Sentencia C-796 de 2014

C-796-14 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-796/14 CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO-Prohibición de huelga en actividades de explotación, refinación, transporte, distribución de petróleo, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno/DEFINICION DE LOS AMBITOS MATERIALES EN LOS CUALES ESTA GARANTIZADA LA HUELGA SIN QUE PUEDA DELEGAR EN OTRAS AUTORIDADES DICHA COMPETENCIA-Exhorto al Congreso/CONGRESO DE LA REPUBLICA-Debe definir cuáles son los servicios públicos esenciales en los que no es posible la huelga/EXHORTACION AL CONGRESO-Expedición de ley que avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos La Sala concluyó que aunque en la sentencia C-450 de 1995 se examinó la constitucionalidad del mismo precepto que ahora ocupa la atención de la Sala, no se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, toda vez que (i) en la providencia referida la Corte examinó la constitucionalidad del literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo a la luz exclusivamente del artículo 56 de la Constitución; (ii) el demandante en esta oportunidad formuló cargos que no fueron estudiados en la sentencia C-450 de 1995, específicamente relacionados con la violación del bloque de constitucionalidad; y (iii) después de 1995 se produjo un cambio en el contexto de aplicación del precepto acusado, debido a la Recomendación emitida por el Comité de Libertad Sindical y aprobada por el Consejo de Administración de la OIT. La prohibición que entraña el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo no desborda el concepto de servicios públicos esenciales al que se refiere el artículo 56 de la Carta, tal como ha sido interpretado por esta Corporación con fundamento en los convenios 87, 98 y 154 de la OIT. En efecto, el abastecimiento normal de combustibles derivados del petróleo es esencial para la prestación de servicios básicos tales como la salud y el transporte de pasajeros, y por tanto, su suspensión podría poner en riesgo derechos fundamentales tales como la vida y la salud. De igual manera, a diferencia de lo expresado por el actor, la OIT no ha establecido una prohibición expresa que se clasifiquen en esa categoría de servicio público esencial, las actividades dirigidas específicamente al abastecimiento normal de combustibles derivados del petróleo. La Corte consideró que las actividades en cuestión se relacionan con un servicio trascendental, de modo que aunque no es posible proscribir de forma definitiva la huelga, en caso de que se ejerza, deben acordarse mínimos de prestación con el fin de no afectar de forma desproporcionada a los usuarios. Además, observó que aunque existe reserva de ley en esta materia, el Legislador al definir los casos en los que las actividades de “explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados” están “destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país” y por ello no pueden ser escenario de huelgas, debe tener en cuenta unos criterios materiales que se desprenden del texto constitucional y el bloque de constitucionalidad. Aunque el inciso es declarado exequible, la Sala encuentra que en esta oportunidad es necesario exhortar al Congreso, dada la estricta reserva legal que opera en la materia. Como se ha señalado en precedencia, corresponde al Legislador definir cuáles son los servicios públicos esenciales en los que no es posible la huelga. Tal definición debe sujetarse a los parámetros materiales que ha fijado la jurisprudencia constitucional. Por ello, de forma reiterada, esta Corporación ha exhortado al Congreso para que actualice la legislación en la materia, particularmente el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. En consecuencia, para no desconocer la reserva de ley en la materia y en vista de la trascendencia del servicio que presta el sector petrolero, la Sala otorga al Congreso el término de dos (2) años, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de la Constitución Política, avance en la delimitación del ámbito en el que no sería posible ejercer el derecho de huelga en el sector específico de hidrocarburos, garantizando la no afectación del servicio de abastecimiento normal de combustibles del país, en relación con las actividades a que hace alusión el aparte normativo demandado. COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Tipos/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA-Concepto/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL APARENTE-Concepto/COSA JUZGADA MATERIAL-Concepto y alcance LIMITACION AL DERECHO A LA HUELGA-Jurisprudencia constitucional/LIMITACION AL DERECHO DE HUELGA-Exigencias materiales/SERVICIO PUBLICO ESENCIAL-Concepto CONVENIOS DE LA OIT Y DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS POR SU COMITE DE LIBERTAD SINDICAL-Valor normativo/ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Estructura y funcionamiento CONVENIOS DE LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO Y SU INCLUSION EN EL BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Jurisprudencia constitucional OBLIGATORIEDAD DE RECOMENDACIONES DEL COMITE DE LIBERTAD SINDICAL APROBADAS POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OIT-Jurisprudencia constitucional DERECHO A LA HUELGA-Contenido y alcance/DERECHO A LA HUELGA-Rasgos esenciales/DERECHO A LA HUELGA-No es absoluto/DERECHO A LA HUELGA-Puede ser limitado por el legislador/PROHIBICION DE HUELGA EN SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES-Reglas jurisprudenciales/SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES-Análisis material SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES-Definición del concepto le corresponde exclusivamente al legislador ACTIVIDADES EN EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS-Fuente principal de producción de energía COMITE DE LIBERTAD SINDICAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA OIT-Criterios adicionales de prohibición de huelga/DERECHO A LA HUELGA EN EL SECTOR DE PETROLEOS-Criterios señalados por la OIT para determinar cuando no se puede ejercer dicho derecho/ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO-Posibilidad de desvirtuar los criterios señalados para la determinación de lo que se entiende o no por servicio público esencial Referencia: expediente D-10176 Demanda de inconstitucionalidad contra el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Actor: Edwin Palma Egea Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá, D.C., treinta (30) de octubre de dos mil catorce (2014) La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Luis Ernesto Vargas Silva -quien la preside-, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Jorge Iván Palacio Palacio, Gloria Stella Ortiz Delgado, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub y Martha Victoria Sáchica Méndez, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia con fundamento en los siguientes: 1. ANTECEDENTES El 18 de marzo de 2014, el ciudadano Edwin Palma Egea, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demandó el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo. Mediante auto del 31 de marzo de 2014, la demanda fue inadmitida. Una vez corregida a través de escrito allegado el 7 de abril de 2014, fue admitida por medio de auto del 25 de abril de la misma anualidad. En consecuencia, se dispuso fijar en lista el precepto demandado y se ordenó comunicar el inicio del proceso al Congreso de la República y a los ministerios de Justicia y del Derecho y del Trabajo. El Magistrado Sustanciador también invitó a las siguientes instituciones para que, si lo estimaban conveniente, participaran en el debate jurídico que el presente asunto propone: la Central Unitaria de Trabajadores –CUT-, la Unión Sindical Obrera –USO-, la Comisión Colombiana de Juristas, las universidades de los Andes, Nacional, Pontificia Bolivariana, Javeriana, Eafit, Santiago de Cali, Libre, San Buenaventura, de Medellín, del Norte, del Sinú –Seccional Montería-, Sergio Arboleda, Externado de Colombia y del Rosario. Por último, se dio orden de dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo en los términos que le concede el artículo 7 del decreto 2067 de 1991. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, esta Corte procede a decidir la demanda de la referencia. 1.1. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la disposición acusada; se resaltan los apartes censurados: “CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO. ARTICULO 430. PROHIBICION DE HUELGA EN LOS SERVICIOS PUBLICOS. [Artículo modificado por el artículo 1o. del Decreto Extraordinario 753 de 1956. El nuevo texto es el siguiente:] De conformidad con la Constitución Nacional, está prohibida la huelga en los servicios públicos. Para este efecto se considera como servicio público, toda actividad organizada que tienda a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, bien que se realice por el Estado, directa o indirectamente, o por personas privadas. Constituyen, por tanto, servicio público, entre otras, las siguientes actividades: (…) h) Las de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno”. 1.2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA El accionante argumenta que el literal acusado vulnera los artículos 53, 55, 56 y 93 de la Constitución, por los siguientes motivos: 1.2.1. Comienza por aclarar que, en su criterio, no existe cosa juzgada constitucional pese a que el literal censurado fue declarado exequible en la sentencia C-450 de 1995. Asegura que después de 19 años, el parámetro de control de constitucionalidad ha cambiado debido a la adopción de una nueva constitución y los nuevos compromisos internacionales adquiridos por el Estado colombiano, específicamente en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Menciona puntualmente el Convenio 98, incorporado a nivel interno por la ley 27 de 1976, el cual hace referencia a la aplicación de los principios y derechos de sindicalización colectiva. También resalta que en la sentencia T-171 de 2011, este Tribunal reconoció que la conclusión de la sentencia de 1995 necesita ser revisada y por ello indicó: “El criterio empleado en la sentencia C-450 de 1995 para determinar si una actividad constituye un servicio público esencial, según contribuya directamente a la protección de bienes, satisfacción de intereses o realización de valores, fue considerado demasiado amplio en la Sentencia C-691 de 2008, en la que esta Corporación estudió la Constitucionalidad del literal g) del artículo 430 del CST, que consagra la prohibición de ejercer el derecho de huelga en las actividades de explotación, elaboración y distribución de sal. Consideró la Corte que dicho criterio era muy extenso, toda vez que: ‘innumerables actividades de la vida social y económica están relacionadas con los derechos y libertades fundamentales’, lo que podría desnaturalizar la garantía del derecho de huelga contenida en el artículo 56 de la Constitución, al extender de manera inadmisible el ámbito de restricción del derecho de huelga.” Asegura que un llamado a la actualización de la legislación laboral también fue consignado en la sentencia T-087 de 2012. Sostiene que la Corte Constitucional puede revisar y rectificar sus precedentes, como se explicó en la sentencia SU-047 de 1999, y que además en este caso es necesario que unifique su posición en vista de las opiniones contradictorias manifestadas al respecto en los fallos C-075 de 1997 y C-691 de 2008. Indica que no es la ley la que define la actividad petrolera como un servicio esencial, sino la jurisprudencia, de manera que tal interpretación puede ser variada. 1.2.2. Agrega que la realidad material también ha variado desde que se profirió la sentencia C-450 de 1995, “(…) máxime si se tiene en cuenta que no existe monopolio de la industria en cabeza de una sola empresa o en cabeza del Estado”. También explica que la producción de crudo ha crecido significativamente, de modo que sería posible una huelga previendo la prestación de un mínimo concertado. 1.2.3. Hechas estas aclaraciones, aduce que el inciso desconoce los artículos 55 y 56 de la Carta Política, toda vez que restringe el derecho a la negociación colectiva de los trabajadores que laboran en la industria del petróleo y no les garantiza el derecho de huelga en tanto “(…) no hay una definición legal sobre si es o no un servicio público esencial la industria petrolera”. 1.2.4. Afirma que los artículos 53 y 93 superiores también son infringidos, ya que la prohibición objeto de reproche desconoce los convenios 87 y 98 de la OIT tal como han sido interpretados por el Comité de Libertad Sindical y el Consejo de Administración. Asegura que según el Comité –se basa en la Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT, quinta edición, 2006-, las actividades de la industria del petróleo no son esenciales, de modo que es posible la huelga si se prevé “(…) la prestación de un mínimo para no afectar a los usuarios del servicio público”; agrega que para dicho órgano los servicios que se consideran esenciales son “el sector hospitalario, servicio de electricidad, acueducto, telefonía y control de tráfico aéreo”, y por el contrario no son esenciales la radio-televisión, el sector petrolero, el sector de los puertos, los bancos, los servicios de informática para la recaudación de aranceles e impuestos, los grandes almacenes, los parques de atracciones, la metalurgia, el sector minero, los transportes, las empresas frigoríficas y los servicios de hotelería, entre otros. También resalta que en criterio del Comité lo que determina que un servicio sea esencial es que “(…) exista una amenaza evidente e inminente para la vida, la seguridad o la salud de toda o parte de la población”, criterio que no es reunido en este caso. Argumenta que aún si en gracia de discusión se admitiera que el Estado puede prohibir o restringir el derecho de huelga en el sector petrolero, en todo caso está obligado a “(…) garantizar unas acciones y/o mecanismos compensatorios para los trabajadores que encuentren prohibido o restringido el ejercicio de su derecho”, compromiso que tampoco ha cumplido. Recuerda que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical refrendadas por el Consejo de Administración de la OIT son vinculantes para el Estado colombiano, de conformidad con las normas que rigen la organización y la jurisprudencia constitucional –cita las sentencias T-568 de 1999 y T-1211 de 2000-. 