Sentencia C-570 de 2012

C-570-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-570/12 MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE-Funciones de inspección y vigilancia de las CAR y lineamientos sobre reserva, alinderamiento, sustracción, integración o recategorización de áreas que integran el sistema de parques nacionales y reserva forestal ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Finalidad/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Configuración COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Tipos COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA-Concepto/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL APARENTE-Concepto/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Concepto COSA JUZGADA MATERIAL-Hipótesis en la que se configura La llamada cosa juzgada material, de acuerdo con jurisprudencia reciente de esta Corporación, se presenta en dos hipótesis: (i) cuando un contenido normativo declarado inexequible es reproducido por una nueva disposición legal que es acusada en otra demanda; en estos casos, la Corte debe nuevamente declarar inexequible el contenido normativo, no por existencia en estricto sentido de cosa juzgada –pues se trata de cuerpos legales diferentes- sino por violación de la prohibición del artículo 243 superior; y (ii) cuando un contenido normativo declarado exequible por la Corte y reproducido en una nueva disposición, es demandado por las mismas razones que dieron lugar al pronunciamiento anterior; en estos casos, si bien no existe cosa juzgada porque los contenidos normativos hacen parte de preceptos diferentes, la Corporación debe seguir el precedente fijado en el fallo primigenio, salvo que existan razones poderosas para apartarse, en los términos de la jurisprudencia constitucional. Por último, existen casos en los que aunque la Corte se enfrenta a demandas contra una disposición examinada previamente frente a cargos idénticos, tanto desde el punto de vista del concepto de violación como de los contenidos constitucionales considerados vulnerados, ha concluido que no existe cosa juzgada en estricto sentido, toda vez que un cambio en el contexto de aplicación de la disposición impide hablar de identidad de contenidos normativos. CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Autonomía no es absoluta CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Competencias de inspección y vigilancia de la administración central del Estado COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Determinación de la ratio decidendi La Sala no puede hablar en estricto sentido de la existencia de cosa juzgada constitucional, lo que no obsta para que examine si la ratio decidendi de la sentencia C-468 de 2008 debe aplicarse en el presente caso en virtud de la obligatoriedad del precedente constitucional y de los principio de igualdad y seguridad jurídica, entre otros. JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Criterios para determinar si un contenido normativo ha adquirido alcance o efectos distintos con el paso del tiempo/JUICIO DE CONSTITUCIONALIDAD-Criterios para apartarse del precedente/AUTORIDADES JUDICIALES-Deben explicar de manera clara, amplia y suficiente las razones para apartarse del precedente y modificar su posición, en virtud de los principios de publicidad, respeto de los actos propios y confianza legítima Para determinar si un contenido normativo ha adquirido alcance o efectos distintos con el paso del tiempo, la Corte ha empleado, entre otros, los siguientes criterios: En primer lugar, la Corte ha acudido al examen del referente constitucional en el que el contenido normativo se justifica y al amparo del cual se examina su constitucionalidad; así, un cambio de los preceptos constitucionales a la luz de los cuales se examina la constitucionalidad de una norma puede justificar un nuevo pronunciamiento de fondo. En segundo lugar, es necesario analizar el contexto normativo en el que se aplica la norma, es decir, la legislación y otras disposiciones conexas o que le sirven de marco hermenéutico. Así, un cambio en el contexto legal (por ejemplo, por la expedición de un nuevo código en la materia) puede hacer necesario un cambio del precedente. En tercer lugar, es preciso estudiar el contexto social, económico, cultural, etc. en que el contenido normativo se aplica. Una transformación del entorno puede poner en evidencia la necesidad de que el juez modifique su interpretación de los principios constitucionales “(…) para ajustarlos a las necesidades concretas de la vida colectiva - aún cuando no haya habido cambios formales en el texto fundamental”, al amparo de la doctrina de la constitución viviente. No obstante, como se indicó en la sentencia C-836 de 2001, no basta con que el juez argumente que el contexto social, político, cultural, etc. ha cambiado; es necesario que su variación “(…) tenga injerencia sobre la manera como se había formulado inicialmente el principio jurídico que fundamentó cada aspecto de la decisión, y que el cambio en la jurisprudencia esté razonablemente justificado conforme a una ponderación de los bienes jurídicos involucrados en el caso particular.” Por último, esta Corporación ha señalado que es posible apartase del precedente cuando, a partir de un nuevo examen, se concluya que la doctrina anterior es “errónea” “(…) por ser contraria a los valores, objetivos, principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico”. En tal hipótesis, la autoridad judicial debe cambiar el precedente para “(…) evitar prolongar en el tiempo las injusticias del pasado”. En estos casos, la doctrina constitucional ha dejado claro que las autoridades judiciales deben explicar de manera clara, amplia y suficiente las razones por las cuales deciden apartarse del precedente y modificar su posición, en virtud de los principios de publicidad, respeto de los actos propios y confianza legítima, entre otros. Además, cuando la razón de su separación del precedente es el presunto error de las argumentaciones precedentes, el juez debe desvirtuar dichos argumentos y sustentar las nuevas premisas de su decisión. CONSTITUCION VIVIENTE-Concepto El concepto de ‘Constitución viviente’ puede significar que en un momento dado, a la luz de los cambios económicos, sociales, políticos, e incluso ideológicos y culturales de una comunidad, no resulte sostenible, a la luz de la Constitución, - que es expresión, precisamente, en sus contenidos normativos y valorativos, de esas realidades -, un pronunciamiento que la Corte haya hecho en el pasado, con fundamento en significaciones constitucionales materialmente diferentes a aquellas que ahora deben regir el juicio de Constitucionalidad de una determinada norma. En estos casos, no se puede considerar que el fallo vulnera la cosa juzgada, ya que el nuevo análisis parte de un marco o perspectiva distinta, que en lugar de ser contradictorio conduce a precisar los valores y principios constitucionales y permiten aclarar o complementar el alcance y sentido de una institución jurídica. NORMA ACUSADA-Inexistencia de razones para apartarse del precedente sentado en la sentencia C-462/08 CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Son órganos constitucionales de orden nacional sui generis Las corporaciones autónomas regionales son órganos constitucionales