Sentencia C-714 de 2009

C-714-09 SENTENCIA C-714/09 Sentencia C-714/09 IMPUESTO SOBRE LA RENTA-Deducción por inversiones en activos fijos reales productivos INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por configurarse un cargo de inconstitucionalidad Si bien mediante Sentencia C-1140 de 2008 la Corte se inhibió de pronunciarse sobre el mérito de una demanda interpuesta por el actor, contra una de las expresiones que en esta oportunidad también cuestiona, y por argumentos similares a los ahora presentados, en aquella ocasión la demanda se dirigía contra un enunciado que no contenía la proposición normativa a que el actor hacía referencia, pero ese defecto podía ser satisfecho si el actor demandaba además las palabras del inciso primero que estimaba indeterminadas. En efecto, eso fue lo que hizo en el presente caso, pues en la demanda que ahora se analiza, el ciudadano acusó las expresiones “reales productivos” -del inciso primero- y “[e]l Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo” -del inciso segundo-. Además, señaló claramente que los dos primeros vocablos son lo suficientemente indeterminados como para permitir que sea el Gobierno, en ejercicio de la facultad que la propia ley le confiere, el que determine las condiciones de uso de esos términos y, por esa vía, delimite un elemento esencial del tributo como es la base gravable, no siendo por tanto cierto que el demandante presente una acción pública en el mismo sentido en que fue estimado en la Sentencia C-1140 de 2008. INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda respecto del cargo por la supuesta violación del principio de igualdad La Corte ha determinado que para que se configure un cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, no basta con que el actor manifieste que las disposiciones acusadas establecen un trato diferenciado para ciertas personas y que ello es contrario al artículo 13 de la Constitución, sino que debe expresar, además, las razones por las cuales considera que tal diferencia de trato resulta discriminatoria. Para ello, debe suministrar un principio mínimo o indicativo de respuesta a tres preguntas básicas indispensables para garantizar un debate racional en sede judicial de constitucionalidad: ¿igualdad entre quiénes?, ¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio?, lo cual no ocurre en este caso. En primer lugar, porque sus argumentos no se dirigen a cuestionar un contenido verificable de la ley sino de normas de carácter reglamentario; en segundo lugar, el demandante se limita a procurar igualdad de tratamiento entre inversionistas, pero no señala cuáles serían, ni con base en qué criterios deben recibir un tratamiento igualitario. En definitiva, el ciudadano no cuestiona la constitucionalidad de la ley, sino su inconveniencia o incapacidad para evitar un eventual trato diferenciado -que no discriminatorio- de parte de las autoridades administrativas encargadas de reglamentar la ley o de ejecutar sus mandatos. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA DEROGADA-Procedencia por cuanto continúa produciendo efectos jurídicos INTEGRACION UNIDAD NORMATIVA-Procedencia La integración de la unidad normativa es procedente: en primer lugar, cuando un ciudadano demanda una disposición que, individualmente, no tiene un contenido deóntico claro o unívoco, de manera que, para entenderla y aplicarla, resulta absolutamente imprescindible integrar su contenido normativo con el de otra disposición que no fue acusada; en segundo término, en aquellos casos en los cuales la disposición cuestionada se encuentra reproducida en otras normas del ordenamiento que no fueron demandadas; y, por último, cuando pese a no verificarse ninguna de las hipótesis anteriores, la norma demandada se encuentra intrínsecamente relacionada con otra disposición que, a primera vista, presenta serias dudas de constitucionalidad. En el presente caso, en que se demandan disposiciones del artículo 68 de la Ley 863 de 2003, derogado por el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006 no demandado, en el que se reproduce en lo relevante las expresiones acusadas del precepto cuestionado, configurándose la hipótesis prevista en la segunda causal de integración normativa. En efecto, en ambos se emplean los términos “reales productivos”, y las dos disposiciones se refieren a la reglamentación que del artículo puede hacer el Gobierno Nacional, si bien bajo distintas fórmulas lingüísticas. UNIDAD NORMATIVA-Integración para evitar que el fallo sea inocuo UNIDAD NORMATIVA-Procedencia excepcional de integración PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA-Alcance Según la jurisprudencia constitucional, el principio de legalidad tributaria puede ser entendido, cuando menos, en tres sentidos diversos. En primer término, como la atribución de competencia exclusiva a los órganos de representación popular pluralistas, para decretar, modificar o suprimir tributos. En segundo término, el principio de legalidad puede entenderse como el deber, dirigido a los órganos de representación popular facultados para establecer las contribuciones fiscales y parafiscales, de que todo acto de imposición predetermine los elementos mínimos de la obligación tributaria. Esta norma está expresada en la Carta en el artículo 338, en cuyo texto se dispone que “[l]a ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”. En cuanto se refiere a la fijación de la tarifa de los tributos no constitutivos de impuestos, la propia Constitución prevé la posibilidad de que sea delegada a otras autoridades, siempre y cuando el propio acto que los establezca defina debidamente el sistema y el método para hacerlo. Finalmente, el principio de legalidad tributaria es entendido en el contexto de un Estado unitario, como la prohibición de que las entidades territoriales establezcan contribuciones en contravención a lo dispuesto en la Constitución y la ley. OBLIGACION TRIBUTARIA-Claridad y certeza en la predeterminación de los elementos Según el artículo 338 de la Constitución, hay algunos elementos esenciales de la obligación tributaria, que deben ser fijados de forma directa por la ley, las ordenanzas y los acuerdos. Esos elementos serían específicamente los sujetos activos y pasivos, los hechos, las bases gravables, y las tarifas. Esta Corporación ha sostenido que sólo la ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden fijar los elementos esenciales del tributo, y que deben hacerlo en términos claros y ciertos. Empero, ha reiterado que no toda imprecisión normativa en materia tributaria acarrea la inconstitucionalidad de la terminología demandada. PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA-No se vulnera por imprecisión de términos en los elementos, siempre que no se tornen irresolubles/PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA-Se vulnera por indeterminación insuperable en la predeterminación de los elementos De acuerdo con la jurisprudencia de esta Corte, aun cuando toda norma jurídica, incluso tributaria, pueda ofrecer diversos problemas de entendimiento, sólo si éstos se tornan irresolubles, por la oscuridad invencible del texto legal que no hace posible encontrar una interpretación razonable sobre cuáles puedan en definitiva ser los elementos esenciales del tributo, se impone concluir que los mismos no fueron fijados y que, en consecuencia, la norma vulnera la Constitución. Vale decir, que sólo violará el principio de predeterminación de los tributos, aquella norma impositiva con carácter de ley, ordenanza o acuerdo, que presente una indeterminación u oscuridad relevante e insuperable, con tal magnitud, que ni la ayuda de cánones aceptables de interpretación jurídica permita elucidar razonablemente su sentido. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y CERTEZA EN PREDETERMINACION TRIBUTARIA-Verificación de su cumplimiento a partir del contexto normativo y situacional de la norma que precisa los elementos El análisis de precisión del lenguaje empleado por el acto que crea, modifica o suprime elementos de la obligación tributaria, no debe ser efectuado palabra por palabra, aisladamente. La interpretación de los términos en que se expresa el legislador es de suma importancia para el esclarecimiento del sentido normativo fijado en la ley. Pero si estos vocablos no se insertan en un contexto normativo y situacional específico, difícilmente pueden ser razonablemente interpretados. De modo que una norma tributaria de las que inciden en la determinación de los elementos esenciales de la obligación impositiva, sólo es contraria a la Carta Constitucional si los vocablos en que fue expresada, por ejemplo, por el legislador, son insuperablemente imprecisos, aunque se los ponga en contexto con las demás expresiones de la disposición en que se encuentra, y con la situación en que fueron promulgados como partes de un todo. Así, es la norma tributaria en su integridad, puesta en el contexto normativo y situacional en el que está inserta cada ley, ordenanza o acuerdo, la que debe satisfacer el principio de certeza y claridad en la predeterminación de los elementos esenciales del tributo, y no cada palabra tomada fragmentaria o aisladamente. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y CERTEZA EN PREDETERMINACION TRIBUTARIA-No se vulnera por expresiones indeterminadas que sean razonablemente determinables PRINCIPIO DE CLARIDAD Y CERTEZA EN PREDETERMINACION TRIBUTARIA-No se vulnera con expresión “reales productivos” en norma que configura una deducción al impuesto sobre la renta Dado que las deducciones tienen incidencia en la determinación de la base gravable del impuesto de renta y complementarios, y reconocido que la norma demandada, si bien contiene enunciados polisémicos (“reales productivos”), no por eso puede ser declarada inconstitucional, ya que puesto el enunciado que los contempla en el contexto de su creación, se advierte que los términos empleados para configurar la deducción pueden recibir una interpretación razonable. Es así como, de acuerdo con el contexto de creación de la norma, es posible concluir que los activos fijos reales productivos son sólo los activos fijos tangibles de capital, de modo que, como reposa en los antecedentes legislativos que condujeron a la expedición de la Ley 863 de 2003, la deducción a que viene refiriéndose estaba planteada originalmente de modo que beneficiara a los inversionistas en activos reales productivos, entendiendo por estos últimos aquellos que pudieran caracterizarse como bienes tangibles de capital. POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO-Alcance Referencia: expediente D-7688 Actor: Hugo Palacios Mejía. Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 68 (parcial) de la Ley 863 de 2003. Magistrada Ponente Dra. MARIA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., siete (7) de octubre de dos mil nueve (2009). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6 y 241 No. 4 de la Constitución Política, el ciudadano Hugo Palacios Mejía demandó el artículo 68 (parcial) de la Ley 863 de 2003, por considerar que la norma acusada viola los artículos 13, 113, 114, 150 numeral 12, 189 numeral 11, 209 y 338 de la Constitución Política de 1991. Mediante Auto del tres (03) de abril de dos mil ocho (2008), la Magistrada sustanciadora admitió la demanda, y ordenó comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Javeriana y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículo 11 y 13 del Decreto 2067 de 1991. Asimismo, ordenó correr traslado al señor Procurador General de la Nación, dando cumplimiento a lo prescrito por el artículo 242.2 de la Constitución y el 7° del Decreto 2067 de 1991. Finalmente, ordenó fijar en lista las normas acusadas para efectos de la intervención ciudadana, cumpliendo lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2067 de 1991. Cumplidos los trámites constitucionales y legales, propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda en referencia. II. NORMAS DEMANDADAS Se trascribe el texto de la norma, tal como aparece publicado en el Diario Oficial No. 45.415 de 29 de diciembre de 2003, y se subraya el aparte demandado: “Ley 863 de 2003 (diciembre 29) Por la cual se establecen normas tributarias, aduaneras, fiscales y de control para estimular el crecimiento económico y el saneamiento de las finanzas públicas EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: (…) ARTÍCULO 68. Adiciónase el Estatuto Tributario con el siguiente artículo: "Artículo 158-3. Las personas naturales y jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta, podrán deducir el treinta por ciento (30%) del valor de las inversiones efectivas realizadas solo en activos fijos reales productivos adquiridos, aun bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable de compra, a partir del 1º de enero de 2004. Esta deducción solo podrá utilizarse por los años gravables 2004 a 2007 inclusive. Los contribuyentes que hagan uso de esta deducción no podrán acogerse al beneficio previsto en el artículo 689-1. La DIAN deberá informar semestralmente al Congreso sobre los resultados de este artículo. El Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo.” III. LA DEMANDA De acuerdo con los términos de la acción pública presentada por el ciudadano Hugo Palacios Mejía, los adjetivos “reales productivos” y la expresión “[e]l Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo” del artículo 68 de la Ley 863 de 2003, violan los artículos 13 y 209 (igualdad), y 113, 114, 150 numeral 12, 189 numeral 11 y 338 (reserva legal de los tributos). 