 y del proceso ejecutivo número 19001-23-33-003-2017-00258-01; (iii) a la Sección Tercera del Consejo de Estado, copia digital del expediente del proceso de anulación de laudo arbitral identificado con el número 11001-03-26-000-2014-00063-00; (iv) al Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Notaría 26 del Círculo de Bogotá, copia digital de la demanda arbitral, su contestación y del laudo del 4 de abril de 2014; y (v) a la Sociedad Cameral de Certificación Digital Certicámara S.A., se le pidió que informara sobre el “acuse de recibido” de los correos electrónicos enviados a la cuenta [email protected], con el objetivo de tramitar la notificación del auto admisorio de la demanda de rendición de cuentas, dentro del expediente 19001-31-03-004-2018-00001-00. 7.2. El 27 de noviembre de 2020, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 64 del Acuerdo 2 de 2015 –Reglamento Interno de la Corte Constitucional–, la Sala Plena de la Corte avocó conocimiento del caso y suspendió los términos en el presente asunto. 7.3. CEDELCA reiteró los argumentos presentados ante los jueces de instancia. En términos generales, insistió en que CEC renunció tácitamente al pacto arbitral, en los términos del parágrafo del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012. Aunado a ello precisó que, según el parágrafo 1 del artículo 90 del CGP, la existencia del pacto arbitral no es óbice para inadmitir la demanda. Así mismo, resaltó que la notificación por aviso de la admisión de la demanda fue legal y efectiva. De esto último, dijo, da cuenta el hecho de que el poder conferido al abogado de CEC data del 2 de mayo del año 2018, fecha en la que, aseguró, la sociedad ya conocía de la existencia del proceso de rendición provocada de cuentas en su contra. 7.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía presentaron intervención conjunta. Aseguraron que los procesos de rendición de cuentas deben ser tramitados por los jueces ordinarios en aquellos casos, como el presente, en el que no se cuestionan actos administrativos. Esto, según el precedente de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad otrora encargada de resolver los conflictos entre las jurisdicciones. 7.5. Pidieron tener en cuenta que las controversias sobre el contrato de gestión no deben ser tramitadas ante la justicia contencioso administrativa, pues el contrato no tiene cláusulas exorbitantes. También solicitaron valorar el hecho que CEC renunció a la cláusula arbitral. Finalmente, aseguraron que la notificación por aviso se llevó a cabo en debida forma, por lo que no es posible hablar de violación del principio de confianza legítima, debido a que el juez de la causa estaba obligado a enmendar los errores en los que habría incurrido, so pena de violar el principio de legalidad. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 1.1. La Sala Plena de la Corte Constitucional es competente para revisar los fallos de tutela proferidos dentro del trámite de referencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 86 y 241.9 de la Constitución Política y los artículos 33 y siguientes del Decreto 2591 de 1991. 2. Problema jurídico y esquema de la decisión 2.1. En esta oportunidad, le corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional establecer si las decisiones judiciales dictadas por el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior de Popayán en el marco del proceso de rendición provocada de cuentas promovido por CEDELCA contra CEC vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de esta última sociedad. Y, en particular, si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán incurrió en algún defecto al proferir el auto del 9 de junio de 2018 por medio del cual realizó un control de legalidad al proceso de notificación de la demanda. No obstante, antes de resolver este asunto, la Sala debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. 2.2. A continuación, se abordarán los siguientes temas: (i) la procedencia excepcional de la acción tutela contra providencias judiciales, (ii) el requisito de relevancia constitucional y (iii) el examen del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia en el caso objeto de revisión. 