Sentencia C-998 de 2004

C-998-04 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-998/04 CASACION-Finalidad SENTENCIA-Concepto ERROR IN IUDICANDO-Significado ERROR IN PROCEDENDO-Significado CASACION PENAL-No se discute la responsabilidad del procesado sino el cumplimiento por el juez de la ley al emitir el fallo CASACION PENAL-Procedencia de la sentencia de reemplazo DEBIDO PROCESO-Principios fundamentales DEBIDO PROCESO PENAL-Garantías PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-Consagración en instrumentos internacionales IMPUGNACION DE SENTENCIA CONDENATORIA-Definición ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL-Procedencia ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL-Naturaleza UNIDAD NORMATIVA-Eventos en que procede de manera excepcional UNIDAD NORMATIVA-Procedencia de integración por relación inescindible con el resto de la disposición CASACION E INSTANCIA-Distinción/CASACION PENAL RESPECTO DEL PRINCIPIO DE NO REFORMATIO IN PEJUS-Actuación del juez de casación La actuación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en ejercicio de sus competencias en materia de casación, cuando casa la sentencia y está llamada a remplazarla por una nueva decisión que atienda el ordenamiento jurídico, no puede asimilarse a una nueva instancia, frente a la cual cabría el recurso de apelación que el actor echa de menos en la hipótesis a que él alude. Al respecto, no sobra precisar que la mención que se ha hecho en la jurisprudencia de la Corporación a la actuación que cumple el juez de casación como superior del juez de instancia en relación con el respeto del principio de reformatio in pejus no pueden interpretarse en el sentido de dar a la actuación del juez de casación en esas circunstancias el carácter de una nueva instancia con todas sus consecuencias y dentro de ella la posibilidad de apelar la decisión de reemplazo que este profiera en caso de casar la sentencia, pues es claro que quien adopta dicha decisión de sustitución es el juez de casación, en ejercicio de sus funciones como tal en materia de control de legalidad de la sentencia que ha sido proferida por el juez de segunda instancia y no un juez de instancia. IMPUGNACION DE SENTENCIA CONDENATORIA-Tanto la acción de revisión como la acción de tutela constituyen mecanismos de impugnación de las decisiones judiciales PRINCIPIO DE LA DOBLE INSTANCIA-No es absoluto Dado que la actuación que adelanta el juez de casación cuando casa la sentencia de segunda instancia y dicta una nueva ajustada a la ley no constituye una nueva instancia debe enfatizarse que el artículo 31 superior mal puede considerarse conculcado en este caso como lo pretende el actor. No sobra agregar que por lo demás el actor parte de un entendimiento incompleto del mandato contenido en el referido artículo 31 superior, pues si bien dicho artículo señala que toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, precisa de manera inmediata que ello será así, “salvo las excepciones que consagre la ley” lo que significa claramente que el Constituyente no estableció un principio absoluto en esta materia y dejó al legislador la posibilidad de que en ejercicio de su potestad de configuración estableciera aquellos casos en los que sin perjuicio del respeto de todas las garantías ligadas al debido proceso (art. 29 C.P.) solo se profiriera una decisión de instancia. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y CASACION PENAL-Imposibilidad de impugnar sentencia condenatoria/JUEZ DE INSTANCIA Y JUEZ DE CASACION-Distinción/SENTENCIA CONDENATORIA POR JUEZ DE INSTANCIA Y JUEZ DE CASACION-Distinción en razones en que se fundamenta Esta Corporación ha señalado de manera reiterada que en desarrollo del principio de igualdad contenido en el artículo 13 de la Carta Política, corresponde al legislador otorgar el mismo trato jurídico a todas aquellas situaciones fácticas que pueden ser comparadas, así como establecer las correspondientes diferenciaciones cuando se trate de situaciones fácticas disímiles. Para la Corte es claro que no es comparable la actuación ante los jueces de instancia, que la actuación ante el juez de casación. Tanto la finalidad de dichas actuaciones, como los fundamentos de las decisiones que allí se adoptan son diferentes. Mediante la Casación no se vuelve a juzgar al procesado cuya situación jurídica ya fue definida por los jueces de instancia, sino la legalidad del fallo, es decir si la decisión fue dictada con la estricta observancia del ordenamiento legal y constitucional. Las razones en que se fundamenta la sentencia condenatoria en uno y otro caso, también son diferentes. Mientras que en el caso de las decisiones de instancia ella surge de la valoración de los hechos y de la conducta de los particulares frente a las normas penales, en el otro ella surge de la valoración hecha a la actuación del juez. Cabe reiterar que tampoco los jueces ante los que se actúa son los mismos. En un caso se trata del juez de instancia, en tanto que en el otro se trata de el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en los penal. Así frente a los supuestos planteados por el actor, la Corte constata que las disposiciones atacadas no solo establecen en este caso tratamiento diferente a situaciones distintas, sino que responden a los criterios establecidos por esta Corporación para justificar la diferenciación que el legislador hace en ciertas circunstancias atendiendo elementos objetivos, razonables, proporcionados y que estén acordes con una finalidad constitucional legítima. CASACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA-Descartar su procedencia desconocería los derechos a la igualdad y de acceso a la administración de justicia/CASACION DE SENTENCIA ABSOLUTORIA-Solicitud Si, se accediera a la petición hecha por el actor en el sentido de descartar la procedencia de la casación en las circunstancias que él invoca y por tanto no se permitiera al Ministerio Público, a la Fiscalía, a la víctima, o a los perjudicados con el hecho punible solicitar la casación de la sentencia absolutoria con el fin de que se corrija un eventual desconocimiento de la Constitución y la Ley, se estaría no solo desconociendo el derecho a la igualdad de dichos intervinientes en el proceso penal sino su derecho al acceso a la administración de justicia en perjuicio de los derechos del estado, de la sociedad, de la victima o de los eventuales perjudicados con el hecho punible y con grave detrimento de los derechos a la verdad a la justicia y a la reparación. DEBIDO PROCESO PENAL-No se predica solo respecto de los derechos de acusado sino de todos los intervinientes del proceso Referencia: expediente D-5135 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 205 (parcial) de la Ley 600 de 2000 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Actor: Álvaro Francisco Rojas González Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Bogotá D. C., doce (12) de octubre de dos mil cuatro (2004). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Álvaro Francisco Rojas González presentó demanda contra el artículo 205 (parcial) de la Ley 600 de 2000, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Mediante auto del 1° de abril de 2004, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda contra el artículo 205 (parcial) de la Ley 600 de 2000, y dispuso correr traslado de la misma al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, y al Presidente del Congreso de la República, así como también al Ministro del Interior y de Justicia, a fin de que, de estimarlo oportuno, conceptúen sobre la constitucionalidad de las normas acusadas. Así mismo, ordenó invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y al Instituto Colombiano de Derecho Procesal con el mismo fin. Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. II. NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcribe el texto de la norma demandada de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 44.097 del 24 de julio de 2000. Se subraya lo demandado. “ LEY 600 DE 2000” (julio 24) por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. El Congreso de Colombia DECRETA: (…) T I T U L O V ACTUACION PROCESAL (…) CAPITULO IX La casación Artículo 205. Procedencia de la casación. La casación procede contra las sentencias (ejecutoriadas)[1] proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aún cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad. La casación se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para éstos sea inferior a la señalada en el inciso anterior. De manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las arriba mencionadas, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, siempre que reúna los demás requisitos exigidos por la ley. III. LA DEMANDA 3.1 El actor afirma que el artículo 29 constitucional de manera explícita y perentoria establece el derecho fundamental de impugnar la sentencia condenatoria. Precisa que el derecho referido: “…se establece en forma separada, y por consiguiente no hay forma de ignorarlo y también es claro que no se restringe con condición o limitación alguna. No es posible argumentar que el derecho de impugnación se ejerce si se sigue un debido proceso público o si se tiene la oportunidad de presentar y controvertir pruebas; si el constituyente lo hubiese pensado así, no habría usado la redacción que usó expresándolo en forma separada, destacada e individual”. Considera que el deseo del Constituyente al establecer el derecho de los sindicados a impugnar la sentencia condenatoria sin ninguna condición o excepción surge al concordar el artículo 29 con el artículo 31 constitucional que prevé el derecho a apelar cualquier sentencia salvo las excepciones que establezca la Ley, ya que “si el Constituyente hubiese pensado en posibles excepciones al derecho del sindicado de impugnar la sentencia condenatoria, con el artículo 31 hubiera sido suficiente, dado que entonces el derecho a impugnar la sentencia sería solo un caso particular del establecido en él, siendo en consecuencia evidente que la intención del Constituyente era no condicionar en forma alguna el derecho de impugnación del sindicado”. En ese orden de ideas afirma que las expresiones acusadas contenidas en el primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 que regula la procedencia de la casación vulneran los artículos 29 y 31 superiores por cuanto permiten que la casación proceda en el caso en que tanto en primera como en segunda instancia se haya absuelto al sindicado, a pesar de que en esas circunstancias de llegar a casarse la sentencia y proferirse por la Corte Suprema de Justicia una decisión condenatoria, dicha decisión no podrá ser impugnada. Precisa que en el caso considerado se profiere “una primera y única sentencia condenatoria en la cual se advierte explícitamente que no se la puede impugnar…”. Afirma que en esas circunstancias ni la acción de revisión ni la acción de tutela constituyen “una forma de ejercer el derecho a impugnar la sentencia condenatoria” porque estas acciones solo proceden “en casos muy particulares y específicos en tanto que el derecho vulnerado no tiene ninguna condición para su ejercicio. Al respecto cita apartes de la sentencia C-252 de 2001. 3.2 De otra parte el actor señala que con las expresiones acusadas se vulnera el artículo 13 superior, por cuanto se establece, en su criterio, un trato discriminatorio para el sindicado que ha sido absuelto en primera y segunda instancia y condenado en casación y a quien se le niega el derecho de impugnar la única sentencia condenatoria proferida en su contra, mientras que a los sindicados que han sido condenados en una o ambas instancias dicho derecho sí se les reconoce, “de forma tal que frente al derecho fundamental de impugnar la sentencia condenatoria es preferible ser condenado a ser absuelto en la primera y segunda instancia”. 3.3 El actor señala así mismo que al vulnerarse los artículos 13, 29 y 31 de la Constitución, se viola consecuentemente el artículo 85 que establece que dichos textos superiores son de aplicación inmediata. En el mismo sentido afirma que se viola el artículo 93 superior, toda vez que se desconocen los derechos a la igualdad y a la justicia previstos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y en otros tratados y convenciones internacionales suscritos y ratificados por Colombia. En el mismo orden de ideas considera vulnerado el artículo 2° superior, en la medida en que en estas circunstancias “las autoridades judiciales no solo no garantizan la efectividad de los principios, derechos y deberes previstos en la Constitución sino que por el contrario los quebrantan”. 3.4 Afirma finalmente que siendo claro que en la hipótesis que se analiza la Corte Suprema de Justicia -Sala Penal- profiere una sentencia que no puede ser impugnada con lo que se vulnera la Constitución, y que en las mismas circunstancias obligar a dicha corporación a i) reproducir simplemente la sentencia absolutoria ó a ii) no dictar sentencia, quebrantaría igualmente en su criterio el debido proceso, solo cabe -para respetar los mandatos superiores invocados-, que se declare la constitucionalidad condicionada de las expresiones acusadas en el entendido que “en los procesos penales no viciados de nulidad en los que se ha proferido sentencia absolutoria en primera y segunda instancia no procede el recurso de casación”. IV. INTERVENCIONES 1. Ministerio del Interior y de Justicia El Ministro del Interior y de Justicia a través de apoderado judicial, interviene en el presente proceso, para solicitar que se declare la constitucionalidad de las expresiones acusadas, a partir de las consideraciones que enseguida se sintetizan. El interviniente recuerda que: “…Como se infiere del tenor literal del artículo 206 del Código de Procedimiento Penal, la casación propende, entre otros, por la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en la actuación penal, y por la reparación de los agravios inferidos a las partes con la sentencia demandada…”. Considera que impedir la posibilidad de formular demanda de casación en el evento planteado por el impugnante, esto es, cuando se hubieren proferido sendos fallos absolutorios en las instancias previas, tornaría inane el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, a la vez que impediría asegurar el cumplimiento al derecho material, -fin propio de la casación-. Aduce