Sentencia C-781 de 2003

C-781-03 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-781/03 UNIDAD NORMATIVA-Eventos en que procede de manera excepcional UNIDAD NORMATIVA-Improcedencia INDEMNIZACION MORATORIA-Naturaleza INDEMNIZACION MORATORIA-Condiciones para su procedencia INDEMNIZACION MORATORIA-Elementos INDEMNIZACION MORATORIA-Cuantía y término TRABAJADOR-Pago de intereses moratorios Si el trabajador no ha presentado demanda por la vía judicial ordinaria dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la terminación de su vínculo laboral, o si la misma no ha sido resuelta definitivamente por la autoridad judicial, ya no se continúa haciendo exigible el pago de la indemnización moratoria –un día de salario por cada día de retardo -, sino únicamente el pago de intereses moratorios. INDEMNIZACION MORATORIA-Carga adicional para los trabajadores con ingresos superiores a un salario mínimo INDEMNIZACION MORATORIA-Improcedencia INDEMNIZACION MORATORIA-Procede para todos los trabajadores durante los primeros veinticuatro meses de retardo INDEMNIZACION MORATORIA-Solo para aquellos trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo a partir del mes 25 de retardo INDEMNIZACION MORATORIA-Trato diferencial SALARIO MINIMO-Definición El salario mínimo como “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural”, mandato que está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta que consagra como uno de los principios mínimos fundamentales en materia laboral el de la “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo”. SALARIO MOVIL-Protección especial SALARIO MINIMO-Medida especial de prestación SALARIO MINIMO-Criterios para fijarlo SALARIO MINIMO-Procedimiento para fijarlo SALARIO MINIMO-Fijación por el Gobierno SALARIO MINIMO-Carácter irrenunciable e inembargable Otro mecanismo de protección del salario mínimo y con ello a quienes lo perciben, consiste en su carácter irrenunciable e inembargable. En cuanto a lo primero, se tiene que la fijación del salario mínimo modifica automáticamente los contratos de trabajo en los que se haya estipulado un salario inferior. Y en cuanto a lo segundo, se trata de una medida que armoniza con la Constitución, “no sólo en lo que hace al artículo 53, el cual garantiza una remuneración mínima, vital y móvil (salario mínimo), sino en relación con el artículo 42, pues la protección del salario no sólo se erige como una garantía para el trabajador, sino para su núcleo familiar”. SALARIO MINIMO-Protección reforzada INDEMNIZACION MORATORIA-Tratamiento diferencial está fundado en una justificación objetiva y razonable El trato diferente establecido en el parágrafo 2° de la Ley 789 de 2002, en favor de quienes perciben hasta un salario mínimo mensual vigente, está fundado en una justificación objetiva y razonable, ya que tal medida tiene por finalidad proteger a dichos trabajadores por tratarse de personas que, desde el punto de vista económico, se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta que las coloca en inferioridad de condiciones en relación con el resto de los trabajadores que reciben una asignación salarial superior. Situación que se acentúa cuando quedan cesantes en su empleo, y la mora supera los veinticuatro (24) meses, donde el no pago oportuno de los salarios y prestaciones sociales amenaza graves perjuicios tanto para el trabajador como para quienes de él dependen. INDEMNIZACION MORATORIA-Derecho de los trabajadores que reciben una asignación superior al salario mínimo INDEMNIZACION MORATORIA-Requisito para reclamar derecho a partir del mes 25 de mora INDEMNIZACION MORATORIA-Tratamiento diferencial fundado en una finalidad plausible LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Efectos del tránsito de legislación TRANSITO DE LEGISLACION-Efectos LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Facultad de prolongar la vigencia de ciertas disposiciones legales DERECHO AL TRABAJO-Protección especial DERECHOS ADQUIRIDOS-Intangibilidad DERECHOS ADQUIRIDOS-Naturaleza DERECHOS ADQUIRIDOS-No desconocimiento ni vulneración por leyes posteriores PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY-Inoperancia frente a meras expectativas DERECHOS ADQUIRIDOS-Protección DERECHOS ADQUIRIDOS-Distinción con las meras expectativas DERECHOS ADQUIRIDOS-Intangibilidad no significa que la legislación deba permanecer petrificada indefinidamente INDEMNIZACION MORATORIA-Nuevo régimen no puede afectar derechos adquiridos NORMA LABORAL-Carácter de orden público INDEMNIZACION MORATORIA-Consolidación del derecho INDEMNIZACION MORATORIA-Morosidad en el trámite de las reclamaciones ante jurisdicción ordinaria no puede traducirse en pérdida de derechos para el trabajador INDEMNIZACION MORATORIA-Pago mediante depósito judicial INDEMNIZACION MORATORIA-Empleador se libera efectuando el depósito judicial correspondiente INDEMNIZACION MORATORIA-Finalidad INDEMNIZACION MORATORIA-Incompatibilidad de pago simultáneo de intereses moratorios e indexación Referencia: expedientes D-4502 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 29, parcial, de la Ley 789 de 2002, “Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo”. Demandante: Ada Luz Hernández Montoya Magistrada Ponente: Dra. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ Bogotá D. C., diez (10) de septiembre dos mil tres (2003). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución Política, la ciudadana Ada Luz Hernández Montoya presentó demanda contra el artículo 29 parcial de la Ley 789 de 2002,“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo del Trabajo”. La Magistrada Sustanciadora, mediante auto del 10 de marzo de 2003, admitió la demanda de la referencia por cumplir con los requisitos que contempla el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, y ordenó la fijación en lista de la norma acusada y el traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto. Al mismo tiempo, comunicó la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Protección Social. De igual forma, de conformidad con el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991, envió comunicación al Colegio de Abogados del Trabajo, al Ministerio de Justicia y del Derecho, y a los Departamentos de Derecho de las Universidades Externado y Nacional. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, y previo concepto de la Procuraduría General de la Nación, la Corte Constitucional procede a decidir en relación con la demanda de la referencia. II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA Se transcribe a continuación el texto del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, conforme a su publicación en el Diario Oficial N° 45.046 del 27 de diciembre de 2002, subrayando los apartes normativos impugnados: “LEY 789 DE 2002 (diciembre 27) por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo. El Congreso de Colombia, DECRETA: Artículo 29. Indemnización por falta de pago. El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así: Artículo 65. Indemnización por falta de pago: 1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. Dichos intereses los pagará el empleador sobre las sumas adeudadas al trabajador por concepto de salarios y prestaciones en dinero. 