Sentencia C-799 de 2005

C-799-05 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-799/05 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES JUDICIALES Y DERECHO A LA IGUALDAD-Protección de personas que se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta Es ajustado a la Constitución que los servidores judiciales realicen actividades tendientes a proteger especialmente a aquellas personas que se encuentren en las circunstancias ya expresadas tal como se advierte en varios artículos de la misma ley 906 de 2004, que desarrollan dicha protección especial. Así las cosas, no resta a esta Corte que declarar ajustada al Art. 13 de la Constitución Política la expresión “y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.” contenida en el artículo 4° de la ley 906 de 2004. DERECHO DE DEFENSA-Importancia DERECHO DE DEFENSA-Para su ejercicio no tiene límite temporal Evidencia esta Corte que ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa. Como se ha dicho , el derecho de defensa es general y universal , y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal. Por consiguiente, el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso. DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PREVIA-Alcance La correcta interpretación Constitucional del derecho de defensa implica que este no tiene un límite temporal. Si no existiera desde el inicio de la investigación esta proporcionalidad basada en el derecho de defensa, fácilmente la persona puede pasar de investigada, a imputada , a acusada y a condenada; sin haber actuado en equilibrio de fuerzas con quien lo investiga. Razón por la cual, existiría una clara violación al derecho de igualdad y al derecho de defensa. No es de relevancia para el ordenamiento Constitucional el nombre que jurídicamente se le otorgue a una persona al interior de una investigación o de un proceso penal. Lo trascendente acá , es que a dicha persona no se le apliquen excepciones temporales al ejercicio de su derecho de defensa, pues ella en cualquier etapa pre o procesal puede hacer uso del ejercicio constitucional ha defenderse. En conclusión, no permitir que la persona ejerza su derecho de defensa desde que se inicia una investigación en su contra , tenga ésta el carácter de pre- procesal o procesal, es potenciar los poderes investigativos del Estado sin razón Constitucional alguna en desmedro del derecho de defensa de la persona investigada. DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PENAL-Ejercicio desde antes de la imputación/DERECHO DE DEFENSA EN INVESTIGACION PENAL-Aplicación de interpretación sistemática La interpretación incluyente, es decir, aquella que permite entender que la adquisición de la condición de imputado es una de las diferentes condiciones en la cuales se puede encontrar una persona en un proceso penal , pero en momento alguno excluye aquellas anteriores a la condición de imputado lo que implicaría que el derecho de defensa se pueda ejercer antes de adquirirse la referida condición; es una interpretación ajustada a la Carta Política y por ende es Constitucional. En este orden de ideas, la correcta interpretación del derecho de defensa implica que se puede ejercer desde antes de la imputación. Así lo establece el propio Código por ejemplo desde la captura o inclusive antes, cuando el investigado tiene conocimiento de que es un presunto implicado en los hechos . Por ello, la limitación establecida en el artículo 8° de la ley 906 de 2004 , si se interpreta en el entendido de que el derecho de defensa sólo se puede ejercer desde el momento en que se adquiere la condición de imputado , sería violatorio del derecho de defensa. DERECHOS CONSTITUCIONALES-Textura abierta PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-Extensión hasta el cuarto grado civil en norma penal/PRINCIPIO DE NO AUTOINCRIMINACION-Norma penal que lo consagra es más garantista El artículo 33 Constitucional establece una garantía consistente en que nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad , segundo de afinidad o primero civil. No obstante, el literal b ) del artículo 8° de la mencionada ley, ha establecido esta protección en cabeza de otras personas diferentes a las mencionadas en el artículo constitucional, a saber: los compañeros permanentes y parientes en cuarto grado civil. El demandante acusa de inconstitucional la norma, por cuanto específicamente en lo relacionado con el parentesco civil, se extiende hasta el cuarto grado no obstante que el artículo Constitucional lo circunscribe al primero. Sin embargo, para esta Corporación dicha extensión es mucho más garantista. En otras palabras, la posibilidad de que una persona no esté obligada a declarar contra parientes en el cuarto grado civil es una amplificación de la garantía constitucional, que en manera alguna vulnera la Constitución sino que por el Contrario es un perfecto desarrollo de ella. Además , dicha ampliación permite situar en condiciones de igualdad a los hijos no solo matrimoniales y naturales sino igualmente a los hijos adoptivos como lo estableció la Sentencia C- 1287 de 2001. PRINCIPIOS DE COSA JUZGADA Y DE NON BIS IN IDEM-Relación y características PRINCIPIO NON BIS IN IDEM EN ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL-Se ve limitado por la justicia como valor estatal/ACCION DE REVISION EN PROCESO PENAL-Procedencia cuando fallo ha sido determinado por un delito o fundamentado en prueba falsa La acción de revisión es un mecanismo procedimental que limita el principio de nom bis in idem. Y lo limita por cuanto permite que una persona que ya ha sido sentenciada pueda volver a serlo debido a hechos nuevos o pruebas nuevas y esto es lo que hace que el proceso no sea efectivamente igual al anterior. Debe afirmarse que dicha acción procede cuando el fallo haya sido determinado por el delito de un juez o un tercero ó por prueba falsa que sirva de base para las conclusiones del mismo. Es claro para esta Corporación que en aquel fallo penal donde se haya emitido una sentencia sea absolutoria o condenatoria , y este se ha determinado en un delito del un juez o de un tercero ó ha sido sustentado en una prueba falsa; se está violentando no solo un valor fundamental de la Constitución como es la justicia sino igualmente no se cumple con uno de los fines primordiales del Estado como lo es el alcance de un orden justo. Lo dicho, por cuanto el fallo no sería correspondiente con una justicia material sino que estaríamos en presencia de un fallo formal ( fruto de un delito o una prueba falta ) ajeno a lo que busca el ordenamiento Constitucional. Por ende, el principio de nom bis in idem , se ve limitado por unos intereses de mayor jerarquía como lo son la justicia como valor Estatal y el orden justo como objetivo primordial del Estado. No obstante, es la ley la que taxativamente determina dichas limitaciones siempre y cuando estén ajustadas a la Constitución, como es el presente caso. Referencia: expediente D-5464 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2 inciso 3°, 4 inciso 1° en relación con el cargo por supuesta violación del derecho de igualdad , 8 inciso 1° y literal ( b ), 20 inciso 2° y 192 numerales 5 y 6 , de la Ley 906 de 2004, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”. Demandante: Edgar Saavedra Rojas Magistrado Ponente: Dr. JAIME ARAÚJO RENTERÍA Bogotá, D. C., dos (2) de agosto de dos mil cinco (2005). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Edgar Saavedra Rojas, presentó demanda contra la ley 906 de 2004 en su totalidad, y específicamente contra los artículos 2 inciso 3°, artículo 4 inciso 1°, artículo 5 inciso 1°, artículo 6 incisos 2° y 3° , artículo 7 inciso 4°, artículo 8 inciso 1° literales b, j, k , l y artículo 131 ; artículo 11 literales e, i , artículos 133 inciso 1° , artículo 134 inciso 1° ,artículo 135 y artículo 136 inciso 1° numerales del 1 al 15; artículo 13 inciso 1°, artículo 14 inciso 2°, artículo 15 inciso 2° , artículo 18 inciso 1° , artículo 19 inciso 1°, artículo 20 inciso 2°, artículo 21 inciso 1° y artículo 192 numerales 5 y 6. , por infringir el preámbulo, los artículos 1, 2 , 13 , 15, 28, 29, 31, 33, 103, 113, 116, 158 , 228, 229, 230, 250 y 251 de la Constitución Política y los artículos 14 del Pacto Universal de Derechos Humanos y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Mediante auto de octubre veintinueve ( 29 ) de 2004 , el Magistrado Sustanciador admitió la demanda respecto de los artículos 2 inciso 3°, 4 inciso 1° en relación con el cargo por supuesta violación del derecho de igualdad , 8 inciso 1° y literal ( b ), 20 inciso 2° y 192 numerales 5 y 6. En la misma providencia se inadmitió la demanda con relación a las restantes normas demandadas. A través de informe de la Secretaría General de esta Corporación, de fecha nueve ( 9 ) de noviembre de 2004, se evidencia que el actor no corrigió la demanda, por cuanto el término de ejecutoria venció en silencio. ( fl.520 ) A través de auto de veinticinco ( 25 ) de noviembre del mismo año , se corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente. El 16 de diciembre del año mencionado, el expediente fue recibido en el Despacho del Magistrado Sustanciador , incluyendo el oficio No DP- 1592 recibido en esta Corporación el 15 de diciembre de 2004 , suscrito por EDGARDO JOSÉ MAYA VILLAZÓN y CARLOS ARTURO GÓMEZ PAVAJEAU, Procurador y Viceprocurador General de la Nación respectivamente, quienes solicitan a esta Corte disponer que el Procurador General , en virtud de la función que le atribuye el numeral 33 del artículo 7° del Decreto – Ley 262 de 2000 , designe al funcionario que debe rendir el concepto en el proceso de la referencia pues los suscritos se encuentran impedidos. La razón que aducen para su impedimento es que como Procurador y Viceprocurador , participaron en la Comisión Redactora , el primero , y en la Subcomisión Redactora, el segundo, del proyecto de ley que dio origen al nuevo Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004-. Por tal razón , la Sala Plena de la Corte Constitucional mediante auto de ocho ( 8 ) febrero de 2005, decidió aceptar los impedimentos propuestos y ordenó que el Procurador General de la Nación designará el funcionario que rendiría el concepto . Así las cosas, cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. La Corte realizará de manera separada, el estudio de cada una de las disposiciones demandadas. Por esta razón, se transcribirán los textos de las normas acusadas ( publicadas en el Diario Oficial No 45.657 de 31 de Agosto de 2004) en las cuales serán resaltadas las partes acusadas de inconstitucionalidad, a continuación serán citadas las intervenciones, posteriormente el concepto del Procurador General de la Nación y finalmente las consideraciones de esta Corporación. NORMA ACUSADA 1. ARTÍCULO 2o. LIBERTAD Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley. El juez de control de garantías, previa solicitud de la Fiscalía General de la Nación, ordenará la restricción de la libertad del imputado cuando resulte necesaria para garantizar su comparecencia o la preservación de la prueba o la protección de la comunidad, en especial, de las víctimas. Igualmente, por petición de cualquiera de las partes, en los términos señalados en este código, dispondrá la modificación o revocación de la medida restrictiva si las circunstancias hubieren variado y la convirtieren en irrazonable o desproporcionada En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, el capturado deberá ponerse a disposición del juez de control de garantías en el menor tiempo posible sin superar las treinta y seis (36) horas siguientes. 1.2 DEMANDA Afirma el demandante que “Esta facultad de la Fiscalía solo puede autorizarse de manera excepcional tal como lo indica la Carta Política, al determinarse en el artículo 250 lo siguiente: LA LEY PODRÁ FACULTAR A LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN PARA REALIZAR EXCEPCIONALMENTE CAPTURAS; igualmente, la ley fijará los límites y eventos en que proceda la captura. En estos casos el juez que cumpla la función de control de garantías lo realizará a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. ( Lo destacado no lo es en el texto ).- De conformidad con la voluntad del Constituyente la competencia conferida a la Fiscalía para ordenar capturas es única y exclusivamente para casos absolutamente excepcionales como claramente se evidencia de la redacción gramatical que se le dio a este aspecto en la Carta Política.- Como la Constitución defirió en la ley el desarrollo de esa facultad, al concretarse la misma, se modificó el mandato constitucional, en cuanto a que no alude a la excepcionalidad de la misma, sino que establece una nueva condición que no aparece en la Carta, puesto que se dispone que se podrá capturar cuando existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito.- Nos parece que primero que todo, se ha debido establecer unas determinadas exigencias, que destaquen precisamente la excepcionalidad a la que alude la Constitución; en tratándose de derecho tal trascendental como es la libertad de las personas creo que ha debido establecerse exigencias mínima, como que se trate de delitos que tengan prevista detención preventiva y que la captura sea necesaria para garantizar su comparecencia al proceso, la preservación de la prueba o la protección de la comunidad y de las víctimas.- De la misma manera se debe indicar que en esos casos debe desarrollarse tal facultad a través de un mandamiento escrito, en el que se debe indicar en forma clara los motivos de la captura, una relación sucinta de los medios probatorios existentes que demuestren la autoría o participación en el delito de la persona que se ordena capturar, el nombre y los datos que identifiquen o individualicen al imputado y el despacho que la ordena.- Tal como aparece redactada la norma que se demanda parcialmente aparece como un cheque en blanco, que podría originar muchos abusos, por la tendencia judicial de ordenar la pérdida de la libertad de los ciudadanos de una manera muy ligera, rápida y superficialmente.