Sentencia C-776 de 2006

C-776-06 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-776/06 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE DEMANDA-Ausencia de cargos Referencia: expediente D-6228 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 24 (parcial), 26 (parcial), 27 (parcial) y 28 (parcial) de la Ley 812 de 2003 Demandantes: Eberto Enrique Díaz Montes, Roberto Castro Barrios y Manuel Castillo Vásquez Magistrado Ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLA Bogotá, D. C., trece (13) de septiembre de dos mil seis (2006). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente S E N T E N C I A I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, los ciudadanos Eberto Enrique Díaz Montes, Roberto Castro Barrios y Manuel Castillo Vásquez presentaron demanda contra los artículos 24 (parcial), 26 (parcial), 27 (parcial) y 28 (parcial) de la Ley 812 de 2003, por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006 “Hacia un Estado Comunitario”. Por no haber la mayoría impartido aprobación al proyecto presentado por el ponente inicial, Magistrado Jaime Araujo Rentería, el expediente fue asignado al despacho del Magistrado que sigue en turno en orden alfabético. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de inconstitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. II. NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcriben las disposiciones demandadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 45.231 de 27 de junio de 2003 y se subraya lo acusado como inconstitucional: LEY 812 DE 2003 (27 de Junio) Por la cual se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo 2003-2006, Hacia un Estado Comunitario EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: (…) ARTÍCULO 24. SUBSIDIO INTEGRAL. Modifícase el artículo 20 de la Ley 160 de 1994 el cual quedará así: “Establécese un subsidio integral que se otorgará por una sola vez, para el desarrollo de proyectos productivos en sistemas de producción de carácter empresarial, con principios de competitividad, equidad y sostenibilidad, que integre a pequeños y medianos productores beneficiarios de los Programas de Reforma Agraria, ubicados en los sectores geográficos definidos de acuerdo con los criterios del artículo anterior. El monto del subsidio incluye el valor de la tierra y las inversiones complementarias, tales como: Capital fijo, adecuación predial, capacitación y asistencia técnica y comercialización, determinadas en el proyecto productivo y se otorgará por una sola vez al sujeto de Reforma Agraria, con arreglo a las políticas que señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a los criterios de elegibilidad que determine la Junta Directiva del INCORA o quien haga sus veces, y en las zonas definidas en el proceso de planeación de la Reforma Agraria. Las fuentes de financiación de este subsidio se obtendrán del presupuesto nacional, de recursos de cooperación internacional, donaciones directas y la participación del sector privado”. (…) ARTÍCULO 26. CONDICIONES DEL SUBSIDIO INTEGRAL. Modifícase el artículo 22 de la Ley 160 de 1994, el cual quedará así: “El otorgamiento del subsidio integral se hará efectivo siempre que el proyecto productivo presente condiciones de viabilidad técnica, económica y social que garanticen su competitividad, equidad y sostenibilidad, condiciones que serán evaluadas y certificadas por el INCORA o quien haga sus veces, y de conformidad con la disponibilidad presupuestal. Para garantizar el destino y la eficiencia de la inversión pública, los beneficiarios del subsidio deberán suscribir un contrato de operación y funcionamiento en el cual se determinen sus compromisos y responsabilidades, durante un período no inferior al definido en el proyecto productivo y en ningún caso menor a cinco (5) años. El incumplimiento del contrato generará el retiro inmediato del subsidio y la pérdida de sus derechos patrimoniales generados dentro del proyecto productivo. El monto del subsidio integral para comprar tierra podrá ser del ciento por ciento del valor del predio.” ARTÍCULO 27. CONTRATO DE ASIGNACIÓN O TENENCIA PROVISIONAL. En las zonas definidas en el proceso de planeación de la Reforma Agraria, las tierras adquiridas o expropiadas por el INCORA o quien haga sus veces, podrán entregarse a los beneficiarios mediante contrato de asignación o tenencia provisional hasta por un término de cinco (5) años, previa definición del proyecto productivo a desarrollar, a cuya finalización el Instituto procederá a transferirles su dominio, siempre que acrediten haber establecido en ellas empresas agropecuarias competitivas y sostenibles. Durante la vigencia del contrato, los beneficiarios recibirán exclusivamente el subsidio referente a las inversiones complementarias, tales como: Capital fijo, adecuación predial, capacitación y asistencia técnica y comercialización, determinadas en el proyecto productivo y se otorgará por una sola vez al sujeto de Reforma Agraria, con arreglo a las políticas que señale el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a los criterios de elegibilidad que determine la Junta Directiva del INCORA o quien haga sus veces. Si durante el término del contrato el beneficiario incumple las obligaciones a su cargo, el INCORA o quien haga sus veces, mediante acto administrativo debidamente motivado determinará su exclusión de la empresa agropecuaria, seleccionando en el mismo acto nuevo beneficiario, quien aportará solidariamente el monto de la inversión realizada por el beneficiario incumplido. ARTÍCULO 28. OTRAS FORMAS DE ACCESO A LA TIERRA. El INCORA, o quien haga sus veces, promoverá otras formas de acceso a la tierra, con el fin de ampliar el acceso de los campesinos a su uso y explotación, para lo cual deberá propender a: 1. Vincular propiedades del Estado en cualquiera de los niveles, mediante contratos de comodato o arrendamiento en función de proyectos productivos de empresas pequeñas o medianas. 2. Recuperar tierra abandonada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados. 3. Utilizar tierras recibidas por el Estado a cualquier título o por cualquier procedimiento. 4. Arrendar predios, por el tiempo de duración de los proyectos productivos, o el leasing con opción de compra. 5. Constituir sociedades de riesgos compartidos, con base en contratos claros en distribución de utilidades. 6. Vincular tierras adquiridas por el Estado para Reforma Agraria, contratando sus adecuaciones y desarrollo con una empresa ejecutora para ser administrados una vez logrado el punto de equilibrio de los proyectos. Los productores que reciben la tierra se vinculan desde el principio con la mano de obra por jornal, y generan un fondo de ahorro para la compra posterior de la tierra y su explotación, según parámetros de Reforma Agraria. 