Sentencia C-668 de 2008

C-668-08 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-668/08 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración Referencia: expediente D-7040 Demanda de inconstitucionalidad: contra el artículo 357 numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo. Actor: Sandra Patricia Bejarano Rincón Magistrado Ponente: Mauricio gonzalez cuervo Bogotá, D.C., dos (2) de julio de dos mil ocho (2008) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, cumplidos los requisitos y procedimientos establecidos en el Decreto 2067 de 1991, y surtido el trámite propio del proceso de constitucionalidad, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1. Demanda de inconstitucionalidad La ciudadana Sandra Patricia Bejarano Rincón, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad prevista en los artículos 40-6, 241 y 242 de la Constitución Política, solicita a esta Corporación declarar inexequible el artículo 357 numeral 2 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerarlo contrario al preámbulo de la Carta, al artículo 39 de la Constitución y al artículo 3º del Convenio 87 de la OIT ratificado por Colombia. 2. Norma demandada El numeral 2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, - subrogado por el Decreto 2351 de 1965, artículo 26 -, reza lo siguiente: Artículo 357. -Subrogado por el Decreto 2351 de 1965, Artículo 26. 1. <Numeral INEXEQUIBLE> 2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa. 3. <Numeral INEXEQUIBLE> (Diario Oficial No 31.754, 17 de septiembre de 1965) 3. Fundamento de la demanda La demandante Sandra Patricia Bejarano Rincón, solicita que se declare inconstitucional el numeral segundo del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerar que esa disposición lesiona el preámbulo, el artículo 39 de la Carta y el artículo 3º del Convenio 87 de la OIT[1], al permitir que en caso de coexistencia de un sindicato de base con uno gremial o de industria en una misma empresa, la representación sindical no sea equitativa. Para la demandante, la restricción en la representación del grupo sindical minoritario que propone la norma, viola el derecho a la igualdad entre agremiaciones y la libre asociación sindical de los agremiados, quienes a pesar de encontrarse en la misma empresa, deberían ostentar las mismas garantías y los mismos derechos constitucionales en condiciones de igualdad. 4. Intervenciones 4.1. Ministerio de la Protección Social. Hernán Enrique Castro Bohórquez, actuando en representación del Ministerio de la Protección Social, solicita que se declare exequible el numeral segundo del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerarlo ajustado a la Constitución. Para el interviniente, lo estipulado en el numeral 2º del artículo 357 del Régimen Laboral Colombiano en relación con la representación del sindicato mayoritario en una misma empresa, es un mecanismo adecuado de representación democrática, que permite que en cabeza del sindicato que ostente la mayoría, se definan los asuntos que les competen a todos los trabajadores de una empresa. La posible desigualdad que se desprende de la norma, no surge de la ley en sí misma, según el Ministerio, sino que tiene su origen en el proceso de asociación de las organizaciones sindicales, ya que son los mismos trabajadores quienes se colocan en una situación de mayoritarios o minoritarios en cada caso concreto, y en ejercicio del juego democrático. De allí que para el Ministerio no sea aceptable pensar que el legislador previó con la norma acusada desigualdades en la capacidad decisoria o participativa de las organizaciones sindicales, en contravención del artículo 39 de la Carta. Lo que ocurre, es que como la ley es general, impersonal y abstracta y la institución de la representatividad, es producto del ejercicio democrático que se indica, que requiere de mayorías. En especial cuando el artículo 39 superior sostiene que “... los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se sujetarán al orden legal y a los principios democráticos”. Por esta razón tampoco considera que la norma acusada lesione el Convenio 87 de la OIT, dado que ésta sólo determina un marco democrático y normativo conforme a las exigencias de ley, para el ejercicio de las atribuciones de los sindicatos en materia de su estructura administrativa y representatividad, que se ajusta a esa disposición internacional ratificada por Colombia. Concluye por lo tanto el interviniente, que los argumentos de la demandante no demuestran la inconstitucionalidad de la norma, y solicita en consecuencia, que esta Corte la declare exequible por las razones expuestas. 4.2. Intervención ciudadana. El ciudadano José Gabriel Mesa Cárdenas intervino en el proceso constitucional de la referencia, con el propósito de que la Corte declarara exequible el numeral 2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, por considerarlo ajustado a la Carta y al Convenio 87 de la OIT sobre Libertad Sindical. Para el ciudadano, en contraposición a lo que expresa la demandante, el Convenio 87 de la OIT no regula aspectos relacionados con la negociación colectiva, como serían los concernientes a la representatividad de los sindicatos. De hecho, en gracia de discusión, sostiene que ellos son materia de los Convenios 98 - sobre el derecho a la sindicación y la negociación colectiva-, y del 154 - sobre la negociación colectiva-, ambos ratificados por Colombia. No obstante, afirma que estos convenios no reglamentan específicamente el asunto de la representatividad de los trabajadores, ya que ese aspecto puntual se dejó a las legislaciones nacionales. Con todo, el artículo 4º del Convenio 98, propende por el fomento y estímulo de los procedimientos de negociación voluntaria entre las partes, con el objeto de reglamentar las condiciones de empleo. Por lo tanto destaca que debe verificarse si el numeral 2º del artículo 357 del CST, atenta o no contra el artículo 4º citado, por impedir a las organizaciones de trabajadores el pleno uso y desarrollo de tales procedimientos. Para el interviniente la solución a esa duda debería ser negativa, teniendo en cuenta que la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT, en su último Estudio General sobre la Libertad Sindical (1994) señaló que “...el mero hecho de que una legislación establezca distinciones entre las organizaciones sindicales más representativas y las demás no constituye en sí, un motivo de crítica”. Además, el criterio plasmado por el legislador en el numeral 2º acusado, se encuentra acorde con la promoción de los principios democráticos, en tanto prevé un sistema que promueve y garantiza la lucha sindical libre y voluntaria como es obtener la mayoría de trabajadores de una empresa; y además tal mayoría resulta ser un criterio objetivo y previo, como lo demanda la Comisión de Expertos indicada. Por ende, la norma acusada a su juicio no lesiona el texto y el espíritu del Convenio 98. Finalmente, concluye su intervención el ciudadano afirmando, que el Comité de Libertad Sindical, ha sostenido con respecto a la posibilidad de negociar