Sentencia C-734 de 2002

C-734-02 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-734/02 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos de razones en que se funda INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Cargos no específicos ni pertinentes GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-Naturaleza GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-Características del impuesto GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Y CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCIERAS-Similitudes PRINCIPIO DE GENERALIDAD DEL TRIBUTO-Consagración PRINCIPIO DE GENERALIDAD DEL TRIBUTO-Componentes PRINCIPIO DE GENERALIDAD DEL TRIBUTO-Inclusión de potenciales contribuyentes/PRINCIPIO DE GENERALIDAD DEL TRIBUTO-Sujeto pasivo no es el mismo para los distintos impuestos/GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-Todos son potencialmente sujetos contribuyentes El principio de generalidad del tributo se refiere a que todos los potenciales contribuyentes, a la luz de los criterios utilizados por el legislador al crear un impuesto, sean incluidos dentro de la definición abstracta de los sujetos pasivos de dichos impuestos, la cual debe ser razonable y debe obedecer a una finalidad compatible con la Constitución. De esta manera, el principio de generalidad de los impuestos no exige que el sujeto pasivo definido en las leyes sea el mismo para los distintos impuestos sino que todas las personas puedan potencialmente llegar a ser sujetos pasivos de cada impuesto. Ello es precisamente lo que sucede con el GMF: cualquier persona, sin importar el sector económico al cual pertenezca ni su actividad específica, que realice la conducta gravada debe pagar el impuesto de tal manera que todos son potencialmente sujetos contribuyentes cuando se dé el hecho generador del mismo. IMPUESTO-Generalidad GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-Cumple las características de generalidad del impuesto NORMA ACUSADA-Producción de consecuencias jurídicas aunque no se encuentra vigente CONTRIBUCION PARAFISCAL-Destinación sectorial es característica inherente/IMPUESTO-Destinación específica IMPUESTO-Excepciones a destinación específica IMPUESTO-Destinación de parte del mismo a un fin específico RENTAS NACIONALES DE DESTINACION ESPECIFICA-Justificación de consagración GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS PARA RECONSTRUCCION DEL EJE CAFETERO INVERSION SOCIAL Y GASTO PUBLICO SOCIAL-Recuperación GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS PARA RECONSTRUCCION DEL EJE CAFETERO-Erogaciones corresponden a inversión social GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS PARA RECONSTRUCCION DEL EJE CAFETERO-Dotación en salud y educación corresponde a objetos que constituyen inversión social TASA PUBLICA DE RETORNO Y TASA PRIVADA DE RETORNO INVERSION PUBLICA E INVERSION PRIVADA-Relación y distinción EQUIDAD TRIBUTARIA-Factores de los cuales se predica CARGA TRIBUTARIA-Justificación de sacrificios PRINCIPIO DE EQUIDAD DEL TRIBUTO-Recaudo EQUIDAD TRIBUTARIA-Criterio para evitar carga excesiva o beneficio exagerado La equidad tributaria es un criterio con base en el cual se pondera la distribución de las cargas y de los beneficios o la imposición de gravámenes entre los contribuyentes para evitar que haya cargas excesivas o beneficios exagerados. Una carga es excesiva o un beneficio es exagerado cuando no consulta la capacidad económica de los sujetos pasivos en razón a la naturaleza y fines del impuesto en cuestión. EQUIDAD TRIBUTARIA-Vertical y horizontal EQUIDAD SOLIDARIA EN MATERIA TRIBUTARIA-Zonas donde habitan personas marginadas GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-Referencia a un sector económico no implica que pueda recaer en sujetos pasivos ajenos/IMPUESTO-Referencia a un sector económico no implica que pueda recaer en sujetos pasivos ajenos/PRINCIPIO DE EQUIDAD DEL TRIBUTO-Referencia a un sector económico no implica que pueda recaer en sujetos pasivos ajenos IMPUESTO-No relación directa e inmediata con beneficio derivado del contribuyente PRINCIPIO DE EQUIDAD DEL TRIBUTO EN GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS-No reducción de renta bruta Referencia: expediente D-3943 Norma Acusada: Artículos 1°, 2°, 3° y 55 inciso primero de la Ley 633 de 2000 Demandante: Humberto de Jesús Longas Londoño Magistrado Ponente: Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA Bogotá, D. C., diez (10) de septiembre de dos mil dos (2002) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente, SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Humberto de Jesús Longas Londoño demandó los artículos 1°, 2°, 3° y 55 inciso primero de la Ley 633 del 29 de diciembre de 2000, "por la cual se expiden normas en materia tributaria, se dictan disposiciones sobre el tratamiento a los fondos de interés social y se introducen normas para fortalecer las finanzas de la Rama Judicial". Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. II. NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcribe el texto de la norma acusada, así: Artículo 1º. Gravamen a los Movimientos Financieros. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente Libro: "LIBRO SEXTO GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS Artículo 870. Gravamen a los Movimientos Financieros, GMF. Créase como un nuevo impuesto, a partir del primero (1º) de enero del año 2001, el Gravamen a los Movimientos Financieros, a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman. Artículo 871. Hecho Generador del GMF. El hecho generador del Gravamen a los Movimientos Financieros lo constituye la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia. En el caso de cheques girados con cargo a los recursos de una cuenta de ahorro perteneciente a un cliente, por un establecimiento de crédito no bancario o por un establecimiento bancario especializado en cartera hipotecaria que no utilice el mecanismo de captación de recursos mediante la cuenta corriente, se considerará que constituyen una sola operación el retiro en virtud del cual se expide el cheque y el pago del mismo. Parágrafo. Para los efectos del presente artículo, se entiende por transacción financiera toda operación de retiro en efectivo, mediante cheque, con talonario, con tarjeta débito, a través de cajero electrónico, mediante puntos de pago, notas débito o mediante cualquier otra modalidad que implique la disposición de recursos de cuentas de depósito, corrientes o de ahorros, en cualquier tipo de denominación, incluidos los débitos efectuados sobre los depósitos acreditados como "saldos positivos de tarjetas de crédito" y las operaciones mediante las cuales los establecimientos de crédito cancelan el importe de los depósitos a término mediante abono en cuenta. Artículo 872. Tarifa del GMF. La tarifa del Gravamen a los Movimientos Financieros será del tres por mil (3 x 1.000). En ningún caso este valor será deducible de la renta bruta de los contribuyentes. Artículo 873. Causación del GMF. El Gravamen a los Movimientos Financieros es un impuesto instantáneo y se causa en el momento en que se produzca la disposición de los recursos objeto de la transacción financiera. Artículo 874. Base gravable del GMF. La base gravable del Gravamen a los Movimientos Financieros estará