Sentencia C-664 de 2013

C-664-13 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-664/13 TRATADO RELATIVO A PROHIBICION DEL EMPLEO EN GUERRA DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS O SIMILARES Y DE MEDIOS BACTERIOLOGICOS-Se ajusta a la Constitución Política Realizado el análisis formal de la ley aprobatoria, se inició el estudio del contenido material del instrumento internacional remitido, respecto del cual se concluyó que el mismo es desarrollo de la prohibición contenida en el artículo 81 de la Constitución, con la cual se procura la defensa del derecho colectivo al goce de un ambiente sano y a la protección de la biodiversidad. Adicionalmente, sus objetivos buscan alcanzar el deber establecido en el derecho internacional humanitario de limitar los métodos y medios de guerra, de manera que no afecten a la población civil, ni causen destrucción masiva e incontrolada. En este orden, se encuentra ajustado al parámetro de control al cual está sometido.Por las razones antes mencionadas, la Corte declara la exequibilidad del “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”, suscrito en la ciudad de Ginebra, el 17 de Junio de 1925, así como de la ley10 de 1980 aprobatoria del mismo. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADOS INTERNACIONALES Y SUS LEYES APROBATORIAS-Competencia de la Corte Constitucional TRATADO INTERNACIONAL-Control previo El artículo Transitorio 58 de la Constitución no excluye y, por el contrario, supone el control previo de constitucionalidad, ya que no puede interpretárselo de manera aislada sino en armonía con las demás disposiciones de la Carta. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, habida cuenta de la previsión consagrada en el numeral 10 de su artículo 241, no cabe duda sobre el necesario sometimiento al control previo de constitucionalidad a cargo de esta Corte sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueben. La medida de esta función de la Corte está dada no solamente por el claro sentido del texto, el cual extiende el control -haya o no ley aprobatoria- al tratado mismo, sino por una razón sistemática: la de que el ordenamiento constitucional está orientado a la revisión de los tratados cuyo canje de notas aún no se ha producido, a fin de asegurar, antes de que entre en vigencia, la sujeción de sus cláusulas a las previsiones constitucionales, conciliando así la prevalencia de las normas fundamentales con el principio de Derecho Internacional sobre cumplimiento de los tratados en vigor. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Garantía básica en un Estado de Derecho TRATADO INTERNACIONAL-Su aprobación se fundamenta en una triada constitucional PRINCIPIO PACTA SUNT SERVANDA-Alcance En virtud del principio Pacta Sunt Servanda, el Estado debe cumplir los compromisos adquiridos a través de instrumentos internacionales, por ello es imprescindible que antes de su ratificación o adhesión sean sometidos al control judicial que permite establecer si los compromisos que lo vincularán son compatibles con la Constitución Política y, por tanto, tienen la potencialidad de ser cumplidos por Colombia como Estado Parte CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Consecuencias por no remisión oportuna por el Gobierno a la Corte Constitucional La Corte Constitucional ha manifestado en repetida jurisprudencia que la remisión tardía de la ley aprobatoria de un tratado internacional por parte del Gobierno no afecta su competencia para realizar el control de constitucionalidad tanto de la ley, como del tratado suscrito. En efecto, antes que privar a la Corte de la posibilidad de controlar la adecuación de la ley a la Constitución, se ha establecido en reiterada jurisprudencia por parte de este Tribunal que el vencimiento del término previsto por el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución -seis días- para remitir el tratado:No impide que la Corte conozca de la ley aprobatoria y del tratado internacional una vez sean remitidos por parte del Gobierno;No impide que cualquier ciudadano demande la constitucionalidad de la ley y del tratado luego de que trascurren los seis días que tiene el Gobierno para hacer la referida remisión, caso en que el control no se limitará al problema planteado en la acción interpuesta, sino que será un control de carácter integral; Hace que surja la competencia de la Corte Constitucional para iniciar de oficio el juicio de constitucionalidad a la ley aprobatoria y al tratado suscrito por el Estado colombiano. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Normas antes de la Constitución de 1991/PRINCIPIO TEMPUS REGIT ACTUM-Alcance En numerosas oportunidades la Corte Constitucional ha explicado que los aspectos atinentes a la forma de las disposiciones preconstitucionales, a diferencia de su contenido material, se rigen por las disposiciones de la Carta Política vigente al momento de su expedición, es decir, de la Constitución de 1886. En cambio, los aspectos relacionados con el contenido material de las normas preconstitucionales se deben controlar con referencia a lo dispuesto en la Constitución de 1991. Ello no implica que la Corte haya otorgado efectos ultra-activos a la Constitución de 1886, puesto que ello contrariaría el efecto inmediato que surtió la Carta de 1991 a partir del momento de su expedición; simplemente se deriva de un reconocimiento del principio tempus regit actum, que en estos casos obliga a estudiar la validez del proceso de formación de una norma preconstitucional actualmente vigente, de conformidad con las pautas formales y procedimentales que regían al momento de su expedición. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Ley aprobatoria de tratado internacional antes de la Constitución de 1991 LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Negociación y celebración TRATADO RELATIVO A PROHIBICION DEL EMPLEO EN LA GUERRA DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS O SIMILARES Y DE MEDIOS BACTERIOLOGICOS-Trámite legislativo TRATADO RELATIVO A PROHIBICION DEL EMPLEO EN LA GUERRA DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS O SIMILARES Y DE MEDIOS BACTERIOLOGICOS-Contenido BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Concepto/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Parámetro de control de constitucionalidad/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Estricto sensu/BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD-Lato sensu El bloque de constitucionalidad incluye normas que sin figurar formalmente en el texto constitucional, son utilizadas como parámetros de control de constitucionalidad al tener jerarquía constitucional por remisión directa de la Constitución (artículo 93). Ellas son (i) los tratados internacionales que reconocen derechos humanos, y las del derecho internacional humanitario, bloque de constitucionalidad estricto sensu; y, (ii) aunque no tengan rango constitucional configuran parámetros para examinar la validez constitucional de las normas sujetas a control las leyes estatutarias, las leyes orgánicas y algunos