Sentencia C-568 de 2019

C-568-19 Sentencia C-568/19 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Competencia de la Corte Constitucional CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA-Jurisprudencia constitucional PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA-Se funda en el aforismo nullum tributum sine lege PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA-Competencia del legislador PRINCIPIO DE CERTEZA TRIBUTARIA-Exigencias CONFIGURACION LEGISLATIVA TRIBUTARIA EN OBLIGACIONES FORMALES-Condiciones para delegación en la administración PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA-Contenido y alcance TASAS-Características esenciales que las diferencian de los impuestos y las contribuciones PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN MATERIA TRIBUTARIA-Elementos mínimos La determinación de los elementos esenciales del tributo es competencia exclusiva de las corporaciones públicas de elección popular, en atención al principio de legalidad en materia tributaria previsto en la Constitución. Sin embargo, el Congreso de la República puede autorizar a las autoridades administrativas para que determinen algunos componentes del tributo, tales como los aspectos formales y sustanciales a los que se hizo alusión, y la fijación de la tarifa de las tasas y las contribuciones TARIFA DE TASAS Y CONTRIBUCIONES-Delegación de fijación AUTORIDAD ADMINISTRATIVA-Sistema y método para que defina la tarifa METODO Y SISTEMA-Alcance de los conceptos METODO Y SISTEMA PARA FIJAR LA TARIFA DE TASAS Y CONTRIBUCIONES-Competencia compartida entre gobierno y autoridades En suma, la determinación del sistema y del método constituye una exigencia ineludible cuando se delega la fijación de la tarifa de las tasas y contribuciones a las autoridades administrativas. Ese criterio, a su vez, comporta la necesidad de establecer con suficiente claridad y precisión los parámetros que delimitan la autorización conferida al ejecutivo, dado que no implica que el legislador debe agotar la regulación de todas las materias hasta el menor detalle SISTEMA Y METODO EN TARIFAS DE TASAS Y CONTRIBUCIONES-Jurisprudencia constitucional NORMA ACUSADA-Contenido y alcance SENTENCIA DE EXEQUIBILIDAD TEMPORAL O INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Procedencia excepcional DECLARATORIA DE INEXEQUIBILIDAD-Sentencia diferida o integradora SUPERINTENDENCIA-Funciones de inspección, control y vigilancia/SUPERINTENDENCIA-Ejercicio de funciones presidenciales SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Aplicación Por ello, esta Sala colige que el retiro inmediato de la disposición cuestionada implicaría un vacío normativo que generaría intensos traumatismos en el desarrollo de las tareas que la Ley 1796 de 2016 le encomendó a la Superintendencia de Notariado y Registro en relación con el control y vigilancia de los curadores urbanos, afectaría el interés público en torno a la seguridad de las construcciones que se edifican en el país, y perjudicaría el curso normal del concurso a partir del cual se designarán los particulares que desempeñarán esa función pública. Asimismo, esta Corporación estima que la posibilidad de comprometer parte del presupuesto general de esa Superintendencia podría afectar gravemente la prestación de otros servicios a su cargo, en tanto ello implicaría desajustar la dinámica económica prevista originalmente por el Congreso de la República SENTENCIA DE INEXEQUIBILIDAD DIFERIDA-Término razonable para suspensión de efectos Referencia: expediente D-13262. Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 30 y 31 de la Ley 1796 de 2016. Accionante: Claudia Rocío Hernández Lozano. Magistrado Ponente: JOSÉ FERNANDO REYES CUARTAS Bogotá, D.C., veintisiete (27) de noviembre de dos mil diecinueve (2019). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, la ciudadana Claudia Rocío Hernández Lozano demandó los artículos 30 y 31 de la Ley 1796 de 2016. A través de auto del 13 de junio de 2019 se admitió la demanda y se dispuso: (i) comunicar al presidente del Congreso, al Presidente de la República y a los Ministerios de Hacienda y Crédito Público, y de Vivienda, Ciudad y Territorio; (ii) invitar a la Comisión Colombiana de Juristas, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Colegio Nacional de Curadores Urbanos, al Instituto Colombiano de Derecho Tributario y a las universidades Nacional de Colombia, Andes, La Sabana, Eafit, Pontificia Bolivariana, de Antioquia, Sergio Arboleda, Externado de Colombia, Libre de Colombia, Javeriana, de Caldas, de Manizales y del Rosario; y (iii) fijar en lista el proceso para permitir la intervención ciudadana y correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación. II. NORMAS LEGALES ACUSADAS A continuación, la Corte presenta las disposiciones cuestionadas: “Ley 1796 de 2016[1] Por la cual se establecen medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones y el fortalecimiento de la Función Pública que ejercen los curadores urbanos, se asignan unas funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia DECRETA: Artículo 30. SOSTENIBILIDAD DE LA VIGILANCIA. <Rige a partir del 13 de julio de 2017> Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la vigilancia que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro, sobre la función pública que prestan los curadores urbanos, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en el ejercicio de las facultades que le otorga la Ley 388 de 1997 modificada parcialmente por la Ley 810 de 2003 y el Decreto número 1469 de 2010 (compilado por el Decreto número 1077 de 2015), reglamentará el porcentaje de las expensas que se destinará para este fin. Artículo 31. FONDO CUENTA DE CURADORES URBANOS. <Rige a partir del 13 de julio de 2017> Créase un Fondo Cuenta sin personería jurídica, el cual se formará con el porcentaje de las expensas que se destine a la sostenibilidad de la vigilancia que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro. El Superintendente de Notariado y Registro será el representante legal del Fondo y el ordenador del gasto”. III. LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD La accionante estima que los artículos 30 y 31 de la Ley 1796 de 2016, vulneran el artículo 338 de la Constitución. En este sentido, explica que la Carta Política establece que las leyes, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar los elementos esenciales de los tributos y que tan solo de manera excepcional resulta admisible facultar a las autoridades administrativas para fijar la tarifa de esas obligaciones[2]. Asimismo, explica que tal posibilidad solo resulta procedente en el evento de las tasas y las contribuciones y que, en cualquier caso, la ley, la ordenanza o el acuerdo deben señalar el sistema y el método para efectuar el reparto y la determinación del monto de la tarifa. Advierte que aunque la noción de sistema y método no ha sido definida por una disposición de orden legal o constitucional, la Corte sí ha precisado el alcance de esos conceptos[3]. En esa medida, expresa que este Tribunal “estableció que el ‘Método’ corresponde a las pautas y criterios que dan lugar a determinar los costos y beneficios que permiten establecer la tarifa de la tasa o contribución. Del mismo modo, definió que el ‘Sistema’ como la forma específica de medición económica, de valoración y ponderación de los distintos factores que convergen en la determinación de la tarifa” (negrilla propia del texto). Sostiene que la Constitución restringe la potestad para determinar el sistema y el método como una medida encaminada a evitar el traslado absoluto de la competencia que en la materia tienen el Congreso, las asambleas y los concejos. Además, señala que esa circunstancia asegura los principios de legalidad y representatividad tributaria[4]. Seguidamente, expone que a pesar de que el sistema y el método no deben estar fijados de forma detallada, pues ello implicaría desnaturalizar la delegación que se puede hacer en estos casos, la jurisprudencia constitucional[5] ha señalado que resulta necesario “indicar siquiera de manera general las reglas y criterios objetivos a los que se debe ajustar la autoridad administrativa, al fijar los costos de la prestación del servicio a recuperar y la tarifa del tributo” (subrayado propio del texto). A partir de tales planteamientos, manifiesta que el artículo 30 de la Ley 1796 de 2016 no establece un sistema ni un método, en tanto no permite “definir de manera objetiva los costos del servicio prestado por la Superintendencia de Notariado y Registro y el valor de la tarifa que deben pagar los Curadores Urbanos”. Adicionalmente, indica que los artículos cuestionados establecen un sujeto activo, un sujeto pasivo, un hecho generador, una base gravable y un acto de delegación para que la autoridad administrativa fije la tarifa del tributo[6], mas “no se observa siquiera una mención a una pauta o regla objetiva que permita establecer los costos del servicio de vigilancia que presta la Superintendencia de Notariado y Registro a los Curadores Urbanos, así como tampoco define un criterio objetivo que limite la discrecionalidad del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio (sic), en la fijación del porcentaje de las expensas que deben sufragar los Curadores Urbanos”. Por ende, afirma que es posible que el porcentaje de la tasa sea hasta del 100% del monto de las expensas, como resultado del absoluto margen de discrecionalidad que existe en este caso. Asimismo, asegura que la mención a la Ley 388 de 1997 no satisface la exigencia que establece el artículo 338 de la Constitución en relación con el sistema y el método, pues tal legislación solamente reglamenta la tarifa de la retribución económica que debe asumir quien solicita una licencia urbanística a la curaduría, pero no permite inferir una regla objetiva para determinar el monto que le deben pagar los curadores urbanos a la Superintendencia de Notariado y Registro. Paralelamente, encuentra que la inexequibilidad persistiría aún si el Decreto 1077 de 2015[7] contemplara un método y un sistema para el tributo creado por las normas demandadas, por cuanto, reitera, tal facultad resulta exclusiva del Congreso, las asambleas y los concejos. Finalmente, en relación con la constitucionalidad del artículo 31 de la Ley 1796 de 2016, asevera que, teniendo en cuenta su relación directa y orgánica con el artículo 30 de esa misma norma, se debe declarar su inexequibilidad por ser una disposición accesoria, “toda vez que el Fondo Cuenta carecería de razón de ser sino (sic) tuviera como finalidad captar los recursos del tributo antes analizado”. IV. INTERVENCIONES Intervenciones oficiales Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio[8] 1. Solicita que se declare la exequibilidad de los artículos objetados, además de considerar que la demanda no cumple los requisitos porque los motivos expuestos carecen de una fundamentación clara que habilite la posibilidad de que este Tribunal emita un pronunciamiento de fondo. Asimismo, afirma que los razonamientos presentados son subjetivos e impertinentes, “pues si bien hay un despliegue de la demanda, en ella no se expresan las razones por las cuales se considera que las disposiciones acusadas son contrarias a la Carta Política”[9]. Adicionalmente, explica que los cargos deben ser desestimados en tanto la Constitución no establece un procedimiento específico para la expedición de los preceptos que cuestiona la accionante, lo que descarta algún tipo de afectación a la eficacia y validez de los mismos. Por ende, sostiene que la facultad que le ha sido conferida al Ministerio para reglamentar el porcentaje de las expensas que se debe destinar para asegurar la sostenibilidad de la vigilancia que efectuará la Superintendencia de Notariado y Registro respecto de los curadores urbanos es correcta y está definida. Superintendencia de Notariado y Registro[10] 2. Pide que esta Corporación se inhiba de proferir un pronunciamiento de fondo acerca de la controversia planteada por ineptitud sustantiva de la demanda[11]. En subsidio, insta a esta Corte a que declare la exequibilidad del artículo 30 de la Ley 1796 de 2016. Lo primero, porque no halla ciertos ni específicos los cargos. Lo segundo porque encuentra que en todo caso no se está creando un tributo, pero además porque el art. 30 citado, no cumple con las características que la jurisprudencia ha definido como la contraprestación directa y la no obligatoriedad de la misma. En todo caso admite que a lo sumo lo estipulado en los preceptos demandados podría ser considerado como una subvención, pues (i) se trata de una prestación económica a cargo de un particular que ejerce funciones públicas (los curadores urbanos), (ii) el sujeto pasivo es una entidad pública encargada de vigilar el servicio que prestan los curadores urbanos y de efectuar el respectivo concurso para su designación (Superintendencia de Notariado y Registro), (iii) el buen funcionamiento de las curadurías es un objetivo constitucional de interés general, y (iv) el aporte tiene como finalidad el mejoramiento del servicio. Por último, explica que aún si se considera que el cobro establecido en el artículo 30 de la Ley 1796 de 2016 constituye una tasa, no suscita ningún problema de constitucionalidad al encontrarse satisfechas las exigencias de que trata el artículo 338 de la Constitución. Concretamente, señala que a partir de los criterios contenidos en las leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, así como en los decretos 2150 de 1995 y 1469 de 2010, es posible encontrar el sistema y el método de las expensas. Intervenciones académicas La Universidad Libre de Colombia, Facultad de Derecho de Bogotá[12] 3. Solicita que se declare la inexequibilidad de los artículos 30 y 31 de la Ley 1796 de 2016. Luego de referirse a los principios de legalidad y certeza tributaria, explica que las leyes 388 de 1997 y 810 de 2003, así como el Decreto 1469 de 2010, compilado por el Decreto 1077 de 2015, regulan la tasa de vigilancia que se demanda en esta ocasión. A partir de ello, manifiesta que el Congreso de la República no tuvo en cuenta que “aunque sí se puede delegar en una autoridad administrativa la determinación de algunos elementos de la tasa, la [Constitución] en el art. 338 fija que para toda imposición de tributos será necesario que haya un sistema y un método definido por el órgano popular”. De igual modo, refiere que a partir de la revisión de las normas ordenadoras de la tasa de vigilancia no se logra derivar que, en efecto, se hubiere establecido