Sentencia C-568 de 2010

C-568-10 Sentencia C-568/10 Sentencia C-568/10 EQUIVALENCIA DEL TITULO DE BIOLOGO Y EXPEDICION DE LA MATRICULA PROFESIONAL PARA EL LICENCIADO EN BIOLOGIA-No vulneran los derechos a la igualdad, libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y libertad de profesión y oficio LIBERTAD DE EJERCER PROFESION U OFICIO-Exigencia de título de idoneidad/CONGRESO-Facultad para regular el ejercicio de profesiones La Constitución (art. 26) otorga al Congreso de la República la facultad de exigir títulos de idoneidad para el desarrollo de ciertas actividades y establece, como regla general, la inspección y vigilancia del ejercicio de las profesiones por parte de las autoridades competentes. Lo anterior, en razón a que el constituyente supone que (i) las profesiones comportan una necesaria formación académica como garantía de aptitud para la realización de la actividad profesional, reduciéndose de esta manera el riesgo social que puede implicar su ejercicio, y que (ii) las ocupaciones, artes y oficios que no impliquen un riesgo social, no requieren por lo general una especial formación académica, aun cuando también es posible imponer reglamentación, inspección, vigilancia y cierta escolaridad. Así las cosas, observa esta Corte que el ejercicio de una profesión u oficio se funda en el respeto a la libertad individual de escogencia de una actividad laboral y en la protección de los riesgos sociales que, por su posible incidencia, exigen del legislador una regulación que, para que sea legítima, deberá ser razonable y proporcionada, de manera que no signifique una restricción arbitraria e inequitativa al ejercicio de tales actividades individuales DERECHO AL TRABAJO-Elemento estructural del orden político y social instituido en la Constitución de 1991/DERECHO AL TRABAJO-Igualdad y libertad del titular frente a la regulación y vigilancia del Estado De manera reiterada, esta Corte ha señalado que el derecho al trabajo constituye elemento estructural del orden político y social instituido en la Constitución de 1991, pues además de ser derecho fundamental, tiene una dimensión objetiva que lo vincula al poder público, que garantiza no solamente su debida aplicación y eficacia, sino su consonancia con el resto de principios y derechos consagrados en la carta, “que conforman un sistema coherente de ordenación social, articulado a partir de los valores fundamentales que son la base material del Estado social y democrático de derecho”. Por ello, (i) las reglamentaciones que el legislador establezca no pueden en ningún caso desconocer la garantía constitucional que de tal dimensión se desprende y (ii) la intervención estatal que se produzca debe encontrase legitimada y al mismo nivel de protección constitucionalmente dispuesto para el derecho al trabajo, que es uno de los principios en que se funda el Estado colombiano (Art. 1° Const.: “Colombia es un estado social de derecho organizado en forma de República unitaria…, fundada en el respecto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las persona que la integran y en la prevalencia del interés general.”). DERECHO AL TRABAJO-Existencia de una dimensión subjetiva Esta corporación ha destacado la existencia de una dimensión subjetiva del derecho al trabajo por su connotación social, la cual en virtud de ese sistema coherente de principios y valores, entraña la garantía de los derechos a la igualdad y la libertad y su debido ejercicio, mediante una regulación necesaria y razonable, producto del deber constitucional que le asiste al Estado de “propiciar la ubicación laboral de las personas en edad de trabajar” (art. 54 Const.). DERECHO A EJERCER PROFESION U OFICIO-Garantía Constitucional/LIBERTAD DE ESCOGER PROFESION U OFICIO-Goza de una garantía constitucional que opera en dos direcciones El derecho a escoger libremente profesión u oficio goza de una garantía constitucional que opera en dos direcciones: la primera, proyectada hacia la sociedad - es decir, que delimita las fronteras del derecho -, adscribe de manera exclusiva al legislador, de un lado, la competencia para regular los requisitos que deben cumplir los aspirantes a ejercer actividades que requieran capacitación técnica o científica si es su deseo obtener el título correspondiente, así como las condiciones en que el ejercicio de la misma puede ser sometido a inspección y vigilancia por las autoridades competentes. La segunda, de orden interno, se dirige expresamente a proteger el núcleo esencial del derecho a la escogencia, de tal manera que no puede el legislador, sin lesionarlo, restringir, limitar o cancelar ese ámbito de inmunidad en el que no es posible injerencia alguna. Mientras la segunda de las garantías -la interna- es absoluta, es decir, opera igualmente para las profesiones y los oficios, la primera sólo se predica de las profesiones y de las ocupaciones, artes u oficios que requieran formación académica e impliquen un riesgo social. La Constitución actual emplea en este punto criterios de diferenciación relativos al riesgo a que queda expuesto el conglomerado social como consecuencia del ejercicio de una determinada actividad -sea a nivel profesional, técnico o empírico- antes que al mayor o menor grado de escolaridad requerido para ejercerlas, cual era la pauta escogida por la Constitución Nacional de 1886. DERECHO A ESCOGER PROFESION U OFICIO-Restricción por legislador no es absoluta/POTESTAD REGULADORA DEL LEGISLADOR-Criterios para introducir exigencias, requisitos y limitaciones a las profesiones Cuando se trata de la restricción de un derecho fundamental, la potestad reguladora del legislador para introducir exigencias, requisitos y limitaciones a las profesiones y los oficios no es absoluta, y en cambio debe estar cimentada en profundas razones de orden y seguridad sociales. En este punto, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha sido especialmente prolífica y ha tenido oportunidad de fijar los criterios a que la ley debe sujetarse para imponer las señaladas restricciones. Como regla general, la Corte ha dicho que ‘el legislador debe imponer los requisitos estrictamente necesarios para proteger el interés general, toda vez que el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible, para que en su interior se pueda dar un desarrollo espontáneo de la personalidad, en congruencia con el principio de la dignidad humana’. En otras palabras, lo que la Corte espera del legislador es que éste circunscriba su potestad de reglamentación, exclusivamente a aquellos aspectos que no sea posible dejar de regular, a efectos de que se protejan a un tiempo, tanto el interés general como el derecho subjetivo de quien desea poner en práctica sus conocimientos. Los recortes que el legislador está autorizado para imponer al ejercicio de determinada profesión u oficio, se hallan principalmente justificados en el hecho de que no existen en el ordenamiento jurídico, derechos subjetivos de naturaleza absoluta. No obstante, tales restricciones deben estar cimentadas en un principio de razón suficiente, de modo que su imposición emerja como resultado de ponderar el derecho subjetivo de aplicar los conocimientos en una determinada rama del saber, con el posible impacto que dicha aplicación pueda generar en la sociedad o frente a terceras personas. Analizadas desde la perspectiva