integrada por el valor total de la transacción financiera mediante la cual se dispone de los recursos. Artículo 875. Sujetos pasivos del GMF. Serán sujetos pasivos del Gravamen a los Movimientos Financieros, los usuarios del sistema financiero, las entidades que lo conforman y el Banco de la República. Cuando se trate de retiros de fondos que manejen ahorro colectivo, el sujeto pasivo será el ahorrador individual beneficiario del retiro. Artículo 876. Agentes de Retención del GMF. Actuarán como agentes retenedores y serán responsables por el recaudo y el pago del GMF, el Banco de la República y los establecimientos de crédito en los cuales se encuentre la respectiva cuenta, así como los establecimientos de crédito que expiden los cheques de gerencia. Artículo 877. Declaración y pago del GMF. Los agentes de retención del GMF deberán depositar las sumas recaudadas a la orden de la Dirección General del Tesoro Nacional, en la cuenta que ésta señale para el efecto, presentando la declaración correspondiente, en el formulario que para este fin disponga la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. La declaración y pago del GMF deberá realizarse en los plazos y condiciones que señale el Gobierno Nacional. Parágrafo. Se entenderán como no presentadas las declaraciones, cuando no se realice el pago en forma simultánea a su presentación. Artículo 878. Administración del GMF. Corresponde a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la administración del Gravamen a los Movimientos Financieros a que se refiere este Libro, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia. Así mismo, la DIAN quedará facultada para aplicar las sanciones contempladas en dicho Estatuto, que sean compatibles con la naturaleza del impuesto, así como aquellas referidas a la calidad de agente de retención, incluida la de trasladar a las autoridades competentes el conocimiento de posibles conductas de carácter penal. Para el caso de aquellas sanciones en las cuales su determinación se encuentra referida en el Estatuto Tributario a mes o fracción de mes calendario, se entenderán referidas a semana o fracción de semana calendario, aplicando el 1.25% del valor total de las retenciones practicadas en el respectivo período, para aquellos agentes retenedores que presenten extemporáneamente la declaración correspondiente. Artículo 879. Exenciones del GMF. Se encuentran exentos del Gravamen a los Movimientos Financieros: 1. Los retiros efectuados de las cuentas de ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda. La exención no podrá exceder en el año fiscal del cincuenta por ciento (50%) del salario mínimo mensual vigente y se aplicará proporcionalmente en forma no acumulativa sobre los retiros mensuales efectuados por el titular de la cuenta. El Gobierno expedirá la reglamentación correspondiente. La exención se aplicará exclusivamente a una cuenta de ahorros por titular y siempre y cuando pertenezca a un único titular. Cuando quiera que una persona sea titular de más de una cuenta de ahorros en uno o varios establecimientos de crédito, deberá elegir aquella en relación con la cual operará el beneficio tributario aquí previsto e indicárselo al respectivo establecimiento. 2. Los traslados entre cuentas corrientes de un mismo establecimiento de crédito, cuando dichas cuentas pertenezcan a un mismo y único titular que sea una sola persona. 3. Las operaciones que realice la Dirección del Tesoro Nacional, directamente o a través de los órganos ejecutores, incluyendo las operaciones de reporto que se celebren con esta entidad y el traslado de impuestos a dicha Dirección por parte de las entidades recaudadoras; así mismo, las operaciones realizadas durante el año 2001 por las Tesorerías Públicas de cualquier orden con entidades públicas o con entidades vigiladas por las Superintendencias Bancaria o de Valores, efectuadas con títulos emitidos por Fogafín para la capitalización de la Banca Pública. 4. Las operaciones de liquidez que realice el Banco de la República, conforme a lo previsto en la Ley 31 de 1992. 5. Los créditos interbancarios y las operaciones de reporto con títulos realizadas por las entidades vigiladas por las Superintendencias Bancaria o de Valores para equilibrar defectos o excesos transitorios de liquidez, en desarrollo de las operaciones que constituyen su objeto social. 6. Las transacciones ocasionadas por la compensación interbancaria respecto de las cuentas que poseen los establecimientos de crédito en el Banco de la República. 7. Las operaciones de compensación y liquidación de los depósitos centralizados de valores y de las bolsas de valores sobre títulos desmaterializados, y los pagos correspondientes a la administración de valores en dichos depósitos. 8. Las operaciones de reporto realizadas entre el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín) o el Fondo de Garantías de Instituciones Cooperativas (Fogacoop) con entidades inscritas ante tales instituciones. 9. El manejo de recursos públicos que hagan las tesorerías de las entidades territoriales. 10. Las operaciones financieras realizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, del Sistema General de Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, de los Fondos de Pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987 y del Sistema General de Riesgos Profesionales, hasta el pago a la entidad promotora de salud, a la administradora del régimen subsidiado o al pensionado, afiliado o beneficiario, según el caso. 11. Los desembolsos de crédito mediante abono en la cuenta o mediante expedición de cheques, que realicen los establecimientos de crédito. 12. Las operaciones de compra y venta de divisas efectuadas a través de cuentas de depósito del Banco de la República o de cuentas corrientes, realizadas entre intermediarios del mercado cambiario vigilados por las Superintendencias Bancaria o de Valores, el Banco de la República y la Dirección del Tesoro Nacional. Las cuentas corrientes a que se refiere el anterior inciso deberán ser de utilización exclusiva para la compra y venta de divisas entre los intermediarios del mercado cambiario. 13. Los cheques de gerencia cuando se expidan con cargo a los recursos de la cuenta corriente o de ahorros del ordenante, siempre y cuando que la cuenta corriente o de ahorros sea de la misma entidad de crédito que expida el cheque de gerencia. 