de orden nacional sui generis, pues reúnen varias de las características de los órganos descentralizados por servicios, específicamente en materia de administración de los recursos naturales y planificación y promoción del desarrollo regional con criterios de sustentabilidad ambiental, pero (a) no están sujetas a control de tutela ni a otros mecanismos estrictos de control administrativo que permitan a la autoridad central revocar o variar sus decisiones -lo que no se opone a los controles jurisdiccionales, y (b) no están adscritas a ningún ministerio ni hacen parte de ningún sector administrativo. CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-No tiene el mismo alcance de la autonomía que la Constitución reconoce como garantía institucional a las entidades territoriales/CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Autonomía es principalmente de carácter administrativo, orgánico y financiero/CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Concreción de la autonomía desde el punto de vista político La autonomía de las corporaciones autónomas regionales no tiene el mismo alcance de la autonomía que la Constitución reconoce como garantía institucional a las entidades territoriales; la autonomía de las entidades territoriales es principalmente de entidad política y su núcleo fue delimitado directamente por el Constituyente en los artículos 287, 298, 311 y 317 superiores, entre otros; por otra parte, la autonomía de las corporaciones autónomas regionales es principalmente de carácter administrativo, orgánico y financiero, y desde el punto de vista político, solamente se concreta en la expedición de regulaciones y la fijación de políticas ambientales en su jurisdicción en aspectos complementarios a los delineados por la autoridad central o no fijados por ésta, con sujeción a los principios de rigor subsidiario y gradación normativa previstos en el artículo 63 de la ley 99 de 1993. PREVENCION Y CONTROL DE FACTORES DE DETERIORO AMBIENTAL-Compromiso y responsabilidad de todas las autoridades del Estado y por tanto, un interés que rebasa las fronteras locales y regionales, incluso las nacionales La prevención y control de los factores de deterioro ambiental es un compromiso y una responsabilidad de todas las autoridades del Estado y, por tanto, un interés que rebasa las fronteras locales y regionales, incluso las nacionales. La entidad de este interés hace indispensable el trabajo mancomunado y coordinado de todas las autoridades del Estado; esta razón llevó a la creación del SINA en 1993 y justifica la existencia de un ente articulador y regulador central –el Ministerio de Ambiente- encargado de emir regulaciones, definir la política ambiental y de desarrollo sostenible a nivel nacional –con participación de otros órganos del sistema y de la comunidad, vigilar su implementación, evaluar sus resultados y generar conocimiento técnico que sirva para retroalimentar el diseño de la política. Dentro de este diseño institucional que ha avalado la jurisprudencia constitucional y en vista de la entidad del interés en juego, se justifica que el Ministerio tenga a su disposición herramientas como la evaluación y control preventivo, y la inspección y vigilancia de los órganos del SINA, incluidas las corporaciones autónomas regionales, con el fin de verificar la implementación de la política y evaluar sus resultados. Como a continuación se examinará, se trata de herramientas de control leve que en ningún caso autorizan al Ministerio a variar las decisiones de las corporaciones sino que sirven para establecer un dialogo con éstas y las autoridades de control. MECANISMOS DE INSPECCION Y VIGILANCIA-Alcance MECANISMOS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL-Si bien la propia Constitución emplea dichos términos, ni el constituyente ni el legislador han adoptado una definición única aplicable a todas las áreas del Derecho/INSPECCION-Definición/VIGILANCIA-Definición/CONTROL-Definición FUNCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL-Características/INSPECCION Y VIGILANCIA-Podrían clasificarse como mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es detectar irregularidades en la prestación de un servicio/CONTROL-Conlleva el poder de adoptar correctivos o incidir directamente en las decisiones del ente sujeto a control Las funciones de inspección, vigilancia y control se caracterizan por lo siguiente: (i) la función de inspección se relaciona con la posibilidad de solicitar y/o verificar información o documentos en poder de las entidades sujetas a control, (ii) la vigilancia alude al seguimiento y evaluación de las actividades de la autoridad vigilada, y (iii) el control en estricto sentido se refiere a la posibilidad del ente que ejerce la función de ordenar correctivos, que pueden llevar hasta la revocatoria de la decisión del controlado y la imposición de sanciones. Como se puede apreciar, la inspección y la vigilancia podrían clasificarse como mecanismos leves o intermedios de control, cuya finalidad es detectar irregularidades en la prestación de un servicio, mientras el control conlleva el poder de adoptar correctivos, es decir, de incidir directamente en las decisiones del ente sujeto a control. FUNCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA-No habilitan al organismo que las ejerce para revocar decisiones del ente sujeto a control o para ordenarle adoptar correctivos/FUNCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA-Son mecanismos compatibles con el régimen de autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales FUNCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA-Alcance específico debe ser precisado por el legislador/FUNCIONES DE INSPECCION Y VIGILANCIA-Materia sujeta a reserva de ley FACULTADES LEGISLATIVAS EXTRAORDINARIAS POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EN VIGENCIA DE LA CONSTITUCION POLITICA DE 1991-Contenido y alcance FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Deben ser enunciadas de manera clara y precisa CONGRESO DE LA REPUBLICA-Puede revestir al Presidente de facultades legislativas extraordinarias, cuando la necesidad lo exija o la conveniencia pública lo aconseje CONTROL CONSTITUCIONAL DE LEY QUE OTORGA FACULTADES Y DE DECRETOS LEY QUE SE DICTEN A SU AMPARO-Diferencias Respecto de la ley que otorga las facultades, el control puede recaer tanto sobre su procedimiento de aprobación como sobre su contenido. Cuando la Corte aborda el procedimiento de aprobación, debe prestar especial atención a que (i) el Gobierno haya solicitado las facultades, (ii) haya justificado su solicitud en términos de necesidad o conveniencia pública, y (iii) se haya cumplido el requisito de mayoría absoluta en su aprobación. En relación con el examen de la justificación, la Corporación ha precisado que solamente le corresponde verificar que el Gobierno haya presentado argumentos en tal sentido y que el Congreso los haya evaluado y aceptado. No es competencia de la Corte verificar si los juicios de valor realizados por el Gobierno y el Congreso son acertados, “[l]o cual no significa que no puedan existir eventos excepcionales en los que la Corte deba entrar a estudiar su contenido, vr. gr. cuando la discrecionalidad política con que cuenta el legislador para sopesar y valorar las razones del ejecutivo, se