Sentencia C-737 de 2001

C-737-01 Sentencia C-709/01 Sentencia C-737/01 LEY-Proceso de formación LEY-Finalidad del proceso de formación LEY-Regulación del proceso de formación La regulación del proceso de formación de las leyes, que es una de las funciones esenciales del Estado, y en particular del Congreso, pretende precisamente potenciar el principio democrático y preservar el contenido esencial del régimen institucional diseñado por el Constituyente. DEBATE PARLAMENTARIO-Finalidad del transcurso de ciertos días LEY-Reglas constitucionales sobre formación Las reglas constitucionales sobre formación de las leyes adquieren pleno sentido si se tienen en cuenta los objetivos, pues ellos muestran que esas disposiciones superiores no son formas vacías de cualquier propósito. Ellas pretenden proteger el diseño de la forma de gobierno establecido por el Constituyente, al mismo tiempo que buscan potenciar el principio democrático, a fin de que el debate en el Congreso sea no sólo amplio y vigoroso sino también lo más transparente y racional posible, y con pleno respeto de los derechos de las minorías. PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Interpretación de reglas constitucionales sobre formación de las leyes El principio de instrumentalidad de las formas, según el cual, las formas procesales no tienen un valor en sí mismo y deben interpretarse teleológicamente, tiene entonces plena aplicación en la interpretación de las reglas constitucionales que gobiernan la aprobación de las leyes. PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Consecuencias complementarias en interpretación de reglas constitucionales sobre formación de las leyes PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Normas que gobiernan la formación de las leyes PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Entendimiento amplio PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL-Normas constitucionales sobre trámite legislativo LEY-Flexibilización de reglas de formación/LEY-Respeto de reglas procedimentales sobre formación/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Verificación de regularidad del procedimiento de aprobación de las leyes/LEY-Flexibilización del trámite no implica carencia de importancia de vicios Aunque la Constitución de 1991 flexibilizó las reglas de aprobación de las leyes, el respeto de esas normas procedimentales no ha perdido su importancia, por los valores superiores que estas disposiciones protegen. Esto explica que sea una función esencial de los tribunales constitucionales en general, y de esta Corte Constitucional en particular, verificar la regularidad del procedimiento de aprobación de las leyes. Esta Corte ha aclarado entonces que la flexibilización del trámite de las leyes establecida en la Carta de 1991 “no significa que los vicios en que pueda incurrirse carezcan de trascendencia en términos que en ocasiones puedan llevar a la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley que adolezca de los mismos”. COMISION ACCIDENTAL-Funciones Estas comisiones tienen como función flexibilizar y hacer más eficiente el proceso de aprobación de las leyes. PRINCIPIO DE IDENTIDAD RIGIDO-Alcance/PRINCIPIO DE IDENTIDAD-Flexibilización PRINCIPIO DE IDENTIDAD FLEXIBLE-Modificación por plenarias a lo aprobado en comisión PRINCIPIO DE IDENTIDAD FLEXIBLE-Límite a competencias de comisiones accidentales PRINCIPIO DE IDENTIDAD FLEXIBLE EN COMISION ACCIDENTAL-Límites a la competencia COMISION ACCIDENTAL-Armonización de discrepancias Esas comisiones no pueden introducir temas no aprobados por las cámaras, ni modificar artículos en donde no haya habido discrepancias, pues estarían desbordando sus funciones, que se circunscriben a armonizar las discrepancias que se hayan suscitado respecto de un proyecto. Así, en reciente oportunidad, esta Corte recordó que “si no hay discrepancias entre los proyectos aprobados por una y otra Cámara, no se genera el presupuesto necesario para que se integren y funcionen, en un caso determinado, las mencionadas comisiones” COMISION ACCIDENTAL-Finalidad/COMISION ACCIDENTAL-Límites Las comisiones de conciliación fueron creadas para permitir un proceso más flexible y eficiente de aprobación de las leyes, pero respetando la estructura bicameral del Congreso y el reparto de competencias entre las comisiones permanentes y las Plenarias. Esas comisiones accidentales tienen que actuar dentro de los límites que le impone su función (conciliar discrepancias) y respetando el principio de identidad de los proyectos de ley, pues esas comisiones de conciliación no fueron instituidas para reemplazar la actividad de las plenarias ni de las comisiones permanentes. COMISION ACCIDENTAL-Alcance y competencia PROYECTO DE LEY DE REGALIAS-Finalidad precisa SENTENCIA DE CONSTITUCIONALIDAD-Vacío normativo PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Interpretación amplia Esta Corte siempre ha interpretado de manera amplia la noción de materia, con el fin de determinar si un artículo acusado desconoce o no la regla de unidad de materia, o si un proyecto respetó en su trámite el principio de identidad. Así, en forma reiterada, esta Corporación ha dicho que la “interpretación del principio de unidad de materia no puede rebasar su finalidad y terminar por anular el principio democrático, significativamente de mayor entidad como valor fundante del Estado Colombiano”, por lo cual únicamente “aquellos apartes, segmentos o proposiciones de una ley respecto de los cuales, razonable y objetivamente, no sea posible establecer una relación de conexidad causal, teleológica, temática o sistémica con la materia dominante de la misma, deben rechazarse como inadmisibles si están incorporados en el proyecto o declararse inexequibles si integran el cuerpo de la ley”. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Finalidad de impedir incongruencias temáticas La Corte recuerda que esa regla de unidad de materia cumple funciones esenciales pues pretende racionalizar el proceso legislativo, en la medida en que busca “impedir las incongruencias temáticas que tienden a aparecer en forma súbita o subrepticia en el curso de los debates parlamentarios, las cuales, además de resultar extrañas al asunto o materia que se somete a discusión, en últimas, lo que pretenden es evadir el riguroso trámite que la Constitución prevé para la formación y expedición de las leyes” PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Temas conocidos desde la propuesta PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Definición clara de propósito y ámbito de regulación del proyecto Desde la presentación de un proyecto deben quedar claramente definidos su propósito y ámbito de regulación, de manera tal que esa materia temática estructure y racionalice los debates en el Congreso. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Diversidad de propósitos y delimitación de ámbitos de regulación distintos REGALIAS-Reparto en departamento de Sucre PRINCIPIO DE IDENTIDAD-Aumento de número de artículos PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Cambios constitutivos y de título PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Modificación integral y sustantiva PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN LEY DE REGALIAS-Modificación integral y sustantiva del sentido y temática del proyecto PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN LEY DE REGALIAS-Propósito de proyecto y materia distintos COMISION ACCIDENTAL-Discrepancias de un mismo proyecto COMISION ACCIDENTAL-Improcedencia para el caso PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Posibilidad de saneamiento de vicios en la formación de las leyes/LEY-Posibilidad de saneamiento de vicios en la formación LEY-Irregularidad que no configura vicio en la formación LEY-Vicio convalidado en el proceso de formación LEY-Vicio no convalidado que puede subsanarse en revisión de constitucionalidad/LEY-Vicio de procedimiento subsanable LEY-Gravedad del vicio sin incidencias sobre saneamiento o convalidación/LEY-Intensidad de la irregularidad/LEY-Factores de determinación de convalidación o saneamiento del vicio La Corte destaca que tanto en derecho comparado, como en el caso colombiano, la gravedad del vicio no tiene incidencia directa sobre las posibilidades de saneamiento o convalidación del mismo. La intensidad de la irregularidad debe ser tomada en cuenta para examinar si ésta constituye o no un vicio de procedimiento; pero una vez constatado que el vicio existe, la gravedad no es el elemento más importante para determinar si existe o no posibilidad de convalidación o de saneamiento, pues son otros factores los que entran en juego en esta evaluación. LEY-Vicios no subsanados en trámite son insubsanables Los vicios que no hubieran sido convalidados en el propio trámite en el Congreso se tornan entonces insubsanables, sin importar su gravedad. TRATADO INTERNACIONAL-Convalidación de vicios graves en suscripción LEY-Falta de quórum LEY-Posibilidad de saneamiento no desnaturaliza noción de vicio del procedimiento/LEY-Vicio saneable en el procedimiento/LEY-Omisión de etapas estructurales del procedimiento/LEY-Ausencia de procedimiento no saneable La posibilidad de saneamiento que otorga el ordenamiento jurídico se debe interpretar y ejercer en forma razonable; en otras palabras, no puede otorgarse a dicha facultad un alcance tan amplio, que acabe por desnaturalizar la noción misma de vicio del procedimiento legislativo. Para que se pueda hablar de un vicio saneable en el procedimiento de formación de la ley, es necesario que, cuando menos, se haya cumplido con las etapas estructurales de tal procedimiento, puesto que la omisión de éstas, hace imposible hablar de un procedimiento legislativo como tal -y, en consecuencia, impide considerar la omisión respectiva como un vicio-. En efecto, en esos eventos no habría propiamente un vicio del procedimiento en la formación de la ley sino una ausencia o inexistencia de procedimiento, que no puede ser subsanada. Por lo mismo, es imposible catalogar como “saneamiento” lo que, en realidad, equivale a la repetición de toda una etapa del trámite legislativo, ya que de lo contrario, se terminaría por burlar los mismos fines sustantivos que el principio de instrumentalidad de las formas pretende preservar. PRINCIPIO DE INSTRUMENTALIDAD DE LAS FORMAS-Criterios de determinación de convalidación, saneamiento o invalidez de irregularidades en una ley/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Criterios de determinación de convalidación, saneamiento o invalidez de irregularidades de una ley El principio de instrumentalidad de las formas, implica que la constatación de que ocurrió una irregularidad en el trámite de una ley, no conlleva inevitablemente que el juez constitucional deba siempre retirarla del ordenamiento. Es necesario que, previamente, el juez examine (i) si ese defecto es de suficiente entidad como para constituir un vicio susceptible de afectar la validez de la ley; (ii) en caso de que la irregularidad represente un vicio, debe la Corte estudiar si existió o no una convalidación del mencionado vicio durante el trámite mismo de la ley; (iii) si el vicio no fue convalidado, debe la Corte analizar si es posible devolver la ley al Congreso y al Presidente para que subsanen el defecto observado; y (iv) si no se presenta ninguna de las anteriores hipótesis, la Corte debe determinar si es posible que ella misma subsane, en su pronunciamiento, el vicio detectado, de conformidad con los lineamientos arriba trazados, y respetando siempre el principio de razonabilidad. PRINCIPIO DE IDENTIDAD-Irregularidad grave Para esta Corporación es obvio que la vulneración del principio de identidad de un proyecto representa una irregularidad grave, pues no sólo afecta la formación de la voluntad de las cámaras sino que desconoce la estructura del Congreso diseñada por el Constituyente, ya que un proyecto podría llegar a convertirse en ley sin recibir los debates correspondientes. COMISION ACCIDENTAL-No convalidación de irregularidad grave/COMISION ACCIDENTAL-No sustitución de comisiones permanentes ni plenarias PRINCIPIO DE IDENTIDAD-Falta de debates reglamentarios LEY-Falta de debates reglamentarios no objeto de convalidación PROYECTO DE LEY-Presentación y publicación oficial antes de debate/PROYECTO DE LEY-Exposición de motivos PROYECTO DE LEY-Iniciativa y publicación PROYECTO DE LEY-Reserva de iniciativa LEY-Vicio de procedimiento por falta de presentación y publicación oficial del proyecto LEY-Enmienda equivale a rehacer integralmente el trámite de la ley LEY-Vicio de procedimiento no convalidado y no saneable/LEY-Ausencia de debates reglamentarios SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD TEMPORAL O INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Alcance Una sentencia de inconstitucionalidad diferida, o de constitucionalidad temporal, es aquella por medio de la cual el juez constitucional constata que la ley sometida a control es inconstitucional, pero decide no retirarla inmediatamente del ordenamiento, por la sencilla razón de que la expulsión automática de la disposición ocasionaría “una situación peor, desde el punto de vista de los principios y valores constitucionales”, por lo cual el Tribunal Constitucional establece “un plazo prudencial para que el Legislador corrija la inconstitucionalidad que ha sido constatada”. SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD-Expulsión automática que provoca vacío legal traumático SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD-Consecuencias traumáticas de efectos inmediatos SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Naturaleza Las sentencias de inexequibilidad diferida nacen de la necesidad que tienen los tribunales constitucionales de garantizar la integridad de la Constitución, en eventos en donde no es posible expulsar del ordenamiento, de manera inmediata, una regulación legal, por los efectos inconstitucionales que tendría esa decisión, pero tampoco es posible declarar la constitucionalidad de la regulación, pues el tribunal ha constatado que ésta vulnera alguna cláusula de la Carta. Una de las salidas es entonces que el juez constate la inconstitucionalidad de la ley pero difiera en el tiempo su expulsión del ordenamiento. Y esa modalidad de sentencia no implica ninguna contradicción lógica, pues conceptualmente es necesario distinguir dos aspectos: la verificación de la constitucionalidad de una norma, que es un acto de conocimiento, y la expulsión del ordenamiento de esa norma, por medio de una declaración de inexequibilidad, que es una decisión. SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD-Efectos traumáticos de inmediatez