que el actor restringe su censura “a la hipótesis de la absolución en primera y segunda instancia sin concurrencia de nulidades, como si fuera esta la única motivación que justifica la casación. Aseveración errada, si se tiene en cuenta el amplio espectro de supuestos que encuadran dentro de las causales primera y segunda del artículo 207 del Código de Procedimiento Civil”. Al respecto cita un aparte de la sentencia C-228 de 2002. Estima que la interpretación restringida pretendida por el actor lejos de afirmar el debido proceso y el principio de la doble instancia, comportaría más bien la negación del derecho de acceso a la administración de justicia de los demás sujetos procesales. Considera que es evidente que el actor incurre en un yerro hermenéutico al dar un alcance literal al artículo 29 constitucional, sin reparar en la especial naturaleza del recurso de casación y los fines específicos que esa institución persigue. Recuerda que la Corte Suprema de Justicia ha precisado al respecto que “el recurso extraordinario de casación, a diferencia de los ordinarios que se ejercen en las instancias tiene finalidades específicas determinadas en la ley y circunscritas a que con los cuestionamientos sobre la legalidad de las sentencias, pretenda la reparación de los agravios inferidos a las partes en el respectivo fallo, la efectividad del derecho material y de las garantías debidas a las personas que intervienen en el proceso y unificar la jurisprudencia, lo cual debe hacerse únicamente con base y por los motivos expresamente previstos en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal, pues no cualquier clase de inconformidad con la sentencia es susceptible de ser recurrida por esta vía…”. Finalmente aduce que el legislador ha establecido de manera expresa y salvo excepciones taxativas, el principio de no agravación cuando se trate de sentencias condenatorias (art. 215 CPP), sin prohibición alguna cuando se trate de sentencias absolutorias, situación que resulta apenas coherente con los fines de la casación, pues extender la aplicación del principio referido a fallos absolutorios, “atentaría contra la institución procesal misma, en la medida en que devendría en ineficaz la competencia de la Corte Suprema de Justicia para garantizar la efectividad del derecho material.” 2. Instituto Colombiano de Derecho Procesal El Presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, atendiendo la invitación hecha por esta Corporación, hizo llegar el concepto que fue rendido por la Doctora Angela María Buitrago Ruiz. La interviniente señala que la casación no pretende enmendar cualquier yerro ocurrido en las instancias, sino que es un recurso extraordinario que pretende lograr la mayor coherencia posible del sistema legal, al lograr el respeto del derecho objetivo y una mayor uniformidad en la interpretación de las leyes por los funcionarios judiciales. Al respecto cita las sentencias C-1065 de 2000, C-058 de 1996, C-684 de 1996 y C-596 de 2000. En ese sentido afirma que la casación es un recurso extraordinario, que tiene esencialmente una función sistémica, por lo que no debe confundirse con una tercera instancia o con un mecanismo para enfrentar errores judiciales, de forma tal que en materia de casación la regla general es la improcedencia del recurso y la excepción es su procedencia en los casos previstos en la Ley. Afirma así mismo que “la ley puede establecer requisitos más severos para acceder a este recurso, e incluso para que pueda prosperar, sin que ello signifique que, por ese solo hecho, haya una restricción al acceso a la justicia, ya que para dirimir los conflictos y solucionar los problemas planteados en los distintos casos concretos, el ordenamiento prevé el trámite de las instancias…” Al respecto cita las sentencias C-058 de 1996, C-684 de 1996 y C-1046 de 2000. Advierte que la petición del actor en el sentido de proferir un fallo condicionado no es viable, dado que: “…llevaría en esencia al desconocimiento de otras garantías que también son fundamentales y constitucionales en desmedro de otros sujetos procesales, por lo que consideramos que la demanda no puede prosperar, sobre supuestos tan particulares y violatorios de otros derechos…”. Precisa en este sentido que no podría regularse la casación en beneficio de una parte y en desmedro de otra, porque “esa circunstancia implicaría consecuentemente la vulneración de varios derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la igualdad.” Recuerda finalmente que si la sentencia que profiera la Corte Suprema de Justicia constituye en si misma una vía de hecho, contra ella procede la acción de tutela. 3. Academia Colombiana de Jurisprudencia El Vicepresidente de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, atendiendo la invitación hecha por esta Corporación, hizo llegar el concepto que preparó el académico Juan Carlos Prías Bernal, que solicita a la Corte que declare la exequibilidad de las disposiciones acusadas. Recuerda que el recurso de casación es un mecanismo extraordinario que permite confrontar la sentencia proferida por las instancias inferiores con la ley aplicable sin entrar a discutir nuevamente los hechos objeto de decisión, con el que la Corte Suprema de Justicia como máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria, verifica el cumplimiento de la Ley sustancial, además de servir como un instrumentos de unificación de las decisiones jurisprudenciales. Señala que el examen que realiza la Corte Suprema al avocar el conocimiento de las demandas de casación es limitado, debido a las causales previstas en la ley procesal como por la naturaleza de la misma acción, de forma tal que si esa Corporación modifica las sentencias absolutorias previas, no lo hace teniendo como referente los hechos objeto de juzgamiento, sino verificando la existencia de errores que vicien la decisión tomada, errores que pueden ser in iudicando ó in procedendo. En ese sentido afirma que: “…si la Corte en el ejercicio de su potestad como Tribunal de Casación observa que se han vulnerado tanto las garantías sustanciales como las procesales, no puede hacer caso omiso de las mismas, por lo que deberá entrar a decidir de conformidad con la ley aplicable al caso. Pero nótese que no se trata de un nuevo debate sobre los hechos o las circunstancias fácticas que dieron origen al proceso penal, como sí ocurre en los recursos de instancia, sino que el derrotero de su decisión es la salvaguardia de la Ley…”. Al respecto cita un aparte de la sentencia de marzo 3 de 1975 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Así mismo considera que si la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Casación Penal, revoca las providencias anteriores a su conocimiento y las reemplaza por una condenatoria, no está haciendo juicios de responsabilidad como lo indica el actor, dado que el contenido de este implica la atribución de conductas o hechos de carácter voluntario, conclusión a la que deberá arribar el funcionario judicial de menor jerarquía valiéndose de pruebas y en estricta aplicación de la Ley sustancial o procesal. Señala además que: “…Los principios que orientan la tarea del tribunal de casación, parten de la presunción