Sentencia C-923 de 2005

C-923-05 SENTENCIA No Sentencia C-923/05 CADUCIDAD DE LA ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Operancia DELITO DE HURTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS-Elementos fundamentales PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Importancia PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Constituye un reforzamiento de la legitimidad del debate democrático El principio de unidad de materia a que se debe someter todo proyecto de ley. Constituye un reforzamiento de la legitimidad del debate democrático en cuanto garantiza que el mismo se concentre en materias previamente definidas, conocidas y discutidas al interior de cada una de las comisiones y plenarias de las Cámaras legislativas, impidiendo que se introduzcan en los proyectos asuntos totalmente extraños, contrarios o que invadan de manera inexplicable, el contenido y finalidades de los temas allí tratados. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-No interpretación rígida PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN DELITO DE HURTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS-Observancia El cargo por violación del principio de unidad de materia planteado por la actora carece de todo sustento. En efecto, la tipificación que en la norma demandada se introduce respecto del apoderamiento ilícito de hidrocarburos y sus derivados, no puede calificarse como una materia extraña, invasiva o contradictoria del contenido global del cuerpo normativo en que se inserta. Por el contrario, preserva una adecuada conexidad causal, teleológica, temática y sistemática con la materia dominante de la misma, cual es el propósito de contrarrestar las alteraciones del orden público producidas por grupos armados, organizados al margen de la ley, la búsqueda de la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la justicia. La conexidad causal con los objetivos globales de la ley, se establece a partir de la revisión de los antecedentes de la ley en los que se aprecia que uno de los factores que se consideran relevantes dentro de la situación general de alteración del orden público que se pretende conjurar, es el relativo a la afectación de la infraestructura económica del Estado, particularmente en lo relativo a los hidrocarburos y sus derivados, en beneficio de los grupos armados organizados al margen del la ley. La conexidad teleológica se establece a partir de la consideración de que el tipo penal creado mediante la disposición acusada, se orienta a minimizar o restringir el alto grado financiamiento que los grupos armados ilegales derivan de la sustracción de hidrocarburo. La conexidad temática emerge de la evidente relación que se puede establecer entre una conducta que se considera atentatoria de bienes jurídicos como la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, con los objetivos de la ley, que en esencia aglutinan estos mismos valores. La conexidad sistemática deviene claramente de la ubicación del tipo penal en el Título II relativo al control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley, como uno de los múltiples instrumentos a que acudió el legislador ordinario en su propósito de conjurar las causas de alteración del orden público, y propender por el restablecimiento de la convivencia pacífica y la eficacia de la justicia. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PUNITIVA-Límites DELITOS ESPECIALES O DELITOS DE INFRACCION DEL DEBER-Concepto/DELITO DE HURTO DE HIDROCARBUROS-No es un delito especial Delitos especiales. Se trata de una categoría caracterizada por que sólo puede ser autor de ese tipo de ilícitos quien reúna determinada cualidad, que generalmente consiste en una posición de deber extrapenal, por lo que algunos autores proponen hablar de delitos de infracción del deber. Aunque la mayoría de los tipos penales especiales utilizan la expresión “el que” o “quien”, en ocasiones la conducta lleva implícita una violación de un deber especial por lo que la cualificación del sujeto no depende necesariamente de la expresión usada para designarlo, sino de la naturaleza de la conducta en cuanto comporta la violación de un deber especial, de aquellos que exige la necesidad de tutela del bien jurídico implicado en el tipo. De otra parte, la relevancia práctica de los delitos especiales radica fundamentalmente en la delimitación del ámbito entre autoría y participación, en orden a establecer las repercusiones que tienen las calidades personales especiales para efectos de la punibilidad. De los insumos teóricos antes reseñados se pueden sacar dos conclusiones que interesan a este análisis. De una parte, que técnicamente no es posible hablar de que el hurto de hidrocarburos cometido por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, pueda erigirse en un delito especial en cuanto que el mismo no comporta la infracción de un deber por parte de los actores, que tenga relevancia para el reforzamiento de la tutela de los bienes jurídicos que el tipo protege. Y de otra, que la cualificación del tipo, tal como lo reclama la demandante, podría tener repercusiones en el ámbito de la autoría, para establecer quien podría tener la calidad de autor en sentido dogmático, pero no excluiría que terceros, es decir personas no pertenecientes a grupos armados ilegales, que incurran en la conducta descrita dentro del contexto que la norma plantea, pudiesen ser incriminadas por este ilícito por la vía de la participación (determinadores y cómplices), conforme a las reglas que la regulan . DELITO DE HURTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS-No cualificación del sujeto activo/DELITO DE HURTO DE HIDROCARBUROS Y SUS DERIVADOS-No vulneración de los principios de igualdad y proporcionalidad Debe la Corte analizar si la configuración del tipo autónomo de hurto de hidrocarburos y sus derivados, que se inserta en el contexto normativo de la Ley 782 de 2002, vulnera el principio de proporcionalidad e igualdad de trato ante la ley, en razón a que conforme a su estructura dogmática, no cualifica los destinatarios de la conminación penal. El punto de partida para este análisis radica en que la exigencia contemporánea de que el derecho penal debe orientarse a la protección bienes jurídicos, desempeña un importante papel de restricción sustancial al ámbito de las conminaciones penales, criterio que debe estar presente tanto en el momento de la configuración como de la aplicación de los tipos penales. Así, el delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados establecido por el legislador como un tipo penal autónomo orientado a la tutela de un bien jurídico complejo integrado por valores como el orden público, la convivencia pacífica, la economía nacional, el medio ambiente, que propenden por crear condiciones adecuadas para la vida de los individuos, debe ser comprendido y aplicado tomando en cuenta ese propósito específico de tutela que animó al legislador. Que la norma tenga como finalidad enfrentar el financiamiento que estos grupos derivan del apoderamiento de hidrocarburos, tampoco indica que los únicos sujetos que pueden cometer el delito sean quienes pertenecen a dichos grupos, pues su financiación se puede lograr tanto si el comportamiento prohibido lo ejecutan