Sentencia C-552 de 2015

C-552-15 Sentencia C-552/15 NORMA QUE REGULA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION SUPERIOR-Contenido/NORMA QUE REGULA LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR-Finalidad, objetivos y ámbito de aplicación/NORMA QUE REGULA EL SERVICIO PUBLICO DE EDUCACION SUPERIOR-Medidas administrativas para su protección DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes NORMAS QUE REGULAN LA INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA EDUCACION SUPERIOR-Ausencia de certeza, especificidad y suficiencia en los cargos formulados, no le permitió a la corte entrar a resolver de fondo sobre su constitucionalidad en los términos planteados en las demandas Referencia: Expedientes D-10652 y D-10653, acumulados. Demandas de inconstitucionalidad contra la Ley 1740 de 2014, por desconocimiento de la autonomía universitaria (art. 69 Superior) y la reserva de ley estatutaria (art. 152 Superior). Demandantes: Claudia Jimena Gómez Amaya (D-10652) y José Fernando Alba Misas (D-10653). Magistrado Ponente: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá, D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil quince (2015). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y previo cumplimiento de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Carta Política, los ciudadanos Claudia Jimena Gómez Amaya (D-10652) y José Fernando Alba Misas (D-10653)[1] presentaron por separado demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 1740 de 2014 (D-10652 y D-10653) y los artículos 1º (inciso primero (parcial) y literal m (parcial)), 2º (numerales 5 y 6), 3º (numeral 3 (parcial)), 5º (numeral 3), 7º (numerales 3 y 7), 9º (numeral 3), 10 (inciso primero (parcial) y numerales 1 y 3), 11 (literal c (parcial)), 13 (inciso primero (parcial) y numerales 3 (parcial) y 4 (parcial)) y 14 (inciso primero (parcial)) de la Ley 1740 de 2014 (D-10653), “Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la Educación Superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones”, al estimar que contraría los artículos 4, 67, 69, 152 y 153 de la Constitución Política. Mediante Auto del 24 de febrero de 2015, la Corte Constitucional admitió las demandas de la referencia y dispuso: (i) fijar en lista el proceso de acumulación a efectos de permitir la intervención ciudadana; (ii) comunicar su iniciación al Presidente del Senado, al Presidente de la Cámara de Representantes, al Presidente de la República, al Ministro de Hacienda y Crédito Público, a la Ministra de Educación Nacional, a la Directora del Departamento Administrativo de la Función Pública y a la Directora del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), para que se pronunciaran al respecto; (iii) invitar a las Facultades de Derecho de las Universidades del Rosario, Externado de Colombia, Javeriana, Andes, Nacional de Colombia, Libre, Católica de Colombia, Jorge Tadeo Lozano, Sergio Arboleda y Santo Tomás, y a la Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN), para que igualmente intervinieran; y (iv) correr traslado del expediente en cuestión al Procurador General de la Nación, para lo de su competencia. II. NORMA DEMANDADA A continuación se trascribe el texto completo de la ley demandada, para lo cual se subrayan y resaltan en negrillas las disposiciones que de manera subsidiaria se demandaron parcialmente en el caso D-10653: “LEY 1740 DE 2014 (Diciembre 23) Por la cual se desarrolla parcialmente el artículo 67 y los numerales 21, 22 y 26 del artículo 189 de la Constitución Política, se regula la inspección y vigilancia de la educación superior, se modifica parcialmente la Ley 30 de 1992 y se dictan otras disposiciones. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA: CAPÍTULO I Finalidad, objetivos y ámbito de aplicación Artículo 1º. Finalidad. La finalidad de la presente ley es establecer las normas de la inspección y vigilancia de la educación superior en Colombia, con el fin de velar por la calidad de este servicio público, su continuidad, la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos, el cumplimiento de sus objetivos, el adecuado cubrimiento del servicio y porque en las instituciones de educación superior sus rentas se conserven y se apliquen debidamente, garantizando siempre la autonomía universitaria constitucionalmente establecida. En este sentido, adiciónese los siguientes literales al artículo 31 de la Ley 30 de 1992. j) Velar por la calidad y la continuidad del servicio público de educación superior. k) Propender por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos y por el cumplimiento de los objetivos de la educación superior. l) Velar por el adecuado cubrimiento del servicio público de educación superior. m) Que en las instituciones privadas de Educación Superior, constituidas como personas jurídicas de utilidad común, sus rentas se conserven y se apliquen debidamente y que en todo lo esencial se cumpla con la voluntad de sus fundadores, sin que pueda consagrarse o darse de forma alguna el ánimo de lucro. n) Que en las instituciones oficiales de Educación Superior se atienda a la naturaleza de servicio público cultural y a la función social que les es inherente, se cumplan las disposiciones legales y estatutarias que las rigen y que sus rentas se conserven y se apliquen debidamente. Artículo 2°. Prevención. El Ministerio de Educación Nacional propenderá por el desarrollo de un proceso de evaluación que apoye, fomente y dignifique la Educación Superior, velando por la prevención, como uno de los elementos de la inspección y vigilancia, en los siguientes aspectos: 1. La calidad de la Educación Superior dentro del respeto a la autonomía universitaria y a las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 2. El cumplimiento de sus fines. 3. El adecuado cubrimiento de los servicios de Educación Superior. 