convenios internacionales de derechos humanos, calificados como integrantes del bloque de constitucionalidad lato sensu. DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO/IUS COGENS/CONVENIO DE GINEBRA En síntesis, los principios del derecho internacional humanitario plasmados en los Convenios de Ginebra y en sus dos Protocolos, por el hecho de constituir un catálogo ético mínimo aplicable a situaciones de conflicto nacional o internacional, ampliamente aceptado por la comunidad internacional, hacen parte del ius cogens o derecho consuetudinario de los pueblos. En consecuencia, su fuerza vinculante proviene de la universal aceptación y reconocimiento que la comunidad internacional de Estados en su conjunto le ha dado al adherir a esa axiología y al considerar que no admite norma o práctica en contrario. No de su eventual codificación como normas de derecho internacional, como se analizará con algún detalle más adelante. De ahí que su respeto sea independiente de la ratificación o adhesión que hayan prestado o dejado de prestar los Estados a los instrumentos internacionales que recogen dichos principios. El derecho internacional humanitario es, ante todo, un catálogo axiológico cuya validez absoluta y universal no depende de su consagración en el ordenamiento positivo. DERECHO A LA PAZ Y PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA-Prevención de la guerra y obligación del Estado de morigerar sus efectos/HUMANIZACION DE LA GUERRA-Proyección del derecho a la paz El principio de dignidad humana y el derecho a la paz no sólo imponen el deber de prevenir la guerra sino que, en caso de un conflicto inevitable, obligan al Estado a morigerar sus efectos. Así como no toda guerra es legítima, no todo medio utilizado puede admitirse como legítimo. La humanización de la guerra, lo ha señalado la Corte, constituye una proyección del derecho a la paz. La obligación constitucional de respetar en los estados de guerra y de conmoción interior el derecho internacional humanitario, deriva en el deber del Estado colombiano de asegurar que, en todo conflicto bélico o interno, tales normas se apliquen. De igual manera, siguiendo la cláusula Martens, y en evidente conexión con el principio de dignidad humana, el Estado colombiano estará obligado a lograr la no utilización de medios que tengan efectos desproporcionados contra los no combatientes o que afecten la población civil. Es decir, tiene el deber de evitar la fabricación y el uso de cualquier arma de destrucción masiva, ya sea en el conflicto interno o en sus acciones bélicas internacionales. . Referencia: expediente No. LAT-395 Revisión de constitucionalidad del “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de Junio de 1925, y de la Ley 10 de 1980, aprobatoria del mismo. Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá D.C., veinticuatro (24) de septiembre de dos mil trece (2013). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA En el proceso de revisión automática del “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de Junio de 1925, y de la Ley 10 de 1980, aprobatoria del mismo. I. ANTECEDENTES La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, mediante oficio recibido el 10 de agosto de 2012, remitió a esta Corporación copia auténtica de la Ley 10 de 1980 “Por medio de la cual se aprueba el “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de Junio de 1925, y se autoriza al Gobierno de Colombia para adherir a dicho Protocolo; y la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972”., para que de conformidad con lo previsto en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución, la Corte decida sobre la exequibilidad del “Protocolo Relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de Junio de 1925, y su ley aprobatoria, como quiera que la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972”, entró en vigor el 19 de diciembre de 1983, fecha del depósito del instrumento de ratificación. Mediante auto del 29 de agosto de 2012 el Magistrado Sustanciador avocó el conocimiento del proceso de la referencia y con el fin de contar con los elementos de juicio necesarios para proferir una decisión de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 superior, dispuso la práctica de pruebas en relación con los antecedentes legislativos. Recibidas éstas, profirió auto de continuación con fecha 20 de marzo de 2013, en el que ordenó dar cumplimiento a los numerales cuarto y siguientes del auto del 29 de agosto de 2012. Cumplidos los trámites propios de esta clase de procesos y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir acerca del asunto de la referencia. II. LEY APROBATORIA Y TRATADO INTERNACIONAL SOMETIDOS AL EXAMEN DE LA CORTE CONSTITUCIONAL. A continuación se transcribe el texto de la ley enviada para revisión: “LEY 10 DE 1980 (febrero 4) Diario Oficial No. 35.457 de 14 de febrero de 1980 Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos", firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, y se autoriza al Gobierno de Colombia para adherir a dicho Protocolo; y la "Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas y sobre su destrucción", hecha en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1972 EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTICULO PRIMERO. Apruébase el "Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos", firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, y autorízase al Gobierno de Colombia para adherir a dicho Protocolo que a la letra dice: PROTOCOLO RELATIVO A LA PROHIBICION DEL EMPLEO EN LA GUERRA DE GASES ASFIXIANTES, TOXICOS O SIMILARES, Y DE MEDIOS BACTERIOLOGICOS Los plenipotenciarios que suscriben en nombre de sus respectivos Gobiernos. Considerando que el empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de todos los líquidos, materiales o dispositivos análogos en la guerra ha sido condenado con justicia por la opinión general del mundo civilizado; Considerando que la prohibición de tal empleo ha sido formulada en Tratados en los que es parte la mayoría de las potencias del mundo; y A fin de que esta prohibición sea aceptada universalmente como parte del Derecho Internacional, que se imponga por igual a la conciencia y a la práctica de las naciones: D E C L A R A N: QUE LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES, en tanto que no sea ya parte en Tratados, que prohíban tal empleo, aceptan esta prohibición, acuerdan extender tal prohibición al empleo de métodos de guerra bacteriológicos y convienen en considerarse obligadas entre ellas según los términos de la siguiente Declaración. LAS ALTAS PARTES CONTRATANTES harán todos los esfuerzos por conseguir que otros Estados se adhieran al presente Protocolo. Esa adhesión será notificada al Gobierno de la República Francesa y por éste a todas las potencias que sean signatarias del Protocolo o se hayan adherido a él y tendrá efecto en la fecha de la notificación hecha por el Gobierno de la República Francesa. El presente Protocolo, cuyos textos francés e inglés son igualmente auténticos, será ratificado a la brevedad