Sentencia C-586 de 2001

C-586-01 Sentencia C-586/01 Sentencia C-586/01 LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL DERECHO CONCURSAL-Alcance El derecho concursal actual, además de los principios de libertad de empresa, libre iniciativa privada y libertad de disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los derechos ajenos y en la sujeción de los intereses individuales al interés colectivo y al beneficio común. Así, esta rama o disciplina del derecho no desconoce que el deudor debe cumplir con las obligaciones adquiridas y que, correlativamente, el acreedor tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr la satisfacción total de su crédito, sino que, ante la imposibilidad del primero de atender puntual y satisfactoriamente todas sus obligaciones, reemplaza la ejecución singular por una colectiva en la que se satisfacen los derechos de crédito concurrentes de manera ordenada, amén de solucionar todos los pasivos, mediante un tratamiento igualitario que, además, garantice el reparto equitativo de las pérdidas, dentro del rango adquirido por cada acreedor –par conditio creditorum-. ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Definición ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Condiciones extraordinarias ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Prescindencia de intervención judicial ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Celebración y ejecución independiente ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Condiciones de efectividad de garantías a cargo de terceros ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Efectividad de garantías de terceros LEY DE INTERVENCION ECONOMICA Y CODIGO-Expedición sujeta al mismo trámite No resulta posible sostener que dentro de nuestro sistema normativo las leyes de intervención económica y las que tienen por objeto expedir, reformar o derogar códigos, conforman categorías jurídicas disímiles, a tal punto que con la expedición de las primeras no resulte posible dictar o modificar los segundos, puesto que corresponde al Organo Legislativo, sujeto, en uno y en otro caso, material y formalmente, a los mismos principios y previsiones dictar tanto las normas que materializan la intervención del Estado en la economía, como aquellas destinadas a regular en forma sistemática y metódica una misma materia. LEY DE INTERVENCION ECONOMICA-Modificación de códigos/DECRETO LEY-Modificación de códigos por no afectación sustancial ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Modificación de códigos ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Límites de garantías a cargo de terceros CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD FORMAL Y MATERIAL-Distinción La guarda e integridad de la Constitución Política, confiada a esta Corporación en términos estrictos por el artículo 241 del mismo ordenamiento, requiere distinguir el control formal, dirigido a precaver el sometimiento del órgano legislativo a los trámites impuestos por el mismo ordenamiento para exteriorizar su voluntad en forma ordenada y armónica, del control material instituido para preservar la supremacía constitucional mediante la confrontación de contenidos, a fin de mantener en el ordenamiento solo aquellos que la interpretan y aplican fielmente. Porque, si bien cuando se conculcan los primeros dañan el orden constitucional por lo que omiten o trastocan, tienen una incidencia menor que viene a ser superada, por el principio de conservación del derecho. LEY DE INTERVENCION ECONOMICA-Determinación de alcance y fines/LEY DE INTERVENCION ECONOMICA-Determinación de límites que impone libertad económica ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Fijación clara de reglas sobre seguridad del crédito EMPRESA-Función social/LIBERTAD ECONOMICA-Límites/ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Límites legales a derechos de acreedores Los derechos de los acreedores relativos al respaldo de los créditos a cargo del empresario en crisis se limitan en los términos de la ley, por la función social que les corresponde asumir a sus titulares, en aras de lograr la conservación del ente económico y con ella la reactivación económica esperada. ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Límites a libertad de acreedores LEY CONCURSAL-Regulación de efectividad de garantías por terceros/LEGISLADOR EN ACUERDOS DE REESTRUCTURACION-Regulación de efectividad de garantías por terceros Bien puede ser materia de una ley concursal regular la efectividad de las garantías otorgadas por terceros para respaldar el cumplimiento de las obligaciones objeto de concurso, o dejar de hacerlo, acorde con los objetivos perseguidos, debido a que, de una parte, la relación tuvo por causa un crédito objeto del concurso y, de otra, puede resultar necesario regular la provisión para atender eventuales subrogaciones y regresos. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA-Aplicación extensiva Conforme a reiterados lineamientos jurisprudenciales, el principio de unidad de materia requiere para no hacer nulo el principio democrático, una aplicación extensiva. PRINCIPIO DE UNIDAD DE MATERIA EN LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Regulación de efectividad de garantías por terceros JUEZ CONSTITUCIONAL-Incompetencia sobre efectos de política gubernamental CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD EN POLÍTICA ECONOMICA DEL ESTADO-Límites Debe esta Corte dada su calidad de guardián del orden constitucional confrontar cada una de las disposiciones legislativas sometidas a su consideración con las previsiones de la Constitución Política, e inclusive retirarlas del ordenamiento si no lo interpretan fielmente, pero no puede cuestionar los fines y alcances de la intervención por cuanto éstos concurren a conformar la política económica del Estado y las decisiones de ésta clase se juzgan en las instancias que las generan, hasta el punto que la misma Ley ha fijado un procedimiento de evaluación y seguimiento el cual, como es obvio, es ajeno a esta Corporación. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN POLITICA ECONOMICA DEL ESTADO-Alcance NEGOCIACION DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Derechos de garantía por terceros en vigencia de la ley/LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Regulación de efectos de garantías por terceros a partir de vigencia/LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Separación reglas de derecho común en garantía por terceros a partir de vigencia LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Derechos de garantía por terceros a partir de vigencia/LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Derechos de garantía por terceros antes de vigencia LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL Y SITUACION JURIDICA CONSOLIDADA-Indemnización/LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL Y DERECHOS ADQUIRIDOS-Vigencia de norma NEGOCIACION DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACION-Modificación de derechos de garantía regulados por el derecho común NEGOCIACION DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACION Y DERECHOS ADQUIRIDOS-Vigencia de norma PRINCIPIO DE IGUALDAD Y POTESTAD DE CONFORMACION LEGISLATIVA EN MATERIA ECONOMICA NEGOCIACION DE ACUERDOS DE REESTRUCTURACION-Igualdad de acreedores LEY DE REACTIVACION EMPRESARIAL-Restricción derechos de acreedores ACUERDOS DE REESTRUCTURACION EMPRESARIAL-Derechos de garantía por terceros ante moratoria del deudor en el derecho común Referencia: expediente D-3272 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de 1999. Actor: Luis Guillermo Correa Gallo Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Bogotá D.C., seis (6) de junio del año dos mil uno (2001). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de su atribución constitucional y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Luis Guillermo Correa Gallo demandó los artículos 14 y 79 parciales de la Ley 550 de 1999, “por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”. Cumplido el trámite propio de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. II. NORMAS DEMANDADAS A continuación, se transcribe el texto de las disposiciones acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial núm. 43.836 del 30 de diciembre de 1999, y se subraya lo demandado: “LEY 550 DE 1999 por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegura la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. TITULO II DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCCTURACIÓN CAPITULO II NEGOCIACION DE LOS ACUERDOS DE REESTRUCTURACIÓN Artículo 14. Efectos de la iniciación de la negociación. A partir de la fecha de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido los cuatro (4) meses previstos en el artículo 27 de esta ley, no podrá iniciarse ningún proceso de ejecución contra el empresario y se suspenderán los que se encuentren en curso, quedando legalmente facultados el promotor y el empresario para alegar individualmente o conjuntamente la nulidad del proceso o pedir su suspensión al juez competente, para lo cual bastará que aporten copia del certificado de la cámara de comercio en el que conste la inscripción del aviso. En los anteriores términos se adiciona el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil; y el juez que fuere informado por el demandado de la iniciación de la negociación y actúe en contravención a lo dispuesto en el presente inciso, incurrirá en causal de mala conducta. Durante la negociación del acuerdo se suspende el término de la prescripción y no opera la caducidad de las acciones respecto de los créditos contra el empresario. Parágrafo Primero. Dentro de los diez días siguientes a la iniciación de la negociación, el acreedor del empresario que sea beneficiario de fiducias mercantiles en garantía o de cualquier clase de garantía real constituida por terceros, o que cuente con un codeudor, fiador, avalista, asegurador, emisor de carta de crédito y, en general, con cualquier clase de garante del empresario, deberá informar por escrito al promotor si opta solamente por hacer efectiva su garantía o si no prescinde de obtener del empresario el pago de la obligación caucionada. Si el acreedor guarda silencio o manifiesta que no prescinde de hacer valer su crédito, contra el empresario, se estará a lo previsto en el inciso primero del presente artículo, los créditos objeto de los procesos suspendidos quedarán sujetos a lo que se decida en el acuerdo, y en caso de iniciarse procesos en su contra, los terceros garantes y los titulares de los bienes gravados podrán interponer la excepción previa correspondiente. Cualquier acreedor o el propio empresario podrán informar en cualquier tiempo al promotor de la existencia de las garantías a que se refiere el presente inciso. Cuando un mismo acreedor opte por hacer efectivas sus garantías de terceros, y alguna o algunas obligaciones del empresario estén garantizadas por terceros, y otras u otras no, el acreedor podrá hacer efectiva la garantía sin perjuicio del cobro de las obligaciones no garantizadas frente al empresario deudor. Parágrafo Segundo. Cuando un acreedor del empresario opte por hacer efectivas sus garantías de terceros y ejerza sus derechos de cobro frente a un codeudor solidario, fiador, avalista o cualquier otra clase de suscriptor de un título valor en el mismo grado del empresario, si dicho garante es una persona natural, el ejercicio de los derechos del acreedor se limita en los siguientes términos: a) Durante la negociación del acuerdo no podrá rematarse, adjudicarse ni enajenarse a ningún título el inmueble que sea de propiedad exclusiva del garante o del cual éste sea comunero, siempre y cuando se trate del inmueble que el garante haya ocupado para su vivienda personal por no menos de dos años consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación de la negociación del acuerdo; b) Durante la negociación del acuerdo podrán practicarse medidas cautelares que recaigan sobre el inmueble, y podrán iniciarse o continuarse ejecuciones judiciales contra el garante hasta que quede en firme una cualquiera de las sentencias previstas en el artículo 523 del Código de Procedimiento Civil; de igual forma podrá darse cumplimiento a las a las disposiciones contractuales que regulan la ejecución de las garantías fiduciarias, hasta la etapa previa a la enajenación del inmueble a cualquier título; c) Para que esta limitación temporal de la efectividad de los derechos del acreedor proceda, el garante deberá inscribir, a su costa, en la oficina de registro de instrumentos públicos y privados, una declaración juramentada rendida ante notario público, en la cual identifique el inmueble y afirme que se dan las circunstancias previstas en el literal a) de este Parágrafo, acompañada de una copia del escrito a que se refiere el artículo 13 de esta ley y en la cual se señala su fecha de fijación. d) La enajenación a cualquier título o la tradición de un inmueble de los previstos en este Parágrafo, y que se lleven a cabo con posterioridad a la inscripción prevista en el literal anterior, serán ineficaces de pleno derecho. Cualquier diferencia o litigio sobre dicha ineficacia será de competencia de la justicia ordinaria. e) Adjuntando constancia de la inscripción en el registro de instrumentos públicos y privados de la declaración a que se refiere el literal c) de este Parágrafo, el garante podrá pedir al juez competente que se suspenda el señalamiento de la fecha para remate, y el juez que fuere informado por el garante de la iniciación de la negociación y actúe en contravención a lo dispuesto en este artículo, incurrirá en causal de mala conducta; igualmente, el fiduciario que no suspenda la enajenación regulada en el contrato de fiducia o encargo fiduciario respectivo, y enajene el inmueble a cualquier título después de haber sido informado de tales circunstancias por el garante, será sancionado por la Superintendencia que ejerza inspección y vigilancia sobre las sociedades fiduciarias, y los administradores de la fiducia que contravengan este artículo podrán ser removidos por dicha Superintendencia. f) Transcurrido el plazo previsto en el artículo 27 de esta Ley, sin que se celebre un acuerdo de reestructuración, el acreedor podrá hacer valer sus derechos de cobro respecto del inmueble en cuestión e, igualmente, podrá adelantarse el remate judicial y dicho bien podrá ser enajenado a cualquier título en caso de no pesar sobre él alguna medida cautelar. TITULO VII VIGENCIA Artículo 79. Vigencia. Esta ley regirá durante cinco (5) años, contados a partir de