1.2.5. Relata que la Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo ha pedido de forma reiterada al Gobierno reglamentar el derecho de huelga en el sector petrolero conforme a lo señalado por el Consejo de Libertad Sindical de la OIT, sin obtener respuesta satisfactoria, razón por la cual es indispensable el pronunciamiento de este Tribunal. Agrega que los miembros de este sindicato son principalmente quienes ven afectados sus derechos laborales debido al literal acusado, “(…) pues pese a ser trabajadores vulnerados y explotados por empresas generalmente multinacionales y sin contar con la intervención real por parte del estado frente a incontables hechos denunciados se ven maniatados al momento de exigir y tratar de hacer valer su ejercicio de asociación y negociación colectiva por encontrarse limitados en el ejercicio del derecho de huelga”. 1.3. INTERVENCIONES 1.3.1. Departamento Administrativo de la Función Pública Alega que existe cosa juzgada constitucional, ya que la Corte se pronunció sobre el mismo asunto en la sentencia C-450 de 1995. Agrega que la prohibición de huelga en el área de petróleos ha sido reiterada en las sentencias C-691 de 1998 y C-663 de 2000. 1.3.2. Ministerio del Trabajo Solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia C-450 de 1995 o, en su defecto, declarar exequible el precepto. Sus argumentos son los siguientes: 1.3.2.1. Aduce la “excepción de cosa juzgada constitucional”, por cuanto en la sentencia C-450 de 1995 ya fue resuelta la misma controversia. Además, sostiene que no hay razón para cambiar la posición del Tribunal, toda vez que la interrupción de las actividades de extracción, refinación y en general la explotación de hidrocarburos sí afecta derechos fundamentales conexos. Al respecto, explica: “Basta mirar las estadísticas y los estudios de mercado sobre consumo de hidrocarburos o de utilización de material combustible en Colombia, para darse cuenta que aun en nuestro país el petróleo es el principal elemento de tipo hidrocarburo que se utiliza como combustible para mover carros, aviones y maquinaria, entre otros, y que su desabastecimiento significaría por conexidad la vulneración de derechos fundamentales constitucionalmente protegidos como la libre locomoción o el derecho a la vida en algunos casos”. 1.3.2.2. Asevera que la huelga no es un derecho automático ni absoluto, pues, por un lado, no todo conflicto laboral termina en una huelga y en todo caso para que proceda se requiere la aprobación de la mayoría de los trabajadores de la empresa según el artículo 444 del Código Sustantivo del Trabajo; de otro, el derecho puede ser restringido por el Legislador para proteger el interés general y los derechos de los demás y en todo caso admite renuncia. En consecuencia, –afirma- el Legislador puede restringir el derecho. 1.3.2.3. Por último, sostiene: “(…) el actor afirma que al haberse emitido una recomendación por parte de la OIT frente a la objeción del Estado de presentar un proyecto de ley con el propósito de regular lo relativo al derecho de huelga del sector del petróleo, resulta vinculante para éste, argumento que no agrega elementos de juicio para determinar la inexequibilidad de la norma, pues se trata de una obligación del legislador de regular este derecho para aquellos trabajadores que laboran en el sector petrolero”. 1.3.3. Ecopetrol Solicita estarse a lo resuelto en la sentencia C-450 de 1995 y declarar constitucional el precepto acusado, por las siguientes razones: 1.3.3.1. Argumenta que existe cosa juzgada absoluta, debido a que la sentencia C-450 de 1995 ya se ocupó de la misma controversia, y su postura fue ratificada en el fallo C-542 de 1997. También explica que no hay lugar a cambiar la tesis constitucional, puesto que en la actualidad las actividades de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, siguen siendo esenciales y definitivas, particularmente para el transporte de alimentos y de personas. Asegura que estas actividades tienen relevancia constitucional, de manera que permitir la huelga podría afectar derechos fundamentales como la vida y salud, cuya protección debe primar sobre la de aquella garantía. 1.3.3.2. De otro lado, arguye que el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo no desconoce el bloque de constitucionalidad ni los artículos 55 y 56 de la Constitución, toda vez que (i) no existe un convenio de la OIT que determine qué actividades constituyen servicios públicos esenciales ni que establezca la obligatoriedad del derecho a la huelga para las actividades inherentes a la industria petrolera; (ii) tampoco es cierto que la Corte Constitucional haya “(…) cambiado el concepto material de primacía del interés general, sobre el particular, por el contrario las sentencias que se señalan en la demanda y en su modificación ratifican con toda claridad la limitación al ejercicio del derecho de huelga cuando este se va a ejecutar en actividades que afectan el interés general de la sociedad y de la comunidad”; (iii) ni es verdad que las circunstancias actuales de la sociedad colombiana ameriten una variación jurisprudencial, “(…) por el contrario hoy se causaría un mayor perjuicio al interés general de la sociedad colombiana si se permitiera el ejercicio del derecho de huelga en las actividades consagradas en el literal h) del artículo 430 del C.S.T., porque el transporte público, la generación de energía, la producción de agua y la producción industrial se ha incrementado con el desarrollo del país”. 1.3.3.3. Manifiesta que el derecho a la negociación colectiva no se perjudica con la disposición censurada; en su sentir, “(…) dicho derecho es pleno y absoluto y así se ha desarrollado durante aproximadamente 50 [años], periodo durante el cual se han suscrito convenciones colectivas de trabajo, no solo en Ecopetrol sino en todas las actividades petroleras en donde hay organizaciones sindicales”. 1.3.4. Universidad Santiago de Cali 1.3.4.1. En primer lugar, sostiene que existe cosa juzgada, puesto que frente a la norma objeto de acusación la Corte ya pronunció en sentencia C-450 de 1995. Así mismo, afirma que las acusaciones planteadas por el demandante carecen de asidero constitucional, ya que no todo cambio de jurisprudencia implica un cambio automático del texto constitucional ni mucho menos que un precepto que ya había sido examinado en sede constitucional pueda ser nuevamente demandado, porque ello conduciría a una ilimitada inseguridad jurídica. 1.3.4.2. Con respecto a la revisión de la norma demandada frente a las recomendaciones de la OIT, asevera que no hay lugar a la misma, toda vez que ellas no hacen parte del bloque de constitucionalidad. 1.3.5. Universidad del Rosario Iván Daniel Jaramillo Jassir, Coordinador del área de derecho del trabajo y de la seguridad social, solicita estarse a lo resuelto en la sentencia C-450 de 1995, por las siguientes razones: 1.3.5.1. Explica que en relación con la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo, la Corte Constitucional en sentencia C-450 de 1995 dejó sentado que se trata de un servicio público de carácter esencial. Por tanto, asegura que se configura la cosa juzgada, material y formal, y que la posición no es susceptible de ser rectificada o actualizada como lo pretende el accionante. 