2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el empleador cumple con sus obligaciones consignando ante el juez de trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia de trabajo decide la controversia. Parágrafo 1°. Para proceder a la terminación del contrato de trabajo establecido en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, el empleador le deberá informar por escrito al trabajador, a la última dirección registrada, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la terminación del contrato, el estado de pago de las cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, adjuntando los comprobantes de pago que los certifiquen. Si el empleador no demuestra el pago de dichas cotizaciones, la terminación del contrato no producirá efecto. Sin embargo, el empleador podrá pagar las cotizaciones durante los sesenta (60) días siguientes, con los intereses de mora. Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente.” III. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA La demandante considera que la disposición acusada vulnera los artículos 13, 25 y 53 de la Constitución. A su juicio, la expresión “sólo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un(1) salario mínimo mensual vigente”, del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, contiene un trato desigual y degradante para trabajadores que por su esfuerzo y calidad de trabajo, devenguen más de un salario mínimo legal vigente, el cual riñe con el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política. Indica que en contravención al artículo 25 de la Constitución Política, que consagra el trabajo como un derecho y una obligación social que es objeto de especial protección del Estado, el inciso primero de la norma impugnada desmejora totalmente los derechos adquiridos de los trabajadores y permite que éstos además de sufrir la pérdida de su empleo, sean burlados por empleadores morosos en el pago de sus prestaciones, ya que mientras el extrabajador y su familia pasan necesidades, el empleador puede disponer en su beneficio del valor de las obligaciones que adeuda, sin temor a que dicha cantidad se acreciente considerablemente. Sostiene que las expresiones “…hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación…”, contradicen claramente el citado precepto constitucional porque deja desprotegido al trabajador y merma sus posibilidades, cuando aún intentado el cobro judicial, lo somete a la morosidad de los despachos judiciales y recorta su oportunidad de recuperar lo que en justicia se le debe. En su parecer, la norma así redactada, se convierte en estímulo a la morosidad del empleador. Manifiesta que el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 desconoce los principios consagrados en el artículo 53 de la Constitución, porque desde todo punto de vista recorta derechos justos, adquiridos por los trabajadores, tales como la sanción moratoria que venía regulando el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo. IV. INTERVENCIONES 1. Ministerio del Interior y de Justicia Por medio de apoderada interviene para defender la constitucionalidad de la norma acusada. Argumenta que la supuesta violación al artículo 13 de la Constitución queda sin fundamento jurídico, ya que al establecer la indemnización por falta de pago para los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente, no se transgreden los principios Superiores, ni mucho menos se desconoce la garantía de los derechos e intereses de las personas, por cuanto no está involucrado el concepto de discriminación. Sostiene que la violación del derecho a la igualdad está precedida de una justificación objetiva y razonable, la cual debe apreciarse según la finalidad y los efectos de la medida considerada. Agrega que la afirmación de la accionante, en el sentido de que la norma demanda es discriminatoria en razón del trato desigual y degradante a los trabajadores que devengan más de un salario mínimo legal vigente, no tiene fundamento, ya que como se ha expuesto, no se trata de cualquier tipo de discriminación. En relación con el segundo cargo contra el inciso primero de la norma demandada por supuesta vulneración del derecho al trabajo, considera que es infundado porque al prever un mandato como el contenido en la norma acusada no se está desconociendo ni desmejorando los derechos adquiridos por el trabajador, ni mucho menos se está violando el Ordenamiento Superior. En su parecer, la norma se estableció para proteger el derecho al trabajo, que se materializa con la garantía al pago oportuno de salarios y mesadas pensionales, amparando al trabajador para que en caso de que no se haga efectivo el mismo, exista un mandato para obtener, por la vía indemnizatoria, el reconocimiento de lo debido por concepto de salarios y prestaciones sociales. Sobre el tercer cargo, referente a la vulneración al artículo 53 de la Carta considera que también carece de fundamento, porque la norma acusada no pretende afectar las situaciones jurídicas subjetivas concretas ya consolidadas, las cuales se derivan de una relación laboral o contrato de trabajo, como son el derecho subjetivo al pago de salarios y prestaciones debidas, ya que si bien es cierto, la norma superior señala que es menester desarrollar principios tales como la igualdad de oportunidades para los trabajadores, la estabilidad en el empleo, la irrenunciabilidad a los beneficios mínimos, la garantía a la seguridad social, el adiestramiento y la capacitación, entre otros, también señala que el Estado debe propender porque el trabajador no sólo reciba un salario proporcional a la calidad y cantidad de trabajo, que le asegure un nivel de vida aceptable, digna, sino darle medios jurídicos eficaces que le permitan, en caso de retardo o cese en el pago de su salario, obtener la cancelación de éstos sin mayores dilaciones. En su parecer la norma acusada pretende implementar una acción eficaz para que el derecho del trabajador a recibir en tiempo su asignación salarial o mesada pensional pueda ser realizable y, en caso contrario, obtener dichos pago por medio de una indemnización. 