las directrices o criterios mínimos que le permitan a la autoridad administrativa determinar el monto de la tarifa. En consecuencia, concluye que la norma es inconstitucional “pues se impuso de conformidad con los parámetros considerados por el Ministerio de Vivienda, ciudad y territorio (sic) en sus decretos Decreto (sic) 1469 de 2010 y 1077 de 2015 sin los mínimos constitucionales que exige el art. 338 constitucional, vulnerando el principio de legalidad tributaria y el de certeza tributaria”. Además, precisa que el artículo 31 de la Ley 1796 de 2016 perdería su finalidad al declararse la inconstitucionalidad de la norma que habilita el cobro de la tasa de vigilancia y que, por ello, también debe declararse contrario a la Constitución. Colegio Nacional de Curadores Urbanos[13] 4. Aboga por la inexequibilidad de los artículos demandados. De ese modo, explica que aunque resulta admisible delegar en una autoridad administrativa la determinación del porcentaje de las expensas que deben sufragar los curadores urbanos para asegurar la sostenibilidad de la vigilancia que presta la Superintendencia, el Congreso estaba en la obligación de suministrar previamente un sistema y un método para efectuar tal procedimiento. En este mismo sentido, expone que el artículo 30 de la Ley 1796 de 2016 no establece elementos, criterios o pautas a partir de los cuales se pueda inferir, por un lado, que el tributo corresponde a lo requerido por la Superintendencia de Notariado y Registro para la vigilancia de las actuaciones de los curadores urbanos; y, por el otro, que el monto del cobro es el resultado del análisis de factores claros y objetivos. Adicionalmente, subraya que las facultades de que trata la Ley 388 de 1997 y a las que hace alusión el artículo demandado, corresponden “a la fijación del monto de las expensas que los curadores urbanos pueden cobrar por sus servicios a los particulares que solicitan adelantar los trámites de expedición de licencias urbanísticas” (negrilla propia del texto). Por último, explica que la lectura de la Resolución 0064 de 2018, a través de la cual el Ministerio de Vivienda determinó el monto de las expensas que deben pagar los curadores urbanos, confirma que no existe un sistema y un método respecto de la aplicación de los preceptos demandados, pues el valor al cual se llegó se determinó con total discrecionalidad. El Instituto Colombiano de Derecho Tributario[14] 5. Por un lado, pide que la Corte declare la inexequibilidad del artículo 30 de la Ley 1796 de 2016 y, por el otro, aboga por la exequibilidad del artículo 31 ejusdem. En lo que respecta al primer escenario, precisa que esa disposición contraría la Constitución debido a que no contempla un sistema ni un método que permita establecer los costos y los beneficios involucrados en el pago de la tarifa, así como la forma de efectuar su reparto. De igual modo, cuestiona que la discrecionalidad que le otorga ese precepto al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio sea total. En lo que tiene que ver con el Fondo Cuenta de Curadores Urbanos, estima que el hecho de que una norma sea accesoria a otra no implica que sea inconstitucional y, por ende, el artículo 31 resulta conforme con la Carta Política. Leidy Tatiana Arias Moreno, Jenny Marcela Bonilla Carrillo, Alejandro Naranjo Valderrama, Oscar Mauricio Molina Santanilla, Nagi Daniela Meneses Olaya[15] 6. Solicitan que se declaren inexequibles las normas demandadas en esta ocasión. Así pues, luego de hacer alusión a algunos principios que rigen la potestad tributaria, manifiestan que el artículo 30 de la Ley 1796 de 2016 es inconstitucional debido a que no establece un sistema ni un método para fijar la respectiva tarifa. Asimismo, señalan que, debido a su íntima relación con la tasa de vigilancia, el artículo 31 de esa norma también debe ser declarado contrario a la Carta Política. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN[16] 7. Solicita que se declare la inexequibilidad de las normas demandadas en forma diferida a partir del vencimiento de las dos legislaturas siguientes a la ejecutoria de la sentencia. En tal sentido, expresa que la Ley 1796 de 2016 definió los elementos esenciales de la tasa dispuesta en su artículo 30[17], mas no estableció el sistema y el método “para definir los costos de los servicios que se presten a los usuarios y la manera de hacer el reparto de tales costos en relación con dicha tasa”. Al respecto, recuerda que aunque el Congreso de la República está facultado para delegar la determinación de la tarifa en materia de tasas y contribuciones, no puede eludir su obligación de fijar el sistema y el método. Por ello, cuestiona que el legislador le haya otorgado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio la posibilidad de fijar el monto de la tarifa por concepto de la vigilancia que prestará la Superintendencia de Notariado y Registro, sin haber cumplido las exigencias de que trata el artículo 338 de la Constitución. Adicionalmente, refiere que “ninguna de las disposiciones legales que invoca el legislador –las reglamentarias no son de recibo en este caso- establece el método y/o sistema que se requiere para la fijación de la tarifa de la tasa de vigilancia. En el mismo sentido, es improcedente acudir a tales normales legales debido a que la tasa de vigilancia de la función pública de curaduría fue creada por primera vez mediante el artículo 30 de la Ley 1796 de 2016, razón por la que resulta imposible que el legislador hubiera previsto en leyes anteriores el método y/o sistema requerido para fijar la tasa”. Por otro lado, en lo relacionado con el artículo 31 de la Ley 1796 de 2016, afirma que en atención a su dependencia jurídica inescindible con el artículo 30, ejusdem, también debe ser declarado inexequible. Por último, advierte que, en atención al propósito de la tasa de vigilancia en torno a la construcción de las edificaciones, así como frente a la confianza legítima que posee la Superintendencia de Notariado y Registro, resulta necesario que se difieran los efectos de la declaración de inconstitucionalidad a partir del vencimiento de las dos legislaturas siguientes a la ejecutoria de la sentencia[18]. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Competencia 1. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, esta Corporación es competente para conocer el asunto de la referencia ya que se trata de una demanda interpuesta contra los artículos 30 y 31 de la Ley 1796 de 2016. Cuestión preliminar: la aptitud sustantiva de la demanda 2. El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Notariado y Registro solicitan a la Corte inhibirse de proferir un fallo de fondo debido a que, en su criterio, el cargo planteado por la demandante no cumple con los requisitos de claridad, certeza, pertinencia, especificidad y suficiencia. 3. No obstante que el artículo 40 de la Constitución Política establezca como derecho de los ciudadanos el presentar acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley,[19], ello no está exento de exigencias puntuales, dado que, en virtud del principio democrático, se presume la constitucionalidad de las disposiciones proferidas por el Congreso de la República. Así se halla reglado en el artículo 2[20] del Decreto Ley 2067 de 1997[21] y explicado por jurisprudencia[22]-[23]. 