Sentencia C-863 de 2004

C-863-04 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-863/04 CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance respecto de vicios de procedimiento De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de la constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la sentencia C-468 de 1997, dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance sobre vicios de procedimiento En cuanto al control por vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 Superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas de aprobación legislativa en la formación de la ley aprobatoria en el Congreso. LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-No alteración por legislador del contenido/TRATADO MULTILATERAL-Posibilidad de declaraciones interpretativas/TRATADO MULTILATERAL-Reservas que no afecten el objeto y el fin Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Alcance respecto al examen de fondo En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si las primeras se ajustan o no a la Constitución Política. TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Consecuencias de la omisión de remisión oportuna por el Gobierno Cuando se omite enviarlo dentro del término, esta omisión no modifica la naturaleza de la ley aprobatoria del tratado, ni afecta la validez de su trámite legislativo, sin embargo, tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, ocurrida la omisión, la Corte Constitucional puede aprehender de oficio el estudio de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias. En segundo lugar, como es posible que escape al conocimiento de la Corte la celebración de un tratado y la expedición de la correspondiente ley aprobatoria, es procedente la admisión de la demanda de cualquier ciudadano, caso en el cual la Corte aprehenderá la revisión de constitucionalidad del tratado y de la ley no sólo con base en los cargos presentados por el ciudadano, sino que realizará el análisis integral, de acuerdo con la facultad prevista en el numeral 10, del artículo 241 Superior. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO MULTILATERAL-No incluye facultades del Ejecutivo para suscripción atendiendo adhesión CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Contenido material CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Constitucionalidad de los propósitos PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL DE LAS NACIONES UNIDAS-Prevención y persecución de conductas que atenten contra personas que intervienen en operaciones de mantenimiento y restablecimiento CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Ambito de aplicación PAZ Y SEGURIDAD INTERNACIONAL-Mantenimiento y restablecimiento CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Identificación CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Acuerdos sujetos a trámite constitucional previsto para tratados CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Tránsito debe seguir el procedimiento establecido en la Constitución CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Respeto de las leyes y el reglamento interno/PRERROGATIVAS E INMUNIDADES DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-No implican impunidad por delitos y procede la indemnización de perjuicios El artículo 6 de la Convención, con el fin de garantizar el respeto a la soberanía nacional y asegurar la protección de las personas y bienes que habitan en territorio colombiano, obliga al personal asociado y al personal de Naciones Unidas que participe en una misión de restablecimiento o mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales que pase o tenga su sede en el territorio nacional, a respetar las leyes y reglamentos internos. Tal obligación existe aún cuando se reconozcan prerrogativas e inmunidades para este personal, pues tales privilegios no implican la impunidad frente a posibles delitos cometidos por este personal durante su paso por territorio colombiano. Según las normas penales aplicables, incluso de conformidad con las normas internacionales, los privilegios e inmunidades no tienen como consecuencia la impunidad por los delitos cometidos por agentes amparados por ellas. En el caso de delitos cometidos por personal que goza de privilegios o inmunidades, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación deben ser garantizados, por lo que cabe la indemnización de los perjuicios ocasionados a las víctimas, incluso a cargo del Estado colombiano cuando se reúnan los requisitos para ello. CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Obligación de poner en libertad o devolver al personal de Naciones Unidas y asociado capturado o detenido DETENCION O CAPTURA DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Obligación de poner en libertad o devolverlos DETENCION O CAPTURA DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Privilegios e inmunidades no impide comunicación de los hechos para ejercicio de jurisdicción y medidas para garantizar derechos a la verdad, justicia y reparación de víctimas CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Delitos contra el personal CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y ASOCIADO-Extradición de los presuntos culpables Referencia: expediente LAT-261 Revisión de la Ley 877 de 2 de enero de 2004, “por medio de la cual se aprueba “la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York, el 9 de diciembre de 1994 Magistrado Ponente: Dr. Manuel José Cepeda Espinosa Bogotá, D. C., siete (7) de septiembre de dos mil cuatro (2004) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de Revisión de la Ley 877 de 2 de enero de 2004, “por medio de la cual se aprueba “la Convención sobre la Seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York, el 9 de diciembre de 1994” I. ANTECEDENTES El Presidente de la República remitió a esta Corporación el 13 de enero de 2004, copia de la Ley 877 de 2 de enero de 2004, “por medio de la cual se aprueba “la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York el 9 de diciembre de 1994 para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Constitución. Mediante providencia del veintiocho (28) de enero de dos mil cuatro (2004), el magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto, y solicitó a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, así como a los Secretarios de las Comisiones Segundas de Senado y Cámara, enviar con destino al proceso de la referencia copia de la totalidad del expediente legislativo relativo al trámite del proyecto correspondiente a la Ley 877 del 2 de enero de 2004. En dicho auto se ordenó que, una vez vencido el período probatorio y recibidas las pruebas solicitadas, se fijara