Sentencia C-761 de 2009

C-761-09 Sentencia C-761/09 Sentencia C-761/09 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Inescindible unidad que impone demanda conjunta de disposiciones CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Consideración de disposiciones en conjunto como presupuesto indispensable ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Naturaleza/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, de carácter público, destinada a provocar que la Corte constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, produzca una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo. La demanda debe incluir, conforme a lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, todas las normas que deberían ser acusadas para que el fallo no sea inocuo, además de reunir los requisitos previstos en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, que dispone las exigencias básicas de la demanda, que no son otras que la definición del objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. INTEGRACION DE LA UNIDAD NORMATIVA-Significados La integración normativa posee tres significados, a saber: a) Es la realización de un deber de quien participa en el debate democrático, a través de la acción de inconstitucionalidad de que trata el art. 241 CP, consistente en la identificación completa del objeto demandado, que incluye todos los elementos que hacen parte de una unidad indisoluble creada por el Derecho. b) Es un mecanismo que hace más efectivo el control ciudadano a las decisiones del legislador. c) Y es, finalmente, una garantía que opera a favor de la coherencia del orden jurídico, pues su conformación determina que el poder del juez constitucional para resolver un asunto en sus problemas jurídicos sustanciales, pueda efectuarse sobre todos los elementos que estructuran una determinada construcción jurídica. INTEGRACION DE LA UNIDAD NORMATIVA-Eventos en que procede UNIDAD NORMATIVA-No integración Si bien el actor reclama la inexequibilidad del artículo 7º de la ley 84 de 1989, al formular dicha solicitud lo que en definitiva se propone es que desde el ordenamiento se prohíban y por tanto sancionen, por presumirse actos crueles, prácticas con animales directamente relacionadas con el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas y riñas de gallos; sin embargo, la Corte observa que algunas de estas actividades han sido contempladas en otros estatutos jurídicos, con los cuales no sólo se autorizan como actividades privadas, sino que también se instituyen como bienes de interés cultural o semejantes, que por tanto envuelven actividades públicas, de modo que un pronunciamiento sobre el precepto acusado, sin considerar las previsiones normativas contempladas en aquellas disposiciones, tendría como resultado o bien una decisión inocua o bien un pronunciamiento con el cual se causa una ruptura de la coherencia propia del sistema jurídico, por lo se hacía ostensible en el presente asunto la figura de la unidad normativa, que al no haberse integrado, siendo deber del demandante integrarla y no del juez constitucional, es necesario declararse inhibida para resolver de fondo. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos Referencia: expediente D-7683 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”. Actor: Óscar Andrés Acosta Ramos Magistrado Ponente: Dr. JUAN CARLOS HENAO PEREZ Bogotá D. C., veintinueve (29) de octubre de dos mil nueve (2009). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA[1] I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad el ciudadano Óscar Andrés Acosta Ramos presentó demanda contra el artículo 7º de la Ley 84 de 1989, “por la cual se adopta el estatuto nacional de protección de los animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia”. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, previo concepto del Procurador General de la Nación, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. II. TEXTO DE LA NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de la norma demandada: “LEY 84 DE 1989 (Diciembre 27) Por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección de los Animales y se crean unas contravenciones y se regula lo referente a su procedimiento y competencia. EL CONGRESO DE COLOMBIA, (…) Artículo 7. Quedan exceptuados de lo expuesto en el inciso 1o. y en los literales a), d), e), f) y g) del artículo anterior, el rejoneo, coleo, las corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas y tientas, así como las riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos”. III. LA DEMANDA Para el demandante, el precepto atacado vulnera lo establecido en los artículos 16, 22, 79 y 95-1 de la Constitución Política. En cuanto al artículo 16 superior, explica el actor que el libre desarrollo de la personalidad tiene dos límites: los derechos de los demás y el ordenamiento jurídico. En su criterio, todo espectáculo que impone sanguinariamente la supremacía humana sobre la animal de manera cruel, despiadada y cobarde, por simple diversión, no hace más que avergonzar de su condición humana a las demás personas que no comparten ni asisten a este tipo de espectáculos, que además deben soportar que una minoría torture hasta la muerte a animales indefensos mediante el atravesamiento de espadas. Añade el demandante: “… el asesinato morboso de estos animales es un acto que ofende la naturaleza de cualquier ser humano decente y consciente de que el dolor también lo padecen los animales. Los actos de tortura y muerte del toro y demás animales descritos en la excepción, como actividad que para unos constituye libre desarrollo de la personalidad, choca y traspasa los límites del derecho de los demás a un ambiente sano, sin violencia, ni apología de ella contra los animales”. (Folio 2 de la demanda). Considera el actor que la norma demandada incluye excepciones inexplicables que ofenden el sentido común y que responden a argumentos fútiles que pretenden disfrazar de espectáculo cultural y sano a un acto censurable que promueve el derramamiento de sangre, la crueldad, la tortura y la muerte. Propone el accionante prohibir el acto final de muerte al toro mediante la espada, así como el clavamiento en carne viva de banderillas y la picada que hace un hombre desde un caballo con toda la saña e inconsciencia. En relación con el artículo 22 de la Carta Política, considera el actor que la tortura y la muerte con sevicia de animales constituye una afrenta al derecho a la paz. En su criterio, celebrar el suplicio físico y la muerte por diversión de animales indefensos ante el poder humano, es una crueldad indescriptible. Añade que la excepción prevista en la norma demandada corresponde a una cruel burla mediante la cual se premia y promociona la tortura, la muerte y la sed de sangre de animales que en nada dañan al hombre. En relación con el artículo 79 de la Carta Política, el demandante explica que el ambiente además de comprender el entorno ambiental abarca lo social y cultural; así entendido, corresponde a las circunstancias que rodean a todos los ciudadanos dentro de las cuales se garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectar el ambiente natural. En este orden, añade el actor, las corridas de