Sentencia C-930 de 2009

C-930-09 Sentencia C-930/09 Sentencia C-930/09 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia frente a norma que regula supuestos de hecho que se mantienen aún vigentes Si bien el numeral 6º del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo regula, dentro de las obligaciones especiales del empleador, los eventos en que debe conceder licencias al trabajador, la Corte encuentra que algunos de los supuestos de hecho han sido objeto de reglamentación especial, mediante leyes posteriores, disponiendo efectos jurídicos distintos. Así por ejemplo mediante Ley 1280 de 2009, “por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto”, se consagró una regulación especial para el caso de “luto” del trabajador cuyo contrato se rige por dicho Código, excluyendo este supuesto de la causal genérica de “grave calamidad doméstica”, y disponiendo que en ese evento la licencia siempre será remunerada y tendrá una duración de cinco (5) días hábiles. Por su parte, en lo relativo a la licencia “para el ejercicio del sufragio”, el artículo 3° de la Ley 403 de 1997 “por la cual se establecen estímulos para los sufragantes”, hizo obligatorio para el empleador conceder al trabajador media jornada de descanso compensatorio remunerado, por el ejercicio del sufragio. En cuanto a la licencia “para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación” el inciso tercero del artículo 105 del Código Electoral dispone que “los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación, resaltando la Corte en la sentencia C-1005 de 2007 que declaró su exequibilidad, el entendido que los claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo tendrán derecho al beneficio de un día compensatorio de descanso remunerado, siempre y cuando no concurra con otra forma de compensación o beneficio, en los términos y con las condiciones indicadas en la parte motiva de la sentencia. En cuanto a las licencias para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, cuando se trate de servidores públicos cuya relación laboral se rija por el Código Sustantivo del Trabajo, es necesario tener en cuenta que el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, “por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”, adicionó el artículo 416A al Código Sustantivo del Trabajo y en desarrollo de esta disposición, el Decreto 2813 de 2000 en su artículo 1º señaló:“Artículo 1°.- Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las ramas del Estado, sus órganos autónomos y sus organismos de control, la organización electoral, las universidades públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión.” Como puede observarse, la norma acusada ha sido objeto de varias modificaciones por obra de leyes posteriores y especiales que regulan algunos de los supuestos de hecho a los que ella se refiere, pero algunos supuestos de hecho como licencias por calamidad doméstica distinta de luto, licencias para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación distintos de los arriba mencionados, licencias para desempeñar comisiones sindicales cuando no se trate de servidores públicos, y licencias para asistir al entierro de los compañeros, continúan siendo regulados por la disposición acusada, por lo que no procedería la inhibición de la Corte, en la medida que estos supuestos mantienen su vigencia. UNIDAD NORMATIVA-Concepto/PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA-Concepto UNIDAD NORMATIVA Y PROPOSICION JURIDICA INCOMPLETA-Diferencias La proposición jurídica incompleta se presenta en aquellas demandas que recaen sobre apartes de una disposición legal que carece de un sentido regulador propio y autónomo; es decir, cuando el demandante impugna un contenido normativo que no es por sí mismo inteligible y separable. En estos supuestos, el retiro del ordenamiento jurídico de tal aparte demandado produciría como efecto que la norma acusada perdiera sentido. En estos casos, al observar que la expresión demandada aisladamente considerada carece de un alcance regulador propio y autónomo que permita llevar a cabo un examen de constitucionalidad, la Corte puede proferir un fallo inhibitorio, o extender el examen al resto del entorno normativo que, con lo acusado, sí llega a alcanzar un sentido regulante inteligible e independiente. En cuanto a la unidad normativa, se constituye en el fenómeno en que la Corte, aplicando lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, puede integrar dicha unidad a fin de evitar un fallo inhibitorio, y se presenta en varias hipótesis: una primera se da cuando la norma acusada o su contenido normativo se encuentran reproducidos en otro u otros textos legales no demandados, de manera tal que la declaración de la Corte -especialmente la declaración de inconstitucionalidad- puede resultar inocua si no se refiere a todas las disposiciones con el mismo alcance regulador. No obstante, en un sentido lato o amplio del concepto, la Corte ha entendido que también se presenta la unidad normativa cuando no es posible pronunciarse respecto de una norma expresamente demandada, sin referirse también a la constitucionalidad de otras disposiciones con las cuales se encuentra íntimamente relacionada. Sin embargo, esta íntima relación entre las normas no es cualquier tipo de relación sino aquella que hace que sea “imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones”. NORMA ACUSADA-Integración de la proposición jurídica completa En el presente caso, la expresión aquí acusada, aisladamente considerada, indica: “Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador”, resultando claro para la Corte que para la cabal comprensión de esta prescripción legal exige leer el texto íntegro del numeral 6° acusado, ya que sin esta lectura integral, no es posible entender a qué licencias se refiere la expresión acusada, ni estudiar los cargos de la demanda, pues ellos tienen que ver con la particular situación en que se encuentra el trabajador en cada uno de los supuestos de hecho en que según la norma acusada el empleador debe concederle licencias, que no necesariamente serán remuneradas, y cuya extensión en ciertos casos puede ser fijada por él. SUBORDINACION EN LAS RELACIONES LABORALES-Concepto/SUBORDINACION DEL TRABAJADOR EN CONTRATO DE TRABAJO-Ejercicio de facultad subordinante del empleador sujeto a límites La subordinación implícita en las relaciones laborales es un elemento de la relación de trabajo, que consiste en la facultad general que las leyes sociales le confieren al empleador para dar órdenes y establecer reglamentos internos a los cuales debe someterse el trabajador, sobre lo que la Corte ha hecho ver que, dependiendo del tipo de labores que deba realizar el trabajador, y de las necesidades que tenga el empleador, éste ejerce en mayor o menor grado su facultad de subordinación, pero esta facultad subordinante no es nunca absoluta, pues encuentra diversos tipos de límites constitucionales. Así, en primer lugar están aquellos que se derivan de la noción de dignidad humana, por lo cual las órdenes del empleador no podrán implicar un trato cruel, inhumano o