TRIBUNAL CONSTITUCIONAL-Modalidades de decisión SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD TEMPORAL O INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Aplicación por tribunales constitucionales SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD TEMPORAL O INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Importancia La modulación de los efectos temporales de los fallos, y en particular las sentencias de constitucionalidad temporal, lejos de ser instrumentos contradictorios, buscan consolidar un control constitucional vigoroso pero prudente y responsable. Además, este tipo de sentencias crea un diálogo fecundo entre el juez constitucional y el legislador, pues la decisión de exequibilidad temporal, en vez de cerrar la discusión social sobre el tema, impulsa un nuevo examen democrático del mismo por parte de Congreso. De esa manera, al acudir a esa forma de decisiones, el juez constitucional vigoriza y cualifica la deliberación social sobre los asuntos comunes, con lo cual la soberanía popular y el principio democrático no pueden sino verse fortalecidos. SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Modulación de efectos/SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD TEMPORAL O INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Aseguramiento de integridad de la Constitución En nuestro ordenamiento el juez constitucional no está atrapado en la disyuntiva de mantener en forma permanente una norma en el ordenamiento (declaración de constitucionalidad) o retirarla en su integridad (sentencia de inexequibilidad), puesto que la Carta simplemente ha establecido que a la Corte “se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución”, y para ello debe "decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra las leyes" (CP 241). Por consiguiente, al decidir sobre estas demandas, la Corte debe adoptar la modalidad de sentencia que mejor le permita asegurar la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución. Y por ello, en reiteradas oportunidades, esta Corporación ha sostenido que el juez constitucional cuenta con varias alternativas al momento de adoptar una determinación, ya que su deber es pronunciarse de la forma que mejor permita asegurar la integridad del texto constitucional, para lo cual puede modular los efectos de sus sentencias, ya sea desde el punto de vista del contenido de la decisión, ya sea desde el punto de vista de sus efectos temporales. SENTENCIA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Efectos en el tiempo/SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD TEMPORAL O INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Carácter excepcional y motivación Puede en realidad recurrir a dos formas diversas de sentencia para garantizar la integridad y supremacía de la Carta. De un lado, y como ya se explicó, puede acudir a una inconstitucionalidad diferida, o constitucionalidad temporal. Pero, de otro lado, puede también la Corte llenar, ella misma, el vacío legal que produce la declaración de inexequibilidad de la disposición acusada, por medio de una modalidad de sentencia integradora. En efecto, por medio de esa sentencia, el traumático vacío de regulación, que producía impactos inconstitucionales, es llenado por medio de un nuevo mandato que la sentencia integra al sistema jurídico, proyectando directamente los mandatos constitucionales en el ordenamiento legal. SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD TEMPORAL O INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Casos en que se puede recurrir La Corte Constitucional puede legítimamente recurrir a una sentencia de constitucionalidad temporal, siempre y cuando (i) justifique esa modalidad de decisión y (ii) aparezca claramente en el expediente que la declaración de inexequibilidad inmediata ocasiona una situación constitucionalmente peor que el mantenimiento en el ordenamiento de la disposición acusada, cuya inconstitucionalidad fue verificada en el proceso. Además, (iii) el juez constitucional debe explicar por qué es más adecuado recurrir a una inexequibilidad diferida que a una sentencia integradora, para lo cual deberá tener en cuenta, entre otras cosas, qué tanta libertad de configuración tiene el Legislador en la materia, y qué tan lesivo a los principios y valores constitucionales es el mantenimiento de la disposición acusada en el ordenamiento. Finalmente, y como es obvio, (iv) el juez constitucional debe justificar la extensión del plazo conferido al legislador, el cual depende, en gran medida, de la complejidad misma del tema y del posible impacto de la preservación de la regulación en la vigencia de los principios y derechos constitucionales. SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA EN LEY DE REGALIAS REGALIAS-Importancia Referencia: expedientes D-3288 y D-3296 acumulados Demanda contra la Ley 619 de 2000, en su totalidad, por vicios de procedimiento y por razones de contenido contra los artículos 1,2 (parágrafos 1 y 2), 3, 4, 5, 6, 7, ,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17(parágrafo 5), 18, 19, 22 y 23). Demandantes: Germán Ortíz Rojas, Antonio José Pinillos Abozaglo, Jesús Ignacio García Valencia y Clara Pinillos Abozaglo Temas: El proceso de aprobación de las leyes, el principio de instrumentalidad de las formas, la regla de unidad de materia y el alcance de las comisiones de conciliación. El principio de la instrumentalidad de las formas procesales y la posibilidad de saneamiento de ciertos vicios en la formación de las leyes. Posibilidades y límites de las sentencias de constitucionalidad temporal o de inexequibilidad diferida. Magistrado Ponente: Dr. EDUARDO MONTEALEGRE LYNETT Bogotá D.C., julio once (11) de dos mil uno (2001). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Germán Ortiz Rojas, en nombre y representación de Lormandy Martínez Durán, alcalde y representante legal del municipio de San Antero, Córdoba, solicitó a esta Corporación la declaratoria de inexequibilidad de la Ley 619 de 2000. No obstante, como el inciso final del artículo 2 del Decreto 2067 de 1991 fue declarado inexequible, la demanda presentada a nombre del alcalde resulta improcedente. Sin embargo se admite la misma en cuanto el apoderado ostenta la calidad de ciudadano colombiano. La demanda se dirige contra la totalidad de la Ley 619 de 2000, por vicios de procedimiento, y contra algunos de sus artículos por su contenido material. Por su parte, Antonio José Pinillos Abozaglo, Jesús Ignacio García Valencia, y Clara Pinillos Abozaglo también presentaron demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1, 2 (parágrafos 1 y 2), 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22 y 23 de la ley 619 de 2000 por vicios de procedimiento. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. II. NORMA ACUSADA A continuación se transcribe la totalidad de Ley 619 de 2000 demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No 44.200 del 20 de octubre de 2000: LEY 619 DE 2000 (octubre 20) por la cual se modifica la Ley 141 de 1994, se establecen criterios de distribución y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 1°. Cuando un yacimiento de un recurso natural no renovable se encuentre ubicado en dos o más entidades territoriales, la distribución de las regalías y de las compensaciones se realizará en forma proporcional a la participación de cada entidad en dicho yacimiento, en los términos estipulados en la Ley 141 de 1994, independientemente del área que se esté explotando en la fecha de corte de la liquidación. El Ministerio de Minas y Energía, teniendo en cuenta el área del yacimiento y los volúmenes de producción, para cada caso, mediante resolución, definirá la participación que corresponda a cada entidad territorial. Artículo 2°. Para las explotaciones de recursos naturales no renovables que se encuentren en los espacios marítimos jurisdiccionales, la distribución de la participación de regalías y de las compensaciones se realizará en forma proporcional a las entidades territoriales con costas marinas que estén ubicadas hasta a 40 millas náuticas de la zona de explotación, en los términos estipulados en la Ley 141 de 1994. El Ministerio de Minas y Energía, para cada caso, mediante resolución, definirá cuáles y en qué proporción participará cada entidad territorial. Parágrafo 1°. En los eventos en que el yacimiento del recurso natural no renovable localizado en los espacios marítimos jurisdiccionales, beneficie a dos o más entidades territoriales, la distribución de las regalías y compensaciones se hará aplicando los criterios del artículo 1° de la presente ley. Parágrafo 2°. Las regalías y compensaciones que se causen por las nuevas explotaciones de recursos naturales no renovables en los espacios marítimos jurisdiccionales del Mar Caribe en donde los departamentos productores sean diferentes al Departamento Archipiélago de San Andrés y Providencia y Santa Catalina aquellos cederán a este Departamento el diez por ciento (10%) de las participaciones de regalías y compensaciones, las cuales deben ser utilizadas en los términos establecidos en el artículo 14 de la Ley 141 de 1994. Artículo 3°. Cuando por primera vez se empiece a transportar por un municipio portuario, marítimo o fluvial, recursos naturales no renovables y sus derivados, la Comisión Nacional de Regalías, previo estudio y concepto del Ministerio de Minas y Energía, hará la respectiva distribución de las regalías y compensaciones causadas, de conformidad con los criterios del artículo 29 de la Ley 141 de 1994. La Comisión establecerá si el área de influencia por el cargue y descargue de dichos recursos abarca otros municipios vecinos y, en consecuencia los tendrá como beneficiarios de la respectiva distribución. Artículo 4° Cuando en un resguardo indígena, o en un punto ubicado a no más de cinco (5) kilómetros de la zona del resguardo indígena, se exploten recursos naturales no renovables, el cinco por ciento (5%) del valor de las regalías correspondientes al Departamento por esa explotación, y el veinte por ciento (20%) de los correspondientes al municipio se asignarán a inversión en las zonas donde estén asentadas las comunidades indígenas y se utilizarán en los términos establecidos en el artículo 15 de la Ley 141 de 1994. Parágrafo. Cuando el resguardo indígena sea una entidad territorial, podrá recibir y ejecutar los recursos directamente, en caso diferente, los recursos serán recibidos por los municipios y ejecutados en concertación con las autoridades indígenas por el respectivo municipio, atendiendo lo establecido en el presente artículo. Artículo 5°. En las explotaciones de recursos naturales no renovables de propiedad privada del subsuelo, el dueño del subsuelo pagará el porcentaje equivalente al establecido como regalía en el artículo 16 de la Ley 141 de 1994 para las explotaciones de estos recursos, los cuales se distribuirán en los mismos términos y condiciones que fija la Ley 141 de 1994, con las modificaciones y normas reglamentarias. Artículo 6°. Para efectos de la liquidación de las regalías carboníferas y con el fin de evitar fraccionamientos artificiales en las empresas mineras, la liquidación se hará sobre la producción total que corresponda a la unidad de explotación de un mismo titular, aplicando los volúmenes y porcentajes establecidos en el artículo 16 de la Ley 141 de 1994. El Gobierno Nacional hará la reglamentación pertinente y el Ministerio de Minas y Energía, mediante resolución, definirá los linderos de la respectiva unidad de explotación. Artículo 7°. El parágrafo segundo del artículo 9° quedará así: Se define como departamento productor aquel cuyos ingresos por concepto de regalías y compensaciones, incluyendo los de sus municipios productores, sea igual o superior al tres por ciento (3%) del total de las regalías y compensaciones que se generan en el país. No se tendrán en cuenta las asignaciones de recursos propios del Fondo Nacional de Regalías ni las recibidas por los departamentos como producto de las reasignaciones establecidas en el artículo 54 de la Ley 141 de 1994. Artículo 8°. El primer inciso del parágrafo del artículo 5 de la Ley 141 de 1994, quedará así: La Comisión asignará el trece por ciento (13%) de los recaudos anuales propios del Fondo, para proyectos presentados por las entidades territoriales de acuerdo con lo establecido en esta ley y con los fines exclusivos que prescribe el artículo 361 de la Constitución Política, distribuidos así: A este parágrafo se le adiciona el numeral 17 el cual quedará así: "17. El cero punto trescientos setenta y cinco por ciento (0.375%) al municipio de Sincelejo, durante los próximos diez años, destinados a las descontaminación y canalización de los arroyos y caños". Artículo 9°. El parágrafo cuarto del artículo 1° de la Ley 141 de 1994, quedará así: El ciento por ciento (100%) de los recursos destinados al fomento de la minería deberán aplicarse en los términos del artículo 62 de la presente ley. De estos el treinta por ciento (30%) serán administrados por el Instituto de Investigaciones de Geociencias, Minería y Química, Ingeominas y el setenta por ciento (70%) restante por la Empresa Nacional Minera, Minercol, la cual lo distribuirá de acuerdo con las prioridades del Gobierno Nacional y las necesidades de desarrollo de los tres subsectores mineros a saber: metales y piedras preciosas, minerales y materiales industriales, y minerales energéticos. De los recursos anuales administrados por la Empresa Nacional Minera, el cuarenta por ciento (40%) se destinarán a la ejecución de los proyectos mineros especiales y aquellos contemplados en el artículo 62 de la presente ley. Para ello las entidades territoriales deberán presentar anualmente ante la autoridad minera y para su aprobación en el Fondo Nacional de Regalías un programa integrado por los proyectos mineros especiales que se desarrollarán en el territorio de su competencia. Artículo 10. El numeral 1° del artículo 10 de la Ley 141 de 1994 quedará así: 1. Practicar, directamente o a través de delegados, visitas de inspección a las entidades territoriales beneficiarias de las regalías y compensaciones, y suspender el desembolso de ellas cuando la entidad territorial esté haciendo uso de las mismas en forma ineficiente o inadecuada, hasta tanto quede superada la situación. Artículo 11. El artículo 14 de la Ley 141 de 1994 quedará así: Artículo 14. Utilización por los departamentos de las participaciones establecidas en esta ley. Los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los departamentos productores tendrán la siguiente destinación: a) El noventa por ciento (90%) a inversión en proyectos prioritarios que estén contemplados en