toros como espectáculo cultural atentan contra el ambiente social debido al maltrato y muerte de un animal de manera sanguinaria, por simple diversión, siendo ello apología de la violencia, celebrada y aplaudida por un público que no representa ni constituye la mayoría de los ciudadanos. Explica que quienes no asisten a estos eventos no pueden gozar de un ambiente sano por cuanto en su misma ciudad y país, conocen que en determinados lugares está permitida la apología de la violencia contra seres inconscientes sentenciados a una cruel tortura y muerte para la diversión morbosa de una minoría. En concepto del demandante, en el espectáculo taurino se tortura y se mata a seres sensibles al dolor, sólo para que unas personas se diviertan mientras se atraviesa con un metal agudo las viseras de un animal vivo deliberadamente exhausto e indefenso, mientras quien lo sacrifica se siente orgulloso de un acto cobarde por el cual es aplaudido y llevado en hombros. Agrega: “Muchas veces el animal se demora en morir y estos individuos, más para salvar su honor, que por evitar la agonía del animal, le clavan un cuchillo en la nuca o `descabello´ que a su vez, puede no resultar, multiplicando hasta el infinito el indecible dolor de estos animales. Todo esto sin contar con la tortura previa clavándoles banderillas, o `picándolos por un hombre montado en un caballo quien, como si tuviera un rencor personal contra el animal, busca abrirle la piel con una lanza con punta metálica con un frenesí que lo hace ver ridículo”. (Folio 5 de la demanda). En cuanto al artículo 95 de la Carta Política, explica el actor que al interior de las plazas de toros se presentan las mayores crueldades, barbaridades y atrocidades contra los animales por parte de personas que no son conscientes de que los animales también sienten dolor como los seres humanos. El demandante narra que el toro es artificialmente provocado para causar su agresividad, mediante instrumentos punzantes que le son clavados en carne viva de manera repetida y sistemática, picadas en su lomo descubierto que le provocan derramamiento de sangre, dolor, excitación y cansancio para llevarlo al final a ser atravesado por una espada larga que desgarra sus órganos internos provocando convulsiones y dolor mientras varios hombres lo persiguen para que caiga mas rápido, mientras el movimiento de la espada desgarra mas sus órganos internos. En criterio del actor, quienes realizan estas conductas abusan de sus derechos y atentan contra un entorno natural sano que comprende el equilibrio armónico entre los recursos naturales vivos y no vivos. El demandante recuerda que para la legislación civil los animales son cosas de propiedad del humano, como ocurre con los muebles o los vehículos, pero, según él, un animal como ser vivo, con sentidos (visión, olfato, nervios, sensibilidad al dolor y susceptibilidad a la enfermedad), comporta una naturaleza diferente de los objetos no vivos que debe ser tenida en cuenta. Concluye que quienes participan de las corridas de toros no respetan los derechos ajenos, atentan contra la dignidad humana, no contribuyen con el adecuado y sano desarrollo cultural, atentan contra los derechos de los animales y el derecho a la paz, entendido como un deber de obligatorio cumplimiento que impone evitar la apología de la violencia. IV. INTERVENCIONES 1. La Comisión Colombiana de Juristas La Comisión Colombiana de Juristas presentó excusas, por cuanto los compromisos asumidos previamente le impidieron presentar su concepto en el presente caso. (folio 67 del expediente). 2. Unión de toreros de Colombia –UNDETOC- El representante de UNDETOC solicita a la Corte que se declare inhibida para decidir, por considerar que la norma demandada fue derogada por el artículo 86 de la Ley 916 de 2004, mediante la cual se estableció el reglamento nacional taurino. Esta entidad considera que la Corte no debe fallar de fondo en cuanto a los espectáculos taurinos, entre ellos el rejoneo, las corridas de toros, novilladas y becerradas, por cuanto tales actividades están reguladas mediante el artículo 13 de la ley 916 de 2004, que establece: “ARTÍCULO 13. CLASES DE ESPECTÁCULOS TAURINOS. Para los efectos de este reglamento los espectáculos y festejos taurinos se clasifican en: A. Corridas de toros, Son en las que, por matadores de toros profesionales, se lidiarán toros entre cuatro y siete años en la forma y con los requisitos exigidos en este reglamento. B. Novilladas con picadores. Son en las que por matadores de novillos toros (novilleros) profesionales, se lidian novillos de edades de tres a cuatro años en la misma forma exigida de las corridas de toros. C. Novilladas sin picadores. Son en las que por aspirantes o novilleros se lidian reses de edad entre dos y tres años sin la suerte de varas. D. Rejoneo. Es en el que por rejoneadores la lidia de toros o novillos se efectúa a caballo en la forma prevista en este reglamento. E. Becerradas. Son en las que, por profesionales del toreo o simples aficionados, se lidian machos o vaquillas de edad inferior a dos años bajo la responsabilidad, en todo caso, de un matador de toros profesional o de un banderillero como director de lidia. F. Festivales. Son en los que se lidian reses (toros, novillos o erales) despuntadas, utilizando los llamados trajes cortos. G. Toreo cómico. Son en el que se lidian reses de modo bufo o cómico en los términos previstos en este reglamento. H. Espectáculos mixtos. Son los que tienen una parte taurina y otra musical, cultural, deportiva, etc., donde debe ir en primer lugar la parte taurina, la que se ajustará a las normas que rijan la lidia de reses d e idéntica edad en otros espectáculos.” Para el interviniente, los apartes resaltados con negrillas hacen parte de la norma demandada pero fueron expresamente derogados en virtud de lo dispuesto por el artículo 86 de la ley 916 de 2004, según el cual “la presente Ley deroga todas las disposiciones sobre la materia se hayan expedido a nivel municipal, departamental y nacional (reglamentos, acuerdos, ordenanzas y leyes anteriores). En suma, para UNDETOC quienes han decidido escoger como profesión u oficio ser matadores de toros y novillos, merecen la misma protección que tienen los demás trabajadores colombianos, por tratarse de un medio de subsistencia, siendo una vocación que implica el más íntimo respeto y consideración por el animal y correspondiendo a la expresión artística como manifestación real de la libertad humana. 3. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de derecho, ciencias políticas y sociales. Coordinación general de postgrados. El interviniente comienza explicando el contexto de la tauromaquia. Para este propósito recuerda como desde la edad de bronce los animales han sido utilizados para la diversión, siendo en la España del siglo XII donde aparece esta clase de festejo y en el siglo XV se expande a otros países de Europa, debido al interés que despertaba en la realeza. Añade que esta actividad se expandió durante el siglo XVIII desde España hacia Colombia, México y Perú. Para la Universidad Nacional, el Estatuto Nacional de Protección de los Animales, establece un sistema de sanciones y restricciones respecto de la relación del hombre con las especies animales, señalando cinco objetivos principales: 1. Prevenir y tratar el sufrimiento de los animales; 2. Promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad y condiciones apropiadas de existencia; 3. Erradicar y sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales; 4. Desarrollar programas educativos a través de medios de comunicación del Estado y de los establecimientos de educación oficiales y privados que promuevan el respeto y el cuidado de los animales; y 5. Desarrollar medidas efectivas para la preservación de la fauna silvestre. A continuación el interviniente se libra a analizar la vigencia de la norma demandada a partir de varias sentencias de la Corte Constitucional vinculadas con el tema de la tauromaquia, entre ellas las sentencias C-1192 de 2005, C-115 de 2006 y C-367 de 2006, concluyendo que no existe una cosa juzgada constitucional formal ni material, por cuanto las sentencias mencionadas versaron sobre la actividad taurina, mientras la norma atacada en el presente caso está relacionada con otras actividades de espectáculos con animales. En cuanto al trato cruel para con los animales, la Universidad Nacional considera que el sufrimiento es padecido por muchos animales que cuentan con sistemas nerviosos similares a los del ser humano, animales que tienen sensaciones corporales agradables o desagradables. Eximir a los animales de la capacidad de sentir dolor carece de arraigo científico; al parecer la teoría contraria ha sido construida a partir del debate relacionado con la existencia de alma en los animales, debate que debe ser deslindado de la discusión biológica por tratarse de una discusión filosófica. La raza humana, siendo la especie mas evolucionada, ha elaborado tesis a partir de la existencia de una parte etérea del ser, tesis que carecen de relevancia ante las reacciones mostradas por los seres vivos frente a actos violentos sobre su cuerpo. Para el interviniente, a partir de análisis científicos y dentro de las lógicas educativas es pertinente declarar el dolor como una característica de todo ser viviente, razón por la cual las normas colombianas que establecen límites a la violencia deben impedir el maltrato de todo ser que se vea instado a sufrir dolor. En cuanto a los derechos culturales, considera la Universidad que la recreación y el deporte, conexos con el carácter pluralista del Estado Social de Derecho, implican libertad de configuración normativa por parte del legislador, pero con límites a favor de la protección de los animales. La propia Carta Política impide al legislador ir más allá de determinados hitos jurídicos, entre ellos, reconocer que un acto cruel tenga por fundamento la tradición o el carácter histórico en una cultura determinada, pues incluso las tradiciones más milenarias pueden lesionar los derechos constitucionales fundamentales. Agrega el centro académico, que en una sociedad democrática contemporánea, basada en el respeto a los derechos fundamentales, no se puede pretender desconocerlos a partir de argumentos tales como la tradición histórica. Según la Universidad “… se han abolido costumbres milenarias como la misma esclavitud o en términos más cercanos, la Constitución Política Alemana, establece la protección de los animales como objetivo de Estado. “Bajo esta óptica es completamente dable modificar un aspecto cultural centenario pero que en el contexto específico de una sociedad democrática contemporánea es vulnerador de los mismos derechos culturales. Hoy los grandes movimientos mundiales y nacionales con amplio respaldo en diversos sectores de la sociedad, reclaman un cambio de paradigma en la forma como se entiende la relación de la raza humana con los animales, aspecto que relativiza la tauromaquia como forma de recreación unánime de la sociedad colombiana.” Ante el argumento según el cual el pluralismo justifica la tauromaquia, el interviniente responde que este principio debe ser entendido bajo una óptica de integralidad e interdependencia de los derechos humanos, desde la cual no se puede interpretar los derechos culturales como una rueda suelta del engranaje constitucional, pues la cultura es un factor de generación de identidad, factor que en el presente caso antes de crear unidad genera divisiones y discrepancias sociales. Frente al argumento de que la tauromaquia sirve como elemento de educación, el interviniente responde que si bien la educación es un derecho individual el mismo tiene una función social determinante en la generación de valores, entre ellos los correspondientes a la recreación, pero todo dentro del propósito del mejoramiento cultural y la protección del ambiente. Siendo la educación responsabilidad del Estado y la sociedad, es deber de la sociedad evitar la proliferación de valores que lejos de promover un mejoramiento cultural, incitan a la violencia, al trato cruel y la tortura contra los animales. En cuanto al derecho al ambiente sano, considera la Universidad Nacional que la norma demandada pugna con el respeto debido al ambiente, pues el único soporte que tienen las actividades mencionadas en el artículo 7º atacado es la tradición histórica, al paso que el derecho al ambiente sano es actualmente un derecho de jerarquía constitucional con estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Añade el concepto: “Herir un animal, o matarlo en el caso del toreo, no se puede interpretar como el simple impacto a un ejemplar de una raza, sino que estas actividades implican un impacto a toda la naturaleza en su conjunto, al tratarse de actividades sistemáticas y, más que eso, permitidas por el Estado, papel en el cual la Corte debería pronunciarse en términos de inconstitucionalidad”. Para la Universidad Nacional, el derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho limitado por las necesidades colectivas; por tanto, los derechos humanos y culturales, como componente transversal del derecho al ambiente sano, son límite para el ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Concluye el interviniente señalando que la norma demandada tolera e incita al desconocimiento de los límites constitucionales, generando una apología a valores que se basan en la violencia, en el irrespeto hacia la naturaleza y el daño al ambiente a partir de supuestos valores culturales, por lo cual el mencionado centro académico solicita a la Corte declarar inconstitucional el artículo 7º de la ley 84 de 1989. 4. Ministerio de la protección social Para la representante de este Ministerio, la norma demandada se aviene a lo establecido en la Carta Política, por cuanto la jurisprudencia ha avalado los espectáculos públicos que se llevan a cabo con animales, aduciendo que las corridas de toros son expresiones artísticas que incluso pueden ser consideradas como patrimonio cultural intangible o elevarse a la categoría de derechos fundamentales de tercera generación. Considera el Ministerio de la Protección Social que las corridas de toros, el coleo, las novilladas, becerradas y tientas, como “las corridas de gallos” (sic.), son actividades o expresiones culturales permitidas desde hace varios años, “… es decir se aplica la costumbre y posteriormente fue que el legislador expidió normatividad para reglamentar tales actividades entretanto y a la fecha no ha decidido limitarlas ni prohibirlas, exactamente porque las considera como un patrimonio intangible cultural y regional de nuestro país y como tal el Estado se encuentra en la obligación de defender la expresión artística porque constituye parte de la identidad Nacional”. (Folio 89 del expediente). 