convenios colectivos de empresa, que “debería bastar la prueba de que dicho sindicato cuenta con suficiente representatividad”. Esa exigencia es precisamente la que pretende cubrir el numeral segundo del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, al exigir la representatividad de la mayoría, por lo que a su juicio el precepto juzgado se encuentra ajustado a las disposiciones internacionales ratificadas por Colombia en materia de libertad sindical y negociación colectiva. En consecuencia, solicita que se declare exequible el numeral 2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo. 5. Concepto del Procurador General de la Nación. El Procurador General de la Nación, Dr. Edgardo Maya Villazón, intervino en el proceso constitucional[2] solicitando a esta Corporación estarse a lo resuelto en la sentencia C-063 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández), que declaró la inexequibilidad del numeral 2º del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965. No obstante, para sorpresa de esta Corporación, el señor Procurador inició su intervención indicando que el precepto demandado en esta oportunidad por la ciudadana, esto es el artículo 357 del C.S.T., no coincide en cuanto a su texto, con el acusado por la demandante. En efecto, según lo precisó la Vista Fiscal, si bien la accionante considera que el artículo 357 ha sido subrogado por el artículo 26 del Decreto Legislativo No 2351 de 1965, ello no es así a juicio del Procurador, por cuanto el texto vigente del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, es según el Ministerio Público el siguiente: “ARTICULO 357. SINDICATOS DE BASE. A los sindicatos de base corresponde, de preferencia, la representación de sus afiliados en todas las relaciones de trabajo; la presentación de pliegos de peticiones; la designación de comisiones disciplinarias o de reclamos y la de negociadores y de árbitros en su caso; y la celebración de contratos sindicales y de convenciones colectivas de trabajo, para cuyo concierto deben ser consultados los intereses de las respectivas actividades de los asociados. Por lo mismo, dentro de una misma empresa, institución o establecimiento no pueden coexistir dos (2) o más sindicatos de trabajadores; y si por cualquier motivo llegaren a coexistir, subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir el personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión[3]. No obstante resalta el Procurador, que esta aparente falta de concordancia de la norma acusada con su texto, no desvirtúa la actuación ciudadana en el caso concreto, dado que existen múltiples elementos en la demanda que permiten reconocer que la disposición realmente impugnada por la accionante, el concepto de violación y los cargos presentados, se refieren específicamente y en su conjunto, al numeral 2º del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965. Por ello, para el Procurador, el yerro de la accionante es subsanable, teniendo en cuenta que es procedente de manera sencilla la identificación concreta de la norma realmente acusada. En ese orden de ideas, con respecto a los cargos de fondo presentados en contra del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, consideró el Director del Ministerio Público que debía recordarse que sobre este asunto él ya se había pronunciado en el concepto 4370 con el que reclamó la declaración de inconstitucionalidad de ese artículo, por las razones que a continuación se expresan: (i) El numeral 2º del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, desconoce los principios y valores consagrados en los artículo 1º y 2º de la Carta, porque la representación sindical es un asunto que se gana en la misma lucha democrática dentro de la propia organización sindical, y no por medio de una legislación que bajo la excusa de proteger a los trabajadores, está impidiendo el goce efectivo de un derecho fundamental. Con la norma, en efecto, se está anulando la posibilidad de participación de las demás asociaciones sindicales que existan en la misma empresa en la toma de decisiones, especialmente las minoritarias. A su vez, (ii) no existe justificación constitucional alguna para introducir una prohibición que impida a un sindicato de la misma empresa negociar o limitar esa negociación al sindicato mayoritario y (iii) la limitación impuesta por la norma al sindicato minoritario, no es una restricción temporal sino que es permanente, por lo que se pone en entredicho de manera indefinida ese derecho de los sindicatos, de manera discriminatoria para el caso de los minoritarios. Por consiguiente, se solicitó la declaratoria de inexequibilidad de la disposición mencionada. Con todo, como la Corte Constitucional se pronunció hace poco sobre la disposición que se enuncia declarándola inconstitucional, solicita la Vista Fiscal que se declare la existencia de cosa juzgada material. En efecto, recientemente esta Corporación mediante la sentencia C-063 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas) evaluó el numeral 2 acusado, por razones similares. Por lo tanto el Director del Ministerio Público, solicita a la Corte Constitucional, en este caso, estarse a lo resuelto en la sentencia C-063 de 2008, que declaró la inexequibilidad del numeral 2 del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965. II. CONSIDERACIONES. 1. Competencia. La Corte Constitucional es competente para decidir sobre la presente demanda, en virtud de lo dispuesto por los artículos 24.4 de la Carta, el artículo 43 de la Ley 270 de 1996 y el Decreto 2067 de 1991. 2. Consideración previa: la norma acusada. 2.1. Como se desprende de la parte inicial de esta providencia, la ciudadana demandó el numeral 2º del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, “subrogado por el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965”, por considerarlo ajeno al preámbulo, al artículo 39 de la Carta y al artículo 3º del Convenio 87 de la OIT. Sobre el contenido normativo del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, llama la atención de esta Corporación la afirmación del Ministerio Público, en el sentido de que el texto acusado por la demandante es ajeno al tenor literal de esa disposición laboral. Tal conclusión de hecho, pone en entredicho la mayor parte de las referencias normativas existentes en la materia, toda vez que la mayoría de las fuentes consultadas en la legislación laboral por esta Corporación[4], afirman que el texto del artículo 357 de ese Código es igual al invocado por la ciudadana, al haber sido subrogado por el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965. El texto del artículo 357 que presenta la accionante como demandado, entonces, es el siguiente: “Artículo 357. -Subrogado por el Decreto 2351 de 1965, Artículo 26. 