el plan general de desarrollo del Departamento o en los planes de desarrollo de sus municipios, y b) El diez por ciento (10%) para la interventoría y la puesta en operación de los proyectos que se ejecuten con estos recursos. Mientras las entidades departamentales alcanzan coberturas mínimas en indicadores de mortalidad infantil, cobertura básica de salud y educación, agua potable y alcantarillado, la entidad departamental correspondiente deberá asignar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del total de sus regalías para estos propósitos. En el presupuesto anual se separarán claramente los recursos provenientes de las regalías que se destinen a los sectores aquí señalados. El Gobierno Nacional reglamentará lo referente a cobertura mínima. Parágrafo 1°. Para los efectos de este artículo, también se tendrá como inversión las transferencias que hagan los departamentos de las participaciones de regalías y compensaciones en favor de los Consejos Regionales de Planificación Económica y Social, Corpes, o de la entidad que lo sustituya, y de los Fondos de Inversión Regional, FIR. Parágrafo 2°. Continuarán vigentes todas las cesiones de participaciones a las entidades públicas que con arreglo a leyes, decretos y convenios anteriores, hubieren efectuado los departamentos y municipios. Artículo 12. El artículo 15 de la Ley 141 de 1994 quedará así: Artículo 15. Utilización por los municipios de las participaciones establecidas en esta ley. Los recursos de regalías y compensaciones monetarias distribuidos a los municipios productores y a los municipios portuarios tendrán la siguiente destinación: a) En noventa por ciento (90%) a inversión en proyectos de desarrollo municipal contenidas en el plan de desarrollo con prioridad para aquellas dirigidas al saneamiento ambiental y para las destinadas a la construcción y ampliación de la estructura de los servicios de salud, educación, electricidad, agua potable, alcantarillado y demás servicios públicos básicos esenciales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 132 del Código de Minas (Decreto-ley número 2655 de 1998); b) El diez por ciento (10%) para la interventoría y la puesta en operación de los proyectos que se ejecuten con estos recursos. Mientras las entidades municipales no alcancen coberturas mínimas en los sectores señalados asignarán por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del total de sus participaciones para estos propósitos. En el presupuesto anual se separarán claramente los recursos provenientes de las regalías que se destinen para los fines anteriores. El Gobierno Nacional reglamentará lo referente a la cobertura mínima. Artículo 13. El parágrafo 1° del artículo 29 de la Ley 141 de 1994, quedará sí: "Las regalías y compensaciones causadas por el transporte de recursos naturales no renovables o de sus derivados, por los municipios puertos marítimos del Golfo de Morrosquillo en los departamentos de Córdoba y Sucre serán distribuidas dentro de la siguiente área de influencia así: a) Para los municipios del departamento de Sucre 50% b) Para los municipios del Departamento de Córdoba 50% Total a) + b) 100% La totalidad de estos recursos deberán ser invertidos por las entidades territoriales beneficiadas en los términos del artículo 15 de la Ley 141 de 1994. El cincuenta por ciento (50%) que corresponde a los municipios del departamento de Sucre serán girados directamente así: 1. El diecisiete punto cinco por ciento (17.5%) para el municipio portuario marítimo del departamento de Sucre por donde se transporten los recursos naturales no renovables o sus derivados. De este diecisiete punto cinco por ciento (17.5%) la tercera parte deberá ser invertida dentro del área de influencia del puerto, en el Corregimiento de Coveñas, los cuales serán manejados en cuenta separada. El incumplimiento de este mandato es causal de mala conducta, sancionada con destitución. 2. El tres por ciento (3%) en forma igualitaria entre los restantes municipios costaneros portuarios marítimos del departamento de Sucre en el Golfo de Morrosquillo. 3. El excedente hasta completar el cincuenta por ciento (50%), es decir el veintinueve punto cinco por ciento (29.5%) se distribuirá entre los restantes municipios del departamento de Sucre no contemplados en los incisos anteriores, ni productores de gran minería, utilizando los siguientes mecanismos de ponderación: El treinta por ciento (30%) se distribuirá igualitariamente, entre todos los municipios del departamento, no contemplados en el inciso anterior, ni productores de gran minería. El cuarenta por ciento (40%) de la misma asignación se distribuirá proporcionalmente atendiendo el censo poblacional de cada municipio beneficiario. El treinta por ciento (30%) restante se distribuirá en relación directamente proporcional con el número de habitantes con necesidades básicas insatisfechas de cada municipio beneficiario. Para la obtención de las cifras a distribuir entre los municipios se utilizará la siguiente fórmula: RCM = T (030 NoM + 0.4 PM PT + 0.3 PMNBI) PTNBI RCM = Recursos que le corresponde a cada municipio T = Total de recursos a distribuir PT = Población total municipios a beneficiar PM = Población del municipio PTNBI = Población total con NBI de los municipios a beneficiar PMNBI = Población con NBI del municipio NoM = Número de Municipios a beneficiar. La proporcionalidad utilizada en relación con la población y las necesidades básicas insatisfechas se dará en razón de la suma que arrojen los municipios beneficiarios, excluyendo los datos del municipio portuario marítimo del departamento de Sucre por donde se transporten los recursos naturales no renovables o sus derivados y los restantes municipios costaneros portuarios marítimos del departamento de Sucre en el Golfo de Morrosquillo." El cincuenta por ciento (50%) que corresponde a los municipios de Córdoba serán girados directamente así: 1. El once punto cinco por ciento (11.5%) para el municipio portuario marítimo del departamento de Córdoba por donde se transporten los recursos naturales no renovables o sus derivados. 2. El nueve por ciento (9%) en forma igualitaria entre los restantes municipios costaneros portuarios marítimos del departamento de Córdoba en el Golfo de Morrosquillo. 3. El veintisiete punto cinco por ciento (27.5%) en forma igualitaria entre los restantes municipios del departamento de Córdoba no contemplados en los incisos anteriores ni productores de gran minería. 