5. Gobernación del Meta El vocero de la Gobernación considera que la demanda carece de fundamentación para el caso llanero, por cuanto la norma atacada no alude al coleo, considerado deporte regional. Agrega que al no presentarse cargos contra este deporte, la demanda no cumple con los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. Para el interviniente, pretender un trato igual para todos los animales es una errada interpretación entre lo animal y lo humano y lo racional y lo irracional. Explica el representante de la Gobernación: “Es una lógica natural que los ANIMALES no son iguales a los HUMANOS, Al punto que desde la creación de los cielos y la tierra, la Biblia, el más grande libro de la Historia y de los tiempos, consagra en el Génesis que DIOS hizo los animales de la tierra según su género y especie y ordenó al HOMBRE, creado a su imagen y semejanza, que podía sojuzgar y señorear “en todas las bestias que (sic.) muevan sobre la tierra”. (Ob Cit. Génesis 1-28). De manera que si no existe IGUALDAD entre los seres vivientes de la tierra, ella implica criterios de DIFERENCIACIÓN que no sólo es física entre SERES HUMANOS Y ANIMALES, sino también ante la CONSTITUCIÓN y la LEY; lo que nos permite predicar que LA IGUALDAD IMPLICA SIEMPRE CRITERIOS DE DIFERENCIACION. Tan elementales como por ejemplo que el SER HUMANO se diferencia de los demás ANIMALES. De ahí que la IGUALDAD alude a un concepto RACIONAL y no a una CUALIDAD. Por eso el derecho es a la vez factor de DIFERENCIACION y de IGUALACIÓN, pudiendo concluirse que la Ley de leyes en su art. 13 no prescribe siempre un trato igual para todos los sujetos del derecho. Circunstancia que, precisamente da origen constitucional y licitud a las EXCEPCIONES que consagra el artículo 7 de la Ley 84 de 1989, cuando establece que por ejemplo, para el COLEO, no aplica la prohibición contravencional reseñada en el artículo 6 ejusdem” (Folios 114 y 115 del expediente). Acerca del trato que se da al animal durante el deporte regional, el interviniente sostiene que el coleo es un refrigerio ante las duras faenas de vaquería, que permite someter la bestia al hombre cuando se alza y aparta de la manada y se le obliga después de una coleada a retornar al rebaño. Agrega que se trata de una ancestral y admirable costumbre que se practica bajo reglas técnicas, sobre pistas especiales, con tendidos y corrales de seguridad. En su concepto: “… algún riesgo tendrá que correr el cornúpeto cuando ruede por el suelo tras el mítico jalón del coleador! Acaso no corre riesgo también el hombre que trabaja tras una máquina en una fábrica?”. (Ibídem). Concluye el interviniente solicitando a la Corte que declare exequible la norma demanda, pues la misma no contraviene lo establecido en los artículos 16, 22, 79 y 95-1 de la Carta Política. 6. Corporación taurina de Bogotá Después de transcribir apartes de un texto titulado “Iniciación a la fiesta de los toros”, el representante de la Corporación explica que las corridas de toros han acompañado el devenir histórico de nuestro país, razón por la cual han sido reglamentadas por el legislador. En su concepto, la demanda pretende imponer el criterio de unos colombianos sobre el de otros a quienes les gusta la fiesta brava, en la cual pueden participar como espectadores quienes libremente lo deseen. En relación con el derecho a la paz, sostiene que nada tiene que ver un festejo taurino con la violencia que durante años ha afectado a la población colombiana. 7. Academia colombiana de jurisprudencia El representante de la Academia colombiana de jurisprudencia pide a la Corte Constitucional que se inhiba de fallar, pues considera que la demanda se limita a señalar que las corridas de toros son un acto bárbaro, sin aportar mayores argumentos. Agrega que por lo menos tres sentencias de la Corte y una del Consejo de Estado se han referido a la tauromaquia, expresando que la fiesta brava no riñe con los derechos al libre desarrollo de la personalidad ni con la dignidad humana. Sin embargo, reitera que en el presente caso no hay cargos de inconstitucionalidad, razón por la cual no puede emitir fallo de fondo. 8. Asociación colombiana de cronistas taurinos -Crotaurinos-. En defensa de la norma acusada el interviniente explica que a las corridas de toros no es obligación asistir, es libre la determinación de quien asiste; añade que éstas personas ocasionalmente deben soportar a los enemigos de la fiesta que se apostan cerca de la plaza para denostar y ofender violentamente a quienes concurren al festejo. En relación con el derecho a la paz, considera el representante de Crotaurinos que la violencia la inician y la incitan personas distintas a los aficionados a la fiesta brava, personas que pregonan no ser aficionados y exhiben carteles amenazantes. En cuanto al ambiente sano el vocero de la Asociación señala que los aficionados no atentan contra este derecho, pues son otros los que utilizan un lenguaje procaz y demeritan el ambiente sano. Concluye el interviniente exponiendo razones que justifican la exequibilidad de la norma acusada, pues, en su criterio ella no implica abuso de los derechos propios, como tampoco atentado contra los derechos de los niños. 9. Federación de entidades defensoras de animales y del ambiente de Colombia Luego de explicar los argumentos presentados por el demandante, la Federación expone como en los últimos tiempos ha surgido en el ámbito mundial la necesidad de crear una legislación que propenda por la protección animal, entendida como “el conjunto de medidas que protegen la vida y bienestar de los animales contra las agresiones y amenazas por parte de las personas, que desde siempre han vivido en comunidad y en conflicto con aquellos”. Acerca de la tauromaquia considera el interviniente que tanto padres como madres de familia, empresarios taurinos, medios de comunicación y autoridades públicas, permiten actividades que atentan contra los derechos de la niñez, tratando de perpetuar una actividad que afecta negativamente a la sociedad y a los menores. En cuanto a la tradición taurina el interviniente señala que también podría generarse una nueva tradición antitaurina que valore la vida de cualquier ser, eliminando espectáculos crueles y degradantes con los animales, pues, citando a Mosterin: “aceptar ciegamente todos los componentes de la tradición es negar la posibilidad misma del progreso de la cultura”. Frente al argumento que propende por no molestar a los taurinos por su particular gusto, considera la Federación que la libertad de expresión no es un derecho absoluto que permita dañar a otros, entre ellos a los animales, pues, según él, no se puede permanecer en silencio en el caso de esta clase de violencia, como no se puede permanecer en silencio frente a la violencia contra los niños, la pornografía y otras aberraciones. Concluye la Federación