en lista el proceso y se diera traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor. Igualmente, se ordenó en el auto comunicar la iniciación del proceso al Señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso y al Ministro de Relaciones Exteriores, para los efectos legales pertinentes. Cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad del tratado y de la ley que lo aprueba. II. EL TEXTO DE LOS TRATADOS Y DE LA LEY OBJETO DE REVISION. El texto de la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York el 9 de diciembre de 1994, y de la ley aprobatoria que son objeto de revisión son los siguientes, según la publicación efectuada en el Diario Oficial AÑO CXXXIX. No. 45.422, de 6 de enero de 2004, Pág.4, es el siguiente. LEY 877 DE 2004 (enero 2) por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). El Congreso de la República Visto el texto de la "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice: (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado). PROYECTO DE LEY NUMERO 37 DE 2002 SENADO por medio de la cual se aprueba la "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). El Congreso de la República Visto el texto de la "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que a la letra dice: (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado). «CONVENCION SOBRE LA SEGURIDAD DEL PERSONAL DE LAS NACIONES UNIDAS Y EL PERSONAL ASOCIADO Los Estados Partes en la presente Convención, Profundamente preocupados por el creciente número de muertos y heridos como resultado de atentados deliberados contra el personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, Teniendo presente que no puede justificarse ni aceptarse que el personal que actúa en nombre de las Naciones Unidas sea objeto de atentados o malos tratos de cualquier tipo quienquiera los cometa, Reconociendo que las operaciones de las Naciones Unidas se realizan en interés de toda la comunidad internacional y de conformidad con los principios y los propósitos de las Naciones Unidas, Reconociendo la importante contribución que el personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado aportan a las actividades de las Naciones Unidas en las esferas de la diplomacia preventiva, el establecimiento, el mantenimiento y la consolidación de la paz, y las operaciones humanitarias y de otro orden, Conscientes de los acuerdos existentes para velar por la seguridad del personal de las Naciones Unidas y del personal asociado, en particular de las medidas adoptadas por los órganos principales de las Naciones Unidas a ese respecto, Reconociendo no obstante, que las medidas existentes para la protección del personal de las Naciones Unidas y del personal asociado son insuficientes, Reconociendo que la eficacia y la seguridad de las operaciones de las Naciones Unidas mejoran cuando esas operaciones se realizan con el consentimiento y la cooperación del Estado receptor, Apelando a todos los Estados en que haya desplegado personal de las Naciones Unidas y personal asociado, y a todas las entidades cuya ayuda pueda necesitar ese personal, para que presten apoyo cabal con miras a facilitar la realización y el cumplimiento del mandato de las operaciones de las Naciones Unidas, Convencidos, por ello, de la urgente necesidad de adoptar medidas apropiadas y eficaces para prevenir los atentados cometidos contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado y para castigar a quienes los hayan cometido, Han convenido en lo siguiente: Artículo 1. Definiciones Para los efectos de la presente Convención: a) Por "Personal de las Naciones Unidas" se entenderá: i) Las personas contratadas o desplegadas por el Secretario General de las Naciones Unidas como miembros de los componentes militares, de policía o civiles de una operación de las Naciones Unidas; ii) Otros funcionarios y expertos en misión de las Naciones Unidas o sus organismos especializados o el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) que se encuentren presentes, con carácter oficial, en una zona donde se lleve a cabo una operación de las Naciones Unidas; b) Por "personal asociado" se entenderá: i) Las personas asignadas por un Gobierno o por una organización intergubernamental con el acuerdo del órgano competente de las Naciones Unidas; ii) Las personas contratadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, por un organismo especializado o por el OIEA; iii) Las personas desplegadas por un organismo u organización no gubernamental de carácter humanitario en virtud de un acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas, con un organismo especializado o con el OIEA, para realizar actividades en apoyo del cumplimiento del mandato de una operación de las Naciones Unidas: c) Por "operación de las Naciones Unidas" se entenderá una operación establecida por el órgano competente de las Naciones Unidas de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y realizada bajo la autoridad y control de las Naciones Unidas: i) Cuando la operación esté destinada a mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales, o ii) Cuando el Consejo de Seguridad o la Asamblea General haya declarado, a los efectos de la presente Convención, que existe un riesgo excepcional para la seguridad del personal que participa en la operación; d) Por "Estado receptor" se entenderá un Estado en cuyo territorio se lleve a cabo una operación de las Naciones Unidas; e) Por "Estado de tránsito" se entenderá un Estado, distinto del Estado receptor, en cuyo territorio el personal de las Naciones Unidas y asociado o su equipo esté en tránsito o temporalmente presente en relación con una operación de las Naciones Unidas. Artículo 2. Ambito de aplicación 1. La presente Convención se aplicará al personal de las Naciones Unidas y al personal asociado y a las operaciones de las Naciones Unidas, según se definen en el artículo 1. 