7. Promover contratos de comodato gratuito entre particulares, cuya celebración también dará derecho al subsidio para el proyecto productivo. Todas las opciones anteriores se sujetarán a las disponibilidades presupuestales. III. LA DEMANDA Los demandantes consideran violados los artículos 2, 11, 13, 25 y 64 de la Constitución Política, con base en los siguientes argumentos: Afirman que el Plan Nacional de Desarrollo contiene disposiciones que violan preceptos constitucionales y desconocen normas contenidas en tratados de derechos humanos ratificados por Colombia en razón de que: i) los artículos 24 y 26 de la Ley 812 de 2003, que regulan la adquisición del subsidio integral para proyectos productivos, condicionaron el otorgamiento del subsidio a los sistemas de producción de carácter empresarial con principios de competitividad; ii) el artículo 27 establece que el contrato de asignación de tierras estará sujeto a que los beneficiarios acrediten haber establecido empresas agropecuarias competitivas y sostenibles, y iii) el artículo 28 autoriza al INCORA o a la entidad que haga sus veces para que adjudique tierras, incluidas aquellas abandonadas por la población desplazada por la violencia. Sostienen que las normas demandadas desconocen los principios del Estado Social de Derecho establecidos en el artículo 2º superior, como son el servicio a la comunidad, la prosperidad general y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; violan el derecho a la igualdad de los trabajadores agrarios consignado en el artículo 13, y desconocen la protección especial que el Estado debe garantizar a los campesinos para lograr el acceso progresivo a la propiedad de la tierra en virtud del artículo 64; además, en razón de la violación del derecho a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, dichas normas afectan derechos fundamentales que se encuentran estrechamente ligados a la tierra, como el derecho a una vida digna. Dicen también que el Plan Nacional de Desarrollo quebranta normas de tratados internacionales de derechos humanos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, los cuales obligan al Estado colombiano a adoptar medidas de orden interno para garantizar la vigencia de los derechos allí consagrados y a abstenerse de adoptar disposiciones contrarias a los mismos, como son: la obligación de los Estados de adoptar medidas para lograr la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales, consagrada tanto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 26), como en el Protocolo de San Salvador (art. 1) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (art. 2); el derecho al uso y goce de los bienes (art. 21 de la Convención Americana); el derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el art. 24 de la Convención Americana; el derecho a una alimentación adecuada (art. 11 del PIDESC y 12 del Protocolo de San Salvador); el derecho al trabajo (art. 7 del PIDESC y 6 del Protocolo de San Salvador); el derecho a la vida digna (art. 4 de la Convención Americana), y el principio de igualdad y no discriminación entendido como una norma de ius cogens. Indican que el artículo 24 de la Ley 812 de 2003 condiciona la entrega del subsidio a que se trate de “sistemas de producción de carácter empresarial”, con lo que manifiestamente aplica la lógica económica capitalista y desecha la lógica económica campesina. Al no permitirle al campesino elegir la alternativa que mejor se ajuste a sus necesidades, se le estará imponiendo una situación que lo obliga a subordinarse a la lógica empresarial si quiere acceder a los beneficios ofrecidos. De esta manera, una vez los campesinos que quieran seguir siendo tales, o aquellos que no puedan dejar de serlo, queden eliminados de los programas de subsidio, serán incluidas otras personas que no son campesinos ni trabajadores agrarios pero tienen los medios para sostener sistemas productivos de carácter empresarial. Exponen que el artículo 64 de la Constitución establece el deber en cabeza del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, toda vez que éstos desarrollan una actividad que reporta beneficios a la economía del país, en especial a la producción de alimentos, con un mínimo de impacto ambiental y que requiere el apoyo estatal para poder mejorar el ingreso y la calidad de vida de los campesinos. Manifiestan que conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley 812 de 2003, el INCORA (actualmente el INCODER) deberá promover otras formas de tenencia de la tierra con el fin de ampliar el acceso a su uso y explotación mediante la recuperación de tierra abandonada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario, con opción de readjudicación a nuevos productores y desplazados. Afirman que dicha norma permite que aquella entidad despoje de sus tierras a los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, los cuales, una vez hayan cesado las causas que generaron el desplazamiento y el Estado haya garantizado su retorno en condiciones de igualdad, no podrán regresar a sus tierras en razón de que éstas les habrán sido expropiadas (sic). Así, al permitir la norma citada que un campesino con las condiciones originales de la Ley 160 de 1994 o de la Ley 135 de 1961, beneficiario de la reforma agraria, sea sustituido por otro “productor”, se estará desconociendo la obligación contenida en el art. 64 de la Constitución. Manifiestan que el artículo 28 de la Ley 812 de 2003 emplea la expresión “abandono de la tierra” sin hacer distinción entre las diversas causas que le pudieron dar origen, lo cual es importante al momento de determinar si el abandono de la propiedad rural se dio por circunstancias ajenas a la voluntad de quien explotaba económicamente la tierra, ya sea caso fortuito o fuerza mayor, o porque simplemente dejó de realizar la explotación económica requerida. Estiman que al despojar a los campesinos de la posibilidad de explotar y cultivar la tierra se les está privando del derecho al trabajo, del cual obtienen los recursos necesarios para costear servicios básicos, tales como acueducto, alcantarillado y alumbrado eléctrico, costear la educación de sus familias y acceder a una alimentación adecuada conforme a sus usos y costumbres, y que de la afectación a la propiedad de la tierra se desprende que el artículo 28 de la Ley 812 de 2003 generará un impacto negativo en las condiciones de vida digna que requieren los campesinos. Afirman que las normas demandadas quebrantan el principio de igualdad por varias razones: en primer lugar, por la equiparación de los sistemas de producción campesinos a las empresas capitalistas; en segundo lugar, por exigirles a los productores campesinos que demuestren la competitividad de sus sistemas para acceder a programas y beneficios de la reforma agraria, desconociendo sus usos y costumbres y poniéndolos en una situación de desventaja frente a los empresarios que sí ostentan dicha condición, y, en tercer lugar, porque el Estado implementa una política que desconoce las condiciones especiales de vulnerabilidad de la población campesina, no sólo por el impacto del conflicto armado sino también por la precaria situación de sus derechos económicos, sociales y culturales. Así, el Estado es responsable internacionalmente por violar una disposición de ius cogens recogida en diversos tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. IV. INTERVENCIONES CIUDADANAS Durante el período de fijación en lista se recibieron escritos de las siguientes personas y organizaciones: 1. Intervención del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo Mediante escrito presentado el 4 de abril de 2006, la ciudadana Soraya Gutiérrez Arguello, obrando en representación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo manifiesta que apoya los argumentos expuestos por los demandantes. 