1. <Numeral INEXEQUIBLE> 2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa. 3. <Numeral INEXEQUIBLE>” 2.2. No obstante, destaca también esta Corporación, que existe otra fuente de consulta normativa[5], que reclama la existencia de otro tenor literal para ese artículo. El texto que evoca esa fuente, es igual al que alude el Procurador General de la Nación en su concepto de rigor. De hecho, en la Secretaría del Senado de la República, al momento de la presentación de la demanda que ocupa a la Corte en esta oportunidad, el contenido normativo que se describía como vigente respecto del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, junto con las notas del editor para la fecha, decía lo siguiente: “ARTICULO 357. SINDICATOS DE BASE. A los sindicatos de base corresponde, de preferencia, la representación de sus afiliados en todas las relaciones de trabajo; la presentación de pliegos de peticiones; la designación de comisiones disciplinarias o de reclamos y la de negociadores y de árbitros en su caso; y la celebración de contratos sindicales y de convenciones colectivas de trabajo, para cuyo concierto deben ser consultados los intereses de las respectivas actividades de los asociados. Por lo mismo, dentro de una misma empresa, institución o establecimiento no pueden coexistir dos (2) o más sindicatos de trabajadores; y si por cualquier motivo llegaren a coexistir, subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir el personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión”. “<Notas: Considera el editor, que es importante tener en cuenta lo dispuesto por el numeral 5o. del artículo 3o. de la Ley 48 de 1968, sobre representación sindical, pliego de peticiones y convención colectiva. El texto referido es el siguiente: “5o. No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto legislativo 2351 de 1965, cuando el setenta y cinco por ciento (75%) o más de los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad al servicio de una empresa estén afiliados a un solo sindicato gremial, el pliego de peticiones que éste le presente a la empresa deberá discutirse directamente con ese sindicato, y el acuerdo a que se llegue formará un capítulo especial de la respectiva convención colectiva de trabajo”. Para la interpretación de este artículo debe tenerse en cuenta lo dispuesto por el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, publicado en el Diario Oficial No 31.754 de 1965. "Por el cual hacen unas reformas al Código sustantivo del trabajo". El cual establece: ARTÍCULO 26. REPRESENTACION SINDICAL 1. En una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión. 2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa. 3. Si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación." Este artículo corresponde al artículo 374 del Decreto 2663 de 1950, su numeración inicial fue variada por la edición oficial del Código Sustantivo del Trabajo, ordenada por el artículo 46 del Decreto 3743 de 1950”[6]. 2.3. La situación de aparente ambigüedad normativa que se describe con respecto al contenido del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo sorprende aún más, cuando de las indagaciones realizadas por esta Corporación, es claro que interpretaciones judiciales de distintas Corporaciones y transcripciones autorizadas en varios sitios oficiales, coinciden con que el artículo 357 del C.S.T. fue subrogado por el artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965. A título de ejemplo, puede observarse que en la página web del Ministerio de Protección Social, al momento de presentación de la demanda ciudadana, aparecía reseñada la siguiente información sobre el artículo 357 enunciado[7]: “Artículo 357. Representación Sindical. <Modificado por el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965. El nuevo texto es el siguiente:> 1. En una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión. 2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa. 3. Si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación. Texto original del Código Sustantivo del Trabajo: Artículo 357. Sindicatos de Base. A los sindicatos de base corresponde, de preferencia, la representación de sus afiliados en todas las relaciones de trabajo; la presentación de pliegos de peticiones; la designación de comisiones disciplinarias o de reclamos y la de negociadores y de árbitros en su caso; y la celebración de contratos sindicales y de convenciones colectivas de trabajo, para cuyo concierto deben ser consultados los intereses de las respectivas actividades de los asociados. Por lo mismo, dentro de una misma empresa, institución o establecimiento no pueden coexistir dos (2) o más sindicatos de trabajadores; y si por cualquier motivo llegaren a coexistir, subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir el personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión”. De igual forma, en sentencias de otras Corporaciones, como es el caso de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral del 9 de octubre de 1997,[8] ese Tribunal manifestó en un análisis relacionado con la coexistencia de sindicatos de empresa, que el contenido del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo era el subrogado por el artículo 26 del decreto 2351 de 1965, así: “Pero ocurre que si bien hipotéticamente en materia colectiva a todo sindicato le asiste la potestad de representar los intereses de los agremiados, en el evento de coexistencia de dos o más sindicatos, en los caso en que no se prohíbe tal paralelismo (artículos 357 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el 26 del decreto 2351, y 11 del decreto reglamentario 1373 de 1996), para los efectos de la contratación colectiva no todos ellos están revestidos de tal poder, sino que en obedecimiento a los principios democráticos ya explicados, y a la necesidad de que esa negociación en vez de estar diseminada en grupúsculos sin connotación social, adquiera la fuerza y en lo posible la unidad que permita más fácilmente el logro de los elevados objetivos legales y sociales, se entrega a las mayorías sindicales la representatividad colectiva. Quiere decir lo anterior que en la legislación colombiana en principio, con arreglo del artículo 26 del decreto legislativo 2351 de 1965, convertido en legislación permanente por la ley 48 de 1968, sólo el sindicato que agrupe la mitad más uno del personal de la empresa respectiva, es el titular de la negociación, calidad que lo faculta para promover el conflicto mediante la representación del pliego, intentar su solución mediante el diálogo con su interlocutor laboral y celebrar con él el acuerdo colectivo extensible en principio a todos los trabajadores”. (Las subrayas fuera del original). Rep A su vez, en una providencia reciente de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia[9], se reconoció también la subrogación del artículo 357 del C.S.T., en los términos alegados, al precisar que: “La inconformidad (…) con la sentencia atacada radica rigurosamente en (i) la errónea apreciación de la convención colectiva de trabajo, pues el Tribunal no advirtió que con el artículo primero se establece que SINTRAISS actúo como sindicato mayoritario de conformidad con el artículo 357 de Código Sustantivo del Trabajo, y (ii) en que haya concluido que no se presentó prueba para establecer que el sindicato SINTRAISS cobijara a más de la tercera parte de los