Sentencia C-988 de 2004

C-988-04 PROYECTO DE SENTENCIA Sentencia C-988/04 BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Normas que lo integran BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-No todos los tratados y convenios internacionales forman parte ACUERDO COMERCIAL-No es parámetro de constitucionalidad BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Norma andina relativa a derechos de autor y conexos BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Norma andina relativa a la propiedad industrial y el comercio de productos agroquímicos/DECISION ANDINA-No integra el bloque de constitucionalidad Para determinar la Decisión Andina 436 hace o no parte del bloque de constitucionalidad, la Corte debe analizar si dicha norma, a pesar de ser una regulación de integración económica, puede excepcionalmente ser considerada también una norma internacional que reconoce y desarrolla derechos humanos. Ahora bien, una simple lectura del articulado de esa Decisión Andina muestra que eso no es así, por cuanto esas normas no definen ni desarrollan derechos humanos sino que establecen un marco de integración andina y consagran reglas sobre propiedad industrial y regulación del comercio de ciertos productos, como son los agroquímicos. El argumento de la demanda, según el cual la Decisión Andina 436 hace parte del bloque de constitucionalidad, por cuanto establece regulaciones que protegen la salud y la vida, en la medida en que evitan riesgos sanitarios derivados del mal registro de agroquímicos o plaguicidas, no es de recibo. Y es que si se aceptara ese criterio, casi todos los tratados quedarían incorporados al bloque de constitucionalidad, pues todos ellos buscan favorecer, en una medida u otra, el bienestar de los pueblos, por lo que podría argumentarse que son normas de derechos humanos. Así, un tratado de cooperación turística quedaría integrado al bloque de constitucionalidad por cuanto favorece el derecho a la recreación. Pero de esa manera se pierde la especificidad de la noción de “tratados de derechos humanos”, que la Carta quiso privilegiar frente a los otros compromisos internacionales de Colombia puesto que la Constitución dio un trato especial a esos tratados. PRINCIPIO DE PRECAUCION-Consagración constitucional/PRINCIPIO DE PRECAUCION-Alcance En cierta medida, la Carta ha constitucionalizado el llamado “principio de precaución”, pues le impone a las autoridades el deber de evitar daños y riesgos a la vida, a la salud y al medio ambiente. Sin embargo, dicho principio, y en general los deberes de prevención que la Carta asigna a las autoridades en este campo, no significan que únicamente cuando se ha demostrado que un producto o un proceso no tiene ningún riesgo entonces puede ser usado, pues es imposible demostrar la ausencia de riesgo. El principio de precaución supone que existen evidencias científicas de que un fenómeno, un producto o un proceso presentan riesgos potenciales a la salud o al medio ambiente, pero esas evaluaciones científicas no son suficientes para establecer con precisión ese riesgo. Y es que si no hay evidencias básicas de un riesgo potencial, no puede arbitrariamente invocarse el principio de precaución para inhibir el desarrollo de ciertas prácticas comerciales o investigativas. Por el contrario, en los casos de que haya sido detectado un riesgo potencial, el principio de precaución obliga a las autoridades a evaluar si dicho riesgo es admisible o no, y con base en esa evaluación deben determinar el curso de acción. REGISTRO PARA COMERCIALIZACION DE AGROQUIMICOS GENERICOS Y PRINCIPIO DE PRECAUCION-Licencia o dictamen ambiental garantiza conocimiento necesario de condiciones del producto, detección de riesgos y prevención Todo indica que las normas acusadas simplemente establecen que si dos productos son similares, entonces el segundo puede registrarse con base en los estudios realizados para el registro del primero. Estas normas señalan que en ese caso pueden aprovecharse esos estudios previos, sin necesidad de presentar nuevos, lo cual parece razonable, siempre y cuando el producto genérico se encuentre dentro del rango de las especificaciones técnicas del producto anteriormente evaluado, puesto que el estudio anterior tuvo que demostrar que el producto no presentaba riesgos indebidos para la vida, la salud y el medio ambiente. De otro lado, conviene destacar que, de conformidad con la Ley 99 de 2003 y el decreto 662 de 2003, el registro de un plaguicida genérico requiere de una licencia o dictamen ambiental, por lo que es claro que se garantiza el conocimiento técnico necesario para saber las condiciones del producto y detectar los riesgos y prevenirlos. La Corte concluye que la información científica aportada en término al expediente no permite desvirtuar la presunción de constitucionalidad de la opción legislativa en este campo, en la medida en que la regulación adoptada por las normas acusadas aparece compatible con el principio de precaución. La Corte no descarta que evidencias ulteriores muestren que ese procedimiento no sea suficiente o que en casos concretos surjan evidencias sobre los límites de éste o de las licencias que con base en aquel se expidan, ello podrá hacer procedentes acciones judiciales o instancias y procedimientos administrativos en casos concretos. PRINCIPIO DE IGUALDAD Y LIBERTAD DE COMPETENCIA ECONOMICA-Regulación distinta para la obtención de registro de agroquímicos genéricos/PROPIEDAD INDUSTRIAL Y REGISTRO PARA COMERCIALIZACION DE AGROQUIMICOS GENERICOS-No vulneración porque la compañía que realizó originariamente el registro del ingrediente activo tuvo la oportunidad de disfrutar de la patente Los productos con ingrediente activo nuevo, en la medida en que se basan en técnicas que no son de dominio público, tienen que mostrar la seguridad de sus productos, y por ello es razonable que se les exijan los estudios respectivos. La contrapartida es precisamente que en esos casos, el registro de un ingrediente activo original permite obtener las patentes respectivas que precisamente están destinadas a recuperar los costos de las investigaciones adelantadas. Lo que no parece razonable es que una compañía, después de haber disfrutado de la patente, que precisamente le debió permitir recuperar los costos de sus estudios y obtener además ganancias por la explotación exclusiva en un cierto tiempo del ingrediente activo, quiera que, una vez expirada la patente e ingresado ese conocimiento al dominio público, de todos modos sus estudios sean sufragados por aquellos que desean producir agroquímicos genéricos. Conforme a lo anterior, no hay violación de la propiedad industrial pues la compañía que realizó originariamente el registro del ingrediente activo tuvo la oportunidad de disfrutar de la patente, ni existe vulneración de la igualdad o de la libertad económica, pues la regulación distinta para la obtención del registro de los agroquímicos genéricos tiene un fundamento objetivo y razonable. UNIDAD DE MATERIA-Conexidad entre las disposiciones acusadas y el tema general de la ley UNIDAD DE MATERIA-Vínculo entre título de la ley y contenido es claro INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ausencia de cargos Referencia: expediente D-4884 Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 822 de 2003, artículos 1, 3 parcial, 4 parcial y 6 parcial. Actor: Marcel Tangarife Torres Magistrado Ponente: Dr. HUMBERTO SIERRA PORTO Bogotá D. C., doce (12) de octubre de dos mil cuatro (2004). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES. En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Marcel Tangarife Torres demanda el artículo 1º y algunos apartes de los artículos 3º, 4º y 6º de la ley 822 de 2003, por estimar infringido el Preámbulo y los artículos 2º, 9º, 11, 13, 49, 150 numeral 16, 158, 189 numeral 2, 227 y 333 de la Constitución. A su vez, estima que las disposiciones acusadas también vulneran el bloque de constitucionalidad conforme al criterio fijado por esta Corporación en la sentencia C-1490 de 2000, y en especial desconocen los artículos 1º, 3º, 5º, 19 y 54 de la Decisión 436 de la Comisión de Plenipotenciarios de la Comunidad Andina y el inciso final del artículo 1º, 87 y 88 del Acuerdo de Cartagena, los cuales pretenden asegurar a juicio del actor, una adecuada protección de los derechos fundamentales a la vida y a la salud de las personas. El magistrado sustanciador en el momento, el Dr. Eduardo Montealegre Lynett, mediante auto del 9 de octubre de 2003, admitió la demanda respecto de la mayoría de los cargos presentados por el actor, pero la inadmitió respecto de aquel relacionado con la vulneración del principio de unidad de materia (CP art. 158), especialmente por considerar que éste no había sido bien sustentado y se daba una interpretación errada al principio señalado. Dentro del término procesal pertinente, el actor corrigió la demanda, y ésta fue finalmente admitida integralmente por auto del 30 de octubre de 2003. Ahora bien, teniendo en cuenta que los cargos del actor hacían referencia a la aplicación de normas andinas en materia de agroquímicos, el magistrado sustanciador, mediante auto del 20 de enero del 2004, aplicó el artículo 29 del Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, según el cual, “los jueces que conozcan de un proceso en que deba aplicarse alguna de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena” solicitarán la interpretación prejudicial al Tribunal. El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, aceptó la solicitud de esta Corporación en atención a las normas regionales, y remitió a la Corte la interpretación indicada. El ciudadano José Manuel Álvarez Zárate solicitó, en su calidad de ciudadano interviniente, que se declarara la nulidad del auto del 20 de enero de 2004, por considerar que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena debía haber proferido su interpretación con fundamento en todas las observaciones posibles a favor y en contra de las normas acusadas, y no solamente con fundamento en la demanda inicial dirigida a acusar los artículos 1º, 3º (parcial), 4º (parcial ) y 6º (parcial) de la ley 822 de 2003. Mediante auto del 15 de abril del 2004, el magistrado sustanciador ordenó dar cumplimiento a los numerales cuarto a séptimo del auto del 9 de octubre de 2003, conforme a lo dispuesto en el auto del 20 de octubre de mismo año, cuyo objetivo era dar traslado al Procurador y a las autoridades competentes, para participar en el proceso y decretar la fijación en lista para las intervenciones ciudadanas. Frente a esta decisión, el ciudadano José Manuel Álvarez Zárate, presentó recurso de súplica, - y en subsidio reposición en el evento en que se considerara como auto de trámite, el auto acusado-, por considerar que se debió esperar la resolución del incidente de nulidad presentado antes de tomar la decisión contenida en esa providencia. Al respecto, el magistrado sustanciador, mediante auto del 5 de mayo de los corrientes, decidió rechazar por improcedente el recurso de súplica presentado, teniendo en cuenta que de conformidad con el decreto 2067 de 1991, las decisiones por medio de las cuales se asume conocimiento de los procesos de constitucionalidad no tienen recurso alguno, salvo frente a las que rechazan la demanda. En esas condiciones, esta Corporación, mediante auto de Sala Plena del cuatro de mayo de 2004 decidió negativamente la petición de nulidad del interviniente, teniendo en cuenta el carácter excepcional de la nulidad en los procesos constitucionales, la eventualidad de la aplicación de las normas andinas y por tanto la falta de certeza sobre la consideración de la interpretación prejudicial, además del alcance restringido de esta última frente al derecho interno. Finalmente adelantó algunas consideraciones sobre la competencia del magistrado sustanciador para solicitar la interpretación prejudicial y la irrelevancia del carácter de prueba dado a la misma en relación con el debido proceso constitucional. De otro lado, el 24 de agosto de 2003, el ciudadano José Manuel Alvárez Zarate solicitó a la Corte que enviara nuevamente el expediente al Tribunal Andino para que fuera adicionada la interpretación prejudicial, petición que fue rechazada, por improcedente, por la Sala Plena de la Corte. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, en consecuencia, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. II. DEL TEXTO OBJETO DE REVISIÓN. A continuación se transcribe el texto del artículos 1 demandado y se subrayan los apartes acusados de los artículos 3º, 4º y 6º de la ley 822 de 2003, conforme a su publicación en el Diario Oficial Diario Oficial No. 45.244, de 10 de julio de 2003: “LEY 822 DE 2003 (Julio 10) Por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquímicos genéricos. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 1o. OBJETO DE LA LEY. Establecer los requisitos y procedimientos concordados para el registro, control y venta de agroquímicos genéricos en el territorio nacional, incluidos sus ingredientes activos grado técnico y sus formulaciones, para minimizar los riesgos de la salud humana y su impacto en el medio ambiente. (...) ARTÍCULO 3o. DEFINICIONES. Para los efectos de interpretar y aplicar la presente ley se entiende por: 1. Ingrediente activo Grado Técnico. Es aquel que contiene todos los elementos químicos y sus compuestos químicos naturales o manufacturados, incluidas las impurezas y compuestos relacionados que resultan inevitablemente del proceso de fabricación. 2. Estado de la Técnica. Este comprenderá todo aquello que haya sido accesible al público por una descripción escrita u oral, utilización comercialización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o en su caso, de la prioridad reconocida. Así como el estado al que ingresa la información que estuvo protegida por patente o cualquier otra forma de propiedad intelectual, una vez esta haya caducado. 3. Agroquímico Genérico. Es aquel producto o sustancia química utilizada en la agricultura, la ganadería o la actividad forestal que se encuentra en estado de la técnica y se considera de dominio público. 