dichos sujetos u otro cualquiera. Advierte así la Corte que la norma acusada no vulnera el principio de igualdad, ni es ajena a criterios de proporcionalidad, en razón a que (i) erige en delito autónomo una conducta que lesiona un bien jurídico específico y complejo que se deriva del contexto de la propia ley; (ii) por el carácter pluriofensivo de la conducta estableció unos rangos punitivos que el legislador consideró acordes con el nivel de lesividad de la misma; (iii) el destinatario de la conminación penal es cualquier persona que incurra en la conducta con potencialidad de afectación del bien jurídico tutelado; (iv) establece una causal específica de atenuación punitiva determinada por la menor cuantía; (v) crea una causal específica de agravación punitiva, derivada de la calidad servidor público del sujeto. Referencia: expediente D-5681 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 de la Ley 782 de 2002”Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas disposiciones”. Demandante: Sandra Cecilia Rey Tovar Magistrado Ponente: Dr. JAIME CÓRDOBA TRIVIÑO Bogotá, D. C., seis (6) de septiembre de dos mil cinco (2005). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos por el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en el artículo 241-1 de la Constitución Política la ciudadana Sandra Cecilia Rey Tovar, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 44 de la Ley 782 de 2002 “Por la cual se prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas disposiciones”. Por auto de 3 de marzo del año en curso, el magistrado sustanciador admitió la demanda presentada, y ordenó fijar en lista la norma acusada. Así mismo, se dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicó la iniciación del asunto al señor Presidente de la República y al señor Presidente del Congreso de la República, para los fines pertinentes. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la norma demandada, publicada en el Diario Oficial No. 45.043 de 23 de diciembre de 2002. “LEY 782 DE 2002 (diciembre 23) Por medio de la cual se prorroga la vigencia de la ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 y se modifican algunas disposiciones “Artículo 44. El artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y modificada por la Ley 548 de 1999 quedará así: Artículo 96. El que se apodere de hidrocarburos o sus derivados, cuando sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto o poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de mil (1.000) a ocho mil (8.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes. La pena será de prisión de dos (2) a seis (6) años y multa de cien (100) a quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes, cuando el valor del apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando la conducta sea realizada por servidor público. La competencia del presente delito corresponde a los Jueces de Circuito Especializados”. III. LA DEMANDA Para la demandante, la disposición acusada quebranta los artículos 158, 169, 13 y el Preámbulo de la Constitución Política. Expresa para sustentar su acusación, que la Ley 782 de 2002 tiene por finalidad adoptar medidas y garantizar el orden público en el país, así como facilitar diálogos y suscribir acuerdos con los grupos armados organizados al margen de la ley. En ese sentido, el artículo 44 cuestionado regula un delito especial tendiente a ejercer un control al financiamiento de los grupos armados organizados, cualquiera que sea su orientación ideológica. Por esa razón, los sujetos activos del delito solamente pueden ser ellos y no los delincuentes comunes que eventualmente y en pequeña escala hurten hidrocarburos. Así las cosas, considera la demandante que la descripción del tipo penal tipificado en el artículo 44 demandado resulta insuficiente en lo que respecta a los sujetos activos, como quiera que no distingue entre quienes hurtan hidrocarburos o sus derivados con objetivos de distinta índole, quedando el sujeto activo de ese delito especial indeterminado, con lo cual se viola el principio de unidad de materia en virtud del cual el legislador ha debido identificar el sujeto activo de ese hecho punible, a fin de evitar que una disposición con una finalidad claramente establecida (controlar el financiamiento de los grupos armados al margen de la ley), resulte siendo aplicada a la delincuencia común, con las mismas consecuencias derivadas del trato a grupos terroristas, como son la pena y las multas establecidas en la norma acusada. Considera que dada la finalidad de la Ley 782 de 2002, el legislador ha debido identificar el sujeto activo calificado del delito de hurto de hidrocarburos en aras de respetar el principio de unidad de materia, pues en caso contrario “el medio para obtener el mencionado fin no encaja de manera exacta al llevar hechos de la justicia ordinaria a la especializada, a pesar de no corresponder a grupos terroristas al margen de la ley”, circunstancia que conlleva a la violación del principio de la proporcionalidad y la igualdad, pues tratándose de delincuentes comunes han de ser juzgados por la jurisdicción ordinaria y no por una especializada, con lo cual también se vulnera el Preámbulo de la Constitución que garantiza un orden social justo. Manifiesta que en el evento de no declararse la inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, se declare su exequibilidad condicionada, en el entendido que la norma solamente sea aplicable a grupos armados al margen de la ley. IV. INTERVENCIONES 1. Coadyuvancia de la demanda presentada por el ciudadano Alexander Díaz Umaña. Para el ciudadano coadyuvante, teniendo en cuenta que la acusación central expuesta por la demandante radica en la violación del principio de unidad de materia, la Corte Constitucional debe realizar un análisis detallado del trámite surtido en el órgano legislativo a la Ley 782 de 2002, por cuanto se evidencian serias irregularidades en el mismo, como lo es el hecho de que la norma acusada no fue incorporada desde la presentación del proyecto de ley, sino que fue agregada en una comisión accidental hasta el 17 de diciembre de 2002. Para sustentar su acusación, cita in extenso las ponencias para primer y segundo debate, así como apartes de actas de comisión. Ahora bien, aduce que la incorporación de la norma acusada en una comisión accidental, fue el producto de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1900 de 2002, que traía en su artículo 2 una norma similar a la que ahora se acusa. Siendo ello así, la reproducción parcial del artículo 2 citado en el artículo 44 de la Ley 782 ahora acusado, deviene en inconstitucional, pues para ello el legislador tuvo que haber tenido en cuenta las razones aducidas por esta Corporación para la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 1900 citado, en cuanto a los sujetos activos del delito y del bien jurídico tutelado, por cuanto la ley acusada es una norma que prorroga y modifica normas de orden público, cuya finalidad concreta es la de “facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con grupos armados organizados al margen de la ley para su desmovilización, reconciliación entre los colombianos y la convivencia pacífica”. Otro de los argumentos esgrimidos para coadyuvar el cargo