posible, llevarán la fecha de este día. Las ratificaciones del presente Protocolo se dirigirán al Gobierno de la República Francesa, que inmediatamente comunicará el depósito de dichas ratificaciones a cada una de las potencias signatarias o adherentes. Los instrumentos de ratificación del presente Protocolo o de adhesión al mismo quedarán depositados en los Archivos del Gobierno de la República Francesa. El presente Protocolo entrará en vigor, para cada Potencia Signataria, a partir de la fecha del depósito de su ratificación y desde ese momento, la Potencia estará obligada para con las Otras Potencias que hayan depositado ya sus ratificaciones. EN FE DE LO CUAL los Plenipotenciarios han firmado el presente Protocolo. Hecho en Ginebra, en un sólo ejemplar, el diecisiete de junio de mil novecientos veinticinco. Siguen las firmas de los Plenipotenciarios han firmado el presente protocolo. Alemanía Austria Estados Unidos de América Bégica Brasil Suecia Gran Bretaña Suiza Canadá Reino de Serbios, Croatas y Eslovacos. India Checoslovaquía Bulgaria Chile Dinamarca Turquía Egipto Uruguay El Salvador Rumania Siam Estonia España Abisinia Finlandia Francia Grecia Italia Jaón Letonia Nicaragua Luxemburgo Países Bajos Noruega Portugal Polonia Venezuela. RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO Presidente de la República Bogotá, D. E., mayo 1976, APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales. ALFONSO LOPEZ MICHELSEN El Ministro de Relaciones Exteriores, INGALECIO LIÉVANO AGURRE. Es fiel copia de la traducción oficial del texto en francés, que reposa en los Archivos de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Jefe de la División de Asuntos Jurídicos, HUMBETO RUIZ VARELA. Bogotá, D. E., 30 agosto 1979. ARTICULO SEGUNDO. Autorizase al Gobierno de Colombia para adherir al citado Protocolo. ARTICULO TERCERO. Apruébase la "Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas), y toxínicas y sobre su destrucción", hecha en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1972, cuyo texto es el siguiente: CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL ALMACENAMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGICAS (BIOLOGICAS), Y TOXINICAS Y SOBRE SU DESTRUCCION Los Estados Partes en la presente Convención, Resueltos a actuar con miras a lograr progresos efectivos hacia un desarme general y completo que incluya la prohibición y la eliminación de todos los tipos de armas de destrucción en masa, y convencidos de que la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas químicas y bacteriológicas (biológicas) y su eliminación, con medidas eficaces, han de facilitar el logro de un desarme general y completo bajo estricto y eficaz control internacional, Reconociendo la gran importancia del Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, así como el papel que ese Protocolo ha desempeñado y sigue desempeñando para mitigar los horrores de la guerra, Reafirmando su adhesión a los principios y objetivos de ese Protocolo e instando a todos los Estados a observarlos estrictamente, Recordando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha condenado, en varias ocasiones, todos los actos contrarios a los principios y objetivos del Protocolo de Ginebra del 17 de junio de 1925, Deseando contribuir a reforzar la confianza entre las naciones a mejorar en general la atmósfera internacional. Deseando así mismo contribuir a la realización de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, Convencidos de la importancia y urgencia de eliminar de los arsenales de los Estados, con medios eficaces, armas de destrucción en masa tan peligrosas como las que emplean agentes químicos o bacteriológicos (biológicos), Reconociendo que un Acuerdo sobre la prohibición de las armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas representa un primer paso posible hacia el logro de un acuerdo sobre medidas eficaces para prohibir así mismo el desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas químicas, y decididos a continuar las negociaciones con ese fin, Resueltos, en bien de toda la humanidad, a excluir completamente la posibilidad de que los agentes bacteriológicos (biológicos) y las toxinas se utilicen como armas, Convencidos de que el empleo de esos métodos repugnaría a la conciencia de la humanidad y de que no ha de escatimarse ningún esfuerzo para conjurar ese peligro, Han convenido lo siguiente: ARTICULO I. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a no desarrollar, reproducir, almacenar o de otra forma adquirir o retener, nunca ni en ninguna circunstancia: 1. Agentes microbianos u otros agentes biológicos o toxinas, sea cual fuere su origen o modo de producción, de tipos y en cantidades que no estén justificados para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos; 2. Armas, equipos o vectores destinados a utilizar esos agentes o toxinas con fines hostiles o en conflictos armados. ARTICULO II. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a destruir o desviar hacia fines pacíficos lo antes posible y, en todo caso, dentro de un plazo de nueve meses contados a partir de la entrada en vigor de la Convención, todos los agentes, toxinas, armas, equipos y vectores especificados en el artículo I de la Convención que estén en su poder o bajo su jurisdicción o control. Al aplicar lo dispuesto en el presente artículo deberán adoptarse todas las medidas de precaución necesarias para proteger a las poblaciones y el medio, ARTICULO III. Cada Estado Parte en la Convención se compromete a no traspasar a nadie, sea directa o indirectamente, ninguno de los agentes, toxinas, armas, equipos o vectores especificados en el artículo I de la Convención, y a no ayudar, alentar o inducir en forma alguna a ningún Estado, grupo de Estados u organizaciones internacionales a fabricarlos o adquirirlos de otra manera. ARTICULO IV. Cada Estado Parte en la presente Convención adoptará, en conformidad con sus procedimientos constitucionales, las medidas necesarias para prohibir y prevenir el desarrollo, la producción, el almacenamiento, la adquisición o la retención de los agentes, toxinas, armas, equipos y vectores especificados en el artículo I de la Convención en el territorio de dicho Estado, bajo su jurisdicción o bajo su control en cualquier lugar. ARTICULO V. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a consultarse y a cooperar entre sí en la solución de los problemas que surjan en relación con el objetivo de la Convención o en la aplicación de sus disposiciones. Las consultas y la cooperación previstas en este artículo también podrán realizarse mediante procedimientos internacionales pertinentes en el ámbito de las Naciones Unidas y de conformidad con su Carta. ARTICULO VI. 1. Todo Estado Parte en la presente Convención que advierta que cualquier otro Estado Parte obra en violación de las obligaciones dimanantes de lo dispuesto en la Convención podrá presentar una denuncia al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La denuncia deberá ir acompañada de todas las pruebas posibles que la sustancien, así como de una solicitud para que la examine el Consejo de Seguridad. 2. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a cooperar en toda investigación que emprenda el Consejo de Seguridad, de conformidad con las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, como consecuencia de la denuncia recibida por éste. El Consejo de Seguridad informará a los Estados Partes en la Convención acerca de los resultados de la investigación. ARTICULO VII. Cada Estado Parte en la presente Convención se compromete a prestar asistencia o a secundarla, de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, a cualquier Parte en la Convención que la solicite, si el Consejo de Seguridad decide que esa Parte ha quedado expuesta a un peligro de resultas de la violación de la Convención. ARTICULO VIII. Ninguna disposición de la presente Convención podrá interpretarse de forma que en modo alguno limite las obligaciones contraídas por cualquier Estado en virtud del Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, o les reste fuerza. ARTICULO IX. Cada Estado Parte en la presente Convención afirma el objetivo reconocido de una prohibición efectiva de las armas químicas y, a tal fin, se compromete a proseguir negociaciones de buena fe con miras a llegar a un pronto acuerdo sobre medidas eficaces encaminadas a la prohibición de su desarrollo, producción y almacenamiento y a su destrucción así como sobre las medidas oportunas en lo que respecta a los equipos y vectores destinados especialmente a la producción o al empleo de agentes químicos a fines de armamento. ARTICULO X. 1. Los Estados Partes en la presente Convención se comprometen a facilitar el más amplio intercambio posible de equipo, materiales e información científica y tecnológica para la utilización con fines pacíficos de los agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas, tienen el derecho de participar en ese intercambio. Las Partes en la Convención que estén en condiciones de hacerlo deberán así mismo cooperar para contribuir, por sí solas junto con otros Estados u organizaciones internacionales, al mayor desarrollo y aplicación de los descubrimientos científicos en la esfera de la bacteriología (biología) para la prevención de las enfermedades u otros fines pacíficos. 2. La presente Convención se aplicará de manera que no ponga obstáculos al desarrollo económico o tecnológico de los Estados Partes en la Convención o a la cooperación internacional en la esfera de las actividades bacteriológicas (biológicas) pacíficas, incluido el intercambio internacional de agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas y de equipo de elaboración, empleo o producción de agentes bacteriológicos (biológicos) y toxinas con fines pacíficos de conformidad con las disposiciones de la Convención. ARTICULO XI. Cualquier Estado Parte en la presente Convención podrá proponer enmiendas a la misma. Esas enmiendas entrarán en vigor para cada Estado Parte que las acepte al ser aceptadas por una mayoría de los Estados Partes en la Convención y ulteriormente, para cualquier otro Estado Parte, en la fecha en que acepte esas enmiendas. ARTICULO XII. Al cabo de cinco años de la entrada en vigor de la presente Convención, o antes de que transcurra ese plazo si así lo solicitan la mayoría de las Partes en la Convención y presentan a tal efecto una propuesta a los Gobiernos Depositarios, se celebrará en Ginebra (Suiza) una Conferencia de los Estados Partes en la Convención a fin de examinar la aplicación de la Convención para asegurarse de que se están cumpliendo los fines del preámbulo y las disposiciones de la Convención, incluidas las relativas a las negociaciones sobre las armas químicas. En ese examen se tendrán en cuenta todas las nuevas realizaciones científicas y tecnológicas que tengan relación con la Convención. ARTICULO XIII. 1. La presente Convención tendrá una duración indefinida. 2. Cada Estado Parte en la presente Convención tendrá derecho, en ejercicio de su soberanía nacional, a retirarse de la Convención si decide que acontecimientos extraordinarios, relacionados con la materia que es objeto de la Convención han comprometido los intereses supremos de su país. De ese retiro deberá notificar a todos los demás Estados Partes en la Convención y al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas con una antelación de tres meses. Tal notificación deberá incluir una exposición de los acontecimientos extraordinarios que esa Parte considere que han comprometido sus intereses supremos. ARTICULO XIV. 1. La presente Convención estará abierta a la firma de todos los Estados. El Estado que no firmare la Convención antes de su entrada en vigor, de conformidad con el párrafo 3 de este artículo, podrá adherirse a ella en cualquier momento. 2. La presente Convención estará sujeta a ratificación por los Estados signatarios. Los instrumentos de ratificación y los instrumentos de adhesión se depositarán en poder de los Gobiernos de los Estados Unidos de América, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que por la presente se designan como Gobiernos Depositarios. 3. La presente Convención entrará en vigor una vez que hayan depositado sus instrumentos de ratificación veintidós Gobiernos, incluidos los Gobiernos que por la Convención quedan designados Gobiernos Depositarios. 4. Para los Estados cuyos instrumentos de ratificación o de adhesión se depositaren después de la entrada en vigor de la presente Convención, la Convención entrará en vigor en la fecha del depósito de sus instrumentos de ratificación o de adhesión. 5. Los Gobiernos Depositarios informarán sin tardanza a todos los Estados signatarios y a todos los Estados que se hayan adherido a la presente Convención de la fecha de cada firma, de la fecha de depósito de cada instrumento de ratificación o de adhesión a la Convención y de la fecha de su entrada en vigor, así como de cualquier otra notificación. 6. La presente Convención será registrada por los Gobiernos Depositarios de conformidad con el artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. ARTICULO XV. La presente Convención, cuyos textos en inglés, ruso, francés, español y chino son igualmente auténticos, se depositará en los Archivos de los Gobiernos Depositarios. Los Gobiernos Depositarios remitirán copias debidamente certificadas de la Convención a los Gobiernos de los Estados signatarios y de los Estados que se adhieran a la Convención. EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos, debidamente autorizados, firman la presente Convención, HECHO en tres (3) ejemplares en las ciudades de Washington, Londres y Moscú, éste décimo día de abril de mil novecientos setenta y dos. RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO Presidencia de la República, Bogotá, D.E., diciembre 1978. APROBADO. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales. JULIO CESAR TURBAY AYALA El Ministro de Relaciones Exteriores, DIEGO URIBE VARGAS Es fiel copia del texto certificado de la Convención sobre la prohibición del desarrollo, de la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (biológicas) y toxínicas y sobre su destrucción, hecho en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú, el 10 de abril de 1972, que reposa en los archivos de la División de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores. El Jefe de la División de Asuntos Jurídicos, HUMBERTO RUIZ VARELA. Bogotá, D. E., 30 de agosto de 1979. ARTICULO CUARTO. Esta Ley entrará en vigencia una vez cumplidos los trámites establecidos en la Ley 7 del 30 de noviembre de 1944 en relación con los instrumentos que por esta misma Ley se aprueban. Dada en Bogotá D.E., a ...... de ....... mil novecientos setenta y nueve (1979). El Presidente del Senado de la República, HECTOR ECHEVERRY CORREA El Vicepresidente de la honorable Cámara de Representantes, ALVARO LEYVA DURAN El Secretario General del honorable Senado de la República, Amaury Guerrero El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Jairo Morera Lizcano. República de Colombia – Gobierno Nacional Bogotá, D. E., 4 de febrero de 1980 Publíquese y Ejecútese. JULIO CESAR TURBAY AYALA El Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Uribe Vargas. El Ministro de Defensa Nacional, General Luis Carlos Camacho Leyva III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL Mediante auto del 29 de agosto de 2012, el Despacho decretó la práctica de las siguientes pruebas: i) solicitar a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República envíe copia auténtica de la Ley 10 de 1980, ii) a los Secretarios Generales y de las Comisiones respectivas del Congreso de la República, enviar copias auténticas del expediente legislativo del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 10 de 1980, las ponencias de cada debate y los textos aprobatorios de las mismas, y de ser pertinente, remitir los textos conciliados y sus respectivas aprobaciones en plenarias, y certificar cada uno de los quórum deliberatorios y decisorios con los cuales fue aprobada en cada uno de los debates la mencionada Ley; y iii) solicitar al Ministerio de Relaciones Exteriores que certificara sobre la persona autorizada para la negociación y suscripción del protocolo, los plenos poderes para la celebración y su confirmación por el Presidente de la República Una vez recibidas las mencionadas pruebas, el Despacho mediante auto del 20 de marzo de 2013, ordenó seguir adelante con el trámite respectivo. IV. INTERVENCIONES. 1. Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. La Directora del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, Alma Viviana Pérez Gómez, solicita en su intervención se declare exequible el Protocolo y su ley aprobatoria. Señala que la iniciativa del Ministerio de Relaciones Exteriores, ratificada por la Secretaría Jurídica de la Presidencia, pone de manifiesto la voluntad del Gobierno Nacional de adherirse al referido Protocolo, el cual consagra medidas relativas a la prohibición del uso en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos, y se adoptó luego de la problemática vivida en la primera guerra mundial. La proscripción de esta clase de armas guarda coherencia con el artículo 22 Constitucional que consagra el derecho a la Paz, y con la prohibición del artículo 81 ídem, de fabricar, importar, poseer o usar armas biológicas, químicas y nucleares, la cual es fundamento para el tipo penal descrito en el artículo 368 del Código Penal. Además, la adhesión al Protocolo permitirá adoptar otras medidas adicionales a la sanción penal referida. Apoya su solicitud en la jurisprudencia proferida por esta Corte al avalar la Convención sobre prohibición, almacenamiento y empleo de armas químicas y su destrucción. 2. Ministerio de Relaciones Exteriores El Director de Asuntos Jurídicos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Álvaro Sandoval, interviene para solicitar la exequibilidad del “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”, firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925 y su ley aprobatoria, por las siguientes razones: Bajo la Constitución de 1886, para perfeccionar el vínculo internacional los tratados debían adoptarse por el Congreso mediante ley. Por ello, siguiendo el trámite legislativo allí fijado, el Congreso expidió la Ley 10 del 4 de febrero de 1980 y mediante Nota N°2028/E-421 del 9 de diciembre de 1983 el Gobierno Nacional remitió el instrumento de ratificación de la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972”, por lo que desde esa fecha la Convención se encuentra en vigor, no así el Protocolo, sobre el cual la República de Colombia no ha depositado el instrumento de adhesión. Indica que el Protocolo en examen tiene fundamento en el artículo 81 de la Constitución Política que proscribe las armas de destrucción masiva, y su exequibilidad reafirma el compromiso de protección de derechos y el cumplimiento de límites durante los conflictos armados y permitirá proceder a depositar el instrumento de adhesión, con el cual Colombia se hará parte del “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”. 3. Ministerio de Defensa Nacional. La ciudadana Sandra Marcela Parada Aceros, actuando en representación del Ministerio de Defensa Nacional, interviene para solicitar a la Corte declare exequibles el tratado internacional y su correspondiente ley aprobatoria. Fundamenta su petición en que el Protocolo bajo revisión confirma el proceso de integración y cooperación en la no utilización de materiales nucleares para la fabricación de armas de destrucción masiva, lo cual es acorde con los artículos 2, 8, 9, 81, 226 y 227 de la Constitución. Igualmente sostiene que el tratado armoniza con otros suscritos por Colombia como el Tratado de no proliferación de armas nucleares y la Convención sobre la prohibición de las armas biológicas y toxínicas. Indica que mediante la firma de instrumentos internacionales como el revisado, el país contribuye a generar en Latinoamérica un uso pacífico de la energía nuclear. Considerando que el Protocolo se ajusta a los requisitos exigidos en la Constitución, tanto en su aspecto formal como material, para convertirse en parte del ordenamiento interno, solicita sea declarado exequible. 4. Cruz Roja Colombiana. El Presidente de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana luego de recordar los antecedentes históricos del Protocolo, precisó que este instrumento hace parte del Derecho Internacional Humanitario, en cuanto fija reglas para la conducción de las hostilidades y pone límites a los métodos y medios de la guerra. Se enmarca el protocolo en los Principios de Derecho Humanitario proclamados en 1966 y que impone tratar a las personas que no hace parte de las hostilidades con humanidad y establece que el derecho de las partes en conflicto a elegir los medios de guerra no es ilimitado, pues en un contexto de conflicto se deben evitar los métodos y medios que causen sufrimientos innecesarios, males superfluos y daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente. Resaltó que en la mayoría de los conflictos armados que se han presentado luego de la adopción del Protocolo en el contexto internacional, las partes no se han atacado con armas químicas ni bacteriológicas y en los pocos eventos en que han incumplido las prohibiciones allí contenidas han recibido drásticas condenas del mundo entero. Agregó que la importancia del instrumento en revisión está dada por los avances continuos de la ciencia y el desarrollo que ha tenido su contenido en el ordenamiento interno, y su ratificación contribuirá no sólo a sancionar las acciones relacionadas con el uso de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos en el conflicto, sino además a informar y propiciar la capacitación sobre el contenido de éste instrumento ente la población civil. Por lo expuesto, el Presidente de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana solicitó a la Corte declare exequibles el tratado internacional y su correspondiente ley aprobatoria. 