1.3.5.2. Sobre las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT, manifiesta que con ellas se debe promover una reforma legislativa como opción política interna y no una revisión caprichosa de jurisprudencia constitucional. 1.3.6. Universidad Libre El Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional de la facultad de Derecho de la Universidad Libre considera que existe cosa juzgada constitucional. En ese sentido, explica que la sentencia C-450 de 1995 estableció que las actividades petroleras son básicas y fundamentales para asegurar a su vez otras actividades esenciales como el transporte y la generación de energía. En vista del pronunciamiento de la Corte, asegura que debe ser el Congreso de la República quien defina cuáles son los servicios públicos esenciales, de manera que se haga una regulación en concordancia con el mandato constitucional, la realidad del país y los convenios y recomendaciones de la OIT. 1.3.7. Universidad San Buenaventura de Bogotá El Decano de la facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad San Buenaventura considera que la disposición demandada es inconstitucional, por las siguientes razones: 1.3.7.1. Indica que las limitantes al derecho de huelga acusadas carecen de garantías legales, ya que existe un enorme vacío normativo para determinar si el sector petróleo es o no un servicio público esencial. Agrega que cuando se analiza el artículo demandado, se puede apreciar que la restricción al derecho a la huelga es taxativa, pese a que no existe un ordenamiento norma que defina que las actividades del sector petrolero son un servicio público esencial. 1.3.7.2. Por otro lado, señala que los trabajadores sindicalizados del sector petrolero se encuentran en una situación de total desigualdad frente a los demás gremios y asociaciones, y que la actitud paquidérmica del Legislador en cuanto a la actualización normativa en materia laboral podría estar vulnerando derechos fundamentales de carácter laboral. 1.3.8. Corporación Escuela Nacional Sindical Solicita se declare la inexequibilidad del literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, toda vez que vulnera los artículos 53, 55 y 56 de la Constitución. Sus argumentos se resumen a continuación: 1.3.8.1. Afirma que el precepto desconoce el artículo 53 constitucional, puesto que el Congreso de la República no ha reglamentado la materia en el sentido de definir qué es un servicio público esencial en sentido estricto y de esta forma ha inaplicado el principio mínimo de la situación más favorable al trabajador en la interpretación de las fuentes formales del derecho. 1.3.8.2. Agrega que se vulnera el artículo 55 de la Carta porque al prohibir la norma demandada la huelga en un servicio público que no ha sido calificado como esencial, intrínsecamente está desconociendo el derecho a la negociación colectiva, ya que en muchas ocasiones la huelga es el único camino que queda a los trabajadores para reivindicar sus derechos. 1.3.8.3. Argumenta que el literal conculca el artículo 56 superior, pues hace nugatorio el derecho de huelga frente a un servicio público “esencial” a pesar de que no existe una reglamentación del Legislador al respecto. 1.3.8.4. Adicionalmente, menciona las sentencias C-473 de 1994, C-075 de 1997, C-691 de 2008 y C-715 de 2008 para afirmar que las actividades que consagra la norma demandada no constituyen un servicio público de carácter esencial por no haber sido calificadas constitucional o legalmente como tal, sino que simplemente son un servicio público y por tanto no se puede prohibir en ellas el ejercicio del derecho a la huelga. 1.3.8.5. Finalmente, trae a colación los principios de la OIT de 1983 sobre el derecho a la huelga y el concepto de “servicios mínimos” para afirmar que allí se encuadran las actividades descritas en el literal h) del artículo 430 demandado y que, por ende, no resulta justificada una limitación importante o prohibición del derecho a la huelga. 1.3.9. Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) Coadyuva la demanda contra el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo con base en tres puntos: 1.3.9.1. En primer lugar, alega que la prohibición censurada no supera un test de proporcionalidad en sentido estricto. Sobre este punto, manifiesta que la prohibición de la huelga en el sector petrolero no busca la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y desconoce la posibilidad de pactar la garantía de un servicio mínimo. Así mismo, asegura que la prohibición no es conducente o necesaria para garantizar el servicio producto de la actividad petrolera, ya que el ejercicio del derecho a la huelga no impide que el servicio sea prestado, sino que permite dar a los trabajadores herramientas de defensa laboral limitadas en el tiempo, lo cual sí constituye un fin legítimo. Por último, considera que la medida es desproporcionada, puesto que resulta más gravoso prohibir la huelga en el sector petrolero teniendo en cuenta que los beneficios producto de la actividad son muy pocos y no se asegura su satisfacción con el sacrificio del derecho a la huelga. 1.3.9.2. En segundo lugar, reitera el deber del Estado de cumplir las obligaciones internacionales sobre el derecho a la huelga que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Al respecto, explica que las normas internacionales del trabajo hacen parte de la legislación interna y pertenecen al bloque de constitucionalidad. En el caso concreto, aduce que la huelga tiene una doble protección constitucional, en el artículo 56 de la Constitución y en el Convenio 87 de la OIT que hace parte del bloque. Afirma que de acuerdo con estos instrumentos, la huelga es un derecho que sólo puede ser limitado en los servicios públicos esenciales en el sentido estricto del término. Por ende, la limitación sólo debe darse para casos en los que se ponga en riesgo importantes bienes jurídicos y en todo caso, se mantiene un principio de preservación del derecho a partir del pacto de garantía del servicio mínimo. En el caso de la presente demanda, alega que no se está ante un servicio público esencial porque la OIT ha caracterizado a la actividad petrolera como un servicio no esencial. 1.3.9.3. En tercer lugar, sostiene que el Comité de Libertad Sindical de la OIT urgió al Estado colombiano a modificar el precepto demandado para hacerlo conforme a la normativa internacional, obligación que en la actualidad se está incumpliendo, así como la de pactar la garantía de un servicio mínimo. También señala que la Corte Constitucional en 1995 no tuvo en cuenta las obligaciones del Estado colombiano en materia de derecho a la huelga derivadas del Convenio 87 y los pronunciamientos de los órganos de control de la OIT, consideración que sí debe hacerse en esta oportunidad. 1.3.10. Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO) Solicita se declare la inexequibilidad de la norma demandada, con apoyo en los siguientes argumentos: 1.3.10.1. Pone de manifiesto que históricamente la huelga se ha consolidado como un mecanismo esencial para el logro de mejores condiciones y la consolidación de verdaderas prerrogativas laborales en cabeza de los trabajadores del sector petrolero. Así mismo, muestra que a la luz de la Constitución de 1991, la huelga constituye un elemento clave en la relación entre trabajadores y empleadores, en la que el derecho fundamental de asociación sindical sólo puede ser limitado con una justificación constitucional que responda a criterios de proporcionalidad, necesidad, idoneidad y finalidad. Con fundamento en estas razones –afirma- es que se prohíbe la huelga en los servicios públicos esenciales, es decir, aquellos que al ser suspendidos pongan en peligro la vida y la integridad física de las personas. 1.3.10.2. Aduce que detener la producción de una empresa del sector petrolero no implica la pérdida de la vida de personas ni compromete su integridad física. Agrega que no se pueden considerarse las necesidades de cierto grupo económico como un derecho fundamental y menos como una justificación para limitar un derecho fundamental como sí lo es el de asociación sindical. 1.3.11. Ciudadano José David Torres Solicita se declare la exequibilidad de la norma demandada, por las razones que siguen: 1.3.11.1. Sostiene que el precepto responde a razones interés general: la actividad petrolera no es una actividad simplemente mercantil, sino que se relaciona con la satisfacción de actividades fundamentales para la sociedad como el transporte y la energía. 1.3.11.2. En relación con las limitaciones del derecho a la huelga, considera que si bien se trata de un tema álgido, éste encuentra un asidero constitucional y jurisprudencial -sentencia C-450 de 1995- que legitima su limitación en los casos en que se trate de un servicio público esencial de acuerdo a la calificación que provea la Corporación. 1.4. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO Solicita que se declare exequible la disposición, pero que se exhorte nuevamente al Congreso “(…) para que en desarrollo del artículo 56 de la Constitución Política actualice la legislación laboral, en especial el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otros, al examinar el caso 2355”. 1.4.1. Comienza por recordar que en tanto el Legislador no ha definido si la explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados es un servicio público esencial, se mantiene en firme la posición de la sentencia C-450 de 1995. 1.4.2. No obstante, señala que el Congreso en ejercicio de la cláusula general de competencia y en cumplimiento de las funciones que le atribuye el artículo 56 superior puede modificar el precepto demandado. Asegura que no sería razonable variar la calificación de servicios esenciales cuando se trata de actividades “(…) destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, pues (…) se trata de actividades básicas y fundamentales para asegurar a su vez otras actividades esenciales, como el transporte, la generación de energía, etc.”, mientras sí es importante cambiar la regulación en el caso de las actividades referidas no destinadas al abastecimiento normal. En respaldo de esta afirmación, se refiere a las conclusiones provisionales del Comité de Libertad Sindical de la OIT en el caso 2355 –de 2005-, las cuales fueron presentadas para aprobación por el Consejo de Administración de la misma entidad. De estas conclusiones destaca el siguiente aparte: “630. (…) el Comité ha considerado en numerosas ocasiones que no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término los sectores del petróleo [véase Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, cuarta edición, 1996, párrafo 545]. En este sentido, el Comité subraya que el sector en cuestión no es un servicio esencial en el sentido estricto del término (es decir, aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población) en el que pueda prohibirse la huelga; sin embargo, el Gobierno puede considerar la posibilidad de establecer un servicio mínimo negociado entre los sindicatos y las autoridades públicas concernidas. A este respecto, el Comité ha considerado que «el establecimiento de servicios mínimos en caso de huelga sólo debería poder ser posible en: 1) aquellos servicios cuya interrupción pueda poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población (servicios esenciales en el sentido estricto del término); 2) en aquellos servicios no esenciales en el sentido estricto en los que huelgas de una cierta extensión y duración podrían provocar una situación de crisis nacional aguda tal que las condiciones normales de existencia de la población podrían estar en peligro, y 3) en servicios públicos de importancia trascendental» [véase Recopilación, op. cit., párrafo 556]. Además, el Comité recuerda que en otros casos relativos a Colombia ya ha objetado la imposición del arbitraje obligatorio en servicios no esenciales como el petróleo [por ejemplo en el sector de explotación de gas, véase 236.º informe, caso núm. 1140, párrafo 144]. Asimismo, al examinar un caso sobre prohibición de la huelga en el sector del petróleo, el Comité estimó que este sector no constituye un servicio esencial en el sentido estricto del término; con todo, dadas las circunstancias de este caso, constituye un servicio público en el cual se puede establecer el mantenimiento de servicios mínimos negociados, concertados entre los sindicatos, los empleadores y las autoridades públicas en caso de huelga, de manera de asegurar que las necesidades básicas de los usuarios de los servicios son satisfechas [véase 327.º informe, República de Corea (caso núm. 1865), párrafo 488]. En estas condiciones, el Comité pide al Gobierno que tome medidas para llevar a cabo las modificaciones necesarias a la legislación (en particular el artículo 430 literal h)) de conformidad con los principios mencionados, y que le mantenga informado sobre toda medida adoptada a este respecto. (…) 636. En vista de las conclusiones provisionales que preceden, el Comité invita al Consejo de Administración a que apruebe las recomendaciones siguientes: a) el Comité pide al Gobierno que tome medidas para llevar a cabo las modificaciones necesarias a la legislación (en particular al artículo 430 literal h) del Código Sustantivo de Trabajo) de manera que la huelga sea posible en el sector del petróleo, pudiendo preverse un servicio mínimo negociado de funcionamiento, con la participación de las organizaciones sindicales, el empleador y las autoridades públicas concernidas. El Comité pide al Gobierno que le mantenga informado sobre toda medida adoptada a este respecto;” Explica que las recomendaciones del caso 2355, emitidas por el Comité de Libertad Sindical de la OIT y que versan específicamente sobre Colombia, fueron aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT en sesión 293 de junio de 2005. Por ello, en vista de que según las sentencias T-568 de 1999, T-1211 de 2000 y T-603 de 2003, las recomendaciones aprobadas por el Consejo de Administración de la OIT son vinculantes para los estados miembros, en la sentencia T-171 de 2011 se señaló que el Legislador debe actualizar el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo en concordancia con las recomendaciones referidas. Asevera que está pendiente que el Estado colombiano atienda las recomendaciones aludidas y de cumplimiento al exhorto de la sentencia T-171 de 2011. 2. CONSIDERACIONES 2.1. COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de la referencia, pues la disposición acusada hace parte de una ley de la República. 