trabajadores del Instituto de Seguros Sociales, a pesar de haber dado por sentado que la organización sindical fuera mayoritaria por medio de la confesión ficta o presunta y por lo tanto la actora no era beneficiaria de la convención colectiva de trabajo. El contenido del artículo primero de la convención colectiva de trabajo dice textualmente: “EL INSTITUTO, de una parte, y de la otra, EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES- SINTRAISS, entidad con personería Jurídica otorgada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, mediante Resolución Nro. 1524 de mayo 31 de 1996,aprobada por el MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, se denominará EL SINDICATO, quien actúa como SINDICATO MAYORITARIO de conformidad con el artículo 357 CST y representante de las organizaciones sindicales: ANEC ASOCOLQUIFAR, ASTECO, ASDOAS, ASBAS, ACODIN, ASINCOLTRAS Y ACITEQ, quienes al firmar el presente texto, reconocen y aceptan tal representación con el principio de autonomía sindical, consagrado en el Convenio de la OIT NRO. 87 de 1948 aprobado por la ley 26 de 1976”. (Subrayado fuera de texto - folios 83 y 84). La referencia legal que trae este precepto convencional dispone que SINTRAISS actúa como sindicato mayoritario de conformidad con el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, cuyo texto reza: “ART. 357.—Subrogado. D.L. 2351/65, art. 26. Representación sindical. 2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa.”(Subrayado fuera de texto). Por su parte el Decreto 1373 de 1966, reglamentario del Decreto 2351 de 1965, en su artículo 11 dispone que: “2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con sindicatos gremiales o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mitad más uno de los trabajadores de dicha empresa (...)”. Pues bien, dichas normas definen claramente que la representación de los trabajadores en la negociación colectiva le corresponde a la organización que agrupe a la mayoría de los trabajadores de la empresa, es decir, a la mitad más uno de los empleados de la entidad. Entonces, la prueba en comento sí evidencia que SINTRAISS representó a los trabajadores en la contratación colectiva, en situación aceptada y reconocida expresamente por el Instituto de Seguros Sociales, no solamente, durante la negociación colectiva, sino también al momento de suscribir la convención colectiva de trabajo, la cual fue el resultado del desarrollo del ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes”[10]. (Las subrayas fuera del original). En el mismo sentido, la Corte Constitucional ha resaltado la subrogación normativa de ese artículo, al precisar por ejemplo, en la sentencia T-656 de 2004 (M.P. Jaime Córdoba Triviño) que el texto perteneciente al artículo acusado hoy, era precisamente el subrogado por el Decreto 2351 de 1965, así: “3.6. La legislación laboral desarrolla el principio de la representación sindical. Al respecto, el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo disponía lo siguiente: Artículo 26. Representación Sindical. 1. En una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión. 2. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa. 3. Si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El Gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación. La Corte Constitucional declaró la inexequibilidad del numeral 1 de la disposición trascrita. Para la Corte, al efectuar “la comparación del artículo 39 de la Constitución, en cuanto garantiza a todos los trabajadores el derecho de constituir sindicatos, y de las disposiciones del Convenio 87 de la O.I.T., especialmente en el artículo 2, que dice que todos los trabajadores, sin ninguna distinción, tienen derecho a constituir las organizaciones que estimen convenientes, se concluye que la prohibición legal de formar sindicatos de base en una misma empresa, cuando ya exista otro, resulta injustificada a la luz de la garantía expresa de la Constitución de 1991”[1]. En la misma providencia declaró inexequible el numeral 3 del mismo artículo, frente a lo cual expresó que “Es claro para la Corte que si un grupo de trabajadores constituye y se afilia a un sindicato, éste, para la efectividad del ejercicio del derecho de asociación sindical, tiene la representación de tales trabajadores; y, siendo ello así, resulta violatorio del artículo 39 de la Carta imponerle por la Ley que esa representación deba necesariamente ejercerla ‘conjuntamente’ con otro u otros sindicatos si ninguno agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, pues eso menoscaba, de manera grave la autonomía sindical, razones por las cuales se declarará la inexequibilidad del numeral 3 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965”[1]. Así, pues, a partir de la sentencia C-567/00, la representación sindical se caracteriza por lo siguiente: 1) Al interior de una misma empresa pueden coexistir varios sindicatos de empresa o de base; 2) El sindicato mayoritario tendrá la representación de todos los trabajadores de la empresa para efectos de la negociación colectiva; 3) La representación de los sindicatos minoritarios para efectos de la negociación colectiva corresponde a cada una de las organizaciones sindicales; 4) Cada uno de los sindicatos minoritarios podrá adelantar su proceso de negociación colectiva, con la advertencia que, que para efectos del Decreto 904 de 1951, las convenciones colectivas posteriores a la primera se incorporarán a ella”. Asimismo en la sentencia C-063 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) en la que esta Corporación estudió el numeral segundo del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, se reconoció en los antecedentes de esa providencia, que el ciudadano “demandó la inconstitucionalidad del numeral 2º del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965, que subrogó el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo” (subrayas fuera del original). 2.4. Ahora bien, en atención a estas reflexiones preliminares, puede concluirse que existe una posición, en principio mayoritaria, que aduce que el texto original del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo es el demandado por la ciudadana y subrogado por el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, y otra posición, que descarta ese contenido, y sostiene que el texto de ese artículo es el que corresponde al texto original de esa norma según la versión oficial del Código Sustantivo del Trabajo de 1951, que es la tesis que sostiene la Procuraduría. En consecuencia, debe preguntarse esta Corporación: ¿corresponde a la Corte Constitucional determinar cuál es texto normativo vigente en relación con el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo demandado por la ciudadana para adelantar así su análisis constitucional? A primera vista la respuesta pertinente sería negativa, teniendo en cuenta que esta Corporación en múltiples oportunidades ha reconocido que no le corresponde dirimir asuntos relacionados con la vigencia de las disposiciones acusadas[11], toda vez que la Corte no ha sido concebida como una