4. La implementación de ejercicios de autoevaluación institucional permanente por parte de las Instituciones de Educación Superior. 5. Construcción de planes de seguimiento con indicadores de gestión de las Instituciones de Educación Superior en temas de calidad, que permitan verificar que en las Instituciones de Educación Superior estén cumpliendo los objetivos y la función social que tiene la educación. 6. La Formulación e implementación, por parte de las Instituciones de Educación Superior que lo requieran, de planes de mejoramiento. Para ello, el Ministerio de Educación Nacional podrá apoyarse en las Instituciones de Educación Superior que estén acreditadas con Alta calidad mediante convenios interinstitucionales, en el marco de la autonomía universitaria. Parágrafo 1º. En el acompañamiento a los planes de seguimiento, de mejoramiento y de continuidad, transición y reubicación de los estudiantes en las Instituciones Educativas, a los que se refiere esta ley, el Ministerio de Educación Nacional deberá diseñar un conjunto de alternativas que permita la continuidad del servicio público de educación en esa institución o en otras, en procura de garantizar los derechos de los estudiantes. Parágrafo 2º. Las instituciones de educación superior deberán entregarle a cada estudiante, durante el proceso de matrícula, el plan de estudios del programa respectivo y las condiciones en que este se desarrollará. Artículo 3º. Objetivos de la inspección y vigilancia. La inspección y vigilancia a la que se refiere la presente ley es de carácter preventivo y sancionatorio. Se ejercerán para velar por los siguientes objetivos: 1. El cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que regulan la prestación o administración del servicio público de educación por parte de las instituciones de educación superior. 2. El cumplimiento de los estatutos y reglamentos de las instituciones de educación superior y del régimen legal especial, si lo hubiere. 3. La prestación continúa de un servicio educativo con calidad. 4. La atención efectiva de la naturaleza de servicio público cultural de la educación y de la función social que le es inherente. 5. La eficiencia y correcto manejo e inversión de todos los recursos y rentas de las instituciones de educación superior a las que se aplica esta ley, en los términos de la Constitución, la ley y sus reglamentos. 6. La protección de las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. 7. La garantía de la autonomía universitaria. 8. La protección del derecho de los particulares a fundar establecimientos de educación superior conforme con la Constitución y la ley. 9. La participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones. 10. El fortalecimiento de la investigación en las instituciones de educación superior. 11. La producción del conocimiento y el acceso a la ciencia, la tecnología, las humanidades, la filosofía, la cultura y el arte. 12. El fomento y desarrollo del pensamiento científico y pedagógico en las instituciones de educación superior. Parágrafo. Al ejercer las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, el Ministerio de Educación Nacional tendrá en cuenta el régimen jurídico constitucional y legal aplicable a la respectiva Institución de Educación Superior. Artículo 4º. Ámbito de aplicación. La inspección y vigilancia del servicio público de educación superior se aplicará a las instituciones de educación superior estatales u oficiales, privadas, de economía solidaria, y a quienes ofrezcan y presten el servicio público de educación superior. CAPÍTULO II Inspección y vigilancia Artículo 5º. Facultades generales. En ejercicio de las facultades de inspección y vigilancia de las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional, podrá: 1. Dirigir, coordinar y ejecutar las políticas de inspección y vigilancia de la educación superior. 2. Ejercer la inspección y vigilancia del cumplimiento de las normas constitucionales y legales que regulan la educación superior, incluyendo las normas de calidad, administrativas, financieras y técnicas, así como del cumplimiento de sus estatutos y reglamentos. 3. Expedir los lineamientos y reglamentos en desarrollo de las funciones de inspección y vigilancia en cabeza del Ministerio, sobre la manera en que las instituciones de educación superior deben cumplir las disposiciones normativas que regulan el servicio público educativo, así como fijar criterios técnicos para su debida aplicación. 4. Coordinar con los demás órganos del Estado y de la administración, las acciones que se requieran para el cumplimiento eficaz de las facultades previstas en la ley. 5. Las demás que señale la Constitución y la ley. Artículo 6º. Inspección. La inspección consiste en la facultad del Mi­nisterio de Educación Nacional para solicitar, confirmar y analizar en la forma, detalle y términos que determine, la información que requiera sobre la situación jurídica, contable, económica, administrativa o de calidad de cualquier institución de educación superior, o sobre operaciones específicas de la misma a las que aplica esta ley. Artículo 7º. Funciones de inspección. En ejercicio de la facultad de inspección de las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional, podrá: 1. Acceder a la información, los documentos, actos y contratos de la institución de educación superior. 2. Establecer y solicitar reportes de información financiera que para propósitos de inspección deban remitir al Ministerio de Educación Nacional las instituciones de educación superior, sin perjuicio de los marcos técnicos normativos de contabilidad que expida el Gobierno Nacional y la Contaduría General de la Nación, en desarrollo de sus competencias y funciones, así como aquellos relativos a la administración y de calidad. 3. Verificar la información que se da al público en general con el fin de garantizar que sea veraz y objetiva y requerir a la institución de educación superior que se abstenga de realizar actos de publicidad engañosa, sin perjuicios de las competencias de otras entidades sobre la materia. 