de la razonabilidad, las restricciones legales al ejercicio de este derecho fundamental deben estar claramente encaminadas a la protección del interés general, siendo ilegítima cualquier disposición que defraude dicha teleología. BIOLOGIA-Riesgo social implícito/BIOLOGIA-Concepto/BIOLOGIA-Finalidad La Biología, de acuerdo con definición comúnmente reconocida, es una ciencia derivada de las ciencias naturales, que tiene por objeto el estudio de los seres vivos, en cuanto a su origen, evolución y propiedades. Se ocupa de las características intrínsecas y de los comportamientos de los seres orgánicos, por especies y como individuos, al igual que de las interacciones entre ellos y en su entorno, con el propósito de establecer las leyes generales que los rigen y los principios explicativos de su naturaleza. A diferencia de las denominadas ciencias formales, que se sustentan en categorías ideales y entidades abstractas, no obstante contar con un sistema racional y estructurado de leyes, la Biología centra su atención en la realidad de la vida en todas sus manifestaciones, por lo que su espectro de estudio es muy amplio y complejo (v. gr. biología molecular, fisiología, anatomía, histología, citología, botánica, micología, zoología, inmunología, virología, embriología, ecología, etología, paleontología, taxonomía, antropología, etc.); por consiguiente, tratándose de seres vivos, demanda esta ciencia especial cuidado en lo concerniente a la interpretación, clasificación, manipulación, verificación y transformación de los procesos biológicos activamente sujetos a la dinámica científica. Los avances tecnológicos y la aplicación de éstos en las muchas facetas del conocimiento y de la investigación biológica, han significado para la humanidad la creación y desarrollo de elementos, materias, componentes y productos, usualmente útiles y provechosos, pero también potencialmente perjudiciales, cuando se incursiona en exacerbada manipulación de órganos y componentes. Las investigaciones biológicas, con sus connotaciones empíricas y por la experimentación y especulación con los resultados obtenidos, con avanzado incremento en la actualidad, han tenido sin duda incidencia activa o pasiva, directa o indirecta, en el propio ser humano, con serios riesgos de aplicaciones incorrectas, máxime si hay ausencia o deficiencia en previsión, control y supervisión. BIOLOGIA-Reconocimiento como profesión SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION SUPERIOR-Regulación/INSTITUCION DE EDUCACION SUPERIOR-Clases AUTONOMIA UNIVERSITARIA-No es absoluta LICENCIATURA DE BIOLOGIA Y BIOLOGIA-Campo de acción de formación académica/BIOLOGO-Núcleo de fundamentación para ejercer la docencia/LICENCIATURA DE BIOLOGIA-Núcleo de fundamentación para ejercer la biología Para la Corte Constitucional es claro que en materia de educación se han dispuesto, a nivel nacional y siguiendo parámetros universales, causas diferenciadoras de las disciplinas académicas -que en esta oportunidad la demandante pone a escrutinio de la corporación-, a partir de lo que los investigadores han denominado “núcleo de fundamentación”, con el propósito definir, clasificar y ubicar el campo de acción de la formación académica profesional que se llegue a adquirir, de manera que quien opte por la Educación a título de licenciatura en Biología asuma como tarea la pedagogía, la docencia, y quien resuelva escoger las ciencias naturales a título de biólogo, se dedique al estudio e investigación de los seres vivos en toda su dimensión, connotaciones y especialidades, lo que de suyo comporta una distinción por razones de causalidad y fines, aun cuando el contenido curricular pueda llegar a arrojar una comunidad o estandarización de materias y prácticas, las cuales precisamente por ese “núcleo de fundamentación” se encuentran enfocadas hacia la educación y las ciencias naturales, respectivamente, lo que justifica en forma razonable que los últimos semestres de cada carrera tengan como componentes del plan de estudios, ora asignaturas destinadas a la formación en pedagógica, ora la Biología, por la profesión libremente seleccionada. El requisito dispuesto por el legislador en el inciso 2° del artículo 4° de la Ley 22 de 1984, encaja entonces, de manera objetiva y razonable, en los supuestos anteriores, entendido que sólo podrá acceder al título equivalente de biólogo, y por consiguiente a la matrícula profesional, el licenciado en educación cuya formación haya satisfecho además el “núcleo de fundamentación” en Biología, sin desmedro de su formación inicial pedagógica para el ejercicio de la docencia como actividad medular. En forma similar, el biólogo podrá ejercer la docencia siempre que haya acreditado además formación académica en educación, bajo el criterio, también objetivo razonable, de haber cumplido el “núcleo de fundamentación” en educación. Referencia: expediente D-7956 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1°, 2°, 4° y 8° de la Ley 22 de 1984, “Por la cual se reconoce la Biología como una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras disposiciones”. Demandantes: Doris Amanda Táutiva Lozano. Magistrado Ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLA. Bogotá, D. C., julio catorce (14) de dos mil diez (2010) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y legales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en los artículos 40-6 y 242-1 de la carta política, la ciudadana Doris Amanda Táutiva Lozano presentó acción pública de inexequibilidad contra los artículos 1°, 2°, 4° y 8° de la Ley 22 de 1984, que prevén (i) el reconocimiento de la Biología como profesión de educación superior; (ii) su ejercicio conforme a los principios, conocimientos y técnicas de las disciplinas que la conforman; (iii) la acreditación del respectivo título o su equivalente para la expedición de la matrícula profesional; y (iv) la prohibición al Estado y a los particulares de contratar personas naturales para ejercer funciones de biólogos sin acreditación previa de la matrícula profesional o autorización expresa, expedida por el Consejo Profesional de Biología. Inicialmente la demanda fue inadmitida por auto de noviembre 27 de 2009, al encontrar el Magistrado sustanciador que no satisfacía los presupuestos de especificidad, pertinencia y suficiencia respecto del concepto de violación. Enmendados los defectos advertidos, la demanda fue admitida mediante providencia de enero 13 de 2008, ordenándose comunicar la iniciación del presente proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso de la República. De la misma manera, se informó a los Ministros del Interior y de Justicia, de Educación Nacional y de Protección Social, y se invitó a la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, al Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación COLCIENCIAS, al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES, al Consejo Profesional de Biología, a las facultades, departamentos o institutos de ciencias y de educación en Biología de las universidades Nacional de Colombia, Pontificia Javeriana, de los Andes, de Antioquia, Industrial de Santander, de Caldas, Distrital Francisco José de Caldas y Pedagógica Nacional, para que emitan su opinión sobre el asunto de la referencia. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de juicios y previo concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir de fondo la demanda en referencia. II. TEXTO DE LA NORMA ACUSADA A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, pertenecientes a la Ley 22 de 1984, publicada en el Diario Oficial N° 36.768 de octubre 17 del mismo año: “LEY 22 DE 1984 (septiembre 17) por la cual se reconoce la Biología como una profesión, se reglamenta su ejercicio en el país y se dictan otras disposiciones. El Congreso de Colombia, DECRETA: Artículo primero. Reconócese la Biología como una profesión de Educación Superior cuyo ejercicio en el país queda autorizado y amparado por la presente Ley. Esta Ley reglamenta el ejercicio de la Biología como profesión resultante de título obtenido en la modalidad de formación universitaria (Biólogo), pero reconoce, sujeto a reglamentación posterior, el ejercicio en las modalidades de formación intermedia profesional y formación tecnológica, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 80 de 1980. Artículo segundo. Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la profesión de Biólogo la utilización de los principios, conocimientos y técnicas propios de las diferentes disciplinas que conforman la Biología, tales como la Biología Celular, la Biología Molecular, la Morfofisiología, la Genética, la Ecología para: a) La investigación, la aplicación práctica, la enseñanza, la asesoría o consultoría y la administración en materias referentes a los seres vivos, a su naturaleza, su composición, sus propiedades, su funcionamiento o sus transformaciones; a las relaciones entre los seres vivos y a las de éstos y el ambiente que los rodea. b) El desarrollo, evaluación o adopción de tecnología en el campo de la Biología o para el establecimiento de nuevas técnicas en ese campo. c) El desempeño de cargos, funciones o comisiones en actividades en las que predomine el componente biológico. Parágrafo 1°. El ámbito de ejercicio que se señala en este artículo para el Biólogo, se entiende estatuido sin perjuicio de los derechos que tengan para ejercer los profesionales de disciplinas afines legalmente establecidas como profesiones. Parágrafo 2°. Las personas formadas en el campo de la Biología dentro de las modalidades de formación intermedia profesional y formación tecnológica podrán ejercer las funciones a que se refiere este artículo, sólo en los aspectos propios de su formación, vale decir, en actividades practicas concretas de tipo auxiliar o instrumental para los primeros o en actividades tecnológicas con énfasis en la práctica para los segundos. … … … Artículo cuarto. Para la expedición de la matrícula profesional de Biólogo se requiere acreditar el respectivo título, o uno equivalente, conferido por una institución de Educación Superior reconocida y autorizada por el Estado y registrado conforme a lo dispuesto por el Decreto 2725 de 1980. Para los efectos de esta Ley no se consideran como equivalentes al título de Biólogo los de Licenciado en Educación – Biología o Licenciado en Educación – Biología – Química pero sí el de Licenciado en Biología, que después de un currículum propio de la carrera de Biología, otorgue una facultad de Ciencias o de Artes y Ciencias. Parágrafo. Sin perjuicio de lo que dispongan convenios o tratados internacionales vigentes, los títulos profesionales de Biólogo o equivalentes, expedidos en el extranjero, sólo serán válidos para los efectos de esta Ley, si han sido con validados (sic) por el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior ICFES y registrados conforme a lo dispuesto en los Decretos 1074 y 2725 de 1980. … … … Artículo octavo. Ni el Estado ni los particulares podrán contratar a personas naturales para ejercer funciones propias de Biólogos, sin que éstas hayan acreditado previamente su carácter de tales mediante la exhibición de la matrícula profesional correspondiente o una autorización expresa para ejercer la profesión expedida por el Consejo Profesional de Biología. La misma prohibición rige para contratar con personas jurídicas que vayan a desarrollar labores propias de la profesión de Biólogo, si no han demostrado que entre sus constituyentes o funcionarios hay Biólogos matriculados. Parágrafo. Los contratos o convenios que celebren las entidades de derecho público, las personas naturales y las jurídicas de derecho privado contraviniendo esta disposición, estarán viciados de nulidad absoluta. … … …” III. LA DEMANDA Considera la actora que el artículo 1° de la Ley 22 de 1984, al “constreñir” el ejercicio de la Biología a quien obtenga el título de formación universitaria con denominación de “BIÓLOGO”, incurre en discriminación y vulneración de los derechos a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad, al trabajo y a la libertad de escogencia de profesión y oficio, respecto de persona que obtuvo el título profesional de “LICENCIADO EN BIOLOGIA”, formado con los requisitos mínimos exigidos, el plan de estudios y las asignaciones propias del “AREA DE BIOLOGÍA”, comunes a la carrera de Biología, y adicionalmente con soporte pedagógico para desarrollar y facilitar la habilidad docente. Señala por otra parte que los criterios de equivalencia del título de biólogo con el de licenciado en Biología, contemplados en el artículo 4° de dicha ley, fueron dispuestos “de forma abiertamente ambigua e inaplicable en el escenario académico del país”, puesto que exigir al segundo el curriculum propio de la “CARRERA DE BIOLOGIA” y además la consecución de título proveniente de una facultad de Ciencias o de Artes y Ciencias y no de Ciencias y Educación, conduce en “aparente juego de palabras” a una restricción discriminatoria, por impedir el acceso a la tarjeta profesional de quien presente título de licenciatura en biología, toda vez que “no existe ninguna universidad que en el país expida título profesional de licenciado en biología en las condiciones allí señaladas” Agrega que la situación anterior excluye al licenciado en Biología de la posibilidad de adelantar las actividades indicadas en el artículo 2° de la mencionada ley y, por consiguiente, el acceso al mercado laboral en condiciones de igualdad, lo cual “tipifica una limitación desproporcional al ejercicio profesional de la biología y a los fines que persigue la misma ley”. Refiere la demandante que realizada la comparación y la estandarización de los núcleos básicos de formación y los planes de estudio de ambas profesiones, se advierte como única diferencia la aplicación por parte del biólogo de un componente de libre elección de asignaturas relacionadas con la Biología, mientras que para el licenciado se torna obligatorio un componente de formación en pedagogía que no supera el 20% del plan de estudios, con el cual se alcanza el mismo porcentaje promedio del componte de libre elección del primero, pues “aunque la biología es carrera profesional de diez semestres, los dos últimos están encaminados exclusivamente al trabajo de grado, en tanto la licenciatura, es carrera profesional de ocho semestres, siendo el trabajo de grado desarrollado en semestres posteriores no incluidos en el curriculum”. Afirma que “resulta inaudito que la Ley 22 de 1984 conciba los licenciados en biología ‘iletrados’ en asuntos biológicos” y, de contera, se desconozcan sus conocimientos en el área que se pretende enseñar, cuando la exigencia de