14. Los traslados que se realicen entre cuentas corrientes y/o de ahorros abiertas en un mismo establecimiento de crédito a nombre de un mismo y único titular. La indicada exención se aplicará también cuando el traslado se realice entre cuentas de ahorro colectivo y cuentas corrientes o de ahorros que pertenezcan a un mismo y único titular, siempre y cuando estén abiertas en el mismo establecimiento de crédito. De acuerdo con el reglamento del Gobierno Nacional, los retiros efectuados de cuentas de ahorro especial que los pensionados abran para depositar el valor de sus mesadas pensionales y hasta el monto de las mismas, cuando estas sean equivalentes a dos salarios mínimos o menos. Parágrafo. El Gravamen a los Movimientos Financieros que se genere por el giro de recursos exentos de impuestos de conformidad con los tratados, acuerdos y convenios internacionales suscritos por el país, será objeto de devolución en los términos que indique el reglamento. Artículo 880. Agentes de retención del GMF en operaciones de cuenta de depósito. En armonía con lo dispuesto en el artículo 876 del presente Estatuto, cuando se utilicen las cuentas de depósito en el Banco de la República para operaciones distintas de las previstas en el artículo 879 del Estatuto Tributario, el Banco de la República actuará como agente retenedor del Gravamen a los Movimientos Financieros que corresponda pagar por dicha transacción a la entidad usuaria de la respectiva cuenta. Artículo 881. Devolución del GMF. Las sociedades titularizadoras, los establecimientos de crédito que administren cartera hipotecaria movilizada, y las sociedades fiduciarias, tendrán derecho a obtener la devolución del Gravamen a los Movimientos Financieros que se cause por la transferencia de los flujos en los procesos de movilización de cartera hipotecaria para vivienda por parte de dichas entidades, a que se refiere la Ley 546 de 1999, en los términos y condiciones que reglamente el Gobierno Nacional. Igualmente, tendrán derecho a la devolución establecida en el presente artículo las operaciones del Fondo de Estabilización de la Cartera Hipotecaria, cuya creación se autorizó por el artículo 48 de la Ley 546 de 1999, en especial las relativas al pago o aporte que deban realizar las partes en virtud de los contratos de cobertura, así como las inversiones del fondo. Artículo 2º. Del recaudo proveniente del Gravamen a los Movimientos Financieros por los meses de enero y febrero del año 2001, un valor equivalente a dos (2) de los tres (3) puntos de la tarifa del impuesto será destinado a la reconstrucción del Eje Cafetero en lo referido a financiar vivienda de interés social y otorgar subsidios para vivienda, a la dotación de instituciones oficiales de salud, a la dotación educativa y tecnológica de los centros docentes oficiales de la zona afectada, a la concesión de créditos blandos para las pequeñas y medianas empresas asociativas de trabajo en tanto fueron afectadas por el terremoto y el vandalismo y a los fondos previstos en el Decreto 1627 de 1996 para organizaciones existentes antes del 25 de enero de 1999 en Armenia y Pereira. Para efectos de lo dispuesto en este artículo se consideran pequeñas y medianas aquellas empresas que hubieran obtenido ingresos brutos inferiores a seiscientos millones de pesos ($600.000.000), tengan un patrimonio bruto inferior a ochocientos millones de pesos ($800.000.000) y un número máximo de veinte (20) trabajadores. Artículo 3º. Utilización de los recursos generados por el Gravamen a los Movimientos Financieros. Los recaudos del Gravamen a los Movimientos Financieros y sus rendimientos serán depositados en una cuenta especial de la Dirección del Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el Presupuesto General de la Nación en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en las subsiguientes. El Gobierno propondrá al Congreso de la República la incorporación de estos ingresos en la medida en que las necesidades locales así lo aconsejen, hasta que se agote su producido. Artículo 55. De conformidad con el inciso 2º del parágrafo del artículo 357 de la Constitución Política, el nuevo gravamen a los Movimientos Financieros que se crea por la presente ley, está excluido de la participación que les corresponde a los municipios en los ingresos corrientes de la Nación hasta el año 2009. En aplicación de esta misma disposición, durante el año 2001 los municipios no tendrán participación en los ingresos originados por las modificaciones introducidas por esta ley al impuesto sobre las ventas, al igual que en los ingresos por los ajustes en materia del impuesto sobre la renta para el año gravable 2001 que se recauden durante el año 2002. III. LA DEMANDA El demandante considera que los artículos 1°, 2°, 3° y 55 inciso primero de la Ley 633 vulneran el Preámbulo y los artículos 2°, 13, 95 numeral 9°, 338, 350, 359 y 363 de la Constitución Política. En la demanda se formulan dos argumentos diferentes, comunes a las normas acusadas en tanto que se encargan de definir y reglamentar el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF). De acuerdo con el primer argumento, las normas acusadas son contrarias a la Constitución porque contemplan un impuesto que no es general en la medida en que sólo cubre a un sector de la sociedad, lo cual implica es contrario a la igualdad y a la equidad en materia tributaria, y porque establece una renta nacional de destinación específica que no se ajusta a los criterios que para el efecto fija el artículo 359 de la Constitución. Según el segundo argumento, las normas acusadas contemplan la creación de una carga fiscal que mezcla características propias de los impuestos y de las contribuciones parafiscales. El demandante desarrolla los cargos en los siguientes términos: 1. El demandante asevera que en la sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil) se señaló que "[...] el Gravamen a los Movimientos Financieros –GMF– no es el mismo Impuesto a las Transacciones Financieras decretado durante la emergencia económica de 1998; por lo cual, no le son aplicables al Gravamen a los Movimientos Financieros –GMF– los mismos criterios expuestos para el Impuesto a las Transacciones Financieras en la Sentencia C-136 de marzo 4 de 1999, Magistrado Ponente doctor José Gregorio Hernández Galindo, que interpretó que la Contribución a las Transacciones Financieras creada en el Decreto Legislativo 2331 de 1998 de la emergencia económica de 1998, era un impuesto y no una contribución"[1]. Hecha esta aclaración, el actor asegura que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional [...] el impuesto se fundamenta en el principio de la generalidad por cuanto es una prestación pecuniaria de carácter unilateral por no constituir una remuneración por prestaciones determinadas, es de carácter obligatorio, carece de destinación específica, su tarifa es definida por la autoridad de representación popular que la impone, hace parte del presupuesto, se somete a control fiscal, su cuantía es necesaria para cubrir los gastos públicos y es administrado por el Estado"[2]. No obstante, en su opinión el GMF no cumple con estas características dado que: 1.1. Carece de generalidad porque "[...] se creó a cargo de los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman que son los sujetos pasivos del Gravamen, junto con el Banco de la República, de acuerdo con el artículo 875 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000"[3]. En consecuencia, señala que la imposición de un gravamen aplicable únicamente a un sector económico, desafía este principio, al igual que el derecho a que las cargas tributarias sean igualitarias y equitativas. 1.2. Tiene destinación específica, según lo prescrito por el artículo 2° de la Ley 633 de 2000 demandado. En efecto, [...] la Ley no definió expresamente si tal destinación específica en su totalidad era para inversión social, de acuerdo con el artículo 359 numeral 2 de la Constitución Política de Colombia, o en realidad era gasto público social, de acuerdo con el artículo 350 de la Constitución Política de Colombia, y debió estar en la Ley de apropiaciones como inversión social y no como gasto público social"[4]. Aclara que el gasto público social no es recuperable. Por su parte, "La inversión social es recuperable, y no es el caso de la destinación específica del artículo 2° de la Ley 633 de 2000, porque es gasto público social apropiado indebidamente, por lo cual, tal destinación específica del impuesto violó los artículos 350 y 359 de la Constitución Política de Colombia"[5]. 