3. La procedencia excepcional de la acción tutela contra providencias judiciales. Reiteración de jurisprudencia 3.1. La posibilidad excepcional de presentar acciones de tutela contra providencias judiciales es una cuestión que ha sido abordada por la Corte Constitucional desde sus inicios. La discusión tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política, el cual establece que toda persona puede utilizar la acción de tutela para reclamar la protección de sus derechos fundamentales “cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción y omisión de cualquier autoridad pública”. El texto de este artículo no contempla salvedades que limiten la procedencia de la acción de tutela contra dichas autoridades. Por tanto, si los jueces son autoridades públicas[30], puede entenderse que la acción de tutela también procede contra sus decisiones. 3.2. Esta cuestión fue estudiada por la Corte en la Sentencia C-543 de 1992 al conocer una demanda contra los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, relativos a la caducidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. En este fallo, la Sala Plena expuso que, por regla general, el recurso de amparo no es procedente contra las decisiones de los jueces por ser contrario a los principios constitucionales de seguridad jurídica y autonomía e independencia de la administración de justicia. No obstante, la acción de tutela puede proceder excepcionalmente frente a “vías de hecho judicial” o “actuaciones arbitrarias imputables al funcionario judicial que desconozcan o amenacen derechos fundamentales”[31]. 3.3. Con fundamento en esta excepción, la Corte desarrolló una doctrina sobre el concepto de “vías de hecho judicial”[32] que permitió cuestionar mediante acción de tutela los pronunciamientos de los jueces que fueran ostensiblemente arbitrarios, caprichosos y contrarios a la Constitución.[33] La solicitud de amparo, en todo caso, tendría un alcance restringido en la medida en que solo procede “cuando pueda establecerse claramente que la actuación del juzgador es violatoria de derechos fundamentales, sin que sea factible entender que la tutela, en sí misma, constituye un juicio de corrección de los asuntos ya definidos por la autoridad competente”[34]. 3.4. La doctrina sobre las “vías de hecho judicial” fue progresivamente reelaborada por la jurisprudencia constitucional debido a su vaguedad para interpretar los escenarios que hacían procedente la tutela contra providencias judiciales. La Corte observó que los autos y las sentencias podían ser atacadas por causa de otros defectos adicionales, y dado que esos nuevos defectos no implicaban una actuación arbitraria y caprichosa del juez, era más adecuado utilizar una serie de causales que hicieran procedente la acción de tutela.[35] De esta manera, se remplazó la noción de “vía de hecho” por el de “causales generales y específicas de procedencia” con el fin de incluir aquellas situaciones en las que “si bien no se está ante una burda trasgresión de la Carta, si se trata de decisiones ilegítimas que afectan derechos fundamentales”[36]. 3.5. En la Sentencia C-590 de 2005, la Sala Plena sistematizó los requisitos de procedencia de la tutela cuando la amenaza o violación de los derechos proviene de una decisión judicial. Este fallo diferenció entre “requisitos de carácter general que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con la procedencia misma del amparo una vez interpuesto”[37]. Los requisitos generales son presupuestos cuyo completo cumplimiento es una condición indispensable para que el juez de tutela pueda entrar a valorar de fondo el asunto puesto en su conocimiento, mientras que los requisitos específicos corresponden, puntualmente, a los vicios o defectos presentes en la decisión judicial y que constituyen la causa de la vulneración o amenaza de los derechos fundamentales. 3.6. Siguiendo lo establecido en la referida providencia, reiterada de manera uniforme en posteriores pronunciamientos[38], para que una decisión judicial pueda ser revisada en sede de tutela es necesario que previamente cumpla con los siguientes requisitos generales de procedencia: “a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. El juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes. b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio ius fundamental irremediable. Razón por la cual, constituye un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, al asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se vaciaría de competencias a las distintas autoridades judiciales y se concentrarían indebidamente en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a estas jurisdicciones. c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, esto es, que la acción de tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, al permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica, puesto que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos. d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe comprobarse que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora. e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible. f. Que no se trate de sentencias de tutela. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.”[39] 3.7. Una vez verificado el cumplimiento integral de los requisitos generales, la procedencia del amparo contra una decisión judicial depende de que la misma haya incurrido en al menos una de las siguientes causales específicas: “a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello. b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido. c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión. f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales. g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado i. Violación directa de la Constitución.”[40] 3.8. En resumen, la Sentencia C-543 de 1992 excluyó del ordenamiento jurídico la normatividad que hacía procedente la acción de tutela contra providencias judiciales como regla general, permitiendo su procedencia solo de manera excepcional.[41] Por su parte, la Sentencia C-590 de 2005 sistematizó los desarrollos de la jurisprudencia en la materia y señaló que la tutela procede contra las decisiones de los jueces previo cumplimiento de ciertos y rigurosos requisitos de procedibilidad: unos de carácter general, que habilitan la interposición de la tutela, y otros de carácter específico, que tocan con el estudio de fondo del amparo. 4. El requisito de relevancia constitucional. Improcedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales cuando es utilizada para reabrir un debate legal 4.1. Esta Corporación ha entendido la tutela contra providencias judiciales como un “juicio de validez” y no como un “juicio de corrección” del fallo cuestionado.[42] Este enfoque impide que el mecanismo de amparo constitucional sea utilizado indebidamente como una instancia adicional para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron origen a la controversia judicial. En el marco de cada proceso, las partes cuentan con los recursos judiciales ordinarios y extraordinarios dispuestos por el legislador para combatir las decisiones de los jueces que estimen arbitrarias o incompatibles con sus derechos. Si luego de agotar dichos recursos persiste una clara arbitrariedad judicial, solo en ese caso se encuentra habilitada la tutela contra providencias judiciales. 4.2. En cuanto al requisito de relevancia constitucional, en la Sentencia SU-033 de 2018 la Sala Plena expuso que es indispensable verificar en cada caso concreto que la acción de tutela no esté siendo utilizada como una instancia adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias. El contenido de la solicitud de amparo debe buscar “resolver cuestiones que trascienden la esfera legal, el carácter eminentemente económico de la controversia y la inconformidad con las decisiones adoptadas por los jueces naturales”, lo que implica la existencia de “un probado desconocimiento de los derechos fundamentales al debido proceso o al acceso a la administración de justicia”[43]. 4.3. En ese mismo sentido, en la Sentencia SU-573 de 2019 esta Corporación determinó que “la acreditación de esta exigencia, más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. Así, por ejemplo, no es suficiente con que la parte actora alegue la violación del derecho fundamental al debido proceso para entender acreditado el requisito general de procedencia de relevancia constitucional. 4.4. Esto, por cuanto la relevancia constitucional tiene tres finalidades, a saber: “(i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales y, finalmente, (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces”[44]. Con fundamento en estas consideraciones, la Sentencia SU-573 de 2019 reiteró tres criterios de análisis para establecer si una tutela es de relevancia constitucional. 4.5. Primero, la controversia debe versar sobre un asunto constitucional y no meramente legal y/o económico. Las discusiones de orden legales o aquellas relativas exclusivamente a un derecho económico deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, toda vez que “le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse en materias de carácter netamente legal o reglamentario que han de ser definidos por las jurisdicciones correspondientes”[45]. Un asunto carece de relevancia constitucional cuando: (i) la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como, por ejemplo, la correcta interpretación o aplicación de una norma procesal, salvo que de ésta se desprendan claramente violaciones de derechos fundamentales; o (ii) sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”[46]. 