2.2. PROBLEMAS JURÍDICOS 2.2.1. El accionante argumenta que el literal acusado vulnera los artículos 53, 55, 56 y 93 de la Constitución. Sus argumentos se resumen a continuación: Para comenzar, reconoce que la disposición censurada fue declarada exequible en la sentencia C-450 de 1995. No obstante, aclara que no existe cosa juzgada constitucional por dos razones principales: (i) en la providencia referida no se examinó la vulneración de los artículos 53 y 93 superiores como consecuencia de la trasgresión de los convenios 87 y 98 de la OIT, tal y como han sido interpretados por el Comité de Libertad Sindical con aval del Consejo de Administración de la organización. (ii) Después de 19 años ha cambiado la “realidad material” en la que se aplica el precepto, pues ya no existe un monopolio de la industria del petróleo en cabeza del Estado y ha aumentado significativamente la producción de crudo, de manera que podría permitirse la huelga con un mínimo de prestación del servicio concertado con los trabajadores. Hecha esta precisión, aduce que el inciso desconoce los convenios 87 y 98 de la OIT de la forma como han sido interpretados por el Comité de Libertad Sindical de la organización con el aval del Consejo de Administración. Al respecto, explica que los convenios referidos hacen parte del bloque de constitucionalidad a la luz de los artículos 53 y 93 superiores, mientras que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical avaladas por el Consejo de Administración de la OIT son vinculantes para el Estado colombiano, como lo ha afirmado la jurisprudencia constitucional. Las razones por las cuales estima se transgreden esos artículos constitucionales e instrumentos internacionales son las siguientes: Explica que el Comité ha señalado que las actividades de la industria del petróleo no son servicios públicos esenciales, de manera que en ellos es posible la huelga siempre y cuando se pacten mínimos de prestación para no perjudicar a los usuarios. Argumenta que esta interpretación es trasgredida abiertamente por el literal acusado al proscribir de forma absoluta la huelga en el ámbito del sector petrolero. Agrega que aunque en gracia de discusión se admitiera que el derecho a la huelga puede ser limitado en el sector petrolero, en todo caso los convenios también son trasgredidos, por cuanto el Legislador tampoco ha garantizado “unas acciones y/o mecanismos compensatorios para los trabajadores que encuentren prohibido o restringido el ejercicio de su derecho”, tal como aquellos lo exigen. Sostiene que por las anteriores razones, en las sentencias T-171 de 2011 y T-087 de 2012, la propia Corte Constitucional hizo un llamado al Congreso para que actualizara la legislación laboral en este respecto. 2.2.2. La demanda es apoyada por algunos intervinientes[1], para quienes, además de los cargos mencionados, el inciso es inconstitucional por lo siguiente: Sostienen que dado que el Legislador no ha definido cuáles son los servicios públicos esenciales en los que es posible proscribir la huelga, el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, que contiene una lista de actividades en las que está restringida dicha garantía, no puede conservarse dentro del ordenamiento. Aducen que la medida no es proporcionada, ya que no es necesaria para asegurar la adecuada prestación de los servicios asociados a la industria del petróleo. Por ejemplo, la misma finalidad podría lograrse con una medida menos lesiva, como pactar mínimos de prestación y a su vez permitir la huelga como mecanismo de negociación colectiva de los trabajadores. 2.2.3. En oposición a la primera aclaración del actor, algunos intervinientes[2] aseguran que sí existe cosa juzgada constitucional, ya que en la sentencia C-450 de 1995 se declaró exequible el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo frente a cargos similares a los que en esta ocasión formula el demandante. 2.2.4. Adicionalmente, varios intervinientes[3] -la mayoría de forma complementaria a la solicitud de declaración de cosa juzgada- defienden la constitucionalidad del inciso demandado, con apoyo en las siguientes razones: Explican que la huelga no es un derecho absoluto, de modo que puede ser limitado por el Legislador para proteger el interés general y los derechos de los ciudadanos. Señalan que la propia Constitución reconoce la posibilidad de limitación en el artículo 56 cuando dispone que se garantiza el derecho a la huelga, “salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”. Manifiestan que las actividades de explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando están destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, efectivamente constituyen servicios públicos esenciales en tanto su suspensión afecta derechos fundamentales como la libre locomoción, la salud e incluso la vida, toda vez que los hidrocarburos siguen siendo los combustibles que se usan por excelencia para “mover carros, aviones y maquinaria, entre otros”, de manera que son indispensables para el transporte de personas y alimentos, por mencionar algunos ejemplos. En consecuencia, indican, no se lesiona el artículo 56 superior cuando se proscribe la huelga en el ámbito petrolero. Aseveran que las recomendaciones del Comité de Libertad Sindical de la OIT no pueden ser fundamento de una declaración de inexequibilidad del inciso porque, de un lado, no hacen parte del bloque de constitucionalidad y, de otro, están dirigidas al Legislador, quien tomando en consideración esos y otros insumos debe definir cuáles son los servicios públicos esenciales a los que alude el artículo 56 de la Carta. También resaltan que ningún convenio de la OIT define qué servicios públicos son esenciales a efectos de determinar en qué ámbitos puede prohibirse la huelga. 2.2.5. Finalmente, el Ministerio Público solicita que se declare exequible el literal, pero que se exhorte nuevamente al Congreso “(…) para que en desarrollo del artículo 56 de la Constitución Política actualice la legislación laboral, en especial el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otros, al examinar el caso 2355”. En su sentir, en tanto el Legislador no ha definido cuáles son los servicios públicos esenciales, se debe mantener la posición de la sentencia C-450 de 1995; no obstante, sí es importante llamar la atención sobre la obligación del Estado colombiano de adaptar su legislación a los compromisos adquiridos en el seno de la OIT, específicamente a las recomendaciones del caso 2355 de 2005 emitidas por el Comité de Libertad Sindical y aprobadas por el Consejo de Administración. Agrega que este cambio normativo debe ser llevado a cabo por el Congreso de conformidad con el artículo 56 superior y su cláusula general de competencia, tal como ya se mencionó en la sentencia T-171 de 2011. 2.2.6. En este orden de ideas, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: En primer lugar, se debe establecer si en el presente caso se ha configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional teniendo en cuenta que en la sentencia C-450 de 1995 se declaró exequible el mismo precepto que ahora es acusado. En caso de no existir cosa juzgada constitucional, la Sala deberá determinar si el literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, en tanto prohíbe la huelga en las actividades de “explotación, refinación, transporte y distribución de petróleo y sus derivados, cuando estén destinadas al abastecimiento normal de combustibles del país, a juicio del gobierno”, desconoce los artículos 53, 55, 56 y 93 de la Carta Política. 