de acierto y la legalidad de las sentencias proferidas por los tribunales de instancia. En este sentido, si la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sustituye la decisión, solo podrá hacerlo con la suficiente argumentación que evidencie que los funcionarios de instancia realizaron un juicio inadecuado…”. En ese orden de ideas, afirma que la sustitución de la sentencia solo se profiere en casos donde se observe la violación sustancial de la Ley, en donde la Corte Suprema deberá pronunciarse y dictará el fallo de reemplazo que sea acorde con la Ley, además, si el yerro demostrado en la demanda de casación es de tal suficiencia, la Corte Suprema de Justicia tiene la obligación de dictar la sentencia que en derecho corresponda, y no podrá como lo alega el recurrente, abstenerse de tal deber puesto que infringirá la Ley y la propia Constitución. Al respecto cita un aparte de una providencia del 1° de junio de 1999, de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Precisa que la interposición del recurso extraordinario de casación, además de ser la excepción general a la regla, exige el cumplimiento de una elaborada técnica sujeta a la demostración de las causales que contempla la ley, por lo que en este punto su naturaleza dista notoriamente de los recursos ordinarios y adicionalmente su estudio se efectúa bajo parámetros bien distintos a los que se emplean al desatar un recurso de instancia por tratarse de la solicitud de intervención del máximo tribunal ordinario. Advierte que “…permitir la procedencia de recursos contra las decisiones incorporadas en la sentencia de casación sería extender ad infinitum los alcances tanto del proceso penal como del recurso de casación. Con razón ha sostenido la Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia y la doctrina que las decisiones de la misma hacen tránsito a cosa juzgada, por lo que elevar el derecho de impugnación a las providencias proferidas por esta sería legitimar una cadena interminable de discusiones que culminarían en el mayor de los casos en decisiones de prescripción…”. Precisa que la impugnación a que alude el artículo 29 superior no se limita a un tipo de recurso en particular, sino que el ejercicio del derecho allí previsto se manifiesta en cualquiera de los recursos que prevé la Ley, bien sean ordinarios o extraordinarios. En este sentido advierte que “…el demandante excluye la procedencia de la acción de revisión y de tutela como mecanismos de impugnación, situación que a la luz de la propia interpretación constitucional, no es de recibo, puesto que la Corte Constitucional ha señalado que el derecho de impugnación contemplado en el artículo 29 no se limita a uno u otro recurso, por lo que en los casos de las sentencias condenatorias proferidas por la Corte Suprema de Justicia si bien no procede el recurso de apelación, es perfectamente viable la impugnación de dicha decisión a través de los restantes mecanismos contemplados en la Ley…”. Finalmente advierte que el tema planteado por el accionante en la presente demanda ya fue objeto de discusión en la sentencia C-142 de 1993. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Señor Procurador General de la Nación, allegó el concepto número 3579, recibido el 1° de junio de 2004, en el cual solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las disposiciones acusadas, de conformidad con las siguientes consideraciones. La Vista Fiscal recuerda que la casación como medio de impugnación extraordinario, pretende hacer efectivo el derecho material y las garantías de todas las personas que intervienen en el proceso penal, restablecer el orden jurídico quebrantado, reparar los agravios inferidos a cualquiera de las partes con la sentencia demandada y unificar la jurisprudencia nacional. En ese sentido considera que una sentencia expedida con desconocimiento de la Constitución y la Ley, potencialmente lesiva de derechos fundamentales, no puede permanecer inmutable y en consecuencia es necesario corregirla con el fin de materializar la justicia, objeto del debido proceso y garantizar un orden justo, constituyendo el recurso de casación el medio idóneo para esos fines. Hace énfasis en que si en la hipótesis a que lude el actor -actuación penal en donde el sindicado ha sido absuelto en la primera y segunda instancia- el proceso llega a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia con ocasión del recurso de casación, es por que la validez jurídica del fallo proferido ha sido cuestionada por los demás sujetos procesales, esto es, por el Fiscal, el Ministerio Público, la víctima o los perjudicados con la conducta punible. Aduce que no es válida la afirmación del actor en el sentido de que se vulnere la Constitución por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia estudie la legalidad de un fallo de segunda instancia, que ha absuelto a un sindicado, toda vez que “si el máximo organismo de la jurisdicción ordinaria determina que el juez de instancia tomó una decisión desconociendo la Constitución y la Ley, es deber de ese tribunal casar la sentencia pronunciándose de fondo sobre el asunto que ocupa su atención”. En esa medida señala que no puede entenderse la defensa de los derechos del sindicado en desmedro de los valores y principios que inspiran el ordenamiento constitucional. Precisa en este sentido que el derecho al debido proceso del sindicado no puede entenderse como un derecho a que el Estado no cumpla su función. Al respecto cita un aparte de la sentencia C-150 de 1993. Así mismo, indica que el hecho de que una sentencia sea objeto del recurso extraordinario de casación, no implica que el sindicado quede durante el trámite de éste sin defensa alguna, pues el Código de Procedimiento Penal en el artículo 211 ordena que una vez interpuesta la casación debe darse traslado a los no demandantes por el término de quince (15) días para que presenten sus alegatos. Considera que la norma acusada no vulnera el derecho a la igualdad, toda vez que la restricción impuesta por la norma, en el sentido que quienes han sido condenados por la Corte Suprema de Justicia no pueden interponer recursos -dado que contra las providencias proferidas por ese tribunal no procede recurso alguno-, no es irrazonable, ni discriminatoria. Afirma que “por el contrario, el hecho de que sea ese máximo tribunal quien deba proferir el fallo se constituye en una garantía a favor del procesado”. Finalmente estima que: “…se vulneraría el derecho a la igualdad, si no se le permitiera al Ministerio Público, al Fiscal, a la víctima o a los perjudicados con el hecho punible interponer el recurso extraordinario de casación, con el fin de que se corrija una decisión emitida con desconocimiento de la Constitución y la Ley, en perjuicio de los derechos del Estado, de la sociedad, de la víctima y de los perjudicados, en detrimento de los derechos a la verdad, a la justicia y reparación…”. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues la norma acusada hace parte de una Ley de la República. 