Sentencia C-841 de 2008

C-841-08 PROYECTO DE SENTENCIA Sentencia C-841/08 ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS-Finalidad ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS-Contenido LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Características del control constitucional La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido, que el control de constitucionalidad de los Tratados Públicos y de sus leyes aprobatorias, goza de las siguientes características: (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. TRATADO INTERNACIONAL-Aprobación presidencial subsana cualquier posible vicio de procedimiento en el trámite de suscripción del tratado Si bien el Acuerdo de cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú fue suscrito por la señora Ministra de Relaciones Exteriores, en representación del Estado colombiano, quien conforme con lo establecido en el literal a) del numeral 2º, del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, en virtud de sus funciones, no requería de la presentación de plenos poderes para ejecutar los actos relativos a dicha celebración, la aprobación ejecutiva impartida por el Presidente de la República, autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso el Acuerdo de la referencia. Dicha aprobación subsana cualquier posible vicio de procedimiento en el trámite de suscripción de un tratado internacional. LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo Desde el punto de vista formal, la Ley 1165 de 2007 cumple con los requerimientos constitucionales y legales LAVADO DE ACTIVOS-Dimensión transnacional/LAVADO DE ACTIVOS-Instrumentos diseñados encaminados a prevenir, controlar y reprimir esta conducta delictiva PRECEDENTE EN SENTENCIA SOBRE TRATADO INTERNACIONAL-Contenido idéntico y reiteración de jurisprudencia PRECEDENTE EN SENTENCIA SOBRE TRATADO INTERNACIONAL-Disposiciones con identidad de textos o variaciones menores PRECEDENTE EN SENTENCIA SOBRE TRATADO INTERNACIONAL-Exclusión de aplicación a partir de posibles reformas constitucionales ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS-Desarrollo de principios de autodeterminación y soberanía LAVADO DE ACTIVOS-Ampliación del concepto información financiera ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS-Actividad ilícita definida por la normativa nacional y no por el tratado LAVADO DE ACTIVOS-Referencias a la confiscación y el decomiso ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS-Secreto bancario, tributario y bursátil ACUERDO DE COOPERACION CON PERU PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE ACTIVIDADES ILICITAS-Medidas de adopción y asistencia Referencia: expediente LAT-318 Revisión oficiosa de la Ley 1165 de 2007 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú” hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”. Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA Bogotá D.C., veintisiete (27) de agosto de dos mil ocho (2008) La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, doctores Humberto Antonio Sierra Porto -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Mauricio González Cuervo, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1165 de 2007 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú” hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”. I. ANTECEDENTES En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 12 de octubre de 2007, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1165 de 2007 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú” hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”. Por Auto del 19 de noviembre de 2007 del mismo año, el Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento de la Ley de la referencia y notificó a las Secretarías Generales de la Cámara y Senado para que remitieran toda la información concerniente al trámite legislativo dado a la ley bajo estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio del Interior, a la Fiscalía General de la Nación y a la Universidad del Rosario. Cumplidos los trámites indicados para este tipo de actuaciones, procede la Corte a pronunciar su decisión. II. TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA Se transcribe el texto completo de la Ley aprobatoria del Acuerdo: LEY 1165 DE 2007 (octubre 9) Diario Oficial No. 46.776 de 9 de octubre de 2007 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá, D. C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004). EL CONGRESO DE COLOMBIA Visto el texto del “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú”, hecho en Bogotá, D. C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004), que a la letra dice: (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado). ACUERDO DE COOPERACION PARA LA PREVENCION, CONTROL Y REPRESION DEL LAVADO DE ACTIVOS DERIVADOS DE CUALQUIER ACTIVIDAD ILICITA ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DEL PERU. El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del Perú, en adelante denominados las Partes, CONSCIENTES de que el lavado de activos es una conducta delictiva que por sus características ha adquirido un alcance internacional que requiere la cooperación de los Estados para hacerle frente de manera eficaz; QUE la naturaleza transnacional de esta actividad exige la adopción de acciones conjuntas de los Estados con el fin de erradicarla; RECONOCIENDO que una forma efectiva para combatir la criminalidad organizada, consiste en privarla de los rendimientos económicos obtenidos por sus actividades delictivas; CONVENCIDOS de la necesidad de fortalecer la cooperación mutua para combatir el lavado de activos derivado de cualquier conducta ilícita; TENIENDO en cuenta, entre otros instrumentos de lucha contra la delincuencia organizada transnacional, las recomendaciones contenidas en la “Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas”, suscrita el 20 de diciembre de 1988. EN OBSERVANCIA de las normas y principios del derecho internacional, y de las normas constitucionales de cada una de las Partes, HAN ACORDADO LO SIGUIENTE: ARTÍCULO I. - DEFINICIONES. A los fines del presente Acuerdo, se entiende por: 1. “Información sobre transacciones”: La información o los registros que lleva una institución financiera, así como los informes que esta elabore sobre transacciones de fondos en efectivo que excedan la cantidad establecida por la autoridad competente de cada Parte. 2. “Información financiera”: La información que esté en poder de las Partes sobre transacciones financieras, comerciales, bursátiles y demás transacciones, personas naturales y jurídicas, y grupos de personas y empresas, que pudieran considerarse relacionadas con el lavado de activos, conforme a la legislación vigente de las Partes. 