2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público Mediante apoderado interviene para solicitar la exequibilidad del precepto acusado. Considera que en manera alguna la norma acusada está discriminando a los trabajadores, pues simplemente admite una diferenciación positiva a la hora de pagar una indemnización a los trabajadores más vulnerables del país. De esta forma, explica que el Estado a través de sus órganos está legitimado para expedir normas laborales tendientes a lograr una igualdad real y efectiva, que no necesariamente implica que la legislación establezca un trato igualitario a todos los trabajadores, teniendo en cuenta que en nuestra sociedad las condiciones económicas de cada una de las personas son diferentes. Afirma que la norma demandada, de carácter laboral, tiene unos efectos en el campo económico, y específicamente en el sector privado que en la actualidad atraviesa por una crisis económica, y agrega que con la expedición de la Ley 789 de 2002 se cambió el sistema de protección social del trabajador, teniendo en cuenta la situación del país, lo que implica que el Estado promueva cambios sustanciales en la legislación laboral, tal como consta en los antecedentes de la Ley 789 de 2002 donde se dijo que para evitar que los ajustes a la economía se den vía empleo, sacrificando a los ciudadanos con menos posibilidades de defensa, se requiere de cambios sustanciales en las instituciones empresariales y laborales, permitiendo un mayor dinamismo del empleo, entendido éste como un elemento fundamental de la economía pero sujeto a las leyes del mercado. Argumenta que la norma acusada no desmejora los derechos adquiridos de los trabajadores, ya que ellos forman parte del patrimonio de las personas, y por lo tanto no pueden ser modificados ni extinguidos, los cuales son diferentes a las meras expectativas que no están incorporadas dentro del patrimonio individual. Afirma que el artículo demandado no está desconociendo el derecho de los trabajadores a los salarios, las prestaciones sociales, y a la indemnización moratoria por falta de pago, sino que establece un régimen diferente al anterior, graduando la indemnización a cargo del empleador, teniendo en cuenta el nivel de ingreso del trabajador. En relación con la vulneración al artículo 53 de la Constitución, alega que la demandante sólo planteó una denuncia sin ninguna argumentación, por lo que considera que ese cargo no debe prosperar. 3. Ministerio de la Protección Social Por medio de apoderado, interviene para defender la constitucionalidad de la norma acusada. Señala que la norma objeto de estudio no viola el artículo 13 Constitucional pues la finalidad de la norma acusada es la de garantizar la protección al trabajador por medio del reconocimiento de dicha indemnización por falta de pago, en forma proporcional y en equidad con las condiciones económicas. Explica que la norma pretende lograr la racionalización y uso oportuno de la acción judicial y el impacto económico de dicha indemnización en procura de no acabar las empresas y preservar la posibilidad de empleo para todos los colombianos en desarrollo del principio constitucional de protección al trabajo. Sostiene que existe una justificación objetiva y razonable para que el legislador haya establecido una diferenciación en la indemnización por falta de pago, bajo el criterio que debe ser justa y equitativa tanto para el trabajador como para los empleadores, y orientada a corregir el mal uso que se estaba dando a esta figura. Señala que la disposición acusada es proporcional y racional, en la medida en que no sólo cuenta con un sustento legal sino que al ser aplicada no afecta desmedidamente los intereses jurídicos de otros grupos, ya que precisamente la norma contempla la opción de que los trabajadores destinatarios de dicha disposición hagan uso en un término razonable (24 meses) para obtener el pago de sus salarios y prestaciones y si después del mismo no se ha realizado el pago, la ley a fin de proteger su derecho contempla el reconocimiento y cancelación de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, o hasta cuando el pago se verifique. Considera que la norma acusada no vulnera el artículo 13, como tampoco el artículo 25 de la Constitución, pues por el contrario los desarrolla al generar condiciones de empleabilidad con justicia social y con equilibrio económico orientadas a la generación de empleo, con la finalidad de garantizar y proteger el derecho fundamental e irrenunciable al trabajo en condiciones dignas y justas de todos los colombianos en edad productiva. Plantea que la disposición en comento en ningún momento está afectando o desconociendo situaciones jurídicas consolidadas con anterioridad a la expedición y vigencia de la ley, recordando que su vigencia es hacia el futuro. Por lo tanto, estima el que no se vulneran o se desconocen derechos adquiridos, ya que la indemnización por falta de pago que venía siendo regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo es un derecho que surge para el trabajador al momento de la terminación del contrato de trabajo como consecuencia del incumplimiento del empleador de pagar al trabajador los salarios y prestaciones debidas, y agrega que es en ese momento en el que se constituye el derecho adquirido. Reitera que la ley rige hacia el futuro por lo que las situaciones que se consolidaron a la luz de la normatividad anterior no son afectadas por la nueva ley. En consecuencia, para el caso de los trabajadores cuyo contrato se encuentre en ejecución, el pago de la indemnización prevista en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo, modificado por el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, es una mera expectativa que no constituye derecho adquirido, por lo que no es susceptible de ser vulnerado por el artículo demandado. 4. Comisión Colombiana de Juristas En representación de esta institución intervino el doctor Carlos Rodríguez Mejía, quien solicita se declare la inexequibilidad del precepto acusado. Afirma que el Estado Social de Derecho debe propender por garantizar posibilidades reales para acceder a un empleo digno en condiciones de igualdad de oportunidades para todas las personas, acorde con la dignidad humana. En su parecer, estos postulados constitucionales no fueron tenidos en cuenta por el legislador en la redacción de la Ley 789 de 2002. Considera que la modificación introducida por la citada ley tiene como fundamento la supremacía del derecho privado sobre el derecho laboral en el marco de las relaciones de trabajo, lo que en su sentir es algo que no puede ser posible en un Estado Social de Derecho. Argumenta que la Ley 789 de 2002 introduce en el ámbito de la relación laboral elementos propios de la legislación comercial, desconociendo el principio de la prevalencia de la realidad sobre las formas. Sostiene que los principios en los que se basa dicho ordenamiento son distintos a los postulados constitucionales y no sólo los contraría, sino que desconoce la desigualdad intrínseca en la relación laboral. Estima que dicha concepción menoscaba los derechos establecidos en la Constitución Política, pues la teoría de la socialización de los riesgos laborales pone en pie de igualdad a empleadores y trabajadores, recargando en éstos últimos responsabilidades que deben ser propias de los empleadores o del Estado, lo cual va en desmedro de un Estado Social que propicia las condiciones para que exista igualdad real en todas las personas. En lo que respecta al artículo 29 de la Ley 789 de 2002, impugnado, afirma que con la reforma a la indemnización moratoria consagrada en el artículo 65 del CST se limita su efecto a 24 meses y se cambia ese valor por el de intereses moratorios a partir del mes 25, lo que constituye una transformación injustificada del carácter mismo del derecho laboral al introducir figuras extrañas a su dinámica ya que son propias del derecho civil y comercial, vulnerando el principio de trabajo consignado en el artículo 1 de la Carta así como la condición de Colombia como un Estado Social de Derecho. 