4. El excedente hasta completar el cincuenta por ciento (50%), es decir, el dos por ciento (2%), con destino al departamento de Córdoba para que sea transferido a la Corporación Autónoma de los Valles del Sinú y del San Jorge "CVS" para reforestación. En el evento de que llegare a constituirse en un mismo departamento (Córdoba o Sucre), dos (2) o más municipios costaneros portuarios marítimos, por los cuales se transporten los recursos no renovables o sus derivados, el porcentaje asignado a estos municipios se aplicará a los volúmenes transportados por cada uno de ellos. El escalonamiento establecido en el artículo 53 de la Ley 141 de 1994, se aplicará independientemente por cada municipio portuario por donde se transportes los hidrocarburos o sus derivados. De la cuantía o monto total de las regalías y compensaciones de que trata el presente parágrafo se descontará a cada municipio las sumas que la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, o la Nación hayan entregado o entreguen a ellos a título de préstamos o anticipos." Artículo 14. El artículo 41 de la Ley 141 de 1994, quedará así: "Artículo 41. Distribución de las compensaciones monetarias derivadas de la explotación de níquel. Las compensaciones monetarias estipuladas en los contratos para la explotación de níquel, se distribuirán así: Departamentos productores 42.0% Municipios o distritos productores 2.0% Municipios o distritos portuarios 1.0% Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúe la explotación 55.0% Parágrafo. Las compensaciones monetarias por la explotación de níquel asignadas al departamento de Córdoba como departamento productor, se distribuirá entre los municipios no productores de la zona del San Jorge así: Municipio de Puerto Libertador 9.0% Municipio de Ayapel 8.0% Municipio de Planeta Rica 8.0% Municipio de Pueblo Nuevo 7.0% Municipio de Buenavista 5.0% Municipio de La Apartada 5.0% Total 42.0%" Artículo 15. Para los efectos de la presente ley, se entenderán por proyectos de pequeña minería, los siguientes: a) Para metales y piedras preciosas. Cuando la capacidad total de extracción de materiales útiles y estériles por año sea hasta doscientos cincuenta mil metros cúbicos (250.0003) Si se trata de minería a cielo abierto, o hasta ocho mil (8.000) toneladas si se trata de minería subterránea; b) Para carbón. Cuando la capacidad total de extracción de materiales útiles y estériles por año sea hasta veinticuatro mil (24.000) toneladas de carbón si se trata de minería a cielo abierto, o hasta treinta mil (30.000) toneladas de carbón si se trata de minería subterránea; c) Para materiales de construcción. Cuando la capacidad total de extracción de materiales útiles y estériles por año sea hasta diez mil (10.000) metros cúbicos de material si se trata de minería a cielo abierto, o hasta treinta mil (30.000) toneladas de material si se trata de minería subterránea; d) Para otros materiales no comprendidos en los literales anteriores: Cuando la capacidad total de extracción de materiales útiles y estériles por año sea hasta cien mil (100.000) toneladas de material si se trata de minería a cielo abierto, o hasta treinta mil (30.000) toneladas de material si se trata de minería subterránea. Artículo 16. Al artículo 62 de la Ley 141 de 1994 se le adiciona el siguiente parágrafo: "Parágrafo. Para los efectos de la presente ley se entenderá además por promoción de la minería, la que se hace a través de las transferencias de recursos provenientes de regalías, destinadas preferentemente a los proyectos de integración de títulos de pequeña minería, dadas sus condiciones sociales, económicas y ambientales; con el objeto de hacer de dichos proyectos, una minería sostenible." Artículo 17. Monto de las regalías. El artículo 16 de la Ley 141 de 1994 se modificará así: "Artículo 16. Establécese como regalía por la explotación de recursos naturales no renovables de propiedad nacional, sobre el valor de la producción en boca o borde de mina o pozo, según corresponda, el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente tabla: Carbón (explotación mayor de 3 millones de toneladas anuales) 10% Carbón (explotación menor de 3 millones de toneladas anuales) 5% Níquel 12% Hierro y cobre 5% Oro y plata 4% Oro de aluvión en contratos de concesión 6% Platino 5% Sal 12% Calizas, yesos, arcillas y grava 1% Minerales radioactivos 10% Minerales metálicos 5% Minerales no metálicos 3% Establécese como regalía por la explotación de hidrocarburos de propiedad nacional sobre el valor de la producción en boca de pozo, el porcentaje que resulte de aplicar la siguiente escala: Producción diaria promedio mes Porcentaje Para una producción igual o menor a 5 KBPD 5% Para una producción mayor a 5 KBPD e inferior a 125 KBPD Donde X = 5 + (producción KBPD - 5 KBPD)* (0.125) X% Para una producción mayor a 125 KBPD e inferior a 400 KBPD 20% Para una producción mayor a 400 KBPD e inferior a 600 KBPD Y% Donde Y = 20 + (Producción KBPD - 400 KBPD)* (0.025) Para una producción igual o superior a 600 KBPD 25% Parágrafo 1°. Para todos los efectos, se entiende por "producción KBPD" la producción diaria promedio mes de un campo expresada en miles de barriles por día. Para el cálculo de las regalías aplicables a la explotación de hidrocarburos gaseosos, se aplicará la siguiente equivalencia: para campos ubicados en tierra firme y costa afuera a una profundidad inferior a un mil (1.000) pies, un (1) barril de petróleo equivale a diez mil (10.000) pies cúbicos de gas; para campos ubicados costa afuera a una profundidad igual o superior a un mil (1.000) pies, un (1) barril de petróleo equivale a doce mil quinientos (12.500) pies cúbicos de gas. Parágrafo 2°. La presente norma se aplicará para todos los descubrimientos de hidrocarburos de conformidad con el artículo 2° de la Ley 97 de 1993 o las normas que la complementen, sustituyan o deroguen, que sean realizados con posterioridad a la fecha de promulgación de la presente ley. Parágrafo 3°. Igualmente se aplicará esta disposición a la producción incremental proveniente de los proyectos de producción incremental. Parágrafo 4°. El parágrafo segundo del artículo 16 de la Ley 141 de 1994, quedará así: Del porcentaje por regalías y compensaciones pactadas en el contrato vigente para la explotación del níquel en Cerromatoso, municipio de Montelíbano, se aplicará el primer cuatro por ciento (4%) a regalías y el cuatro por ciento (4%) restante a compensaciones. Para los contratos futuros o prórrogas, si las hubiere, se aplicará el porcentaje de regalías establecido en este artículo y se distribuirá de la siguiente manera: El siete por ciento (7%) a título de regalías y el cinco por ciento (5%) restante, a compensaciones. Parágrafo 5°. El parágrafo 3° del artículo 16 de la Ley 141 de 1994, quedará así: "En el contrato de asociación entre Carbocol e Intercor, la regalía legal será de un quince por ciento (15%) a cargo del asociado particular conforme a lo estipulado por dicho contrato, lo cual se distribuirá según lo establecido en el artículo 32 de la presente ley. En el evento en que la empresa Carbocol sea liquidada, privatizada o sea objeto de un proceso de capitalización privada, la entidad que adquiera los derechos de dicha empresa deberá pagar un diez por ciento (10%) sobre el valor de la producción en boca de mina, el cual se liquidará así: Los cinco (5) primeros números porcentuales se aplicarán como regalías y se distribuirán en los términos del artículo 32 de la Ley 141 de 1994 y los cinco (5) puntos porcentuales restantes se aplicarán como compensaciones, que se distribuirán así: Un cincuenta por ciento (50%) para la Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúen las explotaciones y un cincuenta por ciento (50%) para la región administrativa de planificación o la región como entidad territorial a la que pertenezca el departamento respectivo. Mientras se crea la región administrativa de planificación o la región como entidad territorial, los recursos respectivos serán administrados por la Corporación Autónoma Regional en cuyo territorio se efectúen las explotaciones. Parágrafo 6°. El impuesto estipulado en los contratos o licencias vigentes para la explotación de carbón será sustituido por una regalía