por violación del principio de unidad de materia, se refiere a la titulación que precede el tipo penal especial que se acusa en la presente demanda, que textualmente señala “CONTROL SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS GRUPOS ARMADOS ORGANIZADOS AL MARGEN DE LA LEY”. En efecto, considera que sostener que el artículo acusado se puede aplicar a cualquier persona pertenezca o no a grupos armados organizados al margen de la ley, acudiendo al argumento de que el tipo penal no específica el sujeto activo del delito, constituye una flagrante violación al principio de proporcionalidad e igualdad, en tanto a los ciudadanos comunes se les aplican normas dirigidas a grupos armados ilegales, imponiendo penas principales y accesorias mayores a las contempladas en la jurisdicción ordinaria. Luego de referirse nuevamente a la violación del principio de unidad de materia apoyado para ello en sentencias proferidas por esta Corte, solicita la declaratoria de inexequibilidad, o, en su defecto, la exequibilidad condicionada, en el entendido que la norma sólo es aplicable a grupos armados organizados al margen de la ley. 2. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia El Ministerio del Interior y de Justicia, interviene, a través de apoderado, en defensa de la norma acusada de la siguiente manera: La conducta que se describe en la norma demandada puede ser realizada por cualquier persona, independientemente de que pertenezca o no a un grupo armado organizado al margen de la ley, pues su penalización no se encuentra supeditada a la demostración de la existencia de una característica especial subjetiva, sino que se trata de un comportamiento que debe ser sancionado por constituir un elemento desestabilizador de la economía nacional. Aduce el apoderado de la entidad interviniente, que el límite de la acción penal se encuentra definido por la Constitución Política y, en ese sentido, el derecho penal aparece como el último mecanismo al cual acudir para la prevención y sanción de determinadas conductas. De ahí, que el legislador al establecer la estructura de los tipos penales debe ser supremamente cuidadoso a fin de que guarde completa armonía con el ordenamiento superior, y que su contenido sea descrito correctamente en aras de garantizar la finalidad que se persigue con su creación. Siendo ello así, el cargo que propone la demandante no puede prosperar, pues el órgano legislativo al no consagrar un sujeto activo cualificado no desconoció el principio de unidad de materia, como quiera que dentro del ámbito de la dogmática penal, esa categoría especial que se echa de menos, no responde al simple querer del legislador de otorgarle esa connotación, sino que ello obedece a los elementos estructurales de la conducta delictiva que se realice. De ahí, que los delitos con sujeto activo indeterminado pueden ser cometidos por cualquier persona, contrario a lo que sucede con otros ilícitos que solamente pueden ser realizados por sujetos cualificados. Añade que la conducta que se sanciona en la norma acusada, guarda relación de conexidad y finalidad con las causas que motivaron la expedición de la Ley 782 de 2002, como es la perturbación del orden público y no las personas en sí mismas consideradas como destinatarias de las medidas punitivas, pues ya existen otros tipos penales que castigan la pertenencia a grupos armados al margen de la ley. Expresa que la norma acusada hace parte del capítulo III de la Ley 782 de 2002, cuya finalidad es ejercer un control al financiamiento de los grupos armados de extrema izquierda o de extrema derecha, pero ello se encuentra ligado al fin último de la norma cual es la protección y garantía del orden público y la convivencia pacífica y, por esa razón el legislador no puede privar de sanción a quienes incurran en ese ilícito aunque no pertenezcan a grupos armados al margen de la ley, porque con su comportamiento afectan igualmente el orden público. En ese sentido, lo que determina la competencia e imposición de la sanción no es el sujeto que lo comete sino la afectación del bien jurídico protegido. Manifiesta el apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia, que los instrumentos consagrados para la búsqueda de la convivencia pacífica, contemplados en las leyes proferidas para el efecto, tales como la 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de 2002, se han desarrollado paralelamente con las circunstancias que han afectado el país en los últimos tiempos, y tienen dos ejes fundamentales, a saber: i) establecen mecanismos que permiten adelantar diálogos; y, ii) crear herramientas para el fortalecimiento institucional. Dentro de las herramientas adecuadas para garantizar el orden público, está precisamente la tipificación del delito de hurto de hidrocarburos por parte de organizaciones armadas al margen de la ley, como por particulares que se dediquen a esa actividad, pues se demandan del Estado medidas penales que contrarresten ese ilícito. En concepto de la entidad interviniente no resultan violados el principio de proporcionalidad ni el derecho a la igualdad, por cuanto, el tipo penal acusado describe un comportamiento idéntico aplicable tanto a los miembros de grupos armados como a quienes no hacen parte de los mismos “y respeta dichos principios porque prevé un tratamiento punitivo diferencial justamente reconociendo el grado menor de afectación del bien jurídico, y la lesividad menor del comportamiento cuando la cuantía de lo apropiado alcanza los diez salarios mínimos legales mensuales vigentes, aplicable, por ejemplo, a los casos de criminalidad ocasional”. Para concluir, manifiesta que no pueden aceptarse los cargos planteados por la demandante, pues si bien una proporción muy importante del delito contemplado en la norma acusada, es cometido por miembros de grupos armados, ellos no son los únicos que lo comenten, pues de suyo hay particulares que también incurren en el mismo ocasionando con ello un grave daño a la economía del país, y con ello al orden público, razón que justifica su penalización. 3. Intervención del Ministerio de Minas y Energía El Ministerio de Minas y Energía, interviene, a través de apoderado, en el presente proceso para defender la constitucionalidad de la norma acusada, para lo cual expone los siguientes argumentos: Previamente a referirse a los argumentos jurídicos que sustentan la demanda de inconstitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, realiza unas observaciones de carácter técnico y económico en relación con el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados en el país, sustentado en una información suministrada por ECOPETROL S.A. Para ello, expone la grave situación por la que ha atravesado la infraestructura petrolera del país, debido a los continuos ataques de organizaciones criminales, que además de destruir puntos estratégicos de la misma, se apoderan de los hidrocarburos y sus derivados, exponiendo a serios peligros a los habitantes de las regiones en donde se realiza el delito, sin contar con los serios daños al ecosistema y la economía nacional. Después de traer a colación cifras que reflejan las pérdidas que por la práctica del delito de hurto de hidrocarburos se han presentado, aduce que a ello se añade los costos