degradante, ni desconocer las necesidades materiales y morales implícitas en la noción de vida digna; también el núcleo esencial de los derechos fundamentales del trabajador constituye un límite a esta facultad del empleador, pues no serán admisibles aquellas órdenes cuyo cumplimiento ponga en grave riesgo derechos constitucionalmente reconocidos, como la vida o la salud de los empleados, comprometan su libertad hasta el punto de esclavizar al trabajador, o restrinjan irrazonablemente garantías laborales constitucionalmente protegidas, como los derechos de asociación sindical y de negociación colectiva; la subordinación también se ve limitada por lo pactado en el contrato individual de trabajo y en las demás estipulaciones convencionales, y por las normas y principios generales que rigen las relaciones laborales, al igual que por los límites que se derivan del deber constitucional de solidaridad y los tratados y convenios internacionales que sobre derechos humanos obliguen al país, en cuanto contengan límites expresos a la facultad subordinante de los empleadores. CONTRATO DE TRABAJO-Contrato sinalagmático CALAMIDAD DOMESTICA-Concepto/LICENCIA POR CALAMIDAD DOMESTICA-Duración sujeta a principio de razonabilidad LICENCIAS LABORALES-Concepto/LICENCIAS LABORALES-Clases/LICENCIAS LABORALES-Garantía derivada de los principios de solidaridad y dignidad, y del respecto a los derechos del trabajador/LICENCIAS LABORALES-No pueden ser descontadas del salario del trabajador ni obligadas a ser compensadas en tiempo/CONCESION DE LICENCIAS LABORALES-Obligación del empleador/CONCESION DE LICENCIAS LABORALES-Prohibición de descuento del salario y de la compensación Hoy en día, la norma acusada, el numeral 6o del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, consagra y regula la obligación del empleador de conceder al trabajador las licencias necesarias para atender a varias situaciones como: calamidad doméstica distinta de luto; desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación distintos de jurado de votación, clavero o escrutador; comisiones sindicales cuando no se trate de servidores públicos, y entierro de los compañeros, siendo esta obligación un desarrollo de los principios constitucionales de solidaridad y dignidad, así como de respeto a los derechos fundamentales del trabajador, y en todos estos supuestos existen razones de orden constitucional que justifican la limitación de la facultad de subordinación del empleador y lo compelen a reconocer la obligatoria licencia laboral. En estas situaciones en las cuales la suspensión del trabajo no obedece a causas imputables ni al empleado ni al empleador, sino a las prescripciones del legislador o a circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito, o a interpretaciones sobre el alcance del derecho fundamental de asociación sindical, hacer que la carga la asuma el trabajador ya sea económicamente mediante el descuento sobre su salario o en trabajo personal con afectación de su derecho al descanso no resulta conforme a la Constitución, ya que para el trabajador el salario y el descanso son derechos fundamentales irrenunciable, en tanto que hacer recaer esta responsabilidad en el empleador no representa una carga excesiva o desproporcionada que implique un rompimiento desmesurado del equilibrio contractual. CONCESION DE LICENCIAS LABORALES-Excepción a la prohibición de descuento y compensación No viola la constitución el que se permita al empleador descontar del salario del trabajador, u obligarlo a compensar en tiempo fuera de la jornada ordinaria, la licencia obligatoria que le ha concedido, pero sólo si dicha licencia obedece a razones imputables a la decisión libre y voluntaria del trabajador Referencia: expediente D-7754 Demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6° (parcial) del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. Actor: Helber Moreno Porras. Magistrado Ponente: Dr. JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., diez (10) de diciembre de dos mil nueve (2009). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Nilson Pinilla Pinilla, -quien la preside-, Maria Victoria Calle Correa, Juan Carlos Henao Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Mauricio González Cuervo, Jorge Iván Palacio Palacio, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, 1. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Helber Moreno Porras demandó el numeral 6° (parcial) del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo. 2. LA DEMANDA 2.1. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la disposición parcialmente demandada, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 27.622, del 7 de junio de 1951[1]. Dentro de él se subrayan y resaltan los apartes parcialmente acusados “Código Sustantivo del Trabajo (…) Artículo 57. Obligaciones especiales del empleador. Son obligaciones especiales del empleador: (…) 6. Conceder al trabajador las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio; para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, siempre que avise con la debida oportunidad al empleador o a su representante y que, en los dos (2) últimos casos, el número de los que se ausenten no sea tal que perjudique el funcionamiento de la empresa. En el reglamento de trabajo se señalarán las condiciones para las licencias antedichas. Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador.” 2.2. LA DEMANDA Afirma el demandante que el aparte subrayado del numeral 6° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo es inconstitucional, en cuanto “contraría directamente los artículos 1º, 2º, 5º, 13, 38, 42 y 53 de la Carta, pues atenta contra la dignidad del trabajador colombiano o residente en este país, al otorgar la facultad al empleador de descontar del salario u obligar a compensar al trabajador en tiempo, los permisos para: a) El ejercicio del sufragio; b) Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación; c) En caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada; d) Para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o e) Para asistir al entierro de sus compañeros.” Expone el actor que en estos eventos el trabajador no puede asistir al trabajo por motivos insuperables, pues debe cumplir con obligaciones de orden democrático, público, civil o familiar, o se encuentra en ejercicio de su derecho constitucional de asociación. Situaciones estas comunes a todos los trabajadores que cumplen sus funciones en el territorio colombiano. Prosigue el escrito refiriéndose a los elementos que integran “el concepto de trabajo y dignidad del empleado”, y al respecto sostiene que el trabajo (i) tiene como objeto satisfacer necesidades, (ii) es objeto de protección jurídica y (iii) el Estado y el empleador tienen el deber de preserverar la dignidad del trabajador. Se refiere entonces a la noción de subordinación, y explica que ésta se encuentra limitada por el concepto de dignidad del empleado; apoya su argumentación con la cita de la sentencia C-386 de 2000. Se refiere entonces la demanda a la institución de la calamidad doméstica, concepto que a su parecer cobija aquellas “tragedias familiares que requieren de la presencia del trabajador, tales como la muerte o enfermedad grave de un familiar, catástrofe natural como inundación o incendio de la vivienda”; o “el fallecimiento, accidente o enfermedad grave de su cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocida”, así como los daños que por siniestros sufran los bienes del empleado. Tras estas explicaciones generales, la demanda entra a explicar así el concepto de la violación: 2.2.1. Violación del artículo 1º de la Constitución: Para el demandante, este artículo superior, que consagra como principio fundamental del Estado “el respeto de la dignidad humana, el trabajo y la solidaridad”, se ve desconocido por la disposición acusada, pues los empleadores que hacen uso de la facultad otorgada por la norma para descontar o hacer trabajar en tiempo fuera del habitual a aquellos trabajadores que se encuentran en situación de calamidad doméstica, lesionan la dignidad del empleado y su patrimonio en forma injustificada. 