la fecha de su publicación en el Diario Oficial, y durante el mismo plazo se aplicará de preferencia sobre cualquier norma legal, incluidas las tributarias, que le sean contrarias. De conformidad con el artículo 38 de la ley 153 de 1887, las disposiciones de esta ley se entienden incorporadas en los acuerdos de reestructuración que lleven a celebrarse legalmente durante su vigencia, por lo cual se ejecutarán con sujeción a lo dispuesto en ella, al igual que los demás actos y contratos que se celebren en desarrollo de los mismos. El Parágrafo primero del artículo 14 de esta ley sólo se aplica a las garantías de terceros otorgadas con posterioridad a su entrada en vigencia. Las garantías preexistentes sólo podrán hacerse efectivas si transcurrido el plazo previsto en el artículo 27 de esta ley no se celebra un acuerdo; mientras tanto, podrán practicarse medidas cautelares; y la iniciación y la continuación de procesos judiciales contra el garante, al igual que la ejecución de las garantías reales o fiduciarias, se sujetarán a lo dispuesto en el literal b del Parágrafo segundo del artículo 14 de esta ley. El parágrafo segundo del artículo 14 de esta ley se aplica respecto de garantes personas naturales que hayan otorgada la garantía antes o después de la vigencia de esta ley.” III. LA DEMANDA A juicio del actor, los apartes subrayados de las normas demandadas vulneran el Preámbulo y los artículos 13, 58, 150 numerales 2º y 21, 158, 333 y 334 de la Constitución Política, de conformidad con los argumentos que se resumen a continuación: 1. El libelista afirma que las normas demandadas vulneran el artículo 58 constitucional, porque la facultad del acreedor de perseguir judicialmente el patrimonio del garante, al igual que su prerrogativa de solicitar la venta en pública subasta del bien dado en garantía, estarían siendo desconocidas por una ley que entró a regir cuando tales derechos habían sido adquiridos. Igual consideración realiza con respecto de la facultad del acreedor de perseguir cualesquiera de los bienes que integran el patrimonio del deudor solidario, reconocida “sabiamente” por la Ley 222 de 1995, al permitir que el acreedor haga reserva de solidaridad. Agrega que el derecho de persecución del patrimonio del garante surge en el mismo momento en que la garantía se constituye y que en virtud de tal adquisición el acreedor arriesga su patrimonio concediendo un crédito con la creencia cierta de que su satisfacción está doblemente respaldada por el patrimonio del obligado y por el del garante, hasta el punto que desde el perfeccionamiento del contrato de garantía se registra la acreencia “como un respaldo, según las normas de contabilidad generalmente aceptadas.” Bajo las anteriores premisas, y con el objeto de concretar el cargo, el actor distingue los alcances de las normas en estudio, por cuanto los parágrafos primero y segundo del artículo 14 de la Ley 550 de 1999, establecerían un régimen permanente “aplicable a las garantías de terceros nuevas, es decir, a las otorgadas con posterioridad a la entrada en vigencia de la misma”, en tanto el artículo 79 ídem estaría destinado a regular, bajo un régimen transitorio, las garantías vigentes al momento en que la Ley comenzó a regir. 1.1. Respecto del régimen permanente señala que el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999 quebranta el artículo 58 de la Constitución Política por cuanto no permite al acreedor de una obligación garantizada por un tercero hacer reserva de solidaridad para cobrar simultáneamente al deudor y a sus garantes, como lo permite el artículo 100 de la Ley 222 de 1995, ateniéndose a la regulación del Código Civil. Lo anterior toda vez que la norma dispone que si el acreedor opta porque el empresario-deudor satisfaga el crédito, al igual que si guarda silencio, no puede ejecutar al garante, so pena de que el remate y la adjudicación del bien pierdan su eficacia, sino que debe sujetarse al resultado del acuerdo de reestructuración, en tanto si opta por hacer efectiva la garantía su derecho pierde eficacia, toda vez que i) solo puede hacer valer sus derechos en caso de que el acuerdo de reestructuración resulte fallido; ii) dentro del término de la negociación -cuatro meses desde la fecha en que se fijen los derechos de voto- “no puede rematarse, adjudicarse, ni enajenarse a ningún título el inmueble que sirve de garantía, no obstante lo cual, puede adelantarse el proceso ejecutivo hasta sentencia, practicando el embargo y secuestro, o adelantar el trámite contractual previsto en la fiducia para el efecto, hasta el momento de transferir el bien, si se cumplen los siguientes requisitos: a. Que el tercero garante sea una persona natural. b. Que en desarrollo de la garantía se llegue a la persecución judicial de un inmueble de este tercero, o se haga efectiva una fiducia en garantía constituida sobre un inmueble de este tercero. c. Que el inmueble perseguido en el proceso judicial sea de propiedad exclusiva del tercero garante, o que este sea su copropietario, o que este sea el que lo haya entregado en fiducia en garantía. d. Que se trate del inmueble que el tercero garante haya ocupado para su vivienda personal por no menos de dos años consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de iniciación de la negociación del Acuerdo. e. Que el tercero garante haya inscrito, a su costa, en la oficina de registro de instrumentos públicos y privados, una declaración juramentada rendida ante notario público, en la cual identifique el inmueble y afirme que se dan las circunstancias antes indicadas, acompañada de una copia del escrito de la Entidad nominadora en el que se avisa la iniciación de la negociación”. Puntualiza que la norma en comento quebranta el artículo 58 de la Constitución Política porque la reestructuración del empresario-deudor no se logra desconociendo las garantías otorgadas por terceros que, “(..)no se encuentra en crisis, en detrimento de los intereses de la empresa en trámite de Reestructuración y del acreedor beneficiario de la garantía”. 1.2. En relación con el régimen transitorio asegura que los parágrafos primero y segundo del artículo 14 de la Ley 550 de 1999 desconocen el artículo 58 constitucional, porque, si se logra el acuerdo las garantías constituidas por terceros, con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley, no se pueden hacerse efectivas, como sucede con las adquiridas con anterioridad. Aclara que pese a que el inciso tercero del artículo 79 demandado permite que durante la negociación del acuerdo se ejecute a los terceros garantes, que podría entenderse como derecho a efectuar “reserva de solidaridad”, como la efectividad de la ejecución del garante se sujeta al acuerdo de reestructuración, en virtud de la remisión que hace esta norma al artículo 14, también impugnado, “es claro que en este evento no se puede optar por el deudor principal o su garante, y que el Acuerdo produce efectos para todos los involucrados, se hayan presentado o no.” Así las cosas, considera que este régimen vulnera la protección de los derechos adquiridos, toda vez que derechos de garantía constituidos con anterioridad a la Ley 550 de 1999, pierden su eficacia de cara al inciso tercero del artículo 79, sin contribuir a la reestructuración de la empresa y, por ende, sin beneficiar a la comunidad en general. 1.3. Resumiendo, considera que los parágrafos uno y dos del artículo 14, como también el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999, vulneran el artículo 58 superior porque i) las garantías constituidas por terceros antes de entrar a vigencia la ley, para respaldar las obligaciones de la empresa que inicia trámite de reestructuración, se tornan en ineficaces, lo que a la postre significa que el acreedor pierda un derecho adquirido conforme a la ley civil; ii) en el caso en que la garantía se constituya con posterioridad a la vigencia de la citada ley, el acreedor igualmente pierde el derecho porque no puede hacer uso de la opción de reclamar el pago a uno o a otro deudor, o a ambos. Aunado a que los derechos de garantía no se pueden exigir en el evento en el que el Acuerdo de Reestructuración sea aprobado. Insiste en que la anterior regulación en nada contribuye con la reestructuración de la empresa, toda vez que se protege el patrimonio del garante, no incurso en dicho proceso, en desmedro del acreedor que adquirió su derecho de garantía legítimamente. 2. El actor considera, además, que las normas demandadas –parágrafos primero y segundo del artículo 14 e inciso tercero del artículo 79 de Ley 550 de 1999-, vulneran el artículo 158 de la Constitución Política por cuanto se habría desconocido en su expedición el principio de unidad de materia. Para el efecto señala que el Estado intervino la economía mediante la ley en estudio para reestructurar las empresas en crisis y las entidades territoriales, contando con la participación de los acreedores. Estima que cumplen con este objetivo las normas que impulsan los acuerdos para mejorar la capacidad de pago de las empresas y de los entes públicos, incluidos en la ley, disminuir las tasas de interés o capitalizar las deudas, pero que no tiene nada que ver con los anteriores objetivos disponer que “(..) un bien de propiedad de un tercero diferente al empresario o al ente público mencionados, o el patrimonio de este tercero (que como ya dijimos no se encuentra en crisis), no puedan ser tocados, lo cual en momento alguno beneficia a la Entidad que se encuentra efectuando el trámite, y antes bien pueden llegar a perjudicarla al no permitir que algunas de sus deudas se descarguen con bienes y dinero de terceros, lo cual contribuiría a permitir su viabilidad al aliviar su flujo de caja.”. En otras palabras, considera que no es procedente, porque el artículo 158 superior no lo permite, que una Ley que pretende reactivar empresas y entidades territoriales en crisis contenga disposiciones dirigidas a aliviar la situación de otros beneficiarios, sin lograr “restablecer el justo equilibrio de un deudor empresario en situación de dificultad económica, frente a una parte que tiene interés en su recuperación con el objeto de obtener el retorno económico, así sea a mas largo plazo o con menor provecho, puesto que no se mantiene esta unidad al disponer para casos en los cuales el destinatario y fines del precepto no son los factores dominantes, desbordando la relación de causalidad temática y regulando temas que incluso modifican las normas del Código Civil, como por ejemplo en cuanto a los efectos del régimen de la solidaridad o de las garantías reales y personales”. 3. El demandante también considera que las normas demandadas vulneran los artículos 333 y 334 superiores, que consagran los principios de libertad económica, libre competencia, respeto por la iniciativa privada e intervención del Estado en la economía, como miras a orientar la economía hacia el bien común, por cuanto encuentra injustificado restringir las mentadas libertades, sin proteger el bien común y perjudicando a quien legítimamente adquirió un derecho de garantía puesto que “del mismo rango son los intereses económicos de los acreedores y de los terceros garantes de los deudores empresarios, y aquellos encuentran vulnerados sus derechos en beneficio de tales garantes”. Indica que contradice el postulado de la buena fe desconocer los derechos de aquellos que colaboraron con el desarrollo de la empresa, protegiéndose prudentemente con la constitución de garantías por parte de terceros, porque los precipita a una situación desigual, e inclusive de crisis, siendo que la finalidad de los cánones fundamentales mencionados es la de mantener el justo equilibrio entre las partes que participan en el mercado y no la vulneración del derecho económico de una persona en beneficio de otra, aunado a que la intervención del Estado en la economía, en concepto de esta Corporación, no puede ser absoluta. 4. La vulneración del inciso 2º del artículo 150 y del artículo 334 de la Constitución Política la encuentra en que se habrían desconocido las previsiones que sujetan al Congreso de la República para dictar normas de intervención en la economía y la expedición de códigos porque, a su juicio, no resulta posible modificar códigos a través de una ley de intervención, como tampoco sería posible intervenir la economía a través de la expedición de aquellos puesto que “son actividades legislativas diferentes, y con finalidades distintas”. Así pues, considera que “cuando una ley de intervención económica modifica un código, es claramente inconstitucional, y mucho más si la ley de intervención, como la que nos ocupa tiene la vigencia temporal, lo cual implica que con una ley que sólo permanecerá ámbito jurídico de cinco (5) años se está modificando normas del Código Civil y del Código de Comercio” (resalta el actor). En su opinión, “el mecanismo para reformar las disposiciones de los códigos no es el de la ley de intervención económica, puesto que si bien es cierto el Congreso goza de la facultad para expedir y modificar códigos - numeral 2 del artículo 150, C.P. -, debe ejercerla mediante una ley ordinaria”. El libelista también acusa a las normas demandadas de transgredir el numeral 21 del artículo 150 de la Constitución Política, por cuanto no encuentra que la Ley 550 de 1999 indique los limites de la intervención económica que realiza, como tampoco los objetivos últimos de la misma. 5. Finalmente, se apoya en la sentencia T-422 de 1992, para formular cargos contra los parágrafos uno y dos del artículo 14 y contra el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999 por quebrantar el Preámbulo y el artículo 13 de la Constitución Política, por cuanto deduce diferencias entre los sujetos afectados que no consultan los fines perseguidos. Bajo tal parámetro, señala que los preceptos demandados establecen una desigualdad injustificada entre la gran mayoría de ciudadanos que “pueden hacer efectivas las garantías otorgadas por terceros, sean reales o personales, incluso a través de los trámites concursales consagrados en la ley, en los que se puede hacer la reserva de solidaridad” y aquellos que por ser acreedores de una empresa sometida a un acuerdo de reestructuración deben someterse a las limitaciones explicadas, habida cuenta que “no se cumple la finalidad de la Ley, y no se desarrolla el objetivo de la reactivación del empresario o del ente público en crisis”. IV. INTERVENCIONES. 1. Ministerio del Interior El ciudadano Hernando Beltrán Orjuela, actuando en representación del Ministerio del Interior, acude al proceso para oponerse a los cargos elevados contra las normas demandadas, pues, a su juicio, antes que contradecir la Constitución se acomodan a los mandatos de la misma, con base en los siguientes argumentos: Luego de hacer una descripción somera de las normas demandadas, y de los conceptos de violación expuestos por el accionante, advierte que la Ley 550 de 1999 tiene una vocación puramente económica y busca influenciar todos los estamentos de la nacionalidad, con miras a fortalecer la economía a través de la estabilidad y reactivación del sector empresarial y de los entes territoriales. Considera, que el parágrafo primero del artículo 14 demandado desde ningún punto de vista otorga preferencias o desequilibra el estado de los entes económicos, sino que prevé un procedimiento y por ello “invitó a todos los acreedores del empresario para que se hicieran presentes a través de sus escritos manifestando la voluntad de hacer efectiva su garantía o si no prescinde de obtener del empresario el pago de la obligación caucionada, pero sin constituirse una u otra opción en una obligación o camisa de fuerza pues el mismo articulado se remite a su parte pertinente, por ello sería algo similar, aún cuando en otras condiciones negará el pago cuando se declara una quiebra o se abre un concordato”. Igualmente, señala que “ (..) pretender hacer efectivas en forma inmediata o no, determinadas obligaciones no constituye violación alguna de los derechos adquiridos contemplado en el artículo 58 de la C.N., pues ellos no se hacen nugatorios, sino que son objeto de nuevos procedimientos, frente a lo cual el impugnante se limita a dar como hecho cierto la pérdida del derecho, lo cual desde ningún punto de vista está siendo contemplado por la ley, sino lo que busca está es favorecer al mayor número de acreedores de acuerdo con las preferencias que los mismos hayan establecido, máxime cuando se adelanta, en términos generales, es un proceso de reactivación de la economía, sin que por otra parte se esté violando el artículo 333 el cual establece que “La empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones” y a reglón seguido dice “El estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial”. El memorialista “descarta” el cargo sobre la violación del principio de unidad de materia, porque la Ley trata sobre “la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de sus empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”, para el efecto, transcribe las sentencias C-023 de 1996 y C-648 de 1997, conforme a las cuales, “[S]olo en el caso de normas que ostensiblemente carecieran de relación con la materia regulada por una ley, podría hablarse del quebrantamiento del artículo 158 de la Constitución” (subraya el interviniente). Finalmente, afirma, sin otra explicación, que el actor cita jurisprudencia no aplicable al caso concreto. 2. Superintendencia de Sociedades El ciudadano Francisco Javier Córdoba Acosta, obrando en su calidad de funcionario de la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Sociedades, acude al presente proceso para solicitar la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas. Inicialmente realiza un análisis del contexto económico y jurídico dentro del cual fue expedida la Ley 550 de 1999, puesto que, según dice, desde “su expedición se vislumbra ya su conformidad constitucional”. Para sustentar su argumento pone de presente la crisis simultánea que sufren el sector real y financiero del país desde 1998 y la grave perturbación que ha provocado esta situación en el sistema económico en general, por cuanto aduce que han resultado insuficientes e ineficaces los mecanismos legales y procesales ordinarios, previstos para superar la crisis empresarial, entre los que se cuenta la admisión del empresario en el trámite concursal concordatario. En ese orden de ideas, califica la adopción del sistema de reestructuración como un mecanismo dirigido a sustituir temporalmente el proceso concordatario, fundado en la existencia de condiciones económicas extraordinarias de diverso origen que justifican la intervención del Estado en la economía, que precisa los fines y alcances de la libertad económica que restringe (C.P. numeral 21 del artículo 150, artículos 333 y 334). Con sustento en los motivos expuestos por el Gobierno Nacional, para someter a consideración del Congreso de la República la aprobación del proyecto que culminó con la expedición de la Ley 550 de 1999, sostiene que la misma pretende "dotar a deudores y acreedores de incentivos y mecanismos que sean adecuados para la negociación, diseño y ejecución conjunta de programas que le permitan a las empresas privadas colombianas normalizar su actividad productiva y, al mismo tiempo, atender sus compromisos financieros. De ser posible su reactivación, las empresas han de aliviar su carga financiera, mejorar sus perspectivas de producción, mantener el empleo que generan y ser otra vez sujetos de crédito con capacidad de pago. Por su parte, el sistema financiero ha de mejorar la calidad de su cartera, con la consecuente liberación de provisiones y la irrigación de crédito nuevo al sistema".[1] Añade que dicha intervención no solo se justifica, constitucionalmente, desde la perspectiva empresarial, sino desde la de todo “aquello que constituye su entorno natural, entre otras cosas, la protección adecuada del crédito y del engranaje por donde este fluye”. Con relación a los cargos formulados, porque los parágrafos uno y dos del artículo 14 y el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999, desconocen el artículo 58 superior, por restarle efectividad a los derechos de garantía adquiridos anterioridad a su expedición, el interviniente recuerda que, como regla general, la ley obliga a partir de su promulgación y que su observancia comienza dos meses después de su inserción en el Diario Oficial, salvo que ella indique otra vigencia, como sucede con la Ley 550 de 1999 –5 años a partir de su publicación en el Diario Oficial –artículo 79-. Agrega que respecto de las previsiones del artículo 58 constitucional se deben distinguir los “derechos adquiridos” de las “meras expectativas”. En razón de que los primeros por ser integrantes de un patrimonio no pueden ser desconocidos, en tanto las segundas son solo esperanzas que antes de verse realizadas ceden ante una ley posterior, que demanda aplicación inmediata. Considera que un derecho se rige por las normas vigentes al tiempo de su ejercicio, no de su adquisición, según lo disponen los artículos 28 y el numeral 1º del artículo 38 de la Ley 153 de 1887, de tal suerte que las previsiones de la Ley 550 de 1999, sobre garantías y codeudores, respetan los derechos adquiridos pues, según la exposición de motivos, " pretende que, sin perjuicio de las que se reconozcan en el acuerdo, los acreedores, más que a la garantía, atiendan a la capacidad de pago de las empresas que se pretenden recuperar a través del acuerdo." El interviniente refuerza el anterior argumento citando la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de 26 de mayo de 1929 que dice: "ni en Colombia, ni en ningún país civilizado está prohibida la reglamentación del ejercicio de los derechos adquiridos, ya sean reales, ya meramente personales". De otro lado, sobre la supuesta diferencia de regímenes, a la que alude el accionante –plantea que uno es el régimen aplicable a los derechos de garantía constituidos con anterioridad a la vigencia de la Ley y otro el que rige a los constituidos con posterioridad a su vigencia-, señala que no comparte tal análisis, puesto que la diferencia sustancial y práctica que se deriva de las normas en estudio consiste en “el hecho de que a los acreedores beneficiarios de las primeras les asiste la posibilidad de hacerlas efectivas sin restricción alguna, cuando se trate de garantes distintos a persona natural y así lo manifiesten al promotor en el término previsto en la ley para el efecto, en cuyo caso no participarán en la negociación del acuerdo, mientras que los acreedores beneficiarios de las segundas, deberán, necesariamente, estarse a las resultas del acuerdo, sin perjuicio de que puedan adelantar la ejecución de la garantía (otorgada por persona natural o jurídica) con las restricciones temporales y procésales señaladas tanto en el artículo 14 como en el 79 ídem”. Y continúa así: “nótese que el parágrafo segundo del artículo 14 de la Ley en cuestión se aplica respecto de garantes personas naturales que hayan otorgado la garantía o se hayan obligado solidariamente antes o después de la vigencia de la misma, lo cual significa, en últimas, la aplicación del mismo tratamiento restrictivo tanto para el acreedor en cuyo favor se otorgaron garantías o se obligaron terceros solidariamente antes de la vigencia de la ley, como para aquél al que se le constituyeron o se obligaron con posterioridad a la misma”. Por lo anterior contradice la afirmación del actor respecto del establecimiento de dos regímenes, permanente y transitorio, porque simplemente se estaría al frente de la “aplicabilidad de unas restricciones temporales y procesales a la forma de ejercer un derecho real o de crédito.” 3. En lo que atañe a la violación del numeral 21 del artículo 150 y del artículo 158 superiores, el ciudadano interviniente encuentra perfecta conexidad entre la regulación aplicable a los créditos garantizados por terceros de un empresario -artículos 14 y 79-, y las medidas de la misma normativada que propugnan por su conservación y saneamiento -Ley 550 de 1999-. Además porque considera que de no haberse previsto tales medidas la ley tendría problemas de aplicación. Lo anterior en virtud de que, según lo enseña el Código Civil -Art. 1499-, el contrato de garantía tiene por objeto asegurar el cumplimiento de la obligación a la que accede, de manera que como aquel no puede subsistir sin ésta “[C]uando el legislador se ocupa de la capacidad de operación y del tratamiento de las obligaciones pecuniarias a cargo de las empresas abocadas a un acuerdo de reestructuración, para corregir las deficiencias patrimoniales y de viabilidad que éstas presenten, supone, necesariamente, que deba también ocuparse de las garantías otorgadas por la empresa o por terceros para respaldar el cumplimiento de sus obligaciones, en el sentido de suspender y/o condicionar su exigibilidad, pues, de lo contrario, no sólo se haría nugatoria la finalidad prevista en la ley de intervención económica, sino que se propiciaría lo que podría denominarse un nefasto efecto dominó de recobro, con hondas repercusiones en el engranaje de los sectores real, informal y financiero del sistema económico nacional.” Así pues, señala que las garantías tienen la vocación de extinguirse paralelamente con la obligación principal garantizada, por regla general, debido a que constituyen salvaguardas adicionales al patrimonio del deudor, prenda general de los acreedores, Agrega que el régimen que se desprende de los artículos 14, 34.1, 36.3 y 79 inc. 3 Ley 550 de 1999 constituye una excepción a dicha regla, pues establece la suspensión y el restablecimiento de la exigibilidad de las garantías otorgadas tanto por el deudor, sometido a un acuerdo de reestructuración, como por terceros, en los términos y eventos allí indicados. Finalmente, considera que la coherencia de los artículos demandados con el resto del articulado se confirma al analizar que, precisamente, suspender y condicionar la exigibilidad de las garantías otorgadas por terceros constituye una motivación para que los acreedores participen en la consecución de una fórmula que garantice la subsistencia de la empresa. Con respecto de los cargos elevados por el actor, contra los parágrafos primero y segundo del artículo 14 e inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999, por transgredir los principios de libertad económica e iniciativa privada (artículos 333 y 334 de la Constitución), considera que no puede prosperar, como quiera que estos principios sirven de sustento a los preceptos acusados debido a que la reactivación de las empresas en crisis racionaliza la economía, mejora la calidad de vida, promueve la distribución equitativa de oportunidades y respeta la primacía del interés general sobre el particular, aunque restrinja, temporalmente, la efectividad de las garantías. Además considera equivocada la afirmación del actor, según la cual las normas demandadas no responden a ningún interés colectivo, puesto que “resulta absolutamente claro que la actividad empresarial constituye el principal fundamento del desarrollo, involucra una función social e impone obligaciones, que corresponde al estado (sic) regular e intervenir en la magnitud, intensidad y contexto que a ella subyace”. 4. Contradice la afirmación relativa a que un código no se puede modificar a través de una ley de intervención económica, pues, tal conceptuación del actor “denota desconocimiento de la más elemental regla de expedición legislativa y de la clasificación de las leyes, pues, una ley de intervención es una ley ordinaria”. Agrega, que un código y una ley de intervención económica se sujetan a igual trámite, tienen la misma fuerza vinculante e iguales características. Finalmente, califica como imprecisa la imputación relativa al quebrantamiento del principio de igualdad habida cuenta que el legislador puede dar diverso tratamiento a distintos supuestos de hecho –unas acreencias hacen parte de un acuerdo de reestructuración y otras no-, además justifica suspender o condicionar la exigibilidad de las garantías otorgadas por terceros, debido a que “una crisis sistémica que involucra los sectores real y financiero, con una capacidad de perturbación macroeconómica bastante severa, con un efecto sumamente grave en materia de empleo, unida, además, a la crítica situación financiera de las entidades territoriales, que finalmente corresponde al entorno donde se desarrolla la actividad empresarial. De otra parte, señala que esta Corte ha reconocido que, en materia de intervención económica, corresponde al juzgador realizar un juicio débil al frente del principio de igualdad que permita salvaguardar la libertad de configuración política y legislativa del Congreso de la República y su amplio margen de intervención y regulación, siendo legítimas las diferenciaciones que resulten “simplemente adecuadas para alcanzar una finalidad permitida, esto es, no prohibida por el ordenamiento constitucional” (subraya el interviniente). Concluye, bajo los anteriores presupuestos, que estando, como a su juicio lo están, plenamente justificadas las medidas de intervención económica, por cuanto se trata de mecanismos destinados a superar las causas y consecuencias de la crisis empresarial, no resulta discriminatorio suspender temporalmente o condicionar la exigibilidad de las garantías otorgadas por terceros, como respaldo de las obligaciones incluidas en un acuerdo de reestructuración. 3. Asociación Nacional de Industriales El ciudadano Luis Carlos Villegas Echeverri, en su condición de representante legal de la Asociación Nacional de Industriales -ANDI, acudió al presente proceso para manifestar su desacuerdo con los cargos elevados por el actor y solicitar la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas. Con tal fin, expuso los argumentos que a continuación se sintetizan: Disiente de los planteamientos del actor relativos a que la Ley 550 de 1999 vulnera el artículo 58 de la Constitución Política, que consagra el derecho a la propiedad y la inviolabilidad de los demás derechos adquiridos, en cuanto encuentra que derechos de garantía constituyen fenómenos complejos, en su adquisición y ejercicio, con causas y actos de diversa naturaleza que se suceden en el tiempo, lo que implica que en determinado momento y respecto del mismo derecho existan aspectos consolidados y pendientes, por ello concluye que un cambio de legislación no afecta la integridad de los derechos, sino asuntos relativos a ellos. Agrega que los efectos de la Ley 550 de 1999 sobre las garantías preexistentes son retrospectivos y no retroactivos, para efecto cita el inciso tercero del artículo 79 demandado -que prevé la posibilidad de iniciar y continuar procesos judiciales existentes, hasta un determinado momento procesal, mientras se negocia el acuerdo de reestructuración-, porque en este caso si bien la constitución de la garantía fue anterior a la norma, su ejecución no había comenzado o no se había consolidado. Igualmente, señala que si no es posible predicar la retroactividad con respecto de las garantías otorgadas con anterioridad a la vigencia de la ley, mucho menos lo es en relación con las otorgadas después, sobre las cuales se aplica el principio general de aplicación de la ley hacía el futuro. 2. Respecto de los cargos formulados porque las disposiciones demandadas quebrantan el principio de unidad de materia sostiene “(..) la relación entre el régimen de garantías y la estructura financiera y administrativa de las empresas garantes”, guardan entre sí conexidad teleológica, temática y sistemática. Para soportar la anterior conclusión, cita las Sentencias C-025 de 1993, C-597 de 1996 y C- 374 de 1997, donde se exponen los criterios que se deben tener en cuenta para analizar el principio de unidad de materia y recuerda el título de la Ley 550 de 1999 junto con algunos de los fines contemplados en los numerales 1º, 2º, 4º, 7º y 11 del artículo 2º de la misma disposición. 3. Contradice las acusaciones conforme a las cuales las normas demandadas vulneran los principios de libertad económica e intervención estatal en la economía, consagrados en el artículo 333, recordando que la empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. En ese sentido, considera que las regulaciones concernientes a los acuerdos de reestructuración, en cuanto pretenden preservar las empresas viables financieramente, se justifican plenamente. Indica que los derechos de garantía como la fiducia o la solidaridad son de rango legal, de tal suerte que bien podía el Congreso de la República restringirlas o suprimirlas al regular un acuerdo de reestructuración. 4. Finalmente, en lo que tiene que ver con la presunta vulneración del numeral 2º del artículo 150 de la Carta, manifiesta que no es dable considerar que una ley de intervención no puede modificar códigos, porque se los estaría elevando categoría constitucional superior y conformando un bloque de constitucionalidad, no integrado por esta Corporación. Para concluir sostiene que bien podía la Ley 550 de 1999 modificar, transitoriamente, los Códigos Civil y de Comercio porque una y otros son leyes de igual categoría. 4. Ministerio de Desarrollo Económico El ciudadano Carlos Eduardo Serna Barbosa, actuando en representación del Ministerio de Desarrollo Económico, interviene en el presente juicio para defender la constitucionalidad de las normas demandadas. Para el efecto expone los siguientes argumentos: Se apoya en la sentencia T-014 de 1993, de la que trae apartes, para sostener que con la expedición de la Ley 550 de 1999 el Estado está cumpliendo con su deber constitucional de velar porque las empresas cumplan su función social. Agrega que como quiera que dicha normatividad es de carácter general y abstracto, sus disposiciones no pueden vulnerar el derecho a la igualdad. Considera, que los parágrafos 1º y 2º del artículo 14 y el inciso tercero del 79, en estudio, no desconocen los derechos de garantía adquiridos por los acreedores “con anterioridad a su expedición o con posterioridad a ella”, pues el propósito de éstas disposiciones consiste en “dar un mínimo de margen de tiempo razonable a la empresa, a efectos de que durante este lapso se supere la crisis, dando por el contrario, oportunidad de su recuperación, precisamente para asegurar de manera efectiva el cumplimiento de sus obligaciones.” V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION El señor Procurador General de la Nación, mediante concepto núm. 2414 recibido el 26 de enero de 2001 en la Secretaría de esta Corporación, solicita que se declare la constitucionalidad de las normas demandadas, teniendo en cuenta los siguientes argumentos: 1. Analiza la posible vulneración del principio de unidad de materia y la facultad de intervención del Estado en la economía. Para el efecto, conceptúa que la Ley 550 de 1999 se constituye en un mecanismo extraordinario, que pretende dar respuesta a los sectores real, financiero y de servicios de la economía, porque el régimen concordatario existente, diseñado para solucionar casos particulares, resultó insuficiente para atender una situación de crisis generalizada. Considera entonces, que tal afectación del sistema económico involucra necesariamente el interés general y justifica la expedición de medidas razonables que en forma proporcionada, con los objetivos propuestos, hacen ceder los derechos de los particulares, sin quebrantar disposiciones constitucionales. En ese sentido, pone de presente que no es la primera vez en que la ley regula el cobro de las acreencias y la exigibilidad de las garantías, o que estimula los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para salvaguardar la unidad económica de la empresa y reestructurar su pasivo, porque se trata de medidas que redundan en favor de los derechos de trabajadores, socios y terceros y del sistema económico en general, que se verían perjudicados con el cierre definitivo de las empresas. A juicio del Representante de la Sociedad, la Ley 550 de 1999 tiene el carácter de una ley de intervención económica y se enmarca dentro de los artículos 333 y 334 de la Constitución que encargan de la dirección general de la economía al Estado facultándolo para regular los efectos de las fuerzas del mercado y atenuar el impacto de los factores que lo distorsionan, siempre que lo considere necesario, en beneficio del bien común. Respecto del cargo formulado porque las normas en estudio vulneran el principio de unidad de materia, afirma que no le asiste razón al demandante habida cuenta que, a su juicio, se presenta una relación directa entre el proceso de reestructuración del empresario y de las “entidades descentralizadas” que se encuentran en incapacidad de cumplir con las obligaciones a su cargo, y las garantías que respaldan tal cumplimiento. Añade que en el proceso de reestructuración se “requiere desestimular las garantías, porque si ellas están representadas en el patrimonio del mismo deudor, harán imposible su reactivación y si involucran a terceros, terminarán igualmente afectando a los deudores.” Para concluir con este aparte, aduce que el contenido de los preceptos acusados está estrechamente relacionado con el título y los objetivos de la ley que los contiene. 2. Considera equivocado el cargo según el cual una ley de intervención económica no puede reformar códigos, puesto que toda la legislación vigente se puede modificar mediante la expedición de leyes ordinarias, “siempre y cuando no se trate de leyes de jerarquía superior, como ocurre en este caso, donde se están modificando leyes ordinarias a través de una ley de igual naturaleza”. 3. Disiente del actor respecto del supuesto desconocimiento de los derechos de garantía adquiridos por los acreedores, puesto que señala que las normas se limitan a regular su ejecución, al tiempo que salvaguardan la empresa para que pueda cumplir con todas sus obligaciones. Como sustento de lo anterior, pone de presente el carácter inescindible y subsidiario de las garantías, en relación con las obligaciones que respaldan y cita el artículo 28 de la Ley 153 de 1887, para afirmar que lo relativo al ejercicio, cargas y extinción de los derechos reales se rige por la ley nueva, no por las disposiciones vigentes al tiempo de su constitución. Por ello, deduce que el acreedor no tiene un derecho adquirido sobre el bien o patrimonio que sirve de garantía a su crédito, en cuanto el primero aún no ha ingresado al suyo, no obstante, reconoce que como el patrimonio del deudor se afecta con la disminución o pérdida de las garantías constituidas a su favor “una nueva ley no puede despojar al acreedor de su derecho a exigir el cumplimiento de una obligación o en su defecto exigir la garantía correspondiente”, en tanto la misma ley si “puede modificar la forma y oportunidad de hacer efectiva esa garantía”. 4. Alude al cargo relativo a la violación del principio de igualdad, para sostener que los parágrafos 1º y 2º del artículo 14 y el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999 no lo vulneran, toda vez que restringen, temporalmente, la efectividad de los derechos de garantía con el fin de propiciar un acuerdo entre acreedores y deudores creando condiciones para reactivar la empresa y evitar su descapitalización, estableciendo distinciones de trato que encuentra razonables, según los argumentos que se resumen a continuación: - Crea un régimen solo aplicable a las garantías de los créditos adquiridos por el empresario en acuerdo de reestructuración. - Diferencia el procedimiento para hacer efectivas las garantías otorgadas con anterioridad de las constituidas con posterioridad a la vigencia de la misma, por cuanto, para hacer efectivas las primeras el acreedor puede i) exigir el cumplimiento de las disposiciones contractuales, ii) iniciar los procesos judiciales, iii) solicitar medidas cautelares, iii) adelantar los trámites, hasta obtener sentencia en firme o hasta la etapa previa a la enajenación del inmueble y iv) continuar el trámite suspendido, si después de 4 meses no se logra el acuerdo de reestructuración; en tanto la exigibilidad de las segundas queda sujeta al proceso de reestructuración pero, “como compensación”, los términos de caducidad de las acciones relativas a los créditos se suspenden. - Concede una protección especial, a quien ocupa un inmueble dado en garantía, siempre que cumpla con los requisitos por ellos exigidos. - Prevé que todos los créditos se atiendan según lo establecido en el acuerdo. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia De conformidad con lo expuesto en el artículo 241, numeral 4º. de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, porque las disposiciones acusadas están contenidas en la Ley 550 de 1999. 2. Problema jurídico planteado Corresponde a la Corte decidir si los parágrafos 1º y 2º del artículo 14, al igual que el inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999, quebrantan los artículos 13, 58, 150 2º y 21, 158, 333 y 334 de la Constitución Política. Por ello, previamente, se estudian los efectos de los convenios de reestructuración empresarial y se definen los alcances de las disposiciones acusadas. Enseguida se determina si i) las mismas, como instrumentos de una política de intervención económica, pueden modificar los Códigos Civil y de Comercio, ii) la Ley 550 de 1999 cumple con las previsiones del numeral 21 del artículo 150 constitucional, iv) hay unidad material entre las normas acusadas, el título y los fines y alcances de la ley, y si v) el Estado está facultado para proyectar su política de intervención económica hacia los intereses de los acreedores del empresario en crisis. Para concluir se analiza la vulneración del orden constitucional denunciada por el actor, porque se estarían desconociendo injustificadamente las prerrogativas adquiridas por el titular de los derechos de garantía otorgados por terceros, y estableciendo diferencias de trato injustificadas entre los acreedores del empresario en crisis. 3. Consideraciones preliminares 3.1. Sentido y alcances de los parágrafos 1º y 2º del artículo 14 y del inciso tercero del artículo 79 de la Ley 550 de 1999 1. El derecho concursal[2] actual, además de los principios de libertad de empresa, libre iniciativa privada y libertad de disponer de lo propio, se sustenta en el respeto de los derechos ajenos y en la sujeción de los intereses individuales al interés colectivo y al beneficio común –artículos 16, 58, 95, 333 y 334 C.P.-. Así, esta rama o disciplina del derecho no desconoce que el deudor debe cumplir con las obligaciones adquiridas y que, correlativamente, el acreedor tiene derecho a perseguir sus bienes hasta lograr la satisfacción total de su crédito, sino que, ante la imposibilidad del primero de atender puntual y satisfactoriamente todas sus obligaciones, reemplaza la ejecución singular por una colectiva en la que se satisfacen los derechos de crédito concurrentes de manera ordenada, amén de solucionar todos los pasivos, mediante un tratamiento igualitario que, además, garantice el reparto equitativo de las pérdidas, dentro del rango adquirido por cada acreedor –par conditio creditorum-. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto que un mecanismo liquidatorio, destinado únicamente a atender en forma ordenada la ejecución colectiva del patrimonio del deudor incumplido, sin reparar en la destrucción de la empresa, además de no asegurar la satisfacción total del crédito, puede generar una daño económico de gran envergadura, en especial cuando afecta a empresas de grandes dimensiones, o ante una situación generalizada de anormalidad en la satisfacción de las obligaciones legítimamente contraídas[3]. De ahí que para traer a la normalidad económica al empresario en situación de crisis, evitar la desmembración de la empresa y conciliar los intereses de deudor y acreedores enfren...