un título de idoneidad supone el reconocimiento público de aptitud profesional en protección de los usuarios, luego no existe justificación plausible para que el artículo 2° imponga la “profesión de biólogo” como exigencia para la utilización de los principios, conocimientos y técnicas propias de las diferentes disciplinas que conforman la Biología, siendo que debió establecer la acepción más amplia “del ejercicio profesional de la biología”, situación que constituye el medio para excluir al licenciado en biología de la posibilidad de ejercer labores propias de la Biología, siendo que a través del “curriculum propio de la biología” fue formado para ello. Así, considera que “no se percibe adecuada correspondencia entre las situaciones jurídicas objeto de regulación y los ordenamientos que se hacen exigibles a ellas”. Bajo las circunstancias precedentes, estima la actora que el legislador sin razones válidas, objetivas, razonables y justas, creó preferencias o discriminaciones entre biólogos y licenciados en Biología, cuando ambos profesionales, de acuerdo con los planes de estudio, se encuentran en un nivel equiparable de idoneidad, competencia y aptitudes para el ejercicio de la Biología, medida que por ser desproporcionada, restrictiva y excluyente comporta violación a la igualdad y “afecta consecuentemente otros principios y derechos fundamentales como el de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y el trabajo”. En este sentido, considera que la exigencia de matrícula profesional únicamente para el biólogo, se extrema al diferenciar y desplazar la formación del licenciado en Biología, toda vez que el plus de éste en el tema de docencia “de ninguna manera cercena la formación biológica que le debe ser propia a este profesional”. Manifiesta igualmente que habiendo reiterado la Corte Constitucional la obligación del Estado de velar por una calidad en la educación “que no ofrezca riesgos para la sociedad”, y de otro lado, que el título profesional implica garantía de competencia para laborar en el área universitaria cursada, “sería absurdo e inadmisible pensar que la persona licenciada en biología no cuenta con formación idónea en temas biológicos”, restringiendo su capacidad profesional exclusivamente a la docencia, cuando este campo no supera el 20% del plan de estudios; ello, según agrega, sólo podría ser aplicable a docentes normalistas o licenciados en educación primaria o educación especial, quienes profundizan en asuntos pedagógicos. En relación con el literal a) del artículo 2° de la Ley 22 de 1984, advierte la actora la vulneración del derecho al trabajo y el libre desarrollo de la personalidad, al estimar que “LA ENSEÑANZA como parte del ejercicio profesional de la biología”, es restringida exclusivamente al biólogo, sin que se perciba la utilidad de la restricción, siendo que tal actividad es inherente al licenciado en Biología “con ocasión de su idoneidad y competencia en temas biológicos”, por lo que no existe justificación alguna para que este último profesional no acceda a la matrícula profesional, y con más razón cuando el ordenamiento jurídico del país cuenta con mecanismos administrativos y judiciales destinados a controlar las actividades biológicas generadoras de riesgo público. Agrega que por ser la Biología una ciencia objetiva y empírica, la competencia técnica e idoneidad científica para su ejercicio no se circunscribe únicamente a la obtención de título profesional sino que se afianza con la práctica, la formación y la experiencia, lo cual aplica por igual a biólogos y licenciados en Biología, dado que las instituciones de educación superior “no limitan” el acceso a estudios de posgrado, doctorado o maestrías en temas netamente biológicos, y que además, siendo el núcleo disciplinar coincidente en ambas profesiones, resulta contradictorio privilegiar al biólogo, cuando la ley en comento establece que “la enseñanza es parte del ejercicio profesional de la biología”. Señala que no existe disposición expresa del legislador que establezca la facultad del licenciado en biología de ejercer única y exclusivamente la docencia, o que este carezca de idoneidad profesional para aplicar los conocimientos de biología en otras actividades, toda vez que en “congruencia” con pronunciamientos de la Corte Constitucional, el ejercicio de una profesión u oficio debe permitir el mayor ámbito de libertad posible en armonía con el desarrollo espontáneo de la personalidad, la dignidad humana y el derecho al trabajo, razón por la cual la equivalencia inaplicable del artículo 4° de la Ley 22 de 1984 es una limitante desproporcionada. Afirma entonces que el licenciado en Biología “es en todos los aspectos y en su formación académica, un profesional de la biología, que posee habilidades pedagógicas para, además de aplicar conocimiento en el área de la biología, transmitir dichos conocimiento (sic) y saberes a la comunidad”. Destaca a su turno cómo la Asociación Colombiana de Ciencias Biológicas ha promovido el ingreso de licenciados en Biología dentro del papel fundamental de divulgación del ejercicio de la biología en todos los campos de aplicación, por lo que es absurdo que se les “cercene” la posibilidad de acceder a la matrícula profesional, sometiéndolos, en los últimos años, a “la persecución permanente por parte del Consejo Profesional de Biología y el escarnio público”, por desarrollar actividades diferentes a la docencia, “pese a su idoneidad y significativa competencia profesional”. En este sentido, “como lo señaló la misma Corte Constitucional en sentencia C-505 de 2001, teniendo en cuenta que el establecimiento de barreras para el ejercicio de una profesión pueda afectar un conjunto de derechos fundamentales de particular importancia –como el derecho a la libertad individual o el derecho al trabajo-, así como la posibilidad de que una persona acceda al mercado laboral o ejerza una determina actividad productiva con el fin de satisfacer sus necesidades básicas y las de su familia, el control constitucional de este tipo de medidas debe ser en sumo concreto y objetivo”. Adicionalmente, en cuanto al derecho fundamental al trabajo, considera la demandante que la restricción impuesta por la ley, “innecesaria, inútil y desproporcionada”, avoca al licenciado en Biología al desempleo, de no encontrar ocupación propia en la docencia, campo en el que el biólogo se encuentra autorizado de manera privilegiada, como a la ilegalidad del ejercicio profesional, no obstante contar con capacidad académica e idoneidad laboral para la formulación y ejecución de investigaciones y proyectos, reservados exclusivamente a los biólogos. Manifiesta que “ante la confusión, ambigüedad e inconstitucionalidad que se acusa del artículo 4° de la Ley 22 de 1984”, el Consejo Profesional de Biología ha rechazado solicitudes de tarjeta profesional de licenciados en Biología, que han cursado un curriculum propio de la Biología, expedido por facultades de Ciencias y Educación, a pesar de los conceptos emitidos por el ICFES sobre inexistencia de limitante profesional y, de otro lado, participado en actuación “de buena fe y exenta de culpa”, en la provisión de cargos públicos, siendo por ello objeto de persecución y demandas por aquél. Por otra parte, asevera que el Ministerio de Educación, al determinar que todas las licenciaturas