2.2.2. Violación del artículo 2º de la Carta: Puesto que este artículo superior prescribe que las autoridades deben procurar que se cumplan “los deberes sociales del Estado y de los particulares”, considera el actor que tal postulado es vulnerado cuando, al amparo de la norma acusada, tratándose de trabajadores que laboran habitualmente los domingos, las empresas hacen compensar el tiempo utilizado por ellos para cumplir con el deber de participar en las jornadas electorales. Afirma que es injusta, inconstitucional y “desmotivante”, la situación en que un particular es “llamado a cumplir el deber civil de ejercer como Jurado de Votación, y es sometido a recuperar el tiempo en otros días de descanso”. 2.2.3. Violación de los artículos 5º y 42 de la Carta: En estos artículos constitucionales se establece que la familia es la base de la sociedad y se consagra el deber estatal de brindarle una protección integral. Como la ley laboral actual no define qué es la calamidad doméstica, no determina su alcance respecto al grado de consanguinidad y tampoco especifica cuántos son los días de licencia para un trabajador que se acoge a esta figura, dice el actor que es el empleador quien al final determina el número de días, y además puede decidir si las remunera o no; lo cual, a su juicio, atenta contra los derechos del trabajador a proteger a su familia en caso de amenaza contra la salud de sus miembros por enfermedad, accidentes, siniestros como incendios, etc. . 2.2.4. Violación del artículo 53 de la Constitución: Al parecer del demandante, la norma acusada es violatoria de los derechos de los trabajadores a que se refiere esta norma superior, porque “permite, sin ningún formalismo de solemnidad, más que el reglamento impuesto por el mismo empleador, transgredir derechos irrenunciables del trabajador”. 2.2.5. Violación del artículo 13 de la Constitución: Dice aquí la demanda que las empresas deben estipular en su respectivo reglamento interno de trabajo, debidamente aprobado por el Ministerio de la Protección Social, las condiciones en las que se deben conceder las licencias por calamidad doméstica; lo cual, estima el actor, quiere decir que cada empresa puede tener un tratamiento diferente respecto al tema, atentando así contra el principio de igualdad. Por otro lado, los empleados públicos tienen derecho a solicitar permisos remunerados de diversa duración, siempre y cuando exista una justa causa. Afirma que el período máximo de estos permisos es de tres (3) días para la Rama Ejecutiva, según lo establecen los Decretos Extraordinarios 2400 y 3074 de 1968. Con base en lo expuesto concluye que “es notoria la desigualdad de tratamiento para con los empleados sujetos al Código Sustantivo de Trabajo, los cuales dependen de la opción del empleador de escoger entre descontar los días de permiso o compensarlos en tiempo”. 2.2.6. Violación de los artículos 25 y 38 de la Carta: La primera de estas disposiciones superiores indica que “toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”. La segunda prescribe que “se garantiza el derecho de libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en sociedad”. La demanda arguye que la norma acusada desconoce la primera de estas disposiciones, porque no contempla los necesarios permisos para asistir a citas médicas; al parecer del actor, el no otorgamiento de tales permisos atenta contra la salud, vida e integridad del trabajador. Y en cuanto al desconocimiento del artículo 38 por la norma demandada, explica que los permisos sindicales estipulados en la legislación laboral hacen posible que los trabajadores desarrollen el derecho de asociación; por lo tanto, sin estos permisos sería nulo el mencionado derecho, contrariándose así el artículo 38 de la Carta; ahora bien, “como es evidente, descontando del salario los días para ejercerlo u obligando al asociado a laborar en su tiempo de descanso”, se desconoce también dicha garantía de asociación. 3. INTERVENCIONES DENTRO DEL PROCESO 3.1. INTERVENCIÓN DE LA CENTRAL UNITARIA DE TRABAJADORES –CUT-. En representación de la Central Unitaria de Trabajadores, intervino en forma oportuna dentro del proceso su presidente, ciudadano Tarsicio Mora Godoy, quien solicitó a la Corte declarar la inexequibilidad del aparte normativo demandado, petición que apoyó en las siguientes razones: Sostiene el interviniente, que antes de emitir cualquier concepto sobre la constitucionalidad de la norma acusada, debe integrarse la unidad normativa entre ella y los artículos 51 y 53 del CST, puesto que el primero tipifica las suspensiones que pueden tener los contratos de trabajo, dentro de las cuales el numeral 4º se refiere a la licencia o permiso temporal concedido por el empleador y, el segundo establece las consecuencias de dicha suspensión, disponiendo en conjunto estas disposiciones “el mismo efecto económico, es decir, no pagar o descontar del salario el lapso que nos se labore, por la licencia o permiso temporal que conceda el empleador y su consecuencia al liquidar las vacaciones, cesantías y jubilaciones.” Aclarado lo anterior, la intervención sostiene que el artículo 57 impone una obligación especial al empleador, cuyo cumplimiento no es voluntario pues constituye el desarrollo de principios fundamentales del Estado Social de Derecho, contemplados en los artículos 1º y 2º de la Constitución. Por lo tanto, dicha norma debe estar en consonancia con la Carta Fundamental. Explica entonces que, en virtud de lo prescrito por el numeral 6º de dicho artículo, el empleador debe conceder al empleado las licencias necesarias para el ejercicio del sufragio, que es considerado por el artículo 258 superior como un derecho y un deber ciudadano. Agrega que la participación ciudadana a través del voto ha sido estimulada por el ordenamiento jurídico a través de distintos incentivos, como es el caso de la Ley 403 de 1997[2], reglamentada por del Decreto nacional 2559 de 1997, aclarada por la Ley 815 de 2003, y reglamentada a su vez por el Decreto nacional 2616 de 2003, que establecen para el trabajador el derecho a media