2. El demandante señala que "[l]a Corte Constitucional en Sentencia C-1179 de noviembre 8 de 2001, Magistrado Ponente, doctor Jaime Córdoba Triviño (sic) definió las contribuciones parafiscales como gravámenes obligatorios que no implican remuneración de un servicio prestado por el Estado, no afectan a todos los ciudadanos, sino únicamente a un grupo económico determinado, tienen una destinación específica en cuanto se utilizan para el beneficio del sector económico que soporta el gravamen, no se someten a normas de ejecución presupuesta y son administrados por órganos que hacen parte de ese mismo renglón económico"[6]. Sin embargo, en su opinión, el GMF mezcla indiscriminadamente características de los impuestos y de las contribuciones parafiscales, lo cual lo hace contrario a la Carta Política. En efecto, en su opinión: 2.1. El sujeto pasivo del GMF son los usuarios del sistema financiero, lo cual es una característica de las contribuciones parafiscales. 2.2. "El sujeto activo es el Estado, a través de la Dirección General del Tesoro Nacional [y la administración de los recursos obtenidos corresponde a] la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales"[7], lo cual es una característica de los impuestos. 2.3. "El hecho generador es la realización de las transacciones financieras, mediante las cuales se disponga de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorros, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y los giros de cheques de gerencia, según el artículo 871 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000"[8], lo cual es una característica de las contribuciones parafiscales o de las tasas. 2.4. La tarifa es del tres por mil y no es deducible de la renta bruta de los contribuyentes del impuesto sobre la renta, característica común a impuestos, tasas y contribuciones. 2.5. "La base gravable está integrada por el valor total de la transferencia financiera mediante la cual se dispone de los recursos, según el artículo 874 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000"[9], característica de las contribuciones parafiscales y de las tasas. 2.6. "La destinación específica en beneficio del sector económico que soporta el gravamen, los usuarios del sistema financiero y las entidades que lo conforman, no fue determinada en la Ley. Esta característica, que es inherente a la contribución parafiscal, no determinada en la Ley, conlleva a la violación de la Constitución Política de Colombia"[10]. 2.7. El artículo 2° de la Ley 633 de 2000 prevé la destinación específica de los recursos obtenidos por medio del GMF a terceros que no han contribuido en su aporte. Hay por lo tanto una destinación específica de un impuesto, lo cual, en opinión del demandante, es contrario a la Constitución según lo indicado antes. 2.8. El GMF se encuentra contenido en las normas presupuestales, según lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 633 de 2000 acusado, lo cual es una característica de los impuestos. El demandante concluye que el GMF "[…] es una contribución parafiscal por el sujeto pasivo, por el hecho generador, por la tarifa, por la base gravable. Pero es una contribución parafiscal imperfecta por cuanto el sujeto es el Estado a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales; y no administrado por un órgano que haga parte del mismo renglón económico, los usuarios del sistema financiero y las entidades que lo conforman"[11]. Así, en tanto que contribución parafiscal, el GMF vulnera el artículo 338 de la Constitución pues los artículos que la desarrollan, acusados en esta oportunidad, no determinan su destinación específica. Por último, "[…] para aumentar la inequidad, los usuarios del sistema financiero y las entidades que lo conforman, fuera de no percibir como sector económico afectado el beneficio que le corresponde, tienen la carga de la no deductibilidad del Gravamen a los Movimientos Financieros –GMF, establecida en el artículo 872 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000; carga que se convierte en un 135%, sin recibir como sector económico ningún beneficio"[12]. IV. INTERVENCIONES DE AUTORIDADES PUBICAS Intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) de este Ministerio, intervino por medio de apoderada para solicitar que se declare la exequibilidad de las normas acusadas. Respecto de la "Supuesta violación de los principios de igualdad y equidad" la interviniente sostiene que "[…] el actor no enfoca un argumento coherente que exprese objetivamente la razón por la cual el gravamen a los movimientos financieros viola los principios de igualdad y equidad, simplemente se limita a expresar que se dirige exclusivamente a los usuarios del sistema financiero. Por tanto, el hecho de que el gravamen a los movimientos financieros, tenga como sujeto pasivo del mismo, a los usuarios del sistema financiero, para nada viola los principios de equidad e igualdad, pues dentro de la potestad legislativa en orden a la configuración de un tributo, es plenamente viable que indique los sujetos activos, pasivos, hecho generador, base gravable y tarifas"[13]. Afirma que para que exista una vulneración de los principios de igualdad y equidad tributaria es necesario que se compare el grupo que soporta la carga tributaria con el que no la soporta y que se demuestre que ambos se hallan en las mismas condiciones, cosa que no ocurre respecto del GMF. Hace mención de la Sentencia C-1295 de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis) en la que se analiza el principio de legalidad respecto de los impuestos y concluye que "no existe parámetro que dé lugar a que por determinación del sujeto pasivo por parte del legislador, en el Gravamen a los Movimientos Financieros, en las normas demandadas, se vulneren los principios de equidad e igualdad, cuando por el contrario en aras de los mismos, solamente quienes disponen de recursos depositados en cuentas corrientes o de ahorro, así como en cuentas de depósito en el Banco de la República, y giros de cheques de gerencia, constituyen sujetos pasivos del mismo"[14]. Acerca de la "Presunta configuración del gravamen a los movimientos financieros como una contribución imperfecta"[15] la interviniente sostiene que, de acuerdo con lo ya indicado, es evidente que dicho gravamen es un impuesto y que por lo tanto carece de sentido demostrar que no se trata, por lo tanto, de una contribución parafiscal imperfecta. Sobre la "Supuesta destinación específica del gravamen a los movimientos financieros" la interviniente señala que "[...] el Gravamen a los Movimientos Financieros es un impuesto nacional, y que frente al mismo, si bien es cierto, constituye una renta nacional que no puede tener destinación específica, se exceptúa de dicha regla, las destinadas para inversión social"[16]. Adiciona que en estos términos, las normas acusadas se ajustan a lo prescrito en los artículos 350 y 359 de la Carta Política. V. INTERVENCIÓN CIUDADANA Intervención del ciudadano Juan de Dios Bravo González