Sentencia C-812 de 2007

C-812-07 PROYECTO DE SENTENCIA Sentencia C-812/07 SEGUNDO PROTOCOLO DE LA CONVENCION DE LA HAYA DE 1954 PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO-Fines que persigue El fin del Segundo Protocolo objeto de estudio es el de reforzar la protección de los bienes culturales en caso de que su integridad se vea amenazada por un conflicto armado. Este protocolo es instrumento internacional adjunto a la Convención de La Haya para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado, suscrita en la misma ciudad en 1954, por lo que claramente se entiende que las medidas aquí consagradas modifican en lo pertinente la Convención con un fin específico: mejorar y actualizar los niveles de protección de los bienes mencionados. La protección de los bienes culturales en el escenario de un conflicto armado es una preocupación mundial creciente, especialmente desde que, en la segunda guerra mundial, muchas de las joyas culturales de los países en conflicto fueron destruidas como consecuencia de los ataques militares o desaparecieron tras las sucesivas ocupaciones. La finalidad de proteger esos bienes culturales surge de una dolorosa constatación histórica, a saber, que estos objetos -que en el fondo materializan valores espirituales esenciales para el ser humano- han sufrido graves daños en los distintos conflictos armados y que, debido al perfeccionamiento de las técnicas de destrucción, se encuentran cada vez más amenazados, por lo cual resulta imperioso protegerlos. El Segundo Protocolo para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, objeto de estudio en esta providencia, se encuentra en consonancia con la finalidad de la Convención y persigue, como se ha dicho, tecnificar, reforzar, mejorar y complementar las herramientas ofrecidas por la convención para la protección del patrimonio cultural. CONSTITUCIONALIDAD DEL PROTOCOLO-Toda norma que esté encaminada a salvaguardar la identidad cultural debe considerarse, en principio, ajustada a los mandatos de la Carta Política CONSTITUCIONALIDAD DE LAS DISPOSICIONES QUE INTEGRAN EL PROTOCOLO PARA LA PROTECCION DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO LEY APROBATORIA DEL PROTOCOLO-Trámite legislativo/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento Referencia: expediente LAT-306 Revisión oficiosa de la Ley 1130 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”. Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA Bogotá D.C., tres (3) de octubre de dos mil siete (2007) La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados, doctores Rodrigo Escobar Gil -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño, Catalina Botero Marino, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia en la revisión oficiosa de la Ley 1130 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”. I. ANTECEDENTES En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 22 de febrero de 2007, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a la Corte Constitucional copia auténtica de la Ley 1130 de 2007, por medio de la cual se aprueba el “segundo protocolo de la convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999”. Por Auto del 22 de marzo de 2007, el Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento de la Ley de la referencia y notificó a las Secretarías Generales de Cámara y Senado para que remitieran toda la información concerniente al trámite legislativo dado a la ley bajo estudio. Adicionalmente, se ordenó comunicar el proceso al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de Defensa, a la Fiscalía General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Colombiana de Juristas y a la Universidad El Rosario. Cumplidos los trámites indicados para este tipo de actuaciones, procede la Corte a pronunciar su decisión. II. TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA LEY 1130 DE 2007 (febrero 15) Diario Oficial No. 46.543 de 15 de febrero de 2007 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se aprueba el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). EL CONGRESO DE COLOMBIA Visto el texto del “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que a la letra dice: (Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado). Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, La Haya, 26 de marzo de 1999 Las Partes, Conscientes de la necesidad de mejorar la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado y de establecer un sistema reforzado de protección para bienes culturales especialmente designados; Reiterando la importancia de las disposiciones de la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954, y haciendo hincapié en la necesidad de completar esas disposiciones con medidas que refuercen su aplicación; Deseosas de proporcionar a las Altas Partes Contratantes en la Convención un medio para participar más estrechamente en la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado median te el establecimiento de procedimientos adecuados; Considerando que las reglas que rigen la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado deberían reflejar la evolución del derecho internacional; Afirmando que las reglas del derecho internacional consuetudinario seguirán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones del presente Protocolo, Han convenido en lo siguiente: CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN. ARTÍCULO 1o. DEFINICIONES. A los efectos del presente Protocolo: a) Por “Parte” se entenderá un Estado Parte en el presente Protocolo; b) Por “bienes culturales” se entenderán los bienes culturales definidos en el artículo 1o de la Convención; c) Por “Convención” se entenderá la Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado, adoptada en La Haya el 14 de mayo de 1954; d) Por “Alta Parte Contratante” se entenderá un Estado Parte en la Convención; e) Por “protección reforzada” se entenderá el sistema de protección reforzada establecido en los artículos 10 y 11; f) Por “objetivo militar” se entenderá un objeto que por su naturaleza, ubicación, finalidad o utilización, contribuye eficazmente a la acción militar y cuya destrucción total o parcial, captura o neutralización ofrece en las circunstancias del caso una ventaja militar definida; g) Por “ilícito” se entenderá realizado bajo coacción o de otra manera, en violación de las reglas aplicables de la legislación nacional del territorio ocupado o del derecho internacional; h) Por “Lista” se entenderá la Lista Internacional de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada establecida con arreglo al apartado b) del párrafo 1o del artículo 27; i) Por “Director General” se entenderá el Director General de la Unesco; j) Por “Unesco” se entenderá la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura; k) Por “Primer Protocolo” se entenderá el Protocolo para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado adoptado en La Haya el 14 de mayo de 1954; ARTÍCULO 2o. RELACIÓN CON LA CONVENCIÓN. El presente Protocolo complementa a la Convención en lo relativo a las relaciones entre las Partes. ARTÍCULO 3o. AMBITO DE APLICACIÓN. 