2.2.7. Para abordar el estudio del problema jurídico planteado, previamente se examinará (i) si en el presente caso existe cosa juzgada constitucional; (ii) el valor normativo de los convenios de la OIT y las recomendaciones emitidas por el Comité de Libertad Sindical de la organización, y (ii) el contenido del derecho a la huelga. 2.3. EN ESTE CASO NO SE HA CONFIGURADO EL FENÓMENO DE LA COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. 2.3.1. La cosa juzgada constitucional 2.3.1.1. La administración de justicia tiene la finalidad de contribuir a la resolución de conflictos. Por esta razón las decisiones que adoptan los jueces, en tanto buscan poner punto final a una controversia, hacen tránsito a cosa juzgada, lo que significa que los fallos son inmutables, vinculantes y definitivos. Con fundamento en estas características, la Corte ha señalado que la institución de la cosa juzgada cumple al menos dos funciones: una negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una función positiva, referida a proveer seguridad a las relaciones jurídicas.[4] 2.3.1.2. Como dispone el artículo 243 de la Constitución, en concordancia con los artículos 46 y 48 de la ley 270 de 1996 y el artículo 22 del decreto 2067 de 1991, el efecto de cosa juzgada también se predica de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en cumplimiento de su misión de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta. En el contexto del control constitucional de las disposiciones de rango legal, la cosa juzgada propende por la seguridad jurídica y el respecto de la confianza legítima, en la medida en que evita que se reabra el juicio de constitucionalidad de una norma ya examinada y que un contenido normativo declarado inexequible sea reintroducido en el ordenamiento jurídico. Además, contribuye a racionalizar las decisiones de la Corporación, puesto que exige que sus decisiones sean consistentes y hagan explícita la ratio decidendi, así como su fundamento constitucional.[5] 2.3.1.3. La existencia de cosa juzgada es fácil de identificar cuando un ciudadano, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demanda una disposición que en una providencia previa fue declarada inexequible. En esta hipótesis la disposición contraria a la Carta desaparece del ordenamiento jurídico y, en el futuro, si se presentan demandas contra ella, no existe objeto sobre el cual pronunciarse. 2.3.1.4. La situación es más compleja cuando en un pronunciamiento previo, la Corte declaró exequible la misma disposición acusada. En estos casos, para que pueda hablarse de la existencia de cosa juzgada en estricto sentido, es preciso que la nueva controversia verse (i) sobre el mismo contenido normativo del precepto que ya fue examinado y (ii) sobre cargos idénticos a los analizados en ocasión anterior.[6] La identidad de contenidos normativos acusados demanda revisar, además de las reglas o principios que contiene el precepto, el contexto en el que se aplica desde el punto de vista de la doctrina de la constitución viviente. De otro lado, la equivalencia de cargos implica un examen tanto de los contenidos normativos constitucionales frente a los cuales se llevó a cabo la confrontación, como de la argumentación empleada por el demandante para fundamentar la presunta vulneración de la Carta. Por tanto, habrá tal identidad cuando la nueva demanda verse sobre la violación de los mismos preceptos constitucionales que sirvieron de base para llevar a cabo el escrutinio en el fallo anterior, y cuando las razones de la violación que aduce el demandante coincidan con las examinadas en oportunidad previa. Existen eventos en los que en apariencia una controversia constitucional es similar a otra ya analizada por la Corte, pero que examinada más a fondo, contiene diferencias desde alguna o las dos perspectivas anteriores que hacen imposible hablar de la presencia de cosa juzgada constitucional en sentido estricto. Ejemplo de esos casos son los que la Corte ha clasificado bajo doctrinas como la de la cosa juzgada relativa, la cosa juzgada aparente y la cosa juzgada material, entre otras. Según la jurisprudencia constitucional, la cosa juzgada relativa se presenta cuando una declaración de exequibilidad se circunscribe exclusivamente a los cargos analizados en la respectiva sentencia, razón por la cual en el futuro pueden analizarse nuevas demandas por cargos distintos contra la misma disposición.[7] No siempre esta limitación se hace explícita en la parte resolutiva del fallo, como ocurre en el caso de la cosa juzgada relativa explícita. Puede ocurrir que por errores de técnica, la Corte no límite el alcance de su declaración de manera expresa, pero tal restricción se desprenda de la ratio decidendi de la respectiva providencia. Esta hipótesis ha sido categorizada por la Corte bajo el nombre de la cosa juzgada relativa implícita.[8] Los casos en los que se ha empleado el concepto de cosa juzgada aparente son aquellos en los que, pese a que la Corte ha declarado exequible sin condicionamiento una disposición en una sentencia previa, en realidad en ese fallo no se examinó la constitucionalidad de un contenido normativo nuevamente demandado, de modo que la Corte puede volver a ocuparse de la constitucionalidad del precepto, en particular, del contenido normativo que en la nueva demanda se censura.[9] No abocar conocimiento en tales eventos, como se indicó en la sentencia C-397 de 1995, “(…) implicaría simplemente tener por fallado lo que en realidad no se falló, implicaría desconocimiento de la verdad procesal, voluntaria renuncia de la Corte a su deber de velar por la prevalencia del derecho sustancial sobre aspectos puramente formales (artículo 228 C.P.), y, por contera, inexplicable elusión de la responsabilidad primordial que le ha sido confiada por el Constituyente (artículo 241 C.P.)”[10]. La llamada cosa juzgada material, de acuerdo con jurisprudencia reciente de esta Corporación, se presenta en dos hipótesis: la primera se da cuando un contenido normativo declarado inexequible es reproducido por una nueva disposición legal que es acusada en otra demanda; en estos casos, la Corte debe nuevamente declarar inexequible el contenido normativo por violación de la prohibición del artículo 243 superior, siempre y cuando no haya variado el estándar constitucional que sirvió de base para la primera providencia. A esta hipótesis se le suele denominar cosa juzgada material en sentido estricto. La segunda hipótesis se configura cuando un contenido normativo declarado exequible por la Corte y reproducido en una nueva disposición, es demandado por las mismas razones que dieron lugar al pronunciamiento anterior; en estos casos, si bien no existe cosa juzgada porque los contenidos normativos hacen parte de preceptos diferentes, la Corporación debe seguir el precedente fijado en el fallo primigenio, salvo que existan razones poderosas para apartarse en los términos de la jurisprudencia constitucional como por ejemplo un cambio en el parámetro de control de constitucionalidad. A este evento se le denomina usualmente cosa juzgada material en sentido lato. [11] Por último, existen casos en los que aunque la Corte se enfrenta a demandas contra una disposición examinada previamente frente a cargos idénticos, tanto desde el punto de vista del concepto de violación como de los contenidos constitucionales considerados vulnerados, ha concluido que no existe cosa juzgada en estricto sentido, toda vez que un cambio en el contexto de la disposición impide hablar de identidad de contenidos normativos.