3. “Institución Financiera”: En la República del Perú comprende las empresas del sistema financiero y del sistema de seguros, los almacenes generales de depósito, las empresas de transferencias de fondos, las empresas administradoras privadas de fondos de pensiones, las sociedades agentes de bolsa, las sociedades intermediarias de valores, la Bolsa de Valores, la Bolsa de Productos, entre otras personas naturales y jurídicas señaladas, y cualquier otra entidad que por la naturaleza de sus operaciones actúe como tal, según la legislación vigente. En la República de Colombia comprende a los establecimientos de Crédito -bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, sociedades de servicios financieros, sociedades de capitalización, organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero y cualquier otra entidad que por la naturaleza de sus operaciones actúe como tal, según la legislación vigente. Para los fines de este Acuerdo, a los actores del mercado público de valores tales como las bolsas, comisionistas de bolsa, comisionistas independientes de valores, administradores de fondos de inversión, administradoras de depósitos centralizados de valores, calificadoras de valores; así como a las casas de intermediación en la venta de divisas o casas de cambio, a las cooperativas de ahorro y crédito, casinos, casas de juego y azar, personas que se dedican a actividades de comercio exterior, entidades aseguradoras e intermediarios de seguros y reaseguros, se les aplicará las medidas del presente Acuerdo, así como las demás que las Partes determinen de común acuerdo mediante canje de notas diplomáticas. 4. “Actividad Ilícita”: Toda actividad definida de manera inequívoca por la ley de las Partes como generadora de una sanción penal o administrativa o sujeta a una consecuencia accesoria del delito y, para el caso colombiano, también de una consecuencia jurídica que conlleve la extinción de dominio. 5. “Bienes”: Todo activo de cualquier tipo, corporal o incorporal, mueble o inmueble, tangible o intangible, y los documentos o instrumentos legales que acrediten la propiedad u otros derechos sobre dichos activos. 6. “Producto del delito”: Todo bien derivado u obtenido directa o indirectamente de la comisión de un delito o el equivalente de tales bienes. 7. “Decomiso”: La privación con carácter definitivo de algún bien por decisión firme de un tribunal o de otra autoridad competente. Para el caso peruano, se entiende que dicho bien es efecto, ganancia o instrumento de un delito. 8. “Medidas provisionales” o “Embargo, secuestro preventivo o incautación de bienes”: Prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o movilizar bienes o la custodia o control temporales de bienes, por mandamiento expedido por una autoridad competente. ARTÍCULO II.- ALCANCE DEL ACUERDO. Las Partes se comprometen a establecer un mecanismo de cooperación y asistencia mutua para los siguientes fines: 1. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de las actividades realizadas por las instituciones financieras, definidas en el artículo I numeral 30 del presente Acuerdo. 2. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos realizado a través de la inversión, comercialización internacional de bienes, servicios o transferencia de tecnología. 3. Prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos a través de la movilización física de capitales, desde o hacia el territorio de una de las Partes. 4. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica, tal como intercambio de experiencias, capacitación sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos. ARTÍCULO III.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE CONTROL PARA EL SECTOR FINANCIERO, BURSATIL Y OTROS OBLIGADOS. 1. Las Partes asegurarán que las instituciones financieras sujetas a sus leyes nacionales, conserven y reporten la información pertinente a cada transacción sometida a control y en especial cualquier transacción sospechosa realizada por alguno de sus clientes. 2. Las Partes alentarán a que las instituciones financieras, de acuerdo con su ordenamiento interno, establezcan mecanismos de conocimiento del cliente y de su actividad económica, así como el volumen, frecuencia y características de sus transacciones financieras. 3. Las Partes podrán considerar el establecimiento de redes de información financiera, cuyo objetivo será colaborar con las autoridades encargadas de la investigación de las operaciones de lavado de activos. 4. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica, tal como intercambio de experiencias, capacitación sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos. ARTÍCULO IV.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION Y CONTROL DE LA COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE BIENES, SERVICIOS Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 1. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las personas naturales y jurídicas cooperen con las autoridades, tanto nacionales como extranjeras, para la prevención del lavado a través de la inversión, comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de tecnología, desde o hacia el territorio de una de las Partes. 2. Las Partes ejercerán especial control sobre las actividades de los productores y comercializadores de aquellos bienes, servicios y transferencia de tecnología, que puedan ser utilizados para lavar bienes o activos de origen ilícito, desde o hacia el territorio de una de las Partes. 3. Las Partes establecerán los controles necesarios para asegurar que las personas o empresas exportadoras o importadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología desde o hacia el territorio de una de ellas, adopten mecanismos adecuados para conocer a sus clientes, así como para impedir que estos realicen los pagos con dineros de origen ilícito. 4. Las Partes adoptarán las medidas pertinentes para que las empresas y personas importadoras o exportadoras de bienes, servicios y transferencia de tecnología desde o hacia el territorio de una de las Partes, reporten de forma inmediata a las autoridades competentes de las Partes, cualquier información que pueda conducir a sospechar que se están usando estas actividades para el lavado de activos. 5. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos de lavado de activos realizados mediante la comercialización internacional de bienes, servicios y transferencia de tecnología. ARTÍCULO V.- MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL PARA LA MOVILIZACION FISICA DE CAPITALES. 