4. Plaguicida genérico de uso agrícola. Es todo compuesto de naturaleza química y/o biológica para el control de plagas agrícolas en general, que causan perjuicio o interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento, transporte o comercialización de alimentos y productos agrícolas que se encuentra en el estado de la técnica y que se considera de dominio público, están incluidas aquellas sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de plantas, exfoliantes, desencantes, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la cosecha para proteger el producto contra el deterioro durante el almacenamiento y transporte, cuya vigencia de patente protegida para síntesis o formulación o comercialización y uso exclusivo, haya expirado. Así mismo, el producto cuyo registro este bajo denominación comercial diferente a la del origen, pero que esta dentro de las especificaciones técnicas del mismo, para lo cual se adopta como criterio el rango de especificaciones técnicas FAO de productos para la protección de cultivos y que la concentración de ingrediente activo se encuentre dentro del rango de las especificaciones técnicas en la Norma Icontec NTC - 465 o la que la reemplace y que sean para el mismo uso. 5. Producto Formulado. Es la preparación agroquímica en la forma en que se envasa, contiene generalmente uno o más ingredientes activos más los aditivos y puede requerir la dilución antes de su uso. 6. Estudios de Toxicología. Para los efectos de la presente ley, entiéndase por estudios de toxicología los estudios que se realizan en un laboratorio debidamente certificado sobre un producto formulado o un ingrediente activo en una determinada concentración para determinar los niveles y efectos toxicológicos. 7. Concepto Toxicológico. Para todos los efectos de la presente ley, se entiende por este el concepto emitido por el Ministerio de Protección social o la entidad pública que haga sus veces para la función descrita, en el cual califica la toxicología de un producto, previa evaluación de esta y lo clasifica. 8. Agroquímico de Referencia. Es aquel producto formulado cuya eficacia, seguridad y calidad han sido comprobadas a través de estudios completos y le ha sido otorgado registro de venta. 9. Registro de Venta. Es la autorización administrativa que expide la autoridad nacional competente para la fabricación, importación o comercio de cualquier agroquímico. 10. Licencia Ambiental: se entiende por esta la definición contenida en el artículo 50 de la Ley 99 de 1993. 11. Esfuerzo Considerable. El esfuerzo se entiende como considerable cuando ha sido debidamente documentado y valorizado, y al ponderar el costo correspondiente a la atención del mercado colombiano, se encuentra que es sustancialmente alto. Adicionalmente, para que se considere la información como no divulgada, es indispensable que su propietario tome las medidas necesarias para que no sea fácilmente accesible por quienes se encuentran en las círculos que normalmente manejan la información respectiva, es decir, para preservarla por fuera del estado de la técnica. Cuando el propietario de una información permita su divulgación, la información no podrá ser considerada como no divulgada y cesará de ser protegida. ARTÍCULO 4o. DE LA AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE Y DEL CONCEPTO TOXICOLÓGICO. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, por medio de un sistema de ventanilla única, será responsable de llevar a cabo el registro y control de los agroquímicos de uso agrícola y de recibir, tramitar y coordinar con las autoridades competentes, las solicitudes de registro de los agroquímicos de uso agrícola, previstas en la Decisión Andina 436 de 1998, y en la Resolución 630 de 2002 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y demás normas sobre la materia. Para tal efecto, en el caso de las nuevas entidades químicas, es decir, de los agroquímicos de uso agrícola formulados con base en un ingrediente activo grado técnico sin registro anterior en el país, recibirá las solicitudes de registro y dará traslado al Ministerio de Protección Social y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para que adelanten dentro del ámbito de sus competencias, los trámites en el control de las actividades vinculadas con los agroquímicos de uso agrícola. Para el estudio de las solicitudes de los agroquímicos genéricos, de uso agrícola formulados con base en un ingrediente activo grado técnico con registro anterior en el país, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tendrá en cuenta para aquellos que lo requieran, el concepto toxicológico previo sobre los ingredientes activos y los aditivos emitido por el Ministerio de Protección Social, para expedir el registro toxicológico respectivo y deberá comprobar sobre bases objetivas que el producto genérico contiene las mismas características y uso, además que los aditivos son iguales o diferentes pero identificados químicamente. (...) ARTÍCULO 6o. DEL REGISTRO. El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA o la entidad que haga sus veces respecto al objeto de la presente ley, emitirá el registro nacional en los siguientes plazos: a) Para productos formulados con base en un ingrediente activo grado técnico sin registro anterior en el país, los términos serán los siguientes: La Autoridad Nacional Competente (ICA), en quince (15) días hábiles revisará y entregará los documentos a cada Ministerio y cada uno de ellos tendrá los siguientes términos: dentro de los 45 días hábiles a partir del día siguiente de recibir la documentación pertinente, hará la revisión especializada y dará respuesta a la ANC - ICA. Si hay requerimientos, el interesado tendrá 30 días hábiles para aportar la nueva información y los Ministerios dispondrán de 20 días hábiles contados a partir del pronunciamiento final para otorgar el Registro Nacional, otorgando este de acuerdo con el procedimiento y normatividad ambiental y de salud vigente. Para productos formulados con base en un ingrediente activo grado técnico con registro anterior en el país, la Autoridad Nacional Competente (ICA), en 15 días hábiles revisará y dará respuesta al interesado otorgando el registro. Si hay requerimientos, el interesado tendrá treinta (30) días hábiles para aportar la información y la entidad dispondrá de quince (15) días hábiles para el pronunciamiento final. PARÁGRAFO 1o. En cada uno de los casos anteriores, si el solicitante dentro del período señalado no entrega la información, se entenderá que la solicitud ha sido abandonada y se procederá a su archivo. PARÁGRAFO 2o. Cuando la solicitud de registro nacional tiene información insuficiencia y/o incompleta la autoridad nacional competente (ICA) no aceptará la solicitud y la devolverá al peticionario.” III. LA DEMANDA. El ciudadano Marcel Tangarife Torres, como se indicó previamente, demandó el artículo 1º y los artículos 3° (parcial), 4° (parcial) y 6° (parcial) de la Ley 822 de 2003, por estimar infringido el Preámbulo y los artículos 2, 9, 11, 13, 49, 150 numeral 16, 158, 189 numeral 2°, 227 y 333 de la Constitución. Igualmente consideró que las disposiciones acusadas también vulneran el bloque de constitucionalidad conforme al criterio fijado por esta Corporación en la sentencia C-1490 de 2000, especialmente por desconocer los artículos 1°, 3°, 5°, 19 y 54 de la Decisión 436 de la Comisión de Plenipotenciarios de la Comunidad Andina y el inciso final del artículo 1º, 87 y 88 del Acuerdo de Cartagena. Las razones del actor para solicitar la inconstitucionalidad de las normas acusadas son las siguientes: 1. Las disposiciones acusadas ponen en peligro el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas, porque permiten que los plaguicidas que tienen un ingrediente activo conocido, - simplemente por