2. La materia sujeta a examen Para el actor el aparte acusado del primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, en cuanto permite que proceda la casación y se pueda llegar a proferir sentencia condenatoria en la hipótesis a que él alude, -a saber, cuando se ha absuelto al sindicado en primera y segunda instancia-, vulnera i) el artículo 29 superior porque se desconocería el derecho en él establecido a impugnar la sentencia condenatoria dado que contra la decisión que adopte la Corte Suprema de Justicia no procede ningún recurso; ii) el artículo 31 superior por cuanto en su criterio éste debe interpretarse en el sentido de no permitir al legislador descartar la impugnación de la sentencia condenatoria proferida por la Corte Suprema de Justicia en las circunstancias anotadas; iii) el principio de igualdad por cuanto frente al derecho a impugnar la sentencia condenatoria se establecería una diferencia de trato entre las personas a quienes se les haya condenado en alguna de las instancias y aquel a quien se le absolvió en primera y segunda instancia y iv) consecuentemente se vulneraría el Preámbulo y los artículos 2, 85 y 93 superiores que presuponen el respeto de los derechos a la justicia al debido proceso y a la igualdad que el actor considera violados. Por lo anterior y dado que en su criterio vulneraría igualmente el debido proceso obligar a la Corte Suprema de Justicia en las circunstancias anotadas a confirmar la sentencia absolutoria o que se abstenga de fallar, solicita a la Corporación que declare la exequibilidad condicionada de las expresiones acusadas en el entendido que la casación no procede en la hipótesis que él invoca, a saber, los procesos penales no viciados de nulidad en los que se ha proferido sentencia absolutoria en primera y segunda instancia. Todos los intervinientes coinciden en solicitar la declaratoria de exequibilidad de las disposiciones acusadas y hacen énfasis en que i) el actor estructura su demanda sin tomar en cuenta la finalidad y naturaleza específicas de la casación que no constituye una tercera instancia sino un juicio técnico jurídico de puro derecho sobre la sentencia de segunda instancia; ii) la pretensión del actor de condicionar la exequibilidad de las disposiciones acusadas atentaría contra el derecho a la igualdad que el mismo actor invoca en su demanda, al tiempo que significaría el desconocimiento del derecho al acceso a la justicia de los demás intervinientes en el proceso penal; iii) bien mediante la acción de revisión, bien mediante la acción de tutela, como lo precisan varios intervinientes, el sistema jurídico establece mecanismos excepcionales de impugnación de la sentencia que se adopte por la Corte Suprema de Justicia en las circunstancias a que alude el actor, por lo que la acusación que éste formula carece totalmente de fundamento. El señor Procurador General de la Nación coincide con los intervinientes en que la acusación del actor desconoce el alcance y la naturaleza de la Casación que constituye un juicio a la sentencia y no una nueva instancia al tiempo que hace énfasis en que por ser la Corte Suprema de Justicia el máximo Tribunal de la jurisdicción ordinaria no cabe invocar la impugnación de su decisión. La vista fiscal destaca igualmente que la exequibilidad condicionada solicitada por el actor desconocería los derechos de los demás intervinientes en el proceso penal. Señala de otra parte que el término de comparación planteado por el actor para sustentar la supuesta vulneración del principio de igualdad carece de sustento. Finalmente y dada la ausencia de fundamento de los cargos por el supuesto desconocimiento de los artículos 13, 29 y 31 constitucionales, descarta la vulneración de los demás textos superiores que el actor invoca en su demanda. Corresponde a la Corte en consecuencia examinar si las expresiones acusadas contenidas en el primer inciso del artículo 205 de la Ley 6000 de 2000 -en cuanto permiten que proceda la casación y se pueda llegar a proferir sentencia condenatoria en la hipótesis a que alude el actor-, vulneran o no los artículos 13, 29, y 31 superiores y si consecuentemente se desconoce o no el Preámbulo y los artículos 2, 85 y 93 superiores. 3. Consideraciones preliminares Previamente la Corte considera necesario hacer algunas precisiones relativas a i) la finalidad de la casación -que no puede asimilarse a una tercera instancia- y el fundamento de la sentencia proferida por la Corte en esas circunstancias; ii) la interpretación y alcances dados por la jurisprudencia constitucional al derecho a impugnar la sentencia condenatoria contenido en el artículo 29 superior; iii) La vigencia, contenido y alcance del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 donde se contienen las expresiones acusadas y la necesaria unidad normativa de las mismas con el resto del primer inciso de dicho artículo, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda. 3.1 La finalidad de la casación penal y el fundamento de la sentencia proferida por la Corte Suprema de Justicia en la hipótesis en que casa la sentencia de segunda instancia La Corte ha explicado que la Casación, como medio de impugnación extraordinario, es una institución jurídica destinada a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en un proceso[2]. Su finalidad ha dicho la Corporación “es más de orden sistémico, para proteger la coherencia del ordenamiento y la aplicación del derecho objetivo”[3]. Dicho carácter extraordinario la diferencia por completo de la labor judicial de los juzgadores de instancia. En efecto, mientras el control jurídico que éstos realizan tiene por objeto en la jurisdicción ordinaria examinar la conducta de los particulares frente al derecho vigente, en la casación varía el objeto del control, pues el Tribunal o Corte de Casación realiza control jurídico sobre la sentencia que puso fin a la actuación de los juzgadores de instancia, para decidir luego si se ajusta o nó a lo ordenado por la ley, lo que significa que en la casación se efectúa un control de legalidad sobre los actos del juez para decidir si en ellos se produjo un error in iudicando o un error in procedendo de tal naturaleza que no exista solución distinta a infirmar, destruir, casar, la sentencia impugnada[4]. Al respecto la Corte ha explicado lo siguiente: “La sentencia, en cualquier proceso, es la decisión judicial más importante dictada por una autoridad del Estado, investida de jurisdicción, que no sólo debe cumplir los requisitos establecidos en la ley en cuanto a su forma y contenido, sino que constituye un juicio lógico y axiológico destinado a resolver una situación controversial, en armonía con la Constitución y la ley. Dicha providencia no es, entonces, un simple acto formal sino el producto del análisis conceptual, probatorio, sustantivo y procesal, de unos hechos sobre los cuales versa el proceso, y de las normas constitucionales y legales aplicables al caso concreto. Tal acto, entonces, puede contener errores de juicio o de actividad, que los doctrinantes denominan errores in iudicando y errores in procedendo. Es decir, "que la voluntad concreta de la ley proclamada por el juez como existente en su sentencia, no coincida con la voluntad efectiva de la ley (sentencia injusta), porque, aún habiéndose desarrollado de un modo regular los actos exteriores que constituyen el proceso (inmune, así, de