en representación del Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) El interviniente inicia señalando que si bien en las Sentencias C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), C-1107 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería), C- 828 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), C-1295 de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), la Corte conoció de demandas contra la dispuesto en la Ley 633 de 2000 sobre el GMF, no se está en esta oportunidad frente a una cosa juzgada. Señala que el cargo según el cual al GMF se le dio el nombre equivocado de impuesto en vez de llamarlo contribución parafiscal sería atendible si no existieran las sentencias citadas en las que la Corte Constitucional ha considerado que el GMF obedece a la categoría de los impuestos y no de las contribuciones parafiscales. Sostiene que el cargo según el cual el artículo 2° de la Ley 633 de 2000 acusado ha debido diferenciar entre gasto social e inversión social no tiene asidero en la medida en que el artículo 41 de la Ley Orgánica del Presupuesto contiene y define el primero de dichos términos. Respecto de la naturaleza del GMF afirma que en efecto se trata de un impuesto y que por lo tanto tiene la condición de ser general pues "[...] potencialmente cualquier persona puede ser sujeto del [mismo], pero sólo lo será efectivamente en cuanto sea usuario del sistema y realice las transacciones financieras indicadas por la ley como generadoras del gravamen, o se trate de una entidad que forma parte de dicho sistema"[17]. El interviniente sostiene que se presenta una vulneración al principio de igualdad pero no en razón de quienes son obligados a su pago sino debido a las exenciones consignadas en el artículo 879 del Estatuto Tributario, según la adición realizada por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000, acusado en esta oportunidad. Indica que si bien la Corte ya se ha pronunciado sobre la exequibilidad de algunas de estas exenciones, ello no impide que se haga un estudio de constitucionalidad de las restantes. Frente al principio de equidad, el ICDT sostiene que si bien la Corte ha indicado que se trata de un impuesto indirecto, el GMF tiene la condición de impuesto directo debido a que afecta de manera directa el patrimonio de quienes se definen como sujetos activos de su pago. En efecto, "[l]a definición del hecho generador como toda operación de retiro de recursos mediante cualquier modalidad que implique disposición de ellos, demuestra que no está construido sobre negocios jurídicos, razón por la cual no se le puede ubicar como un impuesto a las transacciones, ni sobre los gastos o los consumos"[18]. Asegura que se encuentra ya demostrado que el GMF trae repercusiones negativas profundas para el desempeño de la economía. Concluye así que "[...] este incremento al Impuesto sobre la Renta [el causado por el GMF] no guarda proporción con la rentabilidad real, puesto que su cuantía depende del volumen de operaciones bancarias que deba realizar la empresa, las que a su turno, dependen de las características particulares del negocio, relativo al flujo de caja y a la rotación de inventarios"[19]. Por lo tanto, el ICDT solicita que se declare la inexequibilidad del GMF por considerarlo injusto y carente de técnica jurídica. VI. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION La Procuradora General de la Nación (E) solicitó en su concepto que se declare la exequibilidad de las normas acusadas. Señala que en las Sentencias C-992 y C-1295 de 2001 la Corte se pronunció sobre la naturaleza del GMF y que en la C-1297 de 2001 declaró la exequibilidad de los numerales 9 y 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario, de acuerdo con la adición del artículo 1° de la Ley 633 de 2000. De esta manera, indica que los cargos serán analizados teniendo en cuenta que esta Corporación recoció ya el carácter de impuesto del GMF. Indica que "[t]anto de la manifestación expresa del legislador, como de los elementos del gravamen, puede deducirse que se trata de un impuesto de carácter nacional y no de una renta parafiscal, que como lo ha manifestado en reiteradas ocasiones la Corte Constitucional, son recursos administrados por fuera del presupuesto nacional y en beneficio de los mismos sujetos obligados el tributo. En el presente caso, es un típico impuesto cuyo sujeto activo es la Nación (Sentencia C-1295 de 2001)"[20]. La Vista Fiscal hace mención de los principios de igualdad y equidad en materia tributaria y luego sostiene que "[c]on respecto al carácter del impuesto, inescindible de los dos principios anteriores, no encuentra este Despacho disconformidad con las normas superiores, por cuanto se grava indistintamente a los usuarios del sistema financiero, en cuento a las transacciones que éstos realicen, con las excepciones establecidas en la norma, es decir, se cumple a cabalidad el principio de generalidad que el actor aduce como vulnerado"[21]. Agrega que "[…] el carácter de general [de un impuesto] hace referencia a la obligación de todo ciudadano que se encuentra en la situación de hecho determinada por el legislador, a pagar tributo, en las condiciones fijadas por él"[22]. Respecto de la afirmación sostenida por el actor en el sentido de que las normas acusadas vulneran la Constitución por prever la destinación específica de parte de los recursos obtenidos por medio del GMF la Vista Fiscal afirma que la diferencia que se postula en la demanda entre inversión social y gasto social utiliza inadecuadamente categorías propias del sector privado. Adiciona que la inversión social es, de acuerdo con el artículo 359 de la Constitución, una de las excepciones al principio general según el cual no habrá rentas nacionales de destinación específica. VII. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia En virtud de lo dispuesto por el artículo 241-4 la Corte Constitucional es competente para conocer de las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las que se acusan en la demanda que se estudia. 2. El problema jurídico que se plantea El demandante sostiene que el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), consagrado en los artículos 1°, 2°, 3° y 55 de la Ley 633 de 2000, vulnera el Preámbulo y los artículos 2°, 13, 95 numeral 9°, 338, 350, 359 y 363 de la Constitución Política porque (i) se trata de un impuesto contrario a la igualdad y a la equidad; (ii) contempla que parte de los recursos que se obtengan con su recaudo, tienen una destinación específica que no cumple con las condiciones establecidas en la Carta; y (iii) en su consagración normativa, el legislador mezcló rasgos propios de los impuestos y de las contribuciones parafiscales. Con el propósito de facilitar el juicio de constitucionalidad de las normas acusadas, la Corte habrá de determinar, en primer lugar, si el GMF presenta las características propias de los impuestos o si mezcla rasgos de este tipo de cargas tributarias con características inherentes a las contribuciones parafiscales, como lo sostiene el demandante. Luego analiza si la destinación a ciertos fines de parte de los recursos obtenidos con base en el recaudo del GMF, viola la prohibición de que no haya rentas nacionales con destinación específica. Por último, estudia el alcance de la igualdad y de la equidad en el ámbito tributario y se determina si el GMF las vulnera en la medida en que se trata de una carga tributaria de la cual es responsable un sector de la sociedad que no es el directo beneficiario de la misma. En concreto, corresponde a la Corte Constitucional absolver los siguientes tres interrogantes jurídicos: ¿reúne el GMF las características de los impuestos establecidas en la Carta Política o por el contrario, contraviene el artículo 359 de la Constitución por ser una contribución parafiscal que no cumple las condiciones constitucionales de estas exacciones? ¿responden las erogaciones que se contemplan en el artículo 2° de la Ley 633 de 2000 a la condición de inversión social en los términos prescritos en el numeral 2° del artículo 359 de la Constitución? ¿es el GMF contrario a la igualdad y a la equidad en materia tributaria, es decir, contraviene la Constitución en sus artículos 2°, 13, 95 numeral 9° y 363? 