5. Universidad Santo Tomás, sede Bogotá. Los ciudadanos Carlos Rodríguez Mejía, Coordinador del Grupo de Acciones Constitucionales del Consultorio Jurídico de la Universidad Santo Tomás, y Ximena Alexandra Ordoñez Monroy, estudiante de la facultad de derecho, solicitan a la Corte declare exequibles el tratado internacional y su correspondiente ley aprobatoria. Señalan que la Corte Constitucional es competente para efectuar el control constitucional de tales normativas con el fin de establecer si se ajustan a las disposiciones constitucionales vigentes. Frente al contenido del Protocolo, sostienen que experiencias recientes han demostrado que el uso de armas biológicas y gases asfixiantes o tóxicos generan graves consecuencias para la humanidad, no sólo para quienes intervienen en las hostilidades. El instrumento en mención, que hace parte del derecho internacional humanitario, impone obligaciones a los Estados sobre los medios que pueden ser utilizados en caso de guerra y la prohibición del empleo de gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos que contempla ha sido universalmente aceptada y reconocida. Resalta la importancia del Protocolo en el contexto de conflicto armado interno, porque brinda una protección y garantía reforzada a los derechos de los residentes en zonas de conflicto armado en el país. Por último, señala la relación de la prohibición contenida en el Protocolo, con otros instrumentos de derecho internacional humanitario y de derechos humanos. 6. Universidad Libre, sede Bogotá El Coordinador del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional, de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Bogotá, Jorge Kenneth Burbano Villamarin señaló que desde el punto de vista material el Protocolo se ajusta a los artículo 189, numeral 3 y 150, numeral 1, de la Constitución, en tanto respeta la soberanía, la autodeterminación de los pueblos y los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Sostiene que la proscripción del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos, se ajusta a la definición de Colombia como Estado Social de Derecho, fundado en el respeto de la dignidad humana. Advierte que como en el marco de un conflicto armado no toda arma es conforme a la normatividad internacional, la prohibición establecida se basa en los daños superfluos y el sufrimiento innecesario e indiscriminado que causan estas armas de destrucción masiva a todos los seres vivos. Por lo anterior, solicita a la Corte declarar exequible el “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN En ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242.2 y 278 del texto constitucional, el Procurador General de la Nación, el 6 de mayo de 2013, presentó concepto número 5565, en el cual solicitó a la Corte “declarar EXEQUIBLES el “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos” firmado en Ginebra el 17 de junio de 1925, y la Ley 10 de 1980 aprobatoria de dicho instrumento.”, por las siguientes razones: 1. La Constitución de 1886 no establecía un mecanismo de control para los tratados públicos ni para las leyes que lo aprueban. “Por tanto, al no haber un trámite especial para la aprobación de los tratados y dado que para el instrumento sub examine ya se encuentra aprobado en los términos de la Constitución de 1886 y que a la fecha del presente examen se encuentra incorporado en la legislación interna el texto definitivo de la Ley 10 del 4 de febrero de 1980 que aprueba el Protocolo, el Ministerio Público advierte que su trámite está superado, es decir se encuentra perfeccionado para los efectos del control constitucional vigente.” 2. Desde el punto de vista material, el Protocolo propende por la defensa del ser humano. Es el antecedente a la prohibición de desarrollar, producir y adquirir gases asfixiantes, tóxicos o similares y medios bacteriológicos (biológicas), salvo cuando sea para fines profilácticos, de protección u otros fines pacíficos, como se constata en el instrumento aprobado por el Congreso mediante la Ley 10 de 1980 y ratificado por el Gobierno. 3. El Protocolo contiene normas que hacen parte de las reglas del Derecho Internacional Humanitario, adoptadas con la aprobación del Protocolo I de 1977 Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949, el cual, en su artículo 35 establece el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos y medios de hacer la guerra. 4. El Protocolo no ha perdido actualidad y constituye un importante instrumento que se ajusta a los mandatos superiores, en especial a los contenidos en el Preámbulo, los artículos 2, 8, 9, 226 y 227 de la Constitución Política. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. La competencia y el objeto del control Según lo previsto en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución corresponde a la Corte realizar el control automático de constitucionalidad de los tratados internacionales y las leyes que los aprueban. El control de constitucionalidad que la Corte debe ejercer en esta materia, es posterior, integral y automático en cuanto se produce una vez la respectiva ley ha sido aprobada por el Congreso y sancionada por el Presidente de la República, pero es previo en cuanto el pronunciamiento de la Corte debe anteceder al perfeccionamiento del instrumento internacional, el cual no puede darse sin que exista el fallo de constitucionalidad correspondiente que le permita al Jefe de Estado efectuar el correspondiente canje de notas. 