1. Las Partes adoptarán las medidas necesarias para realizar controles a la movilización de moneda en efectivo, cheques de viajeros, órdenes de pago y demás medios que puedan ser utilizados para transferir recursos del territorio de una Parte al territorio de la otra. 2. Los controles a que se refiere el presente artículo podrán consistir en constancias documentales que reflejen el movimiento de las especies descritas en el numeral 1 del presente artículo, cuando su valor exceda a los montos establecidos por la autoridad competente de cada una de las Partes, incluyendo la fecha, el monto, el puerto o punto de entrada y el nombre y la identificación de la persona o personas que efectúen la respectiva operación. 3. Las Partes se prestarán la más amplia cooperación técnica sobre los métodos y mecanismos más efectivos para prevenir, detectar, controlar, investigar y sancionar los actos del lavado de activos provenientes del movimiento físico de capitales. ARTÍCULO VI.- AUTORIDADES CENTRALES. 1. Cada una de las Partes designará, dentro de los noventa (90) días siguientes a la firma del presente Acuerdo, sus Autoridades Centrales encargadas de presentar y recibir las solicitudes de asistencia materia de este Acuerdo. 2. Las Autoridades Centrales se comunicarán directamente entre ellas y remitirán las solicitudes a sus autoridades competentes. 3. Una vez designadas las Autoridades Centrales, las Partes, podrán comunicarse por la vía diplomática la modificación de dicha designación. ARTÍCULO VII.- INTERCAMBIO DE INFORMACION. 1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes a través de las Autoridades Centrales se facilitarán asistencia para el intercambio ágil y seguro, de información financiera, cambiaria, comercial y de otros sectores de la economía, a fin de detectar y realizar el seguimiento de presuntas operaciones de lavado. 2. Para tal efecto, se establecerá comunicación directa entre las Autoridades Centrales de cada Estado Parte, a fin de obtener y suministrar dicha información de conformidad con su legislación interna. 3. Las Partes cooperarán para obtener, ampliar y analizar información financiera que esté en su poder referente a las transacciones financieras sospechosas de estar relacionadas con el lavado de activos. ARTÍCULO VIII.- COOPERACION Y ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA. 1. De conformidad con los términos del presente Acuerdo, las Partes se prestarán asistencia mutua en el intercambio de pruebas o elementos materiales probatorios y la realización de actuaciones judiciales que puedan utilizarse en las respectivas investigaciones, indagaciones preliminares, procesos o enjuiciamientos por el delito de lavado de activos. Dicha asistencia comprenderá entre otras: a) Localización e identificación de personas y bienes o sus equivalentes, y elementos que puedan servir de prueba; b) Notificación de actos judiciales; c) Remisión de documentos e informaciones; d) Ejecución de registros domiciliarios e inspecciones judiciales; e) Recepción de testimonios y ejecución de peritajes; f) Citación y traslado voluntario de personas en calidad de testigos o peritos; g) Embargo, incautación, decomiso de bienes o extinción de dominio y otras medidas cautelares o definitivas sobre bienes; h) Cualquier otra forma de asistencia, siempre que la legislación de la Parte Requerida lo permita. 2. La solicitud de asistencia judicial deberá formularse por escrito y deberá contener: a) Nombre de la autoridad competente que tiene a su cargo la investigación o el procedimiento judicial; b) Propósito de la solicitud y descripción de la asistencia solicitada; c) Un breve resumen del asunto que se investiga o enjuicia, adjuntándose el texto de las disposiciones legales pertinentes; d) Detalle y fundamento de cualquier procedimiento especial que la Parte Requirente desee que se practique; e) Término dentro del cual la Parte Requirente desea que la solicitud sea cumplida; f) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que deberá ser citada o notificada, si se conoce, y la relación que dicha persona guarda con la investigación o proceso; g) Si fuere del caso, la identidad, nacionalidad, residencia o domicilio de la persona que sea citada para la ejecución de pruebas, si se conoce; h) La información disponible relativa a las transacciones que constituyen el objeto de la solicitud de asistencia, entre ellas, si se conoce, el número de la cuenta, monto, movimiento y balance promedio de la misma, el nombre del titular, el nombre y la ubicación de la institución financiera participante en la transacción y la fecha en la cual esta tuvo lugar. 3. La comparecencia de personas en calidad de testigos o peritos se regirá por lo dispuesto en el artículo 10 del Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal, suscrito entre las Partes, en Lima, el 12 de julio de 1994. 4. En caso de urgencia y si la legislación de la Parte Requerida lo permite, la solicitud de asistencia podrá hacerse vía facsímil, télex u otro medio equivalente, debiendo remitirse el original dentro del plazo de quince (15) días. 5. La asistencia se prestará aún cuando el hecho por el cual se procede en la Parte Requirente no sea considerado como delito de Lavado de Activos por la ley de la Parte Requerida. No obstante, para la ejecución de las inspecciones judiciales, requisas, registros y medidas cautelares o definitivas sobre bienes, la asistencia se prestará solamente si la legislación de la Parte Requerida prevé como delito de Lavado de Activos el hecho por el cual se procede en la Parte Requirente. 6. La Autoridad Central de la Parte Requerida, podrá aplazar el cumplimiento o condicionar una solicitud de asistencia judicial si considera que obstaculiza alguna investigación o procedimiento judicial en curso en dicho Estado. 7. La Parte Requerida podrá negar la solicitud de asistencia judicial cuando sea contraria a su ordenamiento jurídico, obstaculice una actuación o proceso penal en curso o cuando afecte el orden público, la soberanía, la seguridad nacional o los intereses públicos fundamentales de este. Dicha negativa deberá informarse al Estado Requirente mediante escrito motivado. 8. La Parte Requirente no podrá utilizar para ningún fin distinto al declarado en la solicitud de asistencia, pruebas o información obtenidas como resultado de la misma, salvo que medie consentimiento o autorización de la Parte Requerida. 9. Los gastos que ocasione la ejecución de una solicitud de asistencia serán sufragados por la Parte Requerida, salvo que las Partes acuerden otra cosa. Cuando se requieran a este fin gastos cuantiosos o de carácter extraordinario, estos serán asumidos por la Parte Requirente. 10. Sin menoscabo del derecho interno, las Autoridades Centrales podrán, sin que medie solicitud previa, transmitir cualquier tipo de información o asistencia objeto de este Acuerdo, a la Autoridad Central de la otra Parte. 11. Este artículo se aplicará de manera coordinada con otros Acuerdos que puedan tener las Partes sobre la materia. ARTÍCULO IX.