solicitando a la Corte que declare inexequible el artículo 7º de la Ley 84 de 1989. Posteriormente la Federación hizo llegar al Despacho del Magistrado Ponente un escrito al cual adjunta el texto de la Declaración de la Tercera Cumbre Intercontinental Antitaurina, celebrada en Caracas durante el mes de junio del presente año. 10. Universidad de Antioquia facultad de ciencias agrarias. Escuela de medicina veterinaria. La Escuela de medicina veterinaria de la Universidad de Antioquia empieza su intervención refiriéndose a la demanda y sus argumentos frente al libre desarrollo de la personalidad. Explica que los bovinos, como todo ser vivo, particularmente los toros de lidia, poseen estructuras morfofisiológicas en su anatomía macroscópica y microscópica que indican que sienten el dolor y reaccionan ante este en respuesta a cualquier lesión de tipo cortante, cortopunzante o lacerante a la que sean expuestos. Explica el interviniente que cada animal posee un umbral de percepción del dolor y un grado conciente de percepción del mismo, como lo demuestra el hecho de las reacciones de defensa o huida que ellos presentan ante una agresión física. Como una prueba más de que los animales sienten dolor cita la Universidad el caso del uso de agentes anestésicos locales cuando se realizan procedimientos quirúrgicos, sean anestésicos de aplicación local o de aplicación sistémica, o inhalada por vía respiratoria por su efecto sobre los centros de percepción del dolor en el sistema nervioso central. Para la Escuela de medicina veterinaria: “… todo acto del ser humano en el que se incurra en la infracción de cortadas, punzadas, laceraciones, o cualquier tipo de golpes con arma contundente o cortopunzante a un animal al que previamente no se le haya administrado un agente anestésico, desde la perspectiva médico veterinaria se incurre en un acto de crueldad con el animal en cuestión. Este acto se podría convertir en acto de brutalidad, cuando además de no prevenir el dolor en los sitios sometidos a las heridas, cualquiera que sea la naturaleza del agente causante de la misma, el animal no recibe el cuidado anestésico apropiado”. En relación con el artículo 22 de la Carta Política estima la Escuela que no hay argumento razonable para asociar la manera como un acto que atenta contra los derechos de los animales, guarde relación con la paz de una nación. Frente al artículo 79 superior, señala el interviniente que el derecho a gozar de un ambiente sano y su relación con el toreo se puede dar en cuanto éste plantea implícitamente la infracción de dolor a un animal, sin haber tomado con anticipación las medidas pertinentes para evitar la percepción y el sufrimiento del dolor antes y después de cometer el acto lesivo, como ocurre, por ejemplo, con la imposición de banderillas. En cuanto al artículo 95 de la Carta Política, relacionado con el respeto a los derechos ajenos y a no abusar de los propios, explica el interviniente que en los toriles pueden cometerse actos de intervención sobre los animales que van a ser toreados para que no pierdan su ferocidad. Esto podría implicar que los animales sean sometidos a procedimientos que no están avalados por un comité que vigile el bienestar y los derechos de los animales. Concluye la Escuela expresando que los procedimientos violentos a los que son sometidos los toros durante la faena del toreo violan todas las normas protectoras de los derechos de los animales y la salvaguarda del bienestar animal, por lo que no debería permitirse un espectáculo en el que se incurre en conductas indeseables del ser humano, entre ellas la infracción de dolor a un animal en desigualdad de condiciones. 11. Asociación pro defensa de la fiesta brava –Asotauro- La asociación pro defensa de la fiesta brava considera que en el presente caso deberían participar, entre otras entidades, la Asociación de Cronistas Taurinos, la Unión de Toreros de Colombia, la Corporación Taurina de Bogotá, la Asociación de Criadores de Toros de Lidia y como personas naturales los doctores Juan Carlos Illera del Portal, el doctor Joao Pedro Da Silva Ramos Barreiro. El interviniente no refiere ningún tema relevante para el derecho constitucional, pues limita su escrito a sugerir la intervención de los anteriormente nombrados. 12. Senadora Elsa Gladys Cifuentes La Senadora Elsa Gladys Cifuentes Aranzazu remitió al Despacho del Magistrado Ponente copia del escrito que dirigió al Procurador General de la Nación, mediante el cual respalda los argumentos expuestos por el demandante, explicando que en virtud del principio pro actione se debe dar curso a la demanda. Para la interviniente, los argumentos del actor generan una mínima duda razonable sobre la constitucionalidad de la norma acusada, razón por la cual los mismos son susceptibles de propiciar el juicio de constitucionalidad, a pesar de las posibles falencias argumentativas. En su criterio: “… la acción pública de constitucionalidad es una herramienta que da nuestra Carta Política a todo colombiano (a) que considere que una norma es contraria a los principios rectores de nuestro Estado y, en razón a ello, no puede estar sujeta a rígidos requisitos académicos y argumentativos toda vez que no todas las personas tienen la oportunidad de acceder a la educación formal y ello no debe convertirse en un obstáculo para el pleno ejercicio y defensa de sus derechos constitucionales, cuando crean que estos han sido vulnerados”. Para referirse a la tauromaquia la Senadora manifiesta que tales eventos no son autóctonos de nuestro país, sino herencia colonial española, siendo una actividad que si bien cuenta con determinado grado de aceptación popular, no puede considerarse como cultura por ser un elemento foráneo. Para la interviniente, las costumbres que se sustentan en la crueldad, la tortura, la muerte, el aniquilamiento y la destrucción, jamás se podrán considerar cultura. 13. El ciudadano Luis José Gutiérrez Sona Interviene para expresar su desacuerdo con el concepto del Procurador General de la Nación, exponiendo que hacia los años 70 apareció un conjunto de derechos colectivos denominados “de los pueblos o de la solidaridad” o de tercera generación, relacionados con las libertades comunitarias o de bienes comunes transfronterizos que incluyen entre otros el derecho a la autodeterminación, a la paz, al desarrollo, al medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado y a beneficiarse del patrimonio común de la humanidad. Se trata de derechos que pertenecen al individuo, pero al mismo tiempo pertenecen a la humanidad y respecto de ellos el Estado no sólo debe abstenerse de violarlos, sino también tiene la obligación de crear las condiciones para su eficaz y efectiva realización. Esta materia, agrega el interviniente, ha sido explicitada en los artículos 50, 79 y 80 de la Constitución Política. Concluye el interviniente señalando que las personas que realicen o no una actividad económica con animales, no tienen derecho a maltratarlos ni a ejercer actos de crueldad, ni mucho menos a sacrificarlos por simple diversión, como ocurre con las corridas de toros. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Mediante concepto número 4790 del 8 de junio del presente año, el Procurador General de la Nación hizo saber a la Corte Constitucional su criterio en relación con la demanda presentada por el ciudadano Oscar Andrés Acosa Ramos contra el artículo 7º de la Ley 84 de 1989. Como problema jurídico el Ministerio Público analiza si la excepción a los considerados actos de crueldad para con los animales, entre ellos herir, lesionar, golpear, punzar, cortar, causarle la muerte mediante procedimientos que prolonguen agonía y sufrimiento, propiciar peleas, convertir en espectáculo el maltrato, la tortura o la muerte de animales; usarlos para probar o incrementar la agresividad o pericia de otros animales, y actividades como el rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, carralejas, becerradas, tientas, riñas de gallos y los procedimientos utilizados en estos espectáculos, viola los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la paz y a gozar de un ambiente sano, y el deber de respeto de los derechos ajenos. El Jefe del Ministerio Público empieza por explicar la inhibición para conocer de la demanda por falta de claridad y suficiencia en la presentación de la misma, explicando que el acto pretende, a partir de su desacuerdo con la crueldad que entrañan los espectáculos de tauromaquia y de riñas de gallos, establecer una vulneración de los derechos al libre desarrollo de la personalidad, de la paz y el medio ambiente, y del deber de respeto de los derechos ajenos sin correlacionar estos derechos, en lo que ellos significan constitucionalmente, con el hecho legal cuestionado representado por la excepción generada mediante la norma que se impugna. La Vista Fiscal recuerda cómo en la sentencia C-1052 de 2001, fueron explicados los conceptos de claridad y suficiencia cómo requisitos propios de los argumentos presentados en las demandas, agregando que no son de recibo las simples afirmaciones con las cuales se intenta establecer un problema de constitucionalidad. En el presente caso, considera el Procurador General, la aseveración según la cual no haber considerado el legislador como crueles los espectáculos de tauromaquia y de riñas de gallos, sería suficiente para que tal exclusión vulnere los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la paz y a gozar de un ambiente sano, como también el deber de respeto de lo derechos ajenos de quienes no están de acuerdo con dichos espectáculos. Para el Ministerio Público: “El demandante no correlaciona el hecho legal de la exclusión referida y la vulneración que causa el mismo, en su contexto propio constitucional, al libre desarrollo de la personalidad, a la paz, a gozar de un ambiente sano y al respecto a los derechos ajenos. Dicha correlación la pretende hacer el acto a partir de la percepción subjetiva que tiene de la exclusión demandada, lo cual no es propio del razonamiento de inconstitucionalidad que se requiere. Como consecuencia de lo anterior, también se observa la falta de suficiencia en la formulación de las razones de inconstitucionalidad de la presente demanda, debido a que las afirmaciones del demandante no suscitan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la excepción cuestionada. Por tanto, se solicitará a la Corte Constitucional declararse inhibida para conocer de la presente demanda debido a la falta de claridad y suficiencia a la formulación de las razones de inconstitucionalidad.” (Pág. 5 del concepto). Después de analizar las presuntas causas que darían lugar a una inhibición por parte de la Corte Constitucional, el Procurador General de la Nación se ocupa de los espectáculos de la tauromaquia y de riñas de gallos, calificándolas de expresiones culturales y artísticas de Colombia, explicando que dentro de este ámbito se tolera la crueldad con los animales, porque estos espectáculos, desde tiempos inmemoriales, han contribuido a la convivencia pacífica de las sociedades, permitiendo a sus miembros desfogarse racionalmente de los inconformismos incubados a partir de las realidades que les ha tocado vivir; como también, porque tales espectáculos han servido de inspiración para las artes y las letras y han sido vehículos de socialización y recreación, sirviendo también como actividades que generan mayor participación en la economía. La Vista Fiscal considera que a pesar de la inhibición solicitada, es necesario pronunciarse sobre el fondo de la demanda y para ello es pertinente analizar el contexto constitucional que justifica la tolerancia de espectáculos como la tauromaquia o las riñas de gallos. Sobre los argumentos planteados por el demandante, el Jefe del Ministerio Público considera: “Desde la más remota antigüedad el hombre ha estado ligado al toro desde el punto de vista religioso y festivo, lo cual se aprecia en las pinturas rupestres. Desde entonces se ha enfrentado al tauro atraído por su bravura. Los humanos prehistóricos los cazaban mediante el “acoso en común”; en Egipto fue adorado como el buey Apis (dios de la fecundidad y de la abundancia); en la mitología griega aparece como el minotauro; Roma lo adopta de Persia (Mitra y el sacrificio de su toro para dar origen a la creación). Julio César refiere la existencia del toro salvaje germánico y la diversión que constituía la caza del mismo para los jóvenes a partir del carácter indómito, la bravura y ligereza de dicho animal, presentándolo en la lengua latina con el nombre de Urus. Este animal se extinguió en la edad media no sin antes haber dado origen a todas las razas bovinas actuales, de las cuales el toro de lidia es la que mejor conserva las características de su antepasado. La tauromaquia tiene su cuna en España, de donde se expandió a Portugal, sur de Francia y América Latina. Es tan fuerte su influencia y hechizo que ha permeado la producción cultural, especialmente en la pintura y las letras, además de haber servido de inspiración en la composición de canciones populares. Colombia no ha sido ajena a tal influencia. En la mayoría de pueblos y ciudades del país se lidian reses, en la Costa Atlántica se celebran carralejas y en los Llanos Orientales se practica el coleo. De igual manera, el mundo de los toros ha sido objeto de inspiración en la pintura (v.gr. Fernando Botero) y para la composición de muchas canciones populares que hacen parte de nuestra identidad nacional tales como “el barcino”, el fandango “20 de enero” y el pasodoble “feria de Manizales”, entre otras. La arquitectura también ha tenido identidad propia en las plazas de toros de Bogotá, Manizales, Cali, Medellín y Cartagena. En cuanto a las peleas de gallos, parece ser que estas son originarias de la India. Los griegos adoptaron la práctica de desafíos gallísticos y Julio Cesar la introduce a Roma y, por ende, a Hispania. Con Colón llega a América. Colombia ha sido un país de tradición gallística desde la fundación de la República, la cual ha permeado las artes y las letras. En las obras de Gabriel García Márquez la crianza de gallos de pelea y sus riñas han sido una constante como en “Cien Años de Soledad” y, especialmente, en “El Coronel no tiene quien le escriba”. Por tanto, se puede afirmar que tanto la tauromaquia como las riñas de gallos hacen parte del proceso de creación de identidad nacional en lo que tiene que ver con la cultura de