- No debe olvidarse que la libertad debe ser la norma general que informe los procesos penales, mientras que la captura y la detención deben ser hechos excepcionales, cuando realmente la privación o la restricción de la libertad sea necesaria, adecuada, proporcional y razonable.- Siendo un derecho de tanta trascendencia para la vida del ciudadano era menester que en la norma que se demanda se hubiesen incluidos los requisitos antes comentados, precisamente para que éste constitucional derecho quede realmente protegido y tutelado.- De conformidad con la doctrina contemporánea, con la jurisprudencia y la legislaciones universales, la privación o restricción de la libertad solo tendrá justificación: “………CUANDO RESULTE NECESARIA PARA GARANTIZAR SU COMPARECENCIA O LA PRESERVACIÓN DE LA PRUEBA O LA PROTECCIÓN DE LA COMUNIDAD, EN ESPECIAL, DE LAS VÍCTIMAS.”.- En las circunstancias precedentes de manera comedida solicitamos se declare la inexequibilidad del aparte demandado o se haga un pronunciamiento de constitucionalidad condicionada, debiéndose precisar todos los requisitos que deben tenerse en cuenta y que deben aparecer en una orden de captura, para evitar los desafortunados abusos que cotidianamente son cometidos por nuestros jueces que han hecho popularizar el adagio según el cual entre nosotros se captura para investigar y no se investiga para capturar.- Este aspecto fue debatido tanto en la comisión preparatoria, como en el Congreso de la Republica cuando estaba en trámite el acto legislativo No. 03 de 2.002, observemos: Comisión preparatoria: “Dr. Jaime Granados: Definitivamente este es un tema crucial, pero como se está hablando de la captura y la Corte Constitucional admitió la detención administrativa, ¿Por qué no va a ser posible la captura por la Fiscalía General de la Nación? …” (Acta No.3 Reunión Comisión Preparatoria – febrero 12 de 2.002 Despacho del Fiscal General) Exposición de motivos proyecto de acto legislativo (Gaceta No. 134 de 2.002): “Lo anterior no quiere decir que la Fiscalía no pueda actuar como cualquier ciudadano en los casos de la captura en flagrancia, lo mismo que se mantendrán las atribuciones de la captura administrativa, en los eventos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente a partir de la Sentencia C-024 de 1.994” Ponencia para 4º debate en el Senado del proyecto de Acto Legislativo: “Sin embargo, se reserva la posibilidad de capturar administrativamente en los términos en que la ley fije” Queda claro que la intención siempre fue el que la Fiscalía pudiese ejercer las facultades para una captura administrativa así ello no se hubiese consignado expresamente en el Acto Legislativo; y siendo esto así, como efectivamente lo es, tal situación no se refleja en la redacción del artículo demandado. Así las cosas se solicita la inexequibilidad de esta norma. 1.3 INTERVENCIONES Fiscalía General de la Nación. El Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio presentó intervención en el proceso de constitucionalidad, el día 13 de Enero de 2005. De acuerdo con su intervención, en el nuevo sistema adversativo de enjuiciamiento penal, la restricción de los derechos fundamentales corresponde principalmente al juez, salvo las excepciones previstas en la Constitución Política, entre las cuales se encuentra la facultad de capturar por parte de la Fiscalía en casos excepcionales en los que se estableció el control judicial posterior. De conformidad con su intervención, la regla rectora desarrolla el máximo estatuto que “otorga la facultad de privar de la libertad sin orden judicial previa, por causas excepcionales, fundada en motivos serios y no caprichosos ante situaciones que no dan espera a recibir la autorización judicial que impida la labor constitucional y legal de luchar contra la criminalidad” (folio 551). De la misma manera, indica que esta norma debe ser interpretada de manera conjunta con el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, que señala los requisitos para dicho proceder. La potestad consagrada tiene carácter reglado y se encuentra sometida al control judicial para efectos de determinar su validez constitucional y legal. Ministerio del Interior y de Justicia. El Ministerio del Interior y de Justicia intervino por medio de apoderado para defender la constitucionalidad del artículo 2 inciso 3º de la Ley 906 de 2004. En primer lugar, señala que el Acto Legislativo 03 de 2002 que reformó varios artículos de la Constitución Política permite que de manera excepcional, la Fiscalía pueda realizar capturas las cuales deberán contar con el control posterior del juez de garantías. El interviniente considera que el legislador desarrolló la norma constitucional de acuerdo con los parámetros establecidos por el constituyente derivado observando los principios y postulados constitucionales que rigen el Estado Social de Derecho. De la misma manera, indica que la voluntad legislativa se encuentra plasmada de forma clara en la disposición acusada y en los artículos contenidos en los Capítulos I y II Título IV del Libro II del nuevo código de procedimiento penal, que regulan la aplicación de la libertad, la finalidad de su restricción y lo relacionado con la captura. Especialmente, menciona el artículo 295 del Código Penal en donde se afirma la libertad como regla general y la privación de la misma como la excepción, el artículo 296 que enumera las causales para privar de la libertad a las personas, los artículos 297 y 298 que regulan los requisitos de la captura, así como los derechos del capturado y el artículo 300 sobre las capturas sin orden judicial. En virtud de las normas anteriormente mencionadas, el apoderado del Ministerio concluye que el legislador estableció varios requisitos que permiten la procedencia de la captura e manera excepcional, dentro de los cuales se encuentran: delitos sobre los cuales procede la detención preventiva, conductas investigadas que sean de competencia del juez especializado del circuito, o que se trate de delitos investigables de oficio cuando se trate de conductas cuya pena mínima sea 4 años. Igualmente, sostiene que la existencia de motivos fundados para que se permita la captura busca velar por el valor de la justicia y proteger los derechos de los ciudadanos de injerencias arbitrarias. Adicionalmente, señala que el lapso de 36 horas previsto para poner a disposición del juez a una persona capturada es acorde con la disposición constitucional del artículo 28 que faculta a las autoridades para detener a una persona en determinados eventos y con el cumplimiento de ciertas formalidades hasta por 36 horas. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. En virtud de la designación realizada por el Procurador General de la Nación en Resolución No. 052 de febrero de 2005, la Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales, presentó concepto No. 3736, el 4 de Abril del presente año. A juicio del Ministerio Público, la demanda contra el inciso final del artículo 2º de la Ley 906 de 2004 no debe prosperar. Lo anterior con base en las siguientes consideraciones: La norma demandada consagra un principio orientador de la interpretación de las restantes disposiciones legales. En este orden de ideas, la Fiscalía General de la Nación puede ejercer la facultad excepcional de capturar, de acuerdo con los parámetros fijados en varios artículos de la Ley 906 de 2004, especialmente: a. El artículo 114, numeral 7, en donde se reconoce que es una atribución de la Fiscalía “ordenar capturas, de manera excepcional y en los casos previstos en este código, y poner a la persona capturada a disposición del juez de control de garantías, a más tardar dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes”. b. El artículo 119 ídem el cual precisa que “Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, sólo podrá ordenarse en relación con delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva” (folio 614). c. El artículo 300 el cual determina que la captura excepcional a la que se refiere el inciso final del artículo 250 numeral 1° de la Carta Política sólo es procedente cuando se cumplan las siguientes condiciones: 1. Exclusivamente en los eventos en que proceda la detención preventiva, 2. Que en desarrollo de la investigación tenga motivos fundados para inferir que determinada persona ha participado en la conducta investigada, 3. Que no sea posible obtener inmediatamente orden judicial y 4. Que concurra al menos una de las siguientes causales: Cuando exista riesgo de que la persona evada la acción de la justicia, cuando represente peligro para la comunidad u obstruya la investigación. Con fundamento en las normas enunciadas, la Procuraduría advierte que “el legislador sí estableció las reglas que desarrollan la disposición constitucional supuestamente vulnerada, y lo hizo atendiendo justamente a los condicionamientos que, como consecuencia de un análisis parcial y unidimensional, se adujeron por el demandante como omitidos” (folio 615). 1.4. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Competencia 1. Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, Num. 4, de la Constitución, por estar contenida en una ley. 2. Cosa Juzgada Constitucional respecto del Artículo 2 ( parcial ) Ley 906 de 2004. La Corte Constata que mediante Sentencia C- 730 de 2005[1] se declaró la inexequibilidad de las expresiones “En las capturas en flagrancia y en aquellas en donde la Fiscalía General de la Nación, existiendo motivos fundados, razonablemente carezca de la oportunidad de solicitar el mandamiento escrito, “ contenidas en el inciso final del artículo 2° de la ley 906 de 2004. En consecuencia, siendo las mismas expresiones acusadas del art. 2° en la presente demanda, esta Corporación habrá de estarse a lo resuelto en la Sentencia C- 730 de 2005 , por el cargo analizado . Lo anterior, por configurarse el fenómeno de la cosa juzgada constitucional , en los términos señalados por el artículo 243 de la Constitución Política. NORMA ACUSADA 2. ARTÍCULO 4° IGUALDAD Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta. El sexo, la raza, la condición social, la profesión, el origen nacional o familiar, la lengua, el credo religioso, la opinión política o filosófica, en ningún caso podrán ser utilizados dentro del proceso penal como elementos de discriminación. 2.1 DEMANDA Se señala de parte del demandante que “Se demanda el artículo 4º de la ley 906, porque por un erróneo entendimiento del contenido del artículo 13 constitucional en lugar de consagrar la igualdad procesal, se termina es por institucionalizar la desigualdad, de la misma manera que se distorsiona las funciones competenciales de las ramas del poder público. En el artículo 13 constitucional , se consagran en el primer inciso tres tipos diferentes de igualdad a saber: A ) Igualdad de todas las personas ante la ley; B ) Igualdad de todas las personas respecto de la protección y trato que deben recibir de las autoridades y; C ) Igualdad de todas las personas en el goce y disfrute de los derechos, libertades y oportunidades.- La norma demandada ha debido ser redactada de conformidad con los parámetros políticos señalados en la Norma Superior que se comenta, pero como ya se anticipó por un mal entendimiento de la misma, se terminó redactando de conformidad con el contenido de los incisos 2º y 3º del artículo 13, razón por la cual finalmente en lugar de consagrarse la igualdad de los sujetos procesales se terminó institucionalizando la desigualdad de los mismos.- El Constituyente sobre los parámetros políticos en que se concibió al Estado colombiano, como un Estado Social de Derecho, directriz estructural que aparece claramente configurado en el artículo 1º constitucional y desarrollado en el artículo 2º, en cuanto primero se hace la consagración como Estado Social de Derecho, para enseguida establecer que son fines esenciales del Estado promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los derechos, estableciendo como una de las obligaciones de los servidores públicos el de asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.- Consciente entonces el Constituyente de esta característica política del Estado colombiano, reconoce que la igualdad real y total de todos los habitantes es utópica, puesto que bien se sabe que por los más diversos factores biológicos, sociales, económicos, culturales y de toda naturaleza, desde el mismo momento del nacimiento surge la desigualdad o por los mismos factores, en el desarrollo de la vida se institucionaliza la desigualdad.- Frente a tal realidad y con el propósito de tratar de alcanzar una mediana igualdad, reconociendo la desigualdad existente, y en cumplimiento de las funciones sociales del Estado dispone en el segundo inciso de la norma comentada que éste debe promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, imponiéndose a sí mismo la obligación de adoptar las medidas necesarias en favor de grupos discriminados o marginados.- Y dentro de esa misma concepción, para efecto de poder cumplir con los deberes constitucionalmente impuestos, en el inciso tercero se acude a un nuevo desarrollo del Estado Social al determinarse que éste debe proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta, debiendo sancionar los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.- De conformidad con lo anterior, ha de concluirse que mientras en el inciso primero se consagra la igualdad política integralmente, en los incisos siguientes, como una manifestación del Estado Social, se impone al Estado deberes sociales, para ayudar a los grupos más desprotegidos de la sociedad. Es perfectamente claro que los deberes sociales son funciones políticas fundamentalmente de las ramas ejecutiva y legislativa, porque entre las funciones constitucionales que debe cumplir la rama judicial, no le corresponden deberes de naturaleza social.- Es claro que dentro del proceso penal ningún funcionario judicial se encuentra obligado a proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta como erróneamente lo impone la norma que se demanda parcialmente.