convirtiera en instrumento de arbitrariedad”. Cuando se examina el contenido de la ley, la Corte debe analizar con especial cuidado que no desconozca las prohibiciones de la Carta en perjuicio del principio democrático. De otro lado, en el escenario del control de los decretos ley, uno de los principales aspecto a examinar es que el Presidente haya actuado dentro del marco de acción definido por la ley habilitante –de ahí la importancia del requisito de precisión, lo que supone verificar, entre otros aspectos, (i) que no haya actuado por fuera que los márgenes de la ley de facultades, y (ii) que exista congruencia y relación teleológica entre el contenido del decreto y la ley habilitante. Sobre cómo realizar este último escrutinio, la jurisprudencia constitucional ha resaltado que debe acudirse a criterios restrictivos de interpretación, en atención a la naturaleza excepcional de la figura de las facultades extraordinarias. Esto se traduce, entre otros aspectos, en que no puede asumirse la existencia de facultades implícitas, no puede acudirse a la analogía y las dudas sobre la existencia de competencia deben resolverse a favor de la reserva de ley. FACULTADES EXTRAORDINARIAS OTORGADAS EN LEY 1444 DE 2011-Alcance/LEY HABILITANTE SOBRE FACULTADES EXTRAORDINARIAS-Limita de manera explícita la potestad del ejecutivo de modificar las funciones que de conformidad con la normatividad legal vigente le han sido adscritas al Ministerio de Ambiente CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Competencia para realizar estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos dirigidos a declarar, reservar, alinderar, realinear, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal nacional MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE-Organismo rector de la política pública ambiental nacional, gestión del medio ambiente y como ente coordinador del Sistema Nacional Ambiental- SINA RESERVA FORESTAL-Definición Se denomina área de reserva forestal la zona de propiedad pública o privada reservada para destinarla exclusivamente al establecimiento o mantenimiento y utilización racional de áreas forestales productoras, protectoras o productoras – protectoras. RESERVAS FORESTALES PROTECTORAS-Definición MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Y CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Distribución de competencias SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS SINAP-Finalidad CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Función de administrar las áreas de reserva forestal ubicadas en su jurisdicción, supone la disposición de los recursos necesarios para su adecuada delimitación y preservación CORPORACIONES AUTONOMAS REGIONALES-Estudios a su cargo deben ser realizados con sujeción a los lineamientos que fije el Ministerio de Ambiente Los estudios a cargo de las corporaciones autónomas regionales deben ser realizados con sujeción a los lineamientos que fije el Ministerio de Ambiente, en virtud del principio de colaboración armónica que informa las relaciones entre los distintos organismos del Estado (artículo 113 de la Constitución) y en atención al papel del Ministerio como coordinador del SINA. Referencia: expediente D-8814 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2, numerales 10 y 14 (parciales), del decreto ley 3570 de 2011 “Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y se integra el Sector Administrativo de Ambiente y Desarrollo Sostenible”. Demandante: Remberto Quant González. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., dieciocho (18) de julio de dos mil doce (2012) La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Gabriel Eduardo Mendoza Martelo -quien la preside, María Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Adriana María Guillén Arango, Jorge Iván Palacio Palacio, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente sentencia con fundamento en los siguientes, 1. ANTECEDENTES El 6 de octubre de 2011, el ciudadano Remberto Quant González, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 2, numerales 10 y 14, del decreto ley 3570 de 2011. Mediante auto del 8 de noviembre de 2011, la demanda fue inadmitida. El demandante la corrigió en tiempo y, por medio de auto del 15 de diciembre de 2011, finalmente fue admitida. En consecuencia, se dispuso su fijación en lista para que los ciudadanos pudiesen defender o impugnar las disposiciones censuradas; se comunicó al Departamento Nacional de Planeación (DNP), a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al Ministerio de Minas y Energía, al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para que participaran en al defensa o impugnación de la disposición acusada; y se invito a la Federación Colombiana de Municipios, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia y a las universidades del Rosario, Sinú, Externado de Colombia, Pontificia Bolivariana y Sergio Arboleda, para que si lo estimaban conveniente, participaran en el debate jurídico propiciado. También se dio traslado de la demanda al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su cargo en los términos que le concede la ley. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. 1.1. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de las disposiciones acusadas; se destacan los apartes contra los que se dirigen los cargos: “Artículo 2°. Funciones. Además de las funciones determinadas en la Constitución Política y en el artículo 59 de la Ley 489 de 1998 y en las demás leyes, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible cumplirá las siguientes funciones: (…) 10. Ejercer la inspección y vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales, y ejercer discrecional y selectivamente, cuando las circunstancias lo amerite, sobre los asuntos asignados a estas corporaciones la evaluación y control preventivo, actual o posterior, de los efectos del deterioro ambiental que puedan presentarse por la ejecución de actividades o proyectos de desarrollo, así como por la exploración, explotación, transporte, beneficio y utilización de los recursos naturales renovables y no renovables, y ordenar al organismo nacional competente para la expedición de licencias ambientales a cargo del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la suspensión de los trabajos o actividades cuando a ello hubiese lugar. (…) 14. Reservar y alinderar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales; declarar, reservar, alinderar, realinear, sustraer, integrar o recategorizar las áreas de reserva forestal nacionales, reglamentar su uso y funcionamiento; y declarar y sustraer Distritos Nacionales de Manejo Integrado. Las corporaciones autónomas regionales en desarrollo de su competencia de administrar las reservas forestales nacionales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993, realizarán los estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos para los fines previstos en el presente numeral, con base en los lineamientos establecidos por este Ministerio.” 