2. La presente Convención no se aplicará a las operaciones de las Naciones Unidas autorizadas por el Consejo de Seguridad como medida coercitiva de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en las que cualesquiera miembros del personal participen como combatientes contra fuerzas armadas organizadas, a las que se aplica el derecho relativo a los conflictos armados internacionales. Artículo 3. Identificación 1. Los componentes militares y de policía de las operaciones de las Naciones Unidas, así como sus vehículos, embarcaciones y aeronaves, llevarán una identificación distintiva. El resto del personal y de los vehículos, las embarcaciones y las aeronaves que participen en la operación de las Naciones Unidas llevarán la debida identificación a menos que el Secretario General de las Naciones Unidas decida otra cosa. 2. Todo el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado portará los documentos de identificación correspondientes. Artículo 4. Acuerdos sobre el Estatuto de la operación El Estado receptor y las Naciones Unidas concluirán lo antes posible un acuerdo sobre el estatuto de la operación de las Naciones Unidas y de todo el personal que participa en la operación, el cual comprenderá, entre otras, disposiciones sobre las prerrogativas e inmunidades de los componentes militares y de policía de la operación. Artículo 5. Tránsito El Estado de tránsito facilitará el tránsito sin obstáculos del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado y de su equipo hacia el Estado receptor y desde este. Artículo 6. Respeto de las leyes y reglamentos 1. Sin perjuicio de las prerrogativas e inmunidades de que gocen o de las exigencias de sus funciones, el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado: a) Respetará las leyes y reglamentos del Estado receptor y del Estado de tránsito, y b) Se abstendrá de toda acción o actividad incompatible con el carácter imparcial e internacional de sus funciones. 2. El Secretario General tomará todas las medidas apropiadas para asegurar la observancia de estas obligaciones. Artículo 7. Obligación de velar por la seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado 1°. El Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, su equipo y sus locales no serán objeto de ataques ni de acción alguna que les impida cumplir su mandato. 2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para velar por la seguridad del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado. En particular, los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para proteger al personal de las Naciones Unidas y el personal asociado desplegado en su territorio contra los delitos enumerados en el artículo 9. 3. Los Estados Partes cooperarán con las Naciones Unidas y con los demás Estados Partes, según proceda, en la aplicación de la presente Convención, especialmente en los casos en que el Estado receptor no esté en condiciones de adoptar por sí mismo las medidas requeridas. Artículo 8. Obligación de poner en libertad o devolver al Personal de las Naciones Unidas y al Personal Asociado capturado o detenido Salvo que ello esté previsto de otra forma en un acuerdo sobre el estatuto de las fuerzas que sea aplicable, si el Personal de las Naciones Unidas o el Personal Asociado es capturado o detenido en el curso del desempeño de sus funciones y se ha establecido su identidad, no será sometido a interrogatorio y será puesto en libertad de inmediato y devuelto a las Naciones Unidas o a otras autoridades pertinentes. Durante su detención o captura, dicho personal será tratado de conformidad con las normas de derechos humanos universalmente reconocidas y con los principios y el espíritu de los Convenios de Ginebra de 1949. Artículo 9. Delitos contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado 1. La comisión intencional de: a) Un homicidio, secuestro u otro ataque contra la integridad física o la libertad de cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas o el personal asociado; b) Un ataque violento contra los locales oficiales, la residencia privada o los medios de transporte de cualquier miembro del personal de las Naciones Unidas o del personal asociado, que pueda poner en peligro su integridad física o su libertad; c) Una amenaza de tal ataque con el objetivo de obligar a una persona natural o jurídica a realizar o abstenerse de realizar algún acto; d) Una tentativa de cometer tal ataque, y e) Un acto que constituya la participación como cómplice en tal ataque o tentativa de ataque o que suponga organizar u ordenar a terceros la comisión de tal ataque, será considerado delito por cada Estado Parte en su legislación nacional. 2. Los Estados Partes sancionarán los delitos enumerados en el párrafo 1 con penas adecuadas que tengan en cuenta su gravedad. Artículo 10. Establecimiento de jurisdicción 1. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos definidos en el artículo 9 en los casos siguientes: a) Cuando el delito se haya cometido en el territorio de ese Estado o a bordo de un buque o aeronave matriculado en ese Estado; b) Cuando el presunto culpable sea nacional de ese Estado. 2. Un Estado Parte podrá también establecer su jurisdicción respecto de cualquiera de tales delitos cuando: a) Sea cometido por una persona apátrida cuya residencia habitual se halle en ese Estado; o b) Sea cometido contra un nacional de ese Estado, o c) Sea cometido en un intento de obligar a ese Estado a hacer o no hacer alguna cosa. 3. Todo Estado Parte que haya establecido la jurisdicción indicada en el párrafo 2 lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas. Si ese Estado Parte deroga posteriormente tal jurisdicción lo notificará al Secretario General de las Naciones Unidas. 4. Cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos definidos en el artículo 9 en el caso de que el presunto culpable se encuentre en su territorio y de que ese Estado no conceda su extradición, conforme al artículo 15, a alguno de los Estados Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con lo dispuesto en los párrafos 1 o 2. 5. La presente Convención no excluirá ninguna jurisdicción penal ejercida de conformidad con la legislación nacional. Artículo 11. Prevención de los delitos contra el personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado Los Estados Partes cooperarán en la prevención de los delitos enumerados en el artículo 9, en particular: a) Adoptando todas las medidas factibles para impedir que se prepare en sus respectivos territorios la comisión de esos delitos dentro o fuera de su territorio, y b) Intercambiando información de acuerdo con su legislación nacional y coordinando la adopción de las medidas administrativas y de otra índole que sean procedentes para impedir que se cometan esos delitos. Artículo 12. Comunicación de información 1. En las condiciones previstas en su legislación nacional, el Estado Parte en cuyo territorio se haya cometido uno de los delitos definidos en el artículo 9°, si tiene razones para creer que el presunto culpable ha huido de su territorio, deberá comunicar al Secretario General de las Naciones Unidas y, directamente o por intermedio del Secretario General, al Estado o Estados interesados, todos los datos pertinentes relativos al delito cometido y toda la información de que disponga sobre la identidad del presunto culpable. 