nuestras regiones y sus manifestaciones artísticas, al punto de haber adquirido renombre universal en la pluma de García Márquez y en los óleos de Botero. Eso hace parte del ejercicio de las libertades de nuestro sociedad, cuya respuesta del Estado, como uno de sus fines esenciales, es la de facilitar la participación de todos en la vida cultural de la Nación (Constitución Política. Artículo2). En ese orden de ideas puede afirmarse que la lidia y los desafíos gallísticos se avienen bien al marco fundacional colombiano (Constitución Política. Artículos 2, 70, 71), lo que incluye el grado de tolerancia que se debe tener en relación con su contenido de crueldad, debido a que éste ha sido un asunto de la esencia de dichas actividades desde sus orígenes. En un régimen democrático el ejercicio de las libertades por parte de los nacionales tolera este tipo de prácticas, como también permite y respeta el disentimiento ante las mismas, lo que constituye una manifestación del derecho al libre desarrollo de la personalidad en materia artística y cultural, en ese sentido, existe otra serie de prácticas deportivas de contenido cruel que también son permitidas, como el boxeo y la lucha libre. En tal contexto se tiene que a nadie se obliga a la realización de tales actividades o al disfrute de las mismas. Cada quien, de manera responsable, asume su posición al respecto.” (Pags. 6, 7 y 8 del concepto). Como conclusión, el Procurador General de la Nación, explica que las actividades y espectáculos asociados a la tauromaquia y a las riñas de gallos se ajustan al orden constitucional en cuanto concitan la tolerancia de la sociedad en relación con parte de la misma que disfruta de dichos espectáculos, parte ésta que reclama también sus derechos al libre desarrollo de la personalidad en el ámbito de las actividades artísticas y culturales que contribuyen a la construcción de la identidad nacional, a la convivencia pacífica y a la participación en la vida económica nacional. Finaliza el Jefe del Ministerio Público afirmando que aceptar los argumentos del demandante sería caer en un estado de intolerancia contrario a la convivencia pacífica, pues cualquier manifestación de la vida social no compartida, podría ser proscrita del mundo jurídico al ser considerada contraria al libre desarrollo de la personalidad por parte del ofendido o avergonzado con la actividad que se cuestiona. Con fundamento en los argumentos relacionados, la Vista Fiscal solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida por falta de claridad y suficiencia en los cargos; o, subsidiariamente, declarar exequible el artículo 7º de la Ley 84 de 1989. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia 1. En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad de la referencia. 2. Problema jurídico 2. Conforme a la demanda, la Corte Constitucional deberá determinar si el artículo 7º de la ley 84 de 1989 viola los artículos 16, 22, 79, 95-1 de la Constitución, al excluir de la presunción de ser hechos dañinos y actos de crueldad, dignos de sanción (artículo 6º de la misma ley), ciertas conductas efectuadas sobre los animales, cuando ellas se producen en el marco de estos espectáculos y de los procedimientos utilizados en ellos: rejoneo, coleo, corridas de toros, novilladas, corralejas, becerradas, tientas y riñas de gallos. 3. Antes de abordar dicho problema jurídico sustancial, la Corte debe responder a la cuestión planteada por el Ministerio público y algunos intervinientes según la cual, la demanda no es apta y por tanto no debe provocar un pronunciamiento de mérito frente al asunto propuesto por el accionante. Esto, para establecer una cuestión primordial de procedibilidad del juicio abstracto que adelanta la Corte constitucional, a saber, si están presentes o no los elementos mínimos requeridos de la demanda, que la habilitan para decidir de fondo, para resolver con fuerza de la cosa juzgada el conflicto de derechos y bienes jurídicos constitucionales que el caso representa. 4. Con tal propósito, se retomará el precedente constitucional fijado respecto de la acción de constitucionalidad y las condiciones para su ejercicio (2.1.), para verificarlos enseguida en el proceso bajo estudio. (2.2.). Por último y siempre y cuando sea absuelta positivamente la cuestión anterior, procederá a resolver sobre las cuestiones materiales propuestas. 2.1. La naturaleza jurídica de la acción de constitucionalidad y las condiciones para su ejercicio.- 5. La acción de inconstitucionalidad es un mecanismo de participación ciudadana, con el cual se desarrolla el principio previsto en los artículos 1º, 2º y 3º de la Constitución, de ser Colombia un Estado social de derecho democrático y participativo. Dicha acción está destinada a provocar que la Corte constitucional, como máximo órgano de la jurisdicción constitucional, tras el adelanto de un proceso, produzca una sentencia con efectos de cosa juzgada sobre un cierto problema jurídico planteado por el actor, relacionado con disposiciones creadas en general aunque no exclusivamente por el Congreso de la República, obrando como constituyente derivado o como órgano representativo legislativo. Es, en este orden, un instrumento que combina el ejercicio de los derechos políticos (artículo 40 CP), con las prerrogativas entregadas al ciudadano para controlar el poder desplegado por el legislador a través de la creación de normas jurídicas. 6. Ahora bien, aún desde su faceta como derecho constitucional fundamental, esta facultad reconocida a los ciudadanos puede estar regulada y delimitada por la ley, a fin de hacer efectivo su ejercicio y definir las reglas a las cuales se somete. Pero al mismo tiempo, la regulación del derecho de accionar contra las leyes, busca ponderar entre el interés perseguido por el actor al demandar y los demás bienes jurídicos llamados a ser protegidos, como aquellos que recoge la norma acusada y ordenados a partir del poder de configuración legislativa reconocido en el Congreso, así como los relacionados con la seguridad jurídica y el principio de estabilidad del Derecho, con los cuales se protege la confianza en el sistema normativo y en las reglas que lo integran. 7. Igualmente, y esto es algo que debe estimarse esencial en este tipo de valoraciones, la delimitación del derecho de interponer demandas de inconstitucionalidad tiene por propósito acotar el poder de la Corte constitucional, pues las exigencias básicas establecidas también procuran determinar el ámbito dentro del cual, en términos generales, debe actuar el juez a la hora de valorar la exequibilidad o no de una disposición. Porque, como lo ha expresado la jurisprudencia de esta Corporación[2], no es función de ésta actuar de oficio, suplir al demandante y pronunciarse sobre la exequibilidad de disposiciones que no han sido acusadas, ni tienen cargos concretos y conceptos de violación constitucional reconocibles, pues de actuar así la Corte se estaría convirtiendo en juez y parte, suplantando al ciudadano y contrariando su función institucional de ser guardiana imparcial de la Carta. 