- Si un indigente, un minusválido o un enfermo mental cometen una infracción a la ley penal, deben ser sometidos a proceso penal y dentro del mismo serán tratados de manera exactamente igual a cualquiera de los otros sujetos procesales; pero por dicha razón no podrían recibir del funcionario judicial un tratamiento preferencial, de la misma manera que no tendría justificación constitucional que tuviesen de parte de los funcionarios judiciales una protección especial.- Si el procesado es un inimputable es claro que en el momento de dictarse sentencia se le deben imponer medidas de seguridad, en lugar de pena, pero esta diferencia respecto a la medida aplicable no surge de una forma de ayuda por parte del funcionario judicial, sino que por la enfermedad mental que padece el imputado antes de ser castigado debe ser tratado científicamente para tratar de que recobre la normalidad o deje de ser peligroso para la sociedad; pero es absolutamente diáfano que ese estado de inimputabilidad no lo hace merecedor en el transcurso del proceso a un tratamiento preferencial y de protección de parte de los servidores de la justicia.- Pero si se trata de indigentes o minusválidos es claro que demostrada la responsabilidad deben ser necesariamente condenados a las penas previstas en la respectiva norma penal y de conformidad con el delito cometido, pero esa situación de indigencia o de minusvalidez no los hace acreedores a tratamientos preferenciales o a medidas de protección.- En relación con los indigentes, en el momento de hacer la tasación de la pena, se les podría conceder en su favor la rebaja de pena prevista en el artículo 56 del Código penal, cuando la realización de la conducta punible haya sido consecuencia de: “….. la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad,…..”.- Pero ésta última norma bajo ninguna circunstancia autorizaría a los funcionarios judiciales para que durante el transcurso del proceso pudieran recibir tratos preferenciales o de protección.- Además que debe tenerse en cuenta que los funcionarios judiciales carecen del apoyo de fundamento normativo, y del poder político, económico o instrumental para poder cumplir con éste absurdo e inconstitucional deber que se les impone en la norma demandada; porque es absolutamente cristalino que dentro de las competencias legales de los servidores de la justicia, no se encuentra el cumplimiento de ningún deber social, porque como ya se dijo estos son deberes constitucionales que les incumben a las otras ramas del poder político.- Si los jueces en cumplimiento de este deber legalmente impuesto dieran un trato preferencial y de protección a las personas económica, física o mentalmente desprotegidas es claro que se estaría consagrando la más perfecta desigualdad entre los sujetos procesales.- Son éstas las razones que nos llevan a demandar la inconstitucionalidad del aparte demandado.” 2.2 INTERVENCIONES Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia. El apoderado del Ministerio del Interior y de Justicia reseñó algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre el principio de igualdad el cual “tiene carácter objetivo y no formal, se predica de la identidad de los iguales, y de la diferencia entre los desiguales y permite dar un tratamiento diferente a distintas personas cuando aquellas se encuentran en diversas situaciones de hecho” (folio 568). De acuerdo con el interviniente, los funcionarios judiciales en su calidad de funcionarios pertenecientes a la Rama Judicial y en el ámbito de su competencia tienen la obligación constitucional y legal de promover las condiciones para que la igualdad sea real en los casos concretos; otorgar tratamiento igual a los intervinientes en el proceso que se encuentran en igual situación y diferente a quienes se hallen en situaciones fácticas diversas (folio 569). De otro lado, expresa que los funcionarios judiciales deben actuar con sentido proteccionista cuando el interviniente en un proceso no posea recursos económicos para sufragar los servicios de un defensor de oficio evento en el cual debe tomar las medidas necesarias para designarle un apoderado de oficio o realizar las diligencias para que se le preste el servicio de defensoría pública (folio 570). CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales solicitó a la Corte declarar la constitucionalidad de la norma demandada, artículo 4 inciso 1º de la Ley 906 de 2004. El Ministerio Público estima que la interpretación del actor sobre el carácter social de las medidas de protección especial prescritas en el inciso demandado es errada toda vez que el deber de protección sobre este principio incluye también la administración de justicia. En este orden de ideas, la Procuraduría considera que “El inciso final del artículo 13 constitucional vincula a todos quienes conforman la organización estatal (…) este precepto de conformidad con el artículo 2° constitucional implica tanto la prohibición de trato discriminatorio a este grupo poblacional, como la realización de acciones positivas de modo que los factores que determinen su situación de debilidad sean menguados y así se establezcan verdaderas condiciones de igualdad sustancial con quienes afortunadamente no están afectados por las mismas circunstancias” (folio 616). En segundo lugar, la representante del Ministerio Público menciona que la igualdad material, que supone tratamiento diverso a situaciones distintas e igual trato entre pares, permite establecer un trato diferente como el que menciona la norma atacada. Dentro de este contexto, precisó que la disposición demandada le impone al operador judicial el deber de adelantar acciones positivas a favor de quienes se hallan en circunstancias de debilidad manifiesta es decir, conferir un “trato diferente más no discriminatorio a esta clase de intervinientes en la actuación penal” (folio 616). En tercer lugar, considera que debe tenerse en cuenta la Observación General N° 18, del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en la cual ha afirmado que una diferenciación de trato basada en criterios razonables y objetivos -como lo son las circunstancias de debilidad manifiesta-, no constituye una discriminación. Finalmente, afirma que el principio rector consagrado en esta normatividad logra materializarse en la “defensa pública para el imputado que carece de recursos económicos para realizar su defensa, así como la asistencia jurídica gratuita a las víctimas que se encuentran en similares circunstancias, o la sustitución de la detención preventiva para quienes por su condición física se encuentran en imposibilidad de soportar la privación de la libertad” (folio 617). 