4. Exigir la preparación y reporte al Ministerio de Educación de estados financieros de períodos intermedios y requerir la rectificación de los estados financieros o sus notas, cuando no se ajusten a las normas legales generales y a las específicas que regulen a la institución, según su naturaleza jurídica. 5. Interrogar dentro de las actividades de inspección, bajo juramento o sin él, a cualquier persona de la Institución de Educación Superior o terceros relacionados, cuya declaración se requiera para el examen de hechos relacionados con esa función. 6. Examinar y verificar la infraestructura institucional y las condiciones físicas en que se desarrolla la actividad y realizar los requerimientos necesarios para garantizar la prestación del servicio en condiciones de calidad y seguridad, verificando que las condiciones bajo las cuales se concedió el registro calificado se mantengan. 7. Solicitar la rendición de informes sobre la aplicación y arbitrio de los recursos dentro del marco de la ley y los estatutos de la institución de educación superior y solicitar la cesación de las actuaciones que impliquen la aplicación indebida de recursos en actividades diferentes a las propias y exclusivas de cada institución. 8. Adelantar averiguaciones y obtener la información probatoria que requiera de personas, instituciones o empresas ajenas a la institución de educación superior, siempre que resulten necesarias en el desarrollo de sus funciones de inspección y vigilancia, y se cumplan las formalidades legales. Parágrafo. Con el objeto de armonizar la información contable para que sea útil en la toma de decisiones, en la planeación, ejecución, conciliación y balance del sector de la educación superior, en el término de un año, la Contaduría General de la Nación, deberá expedir, en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, el Plan Único de Cuentas de las instituciones de educación superior. Artículo 8º. Vigilancia. La vigilancia consiste en la facultad del Ministerio de Educación Nacional de velar porque en las instituciones de educación superior se cumplan con las normas para su funcionamiento, se desarrolle la prestación continua del servicio público ajustándose a la Constitución, la ley, los reglamentos y a sus propios estatutos en condiciones de calidad y para supervisar la implementación de correctivos que permitan solventar situaciones críticas de orden jurídico, económico, contable, administrativo o de calidad. Artículo 9º. Funciones de vigilancia. En ejercicio de la facultad de vigilancia de las instituciones de educación superior, el Ministerio de Educación Nacional, podrá: 1. Hacer seguimiento a las actividades que desarrollan las instituciones de educación superior, con el objeto de velar por la prestación del servicio educativo en condiciones de calidad y continuidad. 2. Practicar visitas generales o específicas y adoptar las medidas a que haya lugar para que se subsanen las irregularidades que se detecten. 3. Realizar auditorías sobre los procedimientos financieros y contables cuando sea necesario para el cabal cumplimiento de los objetivos y funciones. 4. Dar trámite a las reclamaciones o quejas que se presenten contra las instituciones vigiladas, por parte de quienes acrediten un interés jurídico, llevando a cabo las investigaciones que sean necesarias, con el fin de establecer las responsabilidades administrativas o académicas del caso o adoptar las medidas que resulten pertinentes. Cuando se trate de asuntos contenciosos, dará traslado de las mismas a las autoridades competentes, si a ello hubiere lugar. 5. Verificar que las actividades se desarrollen dentro de la ley, los reglamentos y los estatutos de la institución de educación superior y solicitar la cesación de las actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico o a los estatutos. 6. Solicitar la rendición detallada de informes respecto de las decisiones adoptadas en temas relativos a su situación jurídica, contable, financiera y administrativa, o en aspectos relacionados con las condiciones de calidad establecidas en la normatividad vigente. 7. Hacer acompañamiento a la institución de educación superior, para la implementación de medidas encaminadas al restablecimiento de la continuidad del servicio o el mejoramiento de su calidad. 8. Conminar bajo el apremio de multas sucesivas hasta de cien (100) salarios mínimos mensuales legales vigentes a representantes legales, rectores o a los miembros de los órganos de dirección para que se abstengan de realizar actos contrarios a la Constitución, la ley, los reglamentos y los estatutos, o de invertir y destinar recursos por fuera de la misión y de los fines de la institución de educación superior. CAPÍTULO III Medidas administrativas para la protección del servicio público de educación superior Artículo 10. Medidas preventivas. El Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la educación superior, podrá adoptar, mediante acto administrativo motivado, una o varias de las siguientes medidas de carácter preventivo, con el fin de promover la continuidad del servicio, el restablecimiento de la calidad, el adecuado uso de las rentas o bienes de las instituciones de educación superior de conformidad con las normas constitucionales, legales y reglamentarias, o la superación de situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación o el cumplimiento de sus objetivos, sin perjuicio de la investigación y la imposición de las sanciones administrativas a que haya lugar: 1. Ordenar la presentación y adopción de planes y programas de mejoramiento encaminados a solucionar situaciones de irregularidad o anormalidad y vigilar la cumplida ejecución de los mismos, así como emitir las instrucciones que sean necesarias para su superación. 