Sentencia C-554 de 2016

C-554-16 Sentencia C-554/16 NORMA QUE DECLARA PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA NACION LA SEMANA SANTA EN TUNJA, BOYACA-Existencia de cosa juzgada constitucional parcial e ineptitud sustancial de la demanda SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Carácter inmutable COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Contenido y alcance/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Significado/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Fundamento/COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Características COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL FORMAL-Concepto COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL MATERIAL-Concepto COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL ABSOLUTA Y RELATIVA-Distinción COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL RELATIVA EXPLICITA O IMPLICITA-Concepto COSA JUZGADA APARENTE-Concepto Referencia: Expedientes D-11315, D-11326, D-11343, D-11344 y D-11353 (acumulados) Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1767 de 2015, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones”. Accionantes: Juana María Tovar Acero (D-11315), Wilmar Niño Hernández (D-11326), Diego Alejandro Olivares (D-11343), Rudy Mariela Largo (D-11344) y Juan Camilo Pérez Bello (D-11353). Magistrado Ponente: JORGE IVÁN PALACIO PALACIO Bogotá D.C., doce (12) de octubre de dos mil dieciséis (2016). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el decreto ley 2067 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad los ciudadanos Juana María Tovar Acero, Wilmar Niño Hernández, Diego Alejandro Olivares y Juan Camilo Pérez Bello, miembros del Consultorio Jurídico de la UPTC de Tunja, demandaron de manera separada, la Ley 1767 de 2015, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones”, por considerar vulnerados los artículos 1º, 2º, 13, 19, 136 y 169 de la Carta Política. El Magistrado Jorge Iván Palacio admitió la demanda mediante auto de 22 de abril de 2016, dispuso su fijación en lista y simultáneamente corrió traslado al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de su competencia. En la misma providencia ordenó comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de Interior, al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Cultura y al Ministerio de Justicia y del Derecho para que intervinieran impugnando o defendiendo la norma acusada; e invitar al Instituto Colombiano de Antropología (ICANH) y las facultades de derecho de las universidades de los Andes, Externado de Colombia, Javeriana, Libre de Colombia, Nacional de Colombia, del Rosario, Santo Tomás, de la Sabana y Sergio Arboleda, para que emitieran su opinión sobre la presente demanda. Cumplidos los trámites previstos en el artículo 242 de la Constitución Política y en el Decreto ley 2067 de 1991, procede la Corte a resolver sobre la demanda de la referencia. A. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe la Ley 1767 de 2015, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones” de acuerdo con su publicación en el Diario Oficial No 49.628 de 7 de septiembre de 2015. LEY 1767 DE 2015 (septiembre 7) Diario Oficial No. 49.628 de 7 de septiembre de 2015 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la Semana Santa en Tunja, Boyacá, y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: ARTÍCULO 1o. Declárese como patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la Semana Santa en la ciudad de Tunja, departamento de Boyacá ARTÍCULO 2o. Exhórtese al Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura, para que incluya en la lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) del ámbito nacional, la celebración de la Semana Santa en Tunja, ARTÍCULO 3o. Autorícese al Gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, incluir en el Banco de Proyectos del Ministerio de Cultura, la celebración de la Semana Santa en Tunja, Boyacá. ARTÍCULO 4o. Reconózcase a la ciudad de Tunja, a la Curia Arzobispal y a la Sociedad de Nazarenos de Tunja, como gestores y garantes del rescate de la tradición cultural y religiosa de la Semana Santa de la ciudad de Tunja, siendo el presente un instrumento de homenaje y exaltación a su invaluable labor. ARTÍCULO 5o. La Sociedad de Nazarenos de Tunja y el Consejo Municipal de Cultura de Tunja con el apoyo del Gobierno Municipal de Tunja, el Concejo Municipal de Tunja, el Gobierno Departamental de Boyacá, la Asamblea Departamental de Boyacá, en el marco de su autonomía podrán elaborar la postulación de la celebración de la Semana Santa en Tunja a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial y el Plan Especial de Salvaguardia (PES). ARTÍCULO 6o. El Gobierno nacional a través del Ministerio de Cultura, podrá incorporar al presupuesto general de la nación las apropiaciones requeridas para contribuir al fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación, protección y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de la celebración de la Semana Santa en la ciudad de Tunja, departamento Boyacá. ARTÍCULO 7o. A partir de la vigencia de la presente ley, la administración municipal de Tunja la administración departamental de Boyacá estarán autorizadas para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual, para el cumplimiento de las disposiciones consagradas en la presente ley. ARTÍCULO 8o. La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación. B. LAS DEMANDAS: Los ciudadanos sostienen que algunos de los artículos o toda la Ley 1767 de 2015 vulneran los artículos 1 º, 2º, 13, 19, 136.4, 169 y el Preámbulo de la Constitución Política (en adelante C.P.), por cuanto desconoce el principio de laicidad y neutralidad del Estado en materia religiosa. En el Expediente D-11315 la demandante Juana María Tovar Acero sostiene que los artículos 1º, 6º y 7º de la Ley 1767 de 2015 van en contra de los artículos 1, 2 y 19 de la C.P. que consagran el pluralismo y la neutralidad religiosa. Sostiene que la Constitución de 1991 establece un carácter pluralista en materia religiosa y por tanto excluye cualquier forma de confesionalismo, que limite la plena libertad religiosa y el tratamiento igualitario de todas las confesiones religiosas. En razón de este presupuesto le está prohibido al Estado identificarse formal y explícitamente con una religión o realizar actos oficiales de exaltación a una creencia o religión como se hace con los artículos 1º, 6º y 7º de la Ley 1767. Del mismo modo se vulnera el artículo 2º de la C.P. porque se está desconociendo la protección igualitaria que deben tener todas las religiones y creencias. Por otra parte, citando la Sentencia C-088 de 1994 explica que el ejercicio de una práctica o ejercicio de una religión, no puede en ningún caso, “…servir de causa o razón para afirmar o argumentar fórmula de restricción, discriminación o desigualdad”. Finalmente manifiesta que los artículos demandados van en contra del artículo 19 de la C.P. porque se está dando un trato, “…predilecto a una celebración representativa de una religión de corte católico creando así una situación de desigualdad frente a otras religiones y desconociendo la libertad religiosa”[1] , y que un precepto que estipule un trato desigual de manera injustificada debe ser declarado inconstitucional