2.3 CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Problema Jurídico Corresponde a la Corte Constitucional determinar si proteger especialmente a las personas que por su condición económica , física o mental se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta , es una discriminación que atente contra el derecho a la igualdad establecido en el artículo 13 Constitucional. Así las cosas, se analizará de una parte el contenido normativo del Artículo 13 Constitucional para en una segunda parte analizar si la discriminación propuesta por la norma demandada vulnera dicho precepto constitucional. De un lado, es necesario transcribir el contenido del artículo 13 Constitucional: “ ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” Así las cosas, es indispensable reafirmar la variada jurisprudencia de esta Corporación donde se ha interpretado el contenido normativo del derecho a la igualdad Constitucional. En consecuencia, se ha señalado que el derecho a la igualdad debe ser interpretado como una igualdad entre iguales y una desigualdad entre desiguales. En consecuencia, el inciso final del artículo Constitucional señalado lo que hace expresamente es crear una desigualdad entre aquel grupo de personas que están en situación de desigualdad respecto del resto. Esto es, aquellas personas que por su situación económica, física o mental , se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta respecto del resto. Por consiguiente, es con relación a este tipo de personas que el Estado Colombiano efectúa una protección especial precisamente para establecerlos en una situación de igualdad con el resto de personas que no se encuentran en las mismas circunstancias. En este orden de ideas, dicha protección especial es el verdadero resultado del derecho a la igualdad material y no simplemente la constatación de una igualdad formal, cambio sustancial en el Estado Social de Derecho. De otro lado, debe la Corte analizar si la protección propuesta por la norma demandada, en punto de proteger especialmente a las personas que por su condición económica , física o mental , se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta atenta contra el derecho a la igualdad. Evidencia esta Corporación , que existe una incorrecta interpretación del postulado Constitucional por parte del demandante. Efectivamente, la norma demandada no es más que el desarrollo de la norma Constitucional, hasta el punto que su transcripción es casi similar. Pues bien, es ajustado a la Constitución que los servidores judiciales realicen actividades tendientes a proteger especialmente a aquellas personas que se encuentren en las circunstancias ya expresadas tal como se advierte en varios artículos de la misma ley 906 de 2004 , que desarrollan dicha protección especial, en circunstancias como: - Defensa pública para aquel procesado que carezca de recursos para realizar su defensa. - Asistencia jurídica gratuita a las víctimas que igualmente carezcan de recursos. - Sustitución de la detención preventiva en establecimiento carcelario por la del lugar de residencia, cuando el procesado sea mayor de 65 años, cuando a la procesada le falten dos meses o menos para el parto, cuando el procesado estuviere en estado grave de enfermedad, cuando el procesado sea madre o padre cabeza de familia. En conclusión , estos ejemplos denotan la importancia de hacer valedera a la luz de la Constitución la desigualdad señalada en la ley en aras de proteger especialmente a estas personas que se encuentran en situaciones especiales que ponen de manifiesta su debilidad. Así las cosas, no resta a esta Corte que declarar ajustada al Art. 13 de la Constitución Política la expresión “y proteger, especialmente, a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta.” contenida en el artículo 4° de la ley 906 de 2004, por los cargos analizados. NORMA ACUSADA 3. ARTICULO 8° DEFENSA. En desarrollo de la actuación, una vez adquirida la condición de imputado, este tendrá derecho, en plena igualdad respecto del órgano de persecución penal, en lo que aplica a: ( ... ) b) No autoincriminarse ni incriminar a su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad 3.1 DEMANDA A. Inciso Primero Indica el demandante, en relación con el inciso primero, que “El texto constitucional en su artículo 29 estableció el derecho a la defensa material y técnica sin limitaciones temporales de ninguna naturaleza y por si fuera poco, esa Corporación en decisión de 22 de abril de 1993, siendo ponente el H. M. Fabio Morón Díaz entendió que este constitucional derecho debía de ser consagrado durante la investigación previa o preliminar “El término "sindicado" debe entenderse como que en él también están incluidos "imputados", "procesados" y aún "condenados" , pues en toda la actuación procesal -previa, instrucción, juzgamiento y ejecución de la pena-, como garantía mínima debe prevalecer la asistencia del defensor en desarrollo del debido proceso. Estos términos son además de creación legal, mientras que la Constitución Política se refiere a toda persona durante toda actuación judicial de naturaleza penal.” En las circunstancias precedentes ha de entenderse que cuando el Constituyente consagra el derecho a la defensa material y técnica en el artículo 29, la misma se encuentra garantizada en la etapa pre-procesal, en las dos etapas del proceso, instrucción y juzgamiento, y en la etapa de ejecución de la pena.- Si ese es el entendimiento que ha de darse a la norma y a la expresión constitucional relacionada con el derecho a la defensa, ha de concluirse que el Constituyente no quiso establecer límites temporales al ejercicio de la defensa y si ello es así, es obvio que una norma subalterna, como es la ley aprobatoria del nuevo código procesal penal, no puede establecer limitaciones que no están contenidas en la Carta Política.- La expresión que estimamos contraria a la Carta, es la contenida en el artículo 8º de la Ley 906 de 2004, por medio de la cual se expidió el nuevo código procesal, porque al consagrarse el derecho a la defensa como norma rectora se establece que ese derecho solo se adquiere una vez se obtenga la calidad de imputado.- Como se puede observar el derecho a la defensa solo se adquirirá mucho tiempo después de haber ocurrido los hechos que son motivo de investigación, cuando el ciudadano sea capturado o se realice la audiencia donde se le formule la imputación, pero en ese momento solo se viene a adquirir un remedo de defensa, porque no entendemos como puede la defensa “…preparar de modo eficaz la actuación procesal “, sin que surja el correlativo derecho de defensa.- De conformidad con las previsiones legislativas comentadas, luego de ocurridos los hechos supuestamente delictivos que originan la investigación penal, la Fiscalía es dueña y soberana de la misma, puesto que puede comenzar a hacer sus pesquisas, sin tener contraparte de ninguna naturaleza y tal situación la puede prolongar por el tiempo que quiera, puesto que le bastará demorar la orden de captura o simplemente no convocar a la audiencia para la formulación de la imputación y mientras ello no suceda el ser humano involucrado en la investigación carecerá de las más elementales manifestaciones para ejercer el derecho constitucional que estimamos se infringe con la norma demandada, puesto que mientras no se den tales presupuestos no adquiere la calidad de imputado, supuestamente para tener derecho a una defensa restringida.