1. Además de las disposiciones que se aplican en tiempo de paz, el presente Protocolo se aplicará en las situaciones previstas en los párrafos 1o y 2o del artículo 18 de la Convención y en el párrafo 1o del artículo 22. 2. Si una de las partes en un conflicto armado no está obligada por el presente Protocolo, las Partes en el presente Protocolo seguirán obligadas por él en sus relaciones recíprocas. Asimismo, estarán obligadas por el presente protocolo en sus relaciones con un Estado parte en el conflicto que no esté obligado por él, cuando ese Estado acepte sus disposiciones y durante todo el tiempo que las aplique. ARTÍCULO 4o. RELACIONES ENTRE EL CAPÍTULO 3 Y OTRAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN Y DEL PRESENTE PROTOCOLO. Las disposiciones del Capítulo 3 del presente Protocolo se aplicarán sin perjuicio de: a) La aplicación de las disposiciones del Capítulo I de la Convención y del Capítulo 2 del presente Protocolo; b) La aplicación de las disposiciones del Capítulo II de la Convención entre las Partes del presente Protocolo o entre una Parte y un Estado que acepta y aplica el presente Protocolo con arreglo al párrafo 2o del artículo 3o, en el entendimiento de que si a un bien cultural se le ha otorgado a la vez una protección especial y una protección reforzada, sólo se aplicarán las disposiciones relativas a la protección reforzada. CAPITULO 2. DISPOSICIONES GENERALES RELATIVAS A LA PROTECCIÓN. ARTÍCULO 5o. SALVAGUARDIA DE LOS BIENES CULTURALES. Las medidas preparatorias adoptadas en tiempo de paz para salvaguardar los bienes culturales contra los efectos previsibles de un conflicto armado conforme al artículo 3o de la Convención comprenderán, en su caso, la preparación de inventarios, la planificación de medidas de emergencia para la protección contra incendios o el derrumbamiento de estructuras, la preparación del traslado de bienes culturales muebles o el suministro de una protección adecuada in situ de esos bienes, y la designación de autoridades competentes que se responsabilicen de la salvaguardia de los bienes culturales. ARTÍCULO 6o. RESPETO DE LOS BIENES CULTURALES. A fin de garantizar el respeto de los bienes culturales de conformidad con el artículo 4o de la Convención: a) Una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2o del artículo 4o de la Convención sólo se podrá invocar para dirigir un acto de hostilidad contra un bien cultural cuando y durante todo el tiempo en que: i) Ese bien cultural, por su función, haya sido transformado en un objetivo militar; y ii) No exista otra alternativa prácticamente posible para obtener una ventaja militar equivalente a la que ofrece el hecho de dirigir un acto de hostilidad contra ese objetivo; b) Una derogación fundada en una necesidad militar imperativa conforme al párrafo 2o del artículo 4o de la Convención sólo se podrá invocar para utilizar bienes culturales con una finalidad que pueda exponerles a la destrucción o al deterioro cuando y durante todo el tiempo en que resulte imposible elegir entre esa utilización de los bienes culturales y otro método factible para obtener una ventaja militar equivalente; c) La decisión de invocar una necesidad militar imperativa solamente será tomada por el oficial que mande una fuerza de dimensión igual o superior a la de un batallón, o de menor dimensión cuando las circunstancias no permitan actuar de otra manera; d) En caso de ataque basado en una decisión tomada de conformidad con el apartado a) se debe dar aviso con la debida antelación y por medios eficaces, siempre y cuando las circunstancias lo permitan. ARTÍCULO 7o. PRECAUCIONES EN EL ATAQUE. Sin perjuicio de otras precauciones exigidas por el derecho internacional humanitario en la conducción de operaciones militares, cada Parte en el conflicto debe: a) Hacer todo lo que sea factible para verificar que los objetivos que se van a atacar no son bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4o de la Convención; b) Tomar todas las precauciones factibles en la elección de los medios y métodos de ataque para evitar y, en todo caso, reducir lo más posible los daños que se pudieran causar incidentalmente a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4o de la Convención; c) Abstenerse de decidir un ataque cuando sea de prever que causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4o de la Convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista; y d) Suspender o anular un ataque si se advierte que: i) El objetivo es un bien cultural protegido en virtud del artículo 4o de la Convención; ii) Es de prever que el ataque causará incidentalmente daños a los bienes culturales protegidos en virtud del artículo 4o de la Convención, que serían excesivos en relación con la ventaja militar concreta y directa prevista. ARTÍCULO 8o. PRECAUCIONES CONTRA LOS EFECTOS DE LAS HOSTILIDADES. En toda la medida de lo posible, las Partes en conflicto deberán: a) Alejar los bienes culturales muebles de las proximidades de objetivos militares o suministrar una protección adecuada in situ; b) Evitar la ubicación de objetivos militares en las proximidades de bienes culturales. ARTÍCULO 9o. PROTECCIÓN DE BIENES CULTURALES EN TERRITORIO OCUPADO. 1. Sin perjuicio de las disposiciones de los artículos 4o y 5o de la Convención, toda Parte que ocupe total o parcialmente el territorio de otra Parte prohibirá e impedirá con respecto al territorio ocupado: a) Toda exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales; b) Toda excavación arqueológica, salvo cuando sea absolutamente indispensable para salvaguardar, registrar o conservar bienes culturales; c) Toda transformación o modificación de la utilización de bienes culturales con las que se pretenda ocultar o destruir testimonios de índole cultural, histórica o científica. 2. Toda excavación arqueológica, transformación o modificación de la utilización de bienes culturales en un territorio ocupado deberá efectuarse, a no ser que las circunstancias no lo permitan, en estrecha cooperación con las autoridades nacionales competentes de ese territorio ocupado. CAPITULO 3. PROTECCIÓN REFORZADA. ARTÍCULO 10. PROTECCIÓN REFORZADA. Un bien cultural podrá ponerse bajo protección reforzada siempre que cumpla las tres condiciones siguientes: a) Que sea un patrimonio cultural de la mayor importancia para la humanidad; b) Que esté protegido por medidas nacionales adecuadas, jurídicas y administrativas, que reconozcan su valor cultural e histórico excepcional y garanticen su protección en el más alto grado; y c) Que no sea utilizado con fines militares o para proteger instalaciones militares, y que haya sido objeto de una declaración de la Parte que lo controla, en la que se confirme que no se utilizará para esos fines. ARTÍCULO 11. CONCESIÓN DE LA PROTECCIÓN REFORZADA. 1. Cada Parte someterá al Comité una lista de los bienes culturales para los que tiene intención de solicitar la concesión de la protección reforzada. 