este hecho-, obtengan su registro de venta sin un estudio toxicológico propio. El demandante considera que las disposiciones acusadas ponen en peligro el derecho a la vida y el derecho a la salud de las personas, porque abren claramente la posibilidad de que los plaguicidas que tienen un ingrediente activo conocido, - simplemente por este hecho y haber obtenido registro anterior-, obtengan su registro de venta sin un estudio toxicológico propio, valiéndose de los estudios toxicológicos de los productos ya registrados, generándose un riesgo para la salud y la vida de las personas en la medida en que se autorizaría la entrada y utilización de plaguicidas con efectos toxicológicos no detectados. Al respecto, explica el ciudadano, que de acuerdo con la Decisión 436, un plaguicida químico de uso agrícola, específicamente el producto formulado, está compuesto por un ingrediente activo (e impurezas) y sus aditivos (e impurezas). En su opinión, a pesar de tener un mismo ingrediente activo, el producto puede variar en cuanto al contenido de impurezas entre uno y otro fabricante, en la medida en que el proceso industrial para su obtención no es puro, por lo que es pertinente, según su consideración, que en todos los casos, es decir en el de registro de productos nuevos y en el de plaguicidas genéricos, se presente el Estudio Toxicológico de Seguridad y Eficacia para determinar su amenaza, y se emita Estudio Toxicológico por parte del Ministerio de Protección Social. En ese sentido, considera que los artículos 1º y 4º de la Ley 822 de 2003 son contrarios a la Constitución, porque permiten utilizar para la expedición del registro de venta de los agroquímicos genéricos o copia, el concepto toxicológico expedido por el Ministerio de Protección Social respecto de ingredientes activos previamente registrados en el caso de agroquímicos nuevos, sin que se exija para las copias (genéricos) un concepto toxicológico propio. En opinión del actor, la importancia de que se dé un dictamen técnico toxicológico autónomo por parte del Ministerio de Protección Social para los agroquímicos descritos es que ese dictamen permite evaluar la relación riesgo-beneficio en la vida y salud de ese plaguicida, así éste sea genérico. Por consiguiente, si un producto formulado genérico o copia no está sometido al análisis previo de los Estudios de Seguridad y Eficacia que le corresponde hacer al Ministerio de Salud, y se permite, como lo hacen las normas acusadas, que expresamente el ICA expida el Registro Nacional o Registro de venta únicamente “teniendo en cuenta” el concepto toxicológico expedido por dicha autoridad de salud para un producto previamente evaluado, se está poniendo en peligro la vida y la salud de las personas, porque el agroquímico utilizado no ha sido sometido a la evaluación de salud correspondiente. En ese orden de ideas, estima que el sistema de registro de plaguicidas químicos de uso agrícola genérico, contenido en los artículos impugnados de la Ley 822 de 2003, resulta entonces contrario a los artículos 11 y 49 de la Carta, pues en la práctica se está exponiendo a la población colombiana a una sustancia química no controlada, cuyos efectos son insospechados a la salud y el medio ambiente. Según sus apalabras: “De acuerdo con lo anterior, el sistema de registro de plaguicidas genéricos contenido en los artículos 1°, 4° y 6° de la ley 822 de 2003, permite que ingresen al mercado productos formulados sin que se conozcan con claridad los riesgos derivados de su uso sobre la vida y la salud de las personas, ya que ni su toxicidad (duración de sus componentes en el aire, el agua, el suelo), y su residualidad (permanencia en los alimentos o cadenas alimenticias), pueden ser determinables, a partir del apoyo en el concepto toxicológico de otro producto formulado, y permitiendo que el producto copia contenga impurezas y aditivos (diferentes al producto innovador) sobre los cuales no se ha determinado su impacto y riesgo sobre la vida y la salud de las personas.” 2. Las normas acusadas violan las normas internacionales andinas, íntimamente ligadas con la protección del derecho a la vida y salud de las personas, lo que implica para el actor la vulneración del bloque de constitucionalidad, en especial de los artículos 1º del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 1, 3,5 y 54 de la Decisión 436 de la Comisión de Plenipotenciarios de la Comunidad Andina. El ciudadano considera que mediante la Decisión 436 de 1998, la Comunidad Andina adoptó supranacionalmente los requisitos y procedimientos para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola, dentro de su esquema de integración económica. Explica además que en virtud de lo dispuesto en el artículo 71 de la Decisión 436 y en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (Art. 1º), la Secretaría General de la Comunidad Andina expidió la Resolución 630 de 2002, por medio de la cual reglamentó la decisión y se estableció el Manual Técnico Andino para el registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso agrícola. En ese orden de ideas, estima el actor que de acuerdo con las características del ordenamiento jurídico andino, las cuáles se encuentran reconocidas por la Constitución Política y por la jurisprudencia de esta Corporación, -cita para el efecto las sentencias C-228 de 1995, C-231 de 1997, C-256 de 1998, C-154 de 1999 y C-227 de 1999-, por regla general “le está prohibido a las autoridades colombianas, incluido el Congreso, entrar a regular o reglamentar materas que estén reguladas o reglamentadas por decisiones o resoluciones de la Comunidad andina”. Como en este caso la reglamentación de la Decisión 436 se dio con la Resolución 630 de la Comunidad Andina, considera el actor que el Congreso no podía entrar a regular estos aspectos que ya habían sido regulados por esa legislación, so pena de contradecir las normas comunitarias. Por consiguiente, estima que se violaron los principios de supranacionalidad, prevalencia, aplicación directa, efectos inmediatos, carácter vinculante y “complemento indispensable” de la Decisión 436 y de la Resolución 630 de la Comunidad,. Sostiene que conforme a la Resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, se establecen dos procedimientos para permitir el registro de plaguicidas químicos de uso agrícola: i) un procedimiento para el registro de productos formulados con ingrediente activo sin registro nacional anterior (“producto nuevo”) y ii) otro para el registro de productos formulados con ingrediente activo con registro nacional anterior (producto genérico o copia). En el primero de los casos es en términos del actor, más exigente, en la medida en que exige la presentación ante la autoridad competente de un dossier con un informe de estudio[1] y en el segundo sólo se exige informe descriptivo, que es un documento de análisis de recopilación de la información científica de lo solicitado en el requisito correspondiente y que incluye la fuente de referencia o referencia bibliográfica. El aparte acusado del artículo 4º de la ley 822 de 2003 hace, a juicio del actor, caso omiso de lo previsto en la normatividad andina, por cuanto faculta al ICA a decidir las solicitudes de registro de “agroquímicos genéricos de uso agrícola formulados con base en un ingrediente activo grado técnico