2. Cuando se haya cometido uno de los delitos enumerados en el artículo 9°, todo Estado Parte que disponga de información sobre la víctima y las circunstancias del delito se esforzará por comunicarla completa y rápidamente, en las condiciones establecidas por su legislación nacional, al Secretario General de las Naciones Unidas y al Estado o los Estados interesados. Artículo 13. Medidas destinadas a asegurar el enjuiciamiento o la extradición 1. Cuando las circunstancias lo justifiquen, el Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable adoptará las medidas pertinentes, previstas en su legislación nacional, para asegurar la presencia de esa persona a los efectos de su enjuiciamiento o extradición. 2. Las medidas tomadas de conformidad con el párrafo 1° serán notificadas de conformidad con la legislación nacional y sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas y, directamente o por intermedio del Secretario General: a) Al Estado en que se haya cometido el delito; b) Al Estado o los Estados de que sea nacional el presunto culpable o, si este es apátrida, al Estado en cuyo territorio tenga su residencia habitual esa persona; c) Al Estado o los Estados de que sea nacional la víctima; d) A los demás Estados interesados. Artículo 14. Enjuiciamiento de los presuntos culpables El Estado Parte en cuyo territorio se encuentre el presunto culpable, si no concede su extradición, someterá el caso, sin ninguna excepción y sin demora injustificada, a sus autoridades competentes para el ejercicio de la acción penal, según el procedimiento establecido en la legislación de ese Estado. Dichas autoridades tomarán su decisión en las mismas condiciones que las aplicables a los delitos comunes de carácter grave de acuerdo con el derecho de ese Estado. Artículo 15. Extradición de los presuntos culpables 1. Si los delitos enumerados en el artículo 9° no están enumerados entre los que dan lugar a extradición en un tratado de extradición vigente entre los Estados Partes, se considerarán incluidos como tales en esa disposición. Los Estados Partes se comprometen a incluir esos delitos, en todo tratado de extradición que concluyan entre sí, entre los que dan lugar a extradición. 2. Todo Estado Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado, si recibe una petición de extradición de otro Estado Parte con el que no tenga tratado de extradición, podrá, a su discreción, considerar la presente Convención como la base jurídica necesaria para la extradición en lo que respecta a esos delitos. La extradición estará sometida a las condiciones establecidas por la legislación del Estado requerido. 3. Los Estados Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán que esos delitos dan lugar a extradición entre ellos con sujeción a lo que dispone la legislación del Estado requerido. 4. A los efectos de la extradición entre Estados Partes, se considerará que esos delitos se han cometido no solamente en el lugar donde se perpetraron, sino también en el territorio de los Estados Partes a que se hace referencia en los párrafos 1 ó 2 del artículo 10. Artículo 16. Asistencia mutua en cuestiones penales 1. Los Estados Partes se prestarán toda la asistencia posible en relación con los procedimientos penales relativos a los delitos enumerados en el artículo 9°, en particular asistencia para obtener todos los elementos de prueba de que dispongan que sean necesarios para tales actuaciones. En todos los casos se aplicará la legislación del Estado requerido. 2. Las disposiciones del párrafo 1° no afectarán a las obligaciones derivadas de cualquier otro tratado en lo relativo a la asistencia mutua en cuestiones penales. Artículo 17. Trato imparcial 1. Se garantizarán un trato justo, un juicio imparcial y plena protección de los derechos en todas las fases de las investigaciones o del procedimiento a las personas respecto de las cuales se estén realizando investigaciones o actuaciones en relación con cualquiera de los delitos enumerados en el artículo 9°. 2. Todo presunto culpable tendrá derecho: a) A ponerse sin demora en comunicación con el representante competente más próximo del Estado o los Estados de que sea nacional o al que competa por otras razones la protección de sus derechos o, si esa persona es apátrida, del Estado que esa persona solicite y que esté dispuesto a proteger sus derechos, y b) A recibir la visita de un representante de ese Estado o de esos Estados. Artículo 18. Notificación del resultado de las actuaciones El Estado Parte en el que se enjuicie a un presunto culpable comunicará el resultado final de las actuaciones al Secretario General de las Naciones Unidas, quien transmitirá la información a los demás Estados Partes. Artículo 19. Difusión Los Estados Partes se comprometen a dar a la presente Convención la difusión más amplia posible y, en particular, a incluir su estudio. Así como el de las disposiciones pertinentes del derecho internacional humanitario, en sus programas de instrucción militar. Artículo 20. Cláusulas de salvaguarda Nada de lo dispuesto en la presente Convención afectará a: a) La aplicabilidad del derecho internacional humanitario ni de las normas universalmente reconocidas de derechos humanos según figuran en instrumentos internacionales en relación con la protección de las operaciones de las Naciones Unidas y del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, ni a la responsabilidad de ese personal de respetar ese derecho y esas normas; b) Los derechos y obligaciones de los Estados, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, en lo que respecta al consentimiento para la entrada de personas en su territorio; c) La obligación del personal de las Naciones Unidas y el personal asociado de actuar de conformidad con los términos del mandato de una operación de las Naciones Unidas; d) El derecho de los Estados que voluntariamente aporten personal a una operación de las Naciones Unidas a retirar a su personal de la participación en esa operación, o e) El derecho a recibir indemnización apropiada en el caso de defunción, discapacidad, lesión o enfermedad atribuible a los servicios de mantenimiento de la paz prestados por el personal voluntariamente aportado por los Estados a operaciones de las Naciones Unidas. Artículo 21. Derecho a actuar en defensa propia Nada de lo dispuesto en la presente Convención será interpretado en forma que menoscabe el derecho a actuar en defensa propia. Artículo 22. Arreglo de controversias 1. Las controversias entre dos o más Estados Partes con respecto a la interpretación o la aplicación de la presente Convención que no puedan resolverse mediante negociación serán sometidas a arbitraje a petición de uno de ellos. Si en el plazo de seis meses a partir de la fecha de la solicitud de un arbitraje las partes no pueden llegar a un acuerdo sobre la organización de este, cualquiera de ellas podrá remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia mediante una solicitud presentada de conformidad con el Estatuto de la Corte. 