corresponden al núcleo de educación, “sin analizar la connotación de dicho argumento”, ha contribuido a la limitación del ejercicio de la profesión con vulneración de los derechos a la igualdad y al trabajo, puesto que no es coherente ni legal agrupar en la misma categoría a, por ejemplo, los licenciados en educación primaria y especial con los licenciados en Biología, disconformidad probada con la Clasificación Nacional de Ocupaciones, CNO, “la cual realiza clara diferenciación entre licenciados de educación primaria y aquellos licenciados formados en un área específica del conocimiento, que les confiere competencias y saberes que los habilitan para el ejercicio de actividades en dicha área”, de manera que “tanto los licenciados en biología como los biólogos son profesionales asociados a los títulos de 2 y 3 de la clasificación, en el entendido de que su ejercicio profesional requiere las mismas competencias, entendidas estas como la capacidad de hacer, de llevar a cabo las funciones propias de una ocupación conforme a resultados deseados, integrando conocimientos, habilidades y comprensión”. Considera además que la limitación del artículo 8° de la Ley 22 de 1994, referida a la prohibición del Estado y de particulares de contratar personas naturales para ejercer funciones propias de biólogos, que no exhiban la matrícula profesional correspondiente, también ha cercenado las posibilidades laborales de los licenciados en Biología, cuando por sus conocimientos y capacidades profesionales pueden ejercer la profesión bajo tal modalidad, lo que constituiría “una forma típica de lo que la doctrina constitucional ha denominado una ‘clasificación demasiado amplia’, esto es, que la Ley 22 de 1984 prohíbe a una determinada categoría de personas, efectuar ciertas labores, incluyendo en tal grupo no solo a personas que efectivamente ocasionan un riesgo social sino personas que no causan tal riesgo”, debiendo estar en este caso los licenciados en biología, pero “el legislador los excluyó injustamente de tal posibilidad”. Estima la actora que, según jurisprudencia, no es razonable la obligación legal de contratar exclusivamente a biólogos cuando existen varios profesionales que pueden ejercer idóneamente una labor, siendo que “el nivel de especificidad y experticia en el ejercicio de la biología están dados por la formación avanzada y la experiencia, con lo cual, los trabajos específicos y de mayor pericia serán evidentemente otorgados en el mercado laboral, a quienes demuestren tal formación y tal capacidad, como en el ejercicio de cualquier otra profesión”. Al respecto, aduce que mediante sentencia C-226 de 1994 (M. P. Alejandro Martínez Caballero), la Corte Constitucional estableció que “el objetivo de la reglamentación de las profesiones no es consagrar privilegios a favor de determinados grupos sociales sino controlar los riesgos sociales derivados de determinadas prácticas profesionales”, por lo que no puede el legislador excluir de una labor a quien resulta idóneo para ejercerla, ni “señalar que el único título de licenciado en biología que se considera equivalente al de biólogo es aquel que devenga de un curriculum propio de la carrera de biología otorgado por una facultad de ciencias o de artes y ciencias”. También señala que aun cuando es claro que el legislador se encuentra autorizado para intervenir en el ejercicio del derecho fundamental de escoger profesión u oficio, dadas las garantías de igualdad y libertad que protegen este derecho, también lo es que “las limitaciones impuestas deben estar enmarcadas en parámetros concretos, so pena de vulnerar el contenido esencial del derecho, pues las condiciones para ejercer la profesión no pueden favorecer discriminaciones prohibidas por la Carta”. Afirma que “no es racional, ni equitativo ni mucho menos constitucional”, que académicamente se formen licenciados en Biología, competentes en temas biológicos, cursen posgrados, maestrías y doctorados sobre la materia, se vinculen a proyectos de investigación, accedan por méritos a cargos públicos y privados, pero se les niegue la posibilidad de obtener la tarjeta profesional, “conminándolos a la ilegalidad y a la persecución en desmedro de sus derechos fundamentales a la igualdad, el trabajo, al libre desarrollo de la personalidad y a la libertad de escoger profesión u oficio”. Al corregir la demanda, agrega que si la voluntad del legislador fue regular situaciones académicas equivalentes, debió extender el condicionamiento a los “licenciados en biología graduados en facultades de ciencias y educación, con curriculums propios de la biología y no efectuar preferencias con un grupo específico de licenciados provenientes de la Universidad de los Andes,…. ya que la expresión del curriculum propio de la carrera de biología otorgado por una facultad ciencias o de ciencias y artes, permite solo el cumplimiento de dicho requisito a los licencias en biología de la Universidad de los Andes”. Aclara que la inconstitucionalidad de los artículos acusados de la Ley 22 de 1984, se predica y desprende de que la remisión al curriculum propio de la carrera de Biología en “una facultad de ciencias o de ciencias y artes, viola los derechos a la igualdad, señalada en el inciso 1° del artículo 4° y no en los trámites y regulaciones de la equivalencia”, exigencia que es de imposible cumplimiento para los licenciados en Biología graduados en facultades de Ciencias y Educación, razón por la cual no pueden acceder a la tarjeta profesional. Observa que la medida discriminatoria de limitar el ejercicio de la Biología exclusivamente a los biólogos, siendo que los licenciados en Biología graduados en facultades de Ciencias y Educación cuentan con la misma formación, “no permite entender cuál es la finalidad que se persigue o cuál daño social o individual se pretende evitar al excluir a un profesional capacitado o idóneo como lo es el licenciado en biología, de la posibilidad del ejercicio de la biología”, que al acceder a formación avanzada en temas biológicos “puede competir en igualdad de condiciones, con el biólogo, en el mercado laboral”. Concluye la demandante expresando que para evitar este tipo de diferenciaciones entre profesiones equivalentes, la ley ha previsto consejos profesionales plurales como mecanismo para garantizar el derecho a la igualdad y el acceso al trabajo, de manera que no se centre la labor en unos pocos, como sucede con el Consejo Profesional de Biología, “que privilegia el ejercicio de la biología exclusivamente en biólogos, discriminando a licenciados en biología graduados en facultades de ciencias y educación, microbiólogos y demás profesionales equivalentes”. IV. INTERVENCIONES 1. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales El Presidente de esta Academia realza la importancia de tener presente que la Biología y la licenciatura en Biología son carreras diferentes, en cuanto la primera pretende “la formación de profesionales científicos que sean competentes para la aplicación, en los diversos ámbitos de la vida, de los conocimientos teóricos y experimentales de las diversas temáticas propias de las ciencias biológicas”, con participación en la investigación científica, mientras que la segunda busca “formar docentes competentes para la enseñanza básica de las ciencias biológicas en los niveles de educación preuniversitaria, empleando estrategias pedagógicas y didácticas más apropiadas en esos procesos de formación de jóvenes y niños”, con énfasis en la pedagogía y el humanismo. Se refiere a la ética y a las responsabilidades de las ciencias naturales de especial importancia en las redes internacionales de academias de ciencias, para significar el deber que tiene el egresado universitario de desempeñarse con competencia en su campo del saber. De otra parte, destaca que el licenciado en Biología que obtenga un título de maestría y/o doctorado en universidades nacionales o extranjeras, está en capacidad de realizar “de manera competente, algunas actividades propias de un biólogo egresado de un programa de pregrado en biología”. 2. Consejo Profesional de Biología La Presidenta del Consejo Profesional de Biología considera que los planes de estudios propios de las carrera de Biología y licenciatura en Biología consagran propósitos de formación diferentes; en el caso del biólogo, las áreas de fundamentación en ciencias sociales y humanidades y disciplinaria se dirigen a complementar su formación específica, con la apropiación de saberes, prácticas, conceptos, teorías, métodos y herramientas, mientras que para el licenciado la ciencia básica es la pedagogía, con el fin de formar docentes idóneos para la educación a niveles preuniversitarios. Por lo anterior, expone que las carreras mencionadas no son equivalentes y sólo es posible la homologación del título de biólogo a partir del cumplimiento del requisito previsto en el artículo 4° de la Ley 22 de 1984, exigencia puesta de manifiesto “en reiterados conceptos y para dar respuesta a las tutelas interpuestas”; así, manifiesta que la expedición de la matrícula profesional por parte de ese Consejo tendrá lugar siempre que se satisfagan los requisitos de ley. Agrega que la Sala de Ciencias Biológicas, Agronomía, Veterinaria y Afines de la Comisión Nacional Intersectorial para el Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, CONACES, en sesión de septiembre 22 de 2008, emitió concepto según el cual, “revisado el documento del curriculum de un programa de Licenciatura en Biología, es diferente al de un programa de Biología, dado que el saber fundante de la licenciatura es la pedagogía, diferente al de un programa de Biología, cuyo saber fundante es la misma biología. Por lo tanto, un programa de Licenciatura en Biología no es equivalente a un programa de Biología”. Adicionalmente señala que en oficio 2009EE2308 de enero 22 de 2009, la Subdirección de Aseguramiento de la Calidad del Viceministerio de Educación Superior expuso no considerar equivalentes “los de Licenciado en Educación – Biología o Licenciado en Educación – Biología – Química, ‘… pero sí el de licenciado en Biología, que después de un curriculum propio de la carrera de Biología, otorgue una facultad de Ciencias o de Artes y Ciencias’…, es necesario precisar que la Ley 30 de 1992, por medio de la cual se organiza el servicio público de la Educación Superior, establece en el artículo 25 las titulaciones correspondientes a este nivel de formación, de donde cabe destacar para el caso específico, aquellos que hacen relación a profesiones o disciplinas académicas, conducentes al título profesional, y los relacionados con programas de pregrado en Educación que conducen al título de ‘Licenciado en…’ ”. En este orden de ideas, afirma que cuando el parágrafo del artículo 4° demandado, refiere a un título propio de la carrera de biología lo hace en razón a que para la época de expedición de la ley, existían en el país universidades que en lugar de mencionar en el diploma “Profesional en…”, aducían la palabra “Licenciado en …” (caso de la Universidad de Los Andes), de manera que la exclusión de equivalencia prevista en la norma debía comprender a los licenciados en Educación - Biología o en Educación Biología – Química. Asevera que esta Corte (cita sentencias T-408 de 1992, C-337 de 1994, C-050 de 1997, C-964 de 1999, C-505 de 2001), ha señalado la facultad del legislador de exigir títulos para acreditar la preparación académica y científica, exigencia íntimamente relacionada con la libertad de escoger profesión y oficio y con el libre desarrollo de la personalidad, lo que a su vez significa que tales derechos no son absolutos y devienen más rígidos cuando el oficio o la profesión escogida conlleva un riesgo social. Conforme a lo precedente, estima que la pretensión de reconocimiento de la calidad de biólogo al licenciado en Biología es inviable, puesto que el Sistema Nacional de Información de Educación Superior, SNIES, establece que el área de conocimiento “de los Programas de Licenciaturas relacionadas con la Biología son las Ciencias de la Educación y su núcleo Básico de Conocimiento es la Educación, mientras que el Área de Conocimiento del Programa de Biología, son las Matemáticas y Ciencias Naturales y su núcleo Básico de Conocimiento son la Biología, Microbiología y Afines”, de lo cual resulta claro que las licenciaturas tienen como objetivo básico el ejercicio de la docencia y la biología la investigación, la asesoría, la consultoría y el apoyo en la planeación, ejecución y control de programas, proyectos y estrategias de desarrollo sostenible. Observa que aun cuando las tareas desempeñadas por los profesionales de ambas carreras se traslapan, su contexto de desarrollo es distinto, al exigirse habilidades, capacitación y responsabilidades específicas diferentes, que se desprenden de los distintos contenidos e intensidad de los programas de estudio, que a su vez “inciden en el perfil propio y característico de cada una de estas profesiones” y “fija una distinción en punto a la idoneidad para realizar las actividades y cumplir las exigencias previstas en la Ley 22 de 1984, distinción que no es de carácter formal sino sustancial”. Así, la exigencia legal de matrícula profesional, “imprime una identificación que aporta seguridad y certeza frente al usuario de los servicios y de la sociedad en general, en el entendido que a quien se le ha expedido cuenta con la formación e idoneidad para ejercer la profesión de biólogo”. Con fundamento en la diferenciación descrita, enfatiza que “si una persona opta de manera libre ser Licenciado, esta es la profesión a la que habrá de dedicarse, teniendo en cuenta que esta es su vocación de acuerdo con sus capacidades, tendencias y perspectivas”, escogencia que guarda estrecha relación con el libre desarrollo de la personalidad, el cual “comprende la autonomía de cada uno para realizarse según sus particulares valores, aspiraciones, aptitudes, expectativas, tendencias, gustos, ideas y criterios, trazando a su propia existencia en los variados aspectos de la misma, las directrices que mejor le convengan y agraden en cuanto no choquen con los derechos de los demás ni perjudiquen el bienestar colectivo, ni se opongan al orden jurídico”. Finalmente, aprecia que los licenciados en Biología cuentan con un amplio campo de acción para el ejercicio del derecho al trabajo, revelado en la existencia de instituciones privadas y públicas necesitadas de sus servicios profesionales, pero bajo la sujeción a reglas jurídicas encaminadas a establecer requisitos de idoneidad, exigencia que respecto de la profesión de biólogo supone la expedición de matrícula profesional, sin perjuicio, en ambos casos, de la inspección y vigilancia por parte de las autoridades competentes. 