5. Asociación Nacional de Industriales –ANDI- De manera extemporánea el ciudadano Alberto Echavarría Saldarriaga, en representación de la entidad, allega escrito solicitando la exequibilidad del precepto acusado. Frente al principio de igualdad que la demandante señala como vulnerado, considera que la doctrina constitucional ha afianzado cada vez más este concepto, reconociendo la permisividad que se le ofrece al legislador de hacer diferenciaciones, siempre y cuando estas sean objetivas o razonables. Sin embargo, explica que el artículo 13 de la Constitución no prescribe un trato igual para todos los sujetos del derecho, o destinatarios de las normas, siendo posible anudar a situaciones distintas, entre ellas rasgos o circunstancias personales, que conllevan consecuencias jurídicas diferentes. Precisa que no toda desigualdad constituye necesariamente discriminación, por lo que un trabajador que devenga un salario mínimo no es comparable bajo ningún parámetro político, social o económico con un trabajador que devengue veinte salarios mínimos mensuales. Agrega que el hecho de que el legislador decida proteger con una mayor retribución económica a los trabajadores de menores recursos, es razonable y justificado, además de obedecer a la justicia social y por lo tanto constitucional. Con relación a los otros cargos formulados en la demanda, plantea que no deben ser analizados por la Corte ya que la accionante no demuestra la contradicción entre la norma impugnada y los principios constitucionales supuestamente violados. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN La Procuradora General de la Nación (E), Dra. Nubia Herrera Ariza, intervino en la presente causa constitucional para dar su opinión sobre la constitucionalidad del precepto impugnado, solicitando de entrada que se estudie el artículo acusado en su totalidad y no sólo los apartes que de él fueron acusados. Sostiene que la indemnización moratoria laboral es un mecanismo de protección especial del derecho al trabajo, cuando la relación contractual ha finalizado. Indica, que al haber establecido como sanción indemnizatoria por el no pago de salarios y prestaciones debidas, una suma igual al último salario por cada día de retardo, hasta por el término máximo de veinticuatro meses, y a partir del mes veinticinco el pago al trabajador de intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación, hasta cuando el pago se verifique, únicamente para los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente, el legislador actuó en consonancia con el deber de protección especial del derecho al trabajo, bajo la amplia libertad de configuración política que le asiste para mantener el concepto de remuneración bajo la premisa de proporcionalidad en cantidad y calidad del trabajo hasta el momento de su pago efectivo. Considera que tal cambio indemnizatorio se explica desde el punto de vista macroeconómico ante la necesidad de implementar un esquema más racional de sanción en relación con la competitividad empresarial en el ámbito internacional y la integración económica del país, especialmente en lo referente a las inversiones procedentes del exterior. Señala que lo que se persigue con la norma demandada es proteger directamente a las personas que devengan un salario mínimo mensual, dada su condición económica, a efectos de aproximarse de alguna manera al concepto de justicia social. Por lo anterior, afirma que no existe violación alguna a la igualdad de trato en materia laboral en contra de las personas que al momento de terminación de su contrato de trabajo devenguen más de un salario mínimo legal mensual vigente frente a los que ganan menos de ese salario, pues si bien se tiene que ambas formas de indemnización parten de la base de la existencia de un contrato de trabajo, su reglamentación la hizo el legislador con base en su libertad de configuración política, movido por las circunstancias sociales y económicas de quienes devengan como retribución de su trabajo un salario mínimo, sin desconocer que en uno y otro caso debía consagrase la correspondiente indemnización. Señala que al haber conservado vigente el sistema del artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo para trabajadores que devenguen solamente un salario mínimo mensual vigente, consistente en una indemnización equivalente a una suma igual al último salario diario por cada día hasta cuando el pago se verifique, el legislador interpretó la especial protección de la que son acreedores las personas que devenguen tan irrisoria suma, por su debilidad manifiesta en su condición económica, la cual se acentúa al momento de quedar cesantes y sin que se le pague en debida forma sus salarios y prestaciones sociales. El Procurador considera que desde el punto de vista del derecho a la igualdad de trato legal en materia laboral, el establecimiento de un esquema de indemnización moratoria diferente para las personas que devenguen más de un salario mínimo legal mensual vigente al momento de terminación de su contrato de trabajo, no contradice el orden constitucional vigente y, por tanto, solicita que se declare su exequibilidad. En relación con los cargos por violación de los artículos 25 y 53 de la Carta, sostiene que la protección de los derechos adquiridos consiste en la prohibición de que una ley tenga efectos con anterioridad a su vigencia, salvo circunstancias especiales que favorezcan tanto al destinatario de la norma como a la consecución del bien común de manera concurrente. Expresa que en el asunto en cuestión, el cambio de legislación laboral en materia de indemnización por no pago de la remuneración y prestaciones sociales debidas al momento de la finalización contractual, comenzó a regir a partir del 27 de diciembre de 2002, por lo que los derechos adquiridos sólo se predican de las personas cuyos contratos de trabajo terminaron antes de ese día. Agrega que desde ese punto de vista no se vulnera ningún derecho adquirido para las personas que con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 789 de 2002 fueron objeto de terminación de su contrato de trabajo, ya que el hecho que da origen al derecho adquirido se da dentro de la vigencia de la nueva ley. Explica que la figura indemnizatoria de la norma cuestionada consta de dos mecanismos: el del último salario diario devengado al momento de terminación del contrato laboral por cada día de retardo, y el de los