instancia para que hacer juicios de vigencia sobre normas, ni estudios relacionados con los efectos derogatorios de los preceptos jurídicos[12]. De hecho, el examen de constitucionalidad de una norma legal parte de la correspondencia lógica entre el contenido real y no presunto de la misma, los cargos aducidos en contra de la disposición y las normas constitucionales que se estiman violadas. Cuando el cargo se estructura a partir de unos contenidos normativos inexistentes o que no son, se rompe la correspondencia enunciada, y resulta imposible en consecuencia, adelantar el examen de constitucionalidad. En tal caso, la ausencia de claridad normativa sobre el objeto de control constitucional, imputable en esa situación al demandante, puede dar lugar a la inadmisión de la acción de inconstitucionalidad o a la inhibición de la Corte en la sentencia, por inepta demanda. Al respecto, este Tribunal ha reconocido que “para que la Corte Constitucional pueda establecer, con fuerza de verdad jurídica, la inexequibilidad que ante ella se solicita, es indispensable que la demanda recaiga sobre un texto real y no simplemente deducido por el actor o implícito.”[13] Como se ha indicado, entonces, no son pocas las ocasiones en las que la Corte Constitucional se ha declarado inhibida para pronunciarse sobre la vigencia de disposiciones particulares, principalmente cuando tales pronunciamientos han sido el objeto de interés de los demandantes que aducen la derogatoria tácita, como razón de inconstitucionalidad[14]. También se ha declarado inhibida en otras oportunidades, cuando la derogatoria de un precepto es expresa y no cabe duda de que la acción de inconstitucionalidad pretende la inexequibilidad de una norma derogada, cuando claramente no produce efectos jurídicos. Con todo, ¿qué ocurre en casos como el que convoca a la Sala en esta oportunidad, cuando en principio, la norma demandada por la ciudadana parece ser la correcta, salvo interpretaciones en contrario de algunas fuentes de consulta subsidiarias, que permiten generalizar esa ambigüedad normativa? Sobre el particular debe recordar esta Corporación que en ciertas ocasiones, la Corte ha entrado a definir si la norma acusada está vigente o no, sólo con el propósito necesario y único de determinar objetivamente la materia legal sujeta a su control. Si una norma derogada ha sido acusada, por ejemplo, la Corte Constitucional debe estudiarla sólo si continúa proyectando sus efectos en el tiempo. Por consiguiente, en caso de incertidumbre sobre la derogatoria tácita de una norma demandada, generalmente la Corte no se inhibe de estudiar los cargos, porque en tales casos, el precepto demandado podría estar produciendo efectos jurídicos. En esta oportunidad, no obstante, no se trata de una demanda dirigida contra una norma tácitamente derogada que permita hacer un estudio constitucional sobre ella, por estar produciendo efectos. De hecho, está claro que la ciudadana dirigió sus cargos, no contra el texto original del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo de 1951, sino que acusó de inconstitucional, ese artículo aparentemente subrogado por el Decreto 2531 de 1965 (Art. 26). La incertidumbre entonces se concreta en determinar si el contenido normativo del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, objeto de control constitucional, es el subrogado o no, porque es contra el subrogado, que se dirige la acción ciudadana. De concluirse que el texto vigente al momento de la presentación de la demanda ciudadana era el del artículo 357 no subrogado del Código Sustantivo del Trabajo, esta Corporación se declarará inhibida en todo caso de conocer de la acción de inconstitucionalidad de la referencia, por ausencia de cargos e inepta demanda, ya que esa norma original no es el objeto de reparo constitucional de la ciudadana y contra ella no de dirigieron sus críticas, defecto que obligaría a la Corte a proferir un fallo inhibitorio en relación con ese disposición. En caso contrario, es decir, si la norma objeto de estudio fue subrogada, la Corte entrará a evaluar bajo ese supuesto, los cargos dirigidos contra el precepto 357 del Código Sustantivo del Trabajo que se acusa. Ante esta ambigüedad legislativa, entra la Corte a considerar en su análisis algunos elementos puntuales de la vigencia y contenido normativo del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo. 3. Reflexiones sobre la vigencia de la norma acusada. 3.1. La Edición Oficial del Código Sustantivo del Trabajo de 1951, con las modificaciones ordenadas por el artículo 46 del Decreto Ley 3743 de 1950[15], que compiló los Decretos 2663 y 3743 de 1950 y 905 de 1951, es la versión oficial de la que puede partir inicialmente esta Corporación[16], para hacer un recuento normativo sobre los alcances y vigencia del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo. Tal edición oficial de hecho, estableció en la Parte II, Título I, Capítulo I de ese Código, los siguientes artículos: “Artículo 356. Los sindicatos de trabajadores se clasifican así: De base, si están formados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades, que prestan sus servicios en una misma empresa, establecimiento o institución. De industrias, si están formados por individuos que prestan sus servicios en varias empresas de una misma rama industrial. Gremiales, si están formados por individuos de una misma profesión, oficio o especialidad. De oficios varios, si están formados de trabajadores de diversas profesiones, disímiles o inconexas. Estos últimos sólo pueden solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio en el número mínimo requerido para formar uno gremial y sólo mientras subsista esa circunstancia. Artículo 357. A los sindicatos de base corresponde, de preferencia, la representación de sus afiliados en todas las relaciones de trabajo; la presentación de pliegos de peticiones; la designación de comisiones disciplinarias o reclamos y la de negociadores, entre sus propios miembros; el nombramiento de conciliadores y de árbitros en su caso; y la celebración de contratos sindicales u de convenciones colectivas de trabajo, para cuyo concierto deben ser consultados los intereses de las respectivas actividades de los asociados. Por lo mismo, dentro de una misma empresa, institución o establecimiento no pueden coexistir dos (2) o más sindicatos de trabajadores; y si por cualquier motivo llegaren a coexistir, subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir el personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión”[17]. El artículo 357 en su tenor literal establece en consecuencia que: (a) corresponde al sindicato de base frente a otros tipos de sindicatos, “de preferencia”, la representación de los trabajadores; (b) que dentro de la misma empresa, no pueden coexistir más de dos sindicatos, independientemente de la naturaleza del que se trate, - ya que la norma habla de sindicatos de trabajadores sin hacer distinción -, y (c) que en caso tal de llegar a coexistir en una misma empresa dos o más sindicatos de cualquier orden, en principio distintos al de base, sólo subsiste el mayoritario. Sobre la vigencia de este código y sus derogatorias, además, la versión oficial del Código Sustantivo del Trabajo de 1951 que se cita, afirmó lo siguiente: “Art. 490 El presente código principia a regir el día primero (1º) de enero del año mil novecientos cincuenta y uno (1951). Artículo 491. 