2. Intervención del Departamento Nacional de Planeación Mediante escrito recibido el 21 de abril de 2006, el ciudadano Alfonso M. Rodríguez Guevara, actuando en nombre del Departamento Nacional de Planeación, expone que las normas demandadas son constitucionales y solicita a la Corte que se declare inhibida respecto de algunos cargos. Respecto del cargo sobre los requisitos para tener acceso al subsidio integral, afirma que son erradas tanto la interpretación de las normas acusadas como la argumentación en su contra puesto que, al parecer intencionalmente, los demandantes tratan de ignorar que en ellas mismas (art. 24) se dispone que dicho sistema de producción de carácter empresarial con principios de competitividad integrará a pequeños y medianos productores beneficiarios de los programas de reforma agraria, es decir, no es para grandes capitalistas. Argumenta que, en consecuencia, el subsidio integral está dirigido a los campesinos de escasos recursos económicos, quienes también son los beneficiarios de los programas especiales del Gobierno Nacional contenidos en la Ley de Reforma Agraria, Ley 160 de 1994, como respuesta a los retos de un nuevo Estado que pretende mejorar la calidad de vida de sus habitantes en cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución Política. Señala que la palabra “empresa” debe entenderse en el contexto de la Ley 812 de 2003, con un significado amplio, lo cual incluye a las formas de organización típicas del sector campesino, vale decir, la empresa básica de producción agrícola familiar o unidad agrícola familiar y que la finalidad de la norma es que los terrenos no permanezcan improductivos. Indica que, por otra parte, el concepto de competitividad de la empresa campesina ha de entenderse a la luz de la Constitución, en especial el art. 13 de ésta que establece que el Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. Agrega que el concepto de sostenibilidad puede referirse a los recursos naturales o a la duración de la empresa y que en ambos sentidos el mismo es constitucional. Respecto del cargo relativo al deber del Estado de garantizar la propiedad de la tierra a la población campesina, expone que no está llamado a prosperar, pues los demandantes dan una interpretación sesgada a las normas demandadas, toda vez que de ellas jamás se puede inferir que el INCODER pueda extinguir la propiedad de las tierras abandonadas por quienes fueron desplazados por la violencia. Concluye el interviniente manifestando, en relación con los cargos según los cuales las normas acusadas violan el derecho a la vida digna, desconocen los fines del Estado y vulneran normas de Derecho Internacional en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que los demandantes no exponen en forma clara en qué consiste la vulneración y que, cuando más, repiten los mismos argumentos atrás considerados. Por consiguiente, la Corte debe declararse inhibida para pronunciarse sobre estos aspectos. 3. Intervención del ciudadano Gustavo Gallón Giraldo y de la Comisión Colombiana de Juristas Por medio de escrito radicado el 21 de abril de 2006, el ciudadano Gustavo Gallón Giraldo, obrando en nombre propio y también en representación de la Comisión Colombiana de Juristas, manifiesta que respalda íntegramente los planteamientos de la demanda, los cuales expone en forma resumida. 4. Intervención del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural En escrito presentado el 20 de abril de 2006, la ciudadana Eugenia Méndez Reyes, obrando en nombre del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, solicita a la Corte que declare exequibles las normas demandadas. Expresa que con el subsidio integral se pretende fortalecer y focalizar la oferta institucional y lograr el objetivo de mejorar la calidad de vida de los campesinos, a través del acceso a tierras y las inversiones complementarias determinadas en un proyecto productivo para cuya implementación se aporta un capital fijo, la adecuación predial y la capacitación y asistencia técnica. Agrega que cada uno de los organismos que integran el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino debe contribuir coordinadamente, teniendo en cuenta las necesidades y los intereses específicos de los hombres y mujeres campesinos, según las funciones asignadas. Señala que, en consecuencia, la acusación respecto de la imposibilidad de que los campesinos puedan acceder a los subsidios en condiciones de igualdad no es pertinente, puesto que la exigencia de presentar un proyecto productivo se acompaña con el apoyo para su formulación e implementación. Afirma que el artículo 28 de la Ley 812 de 2003 no permite al INCODER despojar de sus tierras a los campesinos víctimas del desplazamiento forzado, sino recuperar las tierras abandonadas, para el negocio agropecuario, con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados. A este respecto indica que si el desplazado quiere retornar a su tierra, se le brinda el apoyo correspondiente, pero si pretende reubicarse en otro predio también se le otorga la posibilidad de permutar el suyo cuando lo posea o de acceder a otro cuando no lo posea. Añade que del desarrollo de estas normas se está ocupando la mesa de Estabilización Socioeconómica Rural y se tienen adelantos significativos, concertados entre las instituciones y las organizaciones de población desplazada. 5. Intervención de la Academia Colombiana de Jurisprudencia Por medio de escrito recibido el 21 de abril de 2006, los ciudadanos Bernardo Carreño Varela y Alfredo Lewin Figueroa, actuando en representación de la Academia Colombiana de Jurisprudencia, manifiestan que las normas demandadas son exequibles, con la salvedad del artículo 28, numeral 2 de la Ley 812 de 2003, respecto de la cual solicitan a la Corte que se declare inhibida para fallar. Sus fundamentos son los siguientes: En primer lugar hacen notar que las censuras, excepto las que se formulan al numeral 2 del artículo 28, “se basan en la antinomia irreductible que, para los demandantes, existe entre la empresa capitalista y el sistema de vida y de explotación económica de los campesinos (entendidos como los campesinos pobres y sin tierra) (…) De donde concluyen que la ley, al pedir que los campesinos adopten los sistemas capitalistas los priva de sus derechos, violando la Carta”. Agregan que “la demanda acusa el numeral segundo del art. 28 de la ley 812 de 2003 porque – dicen los actores- la tierra se abandona, en las actuales circunstancias que vive Colombia, por acción de los grupos armados ilegales, lo cual significa privar a los campesinos de su propiedad, para entregarla a los violentos, violando en esta forma los textos que se citan”. Después de algunas consideraciones sobre el Estado Social de Derecho y los conceptos jurídico y económico de empresa, expresan