intereses moratorios. En cuanto al primero, dice que se aplica durante los primeros veinticuatro meses y tiene carácter sancionatorio, lo que se ajusta plenamente al orden constitucional vigente en materia de responsabilidad y de función social de la propiedad, diferenciándose del mecanismo contemplado en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo que opera como un mecanismo sancionador e indexatorio al mismo tiempo. Frente al segundo instrumento, sostiene que el empleo del interés moratorio como figura indemnizatoria resulta conforme con el orden constitucional vigente como expresión de la potestad de configuración política del legislador en asuntos laborales. En este sentido, señala que se hace necesaria la indexación o corrección monetaria con el fin de actualizar el valor de las obligaciones en dinero no satisfechas oportunamente, para lo cual se debe tener en cuenta la depreciación de la moneda desde el momento en que la obligación se hace exigible hasta cuando el pago se haga efectivo. En su parecer, la indemnización por falta de pago de las acreencias laborales liquidatorias debidas al trabajador al momento de terminación del contrato de trabajo, resulta conforme con el orden constitucional, bajo el entendido que a partir del mes veinticinco de mora y hasta cuando efectivamente se pague lo adeudado, se deben liquidar intereses moratorios sobre los conceptos de salarios y prestaciones sociales debidos, previa corrección monetaria sobre lo adeudado, desde el primer día hasta cuando efectivamente se realice el pago, con la finalidad de preservar el valor real de la acreencia. Para el Procurador, sólo bajo este entendido se ajusta a la Constitución la indemnización prevista en el precepto acusado. Por lo anterior, el Jefe del Ministerio Público solicita a la Corte que declare la exequibilidad de los incisos primero y segundo y el parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, únicamente por los cargos analizados, y bajo el condicionamiento señalado anteriormente. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS 1.- Competencia. La Corte Constitucional es competente para conocer y decidir sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, de conformidad con el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política, por estar dirigida contra una norma que hace parte de una Ley de la República. 2.- Asunto previo. Solicitud de unidad normativa hecha por el Procurador. Antes de proceder al análisis de fondo, la Corte considera oportuno pronunciarse sobre la solicitud que ha hecho la Jefe (E) del Ministerio Público, en el sentido de analizar el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 en su totalidad, y no sólo los apartes normativos que fueron impugnados por el demandante “a efectos de hacer el estudio racional de estos”. Con el objeto de resolver sobre esta petición, conviene recordar que según reiterada doctrina de esta Corporación, la integración de unidad normativa sólo procede de manera excepcional en los siguientes eventos: “(...) excepcionalmente, la Corte puede conocer sobre la constitucionalidad de leyes ordinarias que no son objeto de control previo u oficioso, pese a que contra las mismas no se hubiere dirigido demanda alguna. Se trata de aquellos eventos en los cuales procede la integración de la unidad normativa. Sin embargo, para que, so pretexto de la figura enunciada, la Corte no termine siendo juez oficioso de todo el ordenamiento jurídico, la jurisprudencia ha señalado que la formación de la unidad normativa es procedente, exclusivamente, en uno de los siguientes tres eventos. “En primer lugar, procede la integración de la unidad normativa cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada. En estos casos es necesario completar la proposición jurídica demandada para evitar proferir un fallo inhibitorio. “En segundo término, se justifica la configuración de la unidad normativa en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas. Esta hipótesis pretende evitar que un fallo de inexequibilidad resulte inocuo. “Por último, la integración normativa procede cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En consecuencia, para que proceda la integración normativa por esta última causal, se requiere la verificación de dos requisitos distintos y concurrentes: (1) que la norma demandada tenga una estrecha relación con las disposiciones no cuestionadas que formarían la unidad normativa; (2) que las disposiciones no acusadas aparezcan, a primera vista, aparentemente inconstitucionales. A este respecto, la Corporación ha señalado que “es legítimo que la Corte entre a estudiar la regulación global de la cual forma parte la norma demandada, si tal regulación aparece prima facie de una dudosa constitucionalidad”. (Sentencia C-320/97 (M.P. Alejandro Martínez Caballero). “Salvo los tres casos mencionados, no es conducente, de ninguna manera, la integración de la unidad normativa.”[1] En el asunto bajo revisión no se configura ninguno de los supuestos a los que se refiere la jurisprudencia en mención, pues tanto las expresiones censuradas del numeral 1° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 como las del parágrafo segundo de esa misma disposición legal tienen por sí mismas contenido claro y unívoco, por lo que no es menester integrar su contenido normativo con los restantes segmentos de la citada norma que no fueron objeto de acusación. Además advierte la Corte que el parágrafo 1° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, - en relación con el cual el Ministerio Público también pretende que se integre unidad normativa -, no está intrínsecamente relacionado con los mandatos que fueron objeto de censura, pues su contenido normativo se refiere a la obligación que tiene el empleador, para los efectos de la terminación del contrato establecido en el artículo 64 del CST, de informar por escrito al trabajador sobre el estado de pago de las cotizaciones de Seguridad Social y parafiscalidad sobre los salarios de los últimos tres meses anteriores a la terminación del contrato, y los efectos que produce el incumplimiento de tal deber, lo cual corresponde a un asunto totalmente distinto al de la indemnización por falta de pago previsto en el numeral 1° del mencionado precepto legal. Por las anteriores razones, la Corte no atenderá la petición hecha por la Vista Fiscal y, en cambio, circunscribirá su análisis a los segmentos normativos del inciso 1° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 y del parágrafo 2° de esta misma disposición legal, teniendo en cuenta las consideraciones que sobre su alcance se presentan a continuación. 3.