1.2 LA DEMANDA El ciudadano Remberto Quant González considera que los preceptos demandados vulneran los numerales 7 y 10 del artículo 150 de la Constitución, por las siguientes razones: 1.2.1 En relación con el aparte demandado del numeral 10, afirma que viola el régimen de autonomía de las corporaciones autónomas regionales previsto en el artículo 150-7 superior, “(…) ya que coloca al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible como ente que ejerce Control y Vigilancia sobre las CARs, desconociendo que las CARs, no se encuentran, ni adscritas, ni vinculadas al mencionado Ministerio.” Agrega que la inspección y vigilancia que se encarga al Ministerio de Ambiente cobija todos los asuntos a cargo de las corporaciones autónomas regionales, “(…) incluyendo lo relativo a los asuntos de su autonomía administrativa y financiera, y sobre los cuales no puede intervenir dicho ministerio”. También explica que en las sentencias C-894 de 2003 y C-554 de 2007, la Sala Plena de la Corte Constitucional de forma enfática señaló que las corporaciones autónomas regionales no están subordinadas al Ministerio de Ambiente, de modo que éste no puede ejercer control funcional o de tutela sobre las primeras. Alega que si el Ministerio no puede ejercer dichos tipos de control, “(…) entonces como (sic) se le puede mantener una función como la contenida en el numeral 10 del artículo 2° demandado”. 1.2.2 De otro lado, asegura que el decreto ley 3570 de 2011 en este punto constituye un exceso de las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso al Presidente y, por tanto, una violación del artículo 150-10 de la Carta. En sentir del demandante, los artículos 11 a 15 de la ley 1444 disponen que en relación con el Ministerio de Ambiente, las facultades extraordinarias solamente se otorgaban para escindir sus funciones debido a la creación del Ministerio de Vivienda, objetivo dentro del cual no se encuadra la asignación de la función de inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales. También explica que la finalidad general de las facultades extraordinarias otorgadas por la ley 1444 era modificar la estructura de la administración pública nacional, en particular, según el artículo 18 –literales c) y d), modificar la estructura orgánica de los ministerios según la reorganización dispuesta por la misma ley, y reasignar funciones y competencias entre las entidades y organismos de la administración pública nacional. Precisa que estas facultades no comprenden la posibilidad de asignar al Ministerio de Ambiente, funciones de vigilancia y control sobre las corporaciones autónomas regionales. 1.2.3 Con fundamento en los mismos argumentos acusa la parte final del numeral 14 ibídem. En particular, reitera que el Congreso no otorgó facultades extraordinarias al Presidente para crear nuevas funciones en cabeza de las corporaciones autónomas regionales, como realizar estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos para declarar, reservar y alinderar las áreas que integran el Sistema de Parques Nacionales Naturales, o las áreas de reserva forestal de carácter nacional. A juicio del demandante, dichas funciones deben estar en cabeza del Ministerio de Ambiente o de la Unidad de Parques Nacionales. 1.3 INTERVENCIONES 1.3.1 Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República Solicita que las disposiciones demandadas sean declaradas exequibles, por las siguientes razones: 1.3.1.1 Afirma que en la sentencia C-462 de 2008, la Corte Constitucional aseguró que la competencia de inspección y vigilancia de las corporaciones autónomas regionales no pugna con su autonomía, ya que dicha facultad “(…) ha sido directamente asignada por la Constitución a la administración central en su artículo 80 cuando establece que el Estado ‘deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados’.” Agrega que por ello, en dicho fallo, la Corte concluyó que las facultades de inspección y vigilancia son connaturales a la función directiva que de suyo posee el Ministerio de Ambiente. Alega que estas consideraciones son aplicables al presente caso, al punto que considera que existe cosa juzgada material en la materia. En su criterio, “[e]l precedente es exacto: se trata de la regla jurídica que atribuye al Ministerio encargado de la protección del medio ambiente, la inspección y vigilancia de las Corporaciones Autónomas Regionales.” Agrega que “[d]ado que la estructura jurídica que organiza el sistema de protección del medio ambiente no ha sufrido modificaciones considerables –ni en el texto constitucional ni en la regulación legal- no existe razón alguna para que la Corte Constitucional modifique su posición respecto de los alcances de la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales en función de la competencia de inspección y vigilancia del Ministerio.” 1.3.1.2 De otro lado, manifiesta que el artículo 12 de la ley 1444 dispone que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible continuará con las funciones que habían sido asignadas al Ministerio de Ambiente por las leyes 99 y 388. Aduce que el artículo 36 de la ley 99 establece que es función de dicho ministerio: “[a]probar los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las reformas que lo modifiquen o adicionen y ejercer sobre ellas la debida inspección y vigilancia”. Señala que la primera parte del artículo fue declarado inexequible, mientras la segunda parte -la referida a las funciones de inspección y vigilancia- continúa vigente. En consecuencia, indica que no es cierto que el Presidente haya excedido las facultades que le otorgó la ley 1444, pues las funciones de inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales ya habían sido asignadas al Ministerio de Ambiente por la ley 99. 1.3.1.3 También expresa que el cargo formulado contra el numeral 14 es improcedente, puesto que la función a la que hace referencia dicha disposición ya había sido asignada a las corporaciones autónomas regionales por el artículo 31-16 de la ley 99. Agrega que “(…) pese a que la ley 99 no lo hubiera dicho de manera expresa –con palabras concretas-, es claro que la competencia de administrar las reservas forestales debe tener implícita la competencia para realizar estudios técnicos, ambientales y económicos destinados a dicha administración y que, por tanto, la mención de dichas funciones por parte del Decreto 3570 de 2011, no implica asignación de una nueva competencia.” En otras palabras, afirma que “[n]o se trata pues de una mueva competencia, sino de la misma previamente entregada, desdoblada en tres de sus aspectos necesarios, obvios y connaturales.” 1.3.2 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Solicita a la Corte que se inhiba de conocer de la demanda o, en su defecto, que declare exequibles las disposiciones acusadas, con fundamento en los argumentos que se resumen a continuación: 1.3.2.1 Alega que el cargo formulado contra el numeral 10 por violación de la autonomía de las corporaciones autónomas regionales carece de fundamento, ya que el Ministerio de Ambiente, como director y coordinador del Sistema Nacional Ambiental, tiene “control sobre los asuntos ambientales”. En su criterio, “[e]l principio de autonomía no se opone a la existencia de un control jerárquico que garantice la unidad de la política ambiental del estado, por lo cual el superior es responsable de la supervisión y verificación de las actividades realizadas dentro de un proceso de concertación estatal.” También afirma que según la jurisprudencia constitucional, las corporaciones autónomas regionales “(…) no son entidades con autonomía absoluta, de tal que con la norma demandada permite la intervención discrecional del Ministerio, en el ejercicio legítimo de su potestad precedida de un propósito y finalidad razonables.” 