8. De tal suerte y no obstante su carácter de acción pública, conforme a lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, la demanda debe incluir todas las normas que deberían ser acusadas para que el fallo no sea inocuo. Y en el artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, se establecen los demás requisitos que debe reunir la demanda, en los que se disponen las exigencias básicas con las cuales el ciudadano ejerce su derecho de modo responsable y participa activamente en el proceso del que trata el artículo 241 de la Constitución Política, suministrando la información necesaria que permite tanto activar el funcionamiento de la jurisdicción constitucional a instancias de la Corte, como la obtención de un pronunciamiento definitivo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una determinada disposición jurídica. 9. Se trata a continuación de tales asuntos, es decir, del problema de la integración normativa (2.1.1) y de los requisitos propiamente dichos de la demanda (2.1.2). 2.1.1. Sobre la integración normativa 10. Como se dijo en la sentencia C-775 de 2006, la jurisprudencia constitucional ha reconocido como requisito de procedibilidad de la acción de inconstitucionalidad, “haber demandado una proposición jurídica completa la cual debe ser conformada con las normas estrechamente vinculadas a la norma acusada, así ésta tenga un contenido completo y autónomo[3]”. 11. Es cierto que, según lo previsto en el artículo 6º, inciso 3º infine del Decreto 2067 de 1991, la Corte en determinados casos puede integrar la unidad normativa[4]. Sin embargo, también se ha dicho con reiteración, que el ejercicio de tal prerrogativa no puede constituirse en la regla, pues con ello se suplantaría la función que cumple el ciudadano, a más que crearía para la Corte constitucional una posición de privilegio, peligrosa y reprochable en cualquier Estado de derecho, social, democrático y constitucional. En este sentido, se dijo en sentencia C-1299 de 2005[5], que no siempre cabe argüir “que en estas circunstancias la Corte podría proceder a efectuar, por iniciativa propia, la integración normativa, entre las normas aludidas, es decir, a extender de oficio su competencia a los artículos no demandados”. Lo anterior, por cuanto, “a la luz de la Constitución, la ley y la jurisprudencia vigentes, la Corte Constitucional está sometida a las reglas que rigen los procedimientos judiciales y por ello no puede, en principio, juzgar normas que no han sido demandadas por los ciudadanos”. Opera, como se señaló en la sentencia C-775 de 2006 “la regla general [de] que a la Corte no le está permitido juzgar normas que no han sido demandadas pues de lo contrario la acción de inconstitucionalidad se tornaría en una acción en la que el juez actúa de oficio, lo que no corresponde a su naturaleza”. En la misma línea, en la sentencia C-1260 de 2005 se indicó que “conforme al artículo 241 de la Constitución, no corresponde a la Corte Constitucional revisar oficiosamente las leyes sino examinar las que efectivamente hayan sido demandadas por los ciudadanos, lo que implica que esta Corporación sólo puede adentrarse en el estudio y resolución del asunto una vez se presente una acusación en debida forma”. La carga mínima que tienen los demandantes, no puede entenderse, entonces, como un formalismo técnico o procesal que desnaturaliza la acción pública de inconstitucionalidad, sino como el cumplimiento de un deber, aparejado a su derecho de acción pública, que busca “hacer un uso adecuado y responsable de los mecanismos de participación ciudadana y hace viable que se profiera un fallo de fondo”. 12. De esta manera, la integración normativa posee estos tres significados: a) Es la realización de un deber de quien participa en el debate democrático, a través de la acción de inconstitucionalidad de que trata el art. 241 CP, consistente en la identificación completa del objeto demandado, que incluye todos los elementos que hacen parte de una unidad indisoluble creada por el Derecho. b) Es un mecanismo que hace más efectivo el control ciudadano a las decisiones del legislador. c) Y es, finalmente, una garantía que opera a favor de la coherencia del orden jurídico, pues su conformación determina que el poder del juez constitucional para resolver un asunto en sus problemas jurídicos sustanciales, pueda efectuarse sobre todos los elementos que estructuran una determinada construcción jurídica. 2.1.2. Los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 y la interpretación constitucional sobre los mismos 13. Por lo que hace a los requisitos del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991, en reiterada jurisprudencia, en particular desde la sentencia C-1052 de 2001[6] que recogió y sintetizó la línea decantada por años, esta Corporación ha enfatizado sobre la importancia de requerir del ciudadano el cumplimiento de unas cargas mínimas de comunicación y argumentación, de “razones conducentes para hacer posible el debate”, con las que se informe adecuadamente al juez constitucional, para que este profiera una decisión de fondo sobre los preceptos legales acusados. 14. Tales requisitos no son otros que la definición del objeto demandado, el concepto de la violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto (artículo 2 del Decreto 2067 de 1991). El objeto demandado hace referencia al deber de identificar las normas acusadas como inconstitucionales (artículo 2 numeral 1 del Decreto 2067 de 1991), cuya transcripción debe acudir a una fuente oficial que asegure la exactitud de su contenido y permita verificar las razones por las cuales para el actor ese contenido normativo se aprecia como contrario a la Constitución. El concepto de la violación, consiste en la “exposición de las razones por las cuales el actor considera que el contenido de una norma constitucional resulta vulnerado por las disposiciones que son objeto de la demanda”. Y aunque resulta evidente que el ciudadano puede “escoger la estrategia que considere conveniente para demostrar la inconstitucionalidad de un precepto”, en todo caso debe concretar: i) los “cargos contra las disposiciones acusadas, lo que implica realizar un esfuerzo por identificar de manera relativamente clara las normas constitucionales violadas”[7]; (ii.) el “’contenido normativo de las disposiciones constitucionales que riñe con las normas demandadas, es decir, manifestar qué elementos materiales del texto constitucional son relevantes y resultan vulnerados por las disposiciones legales que se impugnan[8]’”; (iii.) “las razones por las cuales los textos normativos demandados violan la Constitución (artículo 2 numeral 3 del Decreto 2067 de 1991)”, que sean para el juez constitucional “claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes”. Esto último significa que se deben plantear acusaciones comprensibles o claras, recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada y en ese orden ser ciertas, mostrar de manera específica cómo la o las disposiciones objeto de demanda vulneran la Carta, utilizando para tales efectos argumentos pertinentes, esto es, de naturaleza constitucional y no legal o doctrinario ni referidos a situaciones puramente individuales. Por último, la argumentación del demandante debe ser suficiente, en el sentido de ser capaz de suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de la...