2. Ordenar abstenerse de ofrecer y desarrollar programas sin contar con el registro calificado; en este caso el Ministerio informará a la ciudadanía sobre dicha irregularidad. 3. Enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación superior cuando lo considere necesario. 4. Señalar condiciones que la respectiva institución de educación superior deberá atender para corregir o superar en el menor tiempo posible irregularidades de tipo administrativo, financiero o de calidad que pongan en peligro el servicio público de educación. 5. Disponer la vigilancia especial de la institución de educación superior, cuando se evidencien una o varias de las causales que señala a continuación esta ley para ello. 6. Salvaguardar los derechos adquiridos de los estudiantes matriculados en los programas de las instituciones de educación superior, aprobados por el Ministerio de Educación Nacional. Artículo 11. Vigilancia especial. La Vigilancia Especial es una medida preventiva que podrá adoptar el Ministro(a) de Educación Nacional, cuan do evidencia en una institución de educación superior una o varias de las siguientes causales: a) La interrupción anormal grave en la prestación del servicio de educación a menos que dicha interrupción obedezca a fuerza mayor o protestas de agentes de la comunidad educativa. b) La afectación grave de las condiciones de calidad del servicio. c) Que los recursos o rentas de la institución están siendo conservados, invertidos, aplicados o arbitrados indebidamente, con fines diferentes al cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades diferentes a las propias y exclusivas de la institución, teniendo en cuenta lo que dispone la Constitución, la ley y sus estatutos. d) Que habiendo sido sancionada, persista en la conducta, o e) Que incumpla la orden de no ofrecer o desarrollar programas académicos sin registro calificado. Artículo 12. Procedimiento para la adopción de medidas preventivas y de vigilancia especial. Las medidas preventivas y de vigilancia especial se adoptarán por el Ministerio de Educación Nacional mediante resolución motivada; este acto administrativo se notificará personalmente al representante legal o a quien va dirigida la medida, y si el mismo no se puede notificar de esta forma, se notificará por un aviso que se fijará en lugar público de las oficinas de la administración principal de la institución de educación superior, de conformidad con los artículos 67 a 69 de la Ley 1437 de 2011. Así mismo, procederá la notificación electrónica de la resolución, cuando se haya autorizado de manera expresa, conforme a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011. Este acto administrativo será de cumplimiento inmediato. Contra este acto administrativo solo procede el recurso de reposición, el cual se concederá en efecto devolutivo y no suspenderá la ejecución o ejecutoriedad del mismo, ni de las medidas adoptadas. Artículo 13. Medidas de vigilancia especial. Con el fin de que la institución supere en el menor tiempo posible la grave situación de anormalidad y se garanticen los derechos de la comunidad educativa, la continuidad y calidad del servicio, o la inversión o el manejo adecuado de los recursos en el marco de la autonomía universitaria, el Ministerio podrá adoptar una o varias de las siguientes medidas: 1. Designar un Inspector in situ, para que vigile permanentemente y mientras subsista la situación que origina la medida, la gestión administrativa o financiera de la entidad, así como los aspectos que están afectando las condiciones de continuidad y calidad que motivaron la medida. 2. Suspender temporalmente y de manera preventiva, mientras se restablezca la continuidad y calidad del servicio de educación, la vigencia del registro calificado otorgado a los programas académicos de las instituciones de educación superior, o el trámite de solicitudes de nuevos registros o renovaciones. 3. Cuando se evidencia que el manejo de los recursos y rentas afecta gravemente la viabilidad financiera o la prestación del servicio en condiciones de calidad, ordenar la constitución por parte de la Institución de una fiducia para el manejo de sus recursos y rentas, de forma que estos solo sean conservados, invertidos, aplicados o arbitrados en el cumplimiento de su misión y función institucional, o en actividades propias y exclusivas de la institución. 4. En caso de que uno o varios de los consejeros, directivos, representantes legales, administradores o revisores fiscales no cumplan, impidan o dificulten la implementación de las medidas u órdenes adoptadas por el Ministerio de Educación Nacional durante la vigilancia especial, u oculten o alteren información, podrán ser reemplazados hasta por el término de un (1) año, prorrogable por una sola vez, por la persona natural o jurídica que designe el Ministerio de Educación Nacional. Artículo 14. Institutos de salvamento para la protección temporal de recursos y bien es en el marco de la vigilancia especial. Cuando se presenten circunstancias que amenacen gravemente la calidad y la continuidad del servicio, el Ministerio de Educación Nacional podrá adoptar las siguientes medidas para la protección temporal de los recursos, bienes y activos de la institución de educación superior, con el fin de atender en forma ordenada el pago de sus acreencias y obligaciones, propendiendo porque se le garantice a los estudiantes el derecho a la educación: 1. La imposibilidad de registrar la cancelación de cualquier gravamen constituido a favor de la institución de educación superior, salvo expresa autorización del Ministerio de Educación Nacional. Así mismo, los registradores no podrán inscribir ningún acto que afecte el dominio de los bienes de propiedad de la institución, so pena de ineficacia, salvo que dicho acto haya sido realizado por la persona autorizada por el Ministerio de Educación Nacional. 