con registro anterior en el país”, con base únicamente en el dictamen técnico toxicológico o concepto toxicológico emitido por el Ministerio de Protección Social para un producto innovador, y faculta a dicho instituto para que, en estos eventos, expida el registro de venta, bien sea porque el propio ICA expide el concepto toxicológico respectivo, o bien porque se permite que use el concepto antedicho, sin que en la práctica haya un análisis previo de las autoridades de salud sobre el impacto de este producto sobre la vida y la salud de las personas, y sin que se verifique si las impurezas del ingrediente activo o de los aditivos son o no equivalentes con el producto inicial. Según su parecer: “Este esquema (el de la Comunidad Andina) es de la mayor importancia para permitir el análisis de constitucionalidad de las normas acusadas de la ley 822 en su aparte acusado, pues un producto formulado puede contener un ingrediente activo que se denomine de igual manera, pero su sus impurezas o compuesto relacionados no son equivalentes (es decir, iguales), este último producto puede tener un comportamiento muy diferente al primero, amenazando e inclusive vulnerando el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud de las personas, pues de lo que se trata es de productos con un alto nivel de riesgo y peligrosidad si no se tiene un conocimiento exacto de su contenido.” Esta violación de las normas andinas previamente enunciadas implica para el actor una vulneración del bloque de constitucionalidad, en especial de los artículos 1º del Acuerdo de Cartagena y de los artículos 1º, 3º, 5º y 54 de la Decisión 436 de la Comisión de Plenipotenciarios de la Comunidad Andina, porque son normas andinas que se refieren íntimamente a materias relacionadas con los derechos fundamentales a la vida, integridad física y salud de las personas, que pretenden lograr un mayor grado de seguridad alimentaria y minimizar los riesgos para la salud humana de los plaguicidas. Para fundamentar esta consideración, el actor sostiene que las normas andinas enunciadas son parte del bloque de constitucionalidad, en la medida en que responden a los criterios fijados en la sentencia C-1490 de 2000, - sobre derechos morales de autor en el área andina-, que manifestó que las normas provenientes de tratados de integración económica relativas a la protección de derechos fundamentales, forman parte del bloque de constitucionalidad. Así, si bien la Decisión 436 regula materias comerciales relacionadas con el uso y control de plaguicidas químicos de aplicación agrícola, “es evidente que la Comisión de Plenipotenciarios de la Comunidad Andina, pretendió adoptar un conjunto de normas encaminadas a permitir dicho comercio pero bajo un estricto concepto de protección de los derechos fundamentales a la vida y por conexidad, a la salud de las personas”. En ese orden de ideas, opina que se produce la incorporación de la Decisión 436 al bloque de constitucionalidad, dado que conforme a la sentencia C-1490 de 2002, su materia a la luz del artículo 93 de la C.P., “así lo impone”. Concluye entonces el demandante sobre este punto: “La vulneración al bloque de constitucionalidad conformado por las precitadas normas andinas, ocurre cuando el Legislador, a través del artículo 1 de la Ley 822 de 2003, en concordancia con los artículos 4 y 6 de la misma ley, pretende establecer un sistema de registro para plaguicidas químicos de uso agrícola, sin que para la obtención del Registro nacional o Registro de Venta, los plaguicidas genéricos o copia deban cumplir con los requisitos previstos en las normas andina, y lo que es más grave, permitiendo que dicho registro sea obtenido por productos formulados que no han sido objeto de análisis toxicológico por parte del Ministerio de la Protección Social, al facilitar que el ICA “tenga en cuenta” el concepto toxicológico otorgado al producto formulado innovador, pero sin que se analice efectivamente el riesgo sobre la vida y la salud de las personas derivado de las impurezas, los inertes y los aditivos del producto genérico o copia. Es evidente que el sistema de registro de plaguicidas en los artículos 10, 4 y 6 de la ley 822 de 2003, contradice sustancialmente el sistema de riesgo y control contenido en la decisión 436, pues según el artículo 3 de dicha decisión, el referido sistema de registro se aplica a todos los plaguicidas químicos de uso agrícola, originados o no de la subregión. Los requisitos que deben cumplir los plaguicidas químicos genéricos o copia, están contemplados en los pies de página 1 y 4 de la sección 2 de la resolución 630 de la Secretaría General de la Comunidad Andina, y son mucho más exigentes que los previstos en las normas acusadas, precisamente con el ánimo de disminuir los riesgos del uso de esta clase de productos sobre la vida y la salud de las personas.” 3. Las normas acusadas violan el principio de igualdad y el derecho colectivo a la libre competencia económica. El actor considera que las disposiciones acusadas, violan el principio de igualdad y el derecho colectivo a la libre competencia económica, en la medida en que estima que para que ésta exista es necesario que los competidores gocen de igualdad de oportunidades e igualdad de tratamiento por parte de las autoridades, salvo que exista un fin constitucionalmente lícito que amerite un trato diferente. Según su parecer: “ (S)i el estado favorece a un competidor por encima de otros competidores directos, por ejemplo a través de la expedición y aplicación de leyes, se vulneran los valores que soportan la libre competencia económica y se termina propiciando oligopolios o monopolios, bien por el desestímulo que se crea en la participación de nuevos competidores en un mercado en donde existen tales condiciones desventajosas, bien porque las ventajas que el Estado mismo crea para los competidores ya existentes, se encargan de aniquilar pretensiones de supervivencia de las empresas no favorecidas por tal política”. Para el ciudadano, la determinación de una ventaja a favor de un grupo resulta más preocupante cuando el Legislador, a sabiendas de la existencia de un régimen supranacional de registro contenido en la Decisión 436 y en la Resolución 630 de la Comunidad Andina, pretende incorporar al ordenamiento jurídico interno normas que “favorecen al sector de la industria de plaguicidas químicos de uso agrícola copias o genéricos, en detrimento de los derechos de la industria de investigación y desarrollo, a pesar de que ambos son directos competidores en el mercado”. En su opinión, la discriminación entre el trámite de uno y otro registro (nuevo y genérico) es una diferenciación sin fundamento jurídico, que permite que una empresa distribuidora de productos genéricos obtenga ventajas frente a empresas de investigación y desarrollo, en la medida en que se permite que el solicitante del registro de un plaguicida de uso agrícola formulado con base en un ingrediente activo grado técnico de registro anterior en el país, “se apoye de manera gratuita en la información aportada por el solicitante del correspondiente producto innovador” (en los Estudio de Seguridad y eficacia presentado por el producto nuevo), “que se traduce en inversiones insignificantes por parte de estos últimos, comparadas con aquellas que deben realizar las empresas