1.3.2.2 Agrega que tampoco es cierto que el numeral 14 cree nuevas funciones en cabeza de las corporaciones, “(…) pues en el artículo 31 de la Ley 99 de 1993 ya tenía bajo su competencia la administración de las reservas forestales, así que no se le está adicionando competencia diferente.” También niega que el decreto acusado imponga una nueva carga económica a las corporaciones autónomas regionales para la realización de estudios técnicos, ambientales y socioeconómicos. 1.3.2.3 Sostiene que el numeral 10 no excede las facultades extraordinarias otorgadas por la ley 1444, toda vez que éstas cobijan la reasignación de funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la administración pública nacional y entre éstos y otros organismos del Estado. Afirma que el Ministerio de Ambiente “(…) es una entidad de la administración pública nacional y las CAR son organismos del estado, de tal forma, que en ningún momento se utilizó el decreto para asignar competencias a entidades y organismos diferentes a los de la administración pública nacional ni a entes que no fueran organismos del Estado”. 1.3.3 Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Defiende la constitucionalidad de los preceptos demandados, con fundamento en las siguientes razones: 1.3.3.1 Explica que en este caso es materialmente aplicable la ratio decidendi de la sentencia C-462 de 2008, en la que –asegura- la Corte Constitucional admitió que el Ministerio de Ambiente puede realizar inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales. Afirma que esto se explica en que el Ministerio tiene a su cargo los lineamientos generales de la política ambiental, el señalamiento de las estrategias principales y la verificación de los resultados, lo cual apareja las funciones de control y vigilancia de los organismos que tienen a su cargo la ejecución local de la política, como las corporaciones autónomas regionales. 1.3.3.2 De otro lado, expresa que el literal d) del artículo 18 de la ley 1444 otorgó facultades extraordinarias al Presidente para reasignar funciones y competencias orgánicas entre las entidades y organismos de la administración pública nacional, categoría a la que pertenecen las corporaciones autónomas regionales, de acuerdo con el artículo 39 de la ley 489. En su sentir, esta última disposición prevé que la administración pública no está integrada solamente por la Rama Ejecutiva, “(…) sino que de ella hacen parte todos los demás organismos y entidades de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos del estado colombiano, lo cual incluye obviamente a las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible” (negrilla original). 1.3.3.3 Finalmente, sobre el cargo de exceso de las facultades extraordinarias otorgadas y su falta de precisión, alega que la Corte “(…) ha entendido que el criterio de precisión no implica que el Congreso deba regular íntegramente la materia, o que de forma taxativa o meticulosa establezca cuál es el contenido de los decretos que podrá dictar el Presidente en uso de las facultades, pues un entendimiento de tal naturaleza eliminaría cualquier efecto útil a la concesión de facultades extraordinarias”. Agrega que el concepto de precisión “(…) se refiere a la claridad en cuanto a la delimitación de la materia pero no al grado de amplitud de dicha ley [ley de facultades extraordinarias]”. 1.3.4 Departamento Nacional de Planeación (DNP) Solicita a la Corte declarar exequibles las disposiciones demandadas; sus argumentos se resumen a continuación: 1.3.4.1 Señala que el numeral 10 no vulnera la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, ya que “(…) no busca configurar una estructura jerárquica restringiendo la autonomía consagrada a las autoridades ambientales regionales, sino dar cumplimiento a las funciones asignadas al Ministerio por el artículo 2 de la Ley 99 de 1993”, el cual lo designa ente rector de la gestión ambiental y, por tanto, le asigna la función de coordinación del sector. Agrega que la función de coordinación implica la vigilancia del cumplimiento de las políticas y normas nacionales por parte de todos los entes nacionales, regionales, departamentales y municipales. Finalmente, sostiene que la jurisprudencia constitucional ha precisado que “(…) la autonomía de las Corporaciones Autónomas Regionales no es absoluta y que su ejercicio depende directamente de la rama ejecutiva del poder público, del Estado central”. 1.3.4.2 Indica que los grados de autonomía y descentralización tienen un alto amplio margen de determinación por el legislador, y asegura que el nivel de intervención “(…) es directamente proporcional al nivel de interés comprometido, es decir, mayor si es nacional, menor si es regional o local”. En concordancia, explica que la autonomía de las corporaciones autónomas regionales está limitada por la voluntad del legislador, la incidencia nacional de los asuntos ambientales, la existencia de un sistema unificado de gestión y la naturaleza de sus competencias para la protección del ambiente. Por ello, aduce que es constitucional que el Ministerio ejerza control sobre ellas, “(…) pues el tema ecológico es de resorte de la autoridad nacional”. Finalmente, aclara que la autonomía de estas corporaciones se refiere es a su funcionamiento interno. 1.3.4.3 Por último, manifiesta que los preceptos demandados no desconocen el artículo 150-10 superior, pues no crean nuevas funciones en cabeza de las corporaciones autónomas regionales, sino que constituyen simplemente “(…) aspectos ya desarrollados y contemplados dentro de los mecanismos de coordinación y articulación entre entidades que cumplen labores dentro de un sistema, en este caso, constituido por la Ley 99 de 1993”. De forma subsidiaria, alega que aún si se tratase de nuevas funciones, su creación se ajusta a la Carta, ya que “(…) es factible establecer una ‘relación de causalidad directa e inescindible, derivada del ámbito omnicomprensivo de la función reconocida al legislador extraordinario”, en los términos de la sentencia C-462 de 2008. 1.3.5 Ministerio de Minas y Energía Defiende la constitucionalidad de las disposiciones acusadas en los siguientes términos: 1.3.5.1 En relación con el cargo de violación de la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, recuerda que Colombia es un estado unitario con descentralización, lo que significa –en su criterio- que las decisiones administrativas de efecto nacional –como las de materia ambiental- son de resorte de las autoridades nacionales, independientemente de que para su adopción regional intervengan las autoridades descentralizadas. A continuación, asevera que las disposiciones demandadas no vulneran la autonomía de las corporaciones autónomas regionales “(…) porque el principio de autonomía no se opone a la existencia de un control jerárquico que garantice la unidad de la política ambiental del Estado”. Además, en su sentir, la articulación de la política ambiental es una exigencia del estado unitario, y tal articulación es una función del Ministerio de Ambiente como coordinador del Sistema Nacional Ambiental (SINA). De otro lado, sostiene que las corporaciones autónomas regionales son entidades descentralizadas por servicios, lo que en su concepto significa que su gestión “está sujeta a la coordinación de la autoridad central” y que las corporaciones son solamente “organismos de ejecución de políticas públicas nacionales en el orden regional, lo cual implica que las competencias que ejercen emanan del Estado central”. 