2. La suspensión de los procesos de ejecución en curso y la imposibilidad de admitir nuevos procesos de esta clase contra la institución de educación superior, por razón de obligaciones anteriores a la aplicación de la medida. A los procesos ejecutivos se aplicarán en lo pertinente las reglas previstas en los artículos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006. 3. La cancelación de los gravámenes y embargos decretados con anterioridad a la medida que afecten bienes de la entidad. El Ministerio de Educación Nacional librará los oficios correspondientes. 4. La suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento en que se disponga la medida, cuando así lo determine el Ministerio de Educación Nacional. En el evento en que inicialmente no se hayan suspendido los pagos, el Ministerio de Educación Nacional cuando lo considere conveniente, podrá decretar dicha suspensión. En tal caso los pagos se realizarán durante el proceso destinado a restablecer el servicio, de acuerdo con la planeación que haga el Ministerio de Educación Nacional, en el cual se tendrá en cuenta los costos de la nómina. 5. La interrupción de la prescripción y la no operancia de la caducidad sobre las acciones, respecto de los créditos u obligaciones a favor de la institución, que hayan surgido o se hayan hecho exigibles antes de adoptarse la medida. 6. El que todos los acreedores, incluidos los garantizados, queden sujetos a las medidas que se adopten, por lo cual para ejercer sus derechos y hacer efectivo cualquier tipo de garantía de que dispongan frente a la institución de educación superior, deberán hacerlo dentro del marco de la medida y de conformidad con las disposiciones que la rigen. Artículo 15. Acción revocatoria y de simulación para la protección de los bienes de la institución de educación superior. Durante la vigilancia especial podrá demandarse ante la jurisdicción competente la revocación o simulación de los siguientes actos o negocios realizados por la institución de educación superior, cuando los bienes que componen el patrimonio del deudor sean insuficientes para cubrir el total de las acreencias que sean reconocidas a cargo de la institución: 1. La extinción de las obligaciones, las daciones en pago y, en general, todo acto que implique transferencia, disposición, constitución o cancelación de gravámenes, limitación o desmembración del dominio de bienes de la institución de educación superior, realizados en detrimento de su patrimonio, o contratos de arrendamiento o comodato, que impidan el desarrollo del objeto de la institución de educación superior, realizados durante los dieciocho (18) meses anteriores a la adopción de la vigilancia especial, cuando no aparezca que el adquirente, arrendatario o comodatario, obró de buena fe. 2. Todo acto a título gratuito celebrado dentro de los veinticuatro (24) meses anteriores a la adopción de la vigilancia especial. Las acciones revocatorias y de simulación podrán interponerse por el Ministerio de Educación Nacional, por el inspector in situ, por la persona natural o jurídica designada por el Ministerio de Educación Nacional de conformidad con el numeral 4 del artículo 12 de esta ley, o por cualquiera de los acreedores, dentro de los seis (6) meses siguientes a la adopción de la medida de vigilancia especial. La sentencia que decrete la revocación o la simulación del acto demandado dispondrá, entre otras medidas, la cancelación de la inscripción de los derechos del demandado vencido, y en su lugar ordenará inscribir a la institución como nuevo titular de los derechos que le correspondan. Con tal fin, la Secretaría librará las comunicaciones y oficios a las oficinas de registro correspondientes. Todo aquel que haya contratado con la institución de mala fe, estará obligado a restituir al patrimonio las cosas enajenadas en razón de la revocación o la declaración de simulación, así como, sus frutos y cualquier otro beneficio percibido. Si la restitución no fuere posible, deberá entregar a la institución el valor en dinero de las mencionadas cosas a la fecha de la sentencia. Cuando fuere necesario asegurar las resultas de las acciones revocatorias o de simulación de actos de la institución, el juez, de oficio o a petición de parte, decretará el embargo y secuestro de bienes o la inscripción de la demanda. CAPÍTULO IV Prestación del servicio público de educación superior no autorizado Artículo 16. Cesación de actividades no autorizadas. El Ministerio de Educación Nacional ordenará la cesación inmediata de la prestación del servicio de educación superior a aquellas personas naturales o jurídicas que lo ofrezcan o desarrollen sin autorización. Frente al incumplimiento de la orden de cesación el Ministerio de Educación Nacional podrá imponer multas de apremio sucesivas a la institución y/o a sus propietarios, directivos, representantes legales y administradores, hasta de mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. El Ministerio de Educación Nacional remitirá la información y los do­cumentos correspondientes a la autoridad competente para la investigación de los hechos y la imposición de las sanciones penales a que haya lugar. CAPÍTULO V Sanciones administrativas Artículo 17. Sanciones. El Ministerio de Educación Nacional podrá imponer las siguientes sanciones administrativas, previa observancia del debido proceso señalado por la Ley 30 de 1992, especialmente en sus artículos 51 y 52, así como en esta ley: 1. A los directivos, representantes legales, consejeros, administradores, revisores fiscales, o cualquier persona que ejerza la administración y/o el control de la institución de educación superior, que sean investigados: 1.1. Amonestación privada. 1.2. Amonestación pública. 1.3. Multas personales de hasta quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 1.4. Suspensión en el ejercicio del respectivo cargo, hasta por el término de dos (2) años. 1.5. Separación del cargo. 