1. Según la interpretación del demandante, el artículo 158-3 del Estatuto Tributario, tal como fue introducido por el artículo 68 de la Ley 863 de 2003, contempló una deducción a la renta bruta, equivalente al 30% del valor de las inversiones efectivas realizadas en activos fijos “reales productivos”, incluso bajo la modalidad de leasing financiero con opción irrevocable. De ese modo, plasmó una deducción con algunos términos que aparecen definidos en la propia ley, como los vocablos ‘activos fijos’ (art. 60 Estatuto Tributario) u ‘opción irrevocable’ (art. 127-1 Estatuto Tributario), pero también usó otros altamente indeterminados que no se definen en la ley como ‘reales productivos’. Al no estar definidos en la ley, afirma el ciudadano, su inclusión en una materia impositiva desconoce el principio de certeza en la predeterminación de los elementos esenciales de la obligación tributaria y, con ello, el principio de reserva legal de los tributos (arts. 113, 114, 150 numeral 12, 189 numeral 11 y 338 de la Constitución), pues en ese caso le correspondería al Gobierno Nacional o al juez determinar el significado de cada palabra. Para ilustrar el carácter impreciso de estos términos, el demandante pone de presente que el Gobierno desarrolló la deducción tributaria allí donde debió hacerlo el legislador: “en sólo tres meses, y aún con diferencias de apenas dos días, (…) dio las siguientes tres distintas definiciones sustanciales de ‘activo fijo real productivo’”: Decreto 970 del 30 de marzo de 2004 Decreto 1014 del 1 de abril de 2004 Decreto 1766 del 2 de junio de 2004 “Artículo 2. Definición de activo fijo real productivo. Se entienden como activos fijos reales productivos, los bienes de capital productores de bienes de uso, de consumo o de otros bienes, que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian fiscalmente.” “Artículo 1. Modifícase el artículo 2° del Decreto 970 del 30 de marzo de 2004, el cual quedará así: Artículo 2°. Definición de activo fijo real productivo. Para efectos de la deducción de que trata el presente decreto, se entiende como activos fijos reales productivos, los bienes que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian fiscalmente.” “Artículo 2. Definición de activo fijo real productivo. Para efectos de la deducción de que trata el presente decreto, son activos fijos reales productivos, los bienes tangibles que se adquieren para formar parte del patrimonio, participan de manera directa y permanente en la actividad productora de renta del contribuyente y se deprecian o amortizan fiscalmente.” A juicio del demandante, la indeterminación de los adjetivos “reales productivos” puede ponerse de manifiesto si se hace un análisis de cada término. Frente al término “reales” dice: “El adjetivo ‘real’, aplicado al concepto de ‘activo fijo’, no tiene un alcance cierto. En efecto, según el artículo 60 del Estatuto Tributario, los ‘activos fijos’ son bienes corporales e incorporales. De modo que para averiguar qué cosa es un activo fijo ‘real’, sería preciso indagar qué clase de bienes corporales e incorporales pueden calificarse como ‘reales’. Pero no existe en el Código Civil una definición de ‘bienes reales’. De modo que, contra lo que dispone el artículo 338 de la Constitución, el artículo 68 de la ley 863 del 2003 exige que, para desentrañar el alcance de ese adjetivo, se acuda al reglamento… o a la jurisprudencia y la doctrina. Pero, en materia tributaria, debió ser la ley misma, quien precisara el alcance del adjetivo. El Consejo de Estado sostiene, en una nota a pie de página de una sentencia reciente, que los bienes ‘reales’ son sólo las cosas corporales. Se funda en el artículo 653 del Código Civil, cuyo inciso segundo, sin definir los ‘bienes reales’, asocia el adjetivo ‘reales’ con las cosas corporales. Pero, en contraste con la tesis del Consejo de Estado, podría observarse que, de acuerdo con los artículos 664 y 665 del mismo Código, el adjetivo real también se predica de los bienes incorporales, como son los derechos; y por eso, según el Código, un activo fijo ‘real’ también puede consistir en un ‘derecho real’, sobre una cosa ‘incorporal’ e ‘intangible’, como una patente, una marca, un nombre, o una hipoteca (…). De modo que, como el concepto de ‘bienes reales’ no ha sido definido en el Código Civil, ni existe un argumento legal para asignarle un significado excluyente –entre bienes corporales e incorporales- al adjetivo ‘reales’, este adjetivo, en el artículo 68 de la ley resulta con un alcance incierto. No es ‘un referente legal debidamente desarrollado’ sino, en el mejor de los casos, un ‘tenue referente legislativo’. No se aviene esa indeterminación con el artículo 338 Constitucional, ni se puede esperar que sea el decreto reglamentario, o la jurisprudencia y la doctrina, quienes completen las normas del Código Civil sobre el derecho de bienes, para aplicarlas en asuntos impositivos.” En cuanto se refiere al vocablo ‘productivos’, el actor expresa lo siguiente: “En el contexto específico del artículo 68 de la ley 863 del 2003, el adjetivo ‘productivos’, aplicado a las ‘inversiones en activos fijos’ es fuente de incertidumbre en cuanto al alcance de la norma. En primer término, porque el legislador no proporcionó criterios para determinar, qué deben producir los activos fijos reales para ser calificados de ‘productivos’. ¿Es suficiente que produzcan ‘dinero’? La adquisición del derecho de propiedad sobre un título hipotecario, que produce intereses y que debe mantenerse por un plazo largo antes de su redención, ¿es una inversión en un activo fijo real productivo? O, por el contrario, sólo son ‘activos fijos reales productivos’ los que producen ‘cosas corporales’, como ciertas máquinas, o ciertos cultivos, o un semoviente? ¿O serían admisibles las inversiones en bienes corporales pero que producen cosas incorporales, como, por ejemplo, los que sirven para prestar servicios? Tampoco es suficiente el adjetivo ‘productivos’ para saber, qué tan ‘productivos’ deben ser los activos fijos para que el inversionista adquiera el derecho a la deducción fiscal. ¿Basta cualquier producción, así sea mínima comparada con el monto de la inversión y de la deducción que se solicita, para que el activo se considere ‘productivo’ para efectos tributarios? ¿Es razonable y acorde con los principios fiscales constitucionales obtener una deducción fiscal por una inversión en un activo fijo que tiene una producción insignificante? ¿No debía la ley precisar el adjetivo ‘productivos’ añadiendo algún criterio sobre la ‘productividad’ necesaria para que la inversión ameritara deducción fiscal? (…) Pero, además, el adjetivo ‘productivos’ es fuente de incertidumbre porque el artículo 68 señala que la deducción que él autoriza solo puede invocarse en los ‘años gravables’ 2004 a 2007. Hay, en el artículo 68, unos límites temporales, que exigen una correspondencia con el adjetivo ‘productivos’ que el mismo artículo emplea. Pero el artículo 68 no proporciona elementos suficientes para definir esa correspondencia. En efecto, para determinar el alcance del adjetivo ‘productivos’, dentro del preciso contexto temporal que contiene el artículo 68 (2004 a 2007), cabe preguntar: ¿En qué año debe ser ‘productivo’ el ‘activo fijo real’ parta que la inversión a la que se refiere el artículo 68 permita al contribuyente invocar una deducción? Si el activo tiene la capacidad intrínseca de producir algo –poco o mucho-, pero no ha de ser realmente productivo sino a los diez años de adquirido, ¿puede el inversionista beneficiarse de la deducción en cualquiera de los años 2004 a 2007 aunque sea claro que el activo no ha de ser productivo sino en el año 2010? La respuesta a estas preguntas, obligadas por el uso del adjetivo ‘productivos’, y fundamentales para determinar el efecto fiscal de la norma, dentro de su contexto temporal, no consta en la ley.” El demandante concluye que los apartes acusados del artículo 68 de la Ley 863 de 2003 le atribuyen al Gobierno una facultad reglamentaria que no tiene la función de facilitar la cumplida ejecución de la ley, sino la de complementar elementos determinantes de la base de un tributo. 