4. En el caso objeto de estudio, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio cuestiona la aptitud de la demanda, en tanto considera carece de una argumentación clara en relación con los motivos por los cuales los artículos cuestionados son inexequibles. También señala que los razonamientos expuestos son subjetivos (certeza) e impertinentes debido a que la norma no adolece de problemas de constitucionalidad y a que no explica por qué se opone a la Carta Política. Por su lado, la Superintendencia de Notariado y Registro también señala que no se presenta una oposición objetiva y verificable entre las disposiciones atacadas y la Constitución (especificidad). Además, afirma que la accionante parte de una noción equivocada por cuanto el artículo 30 de la Ley 1796 de 2016 no establece un nuevo tributo (certeza), y que sus argumentos son contradictorios no permitiendo establecer con claridad el concepto de violación. 5. Para la Corte la demanda sí cumple las exigencias argumentativas básicas que sobre la materia se han establecido. En primer lugar, aunque las solicitudes de inhibición no fueron suficientemente fundamentadas y una de ellas busca suplir finalmente el debate constitucional[24], se procederá a estudiarlas en su conjunto en orden a determinar la procedencia de una decisión de fondo. 6. En lo relacionado con la claridad del cargo, esta Corte advierte que a partir de la revisión de la demanda se logra inferir razonablemente cuál es el sentido en el que va dirigido el cuestionamiento constitucional, esto es, la inexistencia de un sistema y un método respecto de la presunta tasa contenida en el artículo 30 de la Ley 1796 de 2016, al que se deba ajustar la autoridad administrativa al establecer los costos de la prestación del servicio a recuperar y, por ende, la tarifa del tributo. 7. En lo concerniente al requisito de certeza se observa que, contrario a lo expuesto por la Superintendencia, una lectura literal permite advertir que las disposiciones acusadas se encuentran contenidas en el Capítulo III de la Ley 1796 de 2016, denominado “tasa de vigilancia”. Asimismo, la demanda resulta, en principio, acertada al cuestionar el artículo 30 en tanto corresponde al precepto que le entrega al Ministerio de Vivienda la reglamentación del porcentaje de las expensas que deben pagar los curadores urbanos para asegurar la sostenibilidad de la vigilancia que efectuará la Superintendencia de Notariado y Registro, lo que requiere la determinación previa del sistema y el método por el Congreso, la asamblea o el concejo, que se echa de menos. Aunado a lo anterior, una interpretación contextual del artículo 30 de la Ley 1796 de 2016 permite preliminarmente inferir que al contemplar la destinación de un porcentaje de las expensas que perciben los curadores urbanos, se están gravando esos ingresos a través de una carga impositiva diferente a la que existe en el caso de los ciudadanos que solicitan la expedición de una licencia urbanística, pues esta nueva obligación se enmarca en la relación que se creó entre la Superintendencia de Notariado y Registro y los curadores urbanos. De todas maneras, al involucrar este supuesto la problemática central del asunto, al Tribunal le asiste, en principio, el deber de examinar de fondo el asunto como garantía para el ejercicio de los derechos ciudadanos. 8. Por otro lado, los argumentos presentados por la accionante son pertinentes, pues tienen relación con la exigencia contenida en el artículo 338 de la Constitución, en los escenarios en los que se delega en una autoridad administrativa la reglamentación en orden a la fijación de la tarifa de una presunta tasa. 9. En cuanto a la especificidad del cargo la Sala advierte que el núcleo de la controversia planteada por la actora se circunscribe al desconocimiento de la obligación de establecer un sistema y un método de que trata el artículo 338 de la Constitución, con lo cual se expone la manera como se contraponen las normas cuestionadas y la Carta Política. 10. Finalmente, esta Corporación encuentra que a partir de los argumentos presentados en la demanda se deriva una duda mínima respecto de la constitucionalidad de los artículos 30 y 31 de la Ley 1796 de 2016 (suficiencia), consistente en que pudo presentarse la violación del principio constitucional de legalidad tributaria, así como la inconstitucionalidad por consecuencia. Problema jurídico y metodología de decisión 11. La Corte entrará resolver el siguiente problema jurídico: ¿Se vulnera el principio de legalidad tributaria (art. 338 C. Pol.), cuando las disposiciones acusadas establecen que se destinará una parte de las expensas que perciben los curadores urbanos, para garantizar la sostenibilidad de la vigilancia que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro sobre la función pública que estos desempeñan, sin establecer presuntamente el sistema y el método a partir del cual el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamentará el porcentaje que se empleará para ese fin? Para la resolución del interrogante planteado, deberá establecer, en primer lugar, si se está ante una tasa, tal como fue objetado por la Superintendencia de Notariado y Registro. Asimismo, atendiendo la respuesta que se brinde en su conjunto a lo mencionado, se procederá a resolver sobre los artículos 30 y 31 de la Ley 1796 de 2016, último de los cuales se alega una presunta inconstitucionalidad por consecuencia. De esta manera, este Tribunal reiterará su jurisprudencia acerca (i) del principio de legalidad en materia tributaria; (ii) de las exigencias que debe cumplir el Congreso de la República para implementar una tasa. Con base en lo anterior abordará (iii) el asunto sub examine. El principio de legalidad en materia tributaria. Reiteración de jurisprudencia constitucional 12. El principio de legalidad en materia tributaria tiene su fundamento normativo en los artículos 150 y 338 de la Constitución[25], en tanto disponen que el Congreso de la República tiene la potestad de “[e]stablecer contribuciones fiscales y, excepcionalmente, contribuciones parafiscales en los casos y bajo las condiciones que establezca la ley”, y que “[e]n tiempo de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los concejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos deben fijar, directamente, los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables, y las tarifas de los impuestos”[26]. 13. Este principio se cimienta en el aforismo “nullum tributum sine lege”[27], según el cual solamente los organismos de representación popular están facultados para imponer este tipo de cargas, y, además, constituye una característica definitoria del Estado constitucional[28], pues guarda una íntima relación con la necesaria legitimidad democrática de las normas fiscales. De ahí que su objetivo primordial[29] sea “fortalecer la seguridad jurídica y evitar los abusos impositivos de los gobernantes, puesto que el acto jurídico que impone la contribución debe establecer previamente, y con base en una discusión democrática, sus elementos esenciales para ser válido[30]”. 