2. Todo Estado Parte, en el momento de la firma, ratificación, aceptación o aprobación de la presente Convención o de su adhesión a ella, podrá declarar que no se considera obligado por el párrafo 1°. Los demás Estados Partes no estarán obligados por lo dispuesto en el párrafo 1° o por la parte pertinente del mismo respecto de ningún Estado Parte que haya formulado esa reserva. 3. Todo Estado Parte que haya formulado la reserva prevista en el párrafo 2 podrá retirarla en cualquier momento mediante una notificación al Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo 23. Reuniones de examen A petición de uno o más Estados Partes, y si así lo aprueba una mayoría de los Estados Partes, el Secretario General de las Naciones Unidas convocará una reunión de los Estados Partes para examinar la aplicación de la Convención y cualesquiera problemas que pudiera plantear su aplicación. Artículo 24. Firma La Presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados hasta el 31 de diciembre de 1995, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Artículo 25. Ratificación, aceptación o aprobación La presente Convención estará sujeta a ratificación, aceptación o aprobación. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo 26. Adhesión Todos los Estados podrán adherirse a la presente Convención. Los instrumentos de adhesión se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. Artículo 27. Entrada en vigor 1. La Presente Convención entrará en vigor 30 días después de que se hayan depositado 22 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 2. Para todo Estado que ratifique, acepte o apruebe la Convención o se adhiera a esta después de depositados 22 instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, la Convención entrará en vigor el trigésimo día después de que dicho Estado haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. Artículo 28. Denuncia 1. Los Estados Partes podrán denunciar la presente Convención mediante una notificación escrita dirigida al Secretario General. 2. La denuncia tendrá efecto un año después de que el Secretario General de las Naciones Unidas haya recibido la notificación. Artículo 29. Textos auténticos El original de la presente Convención, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas, que enviará a todos los Estados copias certificadas de esos textos. Hecha en Nueva York el día nueve de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Convention on the Safety of the United Nations and Associated personnel, adopted by the General Assembly of the United Nations on 9 December 1994, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations Je certifie que le texte qui précéde est une copie conforme de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1994, dont l’ original est déposé auprés du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies. For the Secretary-General The Legal Counsel (Under-Secretary-General For Legal Affairs) Hans Corell United Nations, New York 16 January 1995 Pour le Secrétaire général Le Conseiller juridique (Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques) Hans Corell Organisation des Nations Unies New York, le 16 de janvier 1995 RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Bogotá, D. C., mayo 15 de 2001 Aprobada. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales. ANDRES PASTRANA ARANGO El Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto. DECRETA: Artículo 1°. Apruébase la "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado" hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la "Convención Sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D. C., a los ... Presentado al honorable Congreso de la República por los suscritos, Ministro de Relaciones Exteriores y Ministro de Justicia y del Derecho, El Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto. El Ministro de Justicia y del Derecho, Rómulo González Trujillo. EXPOSICION DE MOTIVOS Honorables Senadores y Representantes: En nombre del Gobierno Nacional y en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 150 numeral 16 y 189 numeral 2 de la Constitución Política de la República de Colombia, tengo el honor de someter a su consideración el Proyecto de ley por medio de la cual se aprueba la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). El día 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó, por consenso, una "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado". Con este convenio concluía un proceso de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional, realizado a un ritmo excepcional, lo que se explicaba por la imperiosa necesidad de proporcionar al personal de la ONU una mejor protección durante el desempeño de sus tareas, cada vez más numerosas, peligrosas y complejas. La Asamblea General reconoció, por lo demás, plenamente esa necesidad, declarándose "gravemente preocupada por el número cada vez mayor de ataques contra el personal de las Naciones Unidas y personal asociado que han causado muertes o heridas graves" y "reconociendo la necesidad de fortalecer y de mantener en examen los arreglos para la protección" de ese personal1. La "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado" (en adelante, la Convención) se inscribe evidentemente en un contexto caracterizado por el considerable aumento del número y la envergadura de las operaciones de mantenimiento y de imposición de la paz. A pesar de que la ONU ha tenido que deplorar, desde sus primeros años de existencia, la pérdida de colaboradores suyos que participaban en misiones peligrosas, las amenazas con las que se ha visto a veces confrontado su personal no han obstaculizado demasiado la acción de la Organización. Desde comienzos de los años noventa, la situación ha cambiado r adicalmente al respecto, ya que se han multiplicado los ataques contra la integridad e incluso la vida del personal contratado por la ONU. Si en el pasado los ataques solían ser accidentales, actualmente se ataca intencionadamente al personal de la ONU con el único propósito de paralizar el funcionamiento de la operación en la que participa. Ese aumento del número de víctimas se debe a numerosos factores, entre los que cabe citar, en particular, el hecho de que la ONU tiene que intervenir, cada vez con mayor frecuencia, en el manejo de conflictos internos o en contextos en los que ha desaparecido toda autoridad. La ONU comprendió pronto la necesidad de tomar medidas para mejorar la seguridad de su personal. Por ello, ya en 1992, el Secretario General consideraba indispensable "(...) proteger debidamente a los funcionarios de las