2. El actor considera que el artículo 68, en los apartes acusados, por su falta de certeza creó condiciones que facilitan por vía reglamentaria el trato desigual entre contribuyentes desconociendo con tal proceder el principio de igualdad previsto en los artículos 13 y 209 de la Carta. Estima que cualquier desarrollo reglamentario de dichos apartes está llamado a excluir de los beneficios de esa deducción a unos contribuyentes inversionistas, y a favorecer a otros, según el alcance que el Gobierno decida darles y sin una precisa y razonable justificación legal. Para el demandante la forma en que fue reglamentado el tema en los tres decretos reglamentarios a los que ya se hizo referencia, pone de presente que gracias a la indeterminación de los adjetivos que contiene el artículo 68 y a la inusual orden reglamentaria que se dio al Gobierno, en cada una de ellos modificó uno de los hechos que contribuyen sustancialmente a determinar la base del tributo, alterando el hecho que da lugar a la deducción. En el primer decreto (D. 970 de 2004), los activos reales productivos son únicamente los bienes de capital que sirven para producir otros bienes. Quedan excluidas de la posibilidad de generar una deducción las inversiones que se hicieran en bienes que no producen otros bienes pero que sirven para prestar servicios a cambio de dinero, tales como los activos de las empresas de transporte, los inmuebles destinados a arrendamientos y los bienes de las empresas de telecomunicaciones. En el segundo decreto (D. 1014 de 2004), el Gobierno amplió la definición de activos fijos reales productivos para incluir cualquier clase de bienes productivos, abandonando la tesis implícita según la cual la deducción era sólo para propósitos de reconversión industrial. Así se beneficiaron los sectores que hacen inversiones para prestar servicios, pero fue el reglamento no la ley, quien definió el alcance de la deducción. En el tercer decreto (D. 1766 de 2004), el Gobierno restringió otra vez la definición para excluir los bienes intangibles, tales como patentes, licencias, software y similares, así como los sectores que invierten en tecnología. El actor considera que estos vaivenes reglamentarios han generado que las personas vinculadas a los sectores favorecidos o perjudicados con los cambios no sean tratadas igualitariamente. Advierte además, que no se trata de acusar los decretos, sino de mostrar como por la indeterminación de las reglas básicas, abrieron la puerta al reglamento para crear reglas sustanciales en materia tributaria y se creó la posibilidad de expedir decretos discriminatorios en asuntos de enorme importancia económica. IV. INTERVENCIONES 1. Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN 1.1. Mediante apoderada, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN- intervienen en el presente proceso para solicitarle a la Corte Constitucional, principalmente, que se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo por considerar que la Corte ya se inhibió en la Sentencia C-1140 de 2008 de pronunciarse de fondo sobre una demanda idéntica del mismo ciudadano. En esa ocasión -asegura- la Corte emitió un pronunciamiento inhibitorio frente a las peticiones del actor, basada en que éste “no fue preciso en demostrar que el contenido de la Ley era objetiva y verificablemente contrario a la Constitución Política”. La acción pública que ahora se presenta es, a juicio de la interviniente, igualmente inepta, porque de una parte “cita una serie de normas de carácter constitucional supuestamente vulneradas con la expedición del artículo 68 de la Ley 863 de 2003, pero no se encuentra que al realizarse una comparación con la norma constitucional sea clara la inconstitucionalidad verificable”; y, de otra, “porque no es posible hacer una integración normativa entre los preceptos ‘reales’ y ‘productivos’ del artículo 68 de la Ley 863 de 2003 y la Constitución.” Sin embargo, en caso de que se acepte como apta la demanda para provocar un pronunciamiento de fondo, la apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, considera que la decisión de la Corte debe ser de exequibilidad. En primer lugar, porque el legislador tiene libertad de configuración normativa en la determinación de las normas de carácter fiscal “en aras de reactivar la economía del Estado, incentivando actividades económicas, fomentando la inversión en ciertos bienes y motivando el uso de medios a través de los cuales se puedan adquirir estos bienes”. En ejercicio de esa libertad, el Congreso expidió la Ley 863 de 2003, mediante la cual creó una “deducción especial, para que los contribuyentes que deseen invertir en la adquisición de activos fijos reales productivos, puedan deducir de su renta un 30% de esa inversión”. No obstante, la interviniente sostiene que el legislador tuvo cuidado de fijar “los elementos básicos de la obligación tributaria, lo que confirma aún más que la norma materia de litis, se encuentra ajustada a la Ley y la Constitución.” 1.2. En segundo lugar, a juicio de las entidades defensoras de su constitucionalidad, la norma es ajustada a la Constitución porque no es cierto que los términos cuestionados sean indeterminados. Así defiende su aserto la apoderada de las entidades intervinientes: “No es cierto como lo quiere hacer ver el actor, que el legislador no definió los conceptos de ‘reales productivos’, su definición se encuentra dentro de la misma norma. En el artículo 60 del estatuto tributario se define que es un activo fijo. Por su parte el código civil en su artículo 653 define las cosas corporales y no corporales. El vocablo ‘productivos’ hacer (sic) relación directa a esos activos que directamente afectan la producción, que son provechosos para la actividad que se ejerce. En resumen, el concepto ‘reales productivos’ está decantado en la legislación positiva colombiana.” En apoyo de esta interpretación, cita las Sentencias del Consejo de Estado del 24 de mayo de 2005, expediente 14898, y del 15 de julio de 2007, expediente 15400, en las cuales aquella Corporación le atribuyó un sentido similar al que ella le asigna, a las expresiones ‘activos fijos reales productivos’. De ahí concluye que la cuestionada no es “una figura legal innovadora o exótica que aparezca repentinamente en el universo colombiano. Por tanto, no resultan afortunados los argumentos del demandante para construir la inexistente falta de certeza en la tarea legislativa.” 