4.6. Segundo, “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gire en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”[47]. La jurisprudencia constitucional ha reiterado que la cuestión debe revestir una “clara”, “marcada” e “indiscutible” relevancia constitucional[48]. Dado que el único objeto de la acción tutela es la protección efectiva de los derechos fundamentales, es necesario que el asunto que origina la presentación de la acción contra una providencia judicial tenga trascendencia para la aplicación y el desarrollo eficaz de la Constitución Política, así como para la determinación del contenido y alcance de un derecho fundamental. Por tal razón, los asuntos en los que se invoca la protección de derechos fundamentales, pero cuya solución se limita a la interpretación y aplicación de normas de rango legal, no tienen, en principio, relevancia constitucional. 4.7. Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional para reabrir debates meramente legales. Según la jurisprudencia constitucional, “la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios”[49], pues la competencia del juez de tutela se restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva de los derechos [fundamentales] y no a problemas de carácter legal”[50]. En ese orden de ideas, la tutela en contra de un auto o una sentencia exige valorar si la decisión se fundamentó en una actuación ostensiblemente arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, violatoria de las garantías básicas del derecho al debido proceso.[51] Solo así se garantiza “la órbita de acción tanto de los jueces constitucionales como de los de las demás jurisdicciones”[52]. III. CASO CONCRETO 1. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales 1.1. A continuación, la Sala procederá a verificar si la tutela interpuesta por CEC contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior de Popayán cumple con cada uno de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En ese sentido, pasará a analizar estos requisitos según el orden indicado en la sentencia C-590 de 2005: a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional 1.2. La Sala Plena considera que la acción de tutela objeto de revisión no cumple con el requisito de relevancia constitucional. CEC sostiene que, con ocasión de las providencias judiciales proferidas en el marco del proceso de rendición provocada de cuentas promovido en su contra por CEDELCA, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior de Popayán vulneraron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso administración de justicia, juez natural. Puntualmente, aduce que las autoridades judiciales incurrieron en los defectos orgánico, fáctico, sustantivo y procedimental por omitir el análisis de sus argumentos y ordenarle a rendir cuentas del contrato de gestión suscrito en 2008, circunstancia que atribuye al control de legalidad del proceso de notificación ejercido en el auto del 13 de junio del año 2018. 1.3. La controversia planteada por CEC no es constitucionalmente relevante debido a que: (i) versa sobre un asunto meramente legal, de connotación patrimonial y privada, (ii) busca reabrir un debate ya concluido en la jurisdicción ordinaria, en el que no se advierte a primera vista una actuación arbitraria o ilegítima por parte de las autoridades judiciales, y (iii) el proceso de tutela tiene origen en una actuación omisiva o negligente por parte de la sociedad accionante. 1.4. En primer lugar, el debate propuesto por CEC se limita a determinar si el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán incurrió en un error al aplicar los artículos 291.3, 292 y 379.2 del CGP, relacionados con la notificación de la demanda y las consecuencias de no oponerse a rendir cuentas durante el término de traslado de la misma. Para la sociedad accionante, el Juzgado violó sus derechos fundamentales al encontrar que no fue válida la notificación personal hecha por su apoderado el 22 de mayo de 2018 y, luego, al condenarla a rendir cuentas a CEDELCA. Sin embargo, la discusión sobre los términos de traslado de la demanda y las consecuencias de su incumplimiento es, en este caso, una cuestión meramente legal, de carácter privado y con efectos estrictamente económicos. 