Sentencia C-605 de 2006

C-605-06 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-605/06 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS PARA PROCESAMIENTO DE NARCOTICOS-Elementos del tipo penal TIPO PENAL EN BLANCO-Definición TIPO PENAL EN BLANCO-Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia TIPO EN BLANCO IMPROPIO-Concepto/TIPO EN BLANCO PROPIO-Concepto/TIPO EN BLANCO PROPIO-Validez constitucional La remisión del tipo penal puede ser impropia -cuando la norma de complemento es otra disposición legal- o propia -cuando la norma en blanco remite a instancias normativas de jerarquía inferior a la ley penal-. Ahora bien, la evolución de la teoría del tipo penal en blanco se ha visto acompasada por la discusión acerca de la preservación del principio de legalidad en el contexto de los tipos en blanco con remisión propia, es decir, con remisión a normas de jerarquía infra o extra legal. El principio de nullum crimen lulla poena sine lege contiene una referencia directa a la necesidad de que la descripción de la conducta y de la sanción se encuentren contenidas en la ley, entendida ésta en su sentido formal, es decir, como la manifestación de la voluntad del órgano legislativo. Por ello, no deja de levantar suspicacias el hecho de que sea la propia ley -garante del principio- la que, despojándose de su deber descriptivo, entregue a una autoridad distinta la definición de algunos de los elementos del tipo. Desde la perspectiva penal, dicha modalidad no encuentra mayores dificultades, pues la remisión que opera por virtud del tipo penal en blanco constituye simplemente una técnica legislativa de integración del tipo. La norma complementaria se adosa al tipo penal básico para integrar el “tipo penal”, momento a partir del cual éste tiene vigencia y poder vinculante completos. Ambas forman una unidad normativa que tiene plena vigencia. Desde el punto de vista constitucional, la medida se justifica a partir de la necesidad de realización de principios vinculados con la conservación del orden jurídico. En efecto, pese a la aparente deserción que esta remisión propicia respecto del principio de legalidad, la doctrina ha reconocido que aquella no implica una renuncia del nullum crimen nulla poena sine lege. Un estudio detallado de la metodología de operación del derecho penal visto desde la cada vez más exigente necesidad de determinar conductas que deben penalizarse, fruto de relaciones sociales y económicas de creciente complejidad, han llevado a la convicción de que el apego irrestricto al principio de legalidad afecta la capacidad de penetración del derecho penal e implica un riesgoso abandono de fundamentos que resultan cruciales para la conservación de los intereses públicos. TIPO PENAL EN BLANCO-Requisitos para que remisión a normas de rango administrativo sea constitucional La remisión o reenvío del tipo penal en blanco a normas de rango administrativo tiene sus propias reglas. Estas reglas están diseñadas para conservar las garantías derivadas del principio de legalidad en el marco de una metodología que renuncia a dar aplicación estricta al mismo. Para la Corte, la remisión que opera en la complementación del tipo penal en blanco debe cumplir cuatro requisitos fundamentales. En primer lugar, la remisión debe ser precisa; en segundo lugar, debe ser previa a la configuración de la conducta. La norma de complemento debe ser, en tercer término, de conocimiento público y, finalmente, debe preservar, como cualquier norma del ordenamiento, los principios y valores constitucionales. TRAFICO DE SUSTANCIAS PARA PROCESAMIENTO DE NARCOTICOS-Concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes sobre sustancias que deben penalizarse TRAFICO DE SUSTANCIAS PARA PROCESAMIENTO DE NARCOTICOS-Resolución de la Dirección Nacional de Estupefacientes sobre cantidad que debe penalizarse TIPO PENAL EN BLANCO-Aplicación/DELITO DE TRAFICO DE SUSTANCIAS PARA PROCESAMIENTO DE NARCOTICOS-Remisión a acto administrativo/PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN TIPO PENAL EN BLANCO-No vulneración al establecer remisión a acto administrativo El legislador utilizó la técnica de remisión como mecanismo de complementación del tipo penal en blanco, y lo hizo respecto de una norma de naturaleza reglamentaria, expedida por una autoridad administrativa. Tal como se adelantó, sin embargo, este procedimiento es plenamente constitucional. Ahora bien, la remisión normativa que opera por virtud del artículo 382 del C.P. cumple con el requisito de claridad y concreción exigido como garantía de preservación del principio de legalidad. Ciertamente, cuando el legislador prescribe que las sustancias cuyo porte y transporte se penaliza son aquellas que el Consejo Nacional de Estupefacientes indica en concepto previo, debe entenderse que son las resoluciones de dicha entidad, que definen tales substancias en orden a complementar el artículo 382, las que han de tenerse en cuenta para establecer la configuración de la conducta penalmente reprochable. La remisión que por orden de la disposición tiene lugar no admite equívocos, es precisa y concreta. Del mismo modo, al asignar en su inciso segundo a la Dirección Nacional de Estupefacientes la función de determinar las cantidades en que las sustancias definidas por el Consejo Nacional de Estupefacientes pueden ser legalmente portadas y transportadas, el legislador hace referencia expresa y clara a las resoluciones de dicha entidad administrativa que se expiden con la finalidad de complementar el artículo 382 del Código Penal. En tales condiciones, la Corte no juzga que la disposición conduzca a equívocos respecto de cuál es la normativa que sirve de complemento al tipo penal en blanco. Finalmente, es el propio artículo 382 del C.P. el que reconoce que la conducta punible no se configura sino después del concepto que sobre este particular debe emitir el Consejo Nacional de Estupefacientes. Para la Corte, la exigencia de la preexistencia y publicidad del concepto del Consejo Nacional de Estupefacientes como requisito de integración del tipo penal y, obviamente, de configuración de la conducta punible se extiende, como es obvio, a las resoluciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes que determinan las cantidades de insumos que legalmente pueden ser portadas y transportadas, así la norma no lo indique de manera expresa. De todo lo dicho se tiene que la disposición acusada, por el cargo señalado en la demanda –violación del principio de legalidad penal- no incurre en violación a las prescripciones constitucionales. TIPO PENAL EN BLANCO-Complemento reglamentario PRINCIPIO DE COLABORACION ARMONICA ENTRE ORGANOS DEL ESTADO-No vulneración al conferir a autoridad administrativa competencia para regular complemento de tipo penal en blanco POLITICA CRIMINAL-Concepto POLITICA CRIMINAL EN MATERIA DE NARCOTRAFICO-Fijación por Consejo Nacional de Estupefacientes y Dirección Nacional de Estupefacientes de las sustancias y cantidades que deben ser penalizadas La presencia del Consejo Nacional de Estupefacientes y de la Dirección Nacional de Estupefacientes en el proceso participativo de diseño y conformación de la política criminal no puede ser considerada ilegítima. Sobre la base de que dicha participación es válida y que en desarrollo