1.3. Por lo demás, en lo que se refiere a la potestad reglamentaria de la ley que tiene el Presidente de la República, la apoderada afirma que la disposición acusada “no fue extensa y los decretos reglamentarios asumieron el desarrollo de la figura en detalle, sin que con esto se vulnere precepto constitucional alguno.” En otras palabras -dice- “el Gobierno expide un conjunto de disposiciones jurídicas de carácter general y abstracto para la debida ejecución de la ley, a través de las cuales desarrolla las reglas y principios en ella fijados y la completa en aquellos detalles y pormenores necesarios que permiten su aplicación, pero que en ningún caso puede modificar, ampliar o restringir en cuanto a su contenido o alcance.” Finalmente, asegura que no es exacta la aseveración del demandante, de acuerdo con la cual “el legislador no dio certeza sobre su vigencia y períodos a aplicar, pues de manera textual se indicó que hasta el año 2007 inclusive se podía hacer uso de esta deducción especial, por ende la deducción no puede aplicarse para los años siguientes, porque así lo estableció la Ley.” 2. Instituto Colombiano de Derecho Tributario El Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) interviene en el proceso para solicitar que se declare la exequibilidad de la disposición demandada. En su concepto, si bien las expresiones cuestionadas son indeterminadas, ellas pueden ser determinadas razonablemente si se atiende a la finalidad de la misma y al contexto en el cual se insertan. Por otra parte, un miembro del Instituto aclara que los términos acusados por el ciudadano pueden ser determinados por referencia bien sea a otras definiciones legales o al uso común de las mismas. 2.1. En primer lugar, el Instituto pone de presente que el precepto acusado fue reformado por el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006.[1] No obstante, aún en esta nueva versión “conserva sustancialmente el mismo contenido de la disposición demandada por el actor, razón por la cual [se] considera que la Corte debe proceder a proferir el fallo de fondo, en virtud de la unidad normativa existente entre la norma demandada y la norma que la sustituye.” 2.2. En segundo lugar, en cuanto se refiere a una supuesta violación del artículo 189 numeral 11, la entidad interviniente hace valer que “si bien la ley reitera una facultad constitucional otorgada al Gobierno Nacional para regular aspectos necesarios su aplicación (sic), de ninguna manera se puede concluir que tal remisión pretenda ordenar al ejecutivo la trasgresión del ordenamiento constitucional, es más, si tal fuera el propósito de la ley, tampoco este hecho otorgaría ‘patente de corzo’ al Gobierno para sobrepasar los ámbitos de su competencia por ser la materia objeto de reserva de ley.” 2.3. En tercer lugar, el ICDT plantea que la reserva legal en materia impositiva está referida a la determinación de los elementos de la obligación tributaria. Por lo tanto, “corresponde a la facultad reglamentaria lo que no toque con materia de reserva, donde el Gobierno puede desarrollar los aspectos de la ley que permitan su debida aplicación”. Es decir, que “en los términos de la reserva de ley establecida por el Art. 338 de la C.P. son de exclusivo resorte del poder legislativo fijar, directamente, los elementos de la obligación tributaria, por ser atribuciones constitucionales propias e incompatibles con la facultad reglamentaria y qué ésta última facultad por virtud del principio de legalidad debe circunscribirse en esta materia a lo que corresponde exclusivamente con la aplicación de la ley, no obstante lo cual, no considera que la remisión expresa contenida en la ley a la facultad reglamentaria sea por sí misma violatoria de norma constitucional alguna, si se entiende referida a lo que en derecho corresponda.” 2.4. En cuarto lugar, el Instituto opina que la fijación de la base gravable de los tributos es un elemento estructurante de la obligación tributaria reservada al legislador. Por consiguiente, “debe ser proscrita del ordenamiento jurídico cualquier referencia indeterminada que no permita establecer en forma precisa los elementos de la deducción, necesarios para determinar la base gravable, por constituir objeto de la ‘reserva de ley’ en los términos del 338 constitucional.” Ahora bien, a su juicio los términos “activos fijos reales productivos” no son tan indeterminados como para atentar contra el principio de reserva de ley en la tributación. Para demostrarlo expresa las siguientes consideraciones: “[l]a cuestión de los beneficios tributarios incentivadores de la inversión no es nueva para el derecho tributario, puesto que el legislador puede establecer ciertos beneficios para lograr el desarrollo económico del país, y con ello alcanzar determinadas metas de productividad, siempre a través de ley, que es la que delimita los contornos positivos y negativos del tributo y define los beneficios que inciden en la base gravable. No puede, por esa razón afirmarse que el legislador debe amparar a todos los activos en condiciones de igualdad para todos los contribuyentes, ya que los beneficios siempre buscan la realización de un fin extrafiscal compatible con la justicia en el tributo. Si el beneficio incentiva la inversión efectiva en activos fijos, para mantener un factor de productividad asociado al objeto del negocio, que corresponde con la definición legal de activos fijos, basta que la ley diga, como en este caso lo hizo, que la inversión protegida es aquella ‘efectiva’, en activos fijos, que sean reales o ciertos, lo que puede sugerir una redundancia con la expresión ‘efectiva’ que siempre es real, pero no plantea cuestión alguna de inconstitucionalidad. El ICDT comparte con la demanda que se han presentado diversas interpretaciones gubernativas y jurisdiccionales sobre las expresiones demandadas que califican los ‘activos fijos’ como ‘reales productivos’, asimilándolos a tangibles y depreciables, pero de ello no concluye que tales adjetivos sean inconstitucionales por indeterminación, debido a que existe un horizonte interpretativo que permite entender que realmente el beneficio está concebido para que se reinviertan en la empresa sus excedentes en ciertos bienes que permanecen en el patrimonio como activos. El telos de la norma está en incrementar la productividad empresarial fortaleciendo con ello el sistema económico, lo cual se traduce en un mayor nivel de bienestar social. En cada caso concreto, y en fase aplicativa de la ley, será necesario establecer si la inversión fue efectiva o real y si se vincula a la producción.” 2.5. En quinto lugar, se refiere el ICDT a la supuesta violación de los artículos 13 y 209 de la Carta. En su concepto, “no sería la ley el origen de tal trasgresión del principio de igualdad establecido por nuestro ordenamiento constitucional, sino la interpretación desigual de un beneficio que tiene su propia historia y finalidad.” En cualquier caso el ICDT considera que el problema no es de violación del principio de legalidad ni de la reserva de ley respecto de los elementos fundamentales del tributo: (8I9 sujeto, (ii) hecho generador, (iii) base gravable y (iv) tarifa, sino de deficiente calidad en la producción legislativa, circunstancia que no tiene la sanción extrema de la inconstitucionalidad sino de la pedagogía. 