jornada compensatoria por el ejercicio del sufragio, y por la misma razón derechos de preferencia para los votantes, para el ingreso a instituciones públicas o privadas de educación superior, adquisición de becas, asignación de predios rurales y subsidios de vivienda ofrecidos por el Estado, entre otros. Visto lo anterior, manifiesta que el numeral 6° del artículo 57 del Código sustantivo del Trabajo da la facultad al empleador “para descontar al trabajador o compensar el tiempo en horas distintas de su jornada ordinaria, -claro cuando no se pongan de acuerdo en tal evento-”, mientras que el artículo 3º de la Ley 403 de 1997, “le está dando el derecho a media jornada de descanso compensatorio y remunerado , -que no en un consenso con el empleador-; éste lo es sólo para escoger el día en que lo ha de disfrutar”. Observa entonces que, confrontadas las normas, es evidente una contradicción, puesto que si la Constitución autoriza participar en las actividades electorales, esto no puede “desestimularse con el descuento o compensación del tiempo en horas dedicadas a su descanso y familia”, de donde deduce que la norma acusada efectivamente resulta inconstitucional. En segundo lugar, considera que el desempeño de cargos oficiales transitorios es un deber del trabajador, el cual no puede incumplirse en cuanto es una obligación constitucional; y es tanto así, que de faltar a su deber, sin excusa alguna, “se hace acreedor de las multas establecidas para ello, Ley 163, artículo 5, parágrafo 1º, inciso 2º. Ejemplo de estas obligaciones son los cargos para jurado de votación establecidos en el artículo 105 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral), cuya aceptación es forzosa y por su ejercicio tienen derecho los trabajadores a un día de compensación de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a la votación[3]. Por lo tanto, si esta norma electoral otorga el beneficio de descanso remunerado “¿por qué el Código Sustantivo de Trabajo, artículo en estudio, lo separan de ese beneficio?, y tendría por el contrario el trabajador que acordar, no descontársele o trabajarlo en horario diferente a su jornada, y si no hay acuerdo podría el empleador hacerlo, optando por cualquiera de las dos consecuencias”. De esta manera, no sólo entraría en contradicción con el decreto mencionado, sino con la misma Carta Política que reconoce deberes ciudadanos y derechos fundamentales. En tercer lugar, refiriéndose a la licencia en caso de calamidad doméstica debidamente comprobada, dice la intervención que ya se trate de una calamidad familiar o de tipo patrimonial, se entiende que son circunstancias desafortunadas que provocan inestabilidad personal y familiar, y que, bajo el principio de solidaridad se impone dar apoyo y acompañamiento al empleado, o como lo ha expresado la jurisprudencia al decir que en estas circunstancias los trabajadores “tienen derecho a recibir un tratamiento más favorable y a no soportar una carga adicional a su dolor”.[4] Finalmente, en lo relativo al ejercicio de la representación sindical, afirma la intervención que se trata del desarrollo constitucional de la libertad sindical y del derecho de asociación, por lo que el descuento salarial o la exigencia de compensar el trabajo en jornadas distintas a las ordinarias violan los artículos 38 y 39 de la Constitución. En consecuencia, al trabajador que representa a la organización sindical se le deben reconocer las garantías constitucionales para que cumpla dicha gestión y no descontarle cada vez que acude en ejercicio de este derecho; por lo tanto, la parte acusada es una limitante, puesto que “esa acción “legal” que se le permite al patrono, contradice la prohibición del artículo 59 del mismo Código, “limitar o presionar en cualquier forma a los trabajadores en el ejercicio del Derecho de Asociación””. Con base en los anteriores argumentos, la Central Unitaria de Trabajadores solicita a la Corte Constitucional declarar inexequible la disposición acusada. 3.2. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. También en forma oportuna intervino dentro del proceso la ciudadana Jackeline de León Willis, en representación del Ministerio de la Protección Social, quien se opuso a las pretensiones de la demanda en la siguiente forma: Después de realizar un breve resumen de la demanda y precisar el problema jurídico en torno a la potestad otorgada del empleador para descontar o no del salario del trabajador el tiempo invertido en los permisos que le concede, o la facultad de exigir compensar dichos permisos en tiempo y en horas distintas a la jornada laboral, expone que “…el aparte acusado del artículo 57-6 del CST en manera alguna infringe las disposiciones constitucionales señaladas, pues, precisamente, el derecho a la igualdad previsto en el artículo 13 de la Carta, y que se indica por el actor infringido ”, debe entenderse por principio general, como aquel que establece que todos los hombres y mujeres son iguales ante la ley, sin privilegios ni prerrogativas privilegios”. De donde la intervención deduce que cuando no se atienden las obligaciones generadas de un contrato de trabajo, como la de cumplir la jornada laboral, “el empleador, en este caso se encuentra facultado para descontarle a su trabajador el tiempo no laborado o solicitarle que lo compense con tiempo igual de trabajo efectivo, en horas distintas a su jornada ordinaria. Esta prerrogativa legal del empleador es discrecional en tanto “podrá” o no hacer uso de ellas”. Indica que para hacer uso adecuado de esta facultad, debe estar normada en el reglamento interno de trabajo de la empresa, donde deben señalarse las condiciones para que se otorguen las licencias que menciona la disposición, ya que, al ser el contrato de trabajo de carácter consensual, las partes son las que determinan en qué condiciones se conceden estos permisos, estando sujetas a lo acordado, salvo norma en contrario. Concluye la intervención señalando que la norma acusada no contraría la Constitución, pues obedece a criterios que reconocen el respeto a la dignidad humana, al trabajo, etc., y no impide que los particulares cumplan con sus deberes ciudadanos cuando se les necesita. Además, “por más que resulten plenamente justificadas las licencias por los eventos señalados en los artículos 57-6 del CST, no resulta equitativo, y por el contrario si desproporcionado, que el empleador las asuma como obligaciones o cargas solamente soportables por él, sin la posibilidad de ninguna contraprestación al respecto, pues precisamente correría el riesgo de crear una situación de desigualdad que desdibuja el carácter bilateral del contrato de trabajo”. De los razonamientos anteriores concluye que la presente acción de inconstitucionalidad resulta improcedente, por lo que solicita se desestimen las pretensiones del demandante y se declare la exequibilidad del aparte acusado del artículo 57, num. 6º del CST. 4. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, estando dentro el término legalmente previsto, emitió el concepto de su competencia en el cual pidió a la Corte declarar exequible el artículo demandado, lo cual sustentó con los siguientes argumentos: Previamente, el Procurador General solicita que se proceda a adelantar una integración normativa del aparte demandado con la primera parte del mismo numeral, “toda vez que en ejercicio de una adecuada interpretación constitucional, no puede limitarse a tomar en consideración de manera aislada, un segmento normativo, cuando una adecuada comprensión de la evaluación conlleva a examinar no sólo la expresión demandada, sino la proposición jurídica completa”. Prosigue la vista fiscal realizando un análisis acerca del reglamento de trabajo al que se refiere el artículo 57 del CST, pues es allí donde se señalan las condiciones para otorgar las licencias y se faculta al empleador para que estos permisos se puedan descontar al trabajador o exigir su compensación con tiempo igual. De la misma forma, se refiere a los artículos 104 a 126 del mismo Código, pues son estos los que regulan lo relativo al reglamento de trabajo, definiéndolo como “el conjunto de normas que determinan las condiciones a que deben sujetarse el patrono y sus trabajadores en la prestación del servicio”. En síntesis, la vista fiscal considera que el reglamento interno de trabajo dejó de ser una expresión arbitraria e impositiva del empleador, para convertirse en un estatuto donde se consignan obligaciones recíprocas, cuyo contenido debe tener el visto bueno de la autoridad laboral competente. Cierra este análisis señalando que, con posterioridad a la Carta de 1991, la norma acusada ha sido objeto de evolución legislativa, ajustada a los tratados internacionales ratificados por Colombia en materia de derechos humanos. Expuesto lo anterior, prosigue el señor Procurador afirmando que “en relación con la facultad que se le otorga al empleador para descontar o compensar las licencias para: (i) el ejercicio del sufragio, (ii) el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, tal norma ha sido objeto de derogatoria (…)”. Respecto al ejercicio del sufragio, cita la Ley 403 de 1997 “por la cual se establecen estímulos para los sufragantes”, modificada posteriormente por la Ley 815 de 2003, recordando que allí se estipula que el voto es un derecho y un deber ciudadano y se otorga media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo utilizado por el trabajador para cumplir su función como elector. En cuanto a los cargos transitorios de forzosa aceptación, menciona que este tipo de funciones se ejerce durante los procesos electorales y las regula el artículo 105 del Decreto 2241 de 1986, “por el cual se adopta el Código Electoral” [5]. Por lo anterior, concluye en concepto indicando que “para el Ministerio público es claro que la facultad que se le otorga al empleador para descontar o compensar las licencias para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, ha sido derogada y no continúa produciendo efectos jurídicos”. En tal virtud, en lo relativo a las facultades del empleador para descontar o compensar las licencias para el ejercicio del sufragio o el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, la vista fiscal estima que la Corte debe inhibirse de estudiar la demanda, por carencia actual de objeto. En cuanto a la facultad de descontar o compensar las licencias otorgadas al trabajador en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada y en lo referente a los permisos o licencias sindicales y permisos para asistir al entierro de los compañeros, el Ministerio Público estima lo siguiente: En cuanto a lo primero, indica que la ley laboral no define la noción de calamidad doméstica[6], como tampoco establece el plazo de días que por esta razón se deben conceder; por lo que al empleador corresponde fijar la cantidad de días, de acuerdo a la situación particular, y valorar de manera justa si las remunera o no. Por regla general, el tiempo de la licencia ha de ser convenido por las partes, en lo posible de conformidad con lo estipulado por el reglamento interno. En el caso de la grave calamidad doméstica, resulta razonable que al no existir un límite impuesto por la ley para los días que se conceden al trabajador, estos deben ser definidos por acuerdo de voluntades entre las partes y compensados o descontados del sueldo del trabajador. En el caso de los permisos y las licencias sindicales, la vista fiscal cita lo dicho por esta Corporación en la sentencia T-988A de 2005, en donde se afirmó que “debe tenerse en cuenta que la concesión de los permisos sindicales lógicamente interfiere con el normal y habitual cumplimiento de los deberes del trabajador en la medida en que debe dedicar parte de su tiempo dentro de la jornada laboral para el desarrollo de las actividades sindicales; sin embargo, valga precisar, esta situación per se no justifica la limitación del goce de estos beneficios”. Para el ministerio Público resulta claro que así como ningún derecho es absoluto, ninguna potestad es absoluta, por lo que la facultad concedida al empleador se enmarca dentro de los límites esenciales que hagan posible el desarrollo de la actividad sindical, sin desconocer otras garantías. Por último, se refiere el señor Procurador a los permisos para asistir al entierro de los compañeros. En este caso, afirma que la Corte Constitucional en la sentencia T-550 de 1994 expresó que el principio de solidaridad se interpreta como un deber, impuesto a toda persona por el sólo hecho de pertenecer al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. Por lo expuesto, el señor Procurador solicita a la Corte Constitucional “Declararse INHIBIDA para pronunciarse de fondo en relación con la facultad que se le otorga al empleador para descontar o compensar las licencias para (i) el ejercicio del sufragio, (ii) el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación (…), por carencia actual de objeto”, y “Declarar la EXEQUIBILIDAD de la facultad que, salvo convención en contrario, establece el numeral 6º del artículo 57 del Código Sustantivo de Trabajo”, en cuanto concede al empleador la facultad para descontar o compensar en tiempo los permisos en caso de grave calamidad doméstica, comisiones sindicales y asistencia al entierro de los compañeros de trabajo. 5. CONSIDERACIONES DE LA CORTE Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 5.1. COMPETENCIA De conformidad con lo prescrito por el numeral 4° del artículo 241 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad de la norma demandada, por tratarse de una ley de la República[7]. 