que demandan para Ecopetrol, la reparación de los sistemas de transportes, sin contar con la imposibilidad del pago de regalías para los entes territoriales que los perciben, razón por la cual se hizo necesario incrementar las penas, y crear un tipo penal autónomo, pues la única figura penal existente para el hurto de hidrocarburos era una causal de agravación. Siendo ello así, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 782 de 2002 ha sido posible la judicialización de más de seiscientas personas y se han obtenido 204 sentencias condenatorias, en las cuales se ha ordenado el pago de perjuicios a favor de Ecopetrol como víctima del ilícito de hurto de hidrocarburos. También, como consecuencia de la tipificación de esa conducta y sus graves consecuencias punitivas, se ha logrado judicializar carteles de la gasolina y otras organizaciones al margen de la ley. Se trata pues, en concepto de la entidad interviniente, de una herramienta jurídica, que a pesar de su carácter transitorio ha permitido combatir ese tipo de criminalidad. Después de relatar con detalle los mecanismos utilizados por quienes incurren en dicho delito, se refiere al cargo propuesto por la demandante referente a la violación del principio de unidad de materia, respecto del cual considera que la fundamentación del cargo no está debidamente soportado, teniendo en cuenta la realidad fáctica en que se comete el ilícito y el modus operandi de esas organizaciones que han hecho del apoderamiento de hidrocarburos su principal fuente de financiamiento. Añade, que de conformidad con lo expuesto en la exposición de motivos, la cual cita en algunos de sus apartes, la ley acusada se expidió con el fin de contrarrestar una conducta delictiva que se encuentra estrechamente relacionada con las actividades que desarrollan las organizaciones armadas al margen de la ley, y por lo tanto, se trata de una herramienta que se aviene con el objetivo mismo de las disposiciones legales contenidas en la Ley 782 de 2002. Existe entonces una conexidad temática e instrumental entre la Ley 782 en cuestión y la norma acusada, pues de suyo el artículo cuestionado penaliza el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados cuando sean transportados a través de los medios referidos en la norma, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, cuando ese ilícito es cometido por agrupaciones o carteles que en razón de ese delito, proveen de recursos a las organizaciones armadas al margen de la ley. Así las cosas, la imposición de las sanciones establecidas en el precepto normativo acusado, guarda una estrecha conexión con el tema de la ley, pues la misma fue expedida por el legislador para atacar conductas ilícitas como la referida en el artículo acusado, que constituyen la mayor fuente de financiamiento de esas organizaciones. Aduce la apoderada de la entidad interviniente, que de los argumentos expuestos por la actora, no se deduce la violación del principio de unidad de materia, pues la ley acusada se encuentra referida en su integridad a las diferentes medidas encaminadas a contrarrestar las conductas tendientes a proveer recursos a los grupos armados al margen de la ley. Por último, en relación con la vulneración del principio de proporcionalidad, luego de citar jurisprudencia constitucional sobre la materia, considera que el artículo 44 de la Ley 782 de 2002 respeta dicho principio, pues se tipifica como antijurídica una conducta que causa un daño efectivo a bienes jurídicos protegidos, como son el patrimonio privado o estatal. Tanto la pena principal como la accesoria consagradas en la norma cuestionada, en su concepto resultan bastante pequeñas, en comparación con el enorme daño que se causa con la conducta descrita por el tipo penal acusado. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION. El Procurador General de la Nación en concepto No. 3807 de 2 de mayo del presente año, solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada de la norma acusada, bajo el entendido que el artículo acusado sólo sea aplicable a los miembros de las organizaciones armadas al margen de la ley, cuando la conducta allí descrita esté dirigida al financiamiento de esas organizaciones. Inicia su intervención el Ministerio Público refiriéndose brevemente a la regla de la unidad de materia y las características que jurisprudencialmente han sido establecidas para establecer su quebrantamiento. Luego cita la exposición de motivos de la ley acusada para dejar en claro la finalidad de la misma, de lo cual concluye que no queda duda que la misma hace parte de una normatividad especial proferida por el legislador para contrarrestar problemas de orden público y restablecer la convivencia pacífica. Expresa la Vista Fiscal que del título de la ley se desprende que la finalidad de su expedición fue la de prorrogar la Ley 418 de 1997, y modificar algunas de sus disposiciones. Fue precisamente lo que sucedió con el artículo 96 de la primera de las leyes mencionadas, el cual fue modificado por el artículo 44 acusado, en el sentido de atribuir la competencia para el conocimiento del delito de hidrocarburos o sus derivados a los jueces del circuito especializados. Así mismo, la modificación implicó la adición del contenido del artículo 96 de la Ley 418 de 1997, creando el delito autónomo de hurto calificado de hidrocarburos o sus derivados, estableciendo las penas imponibles en atención a la cuantía del ilícito e introduciendo como circunstancia de agravación punitiva la realización de la conducta por parte del servidor público. Agrega que dentro de la política criminal del Estado, el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para contrarrestar los problemas de orden público, y para ello puede crear normas de orden penal que apunten a la creación de tipos autónomos no contemplados en el tipo penal ordinario, a fin de preservar la convivencia pacífica y la seguridad, siempre y cuando con ello no se desborde el orden constitucional imponiendo penas excesivas o prohibidas. Siendo ello así, el Ministerio Público considera que no se vulnera la regla de la unidad de materia, pues, existe una conexidad teleológica y temática entre el contenido del artículo 44 de la Ley 782 de 2002 y lo reglado previamente por el artículo 96 de la Ley 418 de 1997, prorrogada y adicionada por la Ley 548 de 1999. Con todo, considera que teniendo en cuenta que de la aplicación del artículo acusado pueden resultar lesionados derechos de personas que no hacen parte de organizaciones armadas al margen de la ley, el artículo 44 ha de ser condicionado en el entendido que solamente sea aplicable a quienes forman parte de dichas organizaciones. En efecto, se refiere a la ubicación de la disposición acusada dentro del Título II de la Ley 782 de 2002, referente al “Control sobre el financiamiento de las actividades de las organizaciones armadas al margen de la ley”, de donde se deduce con claridad que el delito allí tipificado solamente se aplica a los miembros de dichas organizaciones. Para ello, también ha de tenerse en cuenta que la legislación ordinaria contempla como agravación del delito de hurto calificado, el hecho de que el mismo recaiga “Sobre petróleo o sus derivados cuando se sustraigan de un oleoducto, gaseoducto, poliducto