2.6. Por otra parte, al concepto emitido por el Instituto Colombiano de Derecho Tributario se anexa una ‘aclaración de voto’ de uno de sus integrantes, quien estima que la norma es exequible, pero por razones parcialmente diversas a las expuestas por el Instituto. Según su interpretación, la norma demandada contempla la posibilidad de sustraer de la base gravable un valor a título de deducción especial, cuando se acrediten inversiones “(i) efectivas, (ii) realizadas, en (iii) activos fijos, (iv) reales, (v) productivos, (vi) adquiridos”. Pasa a definir cada uno de estos vocablos, de la siguiente manera: “A falta de definición legal del sentido de la palabra (i) ‘efectivas’, el natural y obvio, que el DRAE recoge, es que las inversiones sean reales y verdaderas, y no aparentes, nominales, simuladas. El de (ii) ‘realizadas’, término que tampoco tiene definición legal, pues el ETN [Estatuto Tributario Nacional] lo emplea es para los ingresos en su artículo 27, es que las inversiones tampoco sean irreales, aparentes, nominales, simuladas. El de (iii) ‘activos fijos’ o inmovilizados, ese sí lo define el ETN en el artículo 61, por oposición a las mercancías o activos movibles: son los ‘bienes corporales’, ‘muebles o inmuebles’, y los ‘incorporales’, que ‘no se enajenan dentro del giro ordinario de los negocios del contribuyente.’ Es entonces en este sentido, atendida esta definición legal, como creo que tiene que interpretarse y aplicarse el texto objetado. Se refiere, pues, a bienes, cosas, activos o elementos que constituyen el patrimonio que el artículo 261 define, con el que el deudor del impuesto desarrolla los negocios de los que logra el resultado que el ETN toma como base gravable, determinada por el procedimiento del artículo 26. Son, por la definición del artículo 263, sobre los que el deudor ejerce un aprovechamiento, ‘potencial o real’, en su beneficio, esto es, que son o están en potencia de ser para él ‘productivos’. Por oposición a los ‘improductivos’ que el artículo 189 enumera en sus ordinales b) y c), y que por serlo, por no ser susceptibles de aprovechárseles, de poseérseles como está definido en el 263, tienen que excluirse de la base sobre la que se determina la renta ‘presuntiva’ o mínima. Respecto del sentido de (iv) ‘reales’, como no los define el ETN son, según el DRAE, los que tienen ‘existencia verdadera y efectiva’, o sea, que no son aparentes, nominales, simulados. En relación con el de (v) ‘productivos’, su definición en el ETN es la contenida en los textos de sus artículos 189, 261 y 263 mencionados al examinar antes la noción de (iii) ‘activos fijos. El de (vi) ‘adquiridos’ resulta de este (sic) última noción: son los que integran el patrimonio del que el deudor hace o puede hacer un aprovechamiento económico, ‘potencial o real’, en su beneficio.” De esa elucidación, el miembro del ICDT deduce que la norma demandada “peca por redundancia”. A su juicio, los términos ‘reales productivos’ son reiterativos y expresan la misma idea que las palabras “efectiva, real, verdadera”. Eso implicaría que no es dable hacer la deducción a que se refiere el precepto, cuando “el organismo recaudador se persuada de que se trata de inversión irreal o que no se realizó, aparente, nominal, simulada, que no es posible que el deudor la aproveche o posea en su beneficio y por eso, que es parte de su patrimonio fiscal.” En su concepto, interpretar los términos como una mera reiteración de la idea central del texto tiene sentido ya que “mientras rigieron anteriores disposiciones similares a la acusada, se abusó de ellas, (…) se solicitaron deducciones sin haber ocurrido el supuesto para adquirir el derecho a ellas”. Por ende, si bien los reglamentos del Ejecutivo debieron haberse ocupado “de señalar las más convincentes pruebas de la realidad de la inversión”, lo que hicieron fue “definir de otra forma lo que, como tiene que ser según el Artículo 338 de la Constitución Política, ya estaba definido ‘directamente’ en la ley”. Con todo, estima que una redundancia terminológica no es causal de inconstitucionalidad de las leyes. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, mediante concepto Nº 4788 del dos (02) de junio de dos mil nueve (2009), solicita a esta Corte que declare exequibles las expresiones demandadas, porque la indeterminación de que adolecen dichos términos no es imposible de vencer. Por otra parte, señala que en ocasiones es legítima la atribución a la administración de facultades para concretar los elementos tributarios. En concepto del Ministerio Público, la jurisprudencia constitucional ha establecido que en los tributos de carácter nacional como el impuesto sobre la renta “el Congreso está obligado a definir todos sus elementos en forma ‘clara e inequívoca’, concretamente: el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa, lo mismo el sistema y método para calcularlos, so pena de atentar contra la seguridad jurídica y alentar la evasión, favoreciendo a su vez la configuración de abusos y arbitrariedades de las autoridades judiciales y administrativas encargadas de exigirlos.” Sin embargo, no cualquier indeterminación en la regulación legal de un tributo es suficiente para declararla inconstitucional. En ese sentido, el Procurador cita el siguiente fragmento de la Sentencia C-690 de 2003,[2] en la cual la Corte habría afirmado que existen: “(…) unas limitaciones a la extensión del mismo [del principio de certeza y claridad del tributo] que, en general, pueden encuadrarse dentro de consideraciones de razonabilidad y proporcionalidad en su interpretación, y conforme a las cuales, por un lado, no toda dificultad interpretativa de las normas que crean un tributo conduce a su inconstitucionalidad, y por otro, resultan admisibles a la luz de la Constitución, determinadas remisiones al reglamento en las leyes que crean tributos.” De ello deduce el jefe del Ministerio Público que “ante ciertas imprecisiones o aspectos no determinados pero susceptibles de determinación, de conformidad con las reglas generales de interpretación de las leyes, queda incólume la constitucionalidad del tributo.” Por otra parte, la Vista Fiscal hace valer que -a su juicio- la Corte Constitucional “ha aceptado que se respeta el principio de legalidad de los tributos aunque se presente una remisión a la Administración para su concreción en aquellos eventos en que existan razones de orden técnico o administrativo que lo hagan indispensable, o cuando se trate de las variables económicas que influyen en los elementos del tributo.” Para demostrarlo, cita el siguiente apartado de la misma Sentencia C-690 de 2003: “[e]ntre tales remisiones, la Corte se ha pronunciado acerca de la constitucionalidad de las que se refieren a la certificación de precios, a la fijación de parámetros para la valoración de activos, al avalúo catastral, al índice de bursatilidad de las acciones. Estas hipótesis de remisión a la administración tienen como denominador común que se refieren a elementos variables, que no es posible predeterminar en la ley, pero que responden a realidades técnicas susceptibles de concreción con un alto nivel de certeza.” VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 numeral 4 de la Constitución Política, la Corte es competente para conocer de la presente demanda. 