cuyo monto equivaldrá al de dicho tributo, a cargo del contratista, concesionario o explotador. Parágrafo 7°. En los casos en los cuales opere la integración de títulos mineros de pequeña minería antes del 31 de diciembre del año 2010, los titulares de dicha integración estarán obligados a pagar durante los veinticinco (25) años siguientes a la fecha de la misma, el treinta por ciento (30%) del porcentaje total de regalías y compensaciones a que están obligados por aplicación de esta ley. Parágrafo 8°. Para efectos de liquidar las regalías por la explotación de minas de sal se tomará el precio de realización del producto, neto de fletes y costos de procesamiento. Se tomará por precio de realización, el precio de venta de la Concesión Salinas o de la empresa que haga sus veces". Artículo 18. El artículo 49 de la Ley 141 de 1994 quedará así: "Artículo 49. Límites a las participaciones en las regalías y compensaciones provenientes de la explotación de hidrocarburos a favor de los departamentos productores. A las participaciones en las regalías y compensaciones provenientes de la explotación de hidrocarburos a favor de los departamentos productores, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 14 y en el artículo 31 de la Ley 141 de 1994, se aplicará el siguiente escalonamiento: Promedio mensual Participación sobre su porcentaje de barriles/día departamentos Para los primeros 200.000 barriles 100% Más de 200.000 y hasta 600.000 barriles 10% Más de 600.000 barriles 5% Parágrafo 1°. Cuando la producción sea superior a doscientos mil (200.000) barriles promedio mensual diario, el excedente de regalías y compensaciones que resulte de la aplicación de este artículo se distribuirá as!: sesenta y cinco por ciento (65%) para el Fondo Nacional de Regalías y treinta y cinco por ciento (35%) para ser utilizado de acuerdo con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 141 de 1994. Parágrafo 2°. Los escalonamientos a que se refiere el presente artículo se aplicarán para todos los contratos considerados como nuevos descubrimientos de hidrocarburos de conformidad con el artículo 2° de la Ley 97 de 1993 o las normas que la complementen, sustituyan o deroguen, que sean realizados con posterioridad a la fecha de promulgación de la Ley 141 de 1994." Artículo 19. El artículo 50 de la Ley 141 de 1994 quedará así: "Artículo 50. Límites a las participaciones en las regalías y compensaciones provenientes de la explotación de hidrocarburos a favor de los municipios productores. A las participaciones en las regalías y compensaciones provenientes de la explotación de hidrocarburos a favor de los municipios productores, sin perjuicio de lo establecido en el parágrafo 2° del artículo 14 y en el artículo 31 de la Ley 141 de 1994, se aplicará el siguiente escalonamiento: Promedio mensual barriles/días Participación sobre su porcentaje de los municipios Por los primeros 200.000 barriles 100% Más de 200.000 barriles 10% Parágrafo 1°. Para la aplicación de los artículos 5, 49 y 50, un barril de petróleo equivale a 10.000 pies cúbicos de gas para campos ubicados en tierra firme y costa afuera a una profundidad inferior a un mil (1.000) pies y a doce mil quinientos (12.500) pies cúbicos de gas para campos ubicados costa afuera a una profundidad igual o superior a un mil (1.000) pies. Parágrafo 2°. Cuando la producción sea superior a los doscientos mil (200.000) barriles promedio mensual diario, el excedente de regalías y compensaciones que resulte de la aplicación de este artículo se distribuirá así: Cuarenta por ciento (40%) para el Fondo Nacional de Regalías y sesenta por ciento (60%) para ser utilizado según lo establecido en el artículo 55 de la Ley 141 de 1994. Parágrafo 3°. Los escalonamientos a que se refiere el presente artículo no se aplicarán a aquellos contratos cuyos campos fueron declarados comerciales antes de la entrada en vigencia de la Constitución Política de 1991." Artículo 20. El artículo 17 de la Ley 141 de 1994 quedará así: "Artículo 17. Regalías correspondientes a esmeraldas y demás piedras preciosas. Las regalías correspondientes a la explotación de piedras preciosas será del uno punto cinco por ciento (1.5%) del valor del material explotado, se liquidará por parte del Ministerio de Minas y Energía, o por la entidad que éste designe y se declaran y pagarán directamente en la alcaldía del respectivo municipio productor. Las regalías correspondientes a las esmeraldas y a las demás piedras preciosas que hayan sido explotadas por fuera de los concesionarios del Estado, serán de un cuatro por ciento (4%) y se declararán y pagarán directamente en la Alcaldía del respectivo municipio productor". Artículo 21. Los proyectos de carácter regional serán aquellos que beneficien a agrupaciones de municipios de diferentes departamentos o de un mismo departamento. Parágrafo. La Comisión Nacional de Regalías de acuerdo con lo estipulado en el artículo 1° numeral 2 de la Ley 141 de 1994, con el objeto de controlar y vigilar la correcta utilización de las regalías y compensaciones en los términos de los artículos 14 y 15 de la mencionada ley, podrá disponer la contratación de interventorías financieras y administrativas, públicas y/o privadas, para vigilar la utilización de las particiones de regalías y compensaciones con cargo a las respectivas entidades territoriales. El valor de estos contratos no podrá superar el uno por ciento (1 %) de estos recursos. La Comisión solicitará a la entidad recaudadora el descuento de este concepto. Artículo 22. El artículo 35 del capítulo cuarto de la Ley 141 de 1994 quedará así: "Distribución de las regalías derivadas de la explotación de esmeraldas y demás piedras preciosas. Departamento de Boyacá 10% Departamento de Cundinamarca 20% Municipio de Muzo 6% Municipio de Quípama 6% Municipio de San Pablo de Borbur 6% Municipio de Maripí 6% Municipio de Pauna 5% Municipio de Buena Vista 2% Municipio de Otanche 6% Municipio de Coper 2% Municipio de Briceño 2% Municipio de Tunungua 2% Municipio de La Victoria 2% Municipio de Chivor 8% Municipio de Ubalá 2% Municipio de Gachalá 2% Municipio de Macanal 2% Municipio de Almeida 2% Municipio de Somondoco 2% Municipio de Chiquinquirá 2% Fondo Nacional de Regalías 5% Total 100%" Artículo 23. El artículo 43 del Capítulo IV de la Ley 141 de 1994, quedará así: "Distribución de las compensaciones monetarias derivadas de la explotación de las esmeraldas. Las compensaciones monetarias derivadas de la explotación de la esmeralda se distribuirán así: Departamento de Boyacá 10% Departamento de Cundinamarca 20% Municipio de Muzo 7% Municipio de Quípama 7% Municipio de San Pablo de Borbur 7% Municipio de Maripí 7% Municipio de Pauna 5% Municipio de Buena Vista 2% Municipio de Otanche 5% Municipio de Coper 2% Municipio de Briceño 2% Municipio de Tunungua 2% Municipio de La Victoria 2% Municipio de Chivor 7% Municipio de Ubalá 2% Municipio de Gachalá 2% Municipio de Macanal 2% Municipio de Almeida 2% Municipio de Somondoco 2% Municipio de Chiquinquirá 2% Minercol 3% Total 100%" Artículo 24. La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga todas las disposiciones que le sean contrarias. El Presidente del honorable Senado de la República, MARIO URIBE ESCOBAR El Secretario General del honorable Senado de la República, MANUEL ENRIQUEZ ROSERO El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, BASILIO