1.5. En segundo lugar, CEC pretende reabrir un debate legal que ya fue decidido en dos ocasiones por los jueces naturales. La primera, al resolver los recursos de reposición y apelación presentados por CEC en contra de los autos del 13 de junio y 31 de julio de 2018. La segunda, al resolver dos incidentes de nulidad promovidos por CEC y el Ministerio Público en contra del proceso de rendición provocada de cuentas. Con la presente acción de tutela, la sociedad accionante busca cuestionar nuevamente –y por los mismos motivos– las decisiones judiciales que convalidaron la notificación por aviso de la demanda y le ordenaron rendir cuentas del contrato de gestión. Sin embargo, en las decisiones atacadas, la Sala Plena no observa, a primera vista, actuaciones judiciales ostensiblemente arbitrarias que hagan procedente la intervención del juez de tutela. 1.6. En tercer lugar y último lugar, la Sala Plena advierte que la acción de tutela presentada por CEC tiene origen en su propia negligencia. En el expediente obra prueba de que el 2 de mayo de 2018, ante la Notaría 21 del Círculo de Bogotá, el representante legal de CEC confirió poder amplio y suficiente a un abogado para defender judicialmente los intereses de la empresa en el proceso promovido por CEDELCA.[53] No obstante, pese a tener conocimiento del proceso en su contra, el apoderado de CEC solo acudió a notificarse personalmente de la demanda el 22 de mayo de 2018, cuando faltaban pocos días para que venciera el término de traslado para su contestación. Con esta actuación, buscó reiniciar los términos del proceso, y aunque en un principio indujo a error al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán, esta autoridad repuso su yerro y declaró que la notificación de la demanda a CEC se había surtido efectivamente por aviso el 24 de abril de 2018. 1.7. Se encuentra plenamente probado que CEC sí recibió los correos electrónicos de notificación enviados por CEDELCA. No solo por los certificados de envío y acuse de recibo aportados por Certicámaras, sino porque en el expediente obra prueba de que el 2 de mayo de 2018, ante la Notaría 21 del Círculo de Bogotá, el representante legal de CEC confirió poder amplio y suficiente a un abogado para defender judicialmente los intereses de la empresa en el proceso promovido por CEDELCA. En el poder se menciona específicamente el proceso “Verbal de Rendición Provocada de Cuentas, expediente 19001310300420180000100 (…) Demandante: Centrales Eléctricas del Cauca S.A. E.S.P. [CEDELCA]”[54]. 1.8. En ese orden de ideas, el hecho de que el apoderado de CEC haya acudido a notificarse personalmente solo hasta el 22 de mayo de 2018, pese a ser plenamente consciente de la existencia del proceso de rendición provocada de cuentas desde el 2 mayo del mismo año, denota una actitud omisiva, negligente o deliberadamente engañosa. La intervención tardía en el proceso por parte de de CEC provocó que el Juzgado rechazara por extemporáneos sus recursos contra el auto admisorio de la demanda y la contestación de la demanda, presentados el 1 y 15 junio de 2018, respectivamente. En ese momento era claro que los términos para oponerse a la rendición provocada de cuentas habían vencido. Por consiguiente, no es constitucionalmente relevante una acción de tutela interpuesta con base en hechos adversos que fueron ocasionados por el mismo accionante. 1.9. Aunado a lo anterior, la Sala Plena también evidencia una actitud negligente por parte de CEC en relación con la supuesta vulneración de su derecho fundamental al juez natural. La sociedad accionada afirma que las autoridades judiciales no tenían jurisdicción para obligarla a rendir cuentas debido a la existencia de un pacto arbitral entre las partes. Sin embargo, en sede de revisión la Sala pudo constatar que este pacto no se encuentra vigente, pues en 2016 CEC renunció tácitamente al él al no consignar los honorarios de los árbitros cuando convocó nuevamente el Tribunal de Arbitraje de la Cámara de Comercio con el fin de liquidar el contrato de gestión de 2008.[55] Lo anterior se desprende del inciso tercero del artículo 27 de la Ley 1563 de 2012, el cual establece que “[v]encidos los términos previstos para realizar las consignaciones sin que estas se hubieren efectuado, el tribunal mediante auto declarará concluidas sus funciones y extinguidos los efectos del pacto arbitral”. 