14. En armonía con ello, (i) los tributos[31] deben ser establecidos por las corporaciones públicas de elección popular, con lo cual se proscribe la posibilidad de delegar esa facultad en otras autoridades; (ii) la obligación tributaria se hace exigible solamente cuando se ha determinado de forma previa al hecho que la origina; (iii) el Congreso de la República está obligado a determinar los elementos esenciales del tributo, es decir, el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho gravable, la base gravable y la tarifa[32]; y (iv) la potestad tributaria de las entidades territoriales se encuentra condicionada por la Constitución y la ley[33]. 15. La determinación de los componentes básicos del tributo, ha dicho la Corte, genera certidumbre en torno al contenido de los compromisos que en materia fiscal tienen los ciudadanos. En esa medida, además de constituir un principio autónomo[34], la certeza tributaria impone a las autoridades competentes para establecer los gravámenes la obligación de establecer con claridad y precisión[35] los elementos esenciales del impuesto, la tasa o la contribución, como una medida encaminada a asegurar la seguridad jurídica y la eficacia del recaudo del tributo[36]. 16. A pesar de ello esta Corporación ha sostenido que además de la posibilidad de delegar la fijación la tarifa de las tasas, resulta admisible que el Congreso de la República comisione a las autoridades administrativas para que determinen algunos aspectos formales y sustanciales de los tributos, siempre que no se comprometan derechos fundamentales y sea una facultad excepcional, y cuando se trate de variables económicas con repercusiones en el gravamen, respectivamente[37]. En lo que respecta a la categoría formal, este Tribunal ha explicado que refiere a la regulación de trámites administrativos que tienen que ver con el recaudo, liquidación, discusión y administración, de ciertos tributos. En contraste, en el escenario de los aspectos sustanciales la Corte[38] ha puntualizado: “(i) la ley debe determinar directamente los elementos del tributo, pero esto no le impide remitir a nociones que tengan una contrapartida variable en la realidad económica (por ejemplo, a precios, a valores, a índices de bursatilidad), aunque su expresión concreta le corresponda a la administración, pues en tales eventos las reglas técnicas permiten aplicar los conceptos empleados ‘con un alto nivel de certeza’;[39] (ii) si bien no es preciso que se defina estrictamente en la ley el mecanismo para medir o expresar esa variable, sí se debe ‘indicar la manera como debe ser fijado’ en el reglamento el mecanismo correspondiente,[40] lo cual significa que debe haber pautas, criterios o estándares generales incluso flexibles, que orienten la reglamentación de la materia; (iii) en ningún caso la ley puede facultar al Ejecutivo para ‘cambiar, introducir nuevos elementos […], ni modificar las reglas ya trazadas por la Ley’[41]”. 17. A partir de ahí, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la legalidad del tributo contribuye a consolidar su predeterminación, la seguridad jurídica y la unidad económica[42]. En el primer caso, porque, como se mencionó, obliga a las corporaciones públicas de elección popular a definir, a través de normas previas y ciertas, los elementos del gravamen, sin perjuicio de la posibilidad que existe de habilitar a las autoridades administrativas para fijar el monto de la tarifa de las tasas y las contribuciones, y de determinar algunos aspectos concretos del tributo[43]. En el segundo, debido a que les permite a los ciudadanos conocer el alcance de las obligaciones que poseen con el Estado en materia tributaria, y porque consolida la existencia de reglas claras y concretas, que, a su vez, aseguran la previsibilidad de las decisiones de las autoridades administrativas y judiciales. Por último, apuntala la existencia de un modelo económico común, por cuanto asegura un diálogo dinámico y coherente entre las competencias de las autoridades territoriales y del Congreso de la República. 18. Por último, en lo concerniente a los tipos de cargas fiscales esta Corporación ha señalado que generalmente se clasificación en impuestos, tasas y contribuciones especiales[44]. Tales categorías, sin embargo, no constituyen una agrupación exhaustiva de las cargas tributarias que existen en el país, sino que responden a la organización habitual de las mismas[45]. Dicho lo anterior, la Sala efectuará una breve referencia de las características que poseen cada una de esas especies; centrándose especialmente en las tasas por corresponder el asunto por resolver. Posteriormente, hará lo propio respecto de los elementos del tributo. Impuestos (i) constituyen una carga tributaria general, por lo cual se le cobra a todos los ciudadanos que den lugar a ello; (ii) no tienen relación con la generación de un beneficio directo para el contribuyente; (iii) el Estado puede disponer de los recursos que se recauden a partir de esta carga fiscal según lo dispuesto en los planes y presupuestos nacionales, en tanto dicho dinero ingresa a las arcas generales del Estado en virtud del principio de unidad de caja; (iv) el pago es obligatorio, por lo que se puede asegurar su cumplimiento a través de la jurisdicción coactiva; (v) y la capacidad económica del contribuyente se debe tener en cuenta en la norma que lo crea[46]. Tasas[47] Son ingresos tributarios a través de los cuales se asegura la recuperación total o parcial de los costos[48] en los que incurre el Estado para garantizar la prestación de un servicio o la utilización de un bien de dominio público y, además, se trata de una imposición que se establece unilateralmente por el Estado, pero que solamente se origina a partir de la solicitud del contribuyente. A su vez, se caracterizan porque (i) su hecho generador se fundamenta en la prestación de un servicio público, por lo cual el beneficio percibido por el ciudadano es individualizable; (ii) su naturaleza es retributiva, en tanto se trata de una compensación por el gasto en el que ha incurrido el para prestar el servicio; (iii) su cobro se habilita cuando el contribuyente provoca la prestación del servicio público; (iv) su pago es proporcional, aunque en ciertos escenarios admite criterios distributivos[49]. Contribuciones especiales (i) se originan a partir de la realización de obras públicas o actividades de interés colectivo que generan un beneficio para un individuo o un grupo de ello; (ii) reconocen la existencia de una inversión estatal; (iii) la obligación que se encuentra a cargo del contribuyente es proporcional al beneficio obtenido; (iv) los ciudadanos beneficiados con la obra pública o la actividad de interés colectivo no pueden negarse a la inversión y se encuentran comprometidos con el pago del tributo; (v) son cargas fiscales, por regla general, progresivas, pues se liquidan a partir del beneficio obtenido[50]. 