5.2. EL PROBLEMA JURÍDICO QUE PROPONE LA DEMANDA De la demanda, las intervenciones y el concepto del señor Procurador, se desprende que el problema jurídico que le corresponde resolver a la Corte es el concerniente a si el numeral 6° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, que dentro de las obligaciones del empleador incluye la de conceder licencias a sus empleados para el ejercicio del sufragio, para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada, para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización o para asistir al entierro de sus compañeros, resulta contrario a los principios constitucionales de dignidad y solidaridad, al derecho a la igualdad, a las normas de la Carta que obligan al Estado a proteger a la familia, al artículo 53 superior relativo a la irrenunciabilidad de las garantías laborales mínimas y al derecho de asociación, al otorgar al empleador la facultad de descontar del salario del trabajador la licencia respectiva, u obligarlo a compensar la misma en tiempo laborado. Para resolver el anterior problema jurídico, la Corte previamente hará un estudio sistemático o contextual de la disposición acusada, a fin de precisar su sentido y alcance, así como su vigencia en todos los supuestos de hecho por ella regulados, y la necesidad de proferir un fallo de fondo. Dentro de este primer estudio, examinará la solicitud de uno de los intervinientes y la de la vista fiscal, relativa a la posible necesidad de conformar una unidad normativa con otras disposiciones del mismo Código demandando. Enseguida se referirá a algunos principios constitucionales y al alcance de ciertas garantías laborales constitucionalmente consagradas, y a su incidencia como límites a las facultades de subordinación del empleador, dentro de la relación de trabajo. Finalmente, estudiará los cargos de la demanda, de manera independiente frente a cada uno de los supuestos fácticos regulados por la disposición acusada. 5.3. ESTUDIO SISTEMÁTICO DE LA DISPOSICIÓN ACUSADA. ALCANCE NORMATIVO DE LA MISMA. MODIFICACIONES PARCIALES INTRODUCIDAS POR NORMAS POSTERIORES. 5.3.1. El artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, del cual forma parte el numeral 6° parcialmente demandado dentro de este proceso, está contenido en el capítulo titulado “Ejecución y efecto del contrato” y regula las “obligaciones especiales del empleador”. Dentro de ellas, el mencionado numeral 6° se refiere a las licencias que necesariamente deben concederse al empleado en diversas circunstancias, que son señaladas en forma taxativa en la norma. La expresión parcialmente acusada dispone que “Salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador.” 5.3.2. El verdadero alcance normativo del numeral 6° del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo exige interpretarlo en forma sistemática con el artículo 51 del mismo Código, referente a la “Suspensión del Contrato de Trabajo”. Esta última disposición, dentro de las causales que originan dicha suspensión, en su numeral 4° incluye la “licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador”. Así pues, conforme al numeral 6° del artículo 57, aquí acusado, el empleador en ciertas circunstancias allí mencionadas tiene la obligación de conceder licencias al trabajador; y de acuerdo con el artículo 51, dichas licencias implican la “suspensión del contrato de trabajo”. Por su parte, el artículo 53 del mismo Código regula los efectos de la suspensión del contrato, y al efecto dispone que “durante el período de las suspensiones contempladas en el artículo 51 se interrumpe para el trabajador la obligación de prestar el servicio prometido, y para el patrono la de pagar los salarios de esos lapsos, pero durante la suspensión corren a cargo del patrono, además de las obligaciones ya surgidas con anterioridad, las que le correspondan por muerte o por enfermedad de los trabajadores. Estos períodos de suspensión pueden descontarse por el patrono al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones”.[8] De esta manera, la interpretación sistemática o contextual de la disposición acusada lleva a concluir que las licencias obligatorias a que se refiere dicha norma prima facie originan la suspensión del contrato de trabajo y la consecuente interrupción de las obligaciones del empleador de pagar el salario y del trabajador de prestar el servicio. Sin embargo, la expresión concretamente acusada del numeral sexto del artículo 57 permite a los sujetos de la relación laboral convenir en contrario de la anterior preceptiva general, pues al respecto indica que “salvo convención en contrario, el tiempo empleado en estas licencias puede descontarse al trabajador o compensarse con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria, a opción del empleador.”[9] De donde se deduce que, no mediando dicho acuerdo, una vez concedida la licencia obligatoria el empleador puede optar entre suspender el pago del salario durante su transcurso, o exigir al trabajador que compense el tiempo de la misma, por fuera de la jornada laboral ordinaria. Si opta por lo primero, podrá también descontar los períodos de la licencia al liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones, pues así se lo permite el artículo 51 del estatuto laboral. 5.3.3. Ahora bien, en cuanto a la extensión temporal de las licencias obligatorias a que se refiere el numeral 6° del artículo 57, parcialmente acusado en este proceso, prima facie la Corte observa que al respecto la disposición acusada guarda silencio, y tampoco los artículos 51 y 53 del mismo Código traen regulación alguna, de donde concluye que el asunto queda deferido a lo que dispongan los acuerdos de trabajo, el reglamento interno de trabajo, al acuerdo entre el empleado y el empleador o, en defecto de lo anterior, a las determinaciones unilaterales de éste último. 5.3.4. No obstante, la Corte detecta que, respecto de algunos de los supuestos de hecho regulados en la disposición aquí acusada, existen leyes especiales y posteriores que la modifican parcialmente, disponiendo otros efectos jurídicos distintos de los que se acaban de mencionar. Ciertamente, al respecto la Sala observa lo siguiente: 5.3.4.1. En relación con la licencia en caso de “grave calamidad doméstica debidamente comprobada”, la reciente Ley 1280 de 2009, “por la cual se adiciona el numeral 10 del artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo y se establece la Licencia por Luto”, consagró una regulación especial para el caso de “luto” del trabajador cuyo contrato se rige por dicho Código, excluyendo este supuesto de la causal genérica de “grave calamidad doméstica”, y disponiendo que en ese evento la licencia siempre será remunerada y tendrá una duración de cinco (5) días hábiles. En este sentido, la disposición dice así: “ARTÍCULO 1o. Adicionar un numeral al artículo 57 del Código Sustantivo del Trabajo, en los siguientes términos: “10. Conceder al trabajador en caso de fallecimiento de su cónyuge, compañero o compañera permanente o de un familiar hasta el grado segundo de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil, una licencia remunerada por luto de cinco (5) días hábiles, cualquiera sea su modalidad de contratación o de vinculación laboral. La grave calamidad doméstica no incluye la Licencia por Luto que trata este numeral. “Este hecho deberá demostrarse mediante documento expedido por la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días siguientes a su ocurrencia.” (Negrillas y subrayas fuera del original). 