por violar los principios de igualdad, libertad religiosa y cultos. Por su parte en la demanda radicada bajo el Expediente D-11326, el ciudadano Wilmar Niño Hernández, dice que la Ley 1767 de 2015 vulnera los artículos sobre laicidad y neutralidad religiosa y el artículo 13 sobre la igualdad, ya que como ha entendido la jurisprudencia “La condición para que la igualdad sea real y efectiva se debe prohibir la discriminación, manifestando la necesidad del estado de no incurrir en perpetuar ciertas circunstancias discriminatorias”[2]. Señala, citando la Sentencia C-410 de 1994 y alguna doctrina, que la igualdad sustancial alude al compromiso de remover obstáculos que en el plano económico y social configuren efectivas desigualdades[3]. De otra parte explica que desde la Sentencia C-766 de 2010 y C-817 de 2011 se dijo que las religiones tienen un control estatal, ya que éste provee su personalidad jurídica. Sobre este punto explica que bajo estos presupuestos se expidió la Ley 133 de 1994 en donde se indica que el carácter laico del Estado significa que los valores en que se sustenta son la tolerancia y la pluralidad por lo que no puede brindarle a las confesiones religiosas la oportunidad participativa de imponer su visión y el valor de su doctrina. Con relación al artículo 19 de la C.P. aduce que se vulnera porque el estado colombiano desarrolla la separación de Estado e iglesia al no establecer un estado confesional. Señala que la inclusión específica para el mantenimiento y desarrollo de la Semana Santa presenta la preferencia directa hacia una creencia, dejando de un lado el principio de laicidad. Finalmente indica que se está vulnerando el artículo 136 de la C.P. porque se decreta con estas normas recursos públicos a favor de personas o entidades que no están reconocidas en leyes preexistentes. Asevera que la jurisprudencia ha establecido que no se pueden dar gratificaciones a personas o entidades específicas, como por ejemplo lo puede ser una Iglesia como la católica[4]. De otra parte en el Expediente D-11343, el demandante Diego Alejandro Olivares Mora, indica que el artículo 7º de la Ley 1767 de 2015 va en contra de la libertad religiosa y el carácter aconfesional del Estado. Cita la Sentencia C-817 de 2015 para decir que la Corte Constitucional ha establecido que no se puede adscribir el Estado a ninguna confesión religiosa. Al mismo tiempo señala que la norma hace un trato discriminatorio a las personas que no forman parte de esta congregación religiosa, en cuanto hace un trato más favorable y sin una justificación constitucional, al realizar un reconocimiento a la celebración de la Semana Santa en Tunja, ya que el Estado está otorgando un trato privilegiado a un credo en particular que es la Iglesia Católica. Por otra parte, con relación a las prerrogativas de financiación se dice que no tienen justificación constitucional y vulnera el artículo 169 de la C.P[5], ya que no hay una correspondencia entre el título y el contenido de la norma porque el título de la ley solo hace referencia a declarar patrimonio cultural inmaterial de la Nación la celebración de la Semana Santa en Tunja, y no hay concordancia con los artículos que se contienen en dicha ley ya que no le da claridad a los ciudadanos de lo que en realidad se está haciendo es incorporar al presupuesto general de la Nación las apropiaciones requeridas para contribuir al fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación, protección y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de la celebración de la Semana Santa en la ciudad de Tunja. Finalmente explica que con el artículo 4º de la ley, en donde se reconoce a la ciudad de Tunja, a la Curia Arzobispal y a la Sociedad de Nazarenos, como gestores y garantes del rescate de la tradición cultural y religiosa de Semana Santa, se está haciendo una forma de ley de honores, y en el título de la ley no se hace referencia a que el contenido de la ley tenga referencia a este tópico, con lo cual también se estaría vulnerando el artículo 169 de la C.P. En el Expediente D-11344, la actora Rudy Mariela Largo, indica que el artículo 7º de la Ley 1767 de 2015 viola los artículos 1º, 2º y 19 de la C.P., ya que manifiesta que incluir dentro del presupuesto anual partidas para financiar actividades religiosas vulnera el principio de laicidad ya que se recortan recursos públicos que se suponen deben ir dirigidos al desarrollo de una utilidad colectiva, “… para en cambio ser invertidos a favor de los intereses católicos que en muchos casos resultan ajenos a las creencias de determinados grupos sociales”. Resalta que la norma demandada pretende otorgar una prerrogativa especial a una organización religiosa particular como la católica sin que se tenga ninguna justificación para hacerlo y de esta manera vulnera el pluralismo religioso y la laicidad del Estado, “…pues si bien es cierto la religión católica es la que predomina en la sociedad colombiana, de ninguna manera puede hacerse exclusión a las demás confesiones religiosas”[6]. Explica que, cuando se confiere a una administración municipal la potestad de destinar recursos públicos para apoyar una conmemoración cultural de contenido religioso, “…el pluralismo predicado constitucionalmente se ve claramente afectado al dársele un trato preferente a la religión católica respecto de los demás cultos”. Cita para apoyar la demanda sentencias como la C-152 de 2003 en donde se dice que existen una serie de prohibiciones constitucionales que tiene el Estado respecto a aspectos religiosos entre los que se cuenta: (i) Establecer una religión o Iglesia oficial; (ii) identificarse formal y explícitamente con una iglesia o religión; (iii) realizar actos oficiales de adhesión, así sea simbólicos, a una creencia, religión o iglesia; (iv) tomar decisiones o medidas que tengan una finalidad religiosa, mucho menos si ella constituye la expresión de una preferencia por alguna iglesia o confesión; (v) adoptar políticas o desarrollar acciones cuyo impacto primordial real sea promover, beneficiar o perjudicar a una religión o iglesia en particular frente a otras igualmente libres ante la ley. Teniendo en cuenta lo anterior explica que con la norma acusada se quebrantan algunas de esas prohibiciones, “… puesto que con la permisión dada a Tunja, se tomó una medida que constituye un favoritismo para la Iglesia Católica, apoyando con recursos de carácter público, las celebraciones y exaltaciones realizadas por esta religión…”. Finaliza diciendo que con el artículo 7º de la Ley 1762 se está otorgando un beneficio a la Iglesia Católica sin justificación constitucional alguna y que de este modo se violaría el fin de laicismo que es, “…lograr la total separación del poder estatal y de las creencias religiosas que deben seguir los ciudadanos”. Aduce que la consagración de la Semana Santa en Tunja y la destinación de recursos públicos para su conservación y mantenimiento, son actos que evidentemente poseen una connotación religiosa que rompen de forma palmaria con el equilibrio o la neutralidad que debe tener un estado laico. En el Expediente D-11353 el accionante Juan Camilo Pérez dice que el artículo 7º de la Ley 1762 vulnera lo dispuesto en los artículos 1º, 2º y 19 de la Constitución. Con relación al artículo 1º dice que el presupuesto público debe ser destinado