Naciones Unidas en circunstancias en que sus vidas corren peligro (...)"2. La comunidad internacional en su conjunto y los Estados que participan con regularidad en las operaciones de mantenimiento de la paz, en particular, no tardaron en responder a las cuestiones planteadas por el Secretario General de la ONU. Así pues, en una declaración leída por su Presidente el día 31 de mayo de 1993, el Consejo de Seguridad calificaba de inadmisibles los ataques perpetrados contra el personal de la ONU y exigía que los Estados reaccionasen sin demora para enjuiciar y condenar a los autores de tales actos. El 27 de agosto de 1993, el Secretario General presentó al Consejo de Seguridad un informe sobre la seguridad del personal de las Naciones Unidas. Se señalaban en él diversos enfoques que podrían mejorarla. El Secretario General, al referirse a 1a posibilidad de elaborar una nueva Convención relativa exclusivamente a la protección del personal de la ONU, indicaba que dicho instrumento debería "codificar y seguir desarrollando el derecho internacional consuetudinario reflejado en la práctica reciente de las Naciones Unidas y de los Estados Miembros y debería refundir en un solo documento el conjunto de principios y obligaciones contenidos en los actuales tratados multilaterales y bilaterales". El Consejo de Seguridad tuvo en cuenta ese informe en su Resolución 868, en la que se prevén algunas medidas para la seguridad del personal que habrán de adoptarse cuando se organicen futuras operaciones de mantenimiento de la paz. En las siguientes líneas se presentan brevemente las disposiciones de la Convención, cuya redacción es pertinente resaltar por su estrecha relación con el derecho internacional humanitario. El preámbulo de la Convención recuerda el creciente número de ataques contra el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado; hace hincapié en la insuficiencia de las medidas existentes, así como en la urgente necesidad de adoptar medidas complementarias, apropiadas y eficaces. El artículo 1° contiene ciertas definiciones necesarias para la comprensión de la Convención. Se define el personal de las Naciones Unidas como las personas directamente contratadas por las Naciones Unidas o por sus organismos especializados. El personal asociado comprende a las personas asignadas por un Gobierno o por una organización intergubernamental o no gubernamental en virtud de un acuerdo con el Secretario General de las Naciones Unidas para realizar actividades en apoyo del cumplimiento del mandato de una operación de las Naciones Unidas. Por la expresión operación de las Naciones Unidas se entenderá una operación establecida por el órgano competente de las Naciones Unidas y realizada bajo su control y autoridad. Estas operaciones son las que están destinadas a mantener o restablecer la paz y la seguridad internacionales y las que impliquen un "riesgo excepcional para la seguridad del personal". Además, en el artículo 1° se definen los conceptos de Estado receptor, como aquel en cuyo territorio se lleve a cabo una operación, y Estado de tránsito, como aquel en cuyo territorio el personal de las Naciones Unidas o su equipo esté en tránsito o temporalmente presente en relación con una operación de las Naciones Unidas. El artículo 2° define el ámbito material de aplicación de la Convención, es decir, las situaciones a las que se aplica o no la Convención. Puntualiza, en particular, que la Convención no se aplicará a las operaciones "autorizadas por el Consejo de Seguridad como medida coercitiva de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas en las que cualesquiera miembros del personal participen como combatientes contra fuerzas armadas organizadas" en un conflicto armado internacional. El simple hecho de que una acción se base en el Capítulo VII de la Carta no implica automáticamente la no-aplicabilidad de la Convención en favor de la aplicación del derecho internacional humanitario. Esta última sólo se produce en caso de enfrentamientos armados ente las fuerzas desplegadas por la ONU y fuerzas armadas organizadas. La cláusula implica que el derecho internacional humanitario se aplica a los enfrentamientos entre las fuerzas de la ONU y fuerzas armadas organizadas, y que es el derecho relativo a los conflictos armados internacionales, y no el de los conflictos internos, el que se aplica. El artículo 3° introduce el principio de identificación, mediante un distintivo, del personal, del material y de los medios de transporte que participen en operaciones de las Naciones Unidas. El artículo 5° obliga al Estado de tránsito a facilitar el tránsito sin obstáculos del personal de las Naciones Unidas que participa en una operación y de su equipo. El artículo 10 obliga a los Estados Partes a adoptar las medidas necesarias para establecer su jurisdicción sobre los delitos definidos en el artículo 9°. Los artículos 11, 12, 13 y 16 introducen medidas en materia criminal o penal relativas a la prevención de los delitos, la comunicación de información, el enjuiciamiento o la extradición de los presuntos culpables, así como el principio de asistencia mutua en cuestiones penales. Los artículos 14 y 15 estipulan la aplicabilidad del principio "aut judicare aut dedere" a la Convención. El artículo 14 obliga al Estado en cuyo territorio se haya cometido una infracción a enjuiciar sin demora al presunto culpable. El artículo 15 establece, por su parte, la obligación de extraditar a los presuntos culpables de delitos que no hayan sido enjuiciados con arreglo al artículo 14. El artículo 17 define el trato imparcial que debe garantizarse al presunto culpable de los delitos enumerados en el artículo 9°. El artículo 18 establece la obligación de notificar el resultado final de las actuaciones incoadas en caso de violación del artículo 9°. El artículo 20 comprende varias cláusulas de salvaguarda. Estipula, en particular, que nada de lo dispuesto en la Convención afectará la aplicabilidad del derecho internacional humanitario ni de las normas universalmente reconocidas de derechos humanos; los derechos de los Estados en lo que respecta a la entrada de personas en su territorio; la obligación del personal de las Naciones Unidas de actuar de conformidad con los términos del mandato de una operación de las Naciones Unidas; el derecho de los Estados que aporten voluntariamente personal a retirarlo de una operación y el derecho a recibir una indemnización apropiada en caso de defunción, discapacidad, lesión o enfermedad acontecidos en el transcurso de una operación de las Naciones Unidas. Desde el comienzo del proceso de desarrollo progresivo del derecho que daría lugar al texto final de la Convención, se puso de manifiesto