1.3.5.2 Sobre el cargo por exceder las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, reitera que las corporaciones autónomas regionales “(…) son organismos de ejecución de políticas públicas nacionales en el orden regional, lo cual implica que las competencias que ejercen emanan del Estado central y su autonomía no es absoluta, también se reitera que la inspección y vigilancia sobre las Corporaciones Autónomas Regionales, es de forma discrecional y selectiva, tal como lo dispone la norma”, razones por las cuales asegura que el cargo es infundado. 1.3.5.3 Finalmente, respecto del numeral 14, expresa que no representa una nueva función para las corporaciones autónomas regionales, puesto que en la ley 99 ya estaba prevista dicha función. 1.3.6 Universidad Javeriana 1.3.6.1 La profesora Vanessa Suelt Cock, Directora del Centro de Estudios en Derecho Constitucional, solicita declarar inexequible el numeral 10 acusado por desconocer la autonomía que la Constitución reconoce a las corporaciones autónomas regionales. Explica que de conformidad con el artículo 150-7 superior, estas corporaciones cuentan con independencia financiera, patrimonial y administrativa, especialmente frente al Ministerio de Ambiente. Indica que por esta razón, en sentencias como la C-894 de 2003 y C-554 de 2007, la Corte Constitucional ha declarado inexequibles preceptos que definen dicho ministerio como superior jerárquico de las corporaciones. Por lo anterior, afirma que “(…) resulta cuestionable desde la vista constitucional que el Ejecutivo pretenda (…) que el Ministerio pueda practicar investigaciones sobre las CAR, con el propósito de obtener, confirmar y analizar información sobre su situación jurídica contable, económica y administrativa (inspección); y pueda fiscalizar si sus actuaciones se ajustan a la ley (vigilancia)”. Además, manifiesta que “(…) no sólo ya existen instituciones que desde diversas ópticas contribuyen a tal labor (V.g.r. Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación y Contraloría General de la República), sino que la asignación de funciones al Ministerio supone una contravención de los mandatos constitucionales”. 1.3.6.2 También sostiene que el numeral 10 vulnera el artículo 150-10 superior, pues la ley 1444 –en su sentir- “(…) en manera alguna avaló la creación de funciones, como la consignada en el numeral 10° demandado”. Agrega que “(…) hasta la expedición del decreto 3570 de 2011, la función de inspeccionar y vigilar a las Corporaciones Autónomas Regionales no se encontraba dentro de las atribuidas al Ministerio del Medio Ambiente, en los términos del artículo 5° de la ley 99 de 1993.” 1.3.6.3 De otro lado, señala que el numeral 14 demandado también es inconstitucional, puesto que “(…) la ley 1444 de 2011 no contempló autorización alguna para que el Ejecutivo atribuyera funciones a las Corporaciones Autónomas Regionales”. 1.3.7 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible Se opone a las pretensiones de la demanda, por las siguientes razones: 1.3.7.1 Afirma que la función de inspección y vigilancia de las corporaciones autónomas regionales ya había sido asignada al Ministerio por el artículo 5 de la ley 99, el cual dispone: “Aprobar los estatutos de las Corporaciones Autónomas Regionales y las reformas que los modifiquen o adicionen y ejercer sobre ellas la debida inspección y vigilancia” (subraya original). Explica que el aparte subrayado fue declarado exequible por la Corte en la sentencia C-462 de 2008. 1.3.7.2 Indica que el numeral 10 no vulnera la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, toda vez que (i) el Ministerio de Ambiente, “(…) como director y coordinador de Sistema Nacional Ambiental –SINA, tiene control sobre los asuntos ambientales”; (ii) “(…) el principio de autonomía no se opone a la existencia de un control jerárquico que garantice la unidad de la política ambiental del estado”; y (iii) la autonomía no implica soberanía y debe ceder ante intereses nacionales de mayor monta, como la protección del ambiente. 1.3.7.3 Respecto del numeral 14 censurado, asevera que tampoco lesiona la autonomía de las corporaciones porque éstas “(…) en el artículo 31 de la Ley 99 ya tenía[n] bajo su competencia la administración de las reservas forestales”. Adicionalmente, aduce que la función de realizar estudios técnicos y socioeconómicos para los fines previstos en el numeral 14, estaba en cabeza del Ministerio y el decreto censurado simplemente trasladó la función al amparo de la ley 1444, la cual entregó facultades extraordinarias para reasignar funciones y competencias orgánicas entre entidades y organismos de la Administración. 1.3.8 Federación Colombiana de Municipios Solicita declarar inexequibles los preceptos demandados con apoyo en los siguientes argumentos: 1.3.8.1 Para comenzar, asevera que el decreto acusado es amigo de la autoridad y está amenazado por los demonios de la autocracia. 1.3.8.2 Luego afirma: “El hecho de que la ley se limite a atribuir a un ministerio la inspección y vigilancia sobre un órgano constitucionalmente autónomo, sin avanzar ni un ápice acerca del contenido de esa atribución ni mucho menos en los desarrollos concretos, es una invitación para que en la práctica tal potestad reduzca a los viejos lazos de adscripción y vinculación que son propios del derecho administrativo clásico, manifestaciones del control de tutela que en mala hora los estudiosos franceses idearon para atar bajo el yugo del poder central a los entes que se crearon con una falsa aureola de autonomía. (…) En otras palabras, la Federación no considera que la atribución sea per se inconstitucional, pero opina que el modo como se ha establecido en la norma acusada sí lo es en tanto y cuanto la ley misma no se ocupó de indicar en qué casos procede inspección y vigilancia, de qué manera debe ejercerse, cuáles medidas pueden dictarse respecto de cuáles situaciones, hasta qué punto puede el Ministerio llegar a incidir en la gestión de las corporaciones, de qué manera el control ha de limitarse a lo estrictamente ambiental dejando a salvo lo puramente administrativo y presupuestal de la entidad.” 1.3.8.3 Finalmente, explica que comparte la argumentación del demandante en el sentido de que la ley 1444 no otorgó facultades al Presidente para crear nuevas funciones, como las contenidas en los numerales demandados. 1.3.9 Intervenciones extemporáneas La Universidad del Sinú sostiene que los apartes demandados no desconocen la Constitución, “(…) como quiera que el artículo 38 [de la ley 489] establece la conformación de la estructura estatal, y las CARS hacen parte de esa estructura estatal como entidades especializadas por servicios, a lo que se refiere el Decreto Ley 3570 es al control de tutela que se ejerce sobre las entidades con autonomía administrativa y financiera, además de ello lo dispuesto en el artículo 80 de la carta política le confiere esa vigilancia al presidente de la república, por ello creemos en la constitucionalidad del decreto ley en mención”. 