- Presentación del asunto objeto de estudio y metodología a seguir Según el demandante, las expresiones acusadas del parágrafo 2° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 desconocen el derecho a la igualdad, pues autorizan un régimen de indemnización por falta de pago para los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual vigente, y otro a los demás trabajadores, esto es, para quienes perciben más de ese salario, de tal manera que introduce una discriminación contraria al artículo 13 Superior. En su concepto también son inconstitucionales las expresiones acusadas del inciso 1° del artículo 29 del mismo ordenamiento legal, porque desconocen los derechos adquiridos de los trabajadores en relación con el antiguo régimen de indemnización moratoria regulado en el artículo 65 del CST, vulnerando de esta forma los artículos 25 y 53 Superiores. Quienes intervienen a nombre de los Ministerios de Justicia y del Derecho, Hacienda y Crédito Público, Protección Social, así como el representante de la ANDI, coinciden en que las disposiciones acusadas se ajustan al artículo 13 de la Constitución Política, pues en su parecer la diferencia de trato que allí se instituye está fundada en una justificación objetiva y razonable que consiste en brindarle especial protección a los trabajadores más vulnerables que son aquellos que devengan el salario mínimo. También están de acuerdo en que no se presenta infracción a los artículos 25 y 53 Fundamentales porque la norma acusada rige hacia el futuro y no pretende, por tanto, afectar los derechos adquiridos de los trabajadores. La Jefe del Ministerio Público, si bien comparte los planteamientos hechos por estos intervinientes, sin embargo estima que la Corte debe condicionar la exequibilidad del numeral 1° del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 en el entendido que a partir del mes veinticinco de mora y hasta cuando efectivamente se pague lo adeudado, se deben liquidar intereses moratorios sobre los conceptos de salarios y prestaciones sociales debidos, previa corrección monetaria sobre lo adeudado, desde el primer día hasta cuando efectivamente se realice el pago, con la finalidad de preservar el valor real de la acreencia. La Comisión Colombiana de Juristas es de un criterio distinto, pues piensa que las medidas adoptadas en los apartes atacados del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, al incorporar elementos del derecho privado a la relación laboral desconocen el derecho al trabajo y la condición de Colombia como Estado Social de Derecho. Así pues, de acuerdo con los planteamientos hechos en la demanda que suscita la presente causa constitucional, corresponde a la Corte dilucidar los siguientes problemas jurídicos en relación con el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que modificó el artículo 65 del CST: § Si el parágrafo segundo de la citada disposición, al limitar la aplicación del nuevo régimen de indemnización por falta de pago “a los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo mensual vigente”, establece un trato discriminatorio frente a los trabajadores que devenguen menos de dicha suma, vulnerando con ello el principio de igualdad consagrado en el artículo 13 Superior. § Si el numeral primero de la norma acusada, al modificar el régimen de indemnización por falta de pago de los salarios y prestaciones debidos a la terminación del contrato de trabajo, desconoce los derechos adquiridos de los trabajadores - que venía regulando el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo -, viola los principios mínimos fundamentales que en materia laboral consagra el artículo 53 de la Constitución, y permite que éstos sean burlados por los empleadores morosos, infringiendo el artículo 25 de la Carta, que consagra la especial protección al trabajo por parte del Estado. § Si el segmento normativo del numeral primero de la disposición impugnada, al disponer que “Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria”, somete al trabajador a la morosidad de los despachos judiciales, recorta su oportunidad de recuperar lo que en justicia se le debe, y se convierte en estímulo a la negligencia del empleador, infringiendo de esta manera los artículos 13 y 25 de la Constitución. La Sala considera necesario hacer alusión previa a la indemnización por falta de pago regulada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo y al contenido de la reforma que en ese sentido introdujo el artículo 29 de la Ley 789 de 2002. Con fundamento en ello estudiará luego cada uno de los problemas jurídicos en el orden en que fueron planteados 4. La indemnización por falta de pago o indemnización moratoria Como una medida tendiente a prevenir y reprimir la conducta del empleador que a la terminación del contrato de trabajo no paga al trabajador los salarios y prestaciones sociales que le corresponden, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo (en adelante CST) consagra el pago de una indemnización de carácter moratorio mediante la cual se pretende reparar de alguna manera el daño que tal comportamiento le ha podido ocasionar a sus derechos. El artículo 65 del CST, antes de la reforma que introdujo el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, y que continuará aplicándose a los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual, dispone lo siguiente: “Artículo 65.- Indemnización por falta de pago. 1. Si a la terminación del contrato el patrono no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidos, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo. 2. Si no hay acuerdo respecto del monto de la deuda, o si el trabajador se niega a recibir, el patrono cumple con sus obligaciones consignando ante el juez del trabajo y, en su defecto, ante la primera autoridad política del lugar, la suma que confiese deber, mientras la justicia del trabajo decide la controversia. 3. En la misma sanción incurre el patrono cuando no haga practicar al trabajador el examen médico y no le expida el correspondiente certificado de salud de que trata el ordinal 7º del artículo 57.” Así pues, esta indemnización no sólo exige para su procedencia el incumplimiento consistente en el no pago por parte del empleador de los salarios y prestaciones debidas al trabajador, sino además que la relación laboral haya concluido por cualquier causa, y consiste al tenor del artículo en comento en el pago de una suma igual al último día de salario por cada día de retraso hasta cuando el pago se verifique, sin que haya alguna otra exigencia adicional para el trabajador, circunstancia que ha significado en la práctica que el empleador siga cancelando los salarios que devengaba el trabajador como si estuviese a su servicio, y de ahí el nombre que se le ha dado de “salarios caídos”. Mediante el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 se modificó el citado artículo 65 del CST. Se transcriben los segmentos acusados del mismo: “Artículo 29. Indemnización por falta de pago. El artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo quedará así: Artículo 65. Indemnización por falta de pago: 1. Si a la terminación del contrato, el empleador no paga al trabajador los salarios y prestaciones debidas, salvo los casos de retención autorizados por la ley o convenidos por las