- El ciudadano se defiende de la imputación formulada, probando sus afirmaciones defensivas y controvirtiendo probatoriamente las imputaciones que le formule el Estado o los otros sujetos procesales. Es tan íntima la unión de las dos garantías que se analizan, que se puede afirmar que la defensa como derecho constitucional se convierte en un principio puramente retórico si no se contara con el derecho de probar y el de controvertir.” B. literal ( b ) Señala el demandante : Si se recuerda el artículo 33 de la Carta, al consagrar el derecho a la no incriminación además del sindicado o declarante, lo hace extensivo &únicamente al cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad O PRIMERO CIVIL. Al eliminarse el vocablo “ primero “ es claro que la garantía de no autoincriminación se está haciendo extensiva a todos los miembros del parentesco civil, con detrimento en un momento determinado de la Administración de Justicia, porque personas que no están amparadas por la garantía constitucional lo vendrían a estar como consecuencia de la ampliación del derecho, por una errónea concepción de la norma.- La contravención de la Carta es evidente, de allí nuestra petición para que sea declarada su inexequibilidad.- 3.2 INTERVENCIONES Fiscalía General de la Nación. El Fiscal General explica que en el nuevo sistema procesal penal no se presenta la antigua división entre investigación previa e instrucción o investigación propiamente dicha toda vez que la causa probable es el mecanismo que activa la acción penal del Estado. Por consiguiente, el contradictorio únicamente se traba cuando se cuenta con suficientes elementos probatorios que permitan inferir la autoría o participación en una conducta punible. En consecuencia, el ente acusador puede realizar los cometidos de su competencia constitucional y legal dentro del plazo de prescripción del respectivo delito. De otra parte, explicó que el artículo 267 del código de procedimiento penal señala las facultades de quien no es imputado e igualmente, que la imputación sí significa el comienzo del proceso, el cual culmina con la audiencia pública de juzgamiento oral en donde se ventila el acervo probatorio, cuyo fin es el esclarecimiento de los hechos. En tercer lugar, con base en los numerales 3 y 4 del artículo 250 de la Constitución, manifiesta que la Fiscalía, antes de formular la acusación no practica ni recauda pruebas y que sólo puede considerarse como prueba aquella que se practica en el juicio público y oral. Por esta razón, “no puede pretenderse que antes de esa fase exista controversia probatoria” (folio 552). En relación con el literal b del artículo 8 que regula el principio de no autoincriminación, el interviniente recuerda la sentencia de la Corte Constitucional C-1287 de 2001 en la cual se “extendió el campo de protección a la garantía de la no autoincriminación al parentesco por adopción en las mismas condiciones previstas para la familia por consaguinidad (cuarto grado)” (folio 552). Ministerio del Interior y de Justicia. En relación con los cargos formulados, el interviniente considera que la norma debe interpretarse a la luz de la sentencia C-1287 de 2001 de la Corte Constitucional en la cual, esta corporación precisó el sentido y alcance de las normas constitucionales que comprometen la aplicación del principio de no autoincriminación. Por este motivo, solicita a la Corte declarar que ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional y por lo tanto, es necesario atenerse a lo dispuesto en la sentencia citada. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. La Procuraduría Auxiliar para Asuntos Constitucionales solicitó a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad del inciso 1º del artículo 8 de la Ley 906 de 2004. Su petición se encuentra fundamentada en las siguientes razones: 1. “El artículo 29 de la Constitución Política, (…) establece que debe garantizarse al sindicado, es decir, a quien ha sido vinculado al proceso mediante formulación de imputación o declaratoria de persona ausente, el ejercicio pleno de su defensa y la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio, desde que el fiscal ejerce en nombre del Estado la acción penal y da paso con la formulación de la imputación a la investigación y al juzgamiento”. (folios 618 y 619) 2. La garantía sobre el artículo 29 no debe anticiparse en las mismas condiciones e iguales prerrogativas a las diligencias previas toda vez que la labor investigativa que realiza el Fiscal en esta etapa tiene como objetivo individualizar al posible sujeto activo de la conducta punible. “Por tanto, en la medida en que tal individualización no se logre, no existe obligación alguna del Estado, en cabeza del fiscal, de reconocer derechos y permitir la intervención de la defensa en su investigación previa al proceso” (folio 619). 3. “La condición precaria de sospecha tampoco impone que en garantía del derecho a la defensa de aquel que todavía no es parte en el proceso, se le comunique su condición de sospechoso (no procesado ni imputado) dentro de la investigación y le sean reconocidos los derechos consagrados a favor del imputado en el artículo 8 de la Ley 906 de 2004” (folios 619 y 620). 4. “Toda vez que no existe un recaudo probatorio que pueda ser llevado al juicio, resulta inconsecuente garantizar el ejercicio de la defensa frente a la prueba mediante la contradicción, la controversia desde el momento mismo de su práctica, o la solicitud o la presentación de otras pruebas antes de darse inicio al proceso” (folio 620). 5. “El indiciado (…) no está expuesto en todos los eventos a decisiones judiciales que afecten sus derechos, de allí que los artículos 119 inciso 2° y 267 ejusdem establezcan, en coherencia con las disposiciones que regulan las actuaciones que puede adelantar la Fiscalía y las autoridades de Policía judicial bajo la dirección de aquella, que en algunos eventos señalados en la misma ley (por ejemplo en el recaudo de prueba anticipada), el funcionario investigador informará a quien no es imputado del derecho que le asiste a designar un defensor” (folio 621). 6. “Las garantías señaladas en el artículo 8° de la Ley 906 de 2004 tienen aplicación una vez iniciado el proceso penal, pues: i) no hay recaudo probatorio por tanto el no imputado no podrá ser escuchado en declaración, en donde deba garantizarse el derecho del artículo 33 constitucional y pueda renunciar al mismo; ii) como aún no hay proceso ni partes, tampoco existen preacuerdos a los cuales aplicar la garantía señalada en el ordinal d); iii) por la misma razón tampoco puede afirmarse que el indiciado, sin que curse un proceso tenga derecho a un juicio oral, público, contradictorio, imparcial y además la facultad de renunciar a él (ordinales k y l); iv) En cuanto no es escuchado por las autoridades, pues aún no se le han formulado una imputación, naturalmente el indiciado no necesita un traductor o intérprete para que pueda comunicarse con los funcionarios judiciales y hacer peticiones” (folios 621 y 622). 