2. La Parte bajo cuya jurisdicción o control se halle un bien cultural podrá pedir su inscripción en la Lista que se establecerá en virtud del apartado b) del párrafo 1o del artículo 27. Esta petición comprenderá toda la información necesaria relativa a los criterios mencionados en el artículo 10. El Comité podrá invitar a una Parte a que pida la inscripción de ese bien cultural en la Lista. 3. Otras Partes, el Comité Internacional del Escudo Azul y otras organizaciones no gubernamentales con la competencia apropiada podrán recomendar al Comité un bien cultural específico. En ese caso, el Comité podrá tomar la decisión de invitar a una Parte a que pida la inscripción de ese bien cultural en la Lista. 4. Ni la petición de inscripción de un bien cultural situado en un territorio, bajo una soberanía o una jurisdicción que reivindiquen más de un Estado, ni la inscripción de ese bien perjudicarán en modo alguno los derechos de las partes en litigio. 5. Cuando el Comité reciba una petición de inscripción en la Lista informará de ella a todas las Partes. En un plazo de sesenta días, las Partes podrán someter al Comité sus alegaciones con respecto a esa petición. Esas alegaciones se fundarán exclusivamente en los criterios mencionados en el artículo 10. Deberán ser precisas y apoyarse en hechos. El Comité examinará esas alegaciones y proporcionará a la Parte que haya pedido la inscripción una posibilidad razonable de responder antes de que se tome la decisión. Cuando se presenten esas alegaciones al Comité, las decisiones sobre la inscripción en la Lista se tomarán, no obstante lo dispuesto en el artículo 26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del Comité presentes y votantes. 6. Al tomar una decisión sobre una petición, el Comité procurará solicitar el dictamen de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, así como el de expertos particulares. 7. La decisión de conceder o negar la protección reforzada sólo se puede basar en los criterios mencionados en el artículo 10. 8. En casos excepcionales, cuando el Comité ha llegado a la conclusión de que la Parte que pide la inscripción de un bien cultural en la Lista no puede cumplir con el criterio del párrafo b) del artículo 10, podrá tomar la decisión de conceder la protección reforzada siempre que la Parte solicitante someta una petición de asistencia internacional en virtud del artículo 32. 9. Desde el comienzo de las hostilidades, una Parte en el conflicto podrá pedir, por motivos de urgencia, la protección reforzada de los bienes culturales bajo su jurisdicción o control, sometiendo su petición al Comité. El Comité transmitirá inmediatamente esta demanda a todas las Partes en el conflicto. En ese caso, el Comité examinará urgentemente las alegaciones de las Partes interesadas. La decisión de conceder la protección reforzada con carácter provisional se tomará con la mayor rapidez posible y, no obstante lo dispuesto en el artículo 26, por mayoría de las cuatro quintas partes de los miembros del Comité presentes y votantes. El Comité podrá conceder la protección reforzada, a la espera del resultado del procedimiento normal de concesión de dicha protección, siempre que se cumpla con las disposiciones de los párrafos a) y c) del artículo 10. 10. El Comité concederá la protección reforzada a un bien cultural a partir del momento en que se inscriba en la Lista. 11. El Director General notificará sin espera al Secretario General de las Naciones Unidas y a todas las Partes toda decisión del Comité relativa a la inscripción de un bien cultural en la Lista. ARTÍCULO 12. INMUNIDAD DE LOS BIENES CULTURALES BAJO PROTECCIÓN REFORZADA. Las Partes en un conflicto garantizarán la inmunidad de los bienes culturales bajo protección reforzada, absteniéndose de hacerlos objeto de ataques y de utilizar esos bienes o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares. ARTÍCULO 13. PÉRDIDA DE LA PROTECCIÓN REFORZADA. 1. Los bienes culturales bajo protección reforzada sólo perderán esa protección: a) Cuando esa protección se anule o suspenda en virtud del artículo 14; o b) Cuando y durante todo el tiempo en que la utilización del bien lo haya convertido en un objetivo militar. 2. En las circunstancias previstas en el apartado b) del párrafo 1o, ese bien sólo podrá ser objeto de un ataque: a) Cuando ese ataque sea el único medio factible para poner término a la utilización de ese bien mencionado en el apartado b) del párrafo 1o; b) Cuando se hayan tomado todas las precauciones prácticamente posibles en la elección de los medios y métodos de ataque, con miras a poner término a esa utilización y evitar, o en todo caso reducir al mínimo, los daños del bien cultural. c) Cuando, a menos que las circunstancias no lo permitan, por exigencias de legítima defensa inmediata: i) El ataque haya sido ordenado por el nivel más alto del mando operativo; ii) Se haya dado un aviso con medios eficaces a las fuerzas adversarias, instándolas a poner un término a la utilización mencionada en el apartado b) del párrafo 1o; y iii) Se haya concedido un plazo razonable a las fuerzas adversarias para regularizar la situación. ARTÍCULO 14. SUSPENSIÓN Y ANULACIÓN DE LA PROTECCIÓN REFORZADA. 1. Cuando un bien cultural no satisfaga alguno de los criterios enunciados en el artículo 10 del presente Protocolo, el Comité podrá suspender o anular su protección reforzada retirándolo de la Lista. 2. En caso de violaciones graves del artículo 12 por utilización de bienes culturales bajo protección reforzada en apoyo de una acción militar, el Comité podrá suspender la protección reforzada de esos bienes. Cuando esas violaciones sean continuas, el Comité podrá excepcionalmente anular su protección reforzada retirándolo de la Lista. 3. El Director General notificará sin demora al Secretario General de las Naciones Unidas y a todas las Partes en el presente Protocolo toda decisión del Comité relativa a la suspensión o anulación de la protección reforzada de un bien cultural. 4. Antes de tomar una decisión de esta índole, el Comité ofrecerá a las Partes la posibilidad de que den a conocer sus pareceres. CAPITULO 4. RESPONSABILIDAD PENAL Y JURISDICCIÓN. ARTÍCULO 15. VIOLACIONES GRAVES DEL PRESENTE PROTOCOLO. 1. Cometerá una infracción en el sentido de este Protocolo toda persona que, deliberadamente y en violación de la Convención o del presente Protocolo, realice uno de los siguientes actos: a) Hacer objeto de un ataque a un bien cultural bajo protección reforzada; b) Utilizar los bienes culturales bajo protección reforzada o sus alrededores inmediatos en apoyo de acciones militares; c) Causar destrucciones importantes en los bienes culturales protegidos por la Convención y el presente Protocolo o apropiárselos a gran escala; d) Hacer objeto de un ataque a un bien cultural protegido por la Convención y el presente Protocolo; e) Robar, saquear o hacer un uso indebido de los bienes culturales protegidos por la Convención, y perpetrar actos de vandalismo contra ellos. 