- RESERVA. 1. Las Partes no podrán invocar el secreto bancario, tributario y bursátil para negarse a prestar la asistencia judicial recíproca con arreglo al presente Acuerdo. 2. Las Partes se comprometen a no utilizar las informaciones protegidas por el secreto bancario, la reserva tributaria o bursátil, obtenidas en virtud de este Acuerdo, para ningún fin distinto al contenido en la solicitud de asistencia. ARTÍCULO X.- MEDIDAS PROVISIONALES SOBRE BIENES. 1. La autoridad competente de una Parte, por conducto de las Autoridades Centrales, podrá solicitar la identificación y/o la adopción de medidas provisionales sobre bienes instrumento o producto de un delito, que se encuentren ubicados en el territorio de la otra Parte. Cuando se trate de la identificación del producto del delito, la Parte Requerida informará acerca del resultado de la búsqueda. 2. Una vez identificado el producto del delito, o cuando se trate del instrumento del delito, a solicitud de la Parte Requirente, la Parte Requerida, en la medida en que su legislación interna lo permita, adoptará las medidas provisionales correspondientes sobre tales bienes. 3. Un requerimiento efectuado en virtud del numeral anterior deberá incluir: a) Una copia de la medida provisional; b) Un resumen de los hechos del caso, incluyendo una descripción del delito o actividad ilícita, dónde y cuándo se cometió, y una referencia a las disposiciones legales pertinentes. c) Descripción de los bienes respecto de los cuales se pretende efectuar la medida provisional y su valor comercial y la relación de estos con la persona contra la que se inició. d) Una estimación de la suma a la que se pretende aplicar la medida provisional y de los fundamentos del cálculo de la misma. ARTÍCULO XI.- MEDIDAS DEFINITIVAS SOBRE BIENES. Las Partes, de conformidad con su legislación interna, podrán prestarse cooperación en el cumplimiento de medidas definitivas sobre bienes vinculados a la comisión de una actividad ilícita en cualquiera de las Partes. Las Partes en la medida que su ordenamiento jurídico lo permita, y en los términos que lo consideren adecuados, podrán compartir bienes decomisados o sujetos a extinción de dominio, o el producto de su venta. ARTÍCULO XII.- PROTECCION DE DERECHOS DE TERCEROS. Lo dispuesto en el presente Acuerdo no podrá interpretarse en perjuicio de los derechos de terceros de buena fe de conformidad con la normatividad de cada Parte. ARTÍCULO XIII.- LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y CERTIFICADOS. Los documentos provenientes de una de las Partes, que deban ser presentados en el territorio de la otra Parte, que se tramiten por intermedio de las Autoridades Centrales, no requerirán de legalización o cualquier otra formalidad análoga. ARTÍCULO XIV.- RELACION CON OTROS CONVENIOS Y ACUERDOS. El presente Acuerdo no afectará los derechos y compromisos derivados de Acuerdos y Convenios internacionales bilaterales o multilaterales vigentes entre las Partes. ARTÍCULO XV.- SOLUCION DE CONTROVERSIAS, DENUNCIA Y ENTRADA EN VIGOR. 1. Cualquier duda que surja de una solicitud será resuelta por consulta entre las Autoridades Centrales. Cualquier controversia que pueda surgir sobre la interpretación o aplicación del presente Acuerdo será resuelta por las Partes por vía diplomática y por los medios de solución de controversias establecidos en el derecho Internacional. 2. Este Acuerdo podrá ser denunciado por cualquiera de las Partes mediante notificación a la otra por vía diplomática. Su vigencia cesará a los seis (6) meses de la fecha de recepción de tal notificación. Las solicitudes de asistencia realizadas dentro de este término, serán atendidas por la Parte Requerida. 3. El presente Acuerdo entrará en vigor a los treinta (30) días contados a partir de la fecha de recepción de la última nota diplomática en la que las Partes se comuniquen el cumplimiento de los procedimientos exigidos por sus respectivos ordenamientos constitucionales. EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados por sus respectivos Gobiernos suscriben el presente Acuerdo. HECHO en Bogotá, D. C., República de Colombia a los veinte (20) días del mes de febrero de 2004, en dos ejemplares en idioma español, ambos textos igualmente válidos y auténticos. Por el Gobierno de la República de Colombia, CAROLINA BARCO, Ministra de Relaciones Exteriores. Por el Gobierno de la República del Perú, MANUEL RODRÍGUEZ CUADROS, Ministro de Relaciones Exteriores. III.- INTERVENCIONES 1. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia El Ministerio del Interior y de Justicia intervino en el proceso de Constitucionalidad de la ley aprobatoria que se revisa, mediante apoderado judicial. Tras el análisis del trámite, el apoderado del Ministerio desarrolló de manera somera el contenido del Tratado Internacional, para lo cual señaló que el mismo está constituido por un Preámbulo y 15 artículos. Agregó que la lucha contra el lavado de activos se constituye en uno de los pilares de la lucha contra la delincuencia organizada. En efecto, ésta exige la creación de conductos ágiles que permitan a las autoridades de cada país actuar de forma certera y eficaz. Además, el Acuerdo Internacional evita que las organizaciones delictivas se amparen en la exigibilidad del principio de doble incriminación, para evitar de esa manera el requerimiento de autoridades judiciales extranjeras. Lo anterior, porque el Acuerdo, a diferencia de otros de su mismo tipo, no se edifica en un listado taxativo de conductas, sino que lo hace sobre la base de un amplio espectro de conductas subyacentes al lavado de activos. En consecuencia, solicita la declaración de constitucionalidad de la Ley 1165 de 2007 y del Acuerdo que aprueba, toda vez que éste redunda en la protección del orden económico y social del país, lo cual se revierte en protección de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos. 2. Intervención de la Universidad del Rosario La Universidad del Rosario, a través de dos de sus profesores, intervino en el proceso de la referencia y solicitan la declaratoria de exequibilidad del Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos Derivado de Cualquier Actividad Ilícita entre los Gobiernos de la República de Colombia y la República de Perú. Los catedráticos inician su intervención señalando lo que ha entendido la doctrina y la legislación colombiano como “lavado de activos”. Agregan que el artículo 17 de la Ley 1121 de 2006 define este delito como el “adquirir, resguardar, transportar, transformar, custodiar o administrar “bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tráfico de migrantes, trata de personas, extorsión, enriquecimiento ilícito, secuestro