3. Consideraciones 3.0. El alcance de la demanda. Inhibición parcial por ausencia de cargos La Corte Constitucional ha puesto de presente que la efectividad del derecho político a presentar una acción pública de inexequibilidad depende de que las razones sobre las que se funda la demanda respectiva sean "claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes"[23]. La jurisprudencia constitucional ha señalado que la especificidad depende de que exista "una oposición objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política"[24]. Por su parte, la pertinencia supone que "el reproche formulado por el peticionario debe ser de naturaleza constitucional, es decir, fundado en la apreciación del contenido de una norma Superior que se expone y se enfrenta al precepto demandado". Así pues, antes de proceder al estudio de los cargos descritos, esta Corte estima necesario analizar si la demanda de la referencia cumple con dichos requisitos respecto de todas las normas acusadas debido a que el actor solicita que se declare la inexequibilidad del artículo 1° de la Ley 633 de 2000, que a su vez se compone de doce artículos (del 870 al 881), los cuales se adicionan al Estatuto Tributario (E.T.). Esta Corporación encuentra que los cargos formulados por el actor no son específicos respecto del contenido de los artículos 879, 880 y 881 del E.T. que versan, respectivamente, sobre las exenciones al GMF, las situaciones en las que el Banco de la República actúa como agente retenedor de este impuesto y las ocasiones en que habrá derecho a la devolución del mismo. En efecto, las razones que presenta el actor para solicitar la declaratoria de inexequibilidad de los doce artículos de los que se compone el artículo 1° de la Ley 633 de 2000, no recae sobre estos contenidos normativos sino sobre la configuración legislativa del GMF, es decir, sobre los artículos 870 a 878 adicionados al E.T. Por lo tanto, los argumentos respecto de los restantes artículos formalmente demandados (879, 880 y 881 del E.T.), no son específicos ni pertinentes. Igual acontece con los artículos 3° y 55 de la Ley 633 de 2000 (que versan, respectivamente, sobre la posibilidad de que los recaudos del GMF y sus rendimientos sean depositados en una cuenta especial de la Dirección del Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el Presupuesto General de la Nación en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en las subsiguientes, y sobre la exclusión de dicho gravamen de la participación que les corresponde a los municipios en los ingresos corrientes de la Nación hasta el año 2009), cuyo contenido no guarda relación alguna con los argumentos presentados por el actor. En este orden de ideas, la Corte Constitucional habrá de inhibirse para conocer de la exequibilidad de los artículos 879, 880 y 881 del ET, adicionados por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000, y de los artículos 3° y 55 de la misma ley. Adoptada esta decisión, procede la Corte al análisis de los cargos formulados contra los artículos respecto de los cuales es procedente la demanda de la referencia, es decir, los artículos 870 a 878 del ET, adicionados por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000, y del artículo 2° de la misma ley. 3.1. La naturaleza del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) 3.1.1. El demandante sostiene que en la configuración que se hace del GMF en los artículos acusados, se mezclan características propias de los impuestos y de las contribuciones parafiscales, lo cual conduce a que se vulnere la Constitución en la medida en que se extraen recursos de un sector específico de la economía y se les da una destinación diferente a la de revertir en beneficio de dicho sector. La Corte considera pertinente hacer una referencia a las ocasiones en que se ha pronunciado sobre la exequibilidad de normas que reglamentan el GMF antes de abordar el análisis de los cargos enunciados. En efecto, esta Corporación ha conocido en cuatro oportunidades demandas contra este gravamen consagrado en la Ley 633 de 2000, a saber: 3.1.1.1. En la Sentencia C-828 de 2001 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 879 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000, parcialmente demandado. El actor sostenía que la disposición contemplada en el literal 10 del artículo 879 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 1° de la Ley 633 de 2000, según la cual se encuentran exentos del GMF "[l]as operaciones financieras realizadas con recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, del Sistema General de Pensiones a que se refiere la Ley 100 de 1993, de los Fondos de Pensiones de que trata el Decreto 2513 de 1987 y del Sistema General de Riesgos Profesionales, hasta el pago a la entidad promotora de salud, a la administración del régimen subsidiado o al pensionado, afiliado o beneficiario, según el caso" (las subrayas corresponden al aparte demandado), era contrario a la igualdad porque no incluía dentro de la exención los pagos realizados por las Empresas Prestadoras de Salud, las Administradoras de Régimen Subsidiado y las Instituciones Prestadoras de Salud a pesar de que, por sus características, debían quedar cobijadas por la norma. La Corte declaró la exequibilidad del aparte acusado "en el entendido de que la exención comprende las transacciones financieras que se realicen entre las EPS y las IPS y entre las ARS y las IPS con motivo de la prestación del Plan Obligatorio de Salud", de manera que los recursos que no quedaran cobijados por la exención fueran los que correspondían a las utilidades de tales instituciones. 3.1.1.2. En la Sentencia C-992 de 2001 (M.P. Rodrigo Escobar Gil), la Corte conoció de una demanda interpuesta por quien es demandante en esta ocasión contra los mismos artículos de la Ley 633 de 2000 acusados en el proceso de la referencia. En esa oportunidad, el demandante sostuvo que las normas acusadas vulneraban los artículos 215 y 357 de la Carta porque si bien el GMF era el mismo impuesto a las transacciones financieras decretado en la emergencia económica de 1998, no había obtenido la condición de impuesto ordinario dentro del año siguiente a la declaratoria de la emergencia económica. La Corte señaló que "[c]uando, vencido el término previsto en la Constitución, el Congreso no otorga el carácter de permanente al tributo, el mismo pierde su vigencia, esto es, deja de existir en el ordenamiento jurídico. Lo anterior no quiere decir, sin embargo, que habiéndose establecido un tributo mediante decreto de emergencia económica, y si el Congreso no le otorga el carácter de permanente dentro del año siguiente, tal impuesto, en sus modalidades de hecho y base gravables, sujetos pasivos, etc., quede, hacia el futuro, excluido de manera definitiva del ordenamiento jurídico, de manera que no pudiese el Congreso, en ejercicio de sus competencias ordinarias establecer un gravamen que tuviese las mismas características", argumento con base en el cual declaró la exequibilidad de las normas acusadas por el cargo señalado. 