que este es un instrumento neutro que puede utilizarse para lograr fines diferentes y que así, por ejemplo, en el campo agrario puede utilizarse para explotar la propiedad comunitaria, como se hizo en Rusia mientras duró la colectivización de la agricultura, o puede emplearse para la propiedad familiar o la granja individual. Señalan que la sola obligación de explotar una tierra mediante una empresa no significa oposición a la Constitución, máxime cuando ésta misma establece en su artículo 333 que el Estado estimulará el desarrollo empresarial. Agregan que no resulta válido el supuesto de que parte la demanda, de manera expresa, de que la empresa es esencialmente capitalista, y que tampoco son válidas las aseveraciones de la demanda que enfrentan de manera irreconciliable los postulados de la empresa con el modus vivendi campesino, cuando está demostrado que los campesinos utilizan la empresa como sistema para explotar sus predios, aunque eventualmente lo hagan mal. Destacan la desproporción existente entre el número de posibles beneficiarios y la cantidad de tierra disponible e indican que siendo más los primeros, es apenas elemental que la tierra se entregue a los mejores, es decir, a quienes acrediten tener empresas competitivas, equitativas y sostenibles. Concluyen sobre este aspecto que al pedir empresas con las características indicadas, el legislador está dando estricto cumplimiento al artículo 333 de la Carta que ordena fomentar el desarrollo económico por medio de las mismas. En relación con el cargo formulado contra el artículo 28, numeral 2° de la Ley 812 de 2003, en virtud del cual el INCORA o la entidad que haga sus veces deberá propender por recuperar tierra abandonada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario, con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados, exponen que puede apreciarse fácilmente que se trata de cuestiones de hecho ajenas a la constitucionalidad de la norma en sí misma, las cuales se invocan en abstracto y ni siquiera están comprobadas en casos individuales que indiquen su ocurrencia general de manera inequívoca. 6. Intervención del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER Mediante escrito presentado el 21 de abril de 2006, la ciudadana Maritza Cuello Mendoza, obrando en representación del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural – INCODER, solicita a la Corte que declare exequibles las normas demandadas, con los siguientes argumentos: Enuncia que la política de tierras a partir de la nueva legislación se orienta como un proceso de reforma rural donde se combine el uso eficiente del suelo y el acceso equitativo a los factores de producción y que tal es el sentido de la Ley 812 de 2003 en la cual se crea el sistema de Subsidio Integral, en sus artículos 24, 25 y 26 para comprender dos grandes componentes: la tierra como elemento básico para permitir el acceso a la propiedad, y las inversiones complementarias, tales como capital fijo, adecuación predial, capacitación, asistencia técnica y comercialización dentro de un proyecto y una actividad productiva que permita sostener y elevar el nivel de los beneficiarios con unos recursos básicos en infraestructura, mano de obra calificada, así como la capacidad de generación y apropiación de tecnologías por parte de los adjudicatarios. Señala que para la adjudicación se requiere, en todos los casos, la existencia de un proyecto productivo de carácter empresarial, sin que esto pueda significar que sea requisito obligatorio o excluyente la explotación asociativa del predio, pues se puede establecer una empresa agropecuaria unipersonal bajo los principios de competitividad, equidad y sostenibilidad a que alude la Ley 812 de 2003. Por otra parte, expone que el hecho de que el num. 2° del art. 28 de la Ley 812 de 2003 no precise las causas del abandono de las tierras adjudicadas, no puede significar que desconozca la situación de la población desplazada por la violencia, que goza de una protección estatal prioritaria. 7. Intervención extemporánea El día 26 de mayo de 2006 se recibió escrito de intervención de la ciudadana Marina Rojas Maldonado, obrando en nombre de la Universidad Santo Tomás, el cual, por ser extemporáneo, no será tenido en cuenta. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION Mediante concepto N° 4097 radicado el 17 de mayo de 2006, el Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, solicita a la Corte declarar exequibles las disposiciones acusadas. Para ello, en relación con el debate sobre la posible violación del derecho a la igualdad, a propósito de criterios tales como “de carácter empresarial”, “competitividad” y “sostenibilidad”, plantea el Procurador la necesidad de que la Corte declare la unidad normativa existente entre los textos demandados y otros que no lo fueron, particularmente el término “capacitación” contenido en los arts. 24 y 27 de la Ley 812 de 2003. También pide considerar la frase “de la empresa agropecuaria” contenida en el último inciso del artículo 27 de la Ley 812 de 2003, por estar íntimamente relacionada con el segmento demandado del mismo artículo por el cargo de inconstitucionalidad por desigualdad de trato. A partir de lo anterior, expone el Procurador en relación con el primer problema planteado, que bajo el supuesto de que se garantice que el concepto de capacitación a que se refiere el inciso 2° del artículo 24 demandado incluya instrucción sobre aquellos aspectos que le darían a los proyectos en cuestión “carácter empresarial”, y los haría“competitivos” y “sostenibles”, las normas acusadas deberían ser consideradas exequibles. A este respecto continúa explicando que “así como el monto del subsidio integral destinado a proyectos productivos empresariales agrarios cubre la capacitación en los mismos, no se observa inconveniente económico ni jurídico para que se haga extensivo a la capacitación empresarial que requieren los campesinos para poder asumir sus responsabilidades como cualquier persona que decida emprender, lo que va en consonancia con el artículo 64 de la Constitución Política, que ordena claramente la asistencia empresarial para que los campesinos mejoren sus ingresos y su nivel de vida” (las negrillas son del texto original). Asevera que esto adquiere mayor importancia si se tiene en cuenta que para garantizar el destino y eficacia de la inversión pública mediante tales subsidios, sus beneficiarios deben celebrar contratos de operación y funcionamiento, cuyo incumplimiento genera el retiro inmediato del subsidio y la pérdida de sus derechos patrimoniales generados dentro del proyecto productivo, y que así mismo el incumplimiento de las obligaciones a cargo de los beneficiarios de los contratos de asignación o tenencia provisional de tierras de la Reforma Agraria determina su exclusión de la empresa agropecuaria. De otro lado, acerca de la acusación contra el artículo 28, numeral 2° de la Ley 812 de 2003, según el cual el INCORA o la entidad que haga sus veces deberá propender por recuperar tierra abandonada de la reforma agraria, para el negocio agropecuario, con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados, sostiene