1. Desde la fecha en que principie la vigencia de este Código, quedan suspendidos todas las leyes, decretos, resoluciones y demás preceptos anteriores de carácter nacional, reguladores de las materias contempladas en este Código, en cuanto han venido rigiendo los derechos individual y colectivo del trabajo entre patronos y trabajadores particulares y los del derecho colectivo del trabajo entre la administración pública y sus servidores[18]. 2. Suspéndanse los artículos 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 del Decreto 2158 de 1948, adoptado como ley por el Decreto 4133 de 1948[19]. Artículo 492. Quedan vigentes las normas que regulan el salario mínimo, el seguro social obligatorio y el derecho individual de trabajo en cuanto se refiere a los trabajadores oficiales”. 3.2. En 1965, el legislador extraordinario profirió conforme a la legislación de estado de sitio, el Decreto 2351 de 1965, “Por el cual se hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo”. Decreto que fue publicado en el Diario Oficial No 31.754, el 17 de septiembre de 1965. En los fundamentos de ese decreto legislativo se dijo en su momento lo siguiente: “Que es conveniente introducir al Código Sustantivo del Trabajo vigente, las modificaciones que constituyen un avance en esta materia, para afianzar la tranquilidad social del país”. Desde esa perspectiva se profirió el artículo 26 sobre representación sindical, que en su texto original determinó lo siguiente: “ARTICULO 26. Representación sindical. En una misma empresa no pueden coexistir dos o más sindicatos de base. Si por cualquier motivo llegaren a coexistir subsistirá el que tenga mayor número de afiliados, el cual debe admitir al personal de los demás sin hacerles más gravosas sus condiciones de admisión. Cuando en una misma empresa coexistiere un sindicato de base con uno gremial o de industria, la representación de los trabajadores, para todos los efectos de la contratación colectiva, corresponderá al sindicato que agrupe a la mayoría de los trabajadores de dicha empresa Si ninguno de los sindicatos agrupa a la mayoría de los trabajadores de la empresa, la representación corresponderá conjuntamente a todos ellos. El gobierno reglamentará la forma y modalidades de esta representación”. El tenor de esta norma difiere del artículo 357 original del Código Sustantivo del Trabajo de 1951, e incluso puede ser contrario en muchos aspectos al 26 enunciado, por las siguientes razones: (a) Precisa el artículo 26, que no pueden coexistir en una misma empresa, dos sindicatos de base. Esa condición difiere de la establecida originalmente en el artículo 357 del Código de 1951, porque esa norma particularmente no fijó esa prohibición expresa. Así, bajo el amparo del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo de 1951 podrían existir dos (2) sindicatos de base en una empresa, ya que el artículo 357 que se comenta sólo habla de sindicatos de trabajadores en términos genéricos; y en caso de coexistencia de dos sindicatos de base, según esa norma, la representación laboral sería del sindicato mayoritario. De lo anterior se desprende que el artículo 357 original, podía llegar a ser contrario a la prohibición expresa del artículo 26 enunciado de coexistencia de sindicatos base, ya que esa última norma sí establecía sobre el particular una prohibición de coexistencia, de manera taxativa. (b) Adicionalmente a lo anterior, el artículo 26 señala concretamente que si la coexistencia en la empresa es de un sindicato de base con uno gremial o de industria, el mayoritario es el que prevalece en materia de representación de los trabajadores. Esta precisión no se desprendía tampoco de la norma original del Código Sustantivo del Trabajo de 1951 (Art. 357), ya que como su texto lo indica, la preferencia de representación recaía principalmente en el sindicato mayoritario de trabajadores cualquiera fuera su naturaleza, aunque con prevalencia del sindicato de base. En este sentido la norma posterior también estipula de manera especial, unas reglas particulares en materia de representación en el caso de coexistencia entre ese tipo de sindicatos. Bajo el amparo del artículo 357 original, no necesariamente debería prevalecer el mayoritario, sino el de base, énfasis que difiere al artículo 26 descrito e incidía para la fecha, en la representación sindical. (c) Por último, el artículo 26 reguló a sí mismo un aspecto no previsto en el Código Sustantivo del Trabajo de 1951 (Art. 357), como lo fue la ausencia de mayorías sindicales o el llamado empate, en una empresa. Para solucionar esa situación, la norma propuso claramente que la representación fuese conjunta en caso de que la coexistencia de sindicatos no permitiese establecer uno mayoritario y que el Gobierno regulara esa situación[20]. En este punto como se puede constatar de la norma original del Código Sustantivo del Trabajo de 1951, esa disposición guardó silencio, por lo que frente a ese aspecto, el artículo 26 llenó un eventual vacío normativo, en caso de enfrentamiento, por ejemplo, entre dos sindicatos de base. Una interpretación literal del artículo 357 original de 1951 en caso de un empate o de ausencia de mayorías en sindicatos de diferente naturaleza, daría como respuesta normativa preferentemente, la prevalencia del sindicato de base frente a otros, mientras que el artículo 26 regula que la representación debía ser conjunta, lo que implica resultados normativos disímiles. Así mismo, en cuanto a la vigencia del Decreto 2351 de 1965, el artículo 42 de esa norma señaló lo siguiente: “ARTICULO 42. Este decreto rige desde la fecha de su expedición, y suspende las disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo y de las leyes especiales que le sean contrarias y los parágrafos 1o. y 2o. de la ley 102 de 1958”. (Las subrayas fuera del original). 3.3. Posteriormente, con la Ley 48 de 1968, “Por la cual se adopta como legislación permanente algunos decretos legislativos, se otorgan facultades al Presidente de la República y a las Asambleas, se introducen reformas al Código Sustantivo del trabajo y se dictan otras disposiciones”, publicada en el Diario Oficial No 32.679, del 26 de diciembre de 1968, el Congreso de la República decidió que el Decreto Legislativo 2351 de 1965 debía volverse legislación permanente, con algunas modificaciones y adiciones que fueron las siguientes: ARTICULO 3o. Los Decretos legislativos números 2351 de 1965 y 939 de 1966, seguirán rigiendo como leyes después de levantado el estado de sitio, con las modificaciones y adiciones siguientes: 1. El Gobierno previo concepto favorable del Consejo Nacional del Trabajo, cuya emisión es suficiente para justificarlos, podrá dictar reglamentos especiales destinados a incrementar las exportaciones; el empleo de mano de obra en determinadas actividades o empresas, principalmente en la industria de la construcción y el mantenimiento regular de servicios esenciales o enderezados al fomento de regiones en donde imperen condiciones de desempleo y de bajo desarrollo económico. Tales reglamentos podrán exceptuar las actividades, empresas y regiones económicas a que se refiere este numeral, de la aplicación de algunas disposiciones legales que normalmente regulan las actividades laborales y de cuya no aplicación pueda deducirse, con la mayor certidumbre posible, que se facilitará notoriamente el logro de los objetivos a que se refiere el inciso primero de este numeral[21]. 