o fuentes inmediatas de abastecimiento”, norma ésta aplicable a las personas que no forman parte de grupos armados al margen de la ley. Finalmente, el Procurador General de la Nación considera que el principio de proporcionalidad no resulta vulnerado, pues el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, cumple con los presupuestos establecidos por la jurisprudencia, como son: la adecuación del medio utilizado por el legislador para obtener el fin perseguido, la necesidad de aplicación del mismo para la consecución del fin, y que no exista otro mecanismo aplicable para el logro del propósito buscado. Así las cosas, con la norma se pretende contrarrestar el avance de las fuentes de financiamiento de los grupos armados al margen de la ley, razón por la cual se hace necesario la tipificación como conducta punible del hurto de hidrocarburos o sus derivados. Adicionalmente, el instrumento utilizado es el más idóneo, como quiera que no existe otro que permita someter la conducta de los miembros de organizaciones al margen de la ley que se apoderan de recursos del Estado “o de los particulares con desconocimiento de los derechos de propiedad consagrados en normas constitucionales –artículo 58 de la Carta Política-“. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia En virtud de lo dispuesto por el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de las acciones de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como la que se estudia en la presente demanda. 2. Cuestión previa Antes de abordar el juicio de constitucionalidad sobre la norma acusada, la Corte considera necesario referirse al cargo por vicios de forma, propuesto por el ciudadano que concurre a coadyuvar la demanda, quien señala que “la norma objeto de demanda no fue incorporada desde la presentación del proyecto de ley, sino que fue agregada en la Ley en una comisión accidental hasta el 17 de diciembre de 2002”(Fol. 6 escrito de coadyuvancia). Al respecto, basta manifestar que el artículo 242, numeral 3, de la Constitución Política, dispone que “Las acciones por vicios de forma caducan en el término de un año, contado desde la publicación del respectivo acto. Así las cosas, teniendo en cuenta que la Ley 782 de 2002, fue publicada en el Diario Oficial No. 45.043 de 23 de diciembre de 2002, y la demanda fue presentada el 9 de febrero de 2005, el término para presentar cargos por vicios en la formación de la ley, se encuentra caducado. 3. El problema jurídico que se plantea La Corte debe determinar, en este caso, si la decisión del legislador de establecer un tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados, con sujeto activo no calificado, tal como se contempla en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, infringe los principios constitucionales de unidad de materia, igualdad y proporcionalidad, en tanto que abre la posibilidad para que personas que no forman parte de organizaciones armadas al margen de la ley, sean procesadas y sentenciadas conforme a esta disposición. 4. Examen de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, frente al principio de unidad de materia En una democracia constitucional, fundada en el respeto de la dignidad humana y la prevalencia de los derechos fundamentales (CP arts 1º, 3 º y 5º), la preservación del orden público y de la convivencia pacífica, constituyen finalidades básicas de las autoridades públicas, no solamente por el imperativo que al respecto entraña el artículo 2° de la Carta, si no porque se trata de elementos que generan las condiciones materiales necesarias para el disfrute pleno de los derechos y las libertades públicas. La preservación del orden público, como presupuesto de una convivencia pacífica, en beneficio de las libertades ciudadanas, supone el uso de distintos medios, entre ellos la apelación al derecho, incluso en el ámbito punitivo, con miras a asegurar al individuo una esfera de libertad y protección amenazada por la violencia ejercida por otros individuos o por grupos organizados, con potencialidad de crear una amenaza cierta o de lesionar esos bienes jurídicos valiosos para la colectividad. La norma acusada se inserta dentro de un ya prolongado proceso legislativo orientado a contrarrestar las graves alteraciones de orden público con incidencia en las condiciones de convivencia ciudadana. Conforme se establece de la exposición de motivos de la ley parcialmente impugnada, los orígenes de este proceso se remontan al año de 1992 en que el Gobierno Nacional declaró el estado de conmoción interior mediante el Decreto 1793 de ese año[1] y con fundamento en las facultades extraordinarias otorgadas al Presidente de la República, se adoptaron una serie de medidas tendientes al restablecimiento del orden público y la convivencia pacífica. En razón al carácter transitorio de las medidas, el legislador consideró necesario prorrogarlas por un período de dos años mediante la expedición de la Ley 104 de 1993[2] o “Ley de orden público”, al cabo del cual se profirió la Ley 241 de 1995[3], que prorrogó la anterior por un término igual. Esas disposiciones a su vez fueron prorrogadas y modificadas por la Leyes 418 de 1997[4] y 548 de 1999[5]. Ante la inminencia del vencimiento de las mencionadas leyes y en atención a la importancia de los mecanismos en ellas creados, el legislador, consideró conveniente prorrogarlas. Con tal finalidad expidió la Ley 782 de 2002, la cual prorroga la vigencia de la Ley 418 de 1997 y modifica algunas de sus disposiciones. Es relevante para el análisis de este cargo señalar que uno de los propósitos fundamentales de la Ley 418 de 1997, prorrogada por la Ley 782 de 2002, fue el de dotar al Estado colombiano de “instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundamentales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratados Internacionales aprobados por Colombia” (Art. 1°). En procura de ese objetivo la Ley se estructura sobre dos ejes fundamentales a saber: (i) El establecimiento de mecanismos que permitan adelantar políticas de diálogo y reconciliación nacional; y, (ii) brindar los instrumentos necesarios para el fortalecimiento institucional en diversas áreas que se consideran afectadas por el conflicto armado que vive el país. Dentro de éste último eje se ubica el Título II, relativo al control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley, en el cual a su vez se inserta la creación del tipo penal de hurto de hidrocarburos y sus derivados. Los elementos fundamentales de este tipo penal autónomo que introduce la norma impugnada son los siguientes: a. El bien jurídico tutelado. Dentro del ejercicio de su potestad de configuración vinculada a sus competencias en materia de política criminal, el legislador diseñó un tipo penal orientado a la protección de un bien jurídico complejo, que se deduce de los concretos objetivos de la ley, y se integra por valores como el orden publico, la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, vinculados al deber estatal de crear condiciones para el desarrollo del individuo en libertad. b. El sujeto activo, no reviste ninguna cualificación especial. Consideró el legislador que cualquier persona podría potencialmente incurrir en conducta idónea para lesionar los bienes jurídicos que la norma