errores in procedendo), el juez haya incurrido en error durante el desarrollo de su actividad intelectual, de modo que el defecto inherente a una de las premisas lógicas haya repercutido necesariamente sobre la conclusión. En este caso, en el que la injusticia de la sentencia se deriva de un error ocurrido en el razonamiento que el juez lleva a cabo en la fase de decisión, los autores modernos hablan de un 'vicio de juicio' que la doctrina más antigua llamaba un 'error in iudicando'." [5] Los errores in iudicando son entonces errores de derecho que se producen por falta de aplicación o aplicación indebida de una norma sustancial o por interpretación errónea. Los errores in procedendo, por el contrario, nacen de la "inejecución de la ley procesal, en cuanto alguno de los sujetos del proceso no ejecuta lo que esta ley le impone (inejecución in omittendo), o ejecuta lo que esta ley prohibe (injecución in faciendo), o se comporta de un modo diverso del que la ley prescribe: esta inejecución de la ley procesal, constituye en el proceso una irregularidad, que los autores modernos llaman un vicio de actividad o un defecto de construcción y que la doctrina del derecho común llama un error in procedendo."[6]”[7] En este sentido la jurisprudencia ha hecho énfasis en que mediante la Casación no se vuelve a juzgar al procesado cuya situación jurídica ya fue definida por los jueces de instancia, sino la legalidad del fallo, es decir si la decisión fue dictada con la estricta observancia del ordenamiento legal y constitucional[8]. En materia penal concretamente en Casación no se discute la responsabilidad penal de la persona, sino el cumplimiento por el juez de la ley al emitir el fallo[9]. A partir de las anteriores consideraciones la jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como la de la Corte Suprema de Justicia han señalado enfáticamente que la casación no puede en manera alguna considerarse una tercera instancia[10]. Ahora bien, cabe precisar que la radical diferencia entre la casación y la instancia, se pone de manifiesto si se observa que la decisión del Tribunal o Corte de Casación se contrae a casar o no casar la sentencia objeto de la misma. De tal suerte que, si se destruye el fallo de segundo grado por la prosperidad de la casación, se dice entonces que se realizó un iudicium rescindens, respecto de la sentencia impugnada y en ese momento, en principio, finaliza la labor del juez de la casación. Pero, como la sentencia de segunda instancia fue destruida, se hace indispensable ahora su reemplazo, pues sólo queda entonces en vigor la de primera instancia. Para dictar la sentencia sustitutiva de la que fue casada, es decir para volver a examinar la conducta que fue objeto de juzgamiento en la primera instancia, se realiza entonces un iudicium rescisorium, propio del juez ad quem. Esa función, en algunos países, como en Francia o en Italia, se cumple por un Tribunal de igual jerarquía al que profirió la sentencia de segundo grado que se destruyó en casación, tribunal éste al que se envía el proceso por la Corte de Casación para que profiera ese fallo, lo que se conoce como el reenvío del proceso, para que se dicte una nueva sentencia de segunda instancia. En Colombia, finalizada la casación con el iudicium rescindens, la Corte Suprema de Justicia en la respectiva Sala de Casación, asume entonces una función adicional, la de proferir el iudicium rescisorium, es decir, la de dictar la sentencia de reemplazo o sustitutiva de la que fue destruida por la prosperidad de la casación[11]. Cabe recordar que al respecto el artículo 217 de la Ley 600 de 2000 establece que cuando la Corte Suprema de Justicia aceptare como demostrada alguna de las causales[12] propuestas procederá así: i) Si la causal aceptada fuere la primera –a saber cuando la sentencia sea violatoria de una norma de derecho sustancial-; la segunda –a saber cuando la sentencia no esté en consonancia con los cargos formulados en la resolución de acusación; o la de nulidad cuando ésta afecte exclusivamente la sentencia demandada, casará el fallo y dictará el que deba reemplazarlo ii) Si la causal aceptada fuere la tercera, -a saber, cuando la sentencia se haya dictado en un juicio viciado de nulidad-, declarará en qué estado queda el proceso y dispondrá que se envíe al funcionario competente para que proceda de acuerdo a lo resuelto por la Corte. De todo lo anterior se desprende que la labor del juez de casación está dirigida entonces a la salvaguarda del ordenamiento jurídico, a hacer efectivo el derecho material y las garantías fundamentales de las personas que intervienen en el proceso, en función no de la labor de juez de instancia sino de responsable de asegurar la legalidad de la sentencia que ha de proferirse. 3.2 La interpretación dada por la jurisprudencia constitucional al derecho a impugnar la sentencia condenatoria contenido en el artículo 29 superior 3.2.1 De manera reiterada la Corte ha explicado que el debido proceso se aplica a toda clase de actuaciones judiciales o administrativas, al tiempo que sus principios fundamentales, a saber que i) Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa; ii) Ese juzgamiento sólo lo puede realizar el juez o el tribunal competente; iii) El juez o el tribunal competente debe realizar el juzgamiento con la observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio; iv) Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso, constituye una de las garantías esenciales en el Estado social de Derecho[13]. La Corte ha explicado, así mismo, que en materia penal existen garantías adicionales que la misma norma señala, lo cual se explica por tratarse de actuaciones que eventualmente pueden desembocar en la privación de la libertad. Por ello, además de los genéricos, los elementos del debido proceso penal a tener en cuenta son los siguientes: i) La ley permisiva o favorable, aún cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable; ii) Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable; iii) Todo sindicado tiene derecho a la defensa; iv) Todo sindicado tiene derecho a la defensa y asistencia de un abogado escogido por él, o designado de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; v) Todo sindicado tiene derecho a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; vi) Todo sindicado tiene derecho a presentar pruebas; vii) Todo sindicado tiene derecho a controvertir las pruebas que se alleguen en su contra; viii) Todo sindicado tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria; ix) Todo sindicado tiene derecho a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho. En el mismo orden de ideas cabe recordar que conforme a lo dispuesto por el artículo 31 de la Carta, en plena armonía con el artículo 29 de la misma y para hacer efectiva la garantía constitucional al debido proceso, “toda sentencia judicial podrá ser apelada o consultada, salvo las excepciones que consagre la ley". Lo que significa, entonces, que los procesos han de ser de dos instancias, a menos que la propia Constitución o la ley dispongan que la tramitación de algunos de ellos sea de única instancia, como ocurre por ejemplo en el juzgamiento de altos funcionarios del Estado por la Corte Suprema de Justicia o en aquellos casos en que, por razón de la cuantía así se disponga por el legislador. Por ello la Corte ha precisado, que el principio de doble instancia no reviste un carácter absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso pudiendo la ley consagrar excepciones al respecto. Ha dicho la Corte: “(E) principio de la doble instancia (CP art. 31) no reviste un carácter absoluto, pues no hace parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso, ya que la procedencia de la apelación puede ser determinada por el legislador de acuerdo con la naturaleza del proceso y la providencia, y la calidad o el monto del agravio referido a la respectiva parte[14]. En ese orden de ideas, la ley puede consagrar excepciones a la doble instancia, salvo cuando se trata de sentencias penales condenatorias o de fallos de tutela, los cuales siempre podrán ser impugnados, según los artículos 29 y 86 de la Carta.