extorsivo, rebelión, tráfico de armas, financiación del terrorismo y administración de recursos relacionados con actividades terroristas, tráfico de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias sicotrópicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administración pública, o vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen ilícito, incurrirá por esa sola conducta, en prisión de ocho (8) a veintidós (22) años y multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales vigentes.” Por otro lado, reconocen el compromiso del Estado Colombiano en la lucha contra el lavado de activos, responsabilidad que adquirió al hacerse parte de la Convención de las Naciones Unidas de Viena de 1988, en la cual se comprometió a desarrollar un marco jurídico interno que hiciera efectivo el compromiso adquirido. Esta pretensión se empieza a materializar con el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, cuando se establece, por primera vez, la obligación de las instituciones financieras de implementar acciones para evitar la canalización de recursos de origen ilícito, y por tanto, el Acuerdo de Cooperación entre las Repúblicas de Colombia y Perú es un ejemplo de esa obligación. Para los intervinientes, este acuerdo de cooperación permitirá a las instancias judiciales colombianas solicitar a las autoridades peruanas y viceversa, “la práctica de pruebas, así como la ejecución de medidas preventivas y definitivas sobre bienes de propiedad del sindicado o condenado según el caso, posibilitando así el resarcimiento de los perjuicios ocasionados con la conducta punible y evitando que los derechos de las víctimas se vean afectados” En el cuerpo de la intervención se presentan una enumeración de la normatividad y los Tratados que sustentan la lucha internacional contra el lavado de activos y resaltan que Colombia es parte del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales. Agregan que Colombia ha suscrito otros acuerdos bilaterales de cooperación para la prevención del lavado de activos, que tienen una estructura similar con el Acuerdo ahora estudiado, específicamente con la República del Paraguay, Acuerdo aprobado mediante la Ley 517 de 1999 y analizado en la Sentencia C-326 de 2000, y con la República Dominicana, aprobado por la Ley 674 de 2001, y estudiado en la Sentencia C-288 de 2002. Consideran entonces que la similitud entre las normas permite que su estudio se realice de manera comparativa, por lo que es pertinente la aplicación de los precedentes jurisprudenciales fijados por la Corte Constitucional en las Sentencias C-326 de 2000 y C-288 de 2002, teniendo en cuenta que no puede hablarse de cosa juzgada, pues cada ley establece relaciones jurídicas con diversos Estados. Con base en lo anterior, los representantes de la Universidad del Rosario destacaron cada uno de los artículos y numerales que crean puntos de divergencia con los otros dos Acuerdos y puntualizaron que las disposiciones resaltadas no contrarían en nada la Constitución Política, y por el contrario se hace necesaria la reiteración del precedente, puesto que no ha existido cambio constitucional o a nivel de tratados que lo impida. En adición a los argumentos antes expuestos, resaltan que el Acuerdo desarrolla los propósitos y principios de la Constitución Política, en materia de relaciones internacionales, así mismo busca garantizar el orden público y la unión fraterna con los pueblos latinoamericanos y del Caribe, tal como lo señala el inciso segundo del artículo 9 Superior. IV.- CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION En la oportunidad procesal prevista, el señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, presentó el concepto de rigor para solicitar a la Corte la declaración de exequibilidad de las normas objeto de estudio. Como consideración preliminar, estima que el instrumento internacional se inscribe dentro del conjunto de acciones que el Gobierno ha adoptado para combatir el lavado de activos. En este sentido, Colombia ha suscrito otros Convenios con similar contenido normativo con la República del Paraguay, aprobado por la Ley 517 de 1999, estudiado por la Corte en Sentencia C-326 de 2000, y con el Gobierno de República Dominicana, aprobado mediante Ley 674 de 2001 y analizado en la providencia C-288 de 2002. De la misma manera, la Ley 624 de 2000, aprobó el “Acuerdo entre la República de Colombia y el Reino de España sobre cooperación en materia de prevención del uso indebido y control de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas”. Señala, además, que organismos especializados en el tema del blanqueo de capitales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional-GAFI, han establecido los lineamientos generales encaminados a fortalecer los sistemas jurídicos contra este flagelo. Establecido lo anterior, el Procurador observa que el trámite a que se sometió la Ley 1165 de 2007 se ajustó a los cánones constitucionales. Sobre el particular, señala que el Proyecto de Ley fue radicado en el Senado de la República por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Interior y de Justicia y por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 3 de agosto de 2006. La exposición de motivos aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 283 del 11 de agosto de 2006 de 2005. Posteriormente, la ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado en sentido favorable, fue presentada por la senadora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda y aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 418 del 29 de septiembre de 2006. Así mismo, el Proyecto de Ley fue discutido y aprobado en la sesión del 7 de noviembre de 2006, tal y como consta en la Gaceta No. 268 del 13 de junio de 2007. En relación con el trámite en Plenaria, la ponencia favorable aparece publicada en la Gaceta No. 583 del 30 de noviembre de 2006 y el Proyecto de Ley fue aprobado y discutido el 11 de diciembre de 2006. En cuanto al cumplimiento a la exigencia constitucional prevista en el Acto Legislativo 01 de 2003, el Ministerio Público señala que éste fue observado tanto en Comisión como en Plenaria, por cuanto se respetó la cadena de anuncios. En cuanto al proceso de discusión en la Cámara de Representantes, el Procurador consideró que cumple con todas las exigencias legales y constitucionales. En efecto, la ponencia del debate aparece publicada en la Gaceta del Congreso No. 188 de 2007. Así mismo, el Proyecto de Ley fue debatido y aprobado en la sesión del 19 de junio de 2007 y fue anunciado con anterioridad de conformidad con el artículo 160 de la Carta. Por otro lado, en Plenaria de Cámara de Representantes, la ponencia para segundo debate fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 