que solicitan por primera vez el registro de un plaguicida químico de uso agrícola formulado con base en un ingrediente activo técnico innovador”. En opinión del actor, los estudios de Seguridad y Eficacia implican muchos años de estudio e investigación y una inversión económica muy elevada. Considera en consecuencia que el legislador, so pretexto de disminuir el costo de los insumos agrícolas en Colombia, permite que el segundo solicitante de manera gratuita se apoye en los estudios de Seguridad y Eficacia del primer solicitante, a pesar de que a éste último le significó un esfuerzo considerable obtenerlos, desde el punto de vista de inversión humana y de recursos. Esta situación a su juicio, implica claramente una violación del derecho a la igualdad, que obliga al Legislador a dar un trato igual para los iguales, más aún cuando está de por medio la libre competencia de los competidores directos, sobre todo si se tiene en cuenta que la Decisión 436 y la Resolución 630 de la Comunicad Andina, preservan dicha igualdad de trato de los solicitantes de registro de plaguicidas innovadores y copias. En efecto, señala que la decisión 436 y la Resolución 630 prevén que para que el segundo solicitante se pueda apoyar válidamente en los Estudios de Seguridad y Eficacia del primer solicitante, el segundo debe contar con la autorización previa y escrita del titular de dichos estudios, para poder utilizarlos en la obtención del Registro Nacional o registro de venta. 4. Las normas acusadas violan el principio de unidad de materia y el principio de identidad consagrados en el artículo 158 C.P. porque existe una clara contradicción entre la exposición de motivos que avala el supuesto cumplimiento de la Decisión 436 y de la Resolución 630 de la Comunidad Andina, y el articulado de la ley 822 acusado, que es violatorio de tales disposiciones. Por último, alega el ciudadano que se ha violado el principio de unidad de materia y el principio de identidad consagrados en el artículo 158 de la Carta, en la medida en mediante los apartes acusados de los artículos 1º, 3º, 4º y 6 de la Ley 822 de 2003, el Congreso de la República introdujo modificaciones sustanciales a la Decisión 436 y a la Resolución 630 de la Comunidad Andina en lo que tiene que ver con el cumplimiento de requisitos de registro para productos sin ingrediente activo con registro nacional y para productos con ingrediente activo ya registrado a nivel nacional, a pesar de que en la exposición de motivos de las diferentes ponencias, especialmente en la ponencia de segundo debate en Cámara de representantes se hizo un extenso y profundo análisis del Régimen Jurídico Andino, su intangibilidad y deber obligatorio de cumplimiento. Esa situación a juicio del actor, deja en evidencia una manifiesta contradicción entre la exposición de motivos del proyecto de ley en sus diferentes etapas y el contenido del articulado adoptado en la ley 822 de 2003, especialmente con respecto de las normas acusadas. Esta contradicción entre la exposición de motivos y el articulado de la ley vulnera, a juicio del actor, la Carta, como lo ha indicado, en su opinión, esta Corte. Además, según su criterio, existe también una contradicción entre el título de la ley y el contenido de las normas acusadas, que confirma que éstas carecen de unidad de materia con el tema de la ley, puesto que el título hace referencia a los agroquímicos genéricos pero las normas acusadas regulan también el registro de los agroquímicos nuevos. 5. Solicitud. Por las razones anteriores, el actor solicita que se declare la inconstitucionalidad de las normas enunciadas, y en su defecto, que se declare la constitucionalidad condicionada del artículo 4º de la ley 822 de 2003, aclarando que el ICA no puede pronunciarse bajo ninguna circunstancia sobre aspectos toxicológicos, pues esa función es únicamente competencia del Ministerio de Protección Social; y que en el procedimiento de registro de plaguicidas químicos de uso agrícola genéricos se deben aplicar los criterios de equivalencia, para que sobre “bases objetivas” se pueda establecer que la solicitud de Registro Nacional o registro de venta de un producto plaguicida genérico corresponde al mismo producto formulado, como pueden ser los criterios de equivalencia de la FAO, que son universalmente aceptados por los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas. IV- INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. De conformidad con el auto del 28 de enero de 2004, esta Corporación solicitó como prueba en el presente proceso la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en lo concerniente a las normas andinas a las que se refiere la demanda, es decir el inciso final del artículo 1º del Acuerdo de Cartagena y los artículos 1º, 3º, 5º, 19 y 54 de la Decisión 436 de la Comisión de Plenipotenciarios de la Comunidad Andina. Lo anterior, en atención a lo señalado en el artículo 29 del Tratado del Tribunal que exige esta interpretación frente a procesos judiciales que involucren normas andinas en los Países Miembros. El Tribunal de Justicia, mediante escrito del 18 de marzo de 2004 (fl.461), encontró pertinente hacer la interpretación de las disposiciones andinas enunciadas, con base en el artículo 32 del Tratado de Creación del Tribunal, en correspondencia con lo dispuesto por los artículos 4, 121 y 2 de su Estatuto, codificado mediante Decisión 500 del Consejo Andino de Ministros de relaciones exteriores, publicada en la G.O.A.C. No 680 de 28 de junio de 2001. En sus observaciones preeliminares, el Tribunal aclaró que la interpretación que a él compete, no constituye prueba en contra o a favor de las partes, porque su única finalidad es que el juez consultante adopte en su sentencia esta interpretación, a fin de asegurar la aplicación correcta y uniforme del Derecho de la Comunidad Andina en el territorio de los Países Miembros y consolidar el principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario, al tenor de los previsto en los artículos 32 y 35 del Tratado y del Estatuto del Tribunal. Al respecto el Tribunal Andino citó algunos pronunciamientos previos de esa Corporación, en los que se recalca que la interpretación prejudicial “no es, ni puede equipararse a una prueba, sino que constituye una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia.”