a materializar los derechos colectivos de todos los habitantes de Tunja, y no de una religión en particular. Indica, trayendo a colación la Sentencia C-365 de 2001, que se vulnera el pluralismo y el carácter laico del Estado, cuando se otorga preferencia a una religión en particular como la católica, “… atribuyéndole un valor adicional que discrimina las demás creencias religiosas y populares…”. Al mismo tiempo señala que se está violando el artículo 2º de la C.P. porque la norma acusada pone por encima del interés general el desarrollo de conmemoraciones religiosas católicas y “… proporcionando espacios legales para su directo financiamiento disminuyendo así el pluralismo religioso ocasionando un eventual detrimento en contra de las demás concepciones religiosas”. Subraya, citando la Sentencia C- 817 de 2105, que, “…el carácter más extendido de una determinada religión no implica que ésta pueda recibir un tratamiento privilegiado de parte del Estado, por cuanto la Constitución de 1991 ha conferido igual valor jurídico a todas las confesiones religiosas, independiente de la cantidad de creyentes que esta tenga. Se trata de una igualdad de derecho, o igualdad por nivelación o equiparación, con el fin de preservar el pluralismo y proteger las minorías religiosas”. Finalmente indica que el artículo 7º de la Ley 1762 vulnera el Preámbulo porque se está afectando con la destinación de recursos a una conmemoración religiosa que rompe con la con la igualdad al poner en una mejor situación a los católicos respecto a los creyentes de las demás religiones. Señala que el Estado debe actuar como mero observador y garante de la libertad de cultos, así como de los derechos en relación con los ciudadanos, “y no por el contrario como promotor y financiador de actividades para un determinado sector religioso de la sociedad…”. C. INTERVENCIONES CIUDADANAS 1. Ministerio del Interior: Estima que la ley demandada debe ser declarada exequible. Dice que el actor realiza una lectura parcial de la normativa, al estimarla como una norma protectora de una religión, cuando en realidad de lo que se trata en este caso es proteger el patrimonio cultural del país[7]. Por otra parte indica que, “… es incuestionable que la norma busca mantener una expresión cultural ya que, “…en este caso proviene de un segmento de la sociedad que se identifica con una misma religión, pero que con ello no abandona su carácter de cultural. Cabe resaltar que la cultura es un concepto amplísimo que incluye expresiones no solo artísticas o científicas, sino también religiosas, en la medida en que hagan parte de un ejercicio tradicional por parte de la sociedad”. Indica que el objetivo de las normas no es fortalecer un credo en particular, sino asegurar que todas aquellas expresiones y/o costumbres culturales, independientemente de su naturaleza (artística, religiosa, científica etc.) tengan un apoyo estatal. Dice que resulta contradictorio que se alegue por los demandantes la vulneración del pluralismo, cuando lo que busca el pluralismo es proteger las diferentes expresiones existentes en el país[8]. Asevera que aunque en este caso se protege una celebración que si bien es cierto es religiosa, también es cierto es una expresión cultural que reúne las condiciones necesarias para ser considerada como una tradición que enriquece las costumbres y tradiciones culturales. Subraya que en este caso no se trata de una actividad novísima o que no tiene una fuerza tradicional suficiente para ser considerada costumbre, tradición y cultura colombiana, pues la misma comporta una costumbre cultural e histórica de hace muchos años[9]. Siguiendo esta misma línea argumentativa indica que al igual que se protege la identidad cultural de los grupos étnicos en su religiosidad y cultura, también se debe dar garantías y salvaguardas respecto a las entidades religiosas, que deberán demostrar, que sus prácticas y bienes también deben ser declaradas de interés histórico y cultural. Por otra parte con relación a la autonomía de las entidades territoriales de orden municipal y departamental dijo que no menoscaba el principio de autonomía territorial, ya que la propia Constitución indica que la distribución de competencias entre la Nación y las entidades territoriales está sometida a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, y que la injerencia realizada en la autonomía territorial no deviene caprichosa o desproporcionada, ya que “…no se están introduciendo rubros sorpresivos, si se tiene en cuenta que todas las entidades territoriales han de prever en sus planes presupuestales el sostenimiento y fortalecimiento de la cultura”. Concluye diciendo que, “…el hecho de reconocer que quienes han liderado la práctica religiosa, lo han hecho en pos del sostenimiento de una tradición cultural, en lugar de generar una contradicción entre lo principalmente pretendido, esto es, declarar un patrimonio cultural de la Nación, y lo regulado, deja en evidencia la justificación de la ley como una herramienta importante para salvaguardar aquellas prácticas que a lo largo de la historia han hecho parte de las costumbres nacionales”. 2. Ministerio de Cultura: Eduardo Cifuentes Muñoz como apoderado del Ministerio de Cultura después de explicar las características de la Semana Santa en Tunja y citar la jurisprudencia en materia de laicidad del Estado, considera que la Corte se debe declarar inhibida para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 1, 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015, o en su defecto que se declare la exequibilidad de las normas demandadas porque según su opinión no vulnera ningún artículo constitucional. Sobre la inhibición dice que las demandas de la referencia carecen de certeza, pues de los artículos acusados no se deriva una discriminación de otras religiones ni una adhesión del Estado a la religión católica, el hecho de que se declare a la Semana Santa en Tunja como parte del patrimonio cultural de la Nación, y que se hagan apropiaciones del presupuesto requeridas para el fomento, la promoción, difusión, internacionalización, conservación y desarrollo del patrimonio cultural inmaterial de la celebración de la Semana Santa en Tunja y de que se autorice a las autoridades locales competentes para asignar partidas presupuestales para el cumplimiento de la ley, ya que esto se inscribe dentro del marco de libre configuración legislativa de acuerdo con el artículo 72 de la C.P., y además se corresponde con el procedimiento establecido por la Ley 1185 de 2008, para la salvaguardia de los bienes culturales inmateriales. De otro lado considera que las demandas carecen de claridad y suficiencia, pues no se entiende cómo la declaratoria de patrimonio cultural, y la correlativa autorización para la asignación de partidas presupuestales se traduce en una violación del carácter laico del Estado, tratándose de bienes declarados patrimonio cultural en razón de su importancia histórica y cultural. Concluye sobre la inhibición diciendo que los actores sustentan su posición en una serie de ideas generales y vagas acerca de la neutralidad religiosa y el Estado laico, pero no ofrecen ni concretan razones por las cuales las normas demandadas estarían desconociendo los artículos constitucionales invocados. Dice que los cargos se enfocan en los posibles