1.6. Inhabilidad de hasta diez (10) años para ejercer cargos o contratar con Instituciones de Educación. 2. A las instituciones de educación superior investigadas: 2.1. Multas institucionales de hasta mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2.2. Suspensión de programas académicos, registros calificados, o nuevas admisiones, hasta por el término de dos (2) años. 2.3. Cancelación de programas académicos o de registros calificados. 2.4. Suspensión de la personería jurídica de la institución. 2.5. Cancelación de la personería jurídica de la institución. Parágrafo 1°. Las sanciones establecidas en los numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.6 del presente artículo, serán impuestas por el Ministerio, previo concepto del Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, mediante resolución motivada, una vez adelantado y concluido el correspondiente proceso administrativo, con observancia de la plenitud de sus formas propias. Parágrafo 2°. El Ministerio de Educación Nacional llevará el registro de las sanciones impuestas y adoptará las medidas conducentes para que ellas se hagan efectivas. Artículo 18. Aplicación de sanciones. El Ministerio de Educación Nacional podrá imponer las sanciones administrativas a los consejeros, directivos, representantes legales, administradores, o revisores fiscales, cuando en ejercicio de sus funciones incurran en cualquiera de las siguientes faltas: 1. Incumplan los deberes o las obligaciones Constitucionales, legales o estatutarias que les correspondan en desarrollo de sus funciones. 2. Ejecuten, autoricen, o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la Constitución, de la ley, de las normas que expida el Gobierno Nacional, de los estatutos o de cualquier norma o disposición a la que en ejercicio de sus funciones deban sujetarse. 3. Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el Ministerio de Educación Nacional en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia. 4. No presenten informes o documentos requeridos en el curso de las investigaciones administrativas, oculten, impidan o no autoricen el acceso a sus archivos a los funcionarios competentes, o remitan la información solicitada con errores significativos o en forma incompleta. 5. Incumplan los estatutos universitarios, o en el caso de las instituciones de educación privadas y de economía solidaria, apliquen reformas sin la ratificación del Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con el artículo 103 de la Ley 30 de 1992. Las sanciones administrativas a las instituciones de educación superior, proceden cuando: 1. Incumplan los deberes o las obligaciones que la constitución, la ley, los reglamentos les imponen. 2. Ejecuten, autoricen, o no eviten debiendo hacerlo, actos que resulten violatorios de la Constitución Nacional, de la ley, de las normas que expida el Gobierno Nacional, de los estatutos o de disposiciones o instrucciones que expida el Ministerio de Educación Nacional en el ejercicio de sus facultades. 3. Incumplan las normas, órdenes, requerimientos o instrucciones que expida el Ministerio de Educación Nacional, en ejercicio de sus facultades. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones o sanciones a que haya lugar. Artículo 19. Criterios para graduar la sanción. Para determinar la sanción que se deberá imponer se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 1. La gravedad de los hechos o la dimensión del daño. 2. El grado de afectación al servicio público educativo. 3. El beneficio económico que se hubiere obtenido para el infractor o para terceros, por la comisión de la infracción. 4. La reincidencia en la comisión de la infracción. 5. La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora o de inspección y vigilancia. 6. La utilización de medios fraudulentos en la comisión de la infracción, o la utilización de persona interpuesta para ocultarla o encubrir sus efectos. 7. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. 8. La renuencia o desacato a cumplir con las órdenes impartidas por la autoridad competente. 9. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se realizó la in­fracción. 10. El resarcimiento del daño o la compensación del perjuicio causado. Artículo 20. Investigación preliminar. El Ministro de Educación Nacional podrá ordenar la apertura de investigación preliminar con el objeto de comprobar la existencia o comisión de los actos constitutivos de falta administrativa señalados en esta ley. Artículo 21. Continuidad del derecho a la educación. Cuando en virtud de la medida preventiva, la sanción impuesta o cualquier otra causa, se suspenda o cancele uno o varios programas académicos, o registros calificados, la institución de educación superior debe garantizar a las cohortes iniciadas, la culminación del correspondiente programa en condiciones de calidad, para lo cual debe establecer y ejecutar un plan de continuidad, transición y/o reubicación, con el seguimiento del Ministerio de Educación Nacional. En caso de que la Institución de Educación Superior cierre o decida liquidarse, el Ministerio de Educación Nacional coordinará con otras instituciones la reubicación de los estudiantes, para que se les garantice el derecho a la educación, respetando la autonomía universitaria. CAPÍTULO VI Otras disposiciones, derogatorias y vigencia Artículo 22. Trámites Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio de Educación Nacional adelantará los trámites que sean necesarios para la modificación de su estructura interna y la ampliación de su planta de personal, para el adecuado cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia que se otorgan en esta ley. Artículo 23. Trámites para Superintendencia de Educación. Durante el año siguiente a la entrada en vigencia de la presente ley, el Gobierno nacional, deberá presentar al Congreso de la República un proyecto de ley mediante el cual se cree la Superintendencia de Educación. Las normas que