[2]. A su vez señaló que el pronunciamiento del Tribunal se limita a precisar el contenido y alcance de la norma comunitaria, no de la norma nacional, por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional consultante establecer si la norma comunitaria es aplicable a los agroquímicos de uso agrícola a que se refiere la norma nacional, y señaló, que conforme al artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, esta Corporación deberá adoptar la interpretación de la autoridad andina con respecto a las normas comunitarias. En lo concerniente a la interpretación consultada, señaló que el artículo 1º del Acuerdo de Integración consagra como objetivos, los siguientes: la promoción del desarrollo equilibrado y armónico de los países miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social; la aceleración del crecimiento de dichos Países y la generación de ocupación; la facilitación de la participación de los Países Miembros en el proceso de integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado común latinoamericano; la disminución de la vulnerabilidad externa y el mejoramiento de la posición de tales países en el contexto económico internacional; el fortalecimiento de la solidaridad subregional y la reducción de las diferencias de desarrollo entre los citados Países. Estos objetivos según el inciso final del artículo 1º del Acuerdo, tienen la finalidad de procurar un mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la Subregión. Al respecto, dijo el Tribunal Andino lo siguiente: “(E)l mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de los Países Miembro se constituye en un fin propio y en el interés fundamental de la Comunidad. Se trata de un bien jurídico digno de tutela que, puesto en relación con el objetivo del desarrollo, conduce a una concepción amplia de ese objetivo, basada en las necesidades fundamentales de los habitantes de la Subregión. (...) En lo concerniente al mejoramiento del nivel de vida, es decir, de las condiciones económicas, sociales y culturales de los habitantes de los Países Miembros, su procuración, en tanto que finalidad del desarrollo y de la integración, pasa por el aumento de los niveles de renta real per cápita y por la evolución de una serie de indicadores económicos, tales como los señalados en el artículo 2 del Acuerdo, es decir la expansión de las exportaciones globales de cada País Miembro, de la balanza comercial, del producto interno bruto, del empleo y del capital, pero también por la satisfacción progresiva de necesidades fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, el trabajo y la seguridad social. El Acuerdo enuncia, a título de mecanismos y medidas, las principales políticas, programas y acciones de integración y cooperación para la consecución de sus objetivos (art. 3). Uno de tales mecanismos es el Programa de Liberación, cuyo objeto es eliminar los gravámenes y las restricciones de todo orden que incidan sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro (artículo 72). Sin embargo, no se incluyen, entre las restricciones de todo orden, la adopción y el cumplimiento de medidas destinadas, entre otros fines, a la protección de la vida y salud de las personas, los animales y los vegetales (artículo 73, literal d). Otro de los mecanismos del Acuerdo consiste en los Programas de Desarrollo Agropecuario, cuyos objetivos son, entre otros, el mejoramiento del nivel de vida de la población rural y el incremento de la producción de los alimentos básicos y de los niveles de productividad (artículo 87, literales a y d). La consecución de tales objetivos se alcanzaría a través de medidas como la formación de un Sistema Andino y de Sistemas Nacionales de Seguridad Alimentaria, el diseño de programas conjuntos de desarrollo agropecuario y agroindustrial, la promoción del comercio agropecuario y agroindustrial de la Subregión, y el establecimiento de normas y programas comunes sobre sanidad vegetal y animal (art. 88 literales a,b,d y f). A la vista de los mecanismos que anteceden, y con fundamento en las necesidades de alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria en la Subregión y de minimizar los riesgos para la salud humana y el ambiente en la aplicación de insumos agrícolas como los plaguicidas, la Comisión de la Comunidad Andina aprobó la decisión 436, relativa al Registro y control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola , en vigencia desde la aprobación del Manual Técnico Andino (artículo 70) ocurrida a través de la Resolución 630 de la secretaría General de la Comunidad, publicada en la Gaceta Oficial No 810 del 26 de junio de 2002. Esta Decisión presupone, por tanto, el interés comunitario en el mejoramiento del nivel de vida de los habitantes de la Subregión, toda vez que procura la seguridad de los alimentos de origen agrícola que consumen estos, así como la tutela preventiva de su salud. Finalmente, cabe precisar que tanto el Acuerdo de Integración Subregional como la decisión 436 constituyen normas provistas de fuerza vinculante que, al tiempo de atribuir derechos, imponen obligaciones de hacer y de no hacer a los Países Miembros. En efecto, el artículo 4 del Tratado de creación del tribunal de Justicia de la Comunidad Andina declara que los países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran el ordenamiento jurídico de la comunidad, y se encuentran comprometidos a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” En lo concerniente a los objetivos y ámbito de aplicación de la Norma Andina para el Registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola, es decir de la Decisión 436, el Tribunal sostiene que conforme al artículo 2º de la Decisión enunciada, para interpretar sus disposiciones se deben utilizar las definiciones contenidas en el Anexo 1 de esa norma. En lo concerniente a los objetivos de la Decisión, a su juicio, son el establecimiento de requisitos y procedimientos armonizados para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agrícola; la orientación de su uso y manejo correctos para prevenir y minimizar los daños a la salud y al ambiente en las condiciones autorizadas; y la facilitación de su comercio en la subregión. Así procuran el comercio de productos agropecuarios de la Subregión, pero también la Seguridad de los alimentos de origen agrícola que consumen sus habitantes, así como la tutela preventiva a la salud. La Decisión se aplica, acorde con lo mencionado por el Tribunal, a todos los plaguicidas químicos de uso agrícola, originarios o no de la Subregión, incluyendo los ingredientes activos grado técnico y sus formulaciones, con excepción de los agentes biológicos utilizados para el control de plagas. En relación con el registro de Plaguicidas, señala el Tribunal Andino, el Anexo 1 de la Decisión 436 distingue entre el Registro Nacional de Plaguicidas y la Inscripción en el Registro Subregional. Según su parecer: “El proceso técnico-administrativo por el cual la Autoridad Nacional Competente aprueba la utilización y venta del plaguicida de uso agrícola a nivel nacional” y el segundo es el “acto administrativo mediante el cual la Secretaría general inscribe un plaguicida registrado en un país miembro de acuerdo con lo establecido en la decisión, luego de la homologación de dicho registro Nacional, por parte de Tres o más Países Miembros”. Con respecto a la Autoridad Nacional Competente y a los mecanismos de interacción para el cumplimiento de los requisitos y procedimientos de registro y control, señala el Tribunal, que acorde con la Decisión 436“se entiende por Autoridad Nacional competente, el organismo gubernamental encargado de expedir el Registro Nacional y coordinar o regular las acciones que se deriven de la presente Decisión”. En ese sentido, señala que la Decisión asigna a la Autoridad Nacional la tarea de coordinar, con los sectores salud y ambiente, el otorgamiento del permiso para importar y utilizar cantidades limitadas de plaguicidas químicos de uso agrícola que ingresen por primera vez, a objeto de realizar pruebas experimentales de eficacia (artículo 14). Las autoridades nacionales de los sectores de Agricultura, Salud y Ambiente, tienen potestad para realizar estudios sobre la base de programas de seguimiento y vigilancia posregistro y para adoptar las disposiciones