problemas religiosos, sin tener en cuenta el marco constitucional y legal relativo a la protección de los bienes inmateriales de la Nación, “…lo que a las claras revela la insuficiencia hermenéutica que exhiben los cargos”. Por otro lado manifiesta que si la Corte estima que debe entrar en el fondo de asunto se debe tener en cuenta el carácter histórico y cultural de la Semana Santa en Tunja. Sobre este punto dice que la Semana Santa en Tunja se considera la más antigua de Colombia remontándose a la época del español Juan de Castellanos en 1562. Igualmente explica la importancia que ha tenido ésta desde los siglos XVI hasta el XXI especialmente por sus aspectos culturales y de tradición, por las vestimentas, los pasos y las procesiones que se consideran como un acto cultural por parte de la comunidad[10]. Señala que según los artículo 8 y 72 de la C.P, la Ley 1185 de 2008 y el Decreto 2941 de 2009 sobre la protección del patrimonio cultural inmaterial, se establece una serie de procedimientos para incluir bienes culturales inmateriales dentro de la lista representativa de los bienes inmateriales, lo que conlleva a un plan especial de salvaguardia orientada al fortalecimiento, revitalización, sostenibilidad y promoción de la respectiva manifestación. También cita normatividad internacional y jurisprudencia de la Corte en donde se protege el patrimonio cultural como por ejemplo la Sentencia C-742 de 2006 que establece la diversidad cultural como parte de la riqueza humana y social de los pueblos. Posteriormente explica la evolución que se ha tenido en materia de laicidad del Estado explicando que no debería esperarse un escrutinio severo frente a las intervenciones cuando (i) las intervenciones no posean una clara finalidad religiosa, y (ii) cuando las medidas adoptadas, no comporten una afectación relevante a la libertad de cultos en el seno de una sociedad pluralista y democrática. En este sentido dice que cuando existan leyes que confieran un reconocimiento a festividades que tengan elementos culturales, pero que posean un trasfondo religioso, se ha establecido que el elemento cultural debe ser discernible, relevante y el factor explicativo genuino detrás de la medida. En este sentido cita la Sentencia C- 766 de 2010 en donde se dice que el Estado puede promocionar, promover y respaldar manifestaciones que incluyendo algún contenido religioso, tuvieran un claro e incontrovertible carácter de manifestación cultural[11]. También cita la Sentencia C-817 de 2011 que señala que, “la constitucionalidad de las medidas legislativas citadas dependerá que en cada caso concreto sea posible identificar un criterio secular lo suficientemente discernible, que lo sustente o justifique”. Considera que en el caso de la Semana Santa en Tunja es evidente que reviste de manera clara e incontrovertible el carácter de manifestación cultural, y el interés estrictamente cultural se desprende de la historia y las tradiciones de esta manifestación que constituye una expresión sobreviviente de la cultura barroca, y al igual que la Semana Santa en Popayán, que se celebra en el espacio público para ser presenciada por los miembros de cualquier culto. Por esta razón insiste en que en este caso no se pude decir que lo religioso mantiene una preponderancia sobre lo cultural. Por otra parte cita la experiencia que se deriva del derecho comparado como por ejemplo el de la Unión Europea en donde no se hace una distinción entre el patrimonio cultural y el patrimonio religioso que hace parte del primero, y referencia el Informe del 24 de junio de 2015 aprobado por el Parlamento Europeo, en donde se dice que, “40. (…) el patrimonio religioso constituye una parte inmaterial del patrimonio cultural europeo; destaca la importancia de que los lugares, prácticas y bienes vinculados a prácticas religiosas no se menosprecien en el discurso del patrimonio cultural europeo ni sean objeto de forma alguna de trato discriminatorio”. Luego hace un recuento de la jurisprudencia de la Corte sobre el gasto público[12], para concluir que la Constitución y la ley otorgan la facultad al gobierno nacional a tomar las decisiones relativas a las partidas de gasto en cada vigencia fiscal y que estas leyes no ordenan gasto, sino que simplemente le autorizan a incorporar gastos de acuerdo con su conveniencia y prioridad. Igualmente explica que si los cargos de las demandas se centran en establecer que los bienes y manifestaciones religiosas, no trascienden el ámbito religioso, y por ello carecen de tradición cultural, partirían del presupuesto errado de considerar que en muchas ocasiones existe una correspondencia entre la tradición religiosa y el ámbito cultural, como sucede con la Semana Santa en Tunja. La Constitución no excluye del patrimonio cultural de la nación los bienes o manifestaciones culturales, que pueden tener un origen religioso, siempre que las tradiciones, costumbres y hábitos, efectivamente evidencien la existencia de dicho interés cultural, artístico e histórico como lo es la Semana Santa en Tunja. Dice que hay que tener en cuenta que para verificar la relación que existe entre el aspecto cultural y religioso, lo que se dijo en la Exposición de Motivos de la Ley 1767 de 2015 en donde se especifica que, “Los eventos o festividades culturales tradicionales de carácter colectivo comprenden acontecimientos sociales periódicos de carácter participativo. Se realizan en un tiempo y espacio definidos, cuentan con reglas habituales y excepcionales, y contienen elementos constructivistas de la identidad de una comunidad, como es el caso de la celebración de la Semana Santa en Tunja (…) donde se refleja una cultura necesaria no solo para las generaciones presentes sino para las futuras…”. Explica que tampoco se viola la libertad de cultos consagrada den el artículo 19 de la C.P. pues el hecho de que se declare como patrimonio cultural de la Nación la Semana Santa en Tunja, no supone coartar la libertad de cada individuo de profesar la religión que escoja. Igualmente no se desconoce el artículo 136 de la C.P. sobre la autorización dada al gobierno nacional y a las administraciones locales para reservar las partidas presupuestales necesarias para hacer posible la ley. Concluye diciendo que no constituye ni autoriza efectuar donaciones, gratificaciones, auxilios, indemnizaciones, pensiones u otras erogaciones no autorizadas, y finalmente tampoco se viola el artículo 169 de la C.P. porque el título de la ley corresponde exactamente con su contenido. 3. Universidad de la Sabana: Dice que la norma debe ser declara exequible. Plantea que no parece justo que el pluralismo exija indiferencia o escepticismo epistemológico y que en cambio este hace énfasis en el valor intrínseco de muchos bienes y valores. Subraya, después de citar varios filósofos, que, “una neutralidad estatal atenta a la realidad es garantía de imparcialidad para todas las religiones y cosmovisiones. De allí que si para un Estado laico es inválido asumir como oficial una posición religiosa, igualmente sería impropia una cláusula legislativa del tipo: ‘Como Marx ha mostrado que la religión es el opio del pueblo…’ o ‘Como Kant ha demostrado que lo único bueno sin restricción es la buena voluntad…”. La razón para excluir dichas cláusulas, advierte Charles Taylor, es el carácter secular del Estado y las instituciones políticas”[13]. Indica que prohibir o disuadir de iure medidas públicas tendientes al fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación, protección y desarrollo de la celebración de la Semana Santa en Tunja, “que ha sido considerada legítimamente por el Estado como patrimonio cultural inmaterial implicaría neutralizar un fenómeno por el solo hecho de tener un contenido religioso y darle estatus oficial a una perspectiva laicista…”[14]. Finaliza diciendo que al ser Colombia un estado que no es ateo, sino neutro en materia religiosa se debe considerar todas las opciones culturales religiosas como parte de su diversidad y pluralismo en materia religiosa. 4. Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH): Dice que no ofrecerá para efectos del concepto, “una opinión basada en fundamentos procedimentales propios del ordenamiento jurídico vigente, sino que su intervención se concentrará en establecer el carácter de patrimonio cultural de la Semana Santa en Tunja”. Considera por este carácter que la norma debe ser declarada exequible ya que en su opinión es una representación cultural que requiere ser protegida. Para llegar a esta conclusión cita en un primer lugar la normatividad referente al patrimonio cultural para efectos de declarar un bien o manifestación inmaterial como patrimonio cultural. Dice que a nivel internacional existe la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO, establecido en París el 17 de octubre de 2003 ratificado por Colombia, y dentro del ordenamiento nacional se encuentra la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 y el Decreto único del Sector de la Cultura 1080 de 2015, la ley de patrimonio cultural sumergido 1675 de 2013 y su Decreto Reglamentario 1698 de 2014. Cita también las Resoluciones del Ministerio de Cultura 0330 y 0983 de 2010. Indica que de acuerdo al artículo 11.1 de la Ley 397 de 1996, “Las manifestaciones, prácticas, usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y espacios culturales, que las comunidades y los grupos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural (…) genera sentimientos de identidad y establece vínculos con la memoria colectiva (…) transmitido y recreado a lo largo del tiempo en función de su entorno”. Por otra parte dice que de acuerdo al Decreto 1080 de 2015, entre los campos de alcance para incluir una manifestación cultural como parte de la Lista de Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial (LRPCI) se toman en cuenta los eventos religiosos de carácter colectivo porque son acontecimientos sociales y ceremoniales periódicos. Sobre este aspecto estima que la Semana Santa en Tunja es un evento que se celebra desde la época de la Colonia. Sobre este punto destaca que, “…la celebración de la Semana Santa data de la época colonial, con la catequización de los pueblos indígenas, a partir del Siglo XVI…”. Destaca que como se explica en la Exposición de Motivos del Proyecto de ley, en dicha celebración se exponen unos pasos que tienen unas rutas definidas desde cada Iglesia de la ciudad. Indica que, “Desde que se creó la Comunidad de Nazarenos en 1562, en las procesiones se encuentran los penitentes, personas que conservan ese puesto o rol por tradición familiar. Los penitentes cargan las escenas esculpidas de la Pasión, lo cual se refiere a las estatuas – el arte religioso por tradición que dio pie a la escuela tunjana del arte- Además en el Archivo Regional de Boyacá reposan los documentos históricos desde el año 1605 hasta 1692 – con Actas del Cabildo que contienen los lineamientos y disposiciones para la celebración, lo cual podría considerarse como patrimonio archivístico”. Del mismo modo explica que según Nina S. Friedmann, la Semana Santa es un elemento emblemático de la ciudad y las procesiones se inician el domingo de ramos y tanto el jueves como el viernes santo hay desfile de efigies de santos y vírgenes. Explica que este desfile se llama al igual que en todo Boyacá “pasos” y las personas que se delegan para llevar las estatuas se denominan “cargueros”. Finaliza diciendo que, “… la celebración de la Semana Santa, cuando implica el desarrollo de una serie de elementos derivados, re-significados, por una colectividad y asumidos como propios, no se relacionan directamente con la religión católica. En este sentido, no se estarían violando los fundamentos constitucionales sobre Colombia como un estado laico que ocasionara un detrimento de la pluralidad religiosa. De lo contrario iniciaríamos un debate sobre cómo se viola la constitución cuando el calendario laico oficial reconoce festividades como la navidad de algún santo católico en especial. A su vez, tendríamos que desconocer la expresión de prácticas como los árboles frutales del Corpus Christi, los Matachines de la Candelaria, o las fiestas de San Pedro y San Pablo en los Departamentos del Huila y Tolima”. 5. Ciudadano Ramiro Cubillos Velandia: Dentro del término fijado para tal efecto, el ciudadano Ramiro Cubillos Velandia intervino ante la Corte para solicitar que declare inexequibilidad de la norma acusada. Indica que ya que la ley tiene como finalidad la protección y apoyo a un asunto religioso, referido a las procesiones de Semana Santa, la cual es una festividad religiosa católica y las creencias de la comunidad respecto de las mismas, es claro, “…que versa sobre asuntos religiosos y no culturales, de allí que las actividades estatales en pro de los asuntos religiosos, no sean constitucionalmente aceptables…”. 6. Ciudadano Anderson Albeiro Pineda Ramírez: El ciudadano Anderson Albeiro Pineda Ramírez, intervino dentro del término apoyando a la demanda de la Ley 1767 de 2015. Indica que se debe declarar inexequible porque vulnera no solamente el artículo 13 de la C.P. sobre la igualdad, sino también el principio de laicidad del Estado y la neutralidad religiosa. Dice que no es posible que desde el punto de la moralidad pública, que dineros recogidos de los impuestos de todos los ciudadanos, sean destinados a prácticas y celebraciones de una determinada religión, en vez de ser destinados a proyectos que satisfagan el interés común, ya que el Estado se encuentra separado de la religión, y por ende no se pueden dar partidas presupuestales para el desarrollo de sus actividades. D. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación, mediante concepto 006122, radicado el 15 de junio e de 2016, solicita a la Corte declarar exequible la norma acusada. Considera que en el presente asunto debe la Corte definir si la Ley 1767 de 2015 quebranta los principios de pluralismo, neutralidad religiosa y el derecho a la libertad de cultos, al autorizar a la administración para asignar partidas presupuestales de su respectivo presupuesto anual al cumplimiento de las disposiciones de esa ley, por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa de Tunja. El jefe del Ministerio Público estima que la disposición acusada es constitucional por cuanto el Estado colombiano tiene el deber de proteger y promover la cultura, pudiendo para ello destinar partidas presupuestales. Advierte que en razón a la prohibición constitucional de efectuar discriminaciones por motivos religiosos, lo que sí resultaría contrario a la Carta es que el Estado dejara de cumplir su deber de proteger y promover las manifestaciones culturales relevantes con motivo de una distinción fundada en una razón religiosa. Señala que la disposición cuestionada tiene como propósito permitir que se efectúen erogaciones presupuestales para proteger y preservar las procesiones de la Semana Santa celebrada en el municipio de Tunja (Boyacá), así como de las imágenes que en ella se utilizan, en atención a que corresponden con una manifestación cultural de relevancia nacional, que representan patrimonio inmaterial y cultural de la Nación. Así mismo encuentra jurídicamente válido que el Estado efectúe erogaciones económicas para proteger una manifestación cultural que alcanza el grado de patrimonio inmaterial de la Nación, puesto que el artículo 2º de la Carta Política señala el deber del Estado de facilitar la participación cultural de todas las personas. Asegura que cuando la Constitución impone al Estado el deber de facilitar y promover la vida cultural, sin establecer una forma precisa para lograr la finalidad referida, está otorgando una amplia libertad de configuración normativa para dichos efectos, amplitud en la cual permite la erogación de recursos públicos, como lo ha avalado la jurisprudencia constitucional (sentencia C-742 de 2006). En consecuencia, teniendo en cuenta que el Estado ha decidido declarar la Semana Santa de Tunja como patrimonio cultural inmaterial de la Nación, encuentra comprensible que de allí mismo surjan los deberes de protección y de conservación y, como una opción legítima, la destinación de dineros públicos para dicho fin. Afirma que es deber del Estado promover la cultura de todos los ciudadanos sin efectuar exclusiones en torno a las preferencias de las personas, motivo por el cual no puede utilizarse el fundamento religioso para desechar la importancia de una manifestación cultural como hecho que puede ser protegido. Recuerda que cuando la ley estatutaria de libertad religiosa (Ley 133 de 1994) desarrolla el derecho fundamental contenido en el artículo 19 superior, establece que “ninguna iglesia o confesión religión es ni será oficial o estatal”, y, sin embargo, a reglón seguido señala que “el Estado no es ateo, agnóstico o indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos” y “el poder público protegerá a las personas en sus creencias, así como a las iglesias y confesiones religiosas y facilitara la participación de estas y aquellas en la consecución del bien común”. Así las cosas, continúa, el carácter aconfesional del Estado colombiano implica que este no adhiere a una iglesia o confesión religiosa, y por lo mismo, no puede preferir a ninguna ellas, pero de ello no deriva en que exista una indiferencia o rechazo del Estado frente al fenómeno religioso o muchos menos que tenga prohibido proteger las manifestaciones religiosas de las personas (sentencia C-088 de 1994), más aun cuando por su relevancia y trascendencia cultural estas trascienden al ámbito público al punto de erigirse como patrimonio inmaterial de la Nación. Por otra parte indica que resulta pertinente destacar que en la reciente sentencia C- 948 de 2014 la Corte analizo y avaló la constitucionalidad de la norma que rinde honores a la santa madre Laura Montoya. Sostiene que, siguiendo dicho precedente, en el caso en concreto resulta clara la posibilidad de proteger la manifestación cultural referida, ya que cumple con los requisitos allí previstos, esto por cuanto no se puede perder de vista que la protección patrimonial otorgada encuentra su justificación en la condición de patrimonio cultural e inmaterial de la Nación, cuyo fundamento es la relevancia de la manifestación popular y no una supuesta adhesión estatal a cierta confesión. Finalmente, advierte que sustraer al Estado de su deber de proteger y promover el patrimonio inmaterial, cuando la manifestación cultural tiene un contenido religioso, no solo es contrario a los deberes señalados, sino que además implica una clara discriminación con fundamento a un criterio sospechoso, como es la religión. II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. COMPETENCIA De conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución, la Corte es competente para conocer el asunto de la referencia, ya que se trata de una demanda interpuesta contra una ley, en este caso la número 1767 de 2015, “por la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la Nación la Semana Santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones”. 2. CUESTIÓN PRELIMINAR. EXISTENCIA DE COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL. En reiteradas oportunidades este tribunal ha definido la cosa juzgada constitucional como “el carácter inmutable de las sentencias de la Corte Constitucional”[15], es decir, se configura la cosa juzgada constitucional, porque ha habido un pronunciamiento de fondo sobre la exequibilidad o inexequibilidad de un determinado precepto legal, por tal razón no es posible volver a ocuparse del tema. En consecuencia y con anterioridad a la aprobación de la presente acción, se tramitó en esta Corporación el proceso de referencia D-11218, en el cual se acusaba la inconstitucionalidad de los artículos 6º y 7 de la Ley 1767 de 2015. Mediante Sentencia C-441 de 2016 la Sala Plena concluyó el proceso en mención y declaró la exequibilidad de las disposiciones cuestionadas, en los siguientes términos: “Declarar EXEQUIBLES los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015 ‘Por medio de la cual se declara patrimonio inmaterial de la nación de la celebración de la semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones’, por los cargos analizados”. De esta manera, al tratarse en este caso de la demanda de al menos dos de los artículos cuestionados, la Sala encuentra necesario establecer si en el presente asunto se configura la cosa juzgada constitucional. Para resolver la cuestión, debe la Corte empezar por precisar el alcance de tal institución en la jurisprudencia de la Corporación con el propósito de determinar, si con relación a los preceptos referidos ha operado tal fenómeno. 2.1. Cosa juzgada constitucional. El artículo 243 de la Constitución Política prevé que los fallos dictados en el ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional. Dicha norma fue reiterada en la Ley 270 de 1996 y en el decreto 2067 de 1991, estatutos que establecen que dichas sentencias son definitivas, de obligatorio cumplimiento y se encuentran revestidas de efecto erga omnes. En este sentido, los efectos propios de la cosa juzgada se producen respecto de decisiones de exequibilidad y de inexequibilidad, como también de aquellas que regulan contenidos normativos, entre ellas las de constitucionalidad condicionada, las integradoras y las sustitutivas. La cosa juzgada constitucional, al igual que sus efectos, tienen asidero en los siguientes fundamentos i) en la protección de la seguridad jurídica que impone la estabilidad y certidumbre de las reglas que rigen la actuación de la autoridades y ciudadanos; ii) en la salvaguarda de la buena fe que exige asegurar la consistencia de las decisiones de la Corte; iii) en la garantía de la autonomía judicial al impedirse que luego de juzgado un asunto por parte del juez competente y siguiendo las reglas vigentes pueda ser nuevamente estudiado; y iv) en la condición de la Constitución como norma jurídica en tanto las