1.4 CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO El Procurador solicita a la Corte estarse a lo resuelto en la sentencia que decida la demanda contra el artículo 18 de la ley 1444, radicada bajo la referencia D-8629, si en ella la Corte declara inexequible dicha disposición; o, en su defecto, declarar exequibles las expresiones demandadas en esta oportunidad. Sus argumentos se resumen a continuación: 1.4.1 Asegura que respecto de numeral 10, ha operado el fenómeno de cosa juzgada material, ya que en la sentencia C-468 de 2008, la Corte Constitucional sostuvo que no se opone a la Carta la facultad del Ministerio de Ambiente de ejercer inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales. Agrega que dicho fallo además pone en evidencia que tal función no es nueva, sino que ya había sido prevista por la ley 99, de modo que la afirmación del demandante en este sentido carece de sustento. 1.4.2 De otro lado, afirma que el numeral 14 no desconoce la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, toda vez que, tal como señala el artículo 30 de la ley 99, dichas entidades deben desarrollar su objeto “(…) conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”. 2 CONSIDERACIONES 2.1 COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5°, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de la referencia, pues las disposiciones acusadas hacen parte de un decreto ley dictado por el Presidente en ejercicio de facultades extraordinarias. 2.2 PROBLEMA JURÍDICO 2.2.1 El demandante considera que los apartes acusados de los numerales 10 y 14 del artículo 2 del decreto ley 3570 de 2011, vulneran los numerales 7 y 10 del artículo 150 superior, por las siguientes razones: En primer lugar, alega que el numeral 10, en tanto otorga al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible la función de ejercer inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales, desconoce la autonomía que la Carta, especialmente el artículo 150-7, reconoce a dichos entes. Específicamente, asevera que la concesión de tal función coloca al Ministerio en posición de superioridad jerárquica respecto de las corporaciones, lo que se opone a su régimen de autonomía. En segundo lugar, sostiene que el Presidente, al expedir las expresiones demandadas, excedió las facultades legislativas extraordinarias que le concedió el Congreso por medio de la ley 1444, ya que, en su criterio: (i) los artículos 11 a 15 de la ley 1444 disponen que en relación con el Ministerio de Ambiente, las facultades extraordinarias solamente se otorgaban para escindir sus funciones debido a la creación del Ministerio de Vivienda, finalidad dentro de la que no encuadra la asignación al Ministerio de Ambiente de la función de ejercer vigilancia y control sobre las corporaciones autónomas regionales o la entrega a estas últimas de la función de llevar a cabo estudios técnicos, sociales y ambientales para la delimitación de parques naturales nacionales, áreas de reserva forestal nacionales y distritos nacionales de manejo integrado; y (ii) el artículo 18 de la ley 1444 solamente autoriza la reasignación de competencias y funciones entre entidades de la administración pública nacional, es decir, la redistribución de competencias y funciones ya existentes, facultad que no comprende la creación de nuevas funciones en cabeza de las corporaciones autónomas regionales, como las previstas en el aparte acusado del numeral 14. 2.2.2 La profesora Vanessa Suelt Cock de la Universidad Javeriana y la Federación Colombiana de Municipios apoyan la solicitud de inexequibilidad de los numerales 10 y 14 (parciales) del artículo 2 del decreto ley 3570 de 2011, por las siguientes razones: La primera (i) considera que el numeral 10 efectivamente desconoce la autonomía que la Constitución reconoce a las corporaciones autónomas regionales. En su sentir, el artículo 150-7 superior se opone a que el Ministerio de Ambiente “(…) pueda practicar investigaciones sobre las CAR, con el propósito de obtener, confirmar y analizar información sobre su situación jurídica contable, económica y administrativa (inspección); y pueda fiscalizar si sus actuaciones se ajustan a la ley (vigilancia)”; y (ii) estima que la ley 1444 no otorgó facultades al Presidente para establecer o redistribuir las funciones previstas en los apartes acusados. Por su parte, la Federación (i) argumenta que el decreto demandado parcialmente es de marcado corte centralista; (ii) censura que no haya especificado “(…) en qué casos procede inspección y vigilancia, de qué manera debe ejercerse, cuáles medidas pueden dictarse respecto de cuáles situaciones, hasta qué punto puede el Ministerio llegar a incidir en la gestión de las corporaciones, de qué manera el control ha de limitarse a lo estrictamente ambiental dejando a salvo lo puramente administrativo y presupuestal de la entidad”; (iii) y apoya el argumento de que la ley 1444 no otorgó facultades al Presidente para crear nuevas funciones, como las contenidas en los numerales demandados. 2.2.3 La Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural, Minas y Energía, y Ambiente y Desarrollo Sostenible, el DAFP y el DNP se oponen a las pretensiones de la demanda, puesto que estiman lo siguiente: En relación con el cargo por violación de la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, afirman que (i) las facultades de inspección y vigilancia en materia ambiental son implícitamente asignadas por el artículo 80 de la Constitución a la administración central, en tanto establece que corresponde al Estado prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental; (ii) existe cosa juzgada material en este caso, pues en la sentencia C-462 de 2008, la Corte Constitucional declaró ajustada a la Carta la facultad del Ministerio de Ambiente de ejercer inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales, ratio decidendi que sigue siendo válida, ya que no ha variado el parámetro de control constitucional; (iii) el Ministerio de Ambiente, como director y coordinador del SINA, debe contar con mecanismos de control que garanticen la unidad de la política ambiental, sin que ello signifique que se halle en superioridad jerárquica frente a las corporaciones; en sentir de los intervinientes, tal control es una exigencia del Estado unitario; (iv) la autonomía de las corporaciones autónomas regionales no es absoluta, pues está sujeta a configuración legal y, en todo caso, debe ceder ante limitaciones razonables, como la prevista en el numeral 10 censurado, en búsqueda de la protección de un interés de alcance nacional como el ambiente sano. En este orden, aseveran que la autonomía de las corporaciones se reduce a materias financieras y administrativas; (v) las corporaciones autónomas regionales son entes descentralizados por servicios del orden nacional, lo que significa que sus funciones emanan del poder central y, por tal motivo, su gestión debe sujetarse a las políticas nacionales en materia ambiental. Respecto al cargo por exceso de las facultades extraordinarias, aseveran que (i) la facultad de ejercer inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales ya había sido otorgada al Ministerio de Ambiente por el artículo 36 de la ley 99; (ii) la función de las corporaciones