1.10. En conclusión, la solicitud de amparo formulada por CEC no tiene una clara y marcada importancia constitucional que haga procedente la intervención del juez de tutela en un asunto de la jurisdicción ordinaria civil. Por el contrario, la sociedad accionante utilizó la acción de tutela para reabrir un debate meramente legal, que había sido debatido y decidido en dos oportunidades por los jueces competentes. Aunado a ello, se demostró que la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocada la sociedad accionante tuvo origen en su propia actuación omisiva. 1.11. Con fundamento en lo expuesto, la Corte Constitucional no seguirá estudiando los requisitos generales de procedencia. En consecuencia, revocará las decisiones de los jueces de instancia y declarará la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por CEC en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Popayán 2. Síntesis de la decisión 2.1. CEC interpuso acción de tutela contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y el Tribunal Superior de Popayán por la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, juez natural e igualdad. La solicitud de amparo tuvo como causa la decisión de las autoridades judiciales de dejar en firme la notificación por aviso de una demanda de rendición provocada de cuentas interpuesta en su contra por CEDELCA. Esta decisión supuso que la contestación de la demanda por parte de CEC fuera declarada extemporánea, por lo que, en aplicación del artículo 379.2 del CGP, se ordenó a esta sociedad a rendir cuentas de acuerdo con la estimación de las pretensiones hecha por CEDELCA. 2.2. La Sala Plena consideró que la acción de tutela interpuesta por CEC debía ser declarada improcedente por no tener relevancia constitucional. Expuso que la relevancia constitucional es un requisito general de procedencia de las acciones de tutela contra providencias judiciales que persigue tres finalidades: (i) asegurar que la tutela no sea utilizada para discutir asuntos de mera legalidad, (ii) restringir el ejercicio la tutela a cuestiones que afecten directamente los derechos fundamentales y (iii) evitar que la tutela se convierta en una tercera instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces. 2.3. En el caso concreto, la Sala encontró que el asunto planteado por CEC era un debate sobre la aplicación de la normatividad procesal sin trascendencia constitucional. Este debate fue decidido previamente en dos ocasiones por las autoridades judiciales ordinarias: la primera, al resolver los recursos de reposición y apelación presentados por CEC contra los autos del 13 de junio y 31 de julio de 2018; la segunda, al resolver dos incidentes de nulidad promovidos por CEC y el Ministerio Público. Así mismo, en el proceso de tutela se pudo constatar una actuación omisiva o negligente por parte de la sociedad accionante, no solo en la notificación del proceso de rendición provocada de cuentas promovido por CEDELCA, sino también durante un segundo tribunal arbitral convocado por CEC en 2016, el cual declaró concluidas sus funciones por falta de consignación de los honorarios de los árbitros. 2.4. Para la Sala Plena, en síntesis, la sociedad accionante pretendió reabrir mediante acción de tutela un debate meramente legal, de carácter privado y con efectos estrictamente económicos, que ya había sido definido ante las instancias judiciales correspondientes. IV. DECISIÓN En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, RESUELVE: PRIMERO. LEVANTAR la suspensión de términos que se había dispuesto en la presente acción. SEGUNDO. REVOCAR las sentencias proferidas el 5 de febrero de 2020 por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en primera instancia, y el 26 de noviembre de 2019 por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en segunda instancia, que negaron el amparo. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE la acción de tutela promovida por la Compañía de Electricidad del Cauca S.A.S. E.S.P. en contra del Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Popayán y la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Popayán, por lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. TERCERO. Por Secretaría General, LÍBRENSE las comunicaciones de que trata el artículo 36 del Decreto 2591 de 1991. Comuníquese y cúmplase, ANTONIO JOSÉ LIZARAZO OCAMPO Presidente DIANA FAJARDO RIVERA Magistrada JORGE ENRIQUE IBÁÑEZ NAJAR Magistrado ALEJANDRO LINARES CANTILLO Magistrado PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Magistrada Con salvamento de voto GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Magistrada Con salvamento de voto CRISTINA PARDO SCHLESINGER Magistrada JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS Magistrado MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ Secretaria General