7. El reconocimiento expreso que en el artículo 8 de la Ley 906 de 2004 se hace de determinadas garantías procesales al imputado, no desconoce aquellas facultades que antes de la formulación de la imputación o la captura razonablemente pueden ser ejercidas por quien es apenas indiciado, sospechoso, y al que aún no se le ha atribuido de manera concreta y clara una conducta que revista las características de delito. Sobre estas garantías, el Ministerio Público cita el artículo 119, inciso final (derecho a designar un defensor desde el momento que sea informado o advierta de la investigación preliminar que realiza la Fiscalía) y 267 realizar entrevistas en busca de información útil, y a recaudar directamente o a través de su defensor elementos materiales probatorios y hacerlos examinar por peritos particulares o de policía judicial. Artículo 8 Literal b Asimismo, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional desestimar el cargo formulado contra el literal b del artículo 8 que consagra el derecho a no incriminar a parientes dentro del cuarto grado civil. Sobre esta disposición legal, la Procuraduría estimó que la disposición representa una concreción del derecho a la igualdad reconocida entre los hijos naturales, legítimos y adoptivos, por cuanto permite proteger el vínculo familiar que existe entre el adoptado y la familia del adoptante o adoptantes, de la misma manera que se ha protegido el parentesco sanguíneo. De la misma forma, estima que la norma permite “fortalecer la unidad familiar, salvaguardar y promover la fraternidad, solidaridad y lealtad entre los integrantes del grupo familiar al cual se une el hijo adoptivo, es decir, entre éste y los consanguíneos del adoptante o adoptantes (artículo 279 Código Civil, artículo 100 del Código de Menor)” (Folio 625). Igualmente, subraya que la excepción al deber de declarar establecida sobre los parientes en el cuarto grado de consanguinidad es acorde con la Constitución Política, tal como lo advirtió la Corte Constitucional en sentencia C-1287 de 2001, en donde concluyó que la garantía contenida en el artículo 33 de la Constitución, debía extenderse a los parientes adoptivos hasta el cuarto grado. 3.3 CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. Problema Jurídico Corresponde a esta Corte establecer , en primer lugar , si existe violación al derecho de defensa cuando la norma acusada determina que este derecho se podrá ejercer desde el momento en el cual se adquiera la condición de imputado; para en una segunda parte , analizar si el hecho de que la causal b) del artículo 8 de la ley 906 de 2004 , ampare la no incriminación hasta el cuarto grado civil es violatoria del artículo 33 Constitucional. a. Artículo 8° inciso primero. Para poder establecer sí el ejercicio del derecho de defensa desde que se adquiere la condición de imputado es violatorio de la Constitución, debe analizarse primeramente el derecho de defensa, aunado con la jurisprudencia de ésta Corporación, para finalmente estudiar específicamente la norma demandada a la luz de los argumentos expuestos. Primeramente, debe decirse que el derecho de defensa garantiza que se concurra al proceso , que se haga parte en el mismo, que se ejecute una defensa y se presenten pruebas y alegaciones. Por consiguiente, el derecho de defensa es una de las tantas garantías que “ constituyen un presupuesto para la realización de la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico “ Es decir, el derecho de defensa es de aplicación general y universal. Al respecto a dicho esta Corporación : “ La concepción del proceso como un mecanismo para la realización de la justicia impide que algún ámbito del ordenamiento jurídico se sustraiga a su efecto vinculante, pues a la conciencia jurídica de hoy le repugna la sola idea de alcanzar la justicia pervirtiendo el camino que conduce a ella “ [2] Así entonces, debe tenerse en claro que el derecho de defensa, como base fundamental del Estado de derecho , ha adquirido una connotación general para todo el ordenamiento jurídico el cual debe verse constantemente influenciado por su presencia so pena de atentar contra el valor de justicia determinado por el Estado Colombiano. Ante tal constatación , corresponde a esta Corporación estudiar si el ejercicio de este derecho tiene algún límite temporal o por el contrario si el ejercicio de este derecho implica un límite a este respecto. Pues bien, evidencia esta Corte que ni en la Constitución ni en los tratados internacionales de derechos humanos se ha establecido un límite temporal para el ejercicio del derecho de defensa. Como se ha dicho , el derecho de defensa es general y universal , y en ese contexto no es restringible al menos desde el punto de vista temporal. Por consiguiente, el ejercicio del derecho de defensa surge desde que se tiene conocimiento que cursa un proceso en contra de una persona y solo culmina cuando finalice dicho proceso. Pues bien, respecto a investigaciones penales , esta Corporación se ha pronunciado en varias ocasiones al respecto. Entre dichos fallos encontramos: “ Durante la investigación previa el interés dominante corresponde a la función investigativa del Estado. El adentrarse en el proceso propiamente dicho impone la idea de equilibrio entre la función investigativa y punitiva del Estado (autoridad) - trasunto de su deber de administrar justicia - y los derechos y garantías del sindicado (libertad). La persona simplemente investigada en la fase preliminar, pronto puede tornarse en sospechosa, convertirse durante la instrucción en sindicada, inmediatamente después en acusada y finalmente terminar condenada. Las metamorfosis sucesivas que se operan en el status penal de la persona no pueden producirse sin que progresivamente se la dote de las necesarias garantías, que naturalmente llegan a su plenitud durante la investigación y el juzgamiento. Dado que el status virtual de la persona depende de las pruebas de autoría y responsabilidad que el Estado acumule en su contra, la prolongación de la investigación previa - en la que el interés dominante es el del Estado - debe analizarse con detenimiento a fin de establecer si la misma en un momento dado deja de ser compatible con el nivel de garantía que debe asegurarse al imputado. De otro lado, la prolongación de la investigación previa - como además es de rigor frente a cada etapa del proceso - debe juzgarse desde una perspectiva de eficiencia del Estado en el ejercicio de la acción penal. ( … ) Aspectos conflictivos que emergen de la investigación previa 11. Sin embargo, una situación diferente se presenta cuando el imputado no se encuentra privado de la libertad pero la Fiscalía le ha recibido versión preliminar. En estas condiciones el imputado se impone de la investigación que se le adelanta y, en cierta medida, puede participar en la presentación y discusión de las pruebas que se alleguen en su contra (C de P.P. art. 321). Sobre este particular, esta Corte ha señal...