3. Asociación Colombiana de Facultades de Ciencias, ACOFACIEN El Director Ejecutivo de ACOFACIEN, luego de referirse a apartes de la sentencia C-505 de 2001, relacionados con el ejercicio de la profesión de Biología, y de comparar resoluciones emanadas del Ministerio de Educación Nacional, que definen las características específicas de calidad para los programas de pregrado en Educación, reglamentando así la Ley 1188 de 2008, advierte que las carreras de Biología y de Licenciatura en Biología cumplen propósitos de formación diferentes, según los planes de estudio, por las bases de fundamentación de cada una de ellas (Biología y Educación), que impiden homologar el título de licenciado al de biólogo sin que se cumpla el requisito previsto por el artículo 4° de la Ley 22 de 1984. A este respecto, coincide con las apreciaciones de la Presidente del Consejo Profesional de Biología, sintetizadas en precedencia. Agrega la existencia de un posible vacío legal, en el entendido de que los licenciados en Biología con maestría y doctorado en ciencias biológicas, que les permiten adquirir el más alto nivel de competencia investigativa que se exige al biólogo, estarían en capacidad de ejercer la profesión sin necesitar matrícula profesional, en campos donde predomine el componente biológico, reservados al profesional biólogo, teniendo presente que a la época en que fue sancionada la Ley 22 de 1984, la maestría tenía historia reciente y el doctorado aún no se ofrecía en el país. 4. Ministerio de la Protección Social En representación de dicho Ministerio, un profesional del derecho de la Oficina Asesora y de Apoyo Legislativo informa que el tema en cuestión es de competencia del Ministerio de Educación Nacional, anotando que la Biología no es profesión del área de la salud. No obstante, con acotación de las Leyes 30 de 1992 y 1188 de 2008, reguladoras del servicio público y los programas de la educación superior, manifiesta que la educación en Colombia se encuentra clasificada según áreas de conocimiento, “entendidas como la agrupación que se hace de los programas académicos de igual o distinta modalidad, teniendo en cuenta cierta afinidad en los contendidos, en los campos específicos de conocimiento y en los campos de acción de la educación superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones o disciplinas”, que se organizan a su vez en “Núcleos Básicos de Conocimiento que consisten en la agrupación de los programas en las diferentes áreas de conocimiento”. Denota que las ciencias de la educación tienen como núcleo básico la educación, a la cual pertenecen las licenciaturas, dirigidas a la formación integral de futuros docentes para la enseñanza de alguna disciplina, por lo que orientan su razón de ser en la pedagogía, mientras el núcleo básico de la Biología pertenece al área de conocimiento de las ciencias naturales, aplicación que implica un desarrollo profesional distinto. 5. Ministerio de Educación Nacional Mediante apoderada, la Oficina Jurídica del Ministerio de Educación Nacional expresa que las normas acusadas, lejos de vulnerar la Constitución Política, desarrollan su artículo 26, que contempla la posibilidad de exigir títulos de idoneidad a aquellos oficios que requieran formación académica, sin perjuicio de la vigilancia y control por parte del Estado. Indica que conforme al capítulo I del Decreto 4675 de 2006, “la construcción de las denominaciones y los perfiles de formación de programas corresponde a las instituciones de Educación Superior en ejercicio de su autonomía universitaria, esto en el campo académico, ya que en materia laboral son las instituciones quienes deben determinar el perfil o los perfiles de formación que se requerirán para determinados cargos públicos de acuerdo a la conformación de las plantas y las necesidades de personal”. Insiste en la autonomía universitaria, a la luz del artículo 69 superior y de la Ley 30 de 1992, respecto de la adopción de los correspondientes regímenes académicos en cumplimiento de la misión institucional, pero bajo la suprema inspección y vigilancia del Ministerio de Educación Nacional por delegación del Presidente de la Republica (Decreto 698 de 1993), de manera que se garantice la calidad de la instrucción impartida y el manejo ordenado de la actividad institucional, sin que ello implique una intromisión en los asuntos administrativos necesarios para el desarrollo de sus funciones. Así, según la Ley 1188 de 2008, el Ministerio de Educación “otorga registro calificado a los programas de Educación Superior, verificando el cumplimiento de las condiciones de calidad por parte de las Instituciones de Educación Superior cuyos propósitos de formación conduzcan a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas”. De otra parte, observa que la Ley 22 de 1984 reconoce la Biología como una profesión de educación superior, sin que impida el acceso a actividades directamente relacionadas con ella, autorizando, por el contrario, una formación académica dirigida a obtener un profesional integral, “de tal suerte que lo habilite y faculte para defenderse y desarrollar el ejercicio en su respectiva especialidad”. En escrito adicional, profundiza sobre la Ley 30 de 1992, por la cual se organiza el servicio público de la educación superior; la Resolución 2769 de 2003, que define las características específicas de calidad para los programas de pregrado de Ciencias Exactas; y la Resolución 1036 de 2004, referente a la calidad de los programas de pregrado y especialización en educación. Así, aclara que no le corresponde fijar ni determinar los planes de estudio de los programas de educación superior, en tanto su labor consiste en evaluar las condiciones de calidad de los mismos; son las instituciones de educación superior, conforme a la autonomía universitaria, de amparo constitucional, las encargadas de establecer si un programa, como la licenciatura en Biología, cumple los requisitos previstos en el artículo 4° de la Ley 22 de 1984, para considerarlo equivalente al programa de pregrado en Biología. No obstante lo anterior, precisa que el orden jurídico colombiano contempla equivalencias de programas o títulos, de acuerdo con la clasificación de programas académicos, que se concreta en lo que se denomina área de conocimiento, “entendiéndose por tal, la agrupación que se hace de los programas teniendo en cuenta cierta afinidad en los contenidos, en los campos específicos de conocimiento y en los campos de acción de la Educación Superior, cuyos propósitos de formación conducen a la investigación o al desempeño de ocupaciones, profesiones y disciplinas”. Finalmente, indica que en la categorización de los programas académicos, se toman como referente las clasificaciones internacionales, emanadas de reconocidos organismos multilaterales, asociaciones, institutos y redes vinculadas con la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. 6. Intervenciones ciudadanas 6.1. Las ciudadanas Patricia Elena Useche Losada y Claudia Victoria Pinzón Vanegas, licenciadas en Biología, manifiestan conjuntamente estar a favor de la demanda de inconstitucionalidad, por estimar que la duración de la carrera de licenciatura (10 semestres) permite al egresado desempeñarse en la docencia y en la investigación. La formación académica recibida les otorga las herramientas teóricas y prácticas en ciencias biológicas para la resolución de conflictos ambientales e igualmente incluye áreas de conocimiento en tales ciencias. 