SALVAMENTO DE VOTO DE LAS MAGISTRADAS GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO Y PAOLA ANDREA MENESES MOSQUERA Referencia: sentencia SU-128 de 2021 Magistrada ponente: Cristina Pardo Schlesinger Con nuestro acostumbrado respeto por las decisiones de la Sala Plena de la Corte Constitucional, suscribimos este salvamento de voto en relación con la sentencia de la referencia. En concreto, encontramos acreditados todos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, así como uno de los requisitos especiales. Particularmente, consideramos cumplida la exigencia de relevancia constitucional y advertimos que se configuró el defecto procedimental. Por lo anterior, en nuestro criterio, la Corte debió amparar los derechos fundamentales de la sociedad accionante y, en consecuencia, dejar sin efectos la providencia judicial cuestionada. Todo, por las razones que pasan a exponerse. 1. Requisitos de procedencia de la tutela contra providencia judicial: criterios para establecer la relevancia constitucional 1.1. La Sala Plena concluyó que no se acreditó el requisito de relevancia constitucional, primero, porque “la discusión sobre los términos de traslado de la demanda y las consecuencias de su incumplimiento es, en este caso, una cuestión meramente legal, de carácter privado y con efectos estrictamente económicos”[56]; y, segundo, debido a que la parte actora pretendió “reabrir un debate legal que ya fue decidido en dos ocasiones por los jueces naturales”[57]. Adicionalmente, tuvo en cuenta que las posibles irregularidades en las que se incurrió tienen origen en la negligencia de la parte tutelante, pues acudió a notificarse personalmente de la demanda de rendición de cuentas el 22 de mayo de 2018, a pesar de que conoció de la existencia del proceso veinte días antes. 1.2. No compartimos tal conclusión porque consideramos que hay, al menos, tres razones para concluir que las pretensiones de la demanda de tutela y sus fundamentos evidenciaban aspectos de relevancia constitucional, en los términos de la jurisprudencia constitucional. Primero, porque se acreditó una afectación de las dimensiones constitucionales del debido proceso. Segundo, debido a que de la decisión judicial impugnada se derivaba una afectación a los derechos fundamentales de la sociedad Compañía de Electricidad del Cauca S.A.S. E.S.P. (en adelante, CEC), diferente a la decisión en sí de ordenar la rendición de cuentas. Y tercero, por cuanto la tutelante no se restringió a cuestionar el sentido de la decisión adoptada por los jueces ordinarios y la valoración que realizaron, lo que, en nuestro criterio, descartaba el ejercicio de la acción de tutela como instancia procesal adicional. A continuación, explicaremos brevemente el fundamento de estos tres argumentos. Es importante anotar que todas las razones que expondremos parten de la jurisprudencia reiterada y uniforme de esta Corporación[58] que ha entendido la configuración de la relevancia constitucional de un asunto cuando tiene trascendencia superior iusfundamental, es decir, guarda una clara relación con la eventual afectación de los derechos fundamentales. La aplicación de este criterio plantea desafíos metodológicos, pues en los casos de tutela contra providencia judicial, en los que se alega la eventual violación del debido proceso, se pueden discutir pretensiones de diversa índole. Sin embargo, la misma Corte ha establecido elementos para adelantar el análisis. Por ejemplo, no podría estudiar por esta vía cuestiones meramente legales, contractuales o de otra naturaleza. Otro criterio que, a primera vista, indica que no se trata de un tema constitucionalmente relevante es el debate centrado en intereses económicos. Con todo, esa situación no descarta de plano que pueda haber un problema de derechos fundamentales de fondo. En ese sentido, esta Corporación debe establecer si se presenta la afectación de garantías superiores con independencia de las consecuencias patrimoniales. Para ello, habrá de establecer los efectos que tiene la providencia acusada sobre los derechos fundamentales y su estrecha relación con las dimensiones constitucionales del debido proceso. a. De las dimensiones constitucionales del debido proceso La jurisprudencia constitucional ha reconocido que el derecho al debido proceso tiene facetas constitucionales, legales y reglamentarias. Para efectos de valorar la acreditación del requisito de relevancia constitucional, solo tienen tal entidad las afectaciones prima facie del debido proceso constitucional, que, según la jurispru...