protege. c. La conducta, que estructura el tipo penal consiste en el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados, cuándo éstos sean transportados a través de un oleoducto, gasoducto, naftaducto, poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo. Esta conducta debe ubicarse dentro del contexto específico que le asigna la Ley que la crea, vale decir, el financiamiento de las actividades de grupos armados organizados al margen de la ley. d. En cuanto a la punibilidad estableció varios rangos: - Una pena privativa de la libertad que va de seis (6) a diez (10) años, concurrente con multa de 1.000 a 8.000 salarios mínimos legales vigentes, para los eventos en que el valor del apoderamiento sobrepase los diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes. - Una pena privativa de la libertad de dos (2) a seis (6) años, concurrente con multa de 100 a 500 salarios mínimos legales vigentes, cuando el valor del apoderamiento, no exceda de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. - Una circunstancia específica de agravación punitiva, aplicada a los anteriores rangos, en consideración a la calidad del sujeto activo, cuándo éste fuere servidor público. e. La competencia, se asignó a los Jueces Civiles del Circuito Especializados. De los antecedentes normativos y la configuración del tipo penal, se establece con claridad que la norma acusada, se inserta dentro de un cuerpo normativo expedido por el legislador con la inequívoca finalidad de adoptar medidas tendientes a contrarrestar las alteraciones del orden público y a promover el restablecimiento de la convivencia pacífica, a través del reforzamiento de instrumentos orientados al control y estrangulamiento de las fuentes de financiamientos de los grupos armados organizados al margen de la ley. Ahora bien, sobre el principio de unidad de materia a que se debe someter todo proyecto de ley, tal como lo señalan los artículos 158 y 169 de la Carta, ha destacado la Corte[6] su importancia en orden a la racionalización y transparencia del debate democrático, en la medida que además de evitar que a través de prácticas oportunistas se introduzcan temas ajenos a los globalmente tratados, asegura que el cuerpo de leyes aprobadas obedezca a un mínimo de lógica y coherencia interna que facilite su consulta por la ciudadanía, en cuanto cada ley deberá responder a un tema, y al título que la identifica. Ha destacado así mismo, el componente técnico y metodológico que esta exigencia constitucional introduce en el debate legislativo, protegiéndolo de “incongruencias normativas que en forma subrepticia, inadvertida, inconsulta e incluso anónimas aparecen en los proyectos de ley y que, por razón de su imprevisión e incoherencia temática, no guardan ninguna relación con la materia desarrollada en el respectivo proyecto”[7]. Constituye además un reforzamiento de la legitimidad del debate democrático en cuanto garantiza que el mismo se concentre en materias previamente definidas, conocidas y discutidas al interior de cada una de las comisiones y plenarias de las Cámaras legislativas, impidiendo que se introduzcan en los proyectos asuntos totalmente extraños, contrarios o que invadan de manera inexplicable, el contenido y finalidades de los temas allí tratados. Sin embargo, también se ha precisado por parte de esta Corporación el alcance de este principio, en el sentido que no obstante su inequívoco propósito de impedir las incongruencias normativas en la ley, y garantizar la transparencia del debate democrático, el mismo no puede concebirse como un concepto rígido que desborde su verdadera finalidad y se desvíe hacia la obstaculización del trabajo legislativo. De tal manera que, “solamente aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley[8]” Un análisis global de los antecedentes, estructura y contenidos de las Leyes 418 de 1997 y 782 de 2002, conduce a sostener que el cargo por violación del principio de unidad de materia planteado por la actora carece de todo sustento. En efecto, la tipificación que en la norma demandada se introduce respecto del apoderamiento ilícito de hidrocarburos y sus derivados, no puede calificarse como una materia extraña, invasiva o contradictoria del contenido global del cuerpo normativo en que se inserta. Por el contrario, preserva una adecuada conexidad causal, teleológica, temática y sistemática con la materia dominante de la misma, cual es el propósito de contrarrestar las alteraciones del orden público producidas por grupos armados, organizados al margen de la ley, la búsqueda de la convivencia pacífica y el fortalecimiento de la justicia. La conexidad causal con los objetivos globales de la ley, se establece a partir de la revisión de los antecedentes de la ley[9] en los que se aprecia que uno de los factores que se consideran relevantes dentro de la situación general de alteración del orden público que se pretende conjurar, es el relativo a la afectación de la infraestructura económica del Estado, particularmente en lo relativo a los hidrocarburos y sus derivados, en beneficio de los grupos armados organizados al margen del la ley. La conexidad teleológica se establece a partir de la consideración de que el tipo penal creado mediante la disposición acusada, se orienta a minimizar o restringir el alto grado financiamiento que los grupos armados ilegales derivan de la sustracción de hidrocarburo. La conexidad temática emerge de la evidente relación que se puede establecer entre una conducta que se considera atentatoria de bienes jurídicos como la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, con los objetivos de la ley, que en esencia aglutinan estos mismos valores. La conexidad sistemática deviene claramente de la ubicación del tipo penal en el Título II relativo al control sobre el financiamiento de las actividades de los grupos armados organizados al margen de la ley, como uno de los múltiples instrumentos a que acudió el legislador ordinario en su propósito de conjurar las causas de alteración del orden público, y propender por el restablecimiento de la convivencia pacífica y la eficacia de la justicia. Por tales razones advierte la Corte que el cargo por violación del principio de unidad de materia, no está llamado a prosperar. 