que esta estaría estrechamente relacionada con el derecho internacional humanitario y que, por ello, la cláusula de salvaguarda en favor de este último sería necesaria. Los respectivos ámbitos de aplicación material de la Convención y del derecho internacional humanitario son distintos, aunque coincidan en parte. Así pues, se pueden distinguir dos tipos de situaciones: 1. Aquellas en las que la Convención y el derecho humanitario se aplican, y 2. Aquellas en las que solo se aplica el derecho humanitario (es decir, las situaciones previstas en la cláusula de excepción del artículo 2°, apartado 2). Esta dualidad entre la Convención y el derecho humanitario no molesta, puesto que ambos tienen un objetivo común: garantizar la seguridad del personal de las Naciones Unidas. La explicación es que debe considerarse que la Convención, como hemos visto, se desprende del jus ad bellum, que prohíbe totalmente los ataques contra las fuerzas de la ONU y no del jus in bello. A ese respecto, se puede pensar que la complementariedad de los regímenes previstos por la Convención, por un lado, y el derecho humanitario, por otro, es conforme con la norma de distinción entre jus in bello y jus in bellum. Así pues, se puede admitir, en virtud de esa distinción, que la prohibición de atacar al personal de la ONU o al personal asociado no impide que, en caso de violación de dicha prohibición, ese personal se beneficie del derecho humanitario. La cláusula de salvaguarda del artículo 20 completa afortunadamente la cláusula de excepción estipulada en el artículo 2°, apartado 2, de la Convención y garantiza que, en todos los casos en los que la Convención no baste para garantizar la protección del personal de la ONU y del personal asociado, deberá aplicarse el derecho internacional humanitario. Dado que el contenido de la Convención fue adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas llevada a cabo el 9 de diciembre de 1994, y acogiendo la recomendación realizada por la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en su Resolución E/CN.4/RES/2000/77 del 27 de abril de 2000, el Gobierno Nacional de la República de Colombia, a través de la Cancillería y del Ministerio de Justicia y del Derecho, solicita al honorable Congreso Nacional que apruebe la Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado, hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). De los honorables Senadores y Representantes, El Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto. El Ministro de Justicia y del Derecho, Rómulo González Trujillo.» LEY 424 DE 1998 (enero 13) por la cual se ordena el seguimiento a los convenios internacionales suscritos por Colombia. El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 1º. El Gobierno Nacional a través de la Cancillería presentará anualmente a las Comisiones Segundas de Relaciones Exteriores de Senado y Cámara, y dentro de los primeros treinta días calendario posteriores al período legislativo que se inicia cada 20 de julio, un informe pormenorizado acerca de cómo se están cumpliendo y desarrollando los Convenios Internacionales vigentes suscritos por Colombia con otros Estados. Artículo 2º. Cada dependencia del Gobierno Nacional encargada de ejecutar los Tratados Internacionales de su competencia y requerir la reciprocidad en los mismos, trasladará la información pertinente al Ministerio de Relaciones Exteriores y este, a las Comisiones Segundas. Artículo 3º. El texto completo de la presente ley se incorporará como anexo a todos y cada uno de los Convenios Internacionales que el Ministerio de Relaciones Exteriores presente a consideración del Congreso. Artículo 4º. La presente ley rige a partir de su promulgación. El Presidente del honorable Senado de la República. Amílkar Acosta Medina. El Secretario General del honorable Senado de la República, Pedro Pumarejo Vega. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Carlos Ardila Ballesteros. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Diego Vivas Tafur. República de Colombia - Gobierno Nacional. Publíquese y ejecútese. Dada en Santa Fe de Bogotá, D. C., a 13 de enero de 1998. ERNESTO SAMPER PIZANO La Ministra de Relaciones Exteriores, María Emma Mejía Vélez. RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Bogotá, D. C., mayo 15 de 2001 Aprobada. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales. (Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Guillermo Fernández de Soto. DECRETA: Artículo 1°. Apruébase la "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado" hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994). Artículo 2°. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, la "Convención Sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", hecha en Nueva York, el día nueve (9) de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro (1994), que por el artículo primero de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Artículo 3°. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. El Presidente del honorable Senado de la República, Germán Vargas Lleras. El Secretario General del honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajud. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Alonso Acosta Osio. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Angelino Lizcano Rivera. REPUBLICA DE COLOMBIA - GOBIERNO NACIONAL Comuníquese y cúmplase. Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política. Dada en Bogotá, D. C., a 2 de enero de 2004. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega El Viceministro de Asuntos Políticos Multilaterales del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de las funciones del Despacho de la Ministra de Relaciones Exteriores, Jaime Girón Duarte. III. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES El Ministerio de Relaciones Exteriores intervino por medio de apoderado para defender la exequibilidad de la Ley 877de 2004. La interviniente presenta argumentos encaminados a defender la exequibilidad tanto formal como material del tratado en revisión. Frente a los requerimientos constitucionales de carácter formal para incorporar a nuestro ordenamiento jurídico la Convención para, sostiene que éstos se cumplieron. Manifiesta que el día 9 de diciembre de 1994, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas aprobó por consenso, la "Convención sobre la Seguridad del Personal de las Naciones Unidas y el Personal Asociado", mediante resolución 49/59. Posteriormente, el 15 de mayo de 2001, el entonces Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, impartió la aprobación ejecutiva y ordenó someter el Convenio al Congreso de la República. Luego de describir el contenido del Convenio, la interviniente hace un breve recuento de la evolución histórica del derecho internacional de los derechos humanos para destacar la importancia que tiene la protección del derecho a la vida y las obligaciones de protección de nacionales y extranjeros que se encuentren en territorio nacional, que se derivan de esos compromisos internacionales. Resalta la interviniente que el convenio establece una forma de “discriminación positiva” en favor de personas que conforman las misiones extranjeras en Colombia, quienes además de gozar del régimen de inmunidades, en razón de las labores de cooperación y de ayuda a desplazados y a otros sectores necesitados, así como a la promoción del derecho internacional humanitario y de los derechos huanos, requieren una protección especial que garantice su seguridad mientras se desplazan por el territorio nacional. Finalmente, sostiene la interviniente que las disposiciones contenidas en estos dos instrumentos internacionales resultan conformes con las obligaciones derivadas de los tratados de derechos humanos y de derecho internacional humanitario de los cuales hace parte Colombia. IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación (E), Carlos Arturo Gómez Pavajeau, rindió el concepto No. 3551, mediante oficio del 28 de abril de 2004, a través del cual solicita que tanto la Ley 877 de 2004, como “la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York, el 9 de diciembre de 1994”, sean declarados constitucionales. Inicia su escrito con un análisis formal de la Ley 877 de 2004, y del proceso de adhesión a la Convención sobre la Seguridad Personal de las Naciones Unidas y el personal asociado, hecha en Nueva York, el 9 de diciembre de 1994. Destaca que el tratado bajo estudio fue adoptado por consenso en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas, organización de la cual hace parte Colombia y mediante la Ley 877 de 2004 se completan los trámites para la adhesión de Colombia a este convenio. Resalta que en materia de negociación y suscripción del Convenio se respetó la Constitución, dado que el Convenio fue suscrito por el Presidente de la República, Andrés Pastrana Arango, y por el Ministro de Relaciones Exteriores, Guillermo Fernández de Soto, personas de quienes se predica la existencia de plenos poderes. En cuanto al trámite del proyecto de ley ante el Congreso de la República, el Procurador General de la Nación revisa en detalle los requisitos que sobre iniciación del trámite legislativo en el Senado de la República, quórum deliberatorio y decisorio que establecen los artículos 145 y 146 de la Carta Política, así como las exigencias constitucionales de términos entre debates, aprobación por las cámaras, sanción presidencial y remisión a la Corte Constitucional, y concluye que la Ley 877 de 2004 cumplió con todos los requisitos constitucionales previstos para las leyes aprobatorias de tratados. Posteriormente, el Procurador se ocupa del estudio material de la Convención. El Procurador al explicar la finalidad y el contenido del convenio sostiene que constituye expresión del fortalecimiento de los lazos de cooperación y asistencia mutua entre los países signatarios para crear mecanismos que permitan determinar el marco jurídico dentro del cual se ejerce la protección de personas que en su calidad de miembros de las Naciones Unidas o de personal asociado a dicho organismo, actúan en las zonas de conflicto en procura de lograr la paz y de prestar ayuda a los damnificados por el conflicto. Resalta que en la legislación colombiana se hallan reconocidos algunos derechos sobre la seguridad de las personas, pero no para los funcionarios que prestan ayuda humanitaria, “por lo cual la adhesión al convenio resulta pertinente ya que en virtud del creciente aumento de los conflictos internos y externos y de las nuevas y variadas modalidades que surgen de la confrontación entre Estados y grupos alzados en armas es cada vez más urgente la demanda de acciones interestatales conjuntas que permitan conjurar los peligros que amenazan a las personas que en virtud de sus especiales tareas deben atender en las zonas de confrontación bélica.” Señala que la Convención consta de 29 artículos, de los cuales el preámbulo resalta la necesidad de protección del personal de Naciones Unidas y personal asociado dedicados a prestar ayuda humanitaria en las zonas de conflicto, dada la insuficiencia de los mecanismos existentes; el artículo 1, que contiene las definiciones que permitirán un entendimiento de su contenido; el artículo 3, relativo a la adopción de distintivos; el artículo 4, consagra la celeridad de los acuerdos entre la Organización de Naciones Unidas y el Estado receptor para determinar inmunidades y prerrogativas al componente militar y policía que participa en las misiones humanitarias; el artículo, sobre el permiso de tránsito del personal hacia el Estado receptor; el artículo 6, que consagra las obligaciones para el personal de Naciones Unidas y el personal asociado de respetar las leyes y reglamentos del Estado receptor; el artículo 7, que consagra el compromiso de los Estados parte para no atacar o impedir la labor del personal de Naciones Unidas y de brindar ayuda cuando el Estado receptor no se encuentre en condiciones de hacerlo; el artículo 8, que consagra la obligación de poner en libertad y devolver al personal capturado o detenido y la prohibición de someterlo a interrogatorio; el artículo 9, que contempla el catálogo de delitos contra el personal de Naciones Unidas y personal asociado; el artículo 10, que impone la necesidad de que cada Estado adopte las medidas tendientes a establecer su jurisdicción sobre los delitos referenciados en el artículo 9; los artículos 11, 12, 13 y 16, que establecen la obligatoriedad de tomar medidas tendientes a impedir la comisión de los delitos contra el personal de Naciones Unidas y personal asociado; el artículo 14 que consagra la obligación de enjuiciar sin demora al responsable de delitos contra el personal de Naciones Unidas y personal asociado, en caso de no otorgarse la extradición; el artículo 15 que establece el procedimiento sobre la extradición de los responsables de delitos contra el personal de Naciones Unidas y personal asociado; el artículo 17 que prevé la garantía de un juicio imparcial para las personas enjuiciadas por los delitos contra el personal de Naciones Unidas y personal asociado; el artículo 18 que establece la obligatoriedad de informar al Secretario General de Naciones Unidas sobre el resultado de las investigaciones adelantadas en los Estados parte y el deber del Secretario de informar a los demás Estados parte; el artículo 19 que consagra el compromiso de los Estados Parte de difund...