3.1.1.3. En la Sentencia C-1107 de 2001 (M.P. Jaime Araujo Rentería) la Corte declaró la exequibilidad del numeral 1º del artículo 879 del Estatuto Tributario, tal como fue adicionado por el artículo 1° de la ley 633 de 2000[25]. El demandante sostenía que la norma acusada vulneraba los artículos 13, 95-1, 95-9, 333, 335 y 363 de la Constitución Política porque consagraba una exención tributaria que beneficiaba tan solo a un sector de la economía, de manera contraria a los principios que rigen el sistema tributario. La Corte adelantó en esa oportunidad un análisis de las condiciones de constitucionalidad de las exenciones tributarias y de su función en tanto que mecanismos para la promoción de determinados propósitos de política económica, y concluyó que la exención no era discriminatoria porque "[…] está dada a favor de todas las personas –naturales o jurídicas- que sean titulares de cuentas de ahorro destinadas exclusivamente a la financiación de vivienda de cualquier índole". 3.1.1.4. En la Sentencia C-1295 de 2001 (M.P. Alvaro Tafur Galvis), la Corte conoció de una demanda contra los artículos 870 a 881 del Estatuto Tributario, adicionados por el artículo 1º de la Ley 633 de 2000, con el argumento según el cual las normas acusadas no determinan de manera directa el sujeto activo del GMF. La Corte señaló que "[…] el artículo 1º de la Ley en estudio señala a la Nación como acreedor del Gravamen que crea, como quiera que i) el artículo 877 del Estatuto Tributario, obliga a los agentes retenedores del Gravamen a los Movimientos Financieros a “depositar las sumas recaudadas a la orden de la Dirección General del Tesoro Nacional, en la cuenta que ésta señale para el efecto”, ii) el artículo 878 ídem, confiere a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, (..) las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro (..)” del gravamen, y iii) el artículo 3º de la ley en estudio dispone que “[l]os recaudos del Gravamen a los Movimientos financieros y sus rendimientos serán depositados en una cuenta especial de la Dirección del Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el Presupuesto General de la Nación en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en las subsiguientes (...)". Con base en ese argumento, la Corte declaró la exequibilidad de las normas acusadas por el cargo analizado. 3.1.2. En esta oportunidad, el demandante cuestiona la premisa de la que parten las sentencias referidas, es decir, que el GMF tenga la condición de impuesto, tal como lo indicó el legislador en el texto de las normas acusadas. En la jurisprudencia constitucional existe claridad sobre este tema. En efecto, en la Sentencia C-136 de 1999 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo) la Corte se pronunció sobre la exequibilidad del Decreto 2331 de 1998, expedido en el marco del estado de emergencia, contemplado en el artículo 215 de la Constitución. El artículo 29 de dicho decreto, contemplaba la creación de la "contribución sobre transacciones financieras"[26]. La Corte señaló en esa oportunidad que si bien el artículo 29 del Decreto 2331 de 1998 daba a entender que la carga tributaria allí descrita era una contribución parafiscal, en realidad se trataba de un impuesto debido a que dicho artículo establecía "como sujetos pasivos de la contribución a los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman, y como beneficiario al sistema mismo", es decir, porque los contribuyentes eran diferentes de los beneficiarios. También se puso de presente que el impuesto descrito tenía las siguientes características: "- El sujeto activo del impuesto es la Nación y ello se pone de presente por la canalización que de sus recursos ha de hacerse a través de la Tesorería General, como en esta Sentencia habrá de disponerse, para cristalizar y hacer efectivos los límites materiales que se deducen de la número C-122 del 1 de marzo de 1999. En tal aspecto no se vulnera la Constitución. - Los sujetos pasivos del impuesto son, como lo expresan los artículos 29 y 31 del Decreto bajo estudio, los usuarios del sistema financiero y de las entidades que lo conforman, pero también lo son, miradas las operaciones sobre las cuales aquél se causa, los establecimientos de crédito y las instituciones financieras. Que así se haya dispuesto no es contrario a la Constitución, pues lo que exige su artículo 338 es que el legislador, al crear el tributo, determine éste y los otros elementos integrantes del mismo. - El hecho gravable está conformado por las operaciones expresamente contempladas en el artículo 29 del Decreto Legislativo. Tales transacciones pueden ser gravadas sin que por eso se viole la Carta Política. - La base gravable del tributo ha sido expresamente estipulada en el texto del Decreto: está constituida por el monto de las transacciones que se realicen. Y ello, en tanto se define de manera clara y terminante, no es contrario a la Carta Política. - En lo relacionado con la tarifa del impuesto, su análisis constitucional se adelantará a propósito del examen del artículo 30 del Decreto en revisión."[27] 3.1.4. El GMF se asemeja a la "contribución sobre transacciones financieras" contenida en el artículo 29 del Decreto 2331 de 1998 en los siguientes aspectos: i) el sujeto activo es la Nación[28]; ii) los sujetos pasivos son los usuarios del sistema financiero y las entidades que lo conforman[29]; iii) el hecho gravable o generador consiste en la realización de las transacciones financieras que describe la norma[30]; iv) la base gravable es el monto de las transacciones realizadas[31] y v) la tarifa es un porcentaje de tales transacciones[32]. De esta manera los artículos acusados, dan pleno cumplimiento al artículo 338 de la Constitución, según el cual la ley debe fijar, directamente, "los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos". 