VILLAMIZAR TRUJILLO El Secretario general de la honorable Cámara de Representantes, ANGELINO LIZCANO RIVERA REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Publíquese y ejecútese. Dada en Bogotá, D. C., a 20 de octubre de 2000. ANDRES PASTRANA ARANGO El Ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Manuel Santos Calderón. El Ministro de Minas y Energía, Carlos Caballero Argáez. III. DEMANDA El ciudadano Germán Ortiz Rivas, del proceso D-3288, demanda la inconstitucionalidad total de la ley por vicios de procedimiento, por violación de los artículos 157, 160 y 161 de la Constitución, y 147, 151, 154, 161, 179 y 186, entre otros, de la Ley 5 de 1992. El actor explica que el proyecto inicialmente presentado contenía solamente tres artículos, y así fue aprobado en la Cámara. Luego fue enviado a la Comisión Quinta del Senado, en donde el ponente eliminó dos de los tres artículos y los reemplazó por veintitrés nuevos provenientes del proyecto 158/99, que había sido negado por el Congreso. El Senado, según su parecer, redactó un nuevo proyecto de ley, que fue aprobado finalmente por la Comisión de Conciliación y por las Plenarias de ambas cámaras. Además, explica el ciudadano, el proyecto, cuando se encontraba en el trámite referido en el Senado, fue objetado por vicios de procedimiento en su expedición, por los ministros de Hacienda y Minas, según aparece en el oficio 000612 del 19 de junio de 2000. Sin embargo, y sin que se modificara el proyecto, fue sancionado por el Presidente. El actor concluye entonces que como el proyecto fue modificado sustancialmente por el Senado, no podían existir discrepancias entre las dos Cámaras, debido a que la Cámara de Representantes no había conocido del proyecto aprobado en el Senado, por lo cual no era procedente recurrir a la referida Comisión de Conciliación, pues éstas, tal y como esta Corte lo ha precisado, “no han sido instituidas por la Constitución y la ley para suplir a las Comisiones constitucionales permanentes de las cámaras o a las plenarias de las mismas en las decisiones legislativas.” Por su contenido material, el demandante considera que los artículos 1° y 2°, parágrafo 1° de la Ley demandada violan el artículo 360 constitucional, por cuanto establecen una distribución de las regalías teniendo en cuenta la ubicación territorial de los yacimientos y no el territorio en donde se adelantan las explotaciones. Igualmente, según su parecer, el parágrafo 2° del artículo 1° de la ley demandada, vulnera los artículos 360 y 361 de la Carta, según los cuales los beneficiarios exclusivos de las regalías directas son los departamentos en cuyo territorio, se adelanten explotaciones y los municipios por donde se transporten los recursos naturales. Por consiguiente, argumenta el actor, no pueden recibir regalías aquellas entidades territoriales, como San Andrés y Providencia, que no sean productoras de recursos no renovables. El demandante también considera que el artículo 10° viola los artículos 360 y 361 de la Constitución, por cuanto confiere a la Comisión Nacional de Regalías potestades sancionatorias propias de los organismos de control, bajo una calificación que abre las puertas a la subjetividad. El artículo 13° acusado, según su parecer, viola también el artículo 360 de la Constitución, por cuanto desconoce el derecho de los municipios portuarios ubicados en el Golfo de Morrosquillo a participar en la distribución de las regalías directas, en la medida en que asigna los recaudos a otros entes que no satisfacen los requisitos necesarios como son todos los municipios de Córdoba y Sucre. Igualmente, agrega que algunos apartes de ese mismo artículo 13° desconocen el principio de igualdad (CP art. 13°), pues asigna al municipio de San Antero un promedio de 1.5% de las regalías, mientras que a Tolú le confiere un promedio de 60 %, con lo cual, Tolú recibe mayor cantidad de regalías que San Antero, a pesar de que Tolú sólo exporta 50.000 barriles diarios y el volumen de San Antero es de aproximadamente 500.000 barriles diarios. Finalmente, el demandante también ataca el artículo 16°, parágrafo 5°, por desconocer la igualdad, pues considera discriminatorio que esa disposición señale que Intercor tiene a cargo una regalía del 15%, pero que el nuevo propietario, en caso de privatización de Carbocol, sólo pagará el 10% por el mismo concepto. Por su parte, en el expediente D-3296, los ciudadanos Antonio José Pinillos Abozaglo, Jesús Ignacio García Valencia y Clara Pinillos Abozaglo atacan toda la ley, con excepción del artículo 13, por no haber recibido las normas citadas los cuatro debates exigidos en la Constitución para que pudieran convertirse en ley de la República. La irregularidad, señalan los actores, consiste en que el proyecto presentado y aprobado en la Cámara de Representantes sólo constaba de tres artículos y en el Senado se le añadieron 23, que sólo fueron debatidos y aprobados en el Senado, sin que se hubieran debatido en la comisión ni en la plenaria de la Cámara. Del texto final, el artículo 13 corresponde a los artículos 1 y 2 del proyecto de Cámara, pero se cambia completamente en porcentajes, municipios, etc., y se eliminan otros, violando por este conducto los artículos 157 y 161 de la Constitución. Para sustentar sus acusaciones, los actores adjuntan una comparación de los textos aprobados en la Cámara (de tres artículos) y en el Senado (de 26 artículos). IV. INTERVENCIONES 1. Intervención del Ministerio de Minas y Energía El señor Ministro de Minas y Energía solicita la declaratoria de constitucionalidad de la Ley 619 de 2000, por cuanto considera que su trámite se ajusta a lo preceptuado por la Carta. Según su parecer, en el presente caso se respetó el principio de unidad de materia que se aplica a la discusión sobre las discrepancias entre las dos Cámaras en torno a los proyectos de ley. Según su parecer, si bien se adicionaron algunos artículos, los mismos se relacionan con la materia que se regula, esto es con las regalías por la explotación de recursos naturales no renovables. Precisa el interviniente que el oficio señalado por el demandante no configura una objeción presidencial al proyecto, por cuanto dicha comunicación fue suscrita por los ministros de Minas y Energía y de Hacienda y Crédito Público; es decir, no por el gobierno, el cual, de conformidad con el artículo 115 superior, está conformado por el Presidente de la República y el ministro respectivo. Además, dicho oficio fue aclarado en comunicación del 10 de agosto de 2000, en la que manifiestan que, analizado de nuevo el proyecto, éste se ajusta a las normas vigentes, en especial a los artículos 161 de la Carta y 186 de la Ley 5ª de 1992, teniendo en cuenta que las comisiones de conciliación tienen la competencia para conocer acerca de las nuevas disposiciones introducidas por el Senado. Posteriormente, la ciudadana Mónica Hilarión Maldarriaga, actuando en representación de ese mismo Ministerio de Minas y Energía, presenta un escrito que adiciona la intervención del señor Ministro. La finalidad de esa intervención es solicitar que si la Corte concluye que la ley acusada está afectada por un vicio de formación insubsanable, entonces que module el efecto del fallo "en el sentido de declarar la inconstitucionalidad diferida de la Ley, hasta tanto el Legislador regule...