2. Cada Parte adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos, con arreglo a su legislación nacional, las infracciones indicadas en el presente artículo, y para sancionar esas infracciones con penas adecuadas. Al hacer esto, las Partes se conformarán a los principios generales del derecho y del derecho internacional, comprendidas las normas que hacen extensible la responsabilidad penal individual a personas que no han sido autoras directas de los actos. ARTÍCULO 16. JURISDICCIÓN. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2o, cada Parte adoptará las medidas legislativas necesarias para establecer su jurisdicción respecto de las infracciones indicadas en el artículo 15, en los siguientes casos: a) Cuando la infracción se haya cometido en el territorio de este Estado; b) Cuando el presunto autor sea un nacional de este Estado; c) Cuando se trate de las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del primer párrafo del artículo 15, en caso de que el presunto autor esté presente en el territorio de este Estado; 2. Con respecto al ejercicio de la jurisdicción, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la Convención: a) El presente Protocolo no excluye que se pueda incurrir en responsabilidad penal individual ni que se ejerza la jurisdicción en virtud del derecho nacional e internacional aplicable, y tampoco afecta al ejercicio de la jurisdicción en virtud del derecho internacional consuetudinario; b) Excepto en el caso en que un Estado que no es Parte en el presente Protocolo pueda aceptarlo y aplicar sus disposiciones con arreglo al párrafo 2o del artículo 3o, los miembros de las fuerzas armadas y los nacionales de un Estado que no es Parte en el presente Protocolo, salvo aquellos de sus nacionales que sirven en las fuerzas armadas de un Estado que es Parte en el presente Protocolo, no incurrirán en responsabilidad penal individual en virtud del presente Protocolo, que además no impone ninguna obligación relativa al establecimiento de jurisdicción con respecto a esas personas ni a su extradición. ARTÍCULO 17. PROCESAMIENTO. 1. La Parte en cuyo territorio se comprobase la presencia del presunto autor de una de las infracciones enunciadas en los apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15, si no extradita a esa persona, someterá su caso sin excepción alguna ni tardanza excesiva a las autoridades competentes para que la procesen con arreglo a un procedimiento conforme a su derecho nacional o, si procede, a las normas pertinentes del derecho internacional. 2. Sin perjuicio, llegado el caso, de las normas pertinentes del derecho internacional, a toda persona contra la que se instruya un procedimiento en virtud de la Convención o del presente Protocolo se le garantizará un tratamiento equitativo y un proceso imparcial en todas las etapas del procedimiento con arreglo al derecho nacional e internacional, y en ningún caso se le proporcionarán menos garantías de las que reconoce el derecho internacional. ARTÍCULO 18. EXTRADICIÓN. 1. Las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15 se reputarán incluidas entre las que dan lugar a extradición en todo tratado de extradición concertado entre Partes con anterioridad a la entrada en vigor del presente Protocolo. Las Partes se comprometen a incluir tales infracciones en todo tratado de extradición que concierten posteriormente entre sí. 2. Cuando una Parte que subordine la extradición a la existencia de un tratado reciba una solicitud de extradición de otra Parte con la que no tenga concertado un tratado de extradición, la Parte intimada podrá, a su elección, considerar que el presente Protocolo constituye la base jurídica para la extradición con respecto a las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15. 3. Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia de un tratado reconocerán las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15 como casos de extradición entre ellas, con sujeción a las condiciones estipuladas en la legislación de la Parte requerida. 4. De ser necesario, a los fine s de la extradición entre Partes se considerará que las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15 se han cometido no sólo en el lugar en que se perpetraron, sino también en el territorio de las Partes que hayan establecido su jurisdicción de conformidad con el párrafo 1o del artículo 16. ARTÍCULO 19. ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA. 1. Las Partes se prestarán la mayor asistencia posible en relación con cualquier investigación, proceso penal o procedimiento de extradición relacionados con las infracciones indicadas en el artículo 15, comprendida la asistencia con miras a la obtención de las pruebas necesarias para el procedimiento de que dispongan. 2. Las Partes cumplirán las obligaciones que les incumban en virtud del párrafo 1o de conformidad con los tratados u otros acuerdos de asistencia judicial recíproca que existan entre ellas. A falta de esos tratados o acuerdos, las Partes se prestarán esa asistencia de conformidad con su legislación nacional. ARTÍCULO 20. MOTIVOS DE RECHAZO. 1. A los fines de la extradición, las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15, y a los fines de la asistencia judicial recíproca, las infracciones indicadas en el artículo 15 no serán consideradas delitos políticos, delitos conexos a delitos políticos ni delitos inspirados en motivos políticos. En consecuencia, no se podrá rechazar una petición de extradición o de asistencia judicial recíproca formulada en relación con una infracción de ese carácter por el único motivo de que se refiere a un delito político o un delito inspirado en motivos políticos. 2 Ninguna disposición del presente Protocolo se interpretará en e l sentido de que imponga una obligación de extraditar o de prestar asistencia judicial recíproca, si la Parte requerida tiene motivos fundados para creer que la petición de extradición por las infracciones indicadas en los apartados a) a c) del párrafo 1o del artículo 15 o la petición de asistencia judicial recíproca en relación con las infracciones del artículo 15 se han formulado con el fin de procesar o sancionar a una persona por motivos de raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas, o que el hecho de acceder a la petición podría perjudicar la situación de esa persona por cualquiera de esos motivos. ARTÍCULO 21. MEDIDAS RELATIVAS A OTRAS VIOLACIONES. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 28 de la Convención, cada Parte adoptará las medidas legislativas, administrativas o disciplinarias que puedan, ser necesarias para que cesen los siguientes actos, cuando sean perpetrados deliberadamente: a) Toda utilización de bienes culturales en violación de la Convención o del presente Protocolo; b) Toda exportación y cualquier otro desplazamiento o transferencia de propiedad ilícitos de bienes culturales desde un territorio ocupado en violación de la Convención o del presente Protocolo; CAPITULO 5. PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN LOS CONFLICTOS ARMADOS DE CARÁCTER NO INTERNACIONAL. ARTÍCULO 22. CONFLICTOS ARMADOS DE CARÁCTER NO INTERNACIONAL. 