396 del 17 de agosto de 2007. El proyecto fue discutido y aprobado, con previo anuncio, el 4 de septiembre de 2007. En lo que tiene que ver con el fondo de las normas estudiadas, la Vista Fiscal considera que el Acuerdo objeto en estudio, no obstante sus particularidades, contiene, en esencia, el mismo contenido normativo que el suscrito con las República de Paraguay y República Dominicana, razón por la cual la Corte debe reiterar su posición, establecida en las Sentencias C-326 de 2000 y C-288 de 2002. El Procurador General señala las especificidades del Acuerdo, resaltando que los mismos no desconocen la Carta Política en ninguno de sus principios o normas, y por el contrario, desarrollan los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución, en lo relacionado con la internacionalización y la integración latinoamericana. Dentro de algunos de los puntos de diferencia resalta los siguientes. En el numeral 2 del artículo I se adiciona una definición, la de “Información Financiera”, que alude al reporte que esté en poder de las partes sobre “transacciones financieras, comerciales, bursátiles y demás transacciones, personas naturales y jurídicas, y grupos de personas y empresas que pudieran considerarse relacionadas con el lavado de activos”. Para el Procurador, tal definición se requiere para determinar qué información puede ser intercambiada y no desconoce ninguna disposición constitucional, por cuanto condiciona a la legislación interna la forma de adquirir dicha información y por tanto, ésta habrá de tener en cuenta el derecho fundamental del habeas data, de acuerdo con los parámetros de la jurisprudencia. Por otro lado, el Convenio amplía el campo de acción no sólo a actividades de tipo financiero, sino otras actividades que pueden ser utilizadas para lograr el lavado de capitales. Así mismo, agrega que las medidas para evitar el lavado no sólo son penales, sino administrativas. En relación con el numeral 7 del artículo I del Acuerdo considera que a pesar de que la medida de “Decomiso”, tiene una redacción distinta con los otros dos Acuerdos, puede predicarse una semejanza en sus contenidos normativos. Por otro lado, algunas disposiciones del Instrumento remiten al “Convenio sobre Asistencia Judicial en materia Penal”, suscrito entre Colombia y Perú en Lima el 12 de julio de 1994. Para el Procurador, esto resulta acorde con la Constitución, si se tiene en cuenta que este último fue aprobado mediante la Ley 479 de 1998 y declarado exequible mediante providencia C-406 de 1999. De todo lo anterior, la Vista Fiscal concluye que el Acuerdo desarrolla y respeta los preceptos consagrados en la Carta Política, pues busca salvaguardar los intereses superiores del Estado dentro de un marco de reciprocidad y conveniencia nacionales. V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE 1. Competencia De acuerdo a lo establecido en el numeral 10 artículo 241 de la Carta Política, esta Corte es competente para ejercer el control integral de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueben. La Ley 1165 de 2007 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú”, es aprobatoria de un Tratado Público por lo que tanto desde el punto de vista material como formal, esta Corporación es competente para adelantar su estudio. De otra parte, la jurisprudencia de esta Corporación ha establecido, en múltiples oportunidades, que el control de constitucionalidad de los Tratados Públicos y de sus leyes aprobatorias, goza de las siguientes características[1]: “(i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano.”[2] En este sentido, en Sentencia C-468 de 1997[3] esta Corporación señaló: “Ahora bien, como lo ha señalado en repetidas ocasiones esta Corporación[4], este control constitucional de los tratados internacionales se caracteriza porque es previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; es automático, por cuanto no está supeditado a la presentación en debida forma de una acción ciudadana sino que la ley debe ser enviada directamente por el Presidente de la República dentro de los seis días siguientes a la sanción gubernamental; es integral, en la medida en que la Corte debe analizar el aspecto formal y material de la ley y el tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; tiene fuerza de cosa juzgada, pues la Corte debe "decidir definitivamente sobre la exequibilidad de los tratados internacionales y de las leyes que los aprueban" (C.P. art. 241-10), lo que excluye la revisión posterior por vía de acción pública de inconstitucionalidad; y, finalmente, es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo, esto es, para que el respectivo convenio pueda surgir como acto jurídico en el ámbito internacional. (…) Así, estas leyes son normas jurídicas generales, objetivas y obligatorias que, además de encontrarse sometidas a un requisito particular, cual es el examen previo de constitucionalidad por parte de esta Corporación, tiene un sentido normativo particular. En efecto, estas leyes pretenden exclusivamente permitir que el país se relacione jurídicamente con otros Estados, toda vez que la aprobación por medio de una ley de un tratado es una etapa indispensable para el perfeccionamiento del acto jurídico que obliga al Estado internacionalmente. Por consiguiente, a través de este tipo de leyes se perfeccionan situaciones jurídicas con una consecuencia jurídica clara: la posibilidad de que el Ejecutivo ratifique el tratado y se generen para el país derechos y obligaciones en el campo supranacional. Así mismo, las leyes aprobatorias de tratados son normas especiales que regulan materias específicas, pues sus objetivos están señalados expresamente en la Constitución, toda vez que se dirigen a promover o consolidar la integración económica, social y política con otros Estados (C.P. art. 150-16 y 227), o a modificar los límites de la República y reconocer derechos de nacionalidad a los miembros de pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos (C.P. art. 96-c y 101), o aprueban el reconocimiento de derechos humanos y prohiben su limitación en estados de excepción (C.P. art. 44 y 93), o regulan relaciones de trabajo en el derecho interno (C.P. art. 53). Como puede entonces concluirse, las características del control de constitucionalidad de los Tratados y de las leyes que los aprueban, excluye la revisión posterior por vía de acción pública de inconstitucionalidad, y la sentencia que procede a su estudio previo, automático e integral tiene la naturaleza de cosa juzgada absoluta. En consecuencia, no puede revivirse, posteriormente, el debate constitucional, so pretexto de presentarse nuevos argumentos, si se tiene en consideración que la decisión de la Corporación referida a la exequibilidad o inexequibilidad de la ley y del tratado, abarca tanto el aspecto formal y material de los mismos, confrontándolos con todo el texto constitucional. 