3.1.5. El demandante cuestiona, en particular, que los sujetos pasivos del GMF constituyan un sector de la economía, los usuarios del sistema financiero y las entidades que lo conforman, porque ello atenta contra la "generalidad de los impuestos". Afirma que el hecho de que se grave a un sector en particular es una característica inherente de las contribuciones parafiscales. La Corte constata que el principio de la generalidad en materia tributaria no se encuentra consagrado de manera expresa y específica en el texto de la Constitución pero está implícito en los principios constitucionales de orden tributario, en especial, el principio de igualdad y el deber general de contribuir. La Constitución prevé que uno de los deberes de la persona y del ciudadano consiste en "[c]ontribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad" (art. 95-9) y que el sistema tributario "se funda en los principios de equidad, eficiencia y progresividad" (art. 363 C.P.). Por vía jurisprudencial, se ha puesto de presente que "[l]a generalidad del tributo, aparte del componente subjetivo que comporta –el universo de los obligados por el tributo ha de comprender sin excepciones a todas las personas que tengan capacidad contributiva–, tiene uno de naturaleza objetiva. Si el legislador grava con un impuesto un hecho, acto o negocio, por ser precisamente indicativos de riqueza actual o potencial, no puede dejar de hacerlo ante situaciones semejantes o equiparables, salvo que militen razones poderosas de política fiscal o fines extra-fiscales relevantes, siempre que, en este último caso, los mismos estén al servicio de bienes protegidos por la Constitución o de metas ordenadas por ella". Por ello, "cuando la exención o beneficio fiscal, no tiene razón de ser distinta de la mera acepción de personas, ella se presenta contraria a la generalidad del tributo y, frente a los obligados que se encuentran en la misma relación con el hecho imponible, como clara afrenta al principio de igualdad en la carga tributaria"[33]. De lo anterior se deduce que el principio de generalidad del tributo se refiere a que todos los potenciales contribuyentes, a la luz de los criterios utilizados por el legislador al crear un impuesto, sean incluidos dentro de la definición abstracta de los sujetos pasivos de dichos impuestos, la cual debe ser razonable y debe obedecer a una finalidad compatible con la Constitución. De esta manera, el principio de generalidad de los impuestos no exige que el sujeto pasivo definido en las leyes sea el mismo para los distintos impuestos sino que todas las personas puedan potencialmente llegar a ser sujetos pasivos de cada impuesto. Ello es precisamente lo que sucede con el GMF: cualquier persona, sin importar el sector económico al cual pertenezca ni su actividad específica, que realice la conducta gravada debe pagar el impuesto de tal manera que todos son potencialmente sujetos contribuyentes cuando se dé el hecho generador del mismo. La generalidad del impuesto no exige que todos los impuestos deban tener como sujetos pasivos a todas y cada una de las personas sin consideración a la naturaleza, las características y la finalidad de cada carga tributaria, tal como lo supone el demandante. Por el contrario, esta Corporación ha reconocido que el legislador goza de amplia potestad de configuración en esta materia. Así, "[e]n desarrollo de las facultades previstas en los artículos 150-12 y 338 del Ordenamiento Superior al poder legislativo le ha sido conferida la potestad para imponer contribuciones fiscales o parafiscales y fijar los elementos configurativos de dicha obligación, atribución que debe ser ejercida con arreglo a los principios del sistema tributario"[34], es decir "los hechos y bases gravables, los sujetos activos, los sujetos pasivos y las tarifas correspondientes"[35]. Por lo tanto, el GMF reúne la característica de generalidad de los impuestos. 3.1.6. Además, para el demandante, el artículo 2° de la Ley 633 de 2000 determina que parte de lo recaudado con base en el GMF tendrá una destinación específica, lo cual, sostiene, "es inherente a la contribución parafiscal" lo que "conlleva a la violación de la Constitución Política de Colombia". En efecto, el artículo mencionado señala que del recaudo proveniente del Gravamen a los Movimientos Financieros por los meses de enero y febrero del año 2001, un valor equivalente a dos de los tres puntos de la tarifa del impuesto será destinado a la reconstrucción del Eje Cafetero en lo referido los sectores contemplados en dicho texto normativo[36]. 3.1.6.1. Antes de estudiar el cargo formulado, la Corte estima necesario poner de presente que si bien el artículo en cuestión no se encuentra vigente, es procedente adelantar el respectivo juicio de constitucionalidad dado que éste aún puede estar produciendo consecuencias jurídicas. En efecto, el artículo 3° de la Ley 633 de 2000 señala que "[l]os recaudos del Gravamen a los Movimientos Financieros y sus rendimientos serán depositados en una cuenta especial de la Dirección del Tesoro Nacional hasta tanto sean apropiados en el Presupuesto General de la Nación en las vigencias fiscales correspondientes a su recaudo y en las subsiguientes. El Gobierno propondrá al Congreso de la República la incorporación de estos ingresos en la medida en que las necesidades locales así lo aconsejen, hasta que se agote su producido". En este orden de ideas, la Corte constata (i) que este artículo deja abierta la posibilidad de que los recursos provenientes del recaudo del GMF destinados a la reconstrucción del Eje Cafetero, sean utilizados en vigencias posteriores a la del 2001; (ii) que no existe, por lo tanto, razón alguna para presumir que los mismos fueron utilizados ya en su totalidad; y (iii) que si bien el Fondo de Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) se encuentra en proceso de liquidación, la Ley 633 de 2000 no determina el órgano del Estado que tendrá a cargo la ejecución de los recursos provenientes del GMF de manera que existe la posibilidad de que en la actualidad haya otras entidades o personas jurídicas cumpliendo dicha función. 3.1.6.2. Respecto del cargo expresado por el demandante, la Corte encuentra que si bien es cierto que la destinación sectorial es una característica "inherente a la contribución parafiscal", puede haber algunos impuestos con destinación específica. El artículo 359 de la Constitución prohibe que las rentas de la Nación tengan destinación específica. No obstante, el mismo artículo constitucional prevé tres excepciones a esta regla, sin que ello desnaturalice los impuestos de los cuales provienen tales rentas: (i) las participaciones previstas en la Constitución en favor de las entidades territoriales; (ii) las destinadas para inversión social; y (iii) las que, con base en leyes anteriores a la expedición de la Carta, la Nación asigna a entidades de previsión social y a las antiguas intendencias y comisarías. En conclusión, es claro que la mera constatación de que un impuesto tiene destinación específica, no lo hace contrario a la Carta. Para que un cargo de constitucionalidad de esta naturaleza pueda prosperar, es necesario, además, que se demuestre que se trata de un impuesto nacional que no se ajusta a ninguna de las excepciones que describe el artículo 359 de la Constitución[37]. 3.1.7. Las anteriores consideraciones permiten concluir que la configuración que se hace del GMF en las normas acusadas en tanto que impuesto nacional, es ajustada a la Carta Política, de manera que el cargo estudiado no está llamado a prosperar. Si bien este argumento muestra que el que una renta tenga destinación específica no le resta su naturaleza de impuesto, es insuficiente para responder a otro de los cargos que plantea el actor según el cual el artículo 2° de la Ley 633 de 2000 acusado no cumple las condiciones establecidas en la Carta para la consagración de un impuesto con destinación específica. Esa es la cuestión que pasa a analizar la Corte. 3.2. La destinación de parte del impuesto a un fin específico. Gasto público social e inve...