de realizar los estudios técnicos, sociales y ambientales necesarios para la delimitación de las reservas forestales nacionales emana directamente del artículo 31-16 de la ley 99 en tanto encarga a las corporaciones la administración de dichas áreas; (iii) aún si las anteriores fueran nuevas funciones, su creación no desconoce el artículo 150-10 superior, puesto que guardan una relación de causalidad directa con la finalidad para la que se otorgaron las facultades; (iv) la ley 1444 concedió facultades extraordinarias al Presidente para la reasignación de competencias y funciones orgánicas entre entidades y organismos de la administración pública nacional y otros organismos del Estado, categorías a las que pertenecen tanto el Ministerio de Ambiente como las corporaciones autónomas regionales. En particular, el DAFP asegura que el artículo 39 de la ley 489 prevé que la administración pública no está integrada solamente por la Rama Ejecutiva, sino que de ella hacen parte todos los demás organismos de naturaleza pública que de manera permanente tienen a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios públicos, concepto que incluye a las corporaciones autónomas regionales. 2.2.4 Finalmente, el Ministerio Público solicita a la Corte declarar exequibles los apartes demandados, puesto que considera que (i) respecto del numeral 10, existe cosa juzgada material, ya que en la sentencia C-468 de 2008, la Corte Constitucional sostuvo que no se opone a la Carta la facultad del Ministerio de Ambiente de ejercer inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales; (ii) dicho precepto además no excede las facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso, ya que la función otorgada allí ya existía en la ley 99, como lo pone en evidencia la sentencia C-468 de 2008; y (iii) el numeral 14 no se opone a la autonomía de las corporaciones autónomas regionales, pues dicha autonomía debe ejercerse “(…) conforme a las regulaciones, pautas y directrices expedidas por el Ministerio del Medio Ambiente”. 2.2.5 En este orden de ideas, corresponde a la Sala resolver los siguientes problemas jurídicos: (i) ¿la asignación al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la función de inspección y vigilancia sobre las corporaciones autónomas regionales vulnera el artículo 150-7 superior? y (ii) el Presidente de la República, al expedir las disposiciones acusadas, ¿excedió las facultades extraordinarias que le otorgó el Congreso mediante la ley 1444 y, de esta forma, desconoció el artículo 150-10 de la Carta? Para resolver el primer problema jurídico, la Sala debe determinar: (a) si existe cosa juzgada material en el presente caso, teniendo en cuenta que en la sentencia C-468 de 2008, la Corte se ocupó de una función similar asignada al Ministerio de Ambiente por la ley 99; (b) cuál es la naturaleza constitucional y el contenido de la autonomía que la Carta reconoce a las corporaciones autónomas regionales; y (c) en qué consisten las facultades de inspección y vigilancia. Para resolver el segundo problema jurídico, la Sala abordará los criterios que esta Corporación ha empleado para determinar cuándo el Presidente excede las facultades que le otorga el Congreso para actuar como legislador extraordinario. 2.3 EXAMEN DEL CARGO CONTRA EL NUMERAL 10 (PARCIAL) DEL ARTÍCULO 2 DEL DECRETO LEY 3570 DE 2011 POR DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO DE AUTONOMÍA DE LAS CORPORACIONES AUTÓNOMAS REGIONALES 2.3.1 La cosa juzgada constitucional 2.3.1.1 La administración de justicia tiene la finalidad de contribuir a la resolución de conflictos sociales. Por esta razón las decisiones que adoptan los jueces, en tanto buscan poner punto final a una controversia, hacen tránsito a cosa juzgada, lo que significa que los fallos son inmutables, vinculantes y definitivos. Con fundamento en estas características, la Corte ha señalado que la institución de la cosa juzgada cumple al menos dos funciones: una negativa, que consiste en prohibir a los funcionarios judiciales conocer, tramitar y fallar sobre lo ya resuelto, y una función positiva, referida a proveer seguridad a las relaciones jurídicas.[1] Como dispone el artículo 243 de la Constitución, en concordancia con los artículos 46 y 48 de la ley 270 de 1996 y el artículo 22 del decreto 2067 de 1991, el efecto de cosa juzgada también se predica de las sentencias que profiere la Corte Constitucional en cumplimiento de su misión de asegurar la integridad y la supremacía de la Carta. En el contexto del control constitucional de las disposiciones de rango legal, la cosa juzgada propende por la seguridad jurídica y el respecto de la confianza legítima, en la medida en que evita que se reabra el juicio de constitucionalidad de una norma ya examinada y que un contenido normativo declarado inexequible sea reintroducido en el ordenamiento jurídico. Además, contribuye a racionalizar las decisiones de la Corporación, puesto que exige que sus decisiones sean consistentes y hagan explícita la ratio decidendi, así como su fundamento constitucional.[2] 2.3.1.2 La existencia de cosa juzgada es fácil de identificar cuando un ciudadano, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, demanda una disposición que en una providencia previa fue declarada inexequible. En esta hipótesis la disposición contraria a la Carta desaparece del ordenamiento jurídico y, en el futuro, si se presentan demandas contra ella, no existe objeto sobre el cual pronunciarse. 2.3.1.3 La situación es más compleja cuando en un pronunciamiento previo, la Corte declaró exequible la misma disposición acusada. En estos casos, para que pueda hablarse de la existencia de cosa juzgada en estricto sentido, es preciso que la nueva controversia verse (i) sobre el mismo contenido normativo del mismo precepto examinado y (ii) sobre cargos idénticos a los analizados en ocasión anterior.[3] La identidad de cargos implica un examen tanto de los contenidos normativos constitucionales frente a los cuales se llevó a cabo la confrontación, como de la argumentación empleada por el demandante para fundamentar la presunta vulneración de la Carta; mientras la identidad de contenidos normativos acusados demanda revisar el contexto en el que se aplica la disposición desde el punto de vista de la doctrina de la Constitución viviente. 2.3.1.4 Existen eventos en los que en apariencia una controversia constitucional es similar a otra ya analizada por la Corte, pero que examinada más a fondo, contiene diferencias desde alguna o las dos perspectivas anteriores que hacen imposible hablar de la presencia de cosa juzgada constitucional en sentido estricto. Ejemplo de esos casos son los que la Corte ha clasificado bajo doctrinas como la de la cosa juzgada relativa, la cosa juzgada aparente y la cosa juzgada material, entre otras. Según la jurisprudencia constitucional, la cosa juzgada relativa se presenta cuando una declaración de exequibilidad se circunscribe exclusivamente a los cargos analizados en la respectiva sentencia, razón por la cual en el futuro pueden analizarse nuevas demandas por cargos distintos contra la misma disposición.[4] No siempre esta limitación se hace explícita en la parte resolutiva del fallo, como ocurre en el caso de la cosa juzgada relativa explícita. Puede ocurrir que por errores de técnica,...