1. El presente Protocolo se aplicará en caso de conflicto armado que no tenga carácter internacional y que se haya producido en el territorio de una de las Partes. 2. Este Protocolo no se aplicará en situaciones de disturbios y tensiones internos, como por ejemplo tumultos, actos de violencia aislados y esporádicos y otros actos de carácter similar. 3. No se invocará ninguna disposición del presente Protocolo con miras. a menoscabar la soberanía de un Estado o la responsabilidad que incumbe a un gobierno de mantener o restablecer por todos los medios legítimos la ley y el orden en el Estado o de defender la unidad nacional y la integridad territorial del Estado. 4. Ninguna disposición de este Protocolo menoscabará la prioridad de jurisdicción de una Parte en cuyo territorio se produzca un conflicto armado de carácter no internacional con respecto a las violaciones indicadas en el artículo 15. 5. No se invocará ninguna disposición del Presente protocolo como justificación para intervenir directa o indirectamente, sea cual fuere el motivo, en el conflicto armado o en los asuntos internos o externos de la Parte en cuyo territorio se haya producido ese conflicto. 6. La aplicación del presente Protocolo a la situación mencionada en el párrafo 1o no producirá efecto alguno sobre el estatuto jurídico de las partes en conflicto. 7. La Unesco podrá ofrecer sus servicios a las partes en conflicto. CAPITULO 6. CUESTIONES INSTITUCIONALES. ARTÍCULO 23. REUNIÓN DE LAS PARTES. 1. La Reunión de las Partes se convocará al mismo tiempo que la Conferencia General de la Unesco y en coordinación con la Reunión de las Altas Partes Contratantes, si esta reunión ha sido convocada por el Director General. 2. La Reunión de las Partes adoptará su propio Reglamento. 3. La Reunión de las Partes tendrá las siguientes atribuciones: a) Elegir a los miembros del Comité, con arreglo al párrafo 1o del artículo 24; b) Aprobar los Principios Rectores elaborados por el Comité con arreglo al apartado a) del párrafo 1o del artículo 27; c) Proporcionar orientaciones para la utilización del Fondo por parte del Comité y supervisarla; d) Examinar el informe presentado por el Comité con arreglo al apartado d) del párrafo 1o del artículo 27; e) Discutir cualquier problema relacionado con la aplicación de este Protocolo y formular recomendaciones cuando proceda. 4. El Director General convocará una Reunión Extraordinaria de las Partes, si así lo solicita como mínimo la quinta parte de ellas. ARTÍCULO 24. COMITÉ PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO. 1. Por el presente artículo se crea un Comité para la Protección de los Bienes Culturales 'en caso de Conflicto Armado. Estará compuesto por doce Partes que serán elegidas por la Reunión de las Partes. 2. El Comité celebrará reuniones ordinarias una vez al año y reuniones extraordinarias cuando lo estime necesario. 3. Al establecer la composición del Comité, las Partes velarán por garantizar una representación equitativa de las distintas regiones y culturas del mundo. 4. Las Partes miembros del Comité elegirán para que las representen a personas competentes en las esferas del patrimonio cultural, la defensa o el derecho internacional, y consultándose mutuamente tratarán de garantizar que el Comité en su conjunto reúna las competencias adecuadas en todas esas esferas. ARTÍCULO 25. MANDATO. 1. Las Partes miembros del Comité serán elegidas por un periodo de cuatro años y sólo podrán volver a ser elegidas inmediatamente una sola vez. 2. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1o, el mandato de la mitad de los miembros nombrados en la primera elección concluirá al finalizar la primera reunión ordinaria de la Reunión de las Partes celebrada inmediatamente después de la reunión en la cual fueron elegidos. El Presidente de la Reunión de las Partes designará por sorteo a estos miembros después de la primera elección. ARTÍCULO 26. REGLAMENTO. 1. El Comité adoptará su propio Reglamento. 2. La mayoría de los miembros constituirá quórum. Las decisiones del Comité se tomarán por mayoría de dos tercios de los miembros votantes. 3. Los miembros no participarán en las votaciones de ninguna decisión relativa a bienes culturales que se vean afectados por un conflicto armado en el que sean partes. ARTÍCULO 27. ATRIBUCIONES. 1. Las atribuciones del Comité serán las siguientes: a) Elaborar Principios Rectores para la aplicación del presente Protocolo; b) Conceder, suspender o anular la protección reforzada a bienes culturales, y establecer, actualizar y promover la Lista de Bienes Culturales bajo Protección Reforzada; c) Vigilar y supervisar la aplicación del presente Protocolo y fomentar la identificación de bienes culturales bajo protección reforzada; d) Examinar los informes de las Partes y formular observaciones a su respecto, tratar de obtener precisiones cuando sea necesario, y preparar su propio informe sobre la aplicación del presente Protocolo para la Reunión de las Partes; e) Recibir y estudiar las peticiones de asistencia internacional con arreglo al artículo 32; f) Determinar el empleo del Fondo; g) Desempeñar cualquier otra función que le encomiende la Reunión de las Partes. 2. El Comité ejercerá sus atribuciones en cooperación con el Director General. 3. El Comité cooperará con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales internacionales y nacionales cuyos objetivos son similares a los de la Convención, los de su Primer Protocolo y los del presente Protocolo. Para que le asistan en el desempeño de sus atribuciones, el Comité podrá invitar a que participen en sus reuniones, a título consultivo, a organizaciones profesionales eminentes como las que mantienen relaciones formales con la Unesco, comprendido el Comité Internacional del Escudo Azul (CIEA) y sus órganos constitutivos. También se podrá invitar a que participen a título consultivo a representantes del Centro Internacional de Estudio de Conservación y Restauración de los Bienes Culturales (Centro de Roma) (ICCROM) y del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). ARTÍCULO 28. SECRETARÍA. 1. Prestará asistencia al Comité la Secretaría General de la Unesco, que preparará su documentación y el orden del día de sus reuniones y se encargará de la aplicación de sus decisiones. ARTÍCULO 29. EL FONDO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES EN CASO DE CONFLICTO ARMADO. 1. Por el presente artículo se crea un Fondo para los siguientes fines: a) Conceder ayuda financiera o de otra clase en apoyo de medidas preparatorias o de otro tipo que se hayan de adoptar en tiempo de paz con arreglo, entre otros, al artículo 5o, al párrafo b) del artículo 10 y al artículo 30; b) Conceder ayuda financiera o de otra clase en relación con medidas de emergencia y medidas provisionales o de otro tipo que se hayan de adoptar con miras a la protección de bienes culturales en periodos de conflicto armado o de reconstrucción inmediatamente posteriores al fin de las hostilidades con arreglo, entre otros, al párrafo a) del artículo 8o. 2. De conformidad con las disposiciones del Reglamento Financiero de la Unesco, el Fondo se constituirá con carácter de fondo fiduciario. 