[15] Esto significa que en materia penal, la Constitución ordena que todos los procesos sean de doble instancia, con la única excepción de aquellos casos en donde la propia Carta establece fueros especiales, que implican un juicio penal de única instancia, como es el caso de los congresistas, que son investigados y juzgados en única instancias por la Corte Suprema de Justicia. En estos fueros especiales, la garantía del debido proceso es lograda por el hecho mismo de que esos funcionarios son investigados penalmente por la más alta corporación judicial de la justicia ordinaria[16]. Al respecto no sobra precisar igualmente que nuestra Constitución, en cuanto a la garantía a la doble instancia, en el proceso, guarda perfecta armonía con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, cuyo artículo 14, numeral 5º, dispone que toda persona a quien se hubiere proferido un fallo condenatorio tendrá derecho a que éste sea sometido a conocimiento de "un Tribunal Superior, conforme a lo prescrito por la ley", pues, de esa manera, se controla la legalidad de la actuación del juzgador de primer grado. De la misma manera, guarda también armonía la Constitución con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, cuyo artículo 8º, literal h), establece que el procesado tiene el derecho a "recurrir del fallo ante juez o tribunal superior", es decir, a que lo resuelto por el juez de conocimiento pueda ser objeto de un reexamen por otro juzgador que tenga la calidad de superior funcional del primero, para evitar la arbitrariedad e ilegalidad de la decisión. 3.2.2 Ahora bien, cabe destacar que dentro de los derechos que se establecen en el artículo 29 superior y que conforman el derecho al debido proceso, figura efectivamente como lo recuerda el actor el derecho a impugnar la sentencia condenatoria. Sobre dicho derecho la Corte ha aclarado que el artículo 29 de la Constitución utiliza el verbo impugnar, que es genérico, y no se refiere a una forma de impugnar en particular. Como tampoco menciona recurso alguno. Al respecto la Corte en la Sentencia C-142 de 1993 donde examinó la constitucionalidad de diversas normas de procedimiento penal mediante las cuales se regulaba el juzgamiento en única instancia de determinados ciudadanos[17], y frente a las cuales se solicitaba la declaratoria de inexequibilidad “en cuanto la competencia en única instancia dada a la Sala penal de la Corte Suprema de Justicia desembocara en un fallo condenatorio, pues de producirse una sentencia absolutoria no habría problema en que el juzgamiento fuera en única instancia”[18], hizo las siguientes precisiones que resultan pertinentes para el caso que se analiza en el presente proceso. Dijo la Corte: “Como se ha visto, el artículo 29 de la Constitución establece que quien sea sindicado tiene, entre otros derechos, el de "impugnar la sentencia condenatoria". ( la negrilla no es del texto). Lo anterior nos lleva a definir qué se entiende por " impugnar la sentencia". Impugnar, según el Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española, es: "Combatir, contradecir, refutar. ll 2. Der. interponer un recurso contra una decisión judicial". Puede, en consecuencia, afirmarse que impugnar una sentencia es oponerse con razones a lo resuelto en ella, en general interponer un recurso. Si la sentencia es condenatoria, el condenado la impugnará para ser absuelto o, al menos, disminuír la pena. Desde ahora conviene no olvidar que el artículo 29 utiliza el verbo impugnar, que es genérico, y no se refiere a una forma de impugnar en particular. Como tampoco menciona recurso alguno. Hay que decir esto porque, como se verá, en el procedimiento penal colombiano existen diversos medios de impugnación de las sentencias”[19]. En dicha sentencia la Corte al hacer el inventario de los diferentes mecanismos de impugnación ordinarios y extraordinarios ofrecido por el ordenamiento jurídico colombiano respecto de las sentencias condenatorias en materia penal, hizo particular énfasis en el caso de la acción de revisión, cuyas características le permitieron afirmar que con dicha acción se cumple la exigencia de la Constitución relativa a la posibilidad de impugnar las sentencias condenatorias. Dijo al respecto la Corte: “Está, en primer lugar, la acción de revisión. Esta procede, al decir del artículo 232 del Código de Procedimiento Penal, contra las sentencias ejecutoriadas, en los siguientes casos: "1. Cuando se haya condenado o impuesto medida de seguridad a dos o más personas por un mismo delito que no hubiese podido ser cometido sino por una o por un número menor de las sentenciadas. "2. Cuando se hubiere dictado sentencia condenatoria o que imponga medida de seguridad, en proceso que no podía iniciarse o proseguirse por prescripción de la acción, por falta de querella o petición válidamente formulada, o por cualquier otra causal de extinción de la acción penal. "3. Cuando después de la sentencia condenatoria aparezcan hechos nuevos o surjan pruebas, no conocidas al tiempo de los debates, que establezcan la inocencia del condenado, o su inimputabilidad. "4. Cuando con posterioridad a la sentencia, se demuestre, mediante decisión en firme, que el fallo fue determinado por un hecho delictivo del juez o de un tercero. “5. Cuando se demuestre, en sentencia en firme, que el fallo objeto de pedimento de revisión se fundamentó en prueba falsa. "6. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para sustentar la sentencia condenatoria. "Lo dispuesto en los numerales 4 y 5 se aplicará también en los casos de cesación de procedimiento y preclusión de la investigación". (…) Como se ve, no hay sentencia ejecutoriada que no sea impugnable mediante la acción de revisión. Puede, en consecuencia, concluírse que con la acción de revisión se cumple la exigencia de la Constitución relativa a la posibilidad de impugnar las sentencias condenatorias. Según la legislación anterior, la acción de revisión era un verdadero recurso, pues se denominaba "recurso extraordinario de revisión". Y, no tenía, como no tiene hoy, límite de tiempo para su interposición. En alguna oportunidad, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, vigente el anterior Código de Procedimiento Penal, consideró que el recurso extraordinario de revisión, no era tal, sino una verdadera acción. Doctrina convertida hoy en legislación positiva. Pero, sea recurso o acción, para los efectos de este fallo lo mismo da, pues el resultado es igual, ya que indudablemente es un mecanismo de impugnación de la sentencia.”