19. En lo que respecta a los elementos del tributo, el artículo 338 de la Constitución establece que la ley, las ordenanzas y los acuerdos deberán fijar el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa de los tributos. Como resultado de ello, la Corte se ha ocupado de explicar cuáles son las implicaciones que se derivan a partir de cada uno de esos componentes. Veamos[51]: Sujeto activo Acerca de este elemento se ha estructurado un concepto tripartito. Por ello, se puede tener como sujeto activo (i) a quien tiene la potestad de establecer el tributo; (ii) al acreedor que tiene la facultad para exigir el pago de la prestación económica que aparece como resultado de la carga fiscal; y (iii) al beneficiario del dinero recaudado, quien también puede disponer del mismo[52]. Sujeto pasivo El sujeto pasivo puede ser de iure y de facto. En el primer caso se trata de quienes pagan formalmente el impuesto, y en el segundo de quienes soportan efectivamente las consecuencias económicas del tributo[53]. La Corte ha explicado esta clasificación con el siguiente ejemplo: “En los tributos directos, como el impuesto a la renta, en general ambos sujetos coinciden, pero en cambio, en los impuestos indirectos (…) el sujeto pasivo de iure no soporta económicamente la contribución, pues traslada su costo al consumidor final”[54]. Hecho generador Este elemento “define el perfil específico de un tributo, puesto que, como lo señala la doctrina, y lo ha precisado esta Corporación (Sentencia C-583/96), este concepto hace referencia a la situación de hecho, que es indicadora de una capacidad contributiva, y que la ley establece de manera abstracta como situación susceptible de generar la obligación tributaria, de suerte que si se realiza concretamente ese presupuesto fáctico, entonces nace al mundo jurídico la correspondiente obligación fiscal”[55]. Base gravable Este componente hace referencia a “la magnitud o la medición del hecho gravado, a la cual se le aplica la correspondiente tarifa, para de esta manera liquidar el monto de la obligación tributaria”[56]. Tarifa La tarifa “debe entenderse como la magnitud o el monto que se aplica a la base gravable y determina el valor final del tributo que debe sufragar el contribuyente”[57]. 20. En conclusión, la determinación de los elementos esenciales del tributo es competencia exclusiva de las corporaciones públicas de elección popular, en atención al principio de legalidad en materia tributaria previsto en la Constitución. Sin embargo, el Congreso de la República puede autorizar a las autoridades administrativas para que determinen algunos componentes del tributo, tales como los aspectos formales y sustanciales a los que se hizo alusión, y la fijación de la tarifa de las tasas y las contribuciones. Las exigencias que debe cumplir el Congreso de la República para implementar una tasa. Reiteración de jurisprudencia constitucional 21. El artículo 338 de la Constitución establece que “[l]a ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes, como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen; pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios, y la forma de hacer su reparto, deben ser fijados por la ley, las ordenanzas o los acuerdos” (subrayado fuera del texto). 22. La Corte Constitucional ha ratificado en múltiples decisiones la posibilidad de autorizar a una entidad administrativa para que señale la tarifa de las tasas y contribuciones, en tanto se establezca previamente el sistema y el método[58], y, además, ha reconocido que el principio de legalidad en materia tributaria adquiere “una dimensión específica cuando de la determinación de la tarifa de tasas y contribuciones se trata”[59]. En este sentido, ha señalado que “resulta constitucional que se transfiera a las autoridades administrativas la fijación de las tasas y contribuciones, siempre y cuando concurra previsión legislativa expresa respecto al método y sistema para su cálculo”[60]. 23. En lo que respecta a su aplicación, esta Corporación limitó originalmente el alcance de la delegación. Así, en la sentencia C-455 de 1994[61], sostuvo que “[t]al posibilidad, por ser extraordinaria, es de interpretación restrictiva y, por tanto, para que pueda tener realización, requiere del exacto y pleno cumplimiento de perentorias exigencias constitucionales”[62]. A pesar de ello, más adelante este Tribunal morigeró su posición e hizo más flexible la definición del sistema y el método. De ese modo, a través de la sentencia C-482 de 1996[63], indicó lo siguiente: “La ley, en síntesis, no tiene por qué contener una descripción detallada de los elementos y procedimientos que deben tenerse en cuenta para establecer los costos y definir las tarifas. Tal exigencia haría inútil la delegación prevista en el artículo 338, y crearía un marco rígido dentro del cual no podrían obrar las autoridades competentes. || Autoridades que, por lo demás, están obligadas a ejercer sus atribuciones con sujeción a los principios de equidad, eficiencia y progresividad consagrados expresamente por el artículo 363 de la Constitución. Y cuya buena fe se presume, según el principio general del derecho, mientras no se demuestre lo contrario”[64]. 24. A partir de allí, la jurisprudencia constitucional ha mantenido una posición pacífica y consistente[65] en relación con el contenido de la exigencia de que trata el artículo 338 de la Constitución en materia de tasas y contribuciones. Así, ha sostenido que debe examinarse caso por caso si el Congreso de la República determinó el sistema y el método[66] y, consecuentemente, ha exigido una definición clara y precisa de esos elementos, mas no ha reclamado el establecimiento de fórmulas sacramentales o rigurosas en torno a los mismos[67]. De ese modo, ha explicado: “que tanto el ‘sistema’ como el ‘método’, referidos en el artículo 338 de la Constitución, deben ser lo suficientemente claros y precisos a fin de evitar que los órganos de representación popular desatiendan un expreso mandato Superior, mas no por ello tienen que hacer una descripción detallada o rigurosa de cada uno de los elementos y procedimientos a tener en cuenta para fijar la tarifa, pues en tal caso la facultad constitucional de las autoridades administrativas perdería por completo su razón de ser. || Se trata, si se quiere, de una suerte de competencias compartidas, donde el Congreso, las asambleas y los concejos son los encargados de señalar los elementos estructurales del método y del sistema tarifario, mientras que a las autoridades administrativas corresponde desarrollar los parámetros previamente indicados” [68]. 25. Aunado a lo anterior, la Corte también ha expuesto el concepto y alcance propiamente del sistema y del método. Específicamente, en la sentencia C-155 de 2003[69] se indicó: “un sistema ‘se define por el hecho de no ser un simple agregado desordenado de elementos sino por constituir una totalidad, caracterizada por una determinada articulación dinámica entre sus partes’[70]. Supone coherencia interna para relacionar entre sí los componentes de un conjunto, que en el ámbito tributario representan la combinación de reglas y directrices necesarias para determinar los costos y beneficios de una obra o servicio, así como la forma de hacer su distribución. || Por su parte, el método está referido a los pasos o pautas que deben observarse para que los componentes del sistema se proyecten extrínsecamente. Así, constituye el procedimiento a seguir con el objeto de determinar en concreto el monto de la obligación tributaria”. 