3. Los recursos del Fondo sólo se utilizarán para los fines que el Comité decida con arreglo a las orientaciones definidas en el apartado c) del párrafo 3o del artículo 23. El Comité podrá aceptar contribuciones que hayan de ser destinadas exclusivamente a un determinado programa o proyecto, a condición de que haya decidido ejecutar ese programa o proyecto. 4. El Fondo constará de los siguientes recursos: a) Contribuciones voluntarias aportadas por las Partes; b) Contribuciones, donaciones o legados aportados por: i) Otros Estados; ii) La Unesco u otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas; iii) Otras organizaciones intergubernamentales o no gubernamentales; iv) Organismos públicos o privados, o particulares; c) Todo interés que devenguen los recursos del Fondo; d) Fondos recaudados mediante colectas e ingresos procedentes de actos organizados en beneficio del Fondo; y e) Cualesquiera otros recursos autorizados por las orientaciones aplicables al fondo. CAPITULO 7. DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN Y ASISTENCIA INTERNACIONAL. ARTÍCULO 30. DIFUSIÓN. 1. Las Partes procurarán servirse de todos los medios apropiados, y en particular de programas de educación e información, para fomentar el aprecio y el respeto de los bienes culturales por parte del conjunto de sus poblaciones. 2. Las Partes difundirán lo más ampliamente posible el presente Protocolo, tanto en tiempo de paz como en tiempo de conflicto armado. 3. Toda autoridad militar o civil que en tiempo de conflicto armado esté encargada de aplicar el presente Protocolo habrá de tener pleno conocimiento de su texto. Con este fin, las Partes: a) Incorporarán a sus reglamentos militares orientaciones e instrucciones relativas a la protección de los bienes culturales; b) En colaboración con la Unesco y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales pertinentes, prepararán y llevarán a cabo programas de formación y educación en tiempo de paz; c) Por conducto del Director General, se comunicarán recíprocamente información relativa a las leyes, disposiciones administrativas y medidas adoptadas en relación con los apartados a) y b); d) Por conducto del Director General, se comunicarán lo antes posible recíprocamente las leyes y disposiciones administrativas que adopten para garantizar la aplicación del presente Protocolo. ARTÍCULO 31. COOPERACIÓN INTERNACIONAL. En casos de graves violaciones del presente Protocolo, las Partes se comprometen a actuar conjuntamente por conducto del Comité o por separado, en colaboración con la Unesco y las Naciones Unidas y de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas. ARTÍCULO 32. ASISTENCIA INTERNACIONAL. 1. Toda Parte podrá pedir al Comité asistencia internacional para los bienes culturales bajo protección reforzada, así como ayuda para la preparación, elaboración o aplicación de las leyes, disposiciones administrativas y medidas mencionadas en el artículo 10. 2. Toda Parte en un conflicto que no sea Parte en el presente Protocolo, pero que acepte y aplique sus disposiciones con arreglo al párrafo 2o del artículo 3o, podrá pedir al Comité una asistencia internacional adecuada. 3. El Comité adoptará reglas para la presentación de peticiones de asistencia internacional y determinará las formas que pueda revestir está asistencia. 4. Se insta a las Partes a que, por conducto del Comité, presten asistencia técnica de todo tipo a las Partes o partes en conflicto que la pidan. ARTÍCULO 33. ASISTENCIA DE LA UNESCO. 1. Las Partes podrán recurrir a la asistencia técnica de la Unesco para organizar la protección de sus bienes culturales, especialmente en relación con medidas preparatorias para salvaguardar bienes culturales y con medidas preventivas y organizativas para situaciones de emergencia y realización de catálogos nacionales de bienes culturales, o en relación con cualquier otro problema derivado de la aplicación del presente Protocolo. La Unesco prestará esa asistencia dentro de los límites de su programa y sus posibilidades. 2. Se insta a las Partes a proporcionar asistencia técnica bilateral o multilateral. 3. La Unesco está autorizada a presentar, por propia iniciativa, propuestas sobre estas cuestiones a las Partes. CAPITULO 8. APLICACIÓN DEL PRESENTE PROTOCOLO. ARTÍCULO 34. POTENCIAS PROTECTORAS. El presente Protocolo se aplicará con el concurso de las Potencias Protectoras encargadas de salvaguardar los intereses de las Partes en conflicto. ARTÍCULO 35. PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN. 1. Las Potencias Protectoras interpondrán sus buenos oficios siempre que lo juzguen conveniente en interés de los bienes culturales, y especialmente cuando haya desacuerdo entre las Partes en conflicto sobre la aplicación o interpretación de las disposiciones del presente Protocolo. 2. A este fin, cada Potencia Protectora podrá, a invitación de una Parte o del Director General, o por propia iniciativa, proponer a las Partes en conflicto que sus representantes, y en particular las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que no sea parte en el conflicto. Las Partes en conflicto tendrán la obligación de hacer efectivas las propuestas de reunión que se les hagan. Las Potencias Protectoras propondrán a la aprobación de las Partes en conflicto el nombre de una personalidad perteneciente a un Estado que no sea parte en el conflicto o presentada por el Director General. Esta personalidad será invitada a participar en esa reunión en calidad de Presidente. ARTÍCULO 36. CONCILIACIÓN A FALTA DE POTENCIAS PROTECTORAS. 1. En todo conflicto en el que no se hayan designado Potencias Protectoras, el Director General podrá ejercer sus buenos oficios o actuar por cualquier otro medio de conciliación o mediación con el fin de resolver las discrepancias. 2. A petición de una Parte o del Director General, el Presidente del Comité podrá proponer a las Partes en conflicto que sus representantes, y en particular las autoridades encargadas de la protección de los bienes culturales, celebren eventualmente una reunión en el territorio de un Estado que no sea parte en el conflicto. ARTÍCULO 37. TRADUCCIONES E INFORMES. 1. Las Partes se encargarán de traducir el presente Protocolo a las lenguas oficiales de sus países y de comunicar estas traducciones oficiales al Director General. 2. Una vez cada cuatro años, las Partes presentarán al Comité un informe sobre la aplicación del presente Protocolo. ARTÍCULO 38. RESPONSABILIDAD DE LOS ESTADOS. Ninguna disposición del presente Protocolo respecto de la responsabilidad penal de las personas afectará a la responsabilidad de los Estados conforme al derecho internacional, comprendida la obligación de reparación. CAPITULO 9. CLÁUSULAS FINALES. ARTÍCULO 39. LENGUAS. El presente Protocolo está redactado en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso, siendo los seis textos igualmente auténticos. ARTÍCULO 40. FIRMA. El presente Protocolo llevará la fecha del 26 de marzo de 1999. Quedará abierto a la firma de todas las Altas Partes Contratantes en La Haya desde el 17 de mayo de 1999 hasta el 31 de diciembre de 1999. ARTÍCULO 41. RATIFICACIÓN, ACEPTACIÓN O APROBACIÓN. 