decisiones de la Corte que ponen fin al debate tienen, por propósito, asegurar su integridad y supremacía[16]. Para establecer los criterios en que se considera cosa juzgada constitucional y adecuando cada análisis en diferentes casos, la Corte ha establecido distinciones entre cosa juzgada formal y material, absoluta y relativa, relativa implícita y relativa explícita y, finalmente, aparente. Hay cosa juzgada formal cuando la decisión de la Corte ha tenido como fundamento un texto igual al que se somete nuevamente al juicio de constitucionalidad. Por otra parte, será cosa juzgada material, cuando existiendo dos disposiciones diferentes que sin embargo, tienen el mismo contenido normativo, frente a una de ellas existe ya un juicio de constitucionalidad por parte de esta Corporación[17]. Es decir, la cosa juzgada material se deduce de la similitud de los contenidos normativos de distintas disposiciones jurídicas[18]. Así las cosas, la diferencia entre cosa juzgada absoluta y relativa “se establece teniendo en cuenta el cargo de inconstitucionalidad y, en particular, a la amplitud del pronunciamiento previo de la Corte”[19]. Es decir, cuando la primera decisión agotó cualquier debate sobre la constitucionalidad de la norma acusada. En sentido contrario, se configura cosa juzgada relativa, si la Corte en una decisión anterior juzgó la validez constitucional solo desde la perspectiva de algunos de los cargos posibles. Sobre esta diferenciación se ha establecido lo siguiente: “La primera ´la cosa juzgada absoluta´ opera plenamente, precluyendo la posibilidad de interponer, con posterioridad a la sentencia, nuevas demandas de inconstitucionalidad contra las normas que han sido examinadas, si en la providencia no se indica lo contrario, y mientras subsistan las disposiciones constitucionales que fundamentaron la decisión. Por el contrario, la segunda ´ la cosa juzgada relativa´, admite que, en el futuro, se formulen nuevos cargos de inconstitucionalidad contra la norma que ha sido objeto de análisis, toda vez que estos sean distintos a los que la Corte ya ha analizado. Sobre esta última posibilidad, la Corte en sentencia C-004 de 1993, explicó que la cosa juzgada relativa opera en dos tipos de situaciones: a) Cuando el estudio de exequibilidad de una norma se ha hecho desde el punto de vista formal, pues en el futuro pueden existir nuevos cargos por razones de fondo, respecto de las cuales no ha existido pronunciamiento de la Corte Constitucional; y b) Cuando una norma se ha declarado exequible a la luz de un número limitado de artículos de la Constitución, y posteriormente es demandada por violar disposiciones de la Carta distintas a las estudiadas. Será procedente entonces una nueva demanda cuando la Corte misma, en el texto de la providencia, haya restringido los efectos de la decisión. En este sentido se pronunció la Corte, en la sentencia C-037 de 1996 al interpretar el 46 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y puntualizó que ‘mientras la Corte Constitucional no señale que los efectos de una determinada providencia son de cosa juzgada relativa, se entenderá que las sentencias que profiera hacen tránsito a cosa juzgada absoluta’, en virtud de la cual habrá de entenderse, si la Corte no ha señalado lo contrario, que la adopción de una decisión ha sido precedida por un análisis de la disposición acusada frente a la totalidad del texto constitucional y que, por lo mismo, la providencia se encuentra amparada por la cosa juzgada absoluta”[20]. La cosa juzgada explícita o implícita solo se configura en los eventos en que es relativa. Es decir, se tratará de cosa juzgada relativa explícita cuando en la parte resolutiva de la sentencia se establece expresamente por el pronunciamiento de la Corte que se limita a los cargos analizados. Será, por el contrario, cosa juzgada relativa implícita, cuando no obstante no hacer tal referencia, puede deducirse, a partir de la lectura de las consideraciones, que el análisis se hizo sobre determinados cargos. Para concluir, existe cosa juzgada aparente cuando la Corte, a pesar de adoptar una decisión en la parte resolutiva declarando la exequibilidad de la disposición estudiada, en realidad no ejerció función jurisdiccional alguna y en consecuencia, la cosa juzgada es artificial[21]. Es decir, en estos casos, la declaración no encuentra apoyo en alguno en las consideraciones de la Corte y en esa medida no puede hablarse de juzgamiento. Al respecto indicó la Corte en sentencia C-774 de 2001, que en estos casos no es posible concluir que exista cosa juzgada y se permite presentar nuevamente una demanda en contra de la disposición anteriormente declarada exequible y frente a la cual la Corte debe proceder a decidir de fondo sobre los artículos que no fueron materia de su examen. 2.2. Existencia de cosa juzgada respecto a los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 por la Sentencia C-441 de 2016: Como se dijo con anterioridad, le compete a esta Sala verificar si en el presente asunto se configura la cosa juzgada constitucional y para ello es necesario hacer énfasis en las siguientes precisiones: En la sentencia C- 441 de 2016 el accionante alegó la transgresión de los artículos 1 y 19 de la Constitución Política, que establecen el principio de neutralidad religiosa y laicidad de Estado, así como la violación del principio de autonomía territorial, ya que consideraba que con la ley 1767 de 2015 se le está imponiendo a las entidades territoriales el deber de realizar apropiaciones presupuestales para promocionar una fiesta religiosa, sin que tenga la posibilidad de decidir automáticamente el destino de sus recursos. En aquella ocasión la Corte planteó como problema jurídico si los artículos 6 y 7 de la ley 1767 de 2015 “Por medio de la cual se declara patrimonio cultural inmaterial de la nación la celebración de la semana santa en Tunja, Boyacá y se dictan otras disposiciones”, vulneraban los artículos 1 y 19 de la Constitución Política, al autorizar la asignación de partidas presupuestales para el fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación, protección y desarrollo de la Semana Santa en Tunja como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Del mismo modo estableció como segunda cuestión si los artículos demandados desconocían la autonomía de los entes territoriales, al autorizar la incorporación al presupuesto general de la Nación y la asignación de partidas presupuestales de recursos públicos para contribuir con el fomento, promoción, difusión, internacionalización, conservación, protección y desarrollo de la Semana Santa en Tunja, como patrimonio cultural inmaterial de la Nación. Para resolver los problemas jurídicos planteados la Corte examinó tres aspectos: en primer lugar (i) el patrimonio cultural de la Nación, su reconocimiento y protección constitucional; en segundo término (ii) el patrimonio cultural de la Nación y las manifestaciones religiosas; en tercer lugar, (iii) la competencia del Congreso para autorizar gasto público; en cuarto lugar (iv) los principios de laicidad y neutralidad del Estado en materia religiosa, y finalmente (v) la constitucionalidad de los artículos de la norma demandada. Contrastando la demanda presentada en esta ocasión y la Sentencia C-441 de 2016, se evidencia la existencia de la cosa