[20] A ello cabría agregar que como lo ha explicado esta Corporación si bien la acción de tutela no es en principio un mecanismo judicial idóneo para controvertir las providencias judiciales, en particular las que han hecho tránsito a cosa juzgada, sin embargo en los casos en que el juzgador incurre en una vía de hecho contraria al orden jurídico preestablecido y violatoria de las garantías constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia[21], se convierte en un mecanismo excepcional y extraordinario de impugnación de dichas decisiones[22]. En efecto, siguiendo los argumentos expuestos por la Corte en la Sentencia C-543 de 1992 y reiteradas en posteriores pronunciamientos, cuando las actuaciones de las autoridades judiciales -incluida la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia a que alude el actor-, se adelantan en abierto desconocimiento de la Constitución o las leyes, no pueden ser consideradas como compatibles con el debido proceso y, por tanto, garantizadoras de los derechos fundamentales de quienes se encuentran incursos en una situación jurídica concreta. En esos casos, se configura una “vía de hecho”, pues el proceder del operador jurídico “es más el resultado de una valoración subjetiva, caprichosa e infundada del asunto sometido a examen, que una consecuencia necesaria de la apreciación probatoria y de la aplicación concreta de la ley sustancial y procesal.”[23] En esas circunstancias, se justifica entonces la intervención del juez constitucional, en aras de lograr, a través de la tutela, la protección o el restablecimiento de los derechos afectados con la acción ilegítima de la autoridad[24]. Dicha posibilidad de impugnar mediante acción de tutela decisiones adoptadas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sede de casación ha llevado a la Corte en contadas y excepcionales ocasiones a conceder el amparo constitucional y a declarar la nulidad de las decisiones proferidas por dicha Sala en contravención de los principios constitucionales[25]. 3.3 Vigencia, contenido y alcance del artículo en que se contienen las expresiones acusadas Cabe precisar que durante el trámite del presente proceso fue expedida la Ley 906 de 2004 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, del 31 de agosto de 2004, publicada en el diario oficial Año CXL N°45.658 del primero de septiembre de 2004. El artículo 533 de dicha ley sobre “Derogatoria y vigencia” establece: “El presente código regirá para los delitos cometidos con posterioridad al 1° de enero del año 2005. Los casos de que trata el numeral 3 del artículo 235 de la Constitución Política[26] continuarán su trámite por la Ley 600 de 2000. Los artículos 531 y 532 del presente código[27], entrarán en vigencia a partir de su publicación”. Es decir que a pesar de la expedición de un nuevo Código de Procedimiento Penal, las normas contenidas en la Ley 600 de 2000 “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” para la fecha en que se profiere la presente sentencia no han perdido vigencia y procede por tanto que la Corte se pronuncie sobre los cargos formulados en el presente proceso en contra del artículo 205 de la Ley 600 de 2000. Ahora bien, el capítulo IX del Título V sobre “actuación procesal” de la Ley 600 de 2000 regula la Casación y concretamente su procedencia (art. 205), sus fines, (art. 206)[28], causales (art. 207)[29], cuantía (art. 208)[30], legitimación (art. 209)[31], oportunidad (art. 210)[32], traslado a los no demandantes (art. 211)[33], requisitos formales (art. 212)[34], calificación de la demanda (art. 213)[35], principio de no agravación (art. 215)[36], limitación de la casación a determinadas causales (art. 216)[37], decisión (art. 217)[38] y término para decidir (art. 218 )[39] En lo relativo a la procedencia de la casación el artículo 205 de la Ley 600 de 2000 -en cuyo primer inciso se contienen las expresiones acusadas por el actor- señala que la casación procede contra las sentencias[40] proferidas en segunda instancia por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y el Tribunal Penal Militar, en los procesos que se hubieren adelantado por los delitos que tengan señalada pena privativa de la libertad cuyo máximo exceda de ocho años, aún cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad. El segundo inciso de dicho artículo precisa que la casación se extiende a los delitos conexos, aunque la pena prevista para éstos sea inferior a la señalada en el inciso anterior. El tercer inciso dispone que de manera excepcional, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, discrecionalmente, puede admitir la demanda de casación contra sentencias de segunda instancia distintas a las mencionadas en los dos primeros incisos de dicho artículo, a la solicitud de cualquiera de los sujetos procesales, cuando lo considere necesario para el desarrollo de la jurisprudencia o la garantía de los derechos fundamentales, y siempre que reúnan los demás requisitos exigidos por la ley. 3.4 La necesaria unidad normativa de las expresiones acusadas con el resto del primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 Ahora bien, como en el presente caso el actor acusa solamente algunas expresiones contenidas en el primer inciso del artículo aludido caber recordar que conforme a reiterada jurisprudencia[41], la Corte de manera excepcional procede a integrar la unidad normativa entre las disposiciones acusadas y otros textos que no han sido demandados pero en relación con los cuales existe una unidad inescindible, cuando resulta materialmente imposible pronunciarse sobre la exequibilidad o inexequibilidad de las expresiones acusadas sin analizar globalmente los elementos esenciales del conjunto normativo del cual ellas forman parte[42]. En ese orden de ideas, para la Corte es claro que las expresiones acusadas por el actor contenidas en el primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000 que acaba de citarse, guardan una relación inescindible con el resto de dicho inciso al punto que, de declararse la inexequibilidad del referido segmento normativo la norma quedaría incompleta En efecto, de llegar a declararse inexequibles las expresiones acusadas[43] el texto restante, a saber “aún cuando la sanción impuesta haya sido una medida de seguridad”, carecería de sentido por lo que es claro que en el presente caso procede que la Corte se pronuncie sobre el conjunto del primer inciso del artículo 206 de la Ley 600 de 2000. 4. Análisis de los cargos 4.1 El análisis de la acusación por la supuesta vulneración de los artículos 29 y 31 superiores Para el actor el aparte acusado del primer inciso del artículo 205 de la Ley 600 de 2000, vulnera el artículo 29 superior porque -al permitirse que proceda la casación y se pueda llegar a proferir sentencia condenatoria cuando en las decisiones de primera y segunda instancia se haya absuelto al sindicado- se desconoce el derecho en é...