que el artículo 52 de la Ley 160 de 1994 establece que la acción de extinción de dominio sobre predios rurales incultos no procede en los eventos de fuerza mayor o caso fortuito, siendo uno de tales eventos el abandono de tierras por parte de los campesinos cuando lo hacen, no por negligencia, sino contra su voluntad como consecuencia del desplazamiento forzado a que se ven sometidos. Plantea también que hay que tener en cuenta que en los eventos de desplazamiento forzado las víctimas pueden retornar a sus lugares de origen o a sus predios o ser reubicados por el Estado en otras tierras, y que en este último caso es viable que el Estado recupere las tierras abandonadas, y, con mayor razón, las de la reforma agraria, por haber pertenecido al mismo Estado antes de su adjudicación. Igualmente cita los mecanismos establecidos a este respecto en el artículo 18 de la Ley 387 de 1997, particularmente el que establece la necesidad de que el Estado lleve un registro de los predios rurales abandonados por los desplazados por la violencia, con el fin de impedir su enajenación. Con base en lo anterior, concluye el Procurador que la recuperación de tierra abandonada de la reforma agraria para el negocio agropecuario, con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados, en relación con predios de la población desplazada por la violencia, no resulta contrario al orden constitucional vigente, puesto que existe un marco constitucional y legal aplicable para proteger dichos predios. A partir de estos supuestos, el concepto fiscal solicita a la Corte declarar la exequibilidad de todas las disposiciones demandadas. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DE LA CORTE 1. Competencia La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda, conforme a lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, por estar dirigida contra disposiciones que forman parte de una ley. 2. Lo que se debate: problemas jurídicos planteados Para los demandantes las normas acusadas plantean dos problemas jurídicos constitucionales principales, que pueden resumirse de la siguiente forma: i) Los artículos 24 y 26 que se refieren al tema del subsidio integral, así como el 27 sobre los contratos de asignación o tenencia provisional, toman como referente para el otorgamiento de los beneficios establecidos en dichas normas criterios tales como el de competitividad, sostenibilidad y carácter empresarial de los proyectos emprendidos. Según afirman los actores, estos criterios resultan impracticables para la generalidad de los campesinos colombianos, lo que de entrada los priva de la posibilidad de ser receptores de los beneficios establecidos por estas normas, con lo cual, en su opinión, resultan vulnerados los artículos 2, 11, 13, 25 y 64 de la Constitución Política. ii) El numeral 2° del artículo 28 contempla como una de las funciones del INCORA (actualmente INCODER) la de recuperar tierras abandonadas de la reforma agraria con opción de readjudicación a nuevos productores o desplazados. En opinión de los demandantes, en cuanto la norma demandada no hace salvedades ni excepciones, podría terminar agravando la situación de personas desplazadas por la violencia que en tales circunstancias hubieren abandonado las tierras anteriormente adjudicadas, resultado que vulnera los derechos de acceso a la tierra y el trabajo de los campesinos desplazados por la violencia, y concretamente los artículos 13, 64 y 11 de la Constitución Política, así como varios tratados internacionales sobre los temas de derechos sociales, económicos y culturales, a cuyo cumplimiento se encuentra obligado el Estado colombiano. De otra parte, la Corte debe hacer notar en este punto que si bien los demandantes censuran también la expresión “de empresas pequeñas o medianas” contenida en el numeral 1° del artículo 28 acusado, se abstienen de desarrollar cargo alguno en relación con esta expresión. Frente a los problemas así enunciados se plantean las siguientes posiciones: Los intervinientes en representación del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, de la Comisión Colombiana de Juristas, así como el ciudadano Gustavo Gallón Giraldo, adhieren a las consideraciones y solicitudes de los demandantes, sin ahondar de manera particular en las razones que en su opinión justifican la declaratoria de inexequibilidad solicitada. Por su parte, los representantes del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Agricultura, de la Academia Colombiana de Jurisprudencia y del INCODER consideran que las normas demandas deben ser declaradas exequibles. Frente al primer problema sostienen que estos criterios son adecuados y que existen razones suficientes que justifican su inclusión, con miras a maximizar la utilidad de los recursos invertidos en estos programas. En relación con el segundo tema, afirman que la situación planteada por los actores no se desprende del texto de la norma sino que corresponde a una interpretación particular de aquéllos, insuficiente para justificar la solicitud de inexequibilidad de este precepto. El representante del Departamento Nacional de Planeación plantea también la necesidad de que, en razón de su falta de especificidad, la Corte se declare inhibida para pronunciarse con respecto a los cargos formulados frente a varias de las normas constitucionales que se invocan como infringidas. Por su parte, el Procurador General de la Nación pidió a la Corte declarar la exequibilidad de las normas demandadas en relación con ambos temas. Sin embargo, en relación con el primero de ellos, solicita también el Ministerio Público que previamente la Corte declare la unidad normativa existente entre los apartes de los artículos 24, 26 y 27 que fueron demandados y algunas otras expresiones no demandadas de las mismas normas, de tal modo que el juicio de constitucionalidad abarque también lo referente a la capacitación necesaria para que los campesinos colombianos puedan cumplir con los criterios cuya constitucionalidad se debate. A partir de estas consideraciones sobre los temas debatidos, y ante lo determinado sobre la ponencia que en este mismo asunto inicialmente presentó el Magistrado Jaime Araújo Rentería, la Corte precisará seguidamente si en realidad existen cargos de constitucionalidad, apropiadamente presentados, contra las expresiones demandadas que le permita proferir una decisión de fondo sobre la exequibilidad de las mismas. 