juzgada constitucional en lo que se refiere a los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015, ya que se tratan de los textos de los mismos artículos de la ley e idénticos cargos a los presentados en esta ocasión. En efecto, los reproches establecidos por el accionante coinciden con las cuestiones que se consideraron en la sentencia C-441 de 2016 que se refieren a la posible violación de la neutralidad religiosa y la laicidad del Estado de los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015. En aquella ocasión dijo la Corte que no se vulneraba los artículos 1 y 19 de la C.P porque, “82. …cuando se está en frente de una manifestación cultural que incorpora particularmente un contenido religioso, en virtud del mandato constitucional contenido en el artículo 19 Superior y ampliamente desarrollado en la jurisprudencia, como el principio de neutralidad, característico del Estado laico colombiano, tanto las autoridades competentes – Ministerio de Cultura, gobernación, municipio y distrito, - como el Congreso de la República, tienen el deber de motivar las medidas de promoción, difusión y salvaguarda de tal expresión en un criterio secular preponderante, es decir, si bien se acepta que manifestaciones culturales pueden tener un origen y/o un contexto religioso, el fomento, promoción, difusión, conservación, protección y desarrollo de dicho patrimonio debe otorgarse en consideración a un fin laico primordialmente, y no en razón de a su carácter religioso (…) Del mismo modo estableció que, 83. Al estudiar el caso concreto, la Sala Plena resolvió declarar la constitucionalidad de las normas demandadas, considerando que la autorización que el Congreso de la República otorgó al gobierno nacional, a través del Ministerio de Cultura, y al Municipio de Tunja para destinar partidas presupuestales del presupuesto nacional y municipal, respectivamente, con el fin de proteger una manifestación cultural donde se encuentra un contenido religioso, pero alrededor de la cual, priman expresiones artísticas, culturales, sociales y turísticas, no desconoce el principio de neutralidad del Estado laico colombiano. En estos términos, a través de una valoración de sus antecedentes legislativos, de las intervenciones en el proceso de la acción de inconstitucionalidad, y en las pruebas recaudadas, la Corte encontró un factor secular suficientemente identificable y principal, para considerar los preceptos constitucionales ajustados a la Constitución. Así mismo, encontró la Corte que los preceptos demandados denotan una facultad, una potestad que bien puede ejercerse o no sin invadir, la esfera del Gobierno nacional y las autoridades territoriales, quiénes serán las responsables de definir los componentes del presupuesto y determinar si es pertinente o no la inclusión de partidas presupuestales, para cumplir con los objetivos seculares de la Ley 1767 de 2015”. En consecuencia, en esa providencia se debe seguir el precedente de la Sentencia C- 441 de 2016 en lo referente a la declaratoria de EXEQUIBILIDAD de los artículos 6 y 7 de la ley 1767 de 2015 con relación a las demandas de los expedientes D-11315, D-11343, D-11344 y D-11353 que sostenía la presunta vulneración de los artículos 1 y 19 de la C.P., por ir en contra de la laicidad y la neutralidad religiosa contenidos en los artículos 1, 2 y 19 de la C.P. 3. Decisión inhibitoria por ineptitud sustancial de la demanda: 3.1. Teniendo en cuenta que en las demandas de los expedientes D-11315, D-11343, D-11344 y D-11353 se presentó el fenómeno de la cosa juzgada constitucional respecto a los artículos 6 y 7 de la Ley 1767 de 2015, le corresponde a la Corte analizar los cargos contenidos en la demanda del expediente D-11326, en donde se cuestiona la constitucionalidad de la integridad de la Ley 1767 de 2015 por violación de la igualdad contenida en el artículo 13 y el artículo 19 sobre la neutralidad religiosa; el expediente D-11315 en donde se acusa al artículo 1º por violar el artículo 13 de la Constitución porque se desconoce la protección igualitaria de las religiones y el artículo 19 sobre laicidad y neutralidad religiosa. Así mismo el expediente D-11343 en donde se dice que con el artículo 4º de la ley 1767 de 2015 se estaría violando el principio de neutralidad religiosa contenidos en el artículo 19 de la C.P. y el artículo 169 de la C.P. ya que se estaría con esta ley estableciendo una ley de honores. 3.2. Como se analizó en lo antecedentes el Ministerio de Cultura, solicita a la Corte que se inhiba en el estudio de constitucionalidad de las normas demandadas, ya que encuentra el interviniente que las demandas carecen de certeza, claridad y suficiencia ya que con la ley no se puede determinar la discriminación de una religión sobre la otra y la adhesión del Estado a la religión católica y que los demandantes sustentan sus cargos en una serie de ideas generales y vagas acerca de la neutralidad religiosa y el Estado laico. 3.3. Teniendo en cuenta lo anterior pasa la Corte a analizar si las demandas contenidas en los expedientes referidos, respecto a la inconstitucionalidad de la integridad de la ley (D-11326), el artículo 1º (D-11315) y el artículo 4º (D-11343) pueden ser estudiados por la Corte Constitucional, o si los cargos, como expresa el interviniente no son suficientes, claros ni certeros. 3.4. Como lo ha expuesto la Corte, al presentar el concepto de violación, el actor debe exponer razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. Este Tribunal, refiriéndose al contenido de los argumentos aptos para incoar la acción de inconstitucionalidad, ha expresado: “La efectividad del derecho político depende, como lo ha dicho esta Corporación, de que las razones presentadas por el actor sean claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes[22]. De lo contrario, la Corte terminará inhibiéndose, circunstancia que frustra “la expectativa legítima de los demandantes de recibir un pronunciamiento de fondo por parte de la Corte Constitucional”[23]. La claridad de la demanda es un requisito indispensable para establecer la conducencia del concepto de la violación, pues aunque “el carácter popular de la acción de inconstitucionalidad, [por regla general], releva al ciudadano que la ejerce de hacer una exposición erudita y técnica sobre las razones de oposición entre la norma que acusa y el Estatuto Fundamental”[24], no lo excusa del deber de seguir un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa. Adicionalmente, las razones que respaldan los cargos de inconstitucionalidad sean ciertas significa que la demanda recaiga sobre una proposición jurídica real y existente[25] “y no simplemente [sobre una] deducida por el actor, o implícita”[26] e incluso sobre otras normas vigentes que, en todo caso, no son el objeto concreto de la demanda[27]. Así, el ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad supone la confrontación del texto constitucional con una norma legal que tiene un contenido verificable a partir de la interpretación de su propio texto; “esa técnica de control difiere, entonces, de aquella [otra] encaminada a establecer proposiciones inexistentes, que no han sido suministradas por el legislador, para pretender deducir la inconstitucionalidad de las mismas cuando del texto normativo no se desprenden”[28]. De otra parte,...