2. Asuntos previos 2.1. Sobre la solicitud de inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo acerca de todos los cargos, porque en esta ocasión la demanda es idéntica a la que fue decidida en la Sentencia C-1140 de 2008 La apoderada del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) solicita a la Corte Constitucional que se inhiba de emitir un pronunciamiento de fondo sobre las acusaciones formuladas en este caso. Para lo cual argumenta que la acción pública presentada en esta oportunidad por el ciudadano Hugo Palacios Mejía tiene las mismas deficiencias que una anterior del mismo actor, dirigida contra la norma con iguales argumentos, frente a la que la Corporación decidió inhibirse (Sentencia C-1140 de 2008. MP. Jaime Córdoba Triviño). La Corte advierte que, efectivamente, en la Sentencia C-1140 de 2008 se inhibió de pronunciarse sobre el mérito de una demanda interpuesta por el actor, contra una de las expresiones que en esta oportunidad también cuestiona, y por argumentos similares a los ahora presentados. Pero precisa que existe una diferencia clara entre esta demanda y la que fue decidida en la Sentencia C-1140 de 2008. En la anterior ocasión, el cargo no se dirigía contra las mismas expresiones que ahora se demandan. En aquella oportunidad, el ciudadano sólo cuestionaba la expresión “[e]l Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”, mas no los vocablos “reales productivos”. Sin embargo, la razones de la inconstitucionalidad eran prácticamente las que ahora se aducen, pues según el ciudadano la expresión entonces demandada violaba el principio de certeza propio de la legalidad tributaria, al conferirle al Gobierno Nacional la facultad de reglamentar el inciso primero, que consagraba términos altamente imprecisos como “inversiones efectivas”, “año gravable” y “activos fijos reales productivos”.[3] Nótese, que el actor en realidad cuestionaba una proposición que no coincidía con el texto por él demandado y que no contenía los, por él acusados, términos imprecisos. La Corte lo advirtió, y estimó que la demanda, tal y como estaba configurada, no proponía cargos ciertos de inconstitucionalidad, pues los argumentos estaban enderezados a desvirtuar la constitucionalidad de la expresión “[e]l Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo”, pero porque empleaba vocablos indeterminados que violaban el principio de predeterminación de los tributos. En otras palabras, a juicio de la Corte, en esa ocasión el actor no configuró de un modo completo la proposición jurídica contra la cual dirigía sus cuestionamientos: “la demanda se propone exclusivamente en contra del apartado normativo que prevé que el Ejecutivo deberá reglamentar la deducción contemplada en el artículo 68 de la Ley 863/03. En ese sentido, el cargo de inconstitucionalidad está dirigido en contra de una proposición normativa contenida no sólo en el precepto acusado, sino en los preceptos que integran el inciso primero del artículo mencionado. Así, se está ante la inexistencia de un proposición jurídica completa, que permita a la Corte pronunciarse sobre el problema constitucional planteado por el demandante.” Por ese motivo, la Corporación concluyó que no estaban dadas las condiciones para emitir un pronunciamiento de fondo. Sin embargo, clarificó en qué medida era subsanable ese defecto: “la Corte advierte que la solución del problema jurídico planteado en el asunto de la referencia, relativo a la presunta violación del principio de legalidad tributaria en razón a la transferencia ilegítima al Gobierno de la definición de los conceptos que integran la base gravable de la deducción, requiere de la acusación no sólo del precepto que dispone la competencia de reglamentación, sino también de las acepciones que se estiman indeterminadas. El incumplimiento de esta condición involucra la falta de integración de la proposición jurídica completa.” En síntesis, en la Sentencia C-1140 de 2008, la Corte se inhibió de hacer un juicio de mérito porque la demanda se dirigía contra un enunciado que no contenía la proposición normativa a que el actor hacía referencia. Pero ese defecto podía ser satisfecho si el actor demandaba además las palabras del inciso primero que estimaba indeterminadas. Y, en efecto, eso fue lo que hizo en el presente caso. En la demanda que ahora se analiza, el ciudadano acusó las expresiones “reales productivos” -del inciso primero- y “[e]l Gobierno Nacional reglamentará la deducción contemplada en este artículo” -del inciso segundo-. Además, señaló claramente que los dos primeros vocablos son lo suficientemente indeterminados como para permitir que sea el Gobierno, en ejercicio de la facultad que la propia ley le confiere, el que determine las condiciones de uso de esos términos y, por esa vía, delimite un elemento esencial del tributo como es la base gravable. Por lo tanto, no es cierto que ahora el demandante presente una acción pública en el mismo sentido en que fue estimado en la Sentencia C-1140 de 2008. En consecuencia, la Corte considera que están dadas las condiciones mínimas para emitir un pronunciamiento de fondo por los cargos relacionados con la violación del principio de predeterminación legal de los tributos. 2.2. Inhibición de la Corte para pronunciarse de fondo sobre las acusaciones por violación de los artículos 13 y 209 de la Constitución Toda acción de inconstitucionalidad, por su carácter popular, debe ser analizada a la luz del principio pro actione. No obstante, en cualquier caso la acción pública debe satisfacer unos requisitos mínimos indispensables, que permitan orientar un debate racional en sede judicial. Al respecto, el Decreto 2067 de 1991, ‘por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional’, en su artículo 2 dispone que toda demanda debe contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la publicación oficial; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales infringidas; (iii) las razones que sustentan la acusación, esto es, el por qué se estima que se violan los textos constitucionales; (iv) si se acusa quebrantamiento del debido trámite legislativo, entonces debe señalarse cuál es el trámite que debió haberse observado; y (v) la razón por la cual la Corte es competente. Como se ve, el numeral 3 estatuye como condición de una demanda en forma, la formulación de las razones que sustentan una acusación de inconstitucionalidad. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, esa exigencia sólo está debidamente satisfecha si los argumentos que soportan una solicitud de inexequibilidad son claros,[4] ciertos,[5] específicos,[6] pertinentes[7] y suficientes.[8] El actor considera que las expresiones demandadas desconocen el principio de igualdad previsto en los artículos 13 y 209 de la Carta, porque los adjetivos “reales productivos” empleados por el legislador en esa norma, conducen a que “cualquier desarrollo reglamentario que el gobierno hiciera de ellos estaba llamado a excluir de los beneficios de esa deducción a unos contribuyentes inversionistas, y a favorecer a otros, según el alcance que el gobierno quisiera dar a los adjetivos acusados, y sin una precisa y razonable justificación legal. El artículo 68, en las partes que acuso, por su falta de certeza, creó condiciones que facilitaban, por la vía reglamentaria, el trato desigual de los contribuyentes.” Frente a este argumento, la Corte considera que el demandante no ofrece argumentos ciertos, específicos ni pertinentes. En primer lugar sus argumentos no son ciertos porque no se dirigen a cuestionar un contenido verificable de la ley sino de normas de carácter reglamentario y por esta vía pretende invalidar cualquier desarrollo hipotético que el Gobierno pudiese efectuar en desarrollo de la facultad reglamentaria. En segundo lugar, sus argumentos carecen de especificidad. Como ha dicho la Corte, “para que se configure un cargo de inconstitucionalidad por violación del principio de igualdad, no basta con que el actor manifieste que las disposiciones acusadas establecen un trato diferenciado para ciertas personas y que ello es contrario al artículo 13 de la Constitución, sino que debe expresar, además, las razones por las cuales considera que tal diferencia de trato resulta discriminatoria.”