1. El presente Protocolo será sometido a la ratificación, aceptación o aprobación por las Altas Partes Contratantes que lo hayan firmado, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 2. Los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación serán depositados ante el Director General. ARTÍCULO 42. ADHESIÓN. 1. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión del resto de las Altas Partes Contratantes a partir del 1o de enero del año 2000. 2. La adhesión se efectuará mediante el depósito de un instrumento de adhesión ante el Director General. ARTÍCULO 43. ENTRADA EN VIGOR. 1. El presente Protocolo entrará en vigor tres meses después de haberse depositado veinte instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. 2. Ulteriormente, el Protocolo entrará en vigor para cada una de las Partes tres meses después de la fecha en que hubieren depositado el respectivo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión. ARTÍCULO 44. ENTRADA EN VIGOR EN SITUACIONES DE CONFLICTO ARMADO. Las situaciones previstas en los artículos 18 y 19 de la Convención determinarán que las ratificaciones, aceptaciones, aprobaciones o adhesiones del presente Protocolo depositadas por las partes en conflicto antes o después de haberse iniciado las hostilidades o la ocupación, surtan efecto inmediato. En esos casos, el Director General enviará, por la vía más rápida, las notificaciones previstas en el artículo 46. ARTÍCULO 45. DENUNCIA. 1. Toda Parte podrá denunciar el presente Protocolo. 2. La denuncia se notificará mediante un instrumento escrito que será depositado ante el Director General. 3. La denuncia surtirá efecto un año después del recibo del instrumento correspondiente. No obstante, si en el momento de expirar este periodo de un año, la Parte denunciante se encontrase implicada en un conflicto armado, los efectos de la denuncia quedarán en suspenso hasta el fin de las hostilidades, y en todo caso mientras duren las operaciones de repatriación de los bienes culturales. ARTÍCULO 46. NOTIFICACIONES. El Director General informará a todas las Altas Partes Contratantes y a las Naciones Unidas del depósito de todos los instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión previstos en los artículos 41 y 42, así como de las denuncias previstas en el artículo 45. ARTÍCULO 47. REGISTRO ANTE LAS NACIONES UNIDAS. En cumplimiento del artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, el presente Protocolo será registrado en la Secretaría de las Naciones Unidas a instancia del Director General. EN FE DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Protocolo. Hecho en La Haya el 26 de marzo de 1999, en un solo ejemplar que será depositado en los archivos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y del cual se remitirán copias certificadas conformes a todas las Altas Partes Contratantes. Rama Ejecutiva del Poder Publico Presidencia de la Republica Bogotá, D. C., a 7 de marzo de 2002. Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales. (FDO.) ANDRES PASTRANA ARANGO El Ministro de Relaciones Exteriores (FDO.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO. DECRETA: Artículo 1o. Apruébase el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D. C., a los Presentado al honorable Congreso de la República por el Ministro del Interior y de Justicia, la Ministra de Relaciones Exteriores y la Ministra de Cultura. El Ministro del Interior y de Justicia, SABAS PRETELT DE LA VEGA. La Ministra de Relaciones Exteriores, CAROLINA BARCO ISAKSON. La Ministra de Cultura, MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO. Rama Ejecutiva del Poder Público Presidencia de la República Bogotá, D. C., Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales. (Fdo.) ANDRES PASTRANA ARANGO El Ministro de Relaciones Exteriores (FDO.) GUILLERMO FERNÁNDEZ DE SOTO. DECRETA: ARTÍCULO 1o. Apruébase el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999). ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Segundo Protocolo de la Convención de La Haya de 1954 para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado”, hecho en La Haya el veintiséis (26) de marzo de mil novecientos noventa y nueve (1999), que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. La Presidenta del honorable Senado de la República, DILIAN FRANCISCA TORO TORRES. El Secretario General del honorable Senado de la República, EMILIO RAMÓN OTERO DAJUD. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, ALFREDO APE CUELLO BAUTE. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, ANGELINO LIZCANO RIVERA. REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Comuníquese y cúmplase. Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política. Dada en Bogotá, D. C., a 15 de febrero de 2007. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro del Interior y de Justicia, CARLOS HOLGUÍN SARDI. La Ministra de Relaciones Exteriores, MARÍA CONSUELO ARAÚJO CASTRO. La Ministra de Cultura, ELVIRA CUERVO DE JARAMILLO. III.- INTERVENCIONES 1. Intervención del Ministerio de Cultura En la oportunidad procesal prevista, intervino en el proceso la abogada Janeth Bustos Salgar, apoderada judicial del Ministerio de Cultura, para solicitar a la Corte Constitucional la declaración de exequibilidad del instrumento internacional bajo estudio. Advierte que el protocolo es un instrumento adicional al Convenio suscrito en la Haya sobre protección de bienes culturales y que su finalidad es afirmar los mecanismos de protección de dichos bienes por parte de los Estados. Dichas medidas incluyen mecanismos de salvaguarda que pretenden amparar los bienes culturales de los efectos nocivos del conflicto armado. Indica que la Convención sobre protección de bienes culturales está vigente desde la Ley 340 de 1996 y fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-467 de 1997. Sostiene que este protocolo incluye medidas de reforzamiento de la protección de los bienes culturales, que operan tanto en tiempos de paz como de guerra, respecto de bienes de interés cultural para la humanidad y para el Estado firmante. La protección de dichos bienes se garantiza mediante la inscripción de los mismos ante el Comité para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado. Igualmente, el Protocolo insta a los Estados para que adopten medidas penales que permitan la sanción de conductas que atenten contra dichos bienes. Para el Ministerio de Cultura, el Protocolo es un instrumento ajustado al ordenamiento constitucional, pues contribuye a la conservación del patrimonio cultural de la Nación, así como constituye una herramienta que efectiviza los fines del Estado. De la misma manera, el Protocolo se relaciona y complementa el Convenio para la protección de los bienes culturales en caso de conflicto armado, plasmado en la Ley 397 de 1997. El Ministerio admite que dicho protocolo es un instrumento importante para el ejercicio de su misión, en materia de protección y conservación de la cultura nacional, pues permite garantizar la guarda de los bienes que la constituyen, sobre todo en el marco del conflicto armado que sufre el país. 2. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores En representación del Ministerio de la referencia, intervino en el proceso la abogada Solangel Ortiz Mejía, para solicitar a la Corte que declare ajustada a la Carta la Ley 1130 de 2007, así como el Acuerdo aprobado por ella. En primer lugar, el Ministerio resalta la importancia que dicho protocolo representa para la conservación de la identidad cultural de la Nación y advierte que el instrumento se adjunta al Convenio general sobre protección de los mismos bienes, suscrito en La Haya en 1954, así como a los Convenios adicionales de Ginebra que igualmente contienen disposiciones de protección a bienes culturales. Desde el punto de vista formal, el Ministerio manifiesta que la Ley 1130 fue aprobada con el pleno de los requisitos establecidos en la Constitución y la ley. Luego de hacer un análisis de la estructura del Protocolo, el Ministerio manifiesta que desde el punto de vista sustantivo, el instrumento se ajusta a los cánones constitucionales porque promueve la internacionalización de las políticas comerciales, sociales y culturales de la Nación e impulsa el logro de los fines del Estado, previstos en el artículo 2º de la Carta. El Protocolo no permite la intromisión de otros Estados en la definición de las políticas interna de protección de los bienes culturales, pero insta a un esfuerzo nacional por reforzar los mecanismos de amparo de dichos bienes. 3. Intervención de la Defensoría del Pueblo En intervención presentada dentro de la oportunidad procesal, la Defensora Delegada para Asuntos Constitucionales, Karin Irina Kuhfeldt Salazar, solicitó a la Corte declarar exequibles la Ley y el Protocolo sometidos a estudio. La Defensoría considera que desde el punto de vista material la Ley 1130 de 2007 se ajusta a los artículos superiores que promueven la preservación de la identidad cultural de la nación. A su juicio, la celebración de la Convención y del Protocolo recuerda a la humanidad que los bienes culturales deben estar exentos de los efectos de los conflictos armados, sobre todo después de que la escalada de violencia de las dos guerras mundiales pusiera de manifiesto la necesidad de preservar el patrimonio cultural de los hombres. La insuficiencia de los mecanismos creados por la Convención de la Haya para la protección de bienes culturales, fruto de los acontecimientos contemporáneos de violencia mundial –v.gr. la guerra de los Balcanes y del Golfo Pérsico-, hizo necesaria su actualización mediante instrumentos internacionales de mayor precisión. El Protocolo bajo estudio es uno de ellos y quedó a disposición de los Estados en el marco de las celebraciones del Centenario de la Primera Conferencia Internacional de Paz, que tuvo lugar en esa ciudad holandesa. El Protocolo en estudio se adjunta al texto de la Convención principal, por lo que sólo puede ser suscrito por quienes firmaron ésta última, y contiene una serie de medidas preventivas, entre las que resalta la creación de un Fondo para la Protección de Bienes Culturales, creado con ayudas voluntarias de los Estados Partes, encargado de suministrar ayuda financiera destinada a apoyar las medidas de amparo. El Protocolo también insta –sostiene- a la ampliación de los canales de difusión de las medidas para la protección de los bienes culturales, que implican la inclusión de las fuerzas armadas en el debate y la modificación de los reglamentos militares en orden a señalar conductas prohibidas en la materia. La Defensoría del Pueblo hace un análisis pormenorizado de cada uno de los capítulos que integran el Protocolo y resalta las medidas concretas que el instrumento ofrece para lograr su fin. Igualmente, resalta las normas de la Convención que fueron modificadas por el Protocolo y que constituyen un avance en el esquema general de protección de los bienes culturales. En cuanto a las normas de rango penal, la Defensoría del Pueblo indica que el Estado colombiano conserva su autonomía para fijar las conductas reprochables, pero admite que el protocolo impone a las Partes adoptar las medidas legislativas para tipificar las conductas atentatorias de dichos bienes. Esta medida es válida para Colombia si se considera el conflicto armado que actualmente pone en peligro la integridad cultural de la Nación. En cuanto a las normas del Protocolo que se refieren a la Extradición, la Defensoría sugiere que el Estado colombiano debe adecuar las normas del Código de Procedimiento Penal para permitir la extradición de individuos que cometan delitos contra el patrimonio cultural, pues la normativa actual impediría utilizar ese mecanismo de justicia. De igual manera, considera que son viables las herramientas jurídicas previstas en el Protocolo, que estimulan la creación de canales de cooperación judicial. La Defensoría se refiere también a las normas del Protocolo que permiten su aplicación en conflictos de carácter interno, y advierte que ello no implica una vulneración del derecho doméstico, sino una herramienta para que los Estados puedan aplicar las normas protectoras. Con todo, siempre deberán respetarse las normas del derecho internacional humanitario. Del mismo modo, la Defensoría se refiere a las normas de carácter operativo que buscan hacer realidad el control de la protección de los bienes culturales afectados por enfrentamientos armados y da importancia a las disposiciones que promueven la difusión de dicho instrumento. Igualmente, hace referencia a las normas sobre aplicación y vigencia del protocolo y resalta que todas son constitucionales. 4. Intervención de la Fiscalía General de la Nación El señor Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán Arana, intervino en el proceso para defender la constitucionalidad del Protocolo y de su ley aprobatoria. En primer lugar, el Fiscal General considera que el Protocolo en estudio es un desarrollo del derecho internacional humanitario, en tanto que busca proteger ciertos bienes de los efectos de la guerra. En ese contexto, la Fiscalía hace una completa exposición de las razones históricas que condujeron a la adopción de medidas normativas como la que ahora se estudia, y que tienen que ver con la exclusión del conflicto bélico de ciertos bienes de interés cultural. La intervención resalta que el protocolo es un esfuerzo por establecer mecanismos de protección de bienes culturales, que sin embargo no reemplaza las normas del derecho consuetudinario en la materia, tal como lo reconoce la jurisprudencia de la Corte Constituc...