2. Aclaración Previa. Competencia de la Corte para pronunciarse sobre el Protocolo y su Ley aprobatoria: Determinación del objeto de control 2.1 Es preciso definir como asunto preliminar el fundamento y alcance de la competencia de la Corte Constitucional, toda vez que el “Protocolo relativo a la prohibición del empleo en la guerra de gases asfixiantes, tóxicos o similares, y de medios bacteriológicos”, al cual el Estado tiene la intención de adherirse, data del 17 de junio de 1925 y la Ley 10 fue expedida el 4 de febrero de 1980, momento en que se encontraba vigente la Constitución de 1886, la cual no consagraba el control constitucional previo, automático e integral de los tratados públicos y sus leyes aprobatorias que hoy existe. Debe considerarse, además, que el otro instrumento internacional incorporado por la Ley 10 de 1980 -“Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972- entró en vigor el 19 de diciembre de 1983, fecha del depósito del instrumento de ratificación. Esta es la primera ocasión en que, a efectos de realizar el control automático de constitucionalidad, es remitida a la Corte una ley aprobatoria de un tratado internacional expedida con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución de 1991. En este sentido, y en tanto la Constitución actual no contiene disposición expresa que regule el caso concreto, deberán evaluarse las distintas opciones interpretativas para establecer qué cuerpos normativos deben ser el objeto del control constitucional automático, previo e integral en esta ocasión. Frente a esta situación surgen distintas posibilidades de respuesta, las cuales motivan las tres hipótesis para abordar la situación planteada que se presentarán a continuación. 2.2 Hipótesis 1: No hay lugar a control constitucional del Protocolo de Ginebra de 1925, ni de su ley aprobatoria porque aquel fue incorporado y ésta fue elaborada con anterioridad a la Constitución de 1991. Podría considerarse que la ausencia de ese mecanismo de control constitucional previo en vigencia de la Constitución Nacional de 1886 faculta al Estado Colombiano a realizar la adhesión sin que requiera del pronunciamiento de esta Corporación sobre su compatibilidad con la Constitución de 1991 y el respeto por los valores democráticos en el proceso de formación de la ley aprobatoria. Afirmación que podría estimarse reforzada por el artículo 58 transitorio de la Constitución Política de 1991, que dispone: “Autorízase al Gobierno Nacional para ratificar los tratados o convenios celebrados que hubieren sido aprobados, al menos, por una de las cámaras del Congreso de la República”. De acuerdo con ésta tesis el Estado se vincularía a este Protocolo sin haber verificado su compatibilidad con la Carta Política, y la ley aprobatoria no tendría control constitucional, salvo por vía de acción pública. La hipótesis descrita debe ser descartada por cuanto esta cuestión fue objeto de estudio por parte de la Corte Constitucional al definir la viabilidad de pronunciarse sobre tratados que, como el ahora revisado, anteceden a la Constitución de 1991. En la sentencia C-477 de 1992[1], frente al tema del control constitucional de los tratados en consideración al tránsito constitucional, precisó la Corte: “El artículo Transitorio 58 de la Constitución no excluye y, por el contrario, supone el control previo de constitucionalidad, ya que no puede interpretárselo de manera aislada sino en armonía con las demás disposiciones de la Carta. A partir de la vigencia de la Constitución de 1991, habida cuenta de la previsión consagrada en el numeral 10 de su artículo 241, no cabe duda sobre el necesario sometimiento al control previo de constitucionalidad a cargo de esta Corte sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueben. La medida de esta función de la Corte está dada no solamente por el claro sentido del texto, el cual extiende el control -haya o no ley aprobatoria- al tratado mismo, sino por una razón sistemática: la de que el ordenamiento constitucional está orientado a la revisión de los tratados cuyo canje de notas aún no se ha producido, a fin de asegurar, antes de que entre en vigencia, la sujeción de sus cláusulas a las previsiones constitucionales, conciliando así la prevalencia de las normas fundamentales con el principio de Derecho Internacional sobre cumplimiento de los tratados en vigor.” Criterio reiterado en Auto 288 de 2010, que si bien no constituye un precedente que describa la misma situación fáctica del caso en estudio, trae consideraciones relevantes para determinar la competencia de esta Corporación. En esa oportunidad la Corte asumió el conocimiento y efectuó el control constitucional sobre el “Acuerdo complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica en Defensa y Seguridad entre los Gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América”, suscrito en Bogotá el 30 de octubre de 2009, bajo el entendido que ningún acto jurídico, en un Estado de Derecho es ajeno al control constitucional, el cual constituye una garantía básica que hace efectivo el principio de integridad y supremacía de la Constitución. El análisis de la hipótesis planteada, así como de la jurisprudencia relevante, lleva a la conclusión de que el control constitucional es un imperativo frente al Protocolo. Sin embargo, la hipótesis estudiada no da respuesta respecto de la ley aprobatoria. Por esta razón se examinará la viabilidad de una hipótesis en la que se controle el protocolo, más no su ley aprobatoria, exponiendo los argumentos que justificarían esta conclusión. 2.3 Hipótesis 2: La Corte Constitucional tiene competencia para controlar el Protocolo, pero no tiene competencia para pronunciarse sobre la Ley 10 de 1980. Una segunda alternativa que se plantea es asumir la competencia para pronunciarse frente al Protocolo, más no sobre la Ley 10 de 1980. Los argumentos que sustentan esta posición se fundan en el principio de eficacia del derecho. En este sentido, se resalta que la ley 10 de 1980 se encuentra produciendo efectos desde hace más de 33 años, lo que haría inocuo el control de su procedimiento de formación, máxime cuando en el actual régimen constitucional la acción para controvertir vicios de forma ocurridos durante el trámite legislativo caduca al año de haber sido promulgada la ley –numeral 3 del artículo 242 de la Constitución-. Adicionalmente, en cuanto la ley 10 de 1980 incorporó dos instrumentos internacionales y uno de ellos ya se encuentra produciendo efectos, toda vez que la “Convención sobre la prohibición del desarrollo, la producción y el almacenamiento de armas bacteriológicas (Biológicas), y toxínicas, y sobre su destrucción”, hecha en tres ejemplares en Washington, Londres y Moscú el 10 de abril de 1.972” entró en vigor el 19 de diciembre de 1983, cualquier vicio en el proceso de formación de la ley 10 de 1980 debe considerarse saneado, en aplicación del principio de eficacia de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano –pacta sunt servanda- y de seguridad jurídica en el proceso de incorporación de instrumentos internacionales en nuestro ordenamiento jurídico. No obstante la pertinencia de las razones expuestas, esta hipótesis se enfrenta a dos fuertes argumentos en contra: - La ratificación de esta Convención no modifica o excluye la competencia dada, por el numeral 10 del artículo 24l de la Constitución, a la Corte Constitucional para revisar todas las leyes aprobatorias de instrumentos internacionales. De hecho, se ha reconocido la competencia de la Corte aún frente a leyes aprobatorias de tratados, luego de que éstos han sido perfeccionados, en aquellos casos en que son demandados mediante la acción pública de inconstitucionalidad por cualquier ciudadano. Así quedó expuesto en la sentencia C-027 de 1993, al pronunciarse sobre la pretensión de inconstitucionalidad de la Ley 20 de 1974, aprobatoria del Concordato y Protocolo Final entre la República de Colombia y la Santa Sede. Dijo en aquella oportunidad la Corte: “Este control halla respaldo en los artículos 4º y 9º de la Carta y los artículos 27 y 46 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, aprobado por la Ley 32 de 1985. Por otra parte, esta Corte destaca que como ya lo ha puesto de presente, respecto de tratados y leyes aprobatorias existen múltiples fundamentos al control constitucional, por lo que no son aceptables frente a la nueva Carta las tesis que sobre la materia se sostuvieron frente a la regulación que traía la Constitución Nacional de 1886”. - En cuanto la ley es el instrumento a través del cual el Congreso adopta el tratado internacional, se integra a éste y los dos hacen parte del proceso de formación del vínculo del Estado con otro Estado u otros Estados Partes, de tal forma que cuando existe la ley aprobatoria, el análisis y control del instrumento internacional no es posible sino a partir de dicha ley. Por ello, la Corte en los Autos A-018 de 1994, A-026 de 1994 y A-288 de 2010, ordenó devolver al Presidente de la República unas actas e instrumentos, mediante las cuales el Estado estaba asumiendo compromisos internacionales, sin haber sido sometidas a la aprobación del Congreso de la República. Como se indicó en el Auto 288 de 2010, la suscripción del instrumento, la aprobación del Congreso mediante una Ley y el control constitucional que realiza esta Corte, hacen parte de la tríada constitucional de los tratados como actos jurídicos complejos. De este modo, aunque el proceso de elaboración de la Ley 10 de 1980 haya finalizado hace más de 33 años e, igualmente, en ella se adopten dos instrumentos internacionales y uno de ellos ya se encuentre ratificado, es necesario asegurar la aplicación del principio de supremacía constitucional que, en este evento, tiene mayor peso que el principio de eficacia. En otras palabras, que la ley 10 de 1980 ya se encuentre produciendo efectos, no es fundamento suficiente para desvirtuar la necesidad de hacer el control integral y previo de dicha ley aprobatoria, en cuanto contiene un Tratado en formación, del cual la intervención y aval del Congreso es uno de sus componentes que no se puede ignorar al efectuar el control constitucional. Esto nos conduce al estudio de una tercera hipótesis respecto de los cuerpos normativos que deben ser objeto de control constitucional en esta ocasión por parte de esta Corporación. 2.4 Hipótesis 3: La Corte Constitucional debe realizar el control constitucional del Protocolo y de la Ley 10 de 1980, aprobatoria del mismo, en virtud del principio de supremacía constitucional –concretado para el caso concreto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución-. Una última hipótesis que surge en relación con la determinación del objeto de control, es decir, sobre la competencia de la Corte para la revisión de tratados y leyes aprobatorias anteriores a la Constitución de 1991, consiste en que aunque el Protocolo y la Ley 10 de 1980 anteceden a la Constitución de 1991, debe respetarse el postulado que se desprende del numeral 10º del artículo 241 de la Constitución, conforme al cual el Estado Colombiano no puede vincularse internacionalmente, sin que se haya establecido la adecuación constitucional del instrumento de vinculación y de la ley que lo incorpora. Esta hipótesis tendría fundamento en los siguientes argumentos: i) No puede ser parte del ordenamiento interno un instrumento internacional contrario a los preceptos constitucionales que sirven como parámetro del mismo, ya sea desde el punto de vista sustancial –es decir, respecto del contenido del acuerdo, protocolo adicional, convención, tratado o modificación a cualquiera de ellos- o desde la perspectiva procedimental –es decir, respecto de la elaboración de la ley que lo incorpora al ordenamiento-; ii) En virtud del principio Pacta Sunt Servanda, el Estado debe cumplir los compromisos adquiridos a través de instrumentos internacionales, por ello es imprescindible que antes de su ratificación o adhesión sean sometidos al control judicial que permite establecer si los compromisos que lo vincularán son compatibles con la Constitución Política y, por tanto, tienen la potencialidad de ser cumplidos por Colombia como Estado Parte[2]; y iii) De la Constitución actual no es posible extraer una regla que excepcione el control de constitucionalidad de un cuerpo normativo de rango legal, máxime cuando se trata de una ley por medio de la cual se aprueba un instrumento internacional que vinculará al Estado colombiano. En otras palabras, la Corte ha reconocido su competencia para evaluar la adecuación constitucional de todos los cuerpos normativos de rango legal existentes en el ordenamiento jurídico colombiano[3]; en este caso, la ley 10 de 1980 es un cuerpo normativo de rango legal que, en cuanto aprueba un protocolo internacional que va a ser ratificado por el Estado colombiano, debe superar el control automático e integral al que están sometidas todas las normas que incorporen instrumentos internacionales a partir de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991. Sin embargo, y no obstante entenderse que en este caso el principio de validez –que adopta la forma de supremacía constitucional- prima sobre el de eficacia, un último argumento puede surgir en contra de la hipótesis ahora planteada: El fenecimiento de la competencia de la Corte Constitucional en virtud de la caducidad en la oportunidad para controlar los vicios en la formación de la ley 10 de 1980. En efecto, si se ha admitido que existe control de forma de las leyes anteriores a la Constitución de 1991, éste se aceptó bajo el imperio de la actual Constitución, en la que la acción para controvertir vicios de forma caduca trascurrido un año desde la fecha de publicación de la misma –artículo 242 numeral 3-. Este argumento final también es delesnable por dos razones: i) en este caso no se está ante el ejercicio de una acción pública de inconstitucionalidad; y ii) la remisión por fuera de los seis días previstos por el numeral 10º del artículo 241 de la Constitución nunca ha privado a la Corte de su competencia para conocer de las leyes aprobatorias de los tratados internacionales que quieran ser ratificados por el Estado colombiano. En efecto, no es este el caso de una acción pública de inconstitucionalidad ejercida por un ciudadano que, habiendo tenido la oportunidad de discutir la constitucionalidad de una ley durante un año, haya dejado transcurrir dicho término sin realizar actuación alguna. Cierto es que la Constitución en el caso de los cuerpos normativos cuyo examen de constitucionalidad exige la interposición de una acción pública de inconstitucionalidad optó por dar prevalencia a los principios de eficacia y seguridad jurídica luego de transcurrido un año desde que tiene lugar la publicación; sin embargo, no es este el caso que ahora ocupa a la Sala Plena. La competencia de la Corte en el presente caso se origina en la remisión que hizo el Gobierno de la ley 10 de...