de la misma las competencias constitucionales y legales deben respetarse, resulta plenamente admisible que dichas entidades se involucren en el proceso de complementación de los tipos penales que se relacionan con el tema asignado a su función: el narcotráfico. Así entendido, en el caso de la norma acusada, mientras el legislador asumió la función de establecer los elementos básicos del tipo penal, el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes intervinieron en un segmento específico del diseño de la política criminal para fijar las sustancias y cantidades que, con fundamento en el tipo penal creado por el legislador, deben ser penalizadas en porte y transporte. Así las cosas, no es que el legislador haya renunciado a su competencia privativa para trasladarla a la Administración –como lo sugiere el demandante-. Referencia: expediente D-6180 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 382 (parcial) de la Ley 599 de 2000, Código Penal. Demandante: Guillermo Otálora Lozano Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA Bogotá D.C., primero (1º) de agosto de dos mil seis (2006) La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Doctores Jaime Córdoba Triviño, -quien la preside- Jaime Araujo Rentería, Manuel José Cepeda Espinosa, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Nilson Pinilla Pinilla, Humberto Antonio Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere esta sentencia con fundamento en los siguientes, I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Guillermo Otálora Lozano, actuando en nombre propio y haciendo uso de los derechos consagrados en el artículos 40 numeral 6 y 95 numeral 7 de la Constitución Política, demandó la inconstitucionalidad de algunos apartes del artículo 382 de la Ley 599 de 2000, por la cual se expidió el Código Penal. El actor presentó escrito de adición de la demanda antes de que la misma fuera repartida. El despacho del suscrito magistrado sustanciador admitió la demanda mediante auto del 7 de febrero de 2006 y ordenó comunicarla a las autoridades e instituciones pertinentes, así como darle traslado al Procurador General de la Nación. II. NORMAS DEMANDADAS Se transcribe a continuación el texto de la disposición acusada, con la advertencia de que se subraya y resalta lo demandado. Ley 599 de 2000 Artículo 382. Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos. El que ilegalmente introduzca al país, así sea en tránsito, o saque de él, transporte, tenga en su poder elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, tales como éter etílico, acetona, amoníaco, permanganato de potasio, carbonato liviano, ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, diluyentes, disolventes u otras sustancias que según concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes se utilicen con el mismo fin, incurrirá en prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la cantidad de sustancias no supere el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena será de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes. III. LA DEMANDA En primer lugar, el demandante sostiene que las normas acusadas son violatorias del principio de legalidad, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, porque deja en manos de autoridades administrativas –Consejo Nacional de Estupefacientes y Dirección Nacional de Estupefacientes- la definición de uno de los elementos del tipo penal. Aunque admite que se trata de un tipo penal en blanco y que por esta sola circunstancia la norma no es contraria a la Carta, señala que la inconstitucionalidad del artículo demandado deviene del hecho de que los vacíos descriptivos del tipo no se complementan con normas de rango legal, sino administrativo, con lo cual se vulnera la reserva estricta de ley en la creación de delitos. Según el demandante, la complementación del tipo queda al arbitrio del Consejo Nacional de Estupefacientes, entidad encargada en última instancia de definir qué conductas son punibles y cuáles no. Por esta vía, el legislador confiere a una autoridad que no representa la voluntad popular (art. 3º C.P.) la estructuración del delito, así como la concesión de posibles rebajas punitivas, con lo cual vulnera también el principio de separación de poderes públicos (art. 113 C.P.). En segundo lugar, el demandante afirma que el Congreso es el único órgano competente para definir la política criminal (art. 150-2 C.P.), lo cual hace mediante la expedición de códigos, función que está vedada para el Gobierno. Este, por su parte, sólo puede expedir normas para la cumplida ejecución de la Ley, pero le estría prohibido modificar la tipología penal mediante decretos reglamentarios. En desarrollo de este argumento, el demandante sostiene lo que el Congreso en su calidad de representante de la voluntad popular considera penalmente reprochable, suele coincidir con lo que la moral pública considera moralmente reprochable. En ese sentido, es imprescindible que el ciudadano conozca la voluntad del legislador, que usualmente se ajusta a la que es comúnmente aceptada. No obstante, dice el demandante, cuando la conducta penalmente reprochada depende de la definición del Ejecutivo, que no representa la voluntad popular y no está atado al concepto socialmente admitido de justicia, se corre el riesgo de que la sanción vaya en contravía de la moral pública, vulnerándose por esa vía el orden social justo y el conocimiento previo del reproche penal. Esta consideración se acentúa si se tiene en cuenta que la sanción por la conducta reprochable suele producir la privación de la libertad y que el órgano que la define lo hace mediante un procedimiento que no es objeto de control y cuyos funcionarios son escogidos a dedo. En escrito de adición de la demanda, el actor agrega que a pesar de la emisión de la Sentencia C-689 de 2002, que declaró exequible el artículo 382 del Código Penal, el fallo de la Corte no tiene efectos de cosa juzgada respecto del cargo ahora elevado. Indica, además, que aunque la Corte Constitucional declaró exequible, mediante Sentencia C-333 de 2001, un tipo en blanco que remitía a una certificación emitida por una autoridad administrativa, tal declaración debe entenderse referida –y restringida- a valoraciones descriptivas de hechos objetivos y no a manifestaciones de la voluntad de la Administración. El demandante asegura que, en el caso de la norma acusada, la competencia asignada al Consejo Nacional de Estupefacientes y a la Dirección Nacional de Estupefacientes no se refiere a la certificación de hechos objetivos, sino a la manifestación de la voluntad del organismo en relación con las sustancias cuyo porte es ilegal por ser utilizadas en la fabricación de estupefacientes. Sostiene que el inciso 2º del artículo demandado no autoriza a la autoridad administrativa para certificar un hecho ajeno a su voluntad (esfera del ser), sino que la faculta para definir el quantum punitivo a partir de la selección de las substancias cuyo porte está penalizado (esfera del deber ser). Esta función corresponde al órgano encargado de formular la política criminal, que es el Congreso. El inciso primero del artículo, por su parte, deja en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes la selección de las substancias que concurren en la fabricación