reglamenten la creación y el funcionamiento de la Superintendencia de la educación, quien tendrá la finalidad de garantizar el derecho a la educación, los fines constitucionales y legales de la educación, la autonomía universitaria, los derechos de los diferentes grupos de la comunidad académica, la calidad, eficiencia y continuidad en la prestación del servicio educativo. Artículo 24. Transitorio. Los estudiantes que hayan cursado uno o varios semestres en programas que no contaban con registro calificado en Instituciones de Educación Superior que sean intervenidas por el Gobierno nacional en aplicación de la presente ley, podrán presentar exámenes de ingreso a programas similares que sí cuenten con el respectivo registro. Los resultados aprobatorios de tales exámenes tendrán el efecto de hacer validar los semestres cursados sin el registro calificado, en aquellos semestres en que las pruebas demuestren conocimientos adecuados. Este artículo tendrá una vigencia de un (1) año contado a partir de la entrada en vigor de esta ley. Artículo 25. Derogatoria. La presente ley deroga los artículos 32, 48, 49, 50, y la expresión “a través del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes)” de los incisos primero y cuarto del artículo 51 de la Ley 30 de 1992. Artículo 26. Vigencia. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. (…)” III. LAS DEMANDAS 1. Expediente D-10652 1.1. La demandante manifiesta que la Ley 1740 de 2014 es una unidad normativa inseparable que se refiere a un mismo asunto. Por ello, acusa la totalidad de la misma, al considerar que contraviene el principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 69 de la Carta Política. 1.2. Indica que es arbitrario que una ley que trata un tema indispensable como el derecho a la educación, junto con la autonomía universitaria, no hubiere tenido en cuenta las opiniones y consultas de la comunidad educativa en general (estudiantes, profesores, directivos, etc.), para la discusión del articulado que la integra, ya que a su juicio esa comunidad resultó directamente afectada con su expedición. 1.3. Argumenta que la ley plantea varias medidas sin distinción entre instituciones públicas y privadas, al sancionar funcionarios por malos manejos y por no cumplir con un servicio continuo y de calidad, lo cual en su criterio es contrario de la autonomía universitaria. Agrega que la posibilidad de crear fiducias para el manejo de los recursos de las universidades o de retirar a los rectores y directivos de sus cargos, así como designar otros por parte del Ministerio de Educación, agudiza el problema, al no tener en cuenta a las comunidades educativas. 1.4. Señala que mediante la ley demandada se plantea un control posterior y selectivo en cabeza del Ministerio de Educación a las instituciones educativas, en vez de garantizar que la misma comunidad educativa realice un control previo y general. 1.5. Afirma que en un sentido amplio de interpretación, la disposición demandada no prevé lineamientos para establecer cuándo está presentándose una crisis que haga necesaria la intervención, quedando abierta a la determinación que efectué el Ministerio de Educación, lo cual constituye una afrenta al principio de legalidad según el cual las normas deben ser públicas y conocidas. De esta forma, estima que cuando los intervinientes, a su criterio, consideren que la situación es grave, pueden nombrar rectores y directivos, intervenir cuentas y adoptar otras medidas que vulneran el principio de la autonomía universitaria. 1.6. Expone que la ley demandada aumenta la injerencia del Gobierno Nacional en todas las universidades, puesto que con el objetivo loable de perseguir la corrupción en los entes educativos se atropella totalmente el principio constitucional de la autonomía universitaria. 2. Expediente D-10653 2.1. En el escrito de esta demanda se formulan dos cargos de inconstitucionalidad. El primero alude a la violación del principio de reserva de ley estatutaria, con el cual se demanda la totalidad de la Ley 1740 de 2014 y, el segundo cargo, reitera el desconocimiento del principio de autonomía universitaria, pero en esta ocasión solo respecto de algunos artículos (parciales) de la ley en mención. 2.2. En el primer cargo, el ciudadano demanda la inconstitucionalidad de la Ley 1740 de 2014, por considerar que contraría los artículos 4, 152 y 153 de la Carta Política, al argumentar que dada la materia que trata la ley demandada, regula y restringe los derechos fundamentales a la educación y a la autonomía universitaria, por lo que debió darse la oportunidad a la comunidad universitaria para debatir sobre ello. Agrega que durante el trámite de la aludida ley se omitió esta consulta y, si bien aclara no es obligatoria, estima que debió realizarse conforme a los derechos fundamentales a la educación superior y a la autonomía universitaria. Expone que, como bien se lee en el título de la ley cuestionada, ésta desarrolla y regula el derecho fundamental a la educación superior, lo cual involucra derechos de raigambre fundamental como la educación y la autonomía universitaria. Materias que, de conformidad con el literal a) del artículo 152 Superior, no son propias de una ley ordinaria sino de una estatutaria. 