5.3.4.2. Por su parte, en lo relativo a la licencia “para el ejercicio del sufragio”, el artículo 3° de la Ley 403 de 1997 “por la cual se establecen estímulos para los sufragantes”, es del siguiente tenor: “ARTICULO 3o. El ciudadano tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado por el tiempo que utilice para cumplir su función como elector. Tal descanso compensatorio se disfrutará en el mes siguiente al día de la votación, de común acuerdo con el empleador.” (Negrillas y subrayas fuera del original). Como puede verse, esta disposición modifica la norma acusada, al hacer obligatorio para el empleador conceder al trabajador media jornada de descanso compensatorio remunerado, por el ejercicio del sufragio. Se trata de un mecanismo destinado a estimular el ejercicio de esta función ciudadana, por fuera del cual el empleador puede conceder otros incentivos adicionales orientados a los mismos propósitos de construir una cultura dirigida hacia la profundización y la legitimación de la democracia. La Corte destaca la importancia que tendría una política laboral amplia en este sentido, y hace un llamado al sector empresarial, para ofrecer mayores estímulos que el mínimo legal reseñado, que permitan el fomento de la cultura política y democrática entre los trabajadores. 5.3.4.3. En cuanto a la licencia “para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación” el inciso tercero del artículo 105 del Código Electoral dispone que “los jurados de votación que trabajen en el sector público o privado tendrán derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación.” (Negrillas y subrayas fuera del original) Respecto de esta disposición, debe recordarse que mediante la Sentencia C-1005 de 2007[10], esta Corporación declaró la exequibilidad de la expresión subrayada y resaltada, en el entendido que los claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo tendrán derecho al beneficio de un día compensatorio de descanso remunerado, siempre y cuando no concurra con otra forma de compensación o beneficio, en los términos y con las condiciones indicadas en la parte motiva de esa sentencia. 5.3.4.4. En cuanto a las licencias para desempeñar comisiones sindicales inherentes a la organización, cuando se trate de servidores públicos cuya relación laboral se rija por el Código Sustantivo del Trabajo, es necesario tener en cuenta que el artículo 13 de la Ley 584 de 2000, “por la cual se derogan y se modifican algunas disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo”, adicionó el artículo 416 A al Código Sustantivo del Trabajo; dicha norma dispone lo siguiente: “ARTICULO 13. Créese un artículo nuevo en el Código Sustantivo del Trabajo, el cual quedará así: “Artículo 416-A. Las organizaciones sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas les concedan permisos sindicales para que, quienes sean designados por ellas, puedan atender las responsabilidades que se desprenden del derecho fundamental de asociación y libertad sindical. El Gobierno Nacional reglamentará la materia, en concertación con los representantes de las centrales sindicales.” En desarrollo de la anterior disposición legal, el artículo 1° del Decreto 2813 de 2000 señala: “Artículo 1°.- Los representantes sindicales de los servidores públicos tienen derecho a que las entidades públicas de todas las ramas del Estado, sus órganos autónomos y sus organismos de control, la organización electoral, las universidades públicas, las entidades descentralizadas y demás entidades y dependencias públicas del orden nacional, departamental, distrital y municipal, les concedan los permisos sindicales remunerados necesarios para el cumplimiento de su gestión.” (Negrillas y subrayas fuera del original) Así pues, para la Corte es claro que las normas que en lo pertinente se acaban de transcribir modifican parcialmente la disposición acusada respecto de algunos de los supuestos de hecho contemplados en ella. De lo anterior, y del estudio sistemático o contextual realizado anteriormente, deduce entonces las siguientes conclusiones: (i) Por regla general, las licencias obligatorias a que se refiere el numeral 6° del artículo 57 del Código Sustantivo el Trabajo suspenden la ejecución del contrato de trabajo. (ii) Lo anterior significa que, en principio, el empleador no está obligado a remunerarlas. (iii) El empleador puede no remunerar dichas licencias, descontando del salario el tiempo empleado en ellas, u obligar al trabajador a compensarlo con tiempo igual de trabajo efectivo en horas distintas de su jornada ordinaria. (iv) No obstante, las anteriores reglas no tendrán aplicación si entre los sujetos de la relación laboral existe “convención en contrario”. (v) En cuanto a la duración de las licencias a que se refiere la disposición acusada, la ley no contiene una regla general, de manera que el asunto queda deferido a lo que dispongan los acuerdos de trabajo, el reglamento interno de trabajo, al acuerdo entre el empleador y el trabajador o, en defecto de lo anterior, a las determinaciones unilaterales del primero. (vi) Tratándose del caso de licencia por luto, existe una nueva ley que modifica el numeral 6° del artículo 57 aquí acusado, y dispone una regla especial conforme a la cual para los trabajadores cuyo contrato se rige por el Código Sustantivo del Trabajo, la licencia obligatoria será remunerada y tendrá una duración de cinco (5) días hábiles. (vii) Tratándose de licencia para el ejercicio del sufragio, también se profirió una nueva ley especial, conforme a la cual el ciudadano que haya hecho uso de ella tendrá derecho a media jornada de descanso compensatorio remunerado. (viii) En lo relativo al desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, en el caso concreto de los jurados de votación la ley concede el derecho a un (1) día compensatorio de descanso remunerado dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la votación. Y el relación con los cargos de claveros y escrutadores que presten sus servicios fuera de su horario habitual de trabajo, tienen derecho al beneficio de un día compensatorio de descanso remunerado, siempre y cuando no concurra con otra forma de compensación o beneficio. (ix) Cuando se trate de licencias para desempeñar comisiones sindicales concedidas a servidores públicos cuya relación laboral se rija por el Código Sustantivo del Trabajo, las mismas deben ser remuneradas. 5.4. NECESIDAD DE PROFERIR UN FALLO DE FONDO Así las cosas, surge en este punto un primer interrogante que debe ser resuelto por la Sala antes de seguir adelante: en cuanto la norma acusada ha sido objeto de varias modificaciones por obra de leyes posteriores y especiales que regulan algunos de los supuestos de hecho a los que ella se refiere, ¿debe la Corte inhibirse para pronunciarse sobre su constitucionalidad, por carencia actual de objeto, ante la falta de vigencia de la norma acusada? A juicio de la Sala, la respuesta a este cuestionamiento es negativa, en cuanto detecta que solamente algunos de los mencionados supuestos de hecho han sido objeto de reglamentación especial (licencias por luto, para el ejercicio del sufragio, para desempeñarse como jurado de votación o, en ciertos casos, como clavero o escrutador, y para desempeñar comisiones sindicales concedidas a servidores públicos). Los demás casos, a saber: licencias por calamidad doméstica distinta de luto, licencias para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación distintos de los arriba mencionados, licencias para desempeñar comisiones sindicales cuando no se trate de servidores públicos, y licencias para asistir al entierro de los compañeros, continúan siendo regulados por la disposición acusada, que en estos supuestos mantiene su vigencia. En tal virtud, en ejercicio de sus funciones de guardiana de la supremacía de la Constitución, la Corte entrará a examinar la constitucionalidad de la disposición acusada, pero solamente en lo que se refiere a los supuestos de hecho por ella regulados, respecto de los cuales conserva vigencia. 