2. En cualquier momento, antes de la declaración de huelga o durante su desarrollo, el sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en defecto de éstos, los trabajadores, en asamblea general, podrá solicitar que las diferencias precisas respecto de las cuales no se haya producido acuerdo entre las partes en las etapas de arreglo directo y de conciliación, contenidas en el pliego de peticiones de los trabajadores como proyecto de convención colectiva o de pacto colectivo de trabajo[22], sean sometidas al fallo de un tribunal de arbitramento obligatorio constituido en la forma que se determina más adelante. El Ministro del Trabajo, de oficio o a solicitud del sindicato o sindicatos, o en defecto de estos, de los trabajadores, en asamblea general someterá a votación de la totalidad de los trabajadores de la empresa si desean o no sujetar las mencionadas diferencias a fallo arbitral, y si la mayoría absoluta de ellos optare por lo primero, no se suspenderá el trabajo y se reanudará dentro del término máximo de tres (3) días hábiles siguientes el tribunal de arbitramento obligatorio llamado a proferir dicho fallo. 3o. El tribunal de arbitramento obligatorio se compondrá de tres miembros designados así: uno por la empresa, otro por el sindicato o sindicatos a que estén afiliados más de la mitad de los trabajadores, o en defecto de éstos por los trabajadores, en asamblea general, y el tercero de común acuerdo por dichos dos árbitros. En caso de que los dos árbitros no se pongan de acuerdo para elegir el tercero dentro de las 48 horas siguientes a su posesión, dicho árbitro será designado por el Ministerio del Trabajo de lista integrada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia integrará dicha lista para periodos de dos años con doscientos ciudadanos colombianos, residentes en los distintos Departamentos del país, que sean abogados titulados, especialistas en derecho laboral o expertos en la situación económica y social del país y de reconocida honorabilidad. 4o. Si una huelga, por razón de su naturaleza o magnitud afecta de manera grave los intereses de la economía nacional considerada en su conjunto, el Presidente de la República podrá ordenar en cualquier momento la cesación de la huelga y que los diferendos que la provocaron sean sometidos a fallo arbitral. Pero el Presidente no podrá tomar esa decisión sin el concepto previo y favorable de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia. Se deroga el ordinal i) del artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo tal como fue sustituido por el artículo 1o. del Decreto legislativo 753 de 1956[23]. 5o. No obstante lo dispuesto en el artículo 26 del Decreto legislativo 2351 de 1965, cuando el setenta y cinco por ciento (75%) o más de los trabajadores de una misma profesión, oficio o especialidad al servicio de una empresa estén afiliados a un solo sindicato gremial, el pliego de peticiones que éste le presente a la empresa deberá discutirse directamente con ese sindicato, y el acuerdo a que se llegue formará un capítulo especial de la respectiva convención colectiva de trabajo. 6o. La pensión de jubilación a que se refiere el numeral 14 del artículo 7o. del Decreto 2351 de 1965, es la consagrada en los artículos 260 del Código Sustantivo del trabajo y 11 del Decreto 3041 de diciembre 19 de 1966. 7o. La acción de reintegro que consagra el numeral 5o. del artículo 8o. del Decreto 2351 de 1965, prescribirá en el término de tres meses contado desde la fecha del despido[24]. Respecto de la vigencia de la Ley 48 de de 1968, el artículo 6 determinó que la ley regiría desde su sanción. 3.4. Por último, con la Ley 50 de 1990 del 1º de enero de 1991[25] “Por la cual se introducen reformas al Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones”, se hicieron profundas modificaciones a la legislación laboral, pero no se alteró en modo alguno el artículo 357 del C.S.T. De hecho, en cuanto a las vigencias de la Ley 50 de 1990, el artículo 116 de esa ley determinó que quedaban derogados los artículos 358 ordinal 2, 379 literal a), 397, 427, 437, 438, 439, 440, 441 y 442 del Código Sustantivo del Trabajo, artículo de la Ley 65 de 1966 y demás disposiciones que fuesen contrarias a esa Ley. 3.5. El tránsito legislativo que se acaba de reseñar, en consecuencia, demuestra cómo las disposiciones involucradas en el debate sobre la vigencia y contenido del artículo 357 del CST, en los términos propuestos por el Ministerio Público, se contraen a valorar si el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, integrado como legislación permanente por la Ley 48 de 1968 y con sus modificaciones, derogó o subrogó tácitamente el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo de 1951, ya que esa decisión del legislador no fue en ningún modo expresa. Cómo lo recordó la sentencia C-159 de 2004 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra), la derogación expresa ocurre cuando el legislador señala en forma determinante y concreta los artículos que deroga. Es decir, no es necesaria interpretación alguna de las normas en cuanto a su vigencia, pues simplemente se excluyen del ordenamiento los preceptos legales, desde el momento en que así lo señale el legislador. En contraposición a esa figura, la derogación tácita supone con el cambio de legislación, una incompatibilidad entre lo regulado en la nueva ley y lo establecido en la ley anterior. En tal caso, se hace necesario interpretar ambas leyes, para establecer cuál es la ley que rige la materia, o si la derogación es total o parcial, o si se dio una subrogación, que involucra la sustitución de un texto por otro, derivado de la derogación de la norma. Una interpretación normativa en tal sentido, requiere del análisis de los artículos 71[26] y 72[27] del Código Civil, así como del 2º y 3º de la Ley 153 de 1887, que consagran la figura de la derogatoria tácita y determinan sus efectos. Los artículos 71 y 72 del Código Civil, autorizan la derogatoria tácita, especificando que existe y opera, cuando la norma anterior sobre una misma materia es contraria a las disposiciones de la nueva ley. Los artículos 2[28] y 3[29] de la Ley 153 de 1887, de otro modo, imponen a las autoridades judiciales en materia de interpretación legal, reconocer que la ley posterior prevalece sobre la ley anterior y que en caso de que una ley posterior sea contraria a otra anterior, y ambas preexistentes al hecho que se juzga, se aplicará la ley posterior. A su vez, que una ley puede derogarse por declaración expresa del legislador, o por incompatibilidad con disposiciones especiales posteriores, o por existir una ley nueva que regula íntegramente la materia a que la anterior disposición se refería. También puede producirse la sustitución de una norma por otra posterior que es una forma de derogación que se ha llamado por la teoría jurídica, subrogación. Es claro entonces que las leyes nuevas derogan las anteriores que les sean contrarias, y que la derogatoria es tácita cuando la nueva ley[30] contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior.[31] La derogatoria, tácita o expresa, por lo tanto, es un fenómeno de teoría legislativa donde no sólo juega lo jurídico sino la conveniencia político-social[32].El Congreso tiene competencia para derogar las normas precedentes de acuerdo a la atribución que expresamente le confiere la Carta (Art. 150 C.P) así como en atención al propio principio democrático y en la soberanía popular (Art. 1 y 3 C.P), que hacen que las potestades legislativas, siempre y cuando no violen normas superiores, sean inagotables. En ese sentido, es la propia libertad política del legislador la que le permite a ese órgano, expulsar del ordenamiento una norma que hasta ese momento era totalmente válida, ya sea para sustituirla por otra disposición o para regular toda una materia[33]. Con todo, la derogación de una norma no afecta tampoco ipso iure la eficacia de las normas, pues en general las situaciones surgidas bajo su vigencia continúan rigiéndose por ella. Ello justifica que la Corte se pronuncie en ocasiones, sobre preceptos derogados, en los casos en que éstos siguen produciendo efectos[34]. 3.6. Visto el estudio normativo anterior sobre los alcances y modificaciones del artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo, y los criterios a considerar sobre si existe o no una derogatoria tácita, se concluye por esta Corporación lo siguiente: (i) Como la confusión normativa con respecto al artículo 357 ha sido un hecho notorio no imputable exclusivamente a la ciudadana, no puede afirmar esta Corporación que la demanda es inepta por la “imprecisión” normativa en la que al parecer incurrió la demandante. De hecho, no puede la Corte declararse inhibida ante ese hecho, alegando un presunto “yerro” atribuible a la ciudadana, en la medida en que ese “error” frente al contenido del artículo 357 del CST es notorio y recae en la interpretación normativa realizada por fuentes de consulta de diversa índole. Como ese hecho incide en el análisis que debe adelantar esta Corporación en lo concerniente a la norma sobre el cual recae el control constitucional y en atención al principio pro actione, debe la Corte revisar en principio la situación que propone la accionante. (ii) Ahora bien, considera la Corte que analizados los antecedentes legislativos del artículo 357 del C.S.T. y la figura de la derogatoria tácita, lo cierto es que el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 incorporado en la legislación permanente en virtud de la Ley 45 de 1968, sí subrogó el artículo 357 del CST de 1951 o lo derogó de manera tácita por varias razones: (a) El artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, era una norma posterior al CST de 1951. Además, fue incorporado a la legislación permanente también por una norma posterior, como lo fue la Ley 45 de 1968, por lo que se trata de una decisión posterior del legislador. (b) Del análisis literal de los dos artículos, podría pensarse que ambas normas son compatibles entre sí, por lo que el artículo 357 original estaría vigente, bajo el supuesto de que esa norma “se acomoda” al numeral 1º del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965 sobre los sindicatos de base. No obstante se ha demostrado previamente que ello no es así, al analizar los efectos disímiles de la representación sindical entre ambas normas, teniendo en cuenta que el numeral 1º del artículo 26 establece una prohibición que dista mucho en sus efectos de ser compatible con las reglas que fija el artículo 357 original del Código Sustantivo del Trabajo de 1951 como ya se explicó. Esa aparente conciliación que se percibe, entonces, no es cierta, porque la prohibición del artículo 26 inciso 1, alude a los sindicatos de base en una misma empresa y semejante determinación no existía así, en el artículo 357 del Código de 1951. En consecuencia, este primer aspecto desvirtúa la vigencia del artículo 357 original del CST de 1951 bajo las reglas hermenéuticas antes descritas, que claramente alegan la posibilidad de que las dos normas subsistan, siempre y cuando no se de una derogatoria tácita de la norma previa, por incompatibilidad del precepto anterior frente al nuevo. Al explicar el artículo 26 del Decreto 2351 de 1965, esta Corte analizó varias posibilidades de incompatibilidad entre la norma posterior y la anterior y la distancia evidente entre los efectos queridos por el legislador en uno y otro caso, ya que la regulación del artículo 26 es mucho más amplia y particular en lo concerniente a los distintos tipos de sindicato en la empresa y su representatividad, lo que permite concluir en consecuencia, que el artículo 357 del Código Sustantivo del Trabajo en el momento de la presentación de esta demanda, correspondía al texto enunciado por la peticionaria, que era el artículo 357 del CST, subrogado por el artículo 26 del Decreto 2531 de 1965[35]. A continuación en consecuencia, revisará la Corte el texto normativo acusado y establecerá si es cierto o no que existe, como lo alega el Ministerio Público, cosa juzgada material en el caso objeto de análisis por la Corte Constitucional. 4. De la existencia de cosa juzgada constitucional. 4.1. En la sentencia C-567 de 2000 (M.P. Alfredo Beltrán Sierra) esta Corte declaró inexequibles previamente los numerales 1 y 3 del artículo 26 del Decreto 2351 de 1965. Por eso al momento de la demanda, la ciudadana sólo acusó la constitucionalidad del numeral 2º de esa disposición jurídica. Recientemente sin embargo, y con posterioridad a la admisión de esta acción ciudadana, mediante la sentencia C-063 de 2008 (M.P. Clara Inés Vargas Hernández) la Corte conoció de una demanda dirigida contra el inciso 2 del artículo 26 del Decreto Legislativo 2351 de 1965 descrito, atacado en esa oportunidad, por vulnerar el preámbulo, los artículos 13, 39, 53, 55, y 93 de la Constitución Política, así como los artículos 2, 3 y 8 del Convenio 87 de 1948 sobre la libertad sindical; los artículos 1 y 2 del Convenio 98 de 1949 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva; los artículos 1, 2, 3 y 5 del Convenio 135 de 1971 sobre los representantes de los trabajadores y los artículos 2, 3, 5, 7 y 8 del Convenio 154 sobre negociación colectiva. En relación con al Preámbulo, afirmó el accionante en esa oportunidad, que su vulneración se derivaba del hecho de que a través de la norma acusada, se estaba restringiendo la participación democrática de las organizaciones sindicales en la discus...