6.2. La ciudadana Liliana Castro Rodríguez expresa: (i) El contenido curricular del biólogo y del licenciado son afines, por lo que este último debe ser reconocido como idóneo y “par” del primero, al tratarse de profesiones de una misma área, la Biología. (ii) Los perfiles de ambas carreras permiten que el biólogo pueda ejercer la docencia y el licenciado las ciencias biológicas, por los conocimientos del área, de donde “no debería haber lugar a discriminación alguna entre ellos”. (iii) No obstante las restricciones impuestas por el Consejo Profesional de Biología, la realidad demuestra el ejercicio de las profesiones en los ámbitos anteriores, tanto en empresas públicas como privadas, aunque al licenciado en biología la ley no le otorgue matrícula profesional, y con más razón al haber cursado especializaciones, maestrías y doctorados en ciencias biológicas. (iv) Aun cuando la Ley 24 de 1976 reglamentó la profesión de licenciados en ciencias de la educación, señalando que son profesionales de la docencia, posteriormente la Ley 115 de 1994 (General de la Educación) precisó la posibilidad de la docencia en otros profesionales con formación de posgrado en educación (v. gr. biólogos, Ley 22 de 1984), situación que en aplicación del derecho a la igualdad puede aplicarse a los licenciados en Biología, por su idoneidad en el componente biológico y permite acceder a la tarjeta profesional. (v) No es constitucional que se supedite la equivalencia de título a “facultades de ciencias y artes”, puesto que las artes no guardan relación con temas biológicos, como sí la educación y las ciencias naturales, que arrojan una formación integral con capacidad pedagógica. (vi) Resulta fundamental diferenciar entre Licenciado en Educación – Biología y Licenciado en Educación Biología – Química, con el Licenciado en Biología, puesto que en los primeros profesionales el plan de estudios enfatiza en la pedagogía, mientras que en el segundo la formación se centra en conocimiento, funcionamiento y transformaciones de los seres vivos, más un componente pedagógico pero no durante toda la carrera. (vii) El no acceso a la tarjeta profesional por parte del licenciado en Biología, “limita ilegal e inconstitucionalmente su ejercicio profesional solamente cuando no existe norma alguna que le prohíba al licenciado en biología desempeñar tareas, diferentes a la docencia, como bien lo ha señalado el Departamento Administrativo del Servicio Civil”. (viii) Es violatorio de los principios constitucionales de economía y eficacia, que la Ley 22 de 1984 restrinja el ejercicio profesional de la Biología exclusivamente al biólogo, cuando existen otros profesionales con un “núcleo común del saber” (Biología), por lo que el Consejo Profesional de Biología debe incluirlas como carreras afines que no cuentan con tarjeta profesional, como ocurre con otros consejos profesionales. 6.3. Los ciudadanos Natalia Celia López Rivera, Dalia Camelo Salamanca, Néstor Eduardo Escobar de la Pava y Juan Bercelino Pineda Ávila, licenciados en Biología, manifiestan su inconformidad con las disposiciones demandadas. Argumentan que la situación planteada por la Ley 22 de 1984 ha “cerrado” sus oportunidades laborales, convirtiéndolos en “profesionales ilegales” por ejercer funciones de un profesional de la Biología, no obstante la producción intelectual y los conocimientos adquiridos a través de estudios de posgrado con énfasis en temas propios de la Biología. Agregan que han accedido por concurso de méritos a instituciones del Estado para ejercer tareas propias de un biólogo, demostrando con ello sus capacidades, “las cuales se facilitan por los componentes pedagógicos obtenidos durante la formación profesional, convirtiéndose en un valor agregado para el desarrollo de la biología por permitir la transmisión del conocimiento técnico y científico de fácil acceso”. Reparan haberse visto expuestos a discriminación, por “falsa interpretación de la normatividad”, bajo el criterio de que los profesionales en licenciatura en Biología únicamente se encuentran habilitados para ejercer la docencia, siendo que por la formación adquirida han aportado a la ciencia importantes logros, como integrantes de grupos de investigación nacional e internacional. 6.4. El ciudadano Juan Carlos Becerra Ruiz coadyuva la demandada inconstitucionalidad, centrando su argumentación en el tema de la equivalencia como “el reconocimiento de que un título (o un conjunto de estudios superados por el interesado) tiene los mismos efectos académicos y/o profesionales de otro”. En este sentido, indica: “La equivalencia se puede reconocer con un nivel de estudios (equivalencia genérica) o se establece con un determinado título (equivalencia específica). Los efectos de una equivalencia pueden ser profesionales (indica el reconocimiento expreso de que una formación permite el acceso al mundo del trabajo igual que otra a la que es equivalente) o académicos (con el fin de continuar estudios, se declara con el mismo nivel de estudios). De esta forma, en Colombia y en la mayoría de los países con quienes se ha suscrito convenio de reconocimiento de títulos, se establece que se obtienen los mismos efectos académicos y profesionales al cursar Ciclos Formativos equivalentes o similares”. Afirma que la legislación colombiana tiene establecido que, por ejemplo, licenciados en química, ciencias políticas, nutrición y dietética, terapia física, pueden acceder a la tarjeta profesional de química (Ley 53 de 1975), administración pública (Ley 1006 de 2006), nutrición y dietética (Ley 73 de 1979) y fisioterapia (Ley 9ª de 1979), dado que los ciclos de formación básica profesional son equivalentes o similares. Agrega que “ante este análisis normativo y de cara al principio constitucional de igualdad es evidente que la expresión… ‘que después de un curriculum propio de la carrera de Biología, otorgue una facultad de Ciencias o de Artes y Ciencias’… que establece el artículo 4° de la Ley 22 de 1984, como condición para verificar la equivalencia del título de licenciado en biología con el de biólogo, es abiertamente inconstitucional, porque como lo ha venido manifestando subjetivamente el Ministerio de Educación Nacional en diversos conceptos y lo ha asumido el Consejo Profesional de Biología para negar tarjeta profesional a los licenciados, circunscribe tal privilegio a un reducido grupo de licenciados uniandinos, sin mencionar que el ejercicio de la biología es ajeno a las artes, por lo que no se concibe coherente el requisito, razón por la cual la expresión vulnera el derecho constitucional a la igualdad y al trabajo”. De otra parte, observa que al disponer el Ministerio de Educación Nacional que el título de licenciado en Colombia corresponde a la docencia, por lo que la equivalencia que prevé la Ley 22 de 1984 refiere a la que se otorga a profesionales egresados de facultades de Ciencias y Educación, se vulneran los derechos fundamentales a la igualdad, la libertad de escoger profesión u oficio, el libre desarrollo de la personalidad y el trabajo, por cuanto “dentro del ordenamiento jurídico y acorde con la natur...