2. Suscripción del Convenio El “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú” fue suscrito por la señora Ministra de Relaciones Exteriores, doctora Carolina Barco, en representación del Estado colombiano, quien conforme con lo establecido en el literal a) del numeral 2º, del artículo 7º de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, hecha el 23 de mayo de 1969 y aprobada por la Ley 32 de 1985, en virtud de sus funciones, no requería de la presentación de plenos poderes para ejecutar los actos relativos a dicha celebración. Por otro lado, mediante aprobación ejecutiva impartida el 10 de agosto de 2005, el entonces Presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, autorizó y ordenó someter a aprobación del Congreso el Acuerdo de la referencia. Dicha autorización, cuya referencia consta a folio 2 del cuaderno N°1 de pruebas, ha sido considerada por la Corte como requisito suficiente para garantizar la legitimidad de la suscripción de un tratado internacional. De conformidad con lo dicho en la Sentencia C-251 de 1997, la aprobación presidencial subsana cualquier posible vicio de procedimiento en el trámite de suscripción de un tratado internacional, en tanto que la autoridad del jefe de Estado, como encargado de la dirección de las relaciones internacionales del Estado, es la única válidamente reconocida para comprometer la voluntad del mismo en el escenario internacional. Al respecto, la Sentencia citada dijo: "El Presidente dio su aprobación ejecutiva al presente tratado y decidió someterlo a la aprobación del Congreso. Esta confirmación presidencial, conforme al derecho de los tratados codificado en la Convención de Viena de 1969, en su artículo 8º, subsana cualquier eventual vicio de representación del Estado. Este principio es totalmente aplicable en el derecho constitucional colombiano, puesto que corresponde al Presidente de la República, como jefe de Estado, dirigir las relaciones internacionales y celebrar con otros Estados y entidades de derecho internacional tratados o Convenios (CP art. 189 ord 2º)". (Sentencia C-251 de 1997 M.P. Alejandro Martínez Caballero) 3. El trámite de aprobación del Convenio 3.1. De acuerdo con el inciso final del artículo 154 de la Carta, “Los proyectos de ley relativos a los tributos iniciarán su trámite en la Cámara de Representantes y los que se refieran a relaciones internacionales, en el Senado”. El Proyecto de Ley que culminó con la expedición de la Ley 1165 de 2007 comenzó sus debates en el Senado de la República, donde fue radicado por la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco y el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega. Se le asignó el número 52 de 2006, Senado. Por este aspecto, el procedimiento cumplió con el requisito previsto en el artículo constitucional citado. 3.2. En relación con el trámite restante, el proyecto de la referencia también cumple con las exigencias procedimentales constitucionales y legales previstas para la aprobación de leyes ordinarias, pues la Constitución no establece un procedimiento especial para la aprobación de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados. Sobre el particular la Corte ha sostenido: “Cabe, señalar en relación a este último aspecto que el procedimiento de expedición de las leyes aprobatorias de tratados internacionales es el mismo de las leyes ordinarias, pues la Constitución no previó un trámite especial para ellas, salvo en cuanto a la necesidad de iniciar su trámite en el Senado de la República, según lo establece el inciso final del artículo 154 de la Carta”. (Sentencia C-334 de 2002 M.P. Álvaro Tafur Galvis ) Procede entonces la Corte a verificar el cumplimiento de los demás requisitos de forma. a) Trámite ante el Senado de la República a.1. El 3 de agosto de 2005 la señora Ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco y el Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega, presentaron ante el Senado de la República, en representación del Gobierno Nacional, el Proyecto de Ley aprobatoria del “Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú”(Gaceta 283 del 11 de agosto de 2007) a.2. La exposición de motivos del Gobierno, junto con el texto de las disposiciones puestas a consideración del Congreso, fue publicada en la Gaceta del Congreso No. 283 del 11 de agosto de 2007 (folios Pág. 60-14 Cuad. 2). a.3. El Proyecto de Ley fue repartido a la senadora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, quien presentó ponencia favorable para primer debate ante la Comisión Segunda del Senado. La ponencia fue publicada en la Gaceta N° 418 del 29 de septiembre de 2006 (folios 55 a 57 Cuad. 2). a.4. De conformidad con el artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003, “Ningún Proyecto de Ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la presidencia de cada cámara o comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación.”. Tal como consta en el Acta N° 19 del 1 de noviembre de 2006 (Contenida en la Gaceta 267 de 13 de junio de 2007) la Comisión Segunda realizó el anunció correspondiente de los proyectos que, anunciados, serían votados en la próxima sesión. Y al final del Acta se señala que la próxima sesión se llevará a cabo el día siguiente. El siguiente es el texto del anuncio, transcrito de la copia del Acta N° 19 del 1 de noviembre de 2006: El señor Secretario, doctor Felipe Ortiz Marulanda: Informa a la Presidencia que se anuncian para la próxima sesión, la discusión y votación de los siguientes proyectos de ley: - Proyecto de ley número 52 de 2007 Senado. (…) La señora Presidente agradece a todos los asistentes, nuestros amigos de los gremios, Se tendrá sesión el día de mañana jueves a las 9:00 a.m” Sin embargo, revisada el Acta 20 del jueves 2 de noviembre de 2006, se constata que la sesión no contó con el quórum deliberatorio, razón por la cual, fueron nuevamente anunciados los proyectos que serían votados en la siguiente sesión. El anuncio fue hecho de la siguiente manera. “Toma la palabra la señora Presidenta, Senadora Marta Lucía Ramírez de Rincón: (…) Por favor proceda a anunciar los proyectos para el día martes, que son otros adicionales para el día de hoy (…) El señor Secretario procede con el anuncio de los proyectos: Se anuncian para la próxima sesión los siguientes proyectos: a) Proyecto de ley número 52 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú” hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”. a.5. Efectivamente, el Proyecto fue discutido y aprobado en la siguiente sesión, esto es, el martes 7 de noviembre de 2006 por parte de la Comisión Segunda del Senado, tal como consta en el Acta N° 21 de 2006, contenida en la Gaceta No. 268 del 13 de junio de 2007. (Folio 2 del Cuaderno 2 de Pruebas). Según certificación del Secretario de la Comisión Segunda, el Proyecto fue aprobado “por los Senadores conforme al inciso 1 del artículo 129 del Reglamento del Congreso”. a.6. La ponencia para segundo debate al Proyecto de Ley de la referencia fue publicada en la Gaceta N°. 