3. La acusación de los actores y la aparente formulación de cargos de inconstitucionalidad. Inhibición de la Corte para fallar de fondo por ausencia de cargos. En este momento procesal, al examinar detenidamente las acusaciones planteadas, encuentra la Corte que los demandantes hacen una formulación apenas aparente de cargos de inexequibilidad. A este respecto vale la pena reiterar que la acción de inconstitucionalidad que se ejerce ante la Corte Constitucional se caracteriza por ser pública, es decir, bien puede ser ejercida por cualquier ciudadano desprovisto de intereses particulares o subjetivos, toda vez que la finalidad de esta acción no es otra que la defensa del orden jurídico objetivo. El trámite de esta acción fue regulado por el legislador extraordinario mediante el Decreto 2067 de 1991. En vista de dicho carácter público, y consciente de que en razón de ello el demandante bien podría no ser un profesional del derecho, la Corte ha sido reiterativa en considerar que no puede exigirse que la demanda contenga una argumentación erudita y profunda desde el punto de vista jurídico. Por esta razón, esta Corporación ha aplicado, siempre que ello resulta posible, el principio pro actione[1] para facilitar la interpretación de la demanda cuando ésta adolece de defectos formales, y en algunos casos incluso de contenido, con el fin de no frustrar el ejercicio efectivo del derecho político a que se refiere el numeral 6° del artículo 40 de la Carta Política, sino por el contrario, hacerlo asequible a todas las personas, decidiendo de fondo las objeciones de constitucionalidad planteadas por ellas. No obstante lo anterior, en desarrollo de lo previsto en el Decreto 2067 antes citado, la Corte Constitucional ha puesto de presente que cuando en ejercicio de la acción de inconstitucionalidad un ciudadano presenta una demanda ante ella, dicho escrito debe cumplir con una serie de requerimientos destinados a establecer, como mínimo, cuál es la norma superior que estima vulnerada, cuáles son los preceptos de inferior jerarquía que considera deben ser retirados del ordenamiento jurídico y, de manera especial, cuáles son las razones por las cuales la norma atacada resulta contraria a lo dispuesto en el ordenamiento superior. Con respecto a las exigencias que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, es oportuno recordar que la Corte, en numerosas oportunidades, ha explicado que estas exigencias hacen parte esencial del propósito que persigue la propia Carta, en el control constitucional de las leyes. En este sentido, ha señalado la Corte que el cumplimiento del requisito del artículo 2°, numeral 3° del Decreto 2067 de 1991, busca permitirle desarrollar su función en debida forma, pues delimita el campo en el cual hará el análisis de constitucionalidad correspondiente. No basta, entonces, proponer cualquier acusación para entender que el requisito en mención se ha cumplido. Por el contrario, es necesario que el cargo que se exponga sea claro, a efectos de que el precepto acusado sea susceptible de confrontación con los textos constitucionales que se consideran vulnerados. A este respecto cabe también reiterar los criterios establecidos en la sentencia C-1052 de 2001 (M. P. Manuel José Cepeda Espinosa), que reunió y sistematizó la jurisprudencia proferida por la Corte sobre el tema, ocasión en la que se señalaron los criterios mínimos que debe reunir una demanda de inconstitucionalidad, para que pueda ser decidida de fondo. Según se explicó en la mencionada sentencia, son indispensables el objeto demandado y el concepto de violación, debiendo este último estar soportado en razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Como se ha explicado, el primer problema jurídico planteado por los demandantes se refiere al hecho de que la mayoría de los campesinos colombianos estarían en incapacidad de cumplir con los criterios planteados por las normas acusadas. La Corte encuentra que esta acusación está mayoritariamente fundada en la interpretación particular que los actores hacen de las expresiones cuestionadas, entre ellas el carácter empresarial y los conceptos de competitividad y sostenibilidad. Así pues, estima la Corte que los cargos propuestos carecen de la necesaria certeza, especificidad y suficiencia, al punto de imposibilitar un pronunciamiento de inconstitucionalidad. En relación con la certeza como atributo de los cargos de inconstitucionalidad, dijo la sentencia arriba citada: “Que las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente ‘y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita’ e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden.” En torno a la especificidad, dijo la Corte en el mismo pronunciamiento: “Las razones son específicas si definen con claridad la manera como la disposición acusada desconoce o vulnera la Carta Política a través “de la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto contra la norma demandada”. El juicio de constitucionalidad se fundamenta en la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, resultando inadmisible que se deba resolver sobre su inexequibilidad a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales” que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan. Sin duda, esta omisión de concretar la acusación impide que se desarrolle la discusión propia del juicio de constitucionalidad.” Finalmente, allí mismo sostuvo la Corte en relación con la suficiencia de los cargos: “La suficiencia que se predica de las razones de la demanda de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche.” Por su parte, el segundo problema planteado consiste en que, en concepto de los ciudadanos demandantes, la parte demandada del artículo 28 tiene por efecto que personas desplazadas por la violencia de los actores armados pierdan las tierras que les hubieren sido adjudicadas, las cuales pasarían a ser objeto de nueva adjudicación. La Corte observa que no tiene por qué ser este el efecto de la norma, siendo evidente que tal consideración es meramente interpretativa, y no resulta de manera espontánea de la lectura de la norma, dentro del contexto en que ésta fue expedida. Así las cosas, también este cargo carece de certeza y especificidad en los términos arriba planteados, especialmente en lo que se refiere a la presunta vulneración del artículo 2° constitucional, o la afectación que la norma generaría frente a los derechos a la vida y la igualdad (arts. 11 y 13 ibídem). Por esta razón, como lo señaló uno de los intervinientes, el cargo formulado en relación con este aparte de la norma no puede ser estudiado por la Corte. De otra parte, recuerda la Corte, los actores se abstuvieron de formular cargos de inconstitucionalidad en contra de la expresión “de empresas pequeñas o medianas” contenida en el numeral 1° del artículo 28 acusado. De lo anterior se concluye entonces que la demanda es inepta para, a partir de ella, adelantar el estudio de constitucionalidad que corresponde efectuar a la Corte, razón por la cual ésta se declarará inhibida de decidir al respecto. VII. DECISION En mérito de lo expuesto, la Sala Plena de la Corte Constitucional, administrando justicia en nombre del pueblo y por mandato de la Constitución, R E S U E L V E INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los apartes de la Ley 812 de 2003 contra los que si dirigió esta demanda, esto es: La expresión “en sistemas de producción de carácter empresarial” y “competitividad” del primer inciso del artículo 24; la expresión “competitividad” contenida en el primer inciso del artículo 26; la expresión “siempre que acrediten haber establecido en ellas empresas agropecuarias competitivas y sostenibles” contenida en el primer inciso del artículo 27, y la expresión “de empresas pequeñas o medianas” contenida en el numeral 1° del artículo 28 y la totalidad del numeral 2° del mismo