2.3. En cuanto al segundo cargo, esto es, el desconocimiento del principio de autonomía universitaria establecido en el artículo 69 de la Constitución, el demandante de manera subsidiaria lo formula respecto de algunas disposiciones de la Ley 1740 de 2014, agrupadas de la siguiente manera: un primer grupo conformado por los artículos 2º (numerales 5 y 6), 5º (numeral 3), 7º (numerales 3 y 7), 9º (numeral 3) y 10º (numeral 3); y un segundo grupo integrado por los artículos 1º (inciso primero (parcial) y literal m (parcial)), 3º (numeral 3 (parcial)), 10º (inciso primero (parcial) y numeral 1), 11 (literal c (parcial)), 13 (inciso primero (parcial) y numerales 3 (parcial) y 4 (parcial)) y 14 (inciso primero (parcial)). Frente al primer grupo, afirma que dichas normas vulneran la autonomía universitaria, pues limitan y se inmiscuyen en la autonomía académica, administrativa, financiera y patrimonial de los entes universitarios, al facultar al Ministerio de Educación para actuar en el manejo y dirección de esas instituciones educativas. A modo de ejemplo, indica que permitir que el mencionado Ministerio envíe delegados a los órganos de dirección de las universidades cuando lo considere necesario, implica que el Gobierno Nacional intervenga directamente en tales órganos, lo cual se aleja de la finalidad perseguida por el constituyente cuando consagró la autonomía universitaria e igualmente transgrede la facultad de las instituciones universitarias de regirse con plena independencia. Respecto del segundo grupo, manifiesta que sus expresiones son indeterminadas, lo cual vulnera la Constitución, pues en virtud del principio de legalidad, el uso de conceptos jurídicos indeterminados no es aceptado constitucionalmente, ya que puede conllevar a interpretaciones que desconozcan derechos fundamentales y el principio de seguridad jurídica. Argumenta que si bien en la ley se enuncia que la inspección y vigilancia tiene por objeto la correcta inversión de las rentas, la superación de situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación, la grave situación de anormalidad, o cuando se presenten circunstancias que amenacen gravemente la calidad y la continuidad del servicio, en ninguna parte de la norma demandada se dice qué se entiende por invertir mal o bien las rentas, ni se mencionan cuáles son las situaciones que amenacen o afecten la adecuada prestación del servicio de educación, así como tampoco las circunstancias que amenacen gravemente la calidad y la continuidad del mismo. A juicio del actor, solamente hay enunciados abstractos de los cuales se presenta una subjetividad por parte de aquellas entidades que evalúen, manejen e intervengan las universidades, circunstancias que resultan ampliamente vulneratorias de la autonomía presupuestal y financiera de esas instituciones. Agrega que algunas de estas expresiones indeterminadas, como la prevista en el numeral 4 del artículo 13 de la Ley 1740 de 2014, habilita al Ministerio de Educación Nacional a intervenir en la estructura y manejo administrativo de las universidades, lo cual infringe la potestad de dichos entes educativos para darse sus directivas, conculcándose el principio de autonomía universitaria. IV. INTERVENCIONES 1. Universidad Libre Mediante escrito[2] presentado el 19 de marzo de 2015, el Director del Observatorio de Intervención Ciudadana Constitucional y un Docente del Área de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la referida universidad, solicitan a la Corte Constitucional: (i) se declare inhibida acerca de la constitucionalidad de la Ley 1740 de 2014, al no evidenciar cargo de inconstitucionalidad por violación de la autonomía universitaria; (ii) se declare exequible la ley demandada, por inexistencia de violación de ley estatutaria. (i) En cuanto a la primera solicitud, la sustentan en dos argumentos. Inicialmente señalan que el cargo formulado en ambas demandas por violación de la autonomía universitaria, carece de especificidad, toda vez que por un lado, no se explica cómo la ley contraría la autonomía universitaria en alguna de sus dimensiones, la ideológica, la reglamentaria y la presupuestal, y por otro, no se analiza cómo el contenido normativo vulnera los derechos al acceso progresivo a la educación y a la autonomía universitaria. Posteriormente, indican que la indebida lectura del inciso 1º del artículo 69 Superior no permitió la elaboración adecuada del cargo, pues no se tuvo en cuenta tres elementos que se aprecian en ese texto constitucional, a saber: que la autonomía universitaria no es un derecho absoluto; que la Constitución faculta al legislador para intervenir en la educación, a fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por mejorar la formación moral, intelectual y física de los educados; y que los límites de autonomía universitaria deben revisarse mediante un ejercicio de ponderación entre este derecho y el derecho a la educación, especialmente a la facultad de reclamar el acceso y la permanencia en el sistema educativo o a uno que permita una adecuada formación. (ii) Respecto de la segunda solicitud, manifiestan que el actor (expediente D-10653) confunde el objeto de regulación de la ley, al estimar que éste consiste en el desarrollo de la autonomía universitaria. Contrario a ello, los intervinientes sostienen que el objeto de la norma cuestionada no es ese, sino el otorgamiento de facultades para el ejercicio de inspección y vigilancia de la actividad de las universidades, lo cual no está sometido a reserva de ley estatutaria. Explican que según esta Corporación, las leyes –de educación- que reglamentan la inspección y vigilancia de las instituciones educativas universitarias, son normas típicas de organización, es decir, permiten desarrollar la materia con unos límites claros previamente definidos por el órgano competente, mas no se trata de una ley que reglamenta la autonomía universitaria. (iii) Adicionalmente, se pronuncian acerca del cargo formulado de manera subsidiaria en la demanda D-10653, el cual, recuérdese, alude al supuesto desconocimiento del principio de autonomía universitaria pero respecto de algunos artículos de la Ley 1740 de 2014, los cuales están agrupados así: un primer grupo conformado por los artículos 2º (numerales 5 y 6), 5º (numeral 3), 7º (numerales 3 y 7), 9º (numeral 3) y 10º (numeral 3); y un segundo grupo integrado por los artículos 1º (inciso 1, parcial y literal m), 3º (numeral 3), 10º (numeral 1), 11 (literal c), 13 (inciso 1, parcial y numerales 3 y 4) y 14 (inciso 1, parcial). Frente al primer grupo, sostienