Sentencia C-585 de 2015

C-585-15 Sentencia C-585/15 ESTABLECIMIENTO DE CONTRIBUCION DIFERENCIAL DE PARTICIPACION DE COMBUSTIBLE-No vulnera el principio de legalidad tributaria La Corte considera que los segmentos normativos demandados de los artículos 69 y 70 (parciales) de la Ley, se ajustan al principio de legalidad, pues en cuanto se refiere a la delegación para reglamentar obligaciones formales no se comprometen derechos fundamentales y es una atribución excepcional. En lo atinente a los elementos sustanciales de la contribución, estos se determinan expresamente. Si bien el artículo 70, en sus numerales 1 y 2, emplea nociones que tienen una contrapartida variable en la realidad económica (precios de paridad internacional y de referencia), la reserva de ley permite esta clase de remisiones en casos como este, aunque no se fije en detalle el mecanismo de determinación de la variable, por cuanto se trata de un ejercicio del poder tributario en una realidad sujeta a cambios sucesivos, y en la cual el legislador señala estándares o criterios generales flexibles para crear el mecanismo, designa el competente para fijar el valor, qué fuente puede definir las reglas específicas sobre la materia, y aparte no faculta al Ejecutivo para cambiar, introducir elementos o modificar reglas trazadas en la Ley, se trata de una labor de mera concreción. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VIOLACION DE LOS PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD-Jurisprudencia constitucional/PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD FLEXIBLE EN TRAMITE LEGISLATIVO-Línea jurisprudencial/PRINCIPIOS DE CONSECUTIVIDAD E IDENTIDAD Y SU OBLIGATORIA OBSERVANCIA EN EL TRAMITE LEGISLATIVO-Jurisprudencia constitucional CONTRIBUCION PARAFISCAL A COMBUSTIBLES “DIFERENCIAL DE PARTICIPACION”-Clasificación dentro de las especies constitucionales de tributos PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA-Jurisprudencia constitucional PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA-Implicaciones El principio de legalidad en materia tributaria tiene cuando menos tres implicaciones: una, es el reconocimiento de que el poder de decretar, modificar o suprimir tributos en tiempo de paz es competencia exclusiva de los órganos de representación popular pluralistas (CP arts 150 num 12, y 338); dos, es un deber de estos órganos de representación popular predeterminar con claridad y certeza los elementos mínimos de la obligación tributaria (CP art 338); y tres, es una prohibición a las entidades territoriales de establecer contribuciones en contravención a lo dispuesto en la Constitución y la ley (CP arts 300 num 4 y 313 num 4). PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN MATERIA TRIBUTARIA-Contenido y alcance CONFIGURACION LEGISLATIVA TRIBUTARIA EN OBLIGACIONES FORMALES-Condiciones para delegación en la administración CONFIGURACION LEGISLATIVA TRIBUTARIA EN OBLIGACIONES SUSTANCIALES-Determinación política de los elementos del tributo está sujeta al rigorismo propio del principio de legalidad PRINCIPIO DE CERTEZA TRIBUTARIA-Exigencias Referencia: Expedientes D-10617 y D-10622 Actores: Andrés de Zubiría Samper, Camilo Araque Blanco y otro Acciones públicas de inconstitucionalidad contra los artículos 45, 69 y 70 (parciales) de la Ley 1739 de 2014 ‘Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones’. Magistrada Ponente: MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil quince (2015) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES 1. En ejercicio de la acción de inconstitucionalidad consagrada en los artículos 40-6, 241-4 y 242-1 de la Constitución, el ciudadano Andrés de Zubiría Samper demandó los artículos 45, 69 y 70 (parciales) de la Ley 1739 de 2014 ‘Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones’. Los ciudadanos Camilo Araque Blanco y Juan David Mesa Ramírez demandaron los artículos 69 y 70 (parciales) de la referida normativa. En su concepto, estas normas legales desconocen los artículos 1, 13, 150, 157, 160, 338 y 363 de la Carta. El 21 de enero de 2015, la Corte Constitucional decidió acumular las demandas precitadas para ser tramitadas conjuntamente. Mediante auto del 3 de febrero de 2015 se admitieron las acciones, y se ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente del Congreso de la República, al Presidente de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y al Ministerio de Minas y Energía (artículo 11 del Decreto 2067 de 1991), al Centro de Investigación Económica y Social, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario, al Centro de Estudios Tributarios de Antioquia, al Centro Interdisciplinario de Estudios sobre Desarrollo de la Universidad de los Andes, al Centro de Investigación para el Desarrollo de la Universidad de Medellín, a la Organización Dejusticia y al Colegio de Estudios Superiores de Administración (artículo 13 del Decreto 2067 de 1991). Por último, se ordenó correr traslado al Ministerio Público, y fijar en lista el proceso para efectos de las intervenciones ciudadanas (artículo 7 del Decreto 2067 de 1991). 2. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Sala Plena de la Corte Constitucional procede a decidir la demanda de la referencia. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcriben las normas acusadas, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 49.374 de 23 de diciembre de 2014. La acción del expediente D-10617 se dirige contra las disposiciones en su integridad, mientras la del expediente D-10622 contra las que se resaltan en negrilla: “LEY 1739 DE 2014 (diciembre 23) Diario Oficial No. 49.374 de 23 de diciembre de 2014 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: […] ARTÍCULO 45. Modifíquese el artículo 872 del Estatuto Tributario, el cual quedará así: “Artículo 872. Tarifa del gravamen a los movimientos financieros. La tarifa del gravamen a los movimientos financieros será del cuatro por mil (4x1.000). La tarifa del impuesto a que se refiere el presente artículo se reducirá de la siguiente manera: – Al tres por mil (3 x 1.000) en el año 2019. – Al dos por mil (2 x 1.000) en el año 2020. – Al uno por mil (1 x 1.000) en el año 2021. PARÁGRAFO. A partir del 1o. de enero de 2022 deróguense las disposiciones contenidas en el Libro Sexto del Estatuto Tributario relativo al Gravamen a los Movimientos Financieros”. […] ARTÍCULO 69. CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL A COMBUSTIBLE. Créase el “Diferencial de Participación” como contribución parafiscal, del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles para atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles, de conformidad con las Leyes 1151 de 2007 y 1450 de 2011. El Ministerio de Minas ejercerá las funciones de control, gestión, fiscalización, liquidación, determinación, discusión y cobro del Diferencial de Participación. […] ARTÍCULO 70. ELEMENTOS DE LA CONTRIBUCIÓN “DIFERENCIAL DE PARTICIPACIÓN”. 1. Hecho generador: Es el hecho generador del impuesto nacional a la gasolina y ACPM establecido en el artículo 49 de la presente ley. El diferencial se causará cuando el precio de paridad internacional, para el día en que el refinador y/o importador de combustible realice el hecho generador, sea inferior al precio de referencia. 2. Base gravable: Resulta de multiplicar la diferencia entre el precio de referencia y el precio de paridad internacional, cuando esta sea positiva, por el volumen de combustible reportado en el momento de venta, retiro o importación; se aplicarán las siguientes definiciones: a) Volumen de combustible: Volumen de gasolina motor corriente nacional o importada y el ACPM nacional o importado reportado por el refinador y/o importador de combustible; b) Precio de referencia: Ingreso al productor y es la remuneración a refinadores e importadores por galón de combustible gasolina motor corriente y/o ACPM para el mercado nacional. Este precio se fijará por el Ministerio de Minas, de acuerdo con la metodología que defina el reglamento. 3. Tarifa: Ciento por ciento (100%) de la base gravable. 4. Sujeto Pasivo: <Inciso corregido por el artículo 5 del Decreto 1050 de 2015. El texto corregido es el siguiente:> Es el sujeto pasivo al que se refiere el artículo 49 de la presente ley. 5. Periodo y pago: El Ministerio de Minas calculará y liquidará el diferencial, de acuerdo con el reglamento, trimestralmente. El pago, lo harán los responsables de la contribución, a favor del Tesoro Nacional, dentro de los 15 días calendario siguientes a la notificación que realice el Ministerio de Minas sobre el cálculo del diferencial”. III. LAS DEMANDAS 3. El ciudadano Andrés de Zubiría Samper solicita declarar inexequibles los artículos 45, 69 y 70 (integrales) de la Ley 1739 de 2014 ‘Por medio de la cual se modifica el Estatuto Tributario, la Ley 1607 de 2012, se crean mecanismos de lucha contra la evasión, y se dictan otras disposiciones’. En su concepto, las normas citadas vulneran los artículos 1, 13, 157, 338 y 363 de la Constitución. Sus acusaciones se sintetizan en tres cargos que se presentan a continuación: 3.1. En primer término sostiene que el artículo 45 demandado se opone de manera directa al concepto del Estado Social de Derecho y desconoce el principio constitucional de igualdad real y material –artículos 1 y 13 Superiores respectivamente-. Considera que el gravamen a los movimientos financieros contemplado en la norma legal precitada, dada su calidad de tributo indirecto, grava por igual a todos los contribuyentes sin hacer ningún tipo de distinción en lo relativo a la capacidad de pago de cada ciudadano, desconociendo así la obligación que se encuentra en cabeza del Estado de incorporar tratamientos diferenciados y acciones afirmativas a favor de quienes por su condición económica se encuentran en un estado de vulnerabilidad. 3.2. En segundo lugar aduce que los artículos 69 y 70 de la norma acusada atentan contra los principios de identidad y consecutividad contenidos en el artículo 157 Superior. Sostiene que la jurisprudencia de esta Corporación ha determinado que dentro del trámite legislativo de un proyecto de ley se pueden proponer modificaciones, siempre que estas “no incluyan temas nuevos, [guarden una] identidad con lo debatido y aprobado en las comisiones [y] exista una relación de conexidad material entre el proyecto y las modificaciones que se propongan al mismo”. Asevera que los artículos referidos no se incluyeron en el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional al Congreso de la República, como tampoco en la ponencia que se presentó para primer debate, siendo “discutidos y votados [sólo] en segundo debate (en las plenarias del Senado de la República y de la Cámara de Representantes)”, lo que a su juicio vulnera los principios de consecutividad e identidad legislativas. 3.3. Finalmente, la demanda plantea que el artículo 45 censurado contraviene los principios de equidad, eficiencia y progresividad en materia tributaria (CP arts 338 y 363). Desde su punto de vista, el gravamen a los movimientos financieros desconoce la capacidad de pago de todos los contribuyentes, lo cual genera una regresividad tributaria y atenta contra la noción que este Tribunal ha decantado respecto a la progresividad en materia tributaria que busca “igualar la situación de los contribuyentes distintos ante el fisco, determinando una escala de coeficientes que se incrementan […] proporcionalmente en la medida en que suben sus disponibilidades de rentas o consumos”. 4. Los ciudadanos Camilo Araque Blanco y Juan David Mesa Ramírez, en la demanda del expediente D-10622, solicitan se declaren inexequibles los artículos 69 y 70 (parciales, subrayados) de la norma demandada por vulnerar los artículos 150 (numerales 12 y 21), 160, 334 y 338 Superiores. Plantearon sus acusaciones en los siguientes términos: 4.1. La demanda asegura que permitirle al Ministerio de Minas y Energía fijar la base gravable del valor de los precios de los combustibles a través de un acto administrativo, desconoce el principio de reserva de ley en materia tributaria, el cual establece “que los asuntos propios al radio de acción del principio de reserva de ley, no pueden ni deben ser regulados a través de actos administrativos, entendidos como resoluciones, circulares, decretos reglamentarios y demás actos administrativos”, como ocurre en la fijación de cualquier tipo de tributo u obligación impositiva. En ese sentido, consideran que las normas demandadas otorgan al Ministerio de Minas y Energía la facultad para “intervenir la economía en materia de combustibles” aun cuando “en nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna [norma que faculte] al Gobierno Nacional [para tal fin] y lo ubica en un espacio de discrecionalidad absoluta”. Para los demandantes, los artículos 69 y 70 de la norma demandada reproducen íntegramente el contenido del literal C del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011[1], el cual fue declarado inexequible por la Corte mediante la sentencia C-621 de 2013[2], por la ausencia de parámetros legales para la determinación de la base gravable del combustible por parte del Ministerio de Minas y Energía. En ese sentido, sugieren que la acción pública de inconstitucionalidad sea resuelta con base en la referida sentencia. 4.2. De otro lado, los actores aseveran que los artículos 69 y 70 de la norma acusada contravienen los dispuesto en el artículo 160 Superior, toda vez que no fueron “incluidos, discutidos, debatidos y aprobados en todas y cada una de las instancias legislativas de ambas cámaras tanto en Comisión Constitucional Permanente y en Plenaria”, situación que, en su criterio, “vicia de manera automática [las disposiciones], en la medida, que esta no fue consecuencia del juicioso y sensato debate por parte de los miembros del congreso”. IV. intervenciones Ministerio de Minas y Energía 5. El Ministerio de Minas y Energía interviene para solicitar un fallo inhibitorio, ya que en las demandas no se expone en forma apta el concepto de inhibición. En subsidio, solicita se declare la exequibilidad de las normas acusadas por cuanto las demandas no exponen con suficiencia el concepto de violación. No obstante, en lo que respecta al cargo de reserva de ley en materia tributaria y a la supuesta vulneración de los artículos 150 (numeral 12) y 338 de la Constitución, sostiene que, contrario a lo establecido por los demandantes, el Ministerio de Minas y Energía es competente para fijar los precios y tarifas de los combustibles con fundamento en el Decreto Ley 1056 de 1953, los artículos 58 y 59 de la Ley 489 de 1998 y en el numeral 5 del artículo 5 del Decreto Reglamentario 381 de 2012, por lo que asegura que no ha existido ninguna extralimitación por parte del Ministerio o el Congreso. Afirma que la fijación de la tarifa de los combustibles no le corresponde al Congreso, toda vez que este valor no es un impuesto sino un precio que los usuarios pagan por este bien. En lo relativo a la aplicación del precedente establecido en la sentencia C-621 de 2013, afirma que no es de recibo la argumentación expuesta por los demandantes por cuanto los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 no transcriben ni reproducen, ni integral ni parcialmente, el contenido normativo del literal C del artículo 101 de la Ley 1450 de 2011. Instituto Colombiano de Derecho Tributario – ICDT 6. El ICDT solicita declarar inexequibles las disposiciones acusadas. En su criterio, el artículo 45 demandado que posterga la derogación del gravamen a los movimientos financieros hasta el año 2022, vulnera los principios constitucionales a la igualdad, equidad, progresividad y eficiencia en la tributación, además del principio de confianza legítima por la expectativa que tenían los ciudadanos frente a la disminución paulatina del GMF y su desaparición definitiva en el año 2018, como lo precisa la Ley 1694 de 2013. En lo tocante al cargo contra los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014 por vulneración del principio de reserva de ley, a juicio del Instituto, “las disposiciones acusadas producen una directa afectación a los elementos del tributo, porque de la fijación del precio de referencia que haga el Ministerio de Minas y Energía, se deriva la determinación de los elementos fundamentales de la llamada ‘CONTRIBUCIÓN PARAFISCAL’”. En consecuencia, considera que la facultad otorgada en los apartes demandados al Ministerio de Minas y Energía corresponde ejercerla directamente al legislador por mandato Superior (CP arts 158 -12 y 338). Concluye su intervención afirmando que las disposiciones demandadas también vulneran el artículo 359 Superior, ya que la “Contribución parafiscal” es un impuesto con destinación específica que “no está amparado por ninguna de las excepciones que consagra la referida norma [y] es una “renta atada” porque la Ley dice que su destino es “atenuar las fluctuaciones de los precios de los combustibles”, motivo que ni es inversión social ni está vinculado a las transferencias a las entidades territoriales”. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 7. La DIAN interviene para pedirle a la Corte que declare la exequibilidad de los artículos 45, 69 y 70 de la norma acusada. Frente a la vulneración de los principios de progresividad y equidad en materia tributaria, considera que el GMF es un tributo indirecto que grava la operación financiera y no a las personas, por lo que no se afectan directamente los ingresos de los contribuyentes. Asegura que dada la calidad de impuesto real, “el hecho generador es independiente de los elementos subjetivos, referido únicamente a operaciones financieras, de tal forma que si se establecen beneficios, éstos deben ser relativos a aquellas y no a los sujetos que las realizan, [d]e donde surge que dado que no se grava la riqueza del sujeto pasivo o su patrimonio, […] se presume la capacidad contributiva en el momento de efectuar la operación financiera”. Sumado a lo anterior, afirma que el legislador goza de autonomía para fijar tributos y que todos los ciudadanos están obligados a contribuir al financiamiento de los gastos públicos, circunstancias por las cuales un tributo como el GMF no puede ser creado y recaudado “atendiendo al criterio de progresividad, sin que por ello signifique que son inconstitucionales”. De otro lado, en cuanto a la discusión que se plantea en la demanda en relación con la vulneración del principio de legalidad, asegura de conformidad con el artículo 334 Superior, le corresponde al Estado la intervención en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes para “garantizar el cumplimiento de sus fines esenciales […] motivo suficiente para inferir que la norma [acusada] no establece márgenes inconstitucionales de intervención del ejecutivo en la política pública”. El ciudadano Boris Andrés Lombana Salazar 8. Este ciudadano en su intervención coadyuva la demanda. Dice que los artículos 69 y 70 de la Ley acusada contravienen de manera clara y seria principios constitucionales como la cláusula general de competencia restrictiva del Congreso de la República (CP art 150), el de reserva de ley para intervenir directamente en la economía y el de reserva de ley en asuntos tributarios (CP art 338). Advierte que la norma demandada no establece de qué forma el Ministerio de Minas y Energía deberá reglamentar la fijación del precio del combustible, aun cuando, a su juicio, es claro que “la facultad de fijación de precios o tarifas se encuentra en cabeza del legislativo y no del ejecutivo”. Igualmente, señala que con fundamento en el artículo 334 Superior, “cualquier intromisión o variación en el dinamismo del mercado, debe ser con sujeción a una ley en sentido formal y material” que salvaguarde el principio democrático, según el cual la soberanía está en cabeza del pueblo y se expresa mediante la decisión de sus representantes. Eso no es, empero, lo que ocurre en este caso. Ministerio de Hacienda y Crédito Público 9. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público interviene para solicitar la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas. Considera que el cargo relativo a la vulneración de los principios de progresividad y equidad en materia tributaria del artículo 45 demandado, carece de una exposición clara y suficiente de la violación, por lo cual “no es posible ni siquiera generar un aviso de duda respecto a la violación de estos principios constitucionales”. Ahora bien, respecto al cargo por presunta vulneración de los principios de identidad y consecutividad, señala que los artículos 69 y 70 acusados no los desconocen, por cuanto cumplen con el “requisito jurisprudencia[l] de conexidad en cuanto [al] contenido material de la Ley 1739 de 2014, ya que como su mismo título lo expresa, se trata de una verdadera reforma tributaria nacional que modificó normas del Estatuto Tributario”. Por lo anterior, la intervención presenta frente a este cargo una petición en el sentido de declarar la ineptitud sustantiva de la demanda. En relación con la vulneración del principio de legalidad, el Ministerio advierte que, contrario a lo afirmado por los actores, el artículo 70 demandado establece los elementos de la base gravable directamente, delimitando varios parámetros para su cálculo, el cual le corresponde al Ministerio de Minas y Energía a efectos de fijar el precio de los combustibles. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION 10. El Procurador General de la Nación, en su Concepto 5909, le pide a la Corte, en primer término, declararse inhibida para conocer de fondo la demanda contra el artículo 45 de la Ley 1739 de 2014 por la violación de los principios de igualdad, de progresividad y equidad tributarias, ante la falta de certeza en la formulación de ese cargo contra la misma. Al respecto, asegura que el artículo 879 del Estatuto Tributario establece 28 tipos de exenciones al pago del GMF, cinco de los cuales responden al principio de equidad tributaria porque consultan la capacidad de pago de los obligados o su condición socioeconómica.[3] Por lo anterior, en criterio del Ministerio Público, se puede “[…] concluir que no es verdad que, como lo afirma uno de los accionantes, la tarifa del gravamen a los movimientos financieros regulada en el artículo 45 de la Ley 1739 de 2014 vulnere los principios de igualdad, progresividad y equidad tributarios, al supuestamente gravar de igual manera a todos los contribuyentes sin tener en cuenta sus diferentes capacidades de pago.” Advierte, que las exenciones dispuestas por el legislador se basan en el principio de equidad tributaria relacionadas con la capacidad de pago de los contribuyentes. De ahí que, “el concepto de violación del cargo analizado carece de certeza porque el mismo no recae sobre una proposición jurídica real y existente sino sobre una deducida por el actor a través de una simple afirmación que carece de cualquier demostración”, situación que exige a la Corte declararse inhibida para emitir un pronunciamiento de fondo. 11. En segundo término, el Ministerio Público le pide a la Corte declarar la inexequibilidad de los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014. En lo referente al cargo de trámite, considera que efectivamente los artículos acusados no fueron objeto de presentación, discusión y aprobación en todas las sesiones del Congreso, siendo presentados solo en segundo debate de las cámaras. Sin embargo, sostiene que “debe analizarse si con tal trámite y aprobación” se conservó la materia dominante y el núcleo temático del proyecto de Ley. Al respecto concluyó que las normas demandadas crearon un nuevo tributo parafiscal en el segundo debate surtido en la Cámara de Representantes y en el Senado y, “dado que se trata de la creación de un nuevo impuesto [,] es claro que dicha creación necesariamente debió ser objeto de presentación, discusión y aprobación desde el primer debate”, por lo que afirma que los artículos demandados son inconstitucionales, toda vez que en su formación se incurrió en la violación del principio de identidad legislativa. Finalmente, sostiene que a partir del contenido y los efectos de la norma demandada, es claro que los elementos de la contribución deben fijarse por vía legal de conformidad con el principio de legalidad de los tributos, “en tanto que todos los elementos de la tributación los debe fijar directamente el legislador [CP art. 338]”. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS Competencia 1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda en virtud del artículo 241 numeral 4 de la Carta. Asunto previo. Examen de aptitud de las demandas. a. Inhibición en cuanto a las acusaciones por vicios de forma, en ambas demandas 2. En las dos demandas acumuladas dentro de este proceso hay una acusación común contra los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, que contemplan la ‘Contribución parafiscal al combustible’ y desarrollan sus elementos, pues ambas dicen que en su trámite se violaron los principios de consecutividad e identidad (CP arts 157 y 160). Ahora bien, para sustentar ese cuestionamiento, la acción del expediente D-10617 se limita a identificar tres hechos: (i) que la contribución y sus elementos no aparecían en el proyecto de ley inicialmente radicado, (ii) que tampoco se incluyeron en la ponencia para primera debate en Comisiones conjuntas de Senado y Cámara, y (iii) que en la publicación del texto aprobado en segundo debate en Plenaria del Senado los artículos 69 y 70 del proyecto de ley se identifican como “Nuevo[s]”. A partir de lo cual el actor opina que por tanto “debe concluirse” que se violaron los mencionados principios constitucionales. La otra acción pública, contenida en la demanda del expediente D-10622, se contrae a afirmar que basta con un cotejo de los antecedentes legislativos –cotejo que no hace explícito- “para concluir que los artículos 69 y 70 de la Ley 1739 de 2014, no hicieron parte integral desde un comienzo de los diferentes 4 debates adelantados en el Congreso, ni del contenido del proyecto legislativo en las diferentes instancias”. La Corte considera que estas acusaciones no son aptas para provocar un fallo de fondo. 3. En efecto, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que para estructurar un cargo de inconstitucionalidad sobre la base de un vicio por violación de los principios consecutividad e identidad, “no basta con establecer que un determinado texto aprobado en plenaria es nuevo respecto de lo aprobado en la comisión”.[4] No es suficiente una acusación con solo esas características, pues en ciertos casos lo que indican “es permitido por la Constitución y la ley orgánica del reglamento del Congreso”.[5] Como se mencionó en la sentencia C-856 de 2005, para formular un cargo apto de inconstitucionalidad por vulneración de estos parámetros, es necesario que indicar “la forma como la introducción de modificaciones, adiciones y supresiones al proyecto de ley durante el segundo debate desconocen los principios de consecutividad e identidad relativa sobre el fundamento que i) no guardan relación de conexidad temática con lo debatido y aprobado en el primer debate y ii) no se refieran a los temas tratados y aprobados en el primer debate o no cumplieron los debates reglamentarios”.[6] En la sentencia C-082 de 2014, la Corte Constitucional presentó esa jurisprudencia del siguiente modo: “[..] para que un cargo por violación del principio de consecutividad se considere sustancialmente apto, y se entiendan cumplidos los presupuestos de suficiencia y pertinencia, es necesario que el demandante: (i) identifique el texto nuevo o adicionado, y, adicionalmente, (ii) que señale, así sea de forma sucinta, las razones por la[s] cuales el artículo nuevo o modificado no guarda relación de conexidad con lo debatido inicialmente ni con los objetivos perseguidos por la ley del cual hace parte”.[7] 4. En este caso las demandas solo cumplen la primera condición enunciada; es decir, identifican los textos nuevos o adicionados en la Plenaria del Senado de la República en segundo debate. No obstante, no exponen siquiera de forma sucinta las razones fundadas en virtud de las cuales sostienen que los artículos nuevos carecen de relación de conexidad con lo debatido inicialmente en las Comisiones conjuntas ni con los objetivos perseguidos por la ley de la cual forman parte. De hecho, los ciudadanos ni siquiera se detienen a describir qué se debatió en el primer debate en Comisiones conjuntas, a la luz de la presentación que reglamentariamente debe hacerse de estos aspectos en las ponencias para debates en Plenaria (L 5 art 175). En vista de lo cual, la acusación es insuficiente, toda vez que las acciones no exponen “los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche”,[8] ni despiertan en esas condiciones una duda razonable de inconstitucionalidad.[9] Por ende, la Corte Constitucional se inhibirá de examinar el fondo de estas censuras. b. Inhibición respecto de las restantes acusaciones de la demanda D-10617 5. Ahora bien, la demanda del expediente D-10617 presenta también acusaciones contra el artículo 45 de la Ley 1739 de 2014, el cual modifica el Gravamen a los Movimientos Financieros (en adelante GMF). Dice, de un lado, que la norma vulnera el “principio del Estado social de derecho” en cuanto “conserva el gravamen a los movimientos financieros hasta el año 2018”. De otro lado, sostiene que la disposición cuestionada desconoce “los principios del sistema tributario”, en especial la progresividad en materia fiscal, por cuanto prolonga la vigencia de “un tributo indirecto”, en el cual no se toma en consideración la capacidad de pago del contribuyente. Asimismo, afirma que se vulnera el principio de igualdad. A juicio de la Sala, estas acusaciones carecen de las condiciones necesarias para provocar un estudio de fondo. Ante todo, la demanda carece de especificidad y suficiencia. En primer lugar, se limita a afirmar de manera vaga que hay una vulneración del “principio del Estado social de derecho”, por cuanto hubo un cambio en el plan de abolición del GMF, y en tal virtud se postergó su desmonte total. No obstante, no expone por qué una reforma de ese tipo supone puntualmente una violación de dicho principio, lo cual no es obvio o evidente y requiere, por tanto, una justificación. Aparte, el actor se contrae a señalar que por su estructura el GMF es contrario al principio de progresividad tributaria, sin mostrar por qué el hecho de que tenga la estructura indicada significa violar el principio de progresividad del sistema tributario, que es el que ampara la Constitución (CP art 363).[10] 6. Además, esta tampoco es clara, cierta ni específica en lo que respecta a las censuras contra el artículo 45 cuestionado. Si bien al parecer las acusaciones se dirigen contra este artículo, que reforma el programa de desmonte del GMF, lo cierto es que sus reproches se articulan en torno a la idea de que el GMF en cuanto tal es inconstitucional, por su estructura regresiva, y más allá de si hay o no, o en qué circunstancias, un plan institucional para desmantelarlo. Por esta ambigüedad no es factible concluir si lo que pretende el actor es la inconstitucionalidad del tributo como un todo, o solo la modificación al programa de desmonte gradual del gravamen. Asimismo, la acción pública carece de certeza, pues el demandante parece sostener que, en virtud del artículo acusado, se “conserva el gravamen a los movimientos financieros hasta el año 2018”. En contraste, el texto de esa disposición sostiene que solo a partir del 1º de enero de “2022” se entienden derogadas las normas constitutivas de este tributo. Asimismo, si lo que pretendía el actor era la inexequibilidad del GMF como un todo, ha debido entonces demandar la totalidad de normas que identifican sus elementos esenciales, lo cual no se hizo. 7. Del mismo modo, la censura por presunto desconocimiento del principio de igualdad no se articula de forma suficiente, toda vez que no señala específicamente cuáles son los grupos o clases de sujetos que reciben un tratamiento diferente, ni por qué este –si lo hubiera- es injustificado. Por último, en relación, cabe señalar que resulta impertinente, en una acción pública de inconstitucionalidad contra una ley, contraerse a afirmar que la misma modifica un programa de desmonte gradual de un impuesto, previsto en una ley anterior, pues así planteado el reproche no pasa de ofrecer una confrontación entre normas de rango legal, lo cual es impropio de un juicio de inconstitucionalidad. La Sala advierte que en este proceso el Instituto Colombiano de Derecho Tributario (ICDT) presenta todo un desarrollo de los problemas constitucionales que, a su juicio, ostenta la modificación cuestionada en el desmantelamiento progresivo del GMF. Sin embargo, sus alegaciones no intentan adicionar argumentos a un cargo ciudadano, sino estructurar un cargo materialmente distinto de las acusaciones del actor. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que la Corte está facultada para contraer sus pronunciamientos al control de los cargos aptos presentados por los accionantes.[11] Por ende, si una acción es inepta pero las intervenciones presentan argumentos que por sí solos podrían interpretarse como cargos, la Corte debe abstenerse de emitir un fallo de fondo en lo pertinente. c. Inhibición en cuanto a la demanda del expediente D-10622, frente al cuestionamiento por vulnerar el principio de legalidad de la intervención del Estado en la economía, y delimitación del pronunciamiento 8. En vista de lo anterior, y dado que la acción del expediente D-10617 no presenta cargos aptos, la Sala Plena de la Corte se contraerá a examinar únicamente la demanda del expediente D-10622. No obstante, en esta no solo carece de aptitud lo atinente al supuesto vicio de forma, antes analizado, sino también el cuestionamiento por presunta violación del principio de legalidad en la intervención del Estado en la economía (CP art 334). Los actores se limitan a decir que, según su entendimiento, la jurisprudencia constitucional ha admitido la intervención del Estado en materias económicas, bajo unos requisitos, que enuncian sin desarrollar. No obstante, luego se abstienen de mostrar con argumentos por qué en este caso no se cumplen esas condiciones. Con lo cual, el concepto de violación planteado por la acción pública carece de suficiencia y especificidad, pues no solo no aporta los elementos de juicio necesarios para promover un debate, sino que aparte no despierta una duda sobre la constitucionalidad de la norma por ese motivo. 9. Por consiguiente, la Sala se pronunciará solo sobre la acción del expediente D-10622, y en lo que atañe al cargo contra los artículos 69 y 70 (parciales) por vulnerar el principio de legalidad tributaria (CP arts 150-2 y 338). Esta acusación reúne, en contraste con las antes analizadas, las condiciones necesarias para provocar un fallo de fondo. En efecto, para empezar es clara por cuanto presenta argumentos inteligibles, y articulados de un modo comprensible. Segundo, sus cuestionamientos se edifican sobre una base cierta, pues se dirigen contra proposiciones o lecturas de las disposiciones cuestionadas que no son infundadas sino, por el contrario, que se vinculan con su texto legal. Tercero, las alegaciones sobre indeterminación de los elementos del tributo, y delegación al Gobierno para la reglamentación de la materia, se presentan como cuestionamientos sobre el principio constitucional de certeza y legalidad tributarias, por lo cual el cargo es pertinente. Por último, explicitan los argumentos por los cuales la contribución vulnera este principio, y ante todo exponen los antecedentes de control constitucional sobre una institución homóloga –control sobre la contribución para estabilización de precios de los combustibles-; es decir, el contenido de la sentencia C-621 de 2013, y además por qué en su criterio no se acató lo allí resuelto, y en esa medida suministran razones para mostrar por qué se desconocen los principios constitucionales invocados. Así que el concepto de violación es específico y suficiente. Presentación del caso y planteamiento del problema jurídico 10. La acción pública sostiene que en la configuración del tributo ‘Contribución parafiscal a combustible’ (Ley 1739 de 2014 arts 69 y 70), el Congreso violó el principio constitucional de legalidad tributaria (CP arts 150-12 y 338). En específico, dice que el artículo 69, al atribuirle al Ministerio de Minas las funciones de control, gestión, fiscalización, liquidación, determinación, discusión y cobro del Diferencial de Participación, vulnera la reserva de ley en materia de contribuciones parafiscales, porque delega en una autoridad administrativa la definición de aspectos tributarios fundamentales (CP arts 150-12 y 338); y que el artículo 70 define de un modo impreciso el hecho generador, la base gravable, la tarifa y el periodo y circunstancias de pago de la contribución, y además le concede facultades al Ministerio de Minas y Energía para expedir reglamentos sobre asuntos que están reservados al legislador, con lo cual no solo se vulnera el principio de certeza tributaria sino también el de reserva de ley sobre la materia (CP arts 338). Esta pretensión es compartida por el ICDT, la intervención ciudadana coadyuvante y la Vista Fiscal, quienes consideran que las facultades allí reconocidas al Gobierno para la determinación de la base gravable, y otros elementos del tributo, la Carta se las reserva al Congreso. En contraste, los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía, y la DIAN, estiman que la regulación respeta el principio de legalidad. 11. Con fundamento en lo anterior, la Sala observa que hay un problema jurídico compuesto por dos cuestiones contra los artículos 69 y 70 (parciales) de la Ley 1739 de 2014, por violación del principio de legalidad tributaria (CP arts 150-12 y 338). En efecto, por un lado se cuestiona la insuficiente determinación legal de algunos elementos esenciales del tributo (hecho generador, base gravable y tarifa), con lo cual se propone entonces una vulneración del principio de certeza tributaria. Pero por otro lado se censura que, para colmar esos supuestos vacíos en la regulación la ley le confiera expresamente al Ministerio de Minas y Energía la facultad de reglamentar, y de fijar la metodología para definir, aspectos esenciales de un tributo, como son los atinentes a la base gravable, al periodo y circunstancias de pago, y al control gestión, fiscalización, liquidación, determinación, discusión y cobro del ‘Diferencial de participación’ (L 1739 arts 69 y 70), con lo cual se vulneraría el principio de reserva de ley sobre la materia. A pesar de que es entonces un problema jurídico que envuelve un cargo compuesto, la Corte resolverá sus cuestiones de forma conjunta, pues como se verá ambas se relacionan temática y consecuencialmente. La contribución parafiscal a combustibles –‘Diferencial de participación’. Su clasificación dentro de las especies constitucionales de tributos 12. Las normas acusadas regulan la ‘Contribución parafiscal a combustible’ (art 69), denominada ‘Diferencial de participación’ (arts 69 y 70). En este proceso los actores, las intervenciones y el Procurador coinciden en señalar que se trata de un tributo. Esta Corporación, en la sentencia C-621 de 2013,[12] concluyó asimismo que el cobro de un Diferencial de participación, como el ahora controlado, responde a la potestad impositiva del Estado. En este caso, la Corte no encuentra motivos para apartarse de esa clasificación, lo cual basta para que sea pertinente aplicar como parámetro el principio de legalidad tributaria (CP arts 150-12 y 338). Ciertamente, en este proceso el ICDT señaló que se trata en realidad de un impuesto, pero definir ese aspecto es irrelevante en esta ocasión, porque el principio de certeza no cambia en función de la especie tributaria, y el de reserva de ley en tributos solo tiene implicaciones distintas, en función de la especie tributaria examinada, en cuanto a las tarifas. Así, mientras en todo tributo la ley debe definir el hecho generador, los sujetos y la base gravable, solo en los impuestos debe definir directamente la tarifa, pues en las tasas y contribuciones puede delegar esa función mientras prevea el sistema y el método para ello (CP art 338). Ahora bien, en este caso no se está frente a una delegación a otras autoridades de la competencia para definir la tarifa del gravamen, pues el artículo 70 acusado la define directamente como el “cien por ciento (100%) de la base gravable”. Por ende, no es entonces necesario determinar si se trata de una contribución parafiscal o de un impuesto, pues en cualquier caso el legislador debía determinar clara y directamente el hecho generador, los sujetos y la base gravable. La Corte procede a examinar si efectivamente lo hizo. 13. El principio de legalidad en materia tributaria tiene cuando menos tres implicaciones: una, es el reconocimiento de que el poder de decretar, modificar o suprimir tributos en tiempo de paz es competencia exclusiva de los órganos de representación popular pluralistas (CP arts 150 num 12, y 338);[13] dos, es un deber de estos órganos de representación popular predeterminar con claridad y certeza los elementos mínimos de la obligación tributaria (CP art 338); y tres, es una prohibición a las entidades territoriales de establecer contribuciones en contravención a lo dispuesto en la Constitución y la ley (CP arts 300 num 4 y 313 num 4). Como dijo la Corte en la sentencia C-987 de 1999:[14] “[e]l principio de legalidad tributaria […] comprende al menos tres aspectos. De un lado, este principio incorpora lo que la doctrina ha denominado el principio de representación popular en materia tributaria, según el cual no puede haber impuesto sin representación de los eventuales afectados. Por ello la Constitución autoriza únicamente a las corporaciones de representación pluralista -como el Congreso, las asambleas y los concejos. A imponer las contribuciones fiscales y parafiscales (CP: art. 338). De otro lado, la Carta consagra el principio de predeterminación de los tributos, ya que fija los elementos mínimos que debe contener el acto jurídico que impone la contribución para poder ser válido, puesto que ordena que tal acto debe señalar los sujetos activo y pasivo de la obligación tributaria, así como los hechos, las bases gravables y las tarifas (CP art. 338). Y, finalmente, la Constitución autoriza a las entidades territoriales a establecer tributos y contribuciones, pero de conformidad con la Constitución y la ley. Esto muestra entonces que las entidades territoriales, dentro de su autonomía, pueden establecer contribuciones pero siempre y cuando respeten los marcos establecidos por la ley, puesto que Colombia es un país unitario, y por ende los departamentos y municipios no gozan de soberanía fiscal.” 14. En esta ocasión, la supuesta violación del principio de legalidad tributaria se habría presentado -según los accionantes e intervinientes que lo alegan- debido a una imprecisa determinación de elementos esenciales del gravamen, y a una delegación expresa al Ministerio de Minas y Energía para reglamentar, y fijar la metodología para definir, aspectos esenciales del tributo, como son los atinentes a la base gravable, al periodo y circunstancias de pago, y al control gestión, fiscalización, liquidación, determinación, discusión y cobro del ‘Diferencial de participación’. Es entonces necesario exponer a continuación una breve referencia a los desarrollos de la jurisprudencia constitucional sobre los principios de certeza y reserva de ley en la materia tributaria, para luego proceder a examinar en específico la constitucionalidad de la regulación. a. Principio de reserva de ley en materia tributaria 15. La Constitución dice que la ley debe fijar, “directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”, y que las tarifas de las contribuciones y tasas puede definirlas la autoridad administrativa, siempre y cuando el legislador determine el sistema y el método para hacerlo (CP art 338).[15] Ahora bien, esto no significa que el legislador esté obligado a agotar en detalle la totalidad de la regulación sobre la materia tributaria, o que deba determinar además de los elementos sustantivos esenciales del tributo las obligaciones y normas adjetivas y procedimentales para su aplicación. El Presidente de la República en primer lugar, en ejercicio de su función de reglamentación (CP art 189-11), y en general el poder ejecutivo pueden también precisar y concretar los mandatos abstractos de la ley, con el fin de hacer efectiva y real la voluntad democrática.[16] De hecho, el legislador pude deferir expresamente en la administración la reglamentación de ciertos aspectos vinculados con la ejecución técnica y administrativa de los tributos ya delineados de forma general y abstracta en la ley. No obstante, no puede perder de vista que el principio de legalidad impone algunos límites infranqueables en esta materia, y por lo mismo es preciso señalarlos con mayor detalle: 15.1. Por un lado, el legislador puede delegar en la administración la reglamentación de las obligaciones formales en materia tributaria. La Corte ha señalado, por ejemplo en la sentencia C-690 de 2003, que “no está dentro del ámbito de reserva estricta del principio de legalidad de los tributos la regulación de las obligaciones formales necesarias para hacer efectiva la obligación tributaria principal. Así, no obstante que corresponde a la ley establecer la base de esas obligaciones formales en materia tributaria, cabe, con criterio amplio, la regulación administrativa de las mismas, dentro de los parámetros que hayan sido fijados en la ley en materias tales como el recaudo o los deberes de información”. Por lo mismo la jurisprudencia ha admitido que la ley delegue en la administración la regulación de trámites administrativos, siempre que no comprometan derechos fundamentales y sean excepcionales, relacionados con el recaudo, liquidación, determinación, discusión y administración de ciertos tributos, y con sus circunstancias de recaudo. Así, por ejemplo, en la sentencia C-608 de 2012, la Corte consideró que una norma legal no violaba el principio de legalidad por el hecho de atribuirle al Gobierno la reglamentación de los mecanismos de pago de los recaudos por impuesto a las armas y municiones. Dijo entonces la Corporación: “La Constitución no impone al Legislador la obligación de prever directamente los elementos que extraña el demandante para la efectividad del tributo: (i) la competencia para el recaudo, liquidación, determinación, discusión y administración del impuesto, (ii) el momento en el que debe recaudarse, y (iii) el procedimiento para el efecto. Como se explicó anteriormente, los mecanismos de pago y recaudo (lo cual incluye la definición de la autoridad competente), así como otros aspectos de la administración del tributo, sin desconocer su importancia para la realización del principio de eficiencia, son asuntos es posible delegar al reglamento sin desconocer el principio de reserva de ley[17]. Además, en materia de procedimiento, la Sala advierte que en todo caso no es cierto que no existan reglas definidas en el ordenamiento, pues como actividad administrativa, la liquidación y recaudo de los tributos debe regirse por las reglas del Código de Procedimiento Administrativo y por los procesos especiales que para el efecto se prevean en el Estatuto Tributario”.[18] 15.2. En contraste, la ley no puede por principio delegar en la administración la regulación de los elementos esenciales a las obligaciones tributarias sustantivas, pues existe en esto un principio de estricta reserva de ley (CP arts 150-12 y 338). Lo cual no significa que en ciertos casos no se pueda conferir a la administración la facultad de definir las variables económicas o técnicas que en abstracto se plasman en la ley como elementos constitutivos de un tributo. Como se mostrará a continuación, la jurisprudencia ha constatado que cuando el poder tributario se ejerce sobre realidades o actividades económicas de alto orden técnico, sujetas además a fluctuaciones o variaciones sucesivas, el principio de legalidad de los tributos, que exige predeterminación de los elementos del gravamen con un nivel de precisión suficiente, debe acompasarse con la potestad de configuración legislativa en el diseño de la política fiscal y parafiscal. De tal suerte, en esos eventos, dado que se trata de realidades difícilmente aprehensibles de forma definitiva e instantánea en un precepto legal, y a que se requiere un nivel de detalle y actualización incompatibles con los caracteres de la ley, el legislador puede delegar la concreción de los elementos definidos en abstracto en la ley a las autoridades administrativas con la competencia jurídica, técnica y epistemológica adecuadas. La Constitución se ubica entonces en un punto intermedio de dos extremos, pues por una parte no admite que se entregue la competencia exclusiva del Congreso de predeterminar con claridad los elementos esenciales del tributo, pero tampoco impide que se delegue en el Gobierno la reglamentación de aspectos técnicos, fluctuantes, que requieren actualidad y detalle, sin desconocer que inciden en la base gravable. Obsérvese: 15.2.1. Inicialmente, en la sentencia C-040 de 1993, la Corte debía decidir si se ajustaba al principio de legalidad tributaria una norma que regulaba una contribución parafiscal de fomento panelero, cuya tarifa se aplicaba a una base gravable conformada por “el precio de la panela o de la miel”. No obstante, la Ley le confería al Ministerio de Agricultura la competencia para fijar periódicamente el precio de estos bienes. La Corporación declaró exequible, por el cargo examinado, la normatividad demandada pues consideró, por una parte, que la base gravable del tributo estaba definida y, por otra, que la definición periódica del precio por parte del Ejecutivo respondía a razones “evidentes de técnica administrativa y dado que el precio es altamente variable”. La Corte sostuvo, sin embargo, que en ejercicio de esa atribución conferida por la ley “la autoridad administrativa debe consultar todos los datos necesarios, y realizar los análisis pertinentes de tal forma que se certifique con la mayor certeza posible el monto del precio, más no que se fije de manera arbitraria”.[19] 15.2.2. Luego, en la sentencia C-467 de 1993 la Corte se enfrentó a la demanda contra una regulación de la base gravable del impuesto predial, de acuerdo con la cual esta estaba constituida por “el avalúo catastral, o el auto avalúo cuando se establezca la declaración anual del impuesto predial unificado”. La norma se declaró exequible y, en el examen de constitucionalidad de la medida, la Corte señaló que si bien el avalúo lo efectuaban autoridades administrativas, esto no contradecía el principio de legalidad tributaria toda vez que este era “tan sólo un parámetro” para la determinación del monto del gravamen, el cual había sido escogido por el legislador, sobre la base de que el “valor real de una cosa es el precio que ésta tiene en el mercado”, lo cual juzgó razonable. No obstante, tuvo en cuenta también que para establecer la cuantía de la obligación final del impuesto “el legislador no toma en forma absoluta este valor, […] pues de acuerdo con la misma ley parcialmente acusada, la tarifa del impuesto predial debe ser fijada por los concejos municipales en forma "diferencial y progresiva" y oscilará entre el 1 por mil y el 16 por mil del respectivo avalúo catastral; teniendo en cuenta los estratos socio-económicos, los usos del suelo, la antigüedad de la formación y actualización del catastro”. 15.2.3. Más adelante se expidió la sentencia C-583 de 1996, a propósito de la demanda contra una norma sobre el impuesto de renta por vulnerar la reserva de ley.[20] La disposición entonces cuestionada definía reglas para determinar el valor patrimonial de títulos, bonos y seguros de vida. No obstante, establecía que cuando se tratara de contribuyentes obligados a utilizar “sistemas especiales de valoración de inversiones”, el valor patrimonial de los documentos indicados debía ser el obtenido a partir de mecanismos establecidos por “las entidades de control”. La Corte observó entonces que se delegaba en autoridades administrativas la función de fijar los mecanismos para calcular el valor patrimonial de los mencionados documentos, sobre la base de que la actividad de los contribuyentes obligados a usar sistemas especiales de valoración de inversiones representaba un “riesgo para terceros” y para “el interés general”. En ese contexto, analizó la jurisprudencia constitucional antecedente sobre la materia, y advirtió que delegaciones de esa naturaleza habían sido reconocidas como válidas, cuando se trataba de definir aspectos “de tipo técnico” y sujetos a “fluctuación”. En esos casos la ley podía definir conceptualmente la base gravable, pero no tenía que fijar el valor puntual sobre el cual aplicar la tarifa. En esos casos el legislador “[d]ebe entonces limitarse a indicar la manera como debe ser fijado ese valor”, sin que le sea exigible señalar “las sumas concretas”. 15.2.4. En la sentencia C-597 de 2000, se estudió la acción pública instaurada contra un precepto que le daba al Gobierno Nacional la facultad de “publicar la base gravable” del impuesto sobre las ventas por importaciones de bienes excluidos.[21] Al decidir que esta disposición no vulneraba la reserva de ley tributaria, la Corte tuvo en consideración el hecho de que dicha base la determinaba el Gobierno, de acuerdo con el texto mismo de la ley, con arreglo a “la tarifa general del impuesto sobre las ventas promedio implícita en el costo de la producción de bienes de la misma clase de producción nacional”, con lo cual se buscaba en esencia proteger la economía nacional, al imponer gravámenes equivalentes a quienes los producían a nivel interno y a quienes los importaban. La Corporación señaló entonces que para alcanzar esa finalidad, el legislador razonablemente consideró que se debía precisar periódicamente la tarifa general del impuesto implícita en el costo de producción de esos mismos bienes en la economía nacional, lo cual tenía un “carácter técnico y administrativo”, razón por la cual era legítimo dejarlo en manos del Gobierno. Ahora bien, sostuvo que esa decisión estaba fundada en el hecho objetivo de que el legislador fijó unas “bases ciertas y determinables para señalar la suma concreta sobre la cual se liquidará el gravamen de que trata la norma acusada”. En consecuencia, declaró exequible la disposición entonces demandada. 15.2.5. En la sentencia C-1067 de 2002, al controlar justamente un tributo orientado a un fondo de estabilización de precios de productos agropecuarios y pesqueros, la Corte precisó aún más el contexto fáctico en que es aplicable la jurisprudencia anterior.[22] La Ley entonces cuestionada se refería a una contribución consistente en un porcentaje de la diferencia entre “el precio del mercado internacional del producto en cuestión” y el “precio de referencia” o “el límite superior de la franja de precios de referencia”. Para efectos de definir los valores de cada uno de estos conceptos, la Ley les daba a los comités directivos de los fondos de estabilización, la competencia para establecer los precios, dentro de determinados parámetros. Esta Corporación dijo que, en tratándose de tributos dependientes de los precios de productos, la reserva de ley debía interpretarse sin desconocer “las circunstancias variables e indeterminadas del mercado, la fluctuación de precios y fenómenos dinámicos tales como la inflación y la devaluación monetaria”. En tales escenarios, el legislador puede no efectuar una “regulación detallada y rígida” de los elementos determinantes de la tarifa, entre los cuales está la base gravable. Pero, eso no significa que la administración así facultada pueda “cambiar, introducir nuevos elementos […], ni modificar las reglas ya trazadas por la Ley”. En cuanto a la facultad administrativa para señalar los precios de referencia, dijo: “[p]ara poder fijar ese porcentaje de la diferencia, [que constituye la tarifa del gravamen], los Comités deben establecer el precio de referencia a partir de la cotización más representativa en el mercado internacional para cada producto, lo cual se hará con base en un promedio móvil no inferior a los últimos 12 meses ni superior a los 60 anteriores”. 15.2.6. En la sentencia C-690 de 2003, la Corte efectuó una precisión fundamental ulterior a la jurisprudencia. Al controlar un grupo de previsiones legales que les conferían a la OCDE o al Gobierno nacional la competencia para definir aspectos integrantes de elementos tributarios, la Corporación sostuvo que para enjuiciar la conformidad de esa delegación con el principio de legalidad tributaria era necesario precisar que, en materias técnicas y variables, si bien “la determinación política de los elementos del tributo estaría sujeta al rigorismo propio del principio de legalidad, […] las variables económicas que inciden sobre los mismos, son susceptibles de un tratamiento menos restringido”.[23] Consideró entonces que en el examen de normas tributarias que delegaban facultades de regulación cabía “distinguir entre, por un lado, la atribución de una potestad, sea discrecional o reglada, a una autoridad para la determinación de los elementos de un tributo, y, por otro, la remisión a un dato que se produce de manera externa a la norma y que no comporta la expresión de un contenido volitivo en relación con ella”. Si bien la Constitución exige la determinación legal directa de los elementos del tributo, algunas “hipótesis de remisión a la administración tienen como denominador común que se refieren a elementos variables, que no es posible predeterminar en la ley, pero que responden a realidades técnicas susceptibles de concreción con un alto nivel de certeza”. En esos casos, aunque haya “un relativo margen de apreciación, la determinación del valor de un inmueble, o el precio de un producto, el valor de unos activos o el índice de bursatilidad de unas acciones, está necesariamente vinculada a la realidad objetiva que tales conceptos comportan”. 15.3. A partir de lo anterior es posible entonces extraer la siguiente síntesis. Primero, en cuanto a los aspectos u obligaciones formales, el legislador puede delegar en la administración la regulación de trámites administrativos para la ejecución de las normas tributarias, siempr...