artículo 28. Notifíquese, comuníquese, insértese en la Gaceta de la Corte Constitucional, cúmplase y archívese el expediente. JAIME CORDOBA TRIVIÑO Presidente NO FIRMA JAIME ARAUJO RENTERIA Magistrado CON SALVAMENTO DE VOTO MANUEL JOSE CEPEDA ESPINOSA Magistrado RODRIGO ESCOBAR GIL Magistrado MARCO GERARDO MONROY CABRA Magistrado NILSON PINILLA PINILLA Magistrado HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO Magistrado CON SALVAMENTO DE VOTO ALVARO TAFUR GALVIS Magistrado CON SALVAMENTO DE VOTO CLARA INES VARGAS HERNANDEZ Magistrada MARTHA VICTORIA SACHICA DE MONCALEANO Secretaria General SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO ÁLVARO TAFUR GALVIS A LA SENTENCIA C-776 DE 2006 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia porque demanda sí cumplía con requisitos para un pronunciamiento de fondo (Salvamento de voto) Referencia: expediente D-6228 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 24 (parcial), 26 (parcial), 27 (parcial) y 28 (parcial) de la Ley 812 de 2003. Magistrado Ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLA Con el debido comedimiento reitero las razones expresadas en la Sala correspondiente que me llevan a separarme de la decisión mayoritariamente adoptada. En efecto la Corte resolvió INHIBIRSE de emitir pronunciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de los apartes de la Ley 812 de 2003, contra los que se dirigió la demanda, por encontrar que no se habían satisfecho los requisitos que desde la sentencia C-1052 de 2001 y en desarrollo de la ley ha venido exigiendo la Corte Constitucional. En el presente caso sin embargo, considero, que tales requisitos sí concurrían y por tanto la Corte ha debido pronunciarse sobre el fondo de la demanda presentada. Efectivamente se enuncian las disposiciones legales que se consideran violatorias de la Constitución, se señalan las normas constitucionales que se estiman transgredidas y se enuncia y desarrolla un concepto de violación que cabe predicar directamente de las disposiciones acusadas y que bien pueden basarse en las reglas constitucionales. Así las cosas, no se trataba simplemente de argumentos tan sólo de carácter político, sociológico y económico, sino, a mi modo de ver, de reales cargos de inconstitucionalidad. Si bien es cierto que dichos cargos cumplían apenas el mínimo exigido, sí permitían el desarrollo del examen propio del control de constitucionalidad, independientemente de cuál fuese el resultado del análisis que se realiza. Baste citar como elementos de comprobación de lo dicho, el resumen que la propia sentencia hace de los argumentos formulados en la demanda: “Sostienen que las normas demandadas desconocen los principios del Estado Social de Derecho establecidos en el artículo 2° superior, como son el servicio a la comunidad, la prosperidad general y la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; violan el derecho a la igualdad de los trabajadores agrarios consignado en el artículo 13, y desconocen la protección especial que el Estado debe garantizar a los campesinos para lograr el acceso progresivo a la propiedad de la tierra en virtud del artículo 64; además, en razón de la violación del derecho a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, dichas normas afectan derechos fundamentales que se encuentran estrechamente ligados a la tierra, como el derecho a una vida digna.” Fecha ut supra ÁLVARO TAFUR GALVIS Magistrado SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JAIME ARAUJO RENTERIA A LA SENTENCIA C-776 DE 2006 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia porque demanda sí cumplía con requisitos para un pronunciamiento de fondo (Salvamento de voto) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-No es el instrumento idóneo para modificar todas las leyes (Salvamento de voto) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Partes (Salvamento de voto) CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR UNIDAD DE MATERIA EN LEY DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Carácter más estricto (Salvamento de voto) SUBSIDIO INTEGRAL EN SECTOR AGRARIO-Condiciones para otorgamiento (Salvamento de voto) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-No puede crear nuevas disposiciones que no sean instrumentos para la ejecución de programas de inversión (Salvamento de voto) Con base en el contenido indicado se puede establecer que las disposiciones demandadas no prevén programas de inversión, por lo cual, de acuerdo con lo anotado antes, no tienen prelación sobre ninguna ley, teniendo en cuenta que sólo si contuvieran dichos programas de inversión tendrían prelación, aunque únicamente sobre las leyes que contemplen inversiones y sobre las leyes anuales de presupuesto. Por tanto, las normas impugnadas no pueden modificar ninguna ley. En el mismo orden de ideas, las normas acusadas no pueden crear nuevas disposiciones que no sean claramente instrumentos o medios para la ejecución de los programas de inversión comprendidos en la Ley del Plan. Referencia: expediente D-6228 Magistrado Ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLA Con el respeto acostumbrado por las decisiones de la Corte, me permito salvar mi voto en relación con la Sentencia C-776 de 2006, por considerar, por una parte, que la Sala debió adoptar decisión de fondo, al reunir los cargos los requisitos señalados en el Art. 2º del Decreto 2067 de 1991 y en la jurisprudencia de esta corporación, y, |por otra parte, que debió declarar inexequibles las expresiones demandadas, esto último con base en las siguientes razones: 1. La demanda plantea un debate entre modelos de desarrollo en el sector agropecuario frente a la Constitución, derivado de las normas acusadas, en las cuales se pone el acento en el principio de competitividad empresarial, relacionado con la distribución de la propiedad de la tierra. Se trata de la confrontación entre el modelo norteamericano, que privilegia la competitividad y la agroindustria, independientemente de quién sea el propietario de la tierra, y lo que en su momento se concibió en el país como reforma agraria (Ley 135 de 1961), en la cual la meta es darle tierra al campesino para que permanezca en ella, no tenga que emigrar a la ciudad y evitar en la medida de lo posible mayores conflictos sociales, sin importar cuánto se produzca, mientras sea lo suficiente para la subsistencia. Se observa que los demandantes tienen razón en cuanto, como consecuencia del abandono de sus tierras, los campesinos han sido despojados de ellas, como se ha denunciado en forma permanente en las diversas regiones del país. 2. De conformidad con lo contemplado en el Art. 339 de la Constitución Nacional, habrá un Plan Nacional de Desarrollo conformado por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalarán los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones públicas contendrá los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Por su parte, el Art. 341, inciso 3º, ibidem dispone que El Plan Nacional de Inversiones se expedirá mediante una ley que tendrá prelación sobre las demás leyes; en consecuencia, sus mandatos constituirán mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores; con todo, en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la Ley del Plan. Con base en estas disposiciones se puede determinar que la Ley del Plan no puede modificar todas las leyes, ni crear normas que no sean claramente instrumentos o medios para la ejecución de los programas de inversión previstos en ella. En este sentido debe tenerse en cuenta que el Plan de Desarrollo es sólo un plan de Gobierno, llamado a regir durante los cuatro (4) años del gobierno respectivo. Así mismo, la prelación de que trata el Art. 341, inciso 3º, superior se refiere en forma expresa y exclusiva al Plan Nacional de Inversiones, por lo cual, con un criterio lógico, su “prelación sobre las demás leyes” es aplicable exclusivamente a las que prevean inversiones y a las leyes anuales de presupuesto, y no a cualquier ley. Además, dicho principio de prelación es flexible, y no rígido, ya que la misma disposición superior permite que en las leyes anuales de presupuesto se podrán aumentar o disminuir las partidas y recursos aprobados en la Ley del Plan. 3. Por otra parte, esta corporación ha señalado que aunque por regla general el principio de unidad de materia consagrado en los Arts. 158 y 169 de la Constitución es flexible, para preservar el principio democrático, en relación con la Ley del Plan es estricto, por causa de las particularidades y el contenido constitucional propio de dicha ley, y que, para no vulnerar ese principio de unidad, las disposiciones instrumentales de aquella ley deben guardar una relación de conexidad directa e inmediata con los objetivos y programas del Plan Nacional de Desarrollo. Al respecto ha dicho: “4- De manera reiterada, la Corte ha precisado que la regla de unidad de materia se aplica en forma flexible, a fin de no afectar el principio democrático[2]. Sin embargo, esta Corporación ha también señalado que en el caso de la ley del plan, eso no sucede, debido a las particularidades y al contenido constitucional propio de dicha ley[3]. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 339 de la Carta, en concordancia con la Ley orgánica del plan general de desarrollo (Ley 152 de 1994), la ley que contiene el Plan Nacional de Desarrollo tiene unas características y un contenido específicos. Dicha ley presenta una parte general, que señala los objetivos y propósitos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social y ambiental que serán adoptadas por el gobierno; y un plan de inversiones publicas, que debe contener los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión publica nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución. Además, esa ley tiene prelación sobre las demás leyes y sus mandatos constituyen mecanismos idóneos para su ejecución y suplirán los existentes sin necesidad de la expedición de leyes posteriores (CP art. 341). Finalmente, si el Congreso no aprueba el Plan Nacional de Inversiones Públicas en un término de tres meses después de presentado, el gobierno podrá ponerlo en vigencia mediante decreto con fuerza de ley (CP art. 341). 5- Estas disposiciones muestran que la ley del plan tiene características especiales y un contenido constitucional propio. En cierta medida, dicha ley es multitemática, pues permite la incorporación de diversos objetivos y propósitos de desarrollo. Por ende, si el criterio flexible de unidad de materia se aplicara a dicha ley, entonces ella podría incluir contenidos muy disímiles, lo cual afecta la coherencia, racionalidad y transparencia de la actividad legislativa que la Constitución persigue al consagrar el principio de unidad de materia (CP art. 158). En efecto, según ha señalado esta Corte, este principio pretende no sólo que los debates legislativos sean ordenados y transparentes, en la medida en que evita que los congresistas sean sorprendidos con la introducción de temas que carecen de relación con el asunto globalmente debatido, sino que además asegura que el cuerpo de leyes aprobadas tenga una mínima lógica y coherencia, que facilite su consulta por la ciudadanía, puesto que cada ley estará referida exclusivamente a un tema, que deberá corresponder a su título (CP arts 158 y 169). El principio de unidad de materia juega entonces un papel importante en la racionalización y transparencia del debate legislativo, así como en la coherencia interna de su producto: las leyes[4]. 6- Conforme a lo anterior, la Corte ha concluido que el principio de unidad de materia es más riguroso en la ley del plan y que por ende el control constitucional de un cargo por violación de este principio en esta ley es más estricto que el contemplado para las demás leyes, por cuanto la ley del plan no puede ser utilizada sino para sus propósitos constitucionales específicos, y no para llenar los vacíos e inconsistencias que presenten leyes anteriores. Por ello esta Corporación ha señalado que para no violar la regla de unidad de materia, las disposiciones instrumentales deben guardar una relación o conexión directa con los objetivos y programas del Plan Nacional de Desarrollo. Y es que si no fuera así, bastaría que esa ley enunciara genéricamente un objetivo general, como puede ser incrementar la eficiencia del sistema judicial, para que dicha ley pudiera alterar todo el estatuto penal y todas las regulaciones procesales, con el argumento de que el plan pretende incrementar la eficiencia judicial. Así, la reciente sentencia C-305 de 2004, MP Marco Gerardo Monroy Cabra, señaló en su fundamento 14 al respecto: “En tal virtud, los instrumentos ideados por el legislador deben tener una relación de conexidad teleológica directa (es decir, de medio a fin) con los planes o metas contenidos en la parte general del plan. De tal manera que si ellos no se vinculan directa e inmediatamente con las metas propuestas debe entenderse que, por falta de coherencia, no cumplen con el principio de unidad de materia. Precisando lo anterior puede decirse que algunas de las normas contenidas en el Plan de Desarrollo definen, por su contenido, la orientación misma de la política económica, social y ambiental que deberá presidir la función pública durante un período presidencial determinado. Tales son, por ejemplo, las que describen los principales programas de inversión. Otras, de contenido instrumental, deben señalar las estrategias presupuestales o normativas para realizar tales programas. Si estas últimas no pueden ser referidas a las primeras, es decir carecen de aptitud sustancial directa e inmediata para realizar los planes y programas y las metas generales, resultan ajenas a la materia o asunto de que trata la ley. Y si la disposición no recoge ningún instrumento de realización de políticas, igualmente debe ser considerada extraña a la materia de una ley cuatrienal de planeación. (….) No obstante, en lo referente al principio de unidad de materia en la Ley del Plan de Desarrollo la Corporación estima que la conexidad debe ser directa e inmediata. Es decir, sí, si bien el Plan Nacional de Desarrollo es una ley heterogénea, en la medida en que se ocupa de diversas materias (políticas macroeconómicas, sociales, culturales...