partes, debe pagar al asalariado, como indemnización, una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por veinticuatro (24) meses, o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor. Si transcurridos veinticuatro (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique. (...) Parágrafo 2°. Lo dispuesto en el inciso 1º de este artículo solo se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un (1) salario mínimo mensual vigente. Para los demás seguirá en plena vigencia lo dispuesto en el artículo 65 del Código Sustantivo de Trabajo vigente.” Esta nueva disposición conserva en lo esencial los elementos para que proceda dicha indemnización, cuales son: i) que haya terminado la relación laboral; ii) que el empleador este debiendo al trabajador salarios y prestaciones y no las pague en el momento de dicha terminación; iii) que no se trate del caso en que procede la retención de dichos salarios y prestaciones; y, iv) que no se haya consignado el monto de la deuda confesada por el empleador en caso de que no haya acuerdo respecto del monto de la deuda, o que el trabajador se haya negado a recibir el pago. Se mantiene igualmente la indemnización a cargo del empleador en cuanto al pago de una suma igual al último salario diario por cada día de retardo, hasta por 24 meses o hasta cuando el pago se verifique si el período es menor, sin que exista alguna otra carga adicional para el trabajador. La modificación que introduce el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 al artículo 65 del CST consiste en establecer que “Si transcurridos (24) meses contados desde la fecha de terminación del contrato, el trabajador no ha iniciado su reclamación por la vía ordinaria o si presentara la demanda, no ha habido pronunciamiento judicial, el empleador deberá pagar al trabajador intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Bancaria, a partir de la iniciación del mes veinticinco (25) hasta cuando el pago se verifique”. En otras palabras, si el trabajador no ha presentado demanda por la vía judicial ordinaria dentro de los veinticuatro (24) meses siguientes a la terminación de su vínculo laboral, o si la misma no ha sido resuelta definitivamente por la autoridad judicial, ya no se continúa haciendo exigible el pago de la indemnización moratoria –un día de salario por cada día de retardo -, sino únicamente el pago de intereses moratorios. El mencionado cambio obedeció, en opinión del legislador, a que se había constituido una “...forma de enriquecimiento de los trabajadores debido a la lentitud de la justicia cuando el trámite de un proceso laboral de primera instancia, si se cumplieran los términos no debería durar, incluida la apelación, más de seis (6) meses” pues “la manera como está prevista la indemnización por falta de pago ha dado lugar a que los trabajadores esperen para presentar sus demandas cuando están para cumplirse los tres (3) años, término de prescripción y le juegan a una cuantiosa indemnización moratoria a veces injusta ya que, de acuerdo con la jurisprudencia, en este caso se presume la mala fe del empleador”[2]. (Subrayado no original). Como puede observarse con facilidad, de esta forma el Legislador quiso exigir de los trabajadores con ingresos superiores a un salario mínimo, una carga adicional para tener derecho a la indemnización moratoria luego de transcurridos 24 meses de terminada su relación laboral, consistente en acudir durante ese lapso ante los jueces ordinarios y reclamar el pago pronto de sus acreencias. Cabe recordar, además, que la nueva regulación elimina como causa de la indemnización por falta de pago la práctica del examen médico de egreso y la expedición del correspondiente certificado. Esta modificación se aplica indistintamente para quienes reciban hasta uno o más salarios mínimos mensuales, pues el artículo 29 de la Ley 789 de 2002 sustituyó el artículo 65 del CST, y sólo permitió la vigencia del inciso primero de la norma anterior en el caso de los trabajadores con ingreso básico. Finalmente, el segmento normativo acusado del parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 203 dispone que el nuevo régimen de indemnización por falta de pago se aplicará a los trabajadores que devenguen más de un salario mínimo, dejando incólume la aplicación del antiguo régimen del artículo 65 del CST “para los demás”, es decir, para aquellos que no devengan más del salario mínimo legal mensual vigente. En cuanto a la indemnización moratoria, es evidente que a todos los trabajadores a los que se les termine la relación laboral y no se les cancele en dicho momento los salarios y prestaciones debidas por parte del empleador, se les debe seguir cancelando a título de indemnización una suma igual al último salario diario por cada día durante los veinticuatro (24) primeros meses de retardo. Pero, es igualmente claro, a partir del mes veinticinco (25) de retardo solo a los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual vigente y se encuentren en el supuesto de hecho de la norma se les seguirá pagando por cada día de retardo una suma igual al último salario diario, mientras a que a los demás trabajadores se les exige adicionalmente haber acudido ante la jurisdicción ordinaria durante ese periodo y haber obtenido un pronunciamiento judicial, pues de lo contrario se les cancelarán únicamente intereses moratorios a la tasa máxima de créditos de libre asignación certificada por la Superintendencia Bancaria, desde el mes veinticinco (25) y hasta cuando el pago se verifique. Si se tiene en cuenta que el anterior sistema de indemnización moratoria continua vigente para los trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo, es incuestionable que si la mora en el pago de salarios y prestaciones debidas a la terminación del contrato supera los veinticuatro (24) meses, a estos les corresponderá a partir del mes veinticinco (25) una indemnización moratoria en mejores condiciones que la que le correspondería a los trabajadores que recibían una asignación mayor pero no demandaron judicialmente el pago durante ese periodo, lo cual lleva a la Corte a indagar si se justifica el establecimiento de este trato diferencial en favor de aquellas personas. 