5. Examen de constitucionalidad del artículo 44 de la Ley 782 de 2002, frente al principio de proporcionalidad e igualdad de trato A juicio de la demandante, y del ciudadano que coadyuva la demanda, la descripción del tipo penal de que trata el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, resulta “insuficiente en cuanto a los sujetos activos”, en razón a que por ser un delito especial, era obligación del legislador identificar el sujeto activo del hecho punible, con el fin de evitar que una norma con una finalidad plenamente identificada – ejercer un control al financiamiento de los grupos armados al margen de la ley - , resultara siendo aplicada a la delincuencia común, con las mismas consecuencias con que se trata a los grupos terroristas, lo que redunda en violación del principio de proporcionalidad y de igualdad. Por tratarse de una materia que involucra la potestad del legislador ordinario en relación con la configuración de tipos penales, es preciso hacer una referencia a los límites que conforme a la jurisprudencia de la Corte condicionan el ejercicio de esta facultad. En efecto, como lo ha reiterado la Corte, el legislador ordinario cuenta con un amplio margen de libertad de configuración en materia punitiva para adoptar las decisiones que más convengan a la política criminal del Estado. No obstante, el ejercicio ordinario de esta competencia se encuentra sometido y condicionado por límites que la propia Constitución impone al ejercicio del ius puniendi. Esos límites materiales se encuentran en los derechos constitucionales de los asociados, que se constituyen así en fundamento y límite de esa potestad punitiva estatal, y en los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad[10]. Tales criterios condicionan tanto la definición del tipo penal, como la determinación de la sanción imponible. En cuanto fundamento, los derechos constitucionales exigen que la potestad punitiva del Estado se oriente hacia su plena efectividad, y en cuanto límite, la política criminal del Estado no puede desconocer los derechos y la dignidad de las personas. De tal manera que una de las principales funciones del Estado es la de crear las condiciones para asegurar al individuo una esfera de libertad y protección frente a la violencia de otros individuos que vulneran esa órbita de libertad. Para ello en ocasiones debe acudir a instrumentos extremos como el ejercicio del ius puniendi, cuando otros instrumentos menos gravosos en materia de libertades, han resultado insuficientes. Sin embargo, esa potestad no se presenta como plenamente discrecional, hallándose sujeta a los límites constitucionales ya indicados. De suerte que el ejercicio de la potestad configuradora del legislador ordinario en materia punitiva, constituye un instrumento legítimo para la salvaguarda de derechos constitucionales de los asociados, siempre y cuando respete los límites que le impone la Constitución. Corresponde entonces a la Corte determinar si en efecto como lo señala la demandante, la técnica legislativa aplicada a la configuración del tipo penal autónomo de hurto de hidrocarburo y sus derivados, entraña una trasgresión a esos límites constitucionales, particularmente al principio de proporcionalidad, en virtud de no haber calificado el sujeto activo de la conducta. Para el efecto es preciso apelar a algunos conceptos de la dogmática jurídico penal, particularmente a lo que se entiende, en este ámbito, por delitos especiales. Se trata de una categoría caracterizada por que sólo puede ser autor de ese tipo de ilícitos quien reúna determinada cualidad, que generalmente consiste en una posición de deber extrapenal, por lo que algunos autores proponen hablar de delitos de infracción del deber.[11] Desde este punto de vista puede ser autor de estos delitos, el que infrinja su deber especial derivado, por vía de ejemplo, de una posición oficial (servidor público), o de una condición particular como la de médico, apoderado o mandatario, etc. Aunque la mayoría de los tipos penales especiales utilizan la expresión “el que” o “quien”, en ocasiones la conducta lleva implícita una violación de un deber especial por lo que la cualificación del sujeto no depende necesariamente de la expresión usada para designarlo, sino de la naturaleza de la conducta en cuanto comporta la violación de un deber especial, de aquellos que exige la necesidad de tutela del bien jurídico implicado en el tipo. De otra parte, la relevancia práctica de los delitos especiales radica fundamentalmente en la delimitación del ámbito entre autoría[12] y participación[13], en orden a establecer las repercusiones que tienen las calidades personales especiales para efectos de la punibilidad. De los insumos teóricos antes reseñados se pueden sacar dos conclusiones que interesan a este análisis. De una parte, que técnicamente no es posible hablar de que el hurto de hidrocarburos cometido por miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, pueda erigirse en un delito especial en cuanto que el mismo no comporta la infracción de un deber por parte de los actores, que tenga relevancia para el reforzamiento de la tutela de los bienes jurídicos que el tipo protege. Y de otra, que la cualificación del tipo, tal como lo reclama la demandante, podría tener repercusiones en el ámbito de la autoría, para establecer quien podría tener la calidad de autor en sentido dogmático, pero no excluiría que terceros, es decir personas no pertenecientes a grupos armados ilegales, que incurran en la conducta descrita dentro del contexto que la norma plantea, pudiesen ser incriminadas por este ilícito por la vía de la participación (determinadores y cómplices), conforme a las reglas que la regulan . Así las cosas, considera la Corte que los principios de igualdad y proporcionalidad, en relación con los posibles destinatarios de la norma, se preservan de mejor manera enfocando el tema, no desde el punto de vista de la calidad del sujeto activo, sino desde el ámbito del bien jurídico tutelado por la norma. En el derecho penal contemporáneo, el punto de partida para su legitimación radica en que no puede existir conminación penal que no proteja uno o más bienes jurídicos, los cuales a su vez deben tener soporte constitucional. De suerte que no es posible tutelar por la vía de la conminación penal, intereses jurídicos que no posean un claro referente en la Constitución. Lo que desde luego, no implica que todos los valores, principios o derechos de la Constitución deban ser protegidos en éste ámbito. Corresponde al legislador, en desarrollo de la política criminal determinar los bienes jurídicos que ameritan la protección extrema y subsidiaria que brinda el derecho penal. La única restricción dada al legislador para la determinación de los bienes jurídicos que merecen tutela jurídico penal, se encuentra en los principios, derechos y valores de la Constitución, particularmente como ya lo indicamos en los derechos constitucionales de los asociados y en los criterios de proporcionalidad, razonabilidad y estricta legalidad. Tal como se establece de los antecedentes de la ley en que se inserta la norma demandada, los bienes jurídicos que a través de ella se protegen son el orden público y la convivencia pacífica (Art. 2° C.P.), la economía nacional (Art. 32 C.P.) y el medio ambiente (Art. 79 C.P.9), bienes jurídicos que tiene un evidente respaldo en la Constitución. Desde luego que la legitimidad de las conminaciones penales para la protección a estos valores constitucionales colectivos e institucionales, está condicionada a su vinculación con el deber del Estado de crear condiciones propicias para que los individuos se puedan desarrollar en un ámbito de libertad. No en vano el artículo 1° de la Ley 418 de 1997, prorrogado por la ley parcialmente demandada, establece que las normas que ella consagra “tienen por objeto dotar al Estado colombiano de instrumentos eficaces para asegurar la vigencia del Estado Social y Democrático de Derecho y garantizar la plenitud de los derechos y libertades fundametales reconocidos en la Constitución Política y/o los Tratado internacionales aprobados por Colombia” De tal manera que cae dentro del amplio ámbito de configuración del legislador, el que a partir de sus propias valoraciones político