[9] Para ello, debe suministrar un principio mínimo o indicativo de respuesta a tres preguntas básicas indispensables para garantizar un debate racional en sede judicial de constitucionalidad: ¿igualdad entre quiénes?, ¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio?[10], lo cual no ocurre en este caso. Claramente puede leerse en su escrito, que el demandante se limita a procurar igualdad de tratamiento entre inversionistas, pero no señala cuáles serían, ni con base en qué criterios deben recibir un tratamiento igualitario. En definitiva, el ciudadano no cuestiona la constitucionalidad de la ley, sino su inconveniencia o incapacidad para evitar un eventual trato diferenciado -que no discriminatorio- de parte de las autoridades administrativas encargadas de reglamentar la ley o de ejecutar sus mandatos. En ese sentido, sus razones no son pertinentes. Por consiguiente, la Corte se inhibirá de emitir un pronunciamiento de fondo sobre este cuestionamiento. Debe aclarar la Corte que la inhibición para emitir un pronunciamiento de fondo sobre este cargo, no tiene como propósito limitar ilegítimamente el derecho ciudadano a interponer acciones en defensa de la Constitución. A diferencia de un pronunciamiento de fondo, la inhibición no protege a las normas enjuiciadas con la cosa juzgada constitucional. Por ese motivo, el mismo ciudadano u otro distinto puede demandar, en el futuro, las mismas disposiciones, si se cumplen los demás requisitos constitucionales y legales para ello. Por lo que la inhibición puede resultar, desde ese punto de vista, aún más provechosa para quien persigue una defensa de la Constitución, que un pronunciamiento de fondo instado por argumentos superfluos o deleznables. Un pronunciamiento expreso de la Corte Constitucional, que le señale al ciudadano las falencias de sus cuestionamientos, persigue hacia el futuro, brindarle “la oportunidad para invocar razones constitucionales suficientes que hagan ineludible un estudio material.”[11] 2.3. Viabilidad de un pronunciamiento de constitucionalidad sobre normas derogadas Por otra parte, como lo puso de presente el Instituto Colombiano de Derecho Tributario en este proceso, y como lo manifestó el actor en una demanda anterior contra expresiones de la misma disposición[12], el artículo 68 de la Ley 863 de 2003, que modificó el artículo 158 del Estatuto Tributario, fue derogado por el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006. Dado que, en esta ocasión, el ciudadano accionante sólo demanda el artículo 68 de la Ley 863 de 2003, le corresponde a la Corte decidir si están dadas las condiciones para adelantar un juicio de constitucionalidad sobre una norma derogada. La jurisprudencia Constitucional ha reconocido que carece de justificación un pronunciamiento de mérito en sede judicial de constitucionalidad, cuando recae sobre una norma que ha perdido vigencia. No obstante, como la Corte tiene entre sus funciones la de guardar la integridad y supremacía de la Constitución frente a los efectos emanados de las leyes que le sean contrarios, no pierde competencia para emitir un pronunciamiento de fondo sobre su conformidad con la Carta, aunque dichos efectos provengan de una disposición derogada.[13] En ese sentido, un enjuiciamiento material del artículo 68 de la Ley 863 de 2003 sólo estaría justificado si éste último sigue produciendo efectos jurídicos. Al respecto, conviene precisar que en la Sentencia C-1140 del diecinueve (19) de noviembre de 2008, la Corte resolvió una demanda dirigida también contra una de las expresiones de esta misma norma. En ese caso, la Corporación consideró que, en efecto, aún para esa época estaba justificado un pronunciamiento de fondo sobre la referida disposición, pese a estar derogada por el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006, pues “la deducción tributaria prevista por la disposición resulta aplicable para los años gravables de 2004 a 2007, situación que implica la posibilidad actual que sea utilizada en la revisión administrativa y judicial de las declaraciones correspondientes a esos periodos. En consecuencia, se encuentran para el asunto de la referencia reunidas las condiciones para el ejercicio del control de constitucionalidad respecto de normas derogadas, pero que continúan surtiendo efectos jurídicos.” En definitiva, la Corte no adoptó en aquella ocasión un fallo de fondo, pero sólo porque el demandante no integró la proposición jurídica completa, ni le era dado a la Corporación hacerlo en su lugar. Sin embargo, dejó establecido que la posibilidad de que las declaraciones de renta correspondientes a los años gravables 2004 a 2007 estuvieran sujetas a reclamaciones administrativas o judiciales, era suficientemente indicativa de que la norma derogada estaba llamada a seguir produciendo efectos en el futuro. Estas razones no han perdido fuerza, pues las reclamaciones administrativas y judiciales por declaraciones correspondientes a los años gravables 2004 a 2007 pueden estar actualmente en trámite, y el origen de los reclamos puede muy bien ser el derogado artículo 68 de la Ley 863 de 2003. En consecuencia, está justificado un enjuiciamiento de fondo sobre la constitucionalidad de la norma demandada. 2.4. Integración de la unidad normativa Ahora bien, queda por decidir si la Corte puede entrar a confrontar las disposiciones acusadas del artículo 68 de la Ley 863 de 2003 con el texto de la Constitución, siendo claro que el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006 no fue demandado, pero reproduce en lo relevante las expresiones acusadas del precepto cuestionado. En efecto, en ambos se emplean los términos “reales productivos”, y las dos disposiciones se refieren a la reglamentación que del artículo puede hacer el Gobierno Nacional, si bien bajo distintas fórmulas lingüísticas.[14] Esta advertencia pone de presente que un enjuiciamiento estrictamente congruente con la demanda, podría conducir a la expedición de un fallo inocuo, pues en la hipotética eventualidad de que la disposición demandada fuera declarada inexequible, subsistiría el artículo 8 de la Ley 1111 de 2006, que reproduce en lo relevante las expresiones cuestionadas. Pero la emisión de un fallo inocuo debe evitarse en la medida de las posibilidades que le ofrecen a la Corte, la Constitución y la ley. Una de las formas para hacerlo, está expresada en el artículo 6 del Decreto 2067 de 2001, que faculta al magistrado sustanciador para inadmitir “la demanda cuando considere que ésta no incluye las normas que deberían ser demandadas para que el fallo en sí mismo no sea inocuo.” Otra es la integración de la unidad normativa llevada a cabo, de oficio, por la Corte Constitucional. Este segundo método debe tener lugar en hipótesis muy precisas,...