pertinentes (artículo 24). Así, corresponde a cada país miembro, de acuerdo con su ordenamiento jurídico y sus procedimientos, definir las áreas de responsabilidad institucional para la evaluación de los aspectos agroquímicos, de salud y ambientales, inherentes al registro, aunque, a los efectos del análisis de riesgo-beneficio, la Autoridad Nacional Competente deberá basar su decisión en los dictámenes técnicos que emitan las instituciones señaladas o, de ser necesario, en la opinión de los especialistas que se convoquen como asesores (artículo 54). La Decisión también establece que los recursos previstos para el otorgamiento, suspensión o cancelación de un registro serán los previstos en la legislación nacional y que compete a cada País Miembro establecer el marco legal correspondiente para sancionar, a nivel nacional, los casos de infracción a la Decisión. Así, de este régimen general se desprende, en opinión del Tribunal Andino, que sobre la base del deber general de observancia del ordenamiento jurídico de la Comunidad por parte de los Países Miembros, la norma comunitaria atribuye a las autoridades nacionales, principalmente en el ámbito del registro nacional de los plaguicidas químicos de uso agrícola, una serie de competencias administrativas en el área de coordinación, registro, control y evaluación de los citados plaguicidas, y remite el establecimiento de las medidas de aplicación a la legislación nacional del respectivo país miembro. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta el criterio del “complemento indispensable” de las normas nacionales frente al régimen comunitario, el Tribunal Andino concluye que, con base en decisiones previas adoptadas por esa Corporación, “las legislaciones internas de cada país no podrán establecer exigencias, requisitos adicionales o dictar reglamentaciones que de una u otra manera entren en conflicto con el derecho comunitario andino o restrinjan aspectos esenciales regulados por él de manera que signifiquen, por ejemplo, una menor protección a los derechos consagrados por la norma comunitaria”[3]. En materia del registro nacional y de evaluación de los plaguicidas químicos de uso agrícola concretamente, el Tribunal afirma que la Decisión 436 “disciplina (...) el registro ante la Autoridad Nacional Competente de los fabricantes, formuladores, importadores, exportadores, envasadores y distribuidores de plaguicidas de uso agrícola /artículo 10), y o por la otra, el registro del producto, sin el cual, o sin la autorización de cuyo titular, no podrán realizarse las actividades de fabricación formulación, importación, exportación, envasado o distribución de aquel (artículo 16).” Ahora bien, explica el Tribunal, de ser positivo el pronunciamiento de los requisitos, la Autoridad enunciada llevará a cabo un proceso de evaluación del riesgo-beneficio del plaguicida (Art. 21). Para ello, basará su decisión en los dictámenes técnicos emitidos por las instituciones gubernamentales competentes en las materias agroquímicas, de salud y de ambiente, o, cuando sea necesario, en la opinión de especialistas (Art. 54). Si los resultados de la evaluación demuestran que los beneficios son superiores a los riesgos, la Autoridad otorgará el Certificado de Registro Nacional. (Art. 19). Sobre la diferencia entre productos basados en ingredientes activos ya registrados y nuevos productos, el Tribunal Andino concluye lo siguiente: “La decisión 436 prescribe la necesidad de registro de los plaguicidas químicos de uso agrícola y, en el caso de los ya registrados, la necesidad de su revaluación. El Manual Técnico Andino precisa los requisitos establecidos en el Anexo 2 de la Decisión 436, de forma que la Autoridad Nacional Competente pueda determinar los aplicables a los plaguicidas pendientes de registro o de revaluación. En el citado Manual se distingue entre los productos que poseen ingrediente activo con registro nacional y sin registro nacional. Sin embargo la diferenciación entre unos y otros se manifiesta y limita a algunos criterios de especificidad que la Autoridad Nacional Competente deberá aplicar a los plaguicidas a registrarse o revaluarse. En cuanto a los procedimientos de registro y revaluación, la norma disciplina el correspondiente registro nacional de los plaguicidas químicos de uso agrícola, pero no el de reevaluación de los plaguicidas ya registrados, el cual sin embargo, se haya supeditado a los requisitos y procesos de evaluación que con algunas variantes se encuentran fijados en el Manual Técnico Andino. Así, la norma comunitaria no disciplina ni autoriza el establecimiento de procedimientos diversos según que el ingrediente activo del plaguicida posea o no registro nacional. A la vez, la norma citada no impide que, si el ingrediente activo del plaguicida cuyo registro ha sido solicitado posee ya registro nacional, la Autoridad tome en consideración las especificidades del producto registrado en la valoración de los requisitos y del riesgo/beneficio del producto a registrar.” V. INTERVENCIONES. 1. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. La ciudadana Astrid Marcela Carrillo Niño, actuando en nombre y representación del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, señaló a manera introductoria, que una de las grandes dificultades de la operatividad del sistema andino reside en las diferencias estructurales que existen en materia legal y constitucional entre los países. En algunos caso, afirma, hay posiciones legislativas que no permiten el proceso de integración (Bolivia); otras, contrarias al principio de aplicación directa del derecho comunitario (Venezuela) y en otros casos, a pesar de los alcances constitucionales, no existen criterios jurisprudenciales que avalen esa integración (Perú). En el caso de Colombia, agrega, por el contrario se da una participación activa al empleo de los instrumentos jurídicos comunitarios, como nulidad e interpretación judicial, aunque no todos los tribunales de única o última instancia acatan esa obligación. Además, señala la interviniente, el derecho legislado no siempre fue proclive en aceptar la preeminencia del Derecho Comunitario en el Derecho Nacional. En ese orden de ideas, estima que acorde con los principios constitucionales y las garantías que se consagran a favor del medio ambiente en la Carta, “la normatividad que se promulgue en el país en relación con el registro y Control de Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola deben sujetarse a lo ordenado en la Decisión 436 y no lo contrario”. En todo caso señala que la Ley 99 de 1993 ha establecido en materia ambiental, el requerimiento de licencia para la producción de plaguicidas, y el Decreto 1180 de 2003, basado en la Decisión 436 establece el requerimiento del dictamen técnico. Luego de hacer una trascripción de las normas andinas concernientes al registro de plaguicidas y de las constitucionales relacionadas con el tema ambiental, la interviniente solicita que se declare la constitucionalidad de las normas acusadas, “siempre y cuando estén acorde con nuestra Carta, con las funciones que desarrolla este ente y la decisión 436 (...) y su aplicación esta (sic) condicionada al respeto de la normatividad ambiental”. 2. Ministerio de Agricultura y desarrollo Rural. El ciudadano Emilio García Rodríguez, actuando en...