26. En armonía con ello, la jurisprudencia constitucional ha señalado que el cumplimiento de tal exigencia parte de una premisa básica: “el legislador desconoce tal obligación cuando guarda absoluto silencio al respecto y no fija ningún parámetro en relación con tales elementos de la obligación tributaria -sistema y método-, así aluda al concepto genérico de recuperación de costos”[71]. Por ende, si el Congreso de la República no cumple con la obligación contenida en el artículo 338 de la Constitución no es competencia de la administración llenar ese vacío a partir del ejercicio de la potestad reglamentaria[72]. 27. En suma, la determinación del sistema y del método constituye una exigencia ineludible cuando se delega la fijación de la tarifa de las tasas y contribuciones a las autoridades administrativas. Ese criterio, a su vez, comporta la necesidad de establecer con suficiente claridad y precisión los parámetros que delimitan la autorización conferida al ejecutivo, dado que no implica que el legislador debe agotar la regulación de todas las materias hasta el menor detalle. 28. Ahora bien, la Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones acerca de la necesidad de que la determinación de la tarifa esté precedida por la definición de un sistema y un método por parte del legislador[73]. Así, en la sentencia C-134 de 2009[74] estudió si la delegación que efectuó el Decreto Ley 356 de 1994, a efectos de que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada determinara el costo de las credenciales y las licencias que debían portar el personal de los servicios de vigilancia y seguridad privada, vulneraba los artículos 150, numeral 10, y 338 de la Constitución, en lo concerniente a la prohibición de establecer impuestos a través de los decretos leyes y el establecimiento de un sistema y un método. En esa ocasión, sostuvo que, además del reproche constitucional que suscitaba el desconocimiento de la prohibición de que posee el Presidente de la República para establecer impuestos por vía de la habilitación legislativa, los preceptos atacados no señalaron el sistema y el método para calcular “las tarifas en función de sus costos y beneficios y del reparto de las mismas”. Por ende, declaró la inexequibilidad de las expresiones relacionadas con el valor de las licencias y credenciales, cuestionados en la demanda. 29. Igualmente, en la sentencia C-402 de 2010[75] esta Corporación examinó la exequibilidad del artículo 78 (parcial) de la Ley 160 de 1994, que le otorgó a la Junta Directiva del, entonces, Incora la potestad para determinar la tarifa máxima que se podía cobrar a los adjudicatarios de los terrenos baldíos por los servicios de titulación, debido a que, en criterio del demandante, este no establecía un sistema y un método para delimitar la delegación efectuada por el legislador Al resolver esa cuestión el fallo sostuvo que, en primer término, la disposición demandada sí preveía una tasa, pues se trataba de una prestación económica originada a partir de una imposición legal y que estaba encaminada a recuperar los costos en los que incurría la autoridad administrativa para materializar el servicio mencionado, lo que descartaba la posibilidad de que se tratara de un precio público. Asimismo, explicó que el Congreso de la República no identificó ningún “criterio” que permitiera definir el costo de la misión encomendada al Incora y la forma de hacer su reparto. Aunado a ello, mencionó que la alusión genérica a los costos en los que incurre la entidad para llevar a cabo el proceso de titulación no satisfacía las condiciones de precisión mínimas para cumplir la exigencia de que trata el artículo 388 de la Constitución en lo relativo al sistema y el método, en tanto los parámetros jurisprudenciales concernientes a este aspecto “exigen que la previsión legislativa sea clara y expresa, resultando inadmisibles para la Corte previsiones tácitas o carentes de univocidad”. 30. De otro lado, a través de la sentencia C-449 de 2015[76] se resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada contra el artículo 42 (parcial) de la Ley 99 de 1993, que establecía las tasas las tasas retributivas y compensatorias en lo concerniente al servicio público de saneamiento ambiental. Particularmente, el accionante cuestionó que la norma no contenía la base gravable o la tarifa del tributo y que, por lo tanto, desconocía el artículo 338 de la Carta Política. La Corte encontró que no le asistía razón al demandante debido a que, en lo referente a la determinación de la tarifa, el precepto cuestionado sí ofrecía unos “principios” y “reglas” a los que debía sujetarse el Ministerio de Ambiente para fijar ese elemento esencial la carga fiscal[77]. Puntualmente, destacó que el Congreso de la República estableció cuatro parámetros en lo concerniente al sistema, así como otros cuatro en relación con el método[78]. En consecuencia, declaró la constitucionalidad los preceptos demandados. 31. Adicionalmente, mediante la sentencia C-074 de 2018[79] este Tribunal tuvo la oportunidad de estudiar las objeciones gubernamentales al proyecto de ley 166 de 2016 del Senado y 104 de 2015 de la Cámara de Representantes que, entre otras cosas, planteaba un problema de constitucionalidad relacionado con el principio de legalidad en materia tributaria. Concretamente, el Presidente de la República cuestionó que a través del parágrafo 2 del artículo 9 de esa proposición el Congreso estaba creando una tasa sin establecer sus elementos esenciales, en tanto delegó en el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo la facultad para establecer el costo de la inscripción permanente y provisional y de la certificación de idoneidad de los entrenadores deportivos. Al resolver ese asunto la Corte señaló que la objeción era fundada debido a que, a pesar de que se trataba de una tasa y el legislador no estableció directamente la tarifa de la misma, no se determinaron “las reglas y las directrices necesarias para determinar los costos ni los criterios para distribuirlos (sistema), ni mucho menos […] los pasos o las pautas que debería observar el Colegio Colombiano de Entrenamiento Deportivo para determinar el monto en concreto de la obligación tributaria (método)” [80]. 32. Finalmente, la Corte encuentra necesario subrayar que no ha sido extraño a la legislación y a la jurisprudencia constitucional el cobrar una tasa tratándose de la función de vigilancia que prestan las Superintendencias. Véase, por ejemplo, que en la sentencia C-218 de 2015[81] sostuvo que el cobro efectuado a los sujetos de vigilancia, inspección y control de la Superintendencia de Puertos y Transporte constituía una tasa y a partir de esa premisa resolvió la problemática planteada[82]. El asunto sub-examine 33. La Ley 1796 de 2016[83] establece medidas enfocadas a la protección del comprador de vivienda, el incremento de la seguridad de las edificaciones, el fortalecimiento de la función pública que ejercen los curadores urbanos y la asignación de otras funciones a la Superintendencia de Notariado y Registro[84]. En ese sentido, modifica el proceso de selección y el régimen disciplinario de los curadores urbanos, debido a que, entre otras, cambia los requisitos para acceder al cargo[85] y contempla la creación de una Superintendencia Delegada para Curadores Urbanos a efectos de que adelante funciones de vigilancia y control, sin perjuicio del poder proferente que podrá ejercer la Procuraduría General de la Nación[86]. Adicionalmente, los artículos 30 y 31, ejusdem, bajo el Capítulo III denominado “tasa de vigilancia”, imponen la destinación de un porcentaje de las expensas que perciben los curadores urbanos para asegurar la sostenibilidad de la misión que se le encomendó a esa nueva dependencia y la creación de un fondo cuenta que se formará a partir de los recursos que se recauden con ese fin, respectivamente. 