criminales, establezca un tipo penal autónomo de hurto de hidrocarburos y sus derivados orientado a la protección de bienes jurídicos como el orden público, la convivencia pacífica, la economía nacional y el medio ambiente, entendidos como condiciones básicas para que los individuos se desarrollen en condiciones de libertad. El ejercicio de esta potestad punitiva incluye la legítima decisión del legislador de crear nuevas conductas punibles o modificar las existentes, bien sea ampliando o restringiendo los sujetos, la conducta o sus consecuencias jurídico penales, a condición de respetar los límites que impone la Constitución. En el estado actual de desarrollo de la política criminal no es posible limitar el concepto de bien jurídico a los bienes individuales, en la medida que muchos bienes jurídicos de la comunidad y aún del Estado, resultan imprescindibles para la tutela legal de los bienes individuales, aspecto de particular importancia en un modelo constitucional de Estado que pone el acento en la persona. Ahora, lo que le está vedado al legislador es desbordar los límites constitucionales que controlan su potestad configuradora en materia punitiva, que tal como lo ha entendido la Corte están determinados por “los derechos constitucionales de los asociados (que) se erigen en límite de la potestad punitiva del Estado, de manera que su núcleo esencial y criterios de razonabilidad, proporcionalidad y estricta legalidad, constituyen límites materiales para el ejercicio ordinario de esta competencia estatal. Estos criterios se aplican tanto a la definición del tipo penal como a la sanción imponible” [14]. Para responder al cargo propuesto debe la Corte analizar si la configuración del tipo autónomo de hurto de hidrocarburos y sus derivados, que se inserta en el contexto normativo de la Ley 782 de 2002, vulnera el principio de proporcionalidad e igualdad de trato ante la ley, en razón a que conforme a su estructura dogmática, no cualifica los destinatarios de la conminación penal. El punto de partida para este análisis radica en que la exigencia contemporánea de que el derecho penal debe orientarse a la protección bienes jurídicos, desempeña un importante papel de restricción sustancial al ámbito de las conminaciones penales, criterio que debe estar presente tanto en el momento de la configuración como de la aplicación de los tipos penales. Como consecuencia de ello, los elementos que conforman la estructura típica del delito deben estar impregnados del concepto de bien jurídico. De manera que no es posible analizar los elementos que conforman el tipo penal (sujeto, conducta, elementos normativos, etc.) de manera aislada y con prescindencia del bien jurídico que la norma pretende proteger, en cuanto que uno y otro concurren a integrar el injusto penal. Así, el delito de hurto de hidrocarburos y sus derivados establecido por el legislador como un tipo penal autónomo orientado a la tutela de un bien jurídico complejo integrado por valores como el orden público, la convivencia pacífica, la economía nacional, el medio ambiente, que propenden por crear condiciones adecuadas para la vida de los individuos, debe ser comprendido y aplicado tomando en cuenta ese propósito específico de tutela que animó al legislador. Lo que realiza el injusto penal contemplado en el artículo 44 de la Ley 782 de 2002, es el apoderamiento de hidrocarburos o sus derivados, cuando sean transportados a través un oleoducto, gasoducto, naftaducto, poliducto, o se encuentren almacenados en fuentes inmediatas de abastecimiento o plantas de bombeo, y con capacidad de afectación de los bienes jurídicos que la norma tutela. Si bien conforme a los antecedentes de la ley, y a los criterios de política criminal que la originan, quienes se encuentran en mayor posibilidad de afectar, a través de la conducta conminada, los bienes jurídicos que la norma tutela, son los miembros de los grupos armados organizados al margen de la ley, ello no excluye que personas que no formen parte de esos grupos puedan eventualmente incurrir en comportamientos que se adecuen a la norma, no sólo en cuanto a la descripción típica, sino en cuanto a la idoneidad de la conducta para afectar los bienes jurídicos tutelados. Que la norma tenga como finalidad enfrentar el financiamiento que estos grupos derivan del apoderamiento de hidrocarburos, tampoco indica que los únicos sujetos que pueden cometer el delito sean quienes pertenecen a dichos grupos, pues su financiación se puede lograr tanto si el comportamiento prohibido lo ejecutan dichos sujetos u otro cualquiera. De manera que lo que coloca en un plano de igualdad a los innominados destinatarios de la norma, no es la calidad a través de la cual actúan, si no la incursión en un comportamiento que tiene la potencialidad de amenazar o lesionar los bienes jurídicos que la norma tutela. Una interpretación que aísle el sujeto activo y la conducta del contenido protectorio de la norma, si podría llevar a aplicaciones inequitativas y desproporcionadas de la ley penal. Advierte así la Corte que la norma acusada no vulnera el principio de igualdad, ni es ajena a criterios de proporcionalidad, en razón a que (i) erige en delito autónomo una conducta que lesiona un bien jurídico específico y complejo que se deriva del contexto de la propia ley; (ii) por el carácter pluriofensivo de la conducta estableció unos rangos punitivos que el legislador consideró acordes con el nivel de lesividad de la misma; (iii) el destinatario de la conminación penal es cualquier persona que incurra en la conducta con potencialidad de afectación del bien jurídico tutelado; (iv) establece una causal específica de atenuación punitiva determinada por la menor cuantía; (v) crea una causal específica de agravación punitiva, derivada de la calidad servidor público del sujeto. Se observa que la norma se estructura estableciendo diversos niveles de reacción punitiva, en consideración a circunstancias que inciden en la punibilidad tales como la cuantía de lo apropiado, y la calidad de servidor público en el agente. El que se haya utilizado una técnica legislativa que prescinde de la calificación del sujeto activo, potencia la idoneidad de la norma para proteger los bienes jurídicos que pretende tutelar, en cuanto que cobija todos aquellos actos, que además de responder a su descripción tengan potencialidad de afectación de los bienes jurídicos específicamente tutelados en el tipo autónomo. Paralelamente no introduce tratos desproporcionados o discriminatorios, contrarios a la Constitución en la medida que, como ya se indicó, es la realización de una conducta con idoneidad para lesionar los bienes jurídicos específicos que la norma tutela, lo que ubica en un plano de igualdad a los destinatarios de la norma, trátese de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley o de personas que no tengan tal condición. En conclusión, a juicio de la Corte, la norma acusada se profirió dentro del legítimo ámbito de configuración que en materia punitiva compete al legislador, sin que se advierta un desconocimiento de los límites constitucionales a que está atado en su labor, en particular el derecho fundamental a la igualdad de trato y el principio de proporcionalidad. Tal como se indicó, lo que re...