de estupefacientes, selección que excede el ámbito de la simple certificación, pues en la producción de cocaína, por ejemplo, concurren una gran cantidad de elementos que van desde el éter etílico hasta el cemento, la gasolina y el agua. El hecho de que se deje al Consejo Nacional de Estupefacientes la selección de las sustancias que hacen parte exclusiva de la fabricación de estupefacientes, y se excluya las de consumo común, implica dejar en sus manos la definición de la política criminal. IV. INTERVENCION CIUDADANA 1. Intervención del Ministerio de Justicia y del Derecho El Ministerio de Justicia y del Derecho intervino en el proceso de la referencia para justificar la constitucionalidad de la norma acusada. En representación del Ministerio, el Director de Ordenamiento Jurídico, Fernando Gómez Mejía, señaló que la disposición demandada se halla acorde con el ordenamiento constitucional pues, en primer lugar, aunque las normas contentivas de tipos penales deben describir completamente los elementos del delito, la remisión a ordenamientos jurídicos diversos es un recurso aceptado por la jurisprudencia pertinente. Tal como lo indican algunas de las providencias de la Corte que el interviniente cita, lo que el principio de legalidad exige cuando hay remisión en un tipo penal en blanco es que la misma sea clara e inequívoca. Esto ocurre en el caso sometido a estudio, pues la norma penal “permite determinar con nitidez el supuesto de hecho típico (conjunto de elementos objetivos y positivos de un injusto penal), de tal manera que este pueda ser identificado sin grandes complejidades y es susceptible de ser probado por los medios ordinarios de prueba”. Gracias a la remisión de la norma, el funcionario judicial es capaz de determinar si un individuo introdujo o sacó del país, o tiene en su poder, sustancias que sirven para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga o alguna de las sustancias previamente determinadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes. Las resoluciones del Consejo son perfectamente determinables y señalan con precisión la cantidad y calidad de la sustancia cuyo porte o tráfico se penaliza, por lo que es factible determinar la conducta penalizada. Adicionalmente, las resoluciones de las entidades administrativas se conocen de antemano, por lo que el artículo que remite a ellas no vulnera los preceptos 28 y 29 del Estatuto Ssuperior. A lo anterior se agrega que la tipificación de la conducta es hecha por el legislador, así como la de la pena. Esta consideración despeja la acusación en relación con la supuesta vulneración del principio de legalidad, violación que tampoco se configura si se tiene en cuenta que las resoluciones y certificados de la Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes son susceptibles de control de legalidad y constitucionalidad. Según el Ministerio, la remisión del caso concreto se justifica en la imposibilidad de consignar en el tipo penal todos los elementos que pueden dar lugar a la configuración de la conducta penalizada. Estas materias requieren flexibilidad y dinamismo –precisa- y deben ser tomadas de conformidad con estudios técnicos especializados. Lo anterior, además, porque la industria del narcotráfico cambia usualmente de insumos, lo cual obliga a modificar regularmente la lista de sustancias prohibidas. Por demás, ha sido el propio legislador, en la Ley 30 de 1986, el que asignó al Ejecutivo, y este al Consejo y a la Dirección de Estupefacientes, la función de diseñar las políticas de lucha contra el narcotráfico. Sobre esa base, la Dirección ejecuta las políticas del Consejo y determina las sustancias cuya comercialización o porte han sido penalizadas por el legislador. Lo anterior sin perjuicio del reconocimiento de que el legislador puede asignar competencias a otras entidades del Estado en el marco del diseño de la política criminal del mismo, visión que contradice el unilateral punto de vista del demandante. Para el interviniente, la política criminal involucra a todos los niveles de decisión del Estado y excede el ámbito meramente punitivo, al que quiere confinarla el demandante. Por último, el representante del Ministerio afirma que la necesidad de actualizar permanentemente el listado de sustancias que configuran el delito del narcotráfico proviene de mandatos internacionales asumidos en su momento por Colombia, mandatos que no podrían ejecutarse de aceptarse la tesis restrictiva del demandante. Esto es cierto, particularmente, en relación con los compromisos asumidos con la suscripción de la Convención Única de Viena sobre Estupefacientes (1961), la Convención contra el uso de sustancias sicotrópicas (1971) y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias sicotrópicas (Viena-1988). 2. Intervención del Ministerio de Defensa Nacional En representación del ministerio de la referencia, la abogada Sandra Marcela Parada Aceros solicitó a la Corte declarar exequible la norma demandada. Luego de hacer un breve recuento de los efectos negativos que para todas las instancias del país genera el narcotráfico, la interviniente asegura que eliminar la disposición del Código Penal implicaría la despenalización automática de esta actividad. Para el Ministerio, el tipo penal demandado es manifestación de una legítima política criminal que busca la realización de principios constitucionales y el cumplimiento de compromisos internacionales. En ese contexto, la norma demandada sería inconstitucional si abriera la interpretación de la conducta a criterios inciertos, genéricos y poco claros. No obstante, si el tipo permite individualizar la conducta prohibida acudiendo a pautas o reglas que están por fuera del tipo, el principio de legalidad se entiende preservado. En el caso sometido a estudio, la disposición no deja margen indeterminado de interpretación al funcionario judicial, sino que dependen de la regulación que expidan las autoridades de estupefacientes. Acorde con la definición de principio de legalidad, la representante del Ministerio de Defensa manifiesta que la norma demandada es respetuosa del mismo, porque establece los elementos fundamentales del tipo, pese a que deba integrarse con datos que no se encuentran en el artículo mismo. Estos datos, sin embargo, no se refieren a elementos del tipo, sino que se establecen para efectos de graduar la sanción. La remisión que para dicho complemento se dispone no es, por demás, ambigua ni indeterminada; por el contrario, resulta claramente identificable. A lo anterior, la interviniente agrega que, tal como lo reconoció la Corte en la Sentencia C-689 de 2002, que declaró exequible la norma acusada por otros caros analizados, la despenalización del narcotráfico no es un asunto que pueda ser resuelto en sede de control constitucional, pues el mismo es un tema de política criminal. Finalmente, la representante del ministerio de la referencia hace algunos comentarios a las consideraciones de la citada sentencia, incluyendo algunos que tienen que ver con la discusión suscitada en aquella oportunidad, de los cuales pretende evidenciar que en el caso bajo estudio operaron los efectos de la cosa juzgada constitucional. 3. Intervención de la Fiscalía General de la Nación En representación de la Fiscalía General de la Nación, intervino en el proceso el señor Fiscal General (E), Jorge Armando Otálora Gómez, para solicitar a la Corte la declaración de exequibilidad de la norma acusada. El primer punto de su intervención se dedica a descartar la existencia de cosa juzgada constitucional respecto de la norma acusada, por falta de semejanza en los cargos analizados en la Sentencia C-689 de 2002. Seguidamente, el señor Fiscal asegura que la existencia de tipos penales en blanco, independientemente de que para completarlos se recurra a normas de naturaleza administrativa, no es contraria a la Constitución Política, para lo cual cita la jurisprudencia pertinente, contenida en la Sentencia C-917 de 2001. Sobre este particular, asegura que en aras de garantizar la preservación del principio de legalidad, la remisión de los tipos penales en blanco debe ser clara y precisa, pero cuando se hace a actos administrativos debe apreciarse en concreto con el propósito de la norma. En el caso concreto, dada la alta movilidad de las sustancias que se requieren para la fabricación de estupefacientes, el Estado requiere de mecanismos ágiles que permitan definirlas e impidan el uso ilegal de las mismas. Estos mecanismos han sido promovidos por los instrumentos internacionales suscritos por Colombia en el marco de su lucha contra el flagelo del narcotráfico y permiten, tal como lo hace el artículo 382 del C.P., asignar a una entidad especializada y técnica la definición de los precursores químicos que con “advertida versatilidad” utilizan los traficantes para producir la droga. Esta potestad no implica, como lo sugiere el actor, que el Consejo Nacional Electoral goce de una atribución omnímoda para incluir en la lista cualquier sustancia de uso y consumo en la vida ordinaria. Es claro que la regulación que se expida sobre la materia debe seguir los postulados constitucionales de respeto y protección de los intereses públicos. Así mismo, dicha regulación tiene como límite implícito el mismo texto del tipo penal, que incluye únicamente aquellas sustancias necesarias para el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia, y está sujeta al control jurisdiccional del Consejo de Estado, tribunal del cual cita una providencia en la materia. A todo lo anterior se suma –dice la Fiscalía- que, de acuerdo con la definición del principio de tipicidad contenida en el Código Penal (art. 10), el legislador está obligado a definir los elementos estructurales del tipo, no siendo la definición de las substancias prohibidas uno de tales elementos. Las sustancias indicadas por las autoridades no confieren por si mismas la reducción de la sanción penal: es la ley la que ha determinado tal reducción, con fundamento en el listado que emitan las autoridades especializadas. Ahora bien, para el Fiscal General (E), aunque los lineamientos generales de la política criminal corresponde diseñarlos al legislador, nada impide que otras autoridades del Estado intervengan activamente. Esta consideración permite la inclusión de las entidades citadas en el artículo 382 del C.P. en el diseño de la política de penalización del narcotráfico. Finalmente, asegura que el conocimiento previo que el ciudadano tenga de las normas administrativas que regulan las sustancias prohibidas es un asunto reservado al debate probatorio en el proceso, que no incide en la discusión que aquí se suscita. 4. Intervención de la Dirección Nacional de Estupefacientes El Subdirector de la Dirección Nacional de Estupefacientes, José Camilo Guzmán Santos, intervino igualmente en el proceso para solicitar la declaración de exequibilidad de la norma acusada. En primer lugar, para el subdirector del organismo citado, la demanda de la referencia desconoce las normas que sobre lucha contra el narcotráfico aparecen consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo. En segundo término, el interviniente advierte que en la dinámica de la producción de drogas, los insumos varían según la posibilidad de acceso que tengan los productores, a lo cual se suma que no existen insumos vedados en el proceso de producción de estupefacientes. Los cultivos, por sí mismos, no tienen la capacidad de causar daños a la salud humana. El estupefaciente activo se produce a partir de la transformación química de la planta, por lo que la lucha contra la producción se centra principalmente en dichos productos. La necesidad de adoptar medidas más rigurosas contra el tráfico de estas sustancias químicas es consecuencia de la aplicación de las normas de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988. Esta necesidad –dice el interviniente- surge de constatar que la producción de estupefacientes no depende de la mezcla de sustancias específicas y previamente definidas, sino que, dependiendo de la metodología que pongan en práctica, los productores pueden utilizar las más variadas sustancias sustitutas. De allí que la Ley haya dejado a la regulación especializada la determinación de los insumos que se utilizan para la producción de cocaína o de cualquier otra droga que produzca dependencia. De no hacerlo de este modo, Colombia se convertiría en un paraíso para los purificadores de drogas ilícitas, pues no sería posible que la ley consignara eficientemente cuáles componentes participan en el refinamiento de las mismas. En cuanto a la norma acusada, la Dirección Nacional de Estupefacientes sostiene que aunque se trata de un tipo penal en blanco, no por ello resulta contrario a la Constitución; si además se verifica que todos sus elementos esenciales están consignados en ella. En lo que la norma remite a las disposiciones especializadas es en uno de los elementos normativos del tipo, cuya valoración corresponde exclusivamente al juez penal. En este punto, la ley penal hizo una remisión clara e inequívoca a la regulación de dos autoridades administrativas que por ley tienen la función de formular políticas, planes y programas de lucha contra el narcotráfico. Dicha regulación goza de presunción de legalidad, puede ser consultada por los particulares para evitar incurrir en la conducta punible y dan certeza al juez penal sobre la calidad y cantidad penalizadas. El interviniente recalca que ante la imposibilidad del legislador de definir el porte o comercialización de cuáles sustancias debe penalizarse, dejó dicha función en manos de la entidad especializada. Con ello, el Estado pretendió preservar la salubridad y seguridad públicas. Para el caso, indica cuáles son las normas legales que fijan las competencias del Consejo Nacional de Estupefacientes y de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Para el interviniente, la lucha contra este negocio requiere de medidas de diversa índole, que cubren diversos flancos de la misma realidad. Las medidas de decomiso de alcaloides no son suficientes, porque los abundantes recursos con que cuentan los comerciantes de drogas les permiten asumir dichas pérdidas sin afectar el negocio. Las medidas de certificación de carencia de informes sobre tráfico de estupefacientes no fueron instituidas para combatir el transporte, almacenamiento, importación o porte de sustancias, sino para autorizar la compra, consumo, distribución, producción, almacenamiento e importación lícitos. Por ello resulta necesario también penalizar la conducta que vulnera el porte y comercialización ilícitos de estos precursores químicos, pues sólo así se logra combatir completamente este negocio. La desaparición del artículo acusado dejaría al país sin la herramienta más importante de lucha contra el narcotráfico, en todas sus etapas productivas y de comercialización. A lo anterior se suma que la desaparición del aparte acusado de la norma acusada generaría una consecuencia nula, porque en la actualidad los narcotraficantes han sustituido las sustancias citadas en el artículo 382 del C.P. por otras que no aparecen expresamente en la norma, lo cual demuestra la importancia de la remisión legislativa. El legislador se hallaría en permanente atraso si pretendiera definir las sustancias cuyo porte o comercialización debe sancionarse. Estos mismos argumentos caben para sustentar la exequibilidad del inciso segundo demandado del artículo 382 del C.P. y que se refiere a los certificados de carencia de informes por tráfico de estupefacientes que confiere la Dirección Nacional de Estupefacientes. 5. Intervención de la Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario Dentro de la oportunidad legal prevista, intervino en el proceso el catedrático Alfredo Rodríguez Montaña en representación de la Facultad de Jurisprudencia de la universidad de la referencia. A juicio del interviniente, las normas acusadas deben ser declaradas ajustadas a la Constitución. En primer lugar, el interviniente manifiesta que la norma bajo estudio es un tipo penal en blanco, en tanto que no todos sus elementos están definidos en la norma que lo contiene. Este tipo de dispositivos, dice el catedrático, son necesarios en el desarrollo del derecho penal, dada la imposibilidad de modificar las disposiciones legales al ritmo en que se transforma la realidad que pretenden regular. La remisión a otros ordenamientos, que es la fórmula a que se recurre para complementar el vacío del tipo en blanco, no necesariamente lo es a normas legales, siendo posible, en cambio, remitir a normas de rango inferior. Al hacerlo, el legislador no quebranta el principio de legalidad. Este sólo se ve violentada cuando la remisión no es precisa o cuando lo es respecto de normas posteriores. Así se deduce de la jurisprudencia constitucional, que sobre la materia se encuentra consignada, entre otras, en la Sentencia C-739 de 2000. En el caso de la disposición acusada, el interviniente señala que la misma remite a dos actos administrativos identificables: el concepto previo del Consejo Nacional de Estupefacientes y las resoluciones de la Dirección Nacional de Estupefacientes. En este sentido, dado que la remisión lo es a normas establecidas, definidas y concretas, el principio de legalidad no se ve comprometido. A juicio del docente, la remisión hecha por el legislador no implica dejación del principio democrático representativo ni patrocina la mutua intromisión de las ramas del poder público. La remisión es exequible porque hace parte de la órbita de libertad de configuración legislativa. De no admitirse la existencia de tipos en blanco, complementados incluso por normas de inferior jerarquía, el sistema penal colapsaría ante la imposibilidad orgánica del congreso de complementar anualmente ciertos elementos de dinámica movilidad. Ahora bien, en cuanto a la remisión hecha por el artículo demandado, el representante de la universidad enfatiza que la misma es constitucional porque el Congreso no cuenta con la infraestructura requerida para determinar qué sustancias y en qué cantidad se requieren para configurar un verdadero tráfico destinado a la producción de estupefacientes. Los estudios especializados que se requieren para determinar la relevancia de las sustancias prohibidas en la producción y tráfico de estupefacientes también determinan la cantidad y calidad que se requiere para su uso social común, lo cual está por fuera del alcance del legislador. Este se limita a remitirse al análisis técnico realizado por el organismo especializado en la materia, sin comprometer con ello su facultad legislativa. Finalmente, arguye que las normas acusadas no desplazan hacia el Ejecutivo la definición de la Política Criminal, pues ésta es el resultado de un trabajo común de todas las ramas del poder del Estado, no reservada a ninguna en particular. Por esta vía, tampoco se vulnera el principio de protección de la libertad personal. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN Dentro de la oportunidad procesal prevista, intervino en el proceso el señor Procurador General de la Nación, Edgardo José Maya Villazón, para emitir concepto de fondo respecto de los cargos de inconstitucionalidad presentados. En primer lugar, a juicio de la Procuraduría, la demanda de la referencia incurre en defecto sustantivo al formular el cargo de inconstitucionalidad, por lo que la Corporación debe inhibirse de fallar de fondo. La Vista Fiscal considera que los cargos de la demanda no demuestran por qué el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes quebrantan el principio de soberanía popular al intervenir en la toma de decisiones de política criminal; al tiempo que no señalan cómo las disposiciones del artículo 382 violentan el principio de libertad personal y el derecho fundamental a un debido proceso, así como el principio de legalidad. En relación con este último, la demanda se contradice al admitir en la adición del libelo la existencia de tipos penales en blanco, cuando los había descalificado en el escrito inicial. No obstante, atendiendo a que la formulación de los cargos se traslada del campo de la violación del principio de legalidad al del contenido de los actos administrativos que integran el tipo penal en blanco, con lo cual se dice que se vulneran las normas sobre diseño de la política criminal, la Vista Fiscal aborda el estudio de la norma desde ésta perspectiva. En primer lugar, señala que el legislador está encargado de definir la política criminal del Estado mediante la tipificación de los delitos, para lo cual puede utilizar tipos penales en blanco que pueden complementarse de formas diversas. La libertad de configuración en materia de definición de la política criminal implica la validación del mecanismo de la remisión, como recurso de complementación de los tipos penales en blanco. Dicha complementación puede provenir de normas legales o de naturaleza reglamentaria. En el caso del artículo 382, dice la Procuraduría, el legislador quiso complementar el tipo penal, que ya existía desde la ley 30 de 1986, con conceptos y resoluciones de autoridades administrativas, conceptos y resoluciones a los que debe acudir el juez para establecer las sustancias cuyo porte o comercialización se penaliza. Esta remisión en manera alguna constituye vulneración de la estructura del Estado en materia de diseño de la política criminal por cuanto la punición de la conducta no tiene origen en la voluntad de las autoridades administrativas citadas, sino en la disposición legal. Así mismo, la reducción de la sanción como consecuencia del porte de cantidades menores de sustancias prohibidas también ha sido determinada por el legislador, por lo que en este aspecto tampoco se entrega la definición de la política criminal del Estado. En este caso, a lo que el legislador se ha limitado es a conceder a dos autoridades especializadas en la materia la función de definir cuáles son las sustancias que los narcotraficantes utilizan en la elaboración de drogas psicotrópicas y expedir el certificado de carencia de informes por tráfico de estupefacientes, con el fin de permitir el porte y comercialización legal de dichos productos. Adicionalmente, a juicio de la Vista Fiscal, las autoridades involucradas por el artículos 382 del C.P. participan activa y legítimamente en el diseño de la política criminal, porque así lo autoriza el alcance que de dicho concepto ha dado la Corte Constitucional y que tiene fundamento en el artículo 113 de la Constitución Política. Ciertamente, la política criminal ha sido entendida, dice el Procurador, como un “complejo de estrategias de distinta naturaleza, cuya adopción no corresponde en forma exclusiva al legislador, ya que en su elaboración también participa el Gobierno, a través de sus distintas instituciones y organismos asesores”. Finalmente, la Procuraduría General agrega que no puede partirse de la base de que la regulación que sobre la materia están llamados a expedir el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes sea caprichosa -en cuanto a las sustancias incluidas en la lista de las prohibidas y al certificado de carencia de informe por tráfico de estupefacientes- sino que debe esperarse una reglamentación acorde con la realidad del tráfico y producción de drogas. Así, lo que las autoridades administrativas realizan es una certificación de las sustancias que participan en la producción de estupefacientes, y de las que pueden portarse lícitamente, quedando en manos del legislador la concesión de reducciones punitivas por porte o comercialización de sumas menores. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia La Corte Constitucional es competente para resolver sobre la constitucionalidad de los apartes demandados, ya que hacen parte de una ley de la República. 2. Ausencia de Cosa Juzgada Constitucional Mediante providencia C-689 de 2002 la Corte Constitucional declaró exequible el artículo 382 del Código Penal, pero exclusivamente por los cargos analizados en dicha providencia. Los cargos estudiados en esa oportunidad estaban relacionados con la constitucionalidad de la punición del narcotráfico. Se referían principalmente a la tipificación misma de conductas que para el actor no tenían un contenido suficiente de antijuridicidad y, por tanto, respecto de las cuales el legislador no estaba facultado para imponer sanción penal. La Corporación encontró que no asistía razón a la demanda y procedió a declarar exequible la norma (entre otras disposiciones acusadas), pero únicamente por los cargos estudiados. Dado que la cosa juzgada constitucional que operó por disposición de la Sentencia C-689 de 2002 fue relativa a dichos cargos, la Corte Constitucional se encuentra habilitada para adelantar el estudio de la disposición de la referencia a la luz de los cargos que ahora se presentan, pues éstos son sustancialmente distintos a los que fueron objeto de previo análisis. 3. Ineptitud sustantiva de la demanda El señor Procurador General de la Nación solicita a la Corte en el concepto de rigor, inhibirse de emitir pronunciamiento de fondo respecto de los cargos relativos a la supuesta violación del principio de soberanía popular, por intromisión indebida de la Consejo Nacional de Estupefacientes y de la Dirección Nacional de Estupefacientes en el diseño de la política criminal, así como los que se refieren a una supuesta violación de los derechos al debido proceso y a la libertad. Para la Procuraduría, los cargos señalados adolecen de falta de especificidad, en tanto no concretan, con argumentos precisos, por qué la disposición que se acusa es contraria a los principios superiores resaltados. En relación con estos reproches, la Corte Constitucional coincide con el Procurador general en cuanto a la insuficiencia de los cargos formulados por violación al derecho a la libertad. Ciertamente, para la Corte, el demandante de la referencia no hace una explicación suficiente ni concreta de por qué la norma acusada quebranta el derecho de libertad personal y atenta contra el principio de privación excepcional de tal garantía. Los comentarios del demandante sobre los cuales se pretende estructurar este cargo no son precisos, aparecen aislados en el contexto de la argumentación y no presentan una razón mínimamente convincente que esté enfocada a ilustrar por qué se produce dicha violación. Por esta razón, carecen del elemento de concreción que la jurisprudencia exige de un cargo de inconstitucionalidad sustancialmente apto. No obstante lo anterior, la Corporación discrepa de la Vista Fiscal en punto al cargo por violación a los principios derivados del debido proceso, pues allí la demanda sí estructura un verdadero reproche de inconstitucionalidad. De igual forma, la Corte disiente de la Procuraduría en cuanto a la especificidad del cargo por quebrantamiento del principio de división tripartita de poderes públicos. Pasa la Corporación a explicar su posición. El cargo por violación al debido proceso lo hace derivar el actor de la violación del principio de legalidad de la conducta punible. Efectivamente, el demandante asegura que como las sustancias cuyo porte y comercialización está penalizado han de ser enlistadas por el Consejo Nacional de Estupefacientes y la Dirección Nacional de Estupefacientes, el principio de legalidad, que ordena que la conducta penalmente reprochable haya sido descrita por el legislador, resulta abiertamente contrariado. Como sobre esta supuesta violación se estructura el argumento más importante de la demanda, y la contradicción entre las premisas citadas es clara y concreta, para la Corporación, el cargo por violación al debido proceso está debidamente sustentado. Igualmente, en la medida en que –para el demandante- la regulación que sobre el particular deben expedir las autoridades de estupefacientes se encuentra reservada al Congreso, el legislador habría propiciado una usurpación de competencias en detrimento del principio de separación de funciones entre las diferentes ramas del poder público, lo cual constituye, sin duda, un cargo inteligible, completo y concreto de inconstitucionalidad. Así las cosas, esta Corporación se inhibirá de emitir pronunciamiento de fondo exclusivamente respecto del cargo por supuesta violación del derecho a la libertad personal, por falta de concreción y explicación insuficiente del argumento. 3. Problema jurídico, resumen de los cargos de inconstitucionalidad Con el fin de depurar la discusión jurídica suscitada por la demanda, pasa la Corte a definir los puntos que deben ser resueltos en este proceso. A juicio de la Corporación, la demanda puede sintetizarse del siguiente modo: a. El reproche inicial de la demanda se dirige a descalificar el tipo penal consignado en el artículo 382 del C.P. porque la norma remite a disposiciones de rango infralegal para completar su contenido normativo. En atención a este reproche, la Corte debe examinar si el legislador se encuentra habilitado para permitir la complementación de tipos penales en blanco a partir de normas que no tienen rango de ley en sentido formal. b. Vinculado con el cargo anterior, el demandante advierte que el Ejecutivo es absolutamente incompetente para definir los delitos, pues dicha competencia ha sido reservada con exclusividad Legislador. En estas condiciones, la competencia asignada por el artículo 382 del C.P. vulnera la reserva legal que protege la definición de las conductas punibles y asigna a un órgano ejecutivo funciones que le compete ejercer al legislativo, confundiéndose con ello la división tripartita del poder público. En relación con este reproche, la Corte deberá determinar si el legislador ha propiciado una intromisión indebida del Ejecutivo en las competencias del Legislativo. c. En la misma línea de discusión, el actor sugiere que la norma acusada habría vulnerado el principio de reserva legal que recae, no ya sobre la definición de las conductas punibles, sino sobre la definición de la política criminal del Estado. Para responder a este cargo, la Corte deberá determinar si la asignación de la competencia indicada implica una subversión de esa reserva. 4. Descripción de la norma acusada El artículo 382 del Código Penal –Ley 599 de 2000- hace parte del Título XIII del código, relativo a los delitos contra la salud pública y se ubica concretamente en el Capítulo II de dicho título, dedicado a la descripción típica de las conductas vinculadas con el tráfico de estupefacientes. Concretamente, la norma sanciona el porte, el transporte y la importación o exportación ilegal al país, así sea en tránsito, de elementos que sirvan para el procesamiento de cocaína o cualquier otra droga que produzca dependencia. A título de ejemplo, el artículo menciona algunas de las sustancias cuyo porte o tráfico configura la conducta punible. Estas son el éter etílico, la acetona, el amoníaco, el permanganato de potasio, el carbonato liviano, el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, los diluyentes y los disolventes. No obstante, como la lista anterior no es exhaustiva y, mejor, corresponde a un catálogo sugerido a título de ejemplo, el tipo penal deja en manos del Consejo Nacional de Estupefacientes el señalamiento de otras substancias que –en concepto previo del Consejo- puedan ser utilizadas con el mismo fin: la producción de cocaína o cualquier otra droga que produzca dependencia. Ahora bien, el tipo penal acusado confiere al sujeto activo de la conducta una reducción punitiva acorde con la cantidad de sustancias objeto de porte o tráfico: indica que si dicha cantidad no supera el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes, la pena de prisión será menor, así como también se reducirá la multa correspondiente. En este caso, el tipo penal deja en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes el señalamiento de las cantidades máximas de sustancia que legítimamente pueden manipularse. 5. Elementos del tipo De conformidad con la estructura clásica, el tipo penal consignado en el artículo 382 de la Ley 599 de 2000 tiene la siguiente composición. El sujeto activo es indeterminado. Con ello debe entenderse que el agente del delito no se encuentra cualificado y que puede ser cualquier persona, sin consideración a su condición jurídica. El sujeto pasivo del delito es la comunidad en su calidad de titular del interés jurídico conocido como salubridad pública: el conglomerado como directamente afectado por una conducta que atenta contra su estabilidad y seguridad. La conducta se encuentra claramente definida en el artículo 382. En primer lugar, el verbo rector, es decir, el comportamiento cuya ocurrencia determina de manera principal la configuración del delito, consiste en introducir ilegalmente al país, así sea en tránsito, o sacar de él, o transportar o tener en su poder ciertos elementos que intervienen en el procesamiento de cocaína o de cualquier otra droga. El bien jurídico fue identificado como el de la salubridad pública, por ser éste el interés jurídico que el Estado pretende proteger al sancionar la conducta descrita, sin perjuicio de otros bienes jurídicos que, a juicio de la Corte, también se ven involucrados en la sanción del delito, como son los recursos naturales, el medio ambiente, el orden público y del orden público económico, así como la vida y la integridad personal de los individuos. Finalmente, el objeto material del delito ha de identificarse como el grupo de sustancias que, en general, sirven o intervienen en el procesamiento de cocaína o de otras drogas que generen dependencia. Por último, el tipo penal descrito enuncia con precisión los componentes de la sanción, al señalar que quien realice la conducta descrita incurrirá en pena de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa de dos mil (2.000) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, pena que podrá reducirse a la de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de diez (10) a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si las cantidades involucradas no superan el triple de las señaladas en las resoluciones emitidas por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Del análisis previo se tiene –entonces- que el tipo penal bajo estudio ofrece una descripción precisa del sujeto activo, sujeto pasivo, conducta, objeto y sanción del delito, elementos estructurales del mismo. Con todo, resulta evidente que, en cuanto al objeto material de la conducta, el tipo penal no incluye la totalidad de las sustancias o elementos cuyo porte o transporte (importación o exportación) ha sido considerado punible por el legislador. Simplemente, se limita a fijar, a título de ejemplo, algunas de ellas, advirtiendo, esto si, que todas participan en el proceso de producción de sustancias sicoactivas. Dado que el legislador no se detiene a señalar cuáles de los insumos concretos que participan en el procesamiento de estupefacientes están cobijados con la pena por porte y transporte, aquél encomienda al Consejo Nacional de Estupefacientes la función de citarlos, así como a la Dirección Nacional de Estupefacientes la de fijar las cantidades permitidas. Así entendido, aunque el artículo 382 del Código Penal describe y precisa los elementos estructurales del tipo, es claro que el legislador ha dejado en manos de la autoridad administrativa la función de complementación de uno de ellos, identificado por la Corte como el objeto material de la conducta. Llegados a este punto, y sin entrar todavía en la discusión acerca de su legitimidad, la Sala entiende que el previsto en el artículo 382 es un tipo penal el blanco, puesto que su descripción típica no se encuentra plenamente contenida en la norma. En particular, las sustancias que en circunstancias concretas podrían llegar a catalogarse como objeto material de la conducta no están consignadas en la disposición misma –lo están algunas de ellas-, sino en normativas distintas, expedidas por autoridades de diferente naturaleza. Para establecer si la metodología de complementación de la norma cumple con las exigencias jurisprudenciales y doctrinales requeridas, valga la pena adentrarse un poco en la naturaleza de esta categoría especial de tipos penales. 6. El tipo penal en blanco y el principio de legalidad -Concepto Tal como lo resalta la doctrina, el concepto de tipo en blanco es un hallazgo que Karl Binding[1] extrajo de sus investigaciones sobre la estructura del tipo penal. Para el tratadista alemán, la estructura del tipo penal es bipartita, esto es, descansa sobre dos pilares fundamentales: el precepto y la pena. La división binaria del tipo penal es una realidad impuesta por el principio de legalidad penal conocido como nullum crimen nulla poena sine lege. Por un lado, el principio establece que no existe delito sin ley, lo que significa que no existe delito sin precepto de reproche; y, por el otro, el principio prescribe que no existe pena sin ley, lo que quiere indicar que, una vez se ha descrito el precepto, éste no puede ser sancionado si el legislador no contempla la pena correspondiente. Ahora bien, el precepto del tipo penal es la descripción de la conducta que infringe una prohibición o de la omisión que incumple un mandato. Por su parte, la sanción es el tipo de reacción que el Estado diseña para la verificación de la conducta o la omisión. Para Binding, la mayoría de disposiciones penales son completas o plenas porque tanto el precepto como la pena están totalmente determinados en el tipo. No obstante, en algunos casos, la norma prevé la sanción, pero ofrece una descripción parcial del precepto, refiriendo, para su complementación, a otro texto legal. Aunque Binding habló de la remisión de la ley en blanco a otras disposiciones de orden legal, específicamente en el marco del sistema penal de Estados de estructura compleja -en los que las entidades territoriales tienen competencia legislativa en materia penal- la teoría de las leyes penales en blanco hizo eco en sistemas de derecho penal unificado, por lo que, doctrinantes posteriores admitieron la posibilidad de remisión normativa a otras disposiciones dentro del mismo ordenamiento jurídico. Así, la teoría de la ley penal en blanco evolucionó hacia el concepto de tipo penal en blanco, concepto de mayor extensión que abarca la remisión del tipo no sólo al texto de la ley, sino al de otras disposiciones normativas de contenido extra o infralegal. En este orden de ideas, desarrollos posteriores del término han sintetizado el fenómeno al admitir que la remisión del tipo penal puede ser impropia -cuando la norma de complemento es otra disposición legal- o propia -cuando la norma en blanco remite a instancias normativas de jerarquía inferior a la ley penal-[2]. Ahora bien, la evolución de la teoría del tipo penal en blanco se ha visto acompasada por la discusión acerca de la preservación del principio de legalidad en el contexto de los tipos en blanco con remisión propia, es decir, con remisión a normas de jerarquía infra o extra legal. En relación con la remisión impropia no existe mayor discusión: en ésta, la supuesta remisión no es más que una complementación de un texto legal con otro del mismo rango, por lo que el principio de legalidad no percibe amenaza alguna: es la voluntad del legislador –que se integra a partir de la integración de varias disposiciones- la que en últimas determina la estructura del tipo. En la remisión propia, por el contrario, el dilema adquiere una dimensión distinta: el principio de nullum crimen lulla poena sine lege contiene una referencia directa a la necesidad de que la descripción de la conducta y de la sanción se encuentren contenidas en la ley, entendida ésta en su sentido formal, es decir, como la manifestación de la voluntad del órgano legislativo. Por ello, no deja de levantar suspicacias el hecho de que sea la propia ley -garante del principio- la que, despojándose de su deber descriptivo, entregue a una autoridad distinta la definición de algunos de los elementos del tipo. Desde la perspectiva penal, dicha modalidad no encuentra mayores dificultades, pues la remisión que opera por virtud del tipo penal en blanco constituye simplemente una técnica legislativa de integración del tipo. La norma complementaria se adosa al tipo penal básico para integrar el “tipo penal”, momento a partir del cual éste tiene vigencia y poder vinculante completos[3]. Ambas forman una unidad normativa que tiene plena vigencia. Desde el punto de vista constitucional, la medida se justifica a partir de la necesidad de realización de principios vinculados con la conservación del orden jurídico. En efecto, pese a la aparente deserción que esta remisión propicia respecto del principio de legalidad, la doctrina ha reconocido que aquella no implica una renuncia del nullum crimen nulla poena sine lege. Un estudio detallado de la metodología de operación del derecho penal visto desde la cada vez más exigente necesidad de determinar conductas que deben penalizarse, fruto de relaciones sociales y económicas de creciente complejidad, han llevado a la convicción de que el apego irrestricto al principio de legalidad afecta la capacidad de penetración del derecho penal e implica un riesgoso abandono de fundamentos que resultan cruciales para la conservación de los intereses públicos. Tal como lo reconoce la doctrina, la necesidad de regular el comportamiento humano en una sociedad gradualmente compleja, exige la colaboración de los poderes públicos en un esfuerzo común por combatir las conductas que atentan contra la integridad de la comunidad. Así, en su opinión, “La complejidad de la vida contemporánea, especialmente en los países desarrollados o en vías de serlo, trae aparejada la aparición de regulaciones complicadas en muchos campos de actividad, tales como el de las relaciones económicas, internas, el mercado de los cambios internacionales, el comercio exterior, el tráfico motorizado, las comunicaciones, la salud pública, las obligaciones tributarias, etc. Esta normativa es, además, cambiante, porque en muchos aspectos depende de coyunturas ocasionales que exigen adoptar decisiones temporales adecuadas a cada una de ellas. Al mismo tiempo, se reconoce una creciente importancia a los intereses sociales que resultan comprometidos por esas actividades y, consiguientemente, una gravedad caca vez mayor a la infracción de las regulaciones jurídicas respectivas. Como consecuencia de ello, en casi todas las legislaciones se instauran tipos penales destinados a castigar conductas cuando alcanzan niveles muy elevados de intolerabilidad eticosocial”[4]. Y prosigue: “Para la consagración de estas figuras delictivas nuevas las leyes penales en blanco –en especial las que Mezger denomina “propias”- constituyen una solución muy cómoda. En efecto, la remisión a instancias legislativas más ágiles, como los decretos supremos y otros actos reglamentarios de la administración, habilita para modificar fácilmente la prohibición o el mandato a cuya infracción se asocia la pena, de acerado con las vicisitudes que experimentan los acontecimientos a que se refieren. A eso contribuye, además, el que los órganos encargados de establecer tales regulaciones generalmente tienen un carácter técnico y, por eso, menos pluralista que los cuerpos legislativos formales, de manera que adoptan sus decisiones con más celeridad que éstos, sin dejarse detener o embarazar por consideraciones o compromisos políticos. De esta manera, el número de leyes en blanco aumenta rápidamente en todas las legislaciones Y ya no se trata de normas que incriminan conductas insignificantes. Los nuevos tipos en blanco describen hechos graves amenazados por lo tanto con penas severas.”[5] -La jurisprudencia y doctrina nacionales En el ámbito nacional, la jurisprudencia y la doctrina...