34. La demanda que se estudia en esta ocasión cuestiona principalmente la exequibilidad del primero de esos artículos, al considerar que infringe el mandato contenido en el artículo 338 de la Constitución en lo concerniente a la falta de un sistema y un método para que el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio reglamente el porcentaje de las expensas que se asignará a ese propósito[87]. En cuanto al artículo 31, la accionante considera que debido a su relación inescindible con la disposición que crea la carga fiscal también debe ser declarado contrario a la Carta Política al perder todo sentido su contenido. Con excepción del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y la Superintendencia de Notariado y Registro, los demás intervinientes[88] y el Procurador General de la Nación consideran que, en efecto, los artículos demandados van en contravía de la Constitución, pues no cumplen las exigencias contenidas en el artículo superior mencionado. 35. Bajo esa perspectiva, la Corte plantea la necesidad de determinar previamente si la destinación de un porcentaje de las expensas que perciben los curadores urbanos para garantizar la sostenibilidad de la vigilancia que ejercerá la Superintendencia de Notariado y Registro se inserta dentro de la categoría de una tasa, y solo de ser ello así se verificará si esta cumple las exigencias contenidas en el artículo 338 de la Constitución en lo relativo al sistema y el método. 36. Del contexto de las normas acusadas y demás disposiciones pertinentes previstas en la Ley 1796 de 2016, puede observase que se instituyeron algunos de los componentes propios de cualquier tributo, en esta oportunidad de una tasa. En efecto, la Corte encuentra que la destinación a la que se refiere el artículo 30 de la Ley 1796 de 2016 sí constituye una tasa debido a (i) que se trata de una obligación que estableció unilateralmente el Estado; (ii) que se hace exigible a las personas que optan por desarrollar la función pública que se le encomendó a los curadores urbanos; y (iii) que tiene el propósito de recuperar los costos que se originan a partir de la misión de vigilancia y control que presta la Superintendencia de Notariado y Registro, y de la materialización del concurso de méritos necesario para la designación de los curadores. Por consiguiente, se cumplen los elementos característicos de una tasa conforme se sostuvo en el punto 18 de esta decisión. Igualmente, la conclusión a la que ha arribado la Corte se puede constatar estableciendo si se configuran los componentes esenciales del tributo. En este sentido, esta Corporación encuentra que la Superintendencia de Notariado y Registro constituye el sujeto activo del gravamen en tanto es la entidad que se beneficiará con la destinación de un porcentaje de las expensas que cobran los curadores urbanos. A su vez, los curadores urbanos son el sujeto pasivo por cuanto deben entregar una parte de los recursos que perciben como consecuencia de la prestación sus servicios. La función pública que se ejerce a través de las curadurías urbanas estructura la situación de hecho a partir de la cual la Ley 1796 de 2016 originó el tributo, es decir, el hecho generador. Por último, las expensas que perciben los curadores urbanos componen la base gravable debido a que constituyen la magnitud a la cual se aplicará la respectiva tarifa. 37. Aunado a lo anterior, un análisis literal, histórico y sistemático permite constatar que, en efecto, la destinación de un porcentaje de las expensas que perciben los curadores urbanos sí constituye una tasa[89]. Veamos: 38. Esta Corporación encuentra que la denominación con la cual el Congreso de la República identificó el Capítulo III del Título IV de la Ley 1796 de 2016 resulta pertinente en tanto allí se hace referencia expresa a la “tasa de vigilancia”, con lo cual se recurre a la utilización de un término que, como se explicó, identifica una de las clases de los tributos. Aunado a lo anterior, la referencia a la reglamentación del “porcentaje de las expensas que se destinará para este fin”, permite al menos deducir dos situaciones: primero, que el artículo generó una obligación a partir de los dineros que perciben las curadurías urbanas con ocasión del ejercicio de la función pública que desempeñan y, segundo, que la magnitud de esa imposición no está definida en el mismo artículo. De ese modo, el examen literal de la disposición acusada clarifica su alcance y le da elementos esenciales a la Corte para concluir que, por un lado, genera una obligación, al parecer, tributaria a cargo de las curadurías urbanas y que, por el otro, no establece todos los elementos esenciales de ese tipo de obligaciones al limitarse a delegar la reglamentación del “porcentaje de las expensas” al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. 39. De otro lado, la Corte encuentra que en la exposición de motivos del proyecto de ley 111 de 2014 de la Cámara de Representantes y 138 de 2016 del Senado de la República, que dio origen a la Ley 1796 de 2016, se explicó: “También se propone la creación de una Superintendencia Delegada dentro de la estructura de la Superintendencia de Notariado y Registro, para el ejercicio de la vigilancia, inspección y control del servicio público que prestan los Curadores Urbanos. Así mismo del cobro de una tasa de vigilancia que deberán pagar los curadores a favor de la Superintendencia. || Concordante con lo anterior, la propuesta de ley incluye la creación de un Fondo Cuenta sin personería jurídica, el cual se formará con la tarifa por concepto de la vigilancia y los aportes que deberán hacer de sus ingresos los curadores urbanos, administrado por la Superintendencia de Notariado y Registro, quien podrá delegar esta función en el Secretario General, con la asesoría de un Consejo. El Superintendente de Notariado y Registro será el representante legal del Fondo y el ordenador del gasto”[90] (subrayado fuera del texto). Esa referencia al cobro de una tasa de vigilancia refuerza la conclusión que se presentó a partir del análisis de la redacción del artículo 30, pues contiene una mención a la clase de tributo que cuestiona la demandante y, además, acredita que, a pesar de las modificaciones que pudo haber sufrido el proyecto de ley en el trámite que surtió en el Congreso de la República, la intención del autor del proyecto[91] se mantuvo incólume en lo relativo a la creación de un cobro a los curadores y para con la Superintendencia de Notariado y Registro. 40. Por último, una revisión integral de la Ley 1796 de 2016, esto es, en todo su articulado, permite concluir que a través de esa legislación se le entregó a la Superintendencia de Notariado y Registro la vigilancia y control de la función que desempeñan los curadores urbanos y que, además, los recursos para el cumplimiento de esa obligación fueran cubiertos “con el recaudo de la tarifa de vigilancia y los que se encuentren disponibles en la Superintendencia de Notariado y Registro” [92] (negrilla fuera del tex...