5.5. RESULTA NECESARIO CONFORMAR UNA UNIDAD NORMATIVA CON EL TEXTO COMPLETO DEL NUMERAL 6° DEL ARTÍCULO 57 DEL CST. 5.5.1. Precisado el alcance y vigencia de la disposición acusada, pasa la Sala a examinar las solicitudes presentadas por uno de los intervinientes y por el señor Procurador, para quienes la constitucionalidad de la norma acusada no puede ser examinada sin conformar primero una unidad normativa con otras disposiciones o apartes de ellas. En efecto, para la Central Unitaria de Trabajadores, antes de emitir cualquier concepto sobre la conformidad de la norma acusada con la Constitución, debe integrarse la unidad normativa entre ella y los artículos 51 y 53 del Código Sustantivo del Trabajo. Así mismo, para el señor Procurador es necesario hacer una integración normativa entre el aparte demandado del numeral 6° del artículo 57 y la primera parte del mismo numeral. A fin de analizar las anteriores solicitudes, la Sala enseguida recordará brevemente su jurisprudencia relativa a la unidad normativa y la proposición jurídica completa. 5.5.2. La unidad normativa y la proposición jurídica incompleta. En ciertas oportunidades, las demandas recaen sobre apartes de una disposición legal que carece de un sentido regulador propio y autónomo; es decir, el demandante impugna un contenido normativo que no es por sí mismo inteligible y separable. En estos supuestos, el retiro del ordenamiento jurídico de tal aparte demandado produciría como efecto que la norma acusada perdiera sentido. Se está entonces en presencia del fenómeno jurídico que la Corte ha denominado proposición jurídica incompleta, que ha definido así: “… la proposición jurídica incompleta opera en aquellos casos excepcionales en que el actor no acusa una norma autónoma, por lo cual ésta no puede ser estudiada, por carecer de sentido propio[11].”[12] En estos casos, al observar que la expresión demandada aisladamente considerada carece de un alcance regulador propio y autónomo que permita llevar a cabo un examen de constitucionalidad, la Corte puede proferir un fallo inhibitorio[13], o extender el examen al resto del entorno normativo que, con lo acusado, sí llega a alcanzar un sentido regulante inteligible e independiente. Distinto del fenómeno de la “proposición jurídica incompleta” es el de la “falta de unidad normativa”, donde aplicando lo dispuesto en el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, puede la Corte integrar dicha unidad a fin de evitar un fallo inhibitorio. En efecto, esta última disposición es del siguiente tenor: “El magistrado sustanciador tampoco admitirá la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en si mismo no sea inocuo, y ordenará cumplir el trámite previsto en el inciso segundo de este artículo. La Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales.” (Negrillas y subrayas fuera del original) Explicando la diferencia entre los dos fenómenos –proposición jurídica incompleta y falta de unidad normativa-, la Corte ha vertido las siguientes explicaciones: “… la proposición jurídica incompleta opera en aquellos casos excepcionales en que el actor no acusa una norma autónoma, por lo cual ésta no puede ser estudiada, por carecer de sentido propio[14]. En cambio, en otros eventos, la demanda no es inepta, por cuanto el demandante verdaderamente impugna un contenido normativo inteligible y separable. Lo que sucede es que el estudio de ese contenido presupone el análisis de un conjunto normativo más amplio, por lo cual se hace necesaria la integración de una proposición jurídica mayor. Es pues diferente el caso de la demanda inepta, por falta de proposición jurídica inteligible, situación en la cual procede la inadmisión e incluso, excepcionalmente, la sentencia inhibitoria, de aquellos eventos en que el contenido normativo impugnado por el actor es inteligible y autónomo, pero no puede ser estudiado independientemente, por cuanto su examen remite inevitablemente al estudio del conjunto normativo del cual forma parte.”[15] (Negrillas y subrayas fuera del original) Ahora bien, desarrollando el tema de la unidad normativa, la jurisprudencia ha explicado cuándo procede que la Corte la integre, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 6° del Decreto 2067 de 1991, antes trascrito. Al respecto ha dicho lo siguiente: “... de conformidad con la jurisprudencia sentada por la Corte, la unidad normativa se presenta en varias hipótesis: una primera se da cuando la norma acusada o su contenido normativo se encuentran reproducidos en otro u otros textos legales no demandados, de manera tal que la declaración de la Corte -especialmente la declaración de inconstitucionalidad- puede resultar inocua si no se refiere a todas las disposiciones con el mismo alcance regulador. Este es el sentido propio de la figura de la unidad normativa a la que se refiere el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991 cuando dispone que “la Corte se pronunciará de fondo sobre todas las normas demandadas y podrá señalar en la sentencia las que, a su juicio, conforman unidad normativa con aquellas otras que declara inconstitucionales”. No obstante, en un sentido lato o amplio del concepto, la Corte ha entendido que también se presenta la unidad normativa cuando no es posible pronunciarse respecto de una norma expresamente demandada, sin referirse también a la constitucionalidad de otras disposiciones con las cuales se encuentra íntimamente relacionada. Sin embargo, esta íntima relación entre las normas no es cualquier tipo de relación sino aquella que hace que sea “imposible estudiar su constitucionalidad sin analizar las otras disposiciones”.[16] Las normas en este caso tienen cada una un sentido regulador propio y autónomo[17], pero el estudio de constitucionalidad de la disposición acusada impone el examen de la conformidad o inconformidad con la Constitución de algunos elementos normativos a los cuales hace referencia, que están contenidos en otras disposiciones no demandadas. Con estas últimas se constituye la unidad normativa.” [18] 5.5.3. Precisadas las diferencias entre las nociones de “proposición jurídica incompleta” y “falta de unidad normativa”, los supuestos en que se presentan, y las posibilidades que en estos eventos tiene la Corte de integrar las disposiciones acusadas con otras, a fin de llevar a cabo el estudio de constitucionalidad que le compete, pasa la Sala a verificar si en este caso está en presencia de uno de esos dos fe...