[12] 2.3.1.5. En resumen, cuando la Corte se enfrenta a una demanda contra una norma declarada exequible en oportunidad previa, solamente podrá declarar la existencia de cosa juzgada constitucional cuando exista (i) identidad de contenido normativo y de disposición acusada, lo que exige un análisis del contexto de aplicación de la norma, e (ii) identidad de cargos tanto desde el punto de vista de las normas constitucionales que se consideran desconocidas, como del hilo argumentativo del concepto de violación. 2.3.2. Inexistencia de cosa juzgada en el presente caso Con fundamento en las anteriores consideraciones, la Sala concluye que en el presente caso no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, ya que (i) en la sentencia C-450 de 1995, la Corte examinó la constitucionalidad del literal censurado a la luz exclusivamente del artículo 56 de la Constitución, de modo que tiene efectos de cosa juzgada relativa; (ii) el demandante en esta oportunidad formula cargos que no fueron estudiados en la sentencia C-450 de 1995, específicamente relacionados con la violación del bloque de constitucionalidad, de manera que no existe identidad de cargos; y (iii) después de 1995 se produjo un cambio significativo en el contexto de aplicación del precepto acusado. Los fundamentos de esta conclusión se exponen a continuación: 2.3.2.1. En la sentencia C-450 de 1995[13], la Corte Constitucional efectivamente examinó la constitucionalidad del literal h) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, entre otros preceptos. El debate constitucional se suscitó con ocasión de una demanda en la que se alegaba que la disposición vulneraba los artículos 1, 2, 4, 25, 39, 53, 55 y 56 de la Constitución, puesto que restringía el derecho a la huelga de manera injustificada, toda vez que la actividad petrolera no es un servicio esencial en tanto su suspensión no pone en peligro derechos como la vida, la salubridad y la seguridad. En la providencia se resumieron los cargos de la siguiente forma: “- La normatividad acusada tenía un relativo sustento constitucional en la anterior Constitución que garantizaba el derecho a la huelga, salvo en los servicios públicos. En cambio, en la nueva Constitución desaparece el aludido sustento ya que la huelga sólo se ha excluido de los servicios públicos esenciales. - Luego de citar una parte de la sentencia C-473 de 1994 de la Corte, en relación con el derecho de huelga y el principio ‘in dubio pro libertate’ que se desprende naturalmente de los artículos 2o. y 5o. de la Constitución, dice el demandante que en Colombia se ha extremado la restricción al derecho de huelga por razones eminentemente políticas, al considerar arbitrariamente cualquier actividad como de servicio público, de modo que la huelga se ‘ha convertido en algo excepcional y sólo vigente en sectores sin incidencia económica’. - Alude la demanda al conflicto entre el derecho de los usuarios a la prestación del servicio y el derecho de los trabajadores a ejercer el derecho colectivo (organización, contratación y huelga) y después de citar otros apartes de dicha sentencia, expresa: ‘Los derechos de los usuarios, no siempre se deben imponer sobre los derechos de los trabajadores a ejercer la huelga. Los derechos de los usuarios, sólo en aquellos casos que se refieran a la vida, salubridad y seguridad se imponen al derecho de huelga. Los usuarios tienen el derecho a que la sociedad y el Estado presten un servicio, pero a su vez éste puede ser corriente (no público), público y público esencial. Cuando estamos ante el corriente o el público, se podría pensar en que el servicio se debe prestar, si no existe una razón jurídica que pueda impedirlo. Esa razón jurídica es un derecho superior, que es el derecho de huelga. Cuando se coloca en la balanza el derecho a la vida, a la seguridad, a la salubridad (derechos esenciales), frente al derecho de los trabajadores a la huelga, obviamente se impone el derecho del usuario a su servicio esencial’. La noción de servicio público esencial es algo objetivo y material que debe ser definido por el legislador, pero es obvio que si una actividad no es materialmente un servicio público esencial no podrá el legislador prohibir o restringir la huelga porque estaría violando el art. 56 de la Carta. (…) - En cuanto hace relación con el literal h) de la norma en referencia, igualmente afirma el demandante que las actividades indicadas tampoco ponen en peligro la vida ni la salubridad ni la seguridad de las personas. Se podría destacar que las actividades de explotación refinación, transporte, distribución de petróleo y sus derivados, son de importancia económica para el país, pero de ahí a pasar a negar el derecho de huelga, con ese argumento es abiertamente inconstitucional, en razón de que todas las actividades, en mayor o menor escala son importantes para el país. El problema que se debe resolver, en materia de huelga es el conflicto entre la categoría de derechos de los usuarios, que entran en tensión con el derecho de huelga.” Este Tribunal declaró exequible el literal, con fundamento en las siguientes razones: Comenzó por recordar que la huelga es un derecho reconocido por la Constitución que “(…) faculta a la mayoría de los trabajadores de una empresa, sindicalizados o no, para suspender colectivamente y en forma temporal y pacífica sus labores, previa la observancia de ciertos requisitos de procedimiento, con el fin de lograr el equilibrio de sus derechos e intereses colectivos de naturaleza económica y social frente al patrono”. Precisó que no es un derecho absoluto y que por ello excepcionalmente admite restricción en el caso de los servicios públicos esenciales, los cuales deben ser definidos por el Legislador luego de sopesar el derecho de los trabajadores a interrumpir el trabajo y los derechos de los usuarios de los servicios públicos esenciales en que se mantenga la continuidad de la prestación de los mismos. A continuación sostuvo que de conformidad con la sentencia C-473 de 1994[14], el artículo 56 superior exige dos requisitos para que opere la limitación al derecho a la huelga, estos son: que la actividad sea materialmente un servicio público esencial y, desde el punto de vista formal, que el Legislador la haya expresamente definido como servicio público esencial. Ahora, para hacer esta definición, la Corte indicó que el Congreso debe tener en cuenta los siguientes aspectos materiales: “La esencialidad del servicio no debe considerarse exclusivamente por el servicio mismo, esto es, por su naturaleza intrínseca, ni por la importancia de la actividad industrial, come...