583 del 30 de noviembre de 2006, siendo ponente la senadora Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. a.7. En cumplimiento del artículo 8º del Acto Legislativo 01 de 2003 y tal como consta en el Acta N° 35 de la sesión ordinaria del día 6 de diciembre de 2006 (Gaceta del Congreso N° 57 del 1 de marzo de 2007, Pág. 45y 46), se dijo: “Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo número 01 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán la próxima semana: Proyecto de Ley número 52 de 2006 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo de Cooperación para la Prevención, Control y Represión del Lavado de Activos derivados de cualquier actividad ilícita entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Perú” hecho en Bogotá, D.C., el veinte (20) de febrero de dos mil cuatro (2004)”. Así mismo, al final de la sesión, se dijo: “la Presidencia levante la sesión y convoca para el día 11 de diciembre de 2006, a las 10 a.m”. Posteriormente, el proyecto fue aprobado y discutido en esta sesión. a.8. Según consta en el Acta N° 36 del 11 de diciembre de 2006, publicada en la Gaceta del Congreso N° 58 del 1 de marzo de 2007 (Pág 80 cuaderno de pruebas #3), la plenaria del Senado contó con un quórum de 97 Senadores, y el Proyecto fue “aprobado por la mayoría exigida constitucionalmente” según lo ratifica la certificación expedida por el Secretario General del Senado de la República (certificación del Secretario General del Senado, folio 1, cuaderno de pruebas #3). b) Trámite ante la Cámara de Representantes b.1. El Proyecto de Ley de la referencia fue radicado con el número 229 de 2007 en la Cámara de Representantes. La ponencia para primer debate se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso N°. 188 del 17 de mayo de 2007 y el ponente designado fue el Representante a la Cámara Augusto Posada Sánchez. b.2. De conformidad con el texto del Acta N°. 37 del 14 de junio de 2007, la Secretaria de la Comisión señaló “Anuncio de Proyectos de Ley para discusión y votación en la próxima Sesión de Comisión para dar cumplimiento al Artículo 8 del Acto Legislativo No. 01/2003”, dentro de los que relacionó el proyecto de la ley de esta referencia. Así mismo, al final de la Sesión se señaló: “Se levanta la Sesión y se convoca para el próximo martes. Muchas gracias a todos. b.3. Efectivamente, la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes discutió y aprobó el Proyecto de Ley señalado en sesión del martes 19 de junio de 2007. La aprobación contó con el voto favorable de los 13 representantes asistentes, según certificación del Secretario General de la Comisión, expedida el 28 de febrero de 2008. La votación consta en el Acta N° 38 de 2007 (Folio 9-15 Cuad. De pruebas #4). b.4. La ponencia para segundo debate al proyecto de la ley de la referencia fue publicada en la Gaceta N° 396 del 17 de agosto de 2007 (pág. 2), con ponencia del mismo representante a la Cámara, Augusto Posada Sánchez. b.5. El anuncio de votación del Proyecto de Ley que ordena el Acto Legislativo 01 de 2003 se hizo el 28 de agosto de 2007, en la sesión que figura en el Acta N° 66 de esa fecha y que se encuentra publicada en la Gaceta del Congreso N°. 456 de 18 de septiembre de 2007 (página 17, folio 102, cuaderno de pruebas #5). La transcripción del anuncio es la siguiente: “Señor Secretario, antes de someter a discusión si se archiva o no, por favor anuncie los Proyectos que se van a discutir próximamente. Señor Secretario, por favor (…) Proyecto de ley número 229 de 2007 Cámara (…). Al finalizar se dijo: “Han sido anunciados los Proyectos de acuerdo al Acto Legislativo que así lo ordena, para ser discutido y votados en la Sesión del próximo martes” Así mismo, se aclaró que la sesión en donde se discutirían y aprobarían estos procesos, sería la del 4 de septiembre de 2007, puesto que la sesión del día siguiente, sería sólo de control político. En la Gaceta consta: “El próximo martes 4, a las 3:00 de la tarde. Mañana habrá a las 3:00 de la tarde de control político.” b.6. Tal como consta en el Acta N° 68 de la sesión del martes 4 de septiembre de 2007, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de la ley de esta referencia por mayoría de los 154 representantes asistentes (Gaceta del Congreso N° 489 de 2 de octubre de 2007), según lo ratifica la certificación expedida el 6 de diciembre de 2007 por el Secretario General de la Cámara de Representantes (folio 59, cuaderno de pruebas #5). c) Constitucionalidad del trámite dado a la Ley 1165 de 2007 Luego del recuento anterior, pasa la Corte a analizar la constitucionalidad del trámite de aprobación de la Ley 1165 de 2007. c.1 Para comenzar, esta Corte constata que el Proyecto de la Ley fue publicado en el Congreso antes de darle curso en la comisión respectiva (art. 157-1 C.P.), aprobado en primer debate en las correspondientes comisiones de cada cámara (art. 157-2 C.P.), aprobado en segundo debate en las plenarias de cada cámara (art. 157-3 C.P.) y recibió la debida sanción presidencial (art. 157-4 C.P.). c.2 Entre el primero y segundo debate en cada una de las cámaras transcurrió un tiempo no inferior a los ocho días, tal como lo ordena el artículo 160 constitucional, así: la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda del Senado tuvo lugar el 7 de noviembre de 2006, mientras que la aprobación en la plenaria ocurrió el 11 de diciembre de 2006. Del mismo modo, la aprobación en primer debate en la Comisión Segunda de la Cámara ocurrió el 19 de junio de 2007 y el segundo debate tuvo lugar el 4 de septiembre de 2007. c.3 De otro lado, entre la aprobación del proyecto en el Senado (11 de diciembre de 2006) y la iniciación del debate en la Cámara de Representantes (19 de junio de 2007) transcurrió un lapso no inferior a los quince días, tal como lo ordena el artículo 160 de la Carta Política. c. 4 A lo anterior se suma que las sesiones de comisión y plenaria se realizaron con el cumplimiento del quórum requerido y el proyecto fue aprobado por mayoría de los congresistas asistentes, tal como lo ratifican las certificaciones expedidas por los respectivos secretarios generales de las comisiones constitucionales permanentes y de las plenarias de cada Cámara y que previamente fueron relacionadas. d) Cumplimiento del requisito de anuncio de...