5. Sobre la presunta infracción del derecho a la igualdad Para la demandante, en el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002 se establece un tratamiento que discrimina a los trabajadores que devengan más de un salario mínimo legal vigente, pues los excluye de la aplicación del régimen previsto en el inciso 1º del artículo 65 del CST., sin las nuevas modificaciones, para calcular la indemnización por no pago de salarios y prestaciones sociales al terminar el vínculo contractual. En este sentido, no comprende por qué puede haber una regulación para unos trabajadores y una distinta para otros, por el sólo hecho de que unos reciban un salario más elevado fruto de su esfuerzo y dedicación. Pues bien, como ya se advirtió, en el parágrafo segundo del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, efectivamente el Legislador ha consagrado un trato diferencial entre los trabajadores que devengan hasta un salario mínimo mensual vigente y los demás, en lo referente a la indemnización por falta de pago, consistente en que para aquellos continúa vigente lo previsto en el artículo 65 del C.S.T., al tiempo que para estos se aplicará lo dispuesto en el inciso primero del artículo 29 de la Ley 789 de 2002, norma que impone algunas cargas adicionales. Corresponde entonces a la Corte determinar si esa diferencia de trato se encuentra justificada de manera objetiva y razonable, esto es, si resulta compatible con el ordenamiento constitucional. El criterio que emplea el legislador para establecer esa diferencia de trato tiene relación con el monto de la remuneración que percibe el asalariado, acogiendo como punto de referencia el salario mínimo mensual vigente, pues si se trata de trabajadores que devenguen hasta un salario mínimo mensual vigente éstos tendrán derecho, a partir del mes veinticinco (25) de mora, a un régimen indemnizatorio más favorable como es el previsto en el artículo 65 del CST.; en cambio, si el trabajador recibe como retribución de sus servicios más de un salario mínimo mensual se encuentra bajo la aplicación del nuevo régimen previsto en el artículo 29 de la Ley 789 de 2002, que lo pone en riesgo de recibir una indemnización menor si no acude ante la jurisdicción ordinaria o si habiendo acudido no existe un pronunciamiento judicial definitivo durante ese periodo. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 145 define el salario mínimo como “el que todo trabajador tiene derecho a percibir para subvenir a sus necesidades normales y a las de su familia, en el orden material, moral y cultural”, mandato que está en consonancia con lo dispuesto en el artículo 53 de la Carta que consagra como uno de los principios mínimos fundamentales en materia laboral el de la “remuneración mínima vital y móvil, proporcional a la cantidad y calidad de trabajo”, e igualmente, con los Convenios Nos. 26 de 1928 y 99 de 1948, y la Recomendación No. 89 de la Organización Internacional del Trabajo, en los cuales se propugna por un salario mínimo que asegure al trabajador “un nivel de vida adecuado”. La Corte ha señalado que el establecimiento del salario mínimo vital y móvil “expresa una forma específica a través de la cual se concreta la protección especial que el trabajo debe recibir del Estado y de la sociedad. Si la remuneración que el trabajador obtiene no le permite satisfacer las necesidades - materiales, sociales y culturales - que se reputan indispensables para reponer sus energías y, además, llevar una vida social y familiar normal, ella no estará a la altura de la persona humana y no podrá ser reputada digna, pues, dejará de servir como instrumento para construir una existencia libre y valiosa” [3]. También ha manifestado que la institución del salario mínimo se enmarca dentro de aquellas políticas destinadas a lograr una justicia social, pues constituye una medida especial de protección a quienes por su condición económica se encuentran en situación de vulnerabilidad manifiesta. “Busca así el legislador menguar la desigualdad y de esta manera cumplir con el propósito señalado por el constituyente en el artículo 13 de la Carta, que ordena al Estado promover las condiciones requeridas para que la igualdad sea real y efectiva, mediante la adopción de medidas en favor de grupos discriminados o marginados, como también proteger especialmente a aquellas personas que por su condición económica o física se encuentran en situación de debilidad manifiesta” [4]. Está claro que los trabajadores que reciben hasta el salario mínimo se encuentran en una situación de vulnerabilidad, por lo que es menester rodearlos de una protección superior a la que ordinariamente debe prodigarse a un trabajador en condiciones normales, medida que se justifica en razón de la función que cumple ese tipo de retribución en el Estado Social de Derecho, pues permite que el trabajador que la percibe pueda proyectar una vida digna y decorosa, y alcance así los objetivos que se ha propuesto en los ámbitos social y familiar. Es así como, para proteger al trabajador que se encuentra en circunstancias de debilidad manifiesta, el Legislador ha configurado ciertas cautelas orientadas a proteger la importante institución laboral del salario mínimo. De esta manera, ha dispuesto que para fijarlo deben tomarse en cuenta el costo de la vida, las modalidades del trabajo, la capacidad económica de las empresas y patronos y las condiciones de cada región y actividad; y, tratándose de los trabajadores del campo, la ley ordena que el salario mínimo debe fijarse tomando en cuenta las facilidades que el patrono proporciona a sus trabajadores, en lo que se refiere a habitación, cultivos, combustibles y circunstancias análogas que disminuyen el costo de la vida[5]. Con la misma finalidad tuitiva, el Legislador ha establecido el procedimiento de fijación del salario mínimo, el cual comprende varias opciones: la primera, resultante de la actividad particular, en virtud de la cual el salario mínimo puede ser fijado por medio de pacto o convención colectiva; la segunda, por medio de un fallo arbitral; y la tercera, en forma concertada, consistente en que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales[6], en la cual tienen asiento el Gobierno y representantes de los empleadores y trabajadores, fija el salario mínimo de carácter general teniendo en cuenta “que se debe garantizar una vida digna para el trabajador y su familia”[7]. En relación con el procedimiento concertado de fijación del salario mínimo, la ley, con un revelado espíritu proteccionista, dispone que si definitivamente no se logra consenso en la fijación del salario mínimo para el año inmediatamente siguiente, el Gobierno, a más tardar el 30 de diciembre de cada año, lo determinará por decreto motivado, “atendiendo, con el mismo nivel e incidencia, además de la meta de inflación del siguiente año, a los siguientes parámetros: la inflación real del año que culmina, según el índice de precios al consumidor; la productividad acordada por la Comisión Tripartita que coordina el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; la contribución de los salarios al ingreso nacional; el incremento del producto interno bruto (PIB); y con carácter prevalente, que habrá de reflejarse en el monto del aumento salarial, la especial protección constitucional del trabajo (art. 25 C.P.) y la necesidad de mantener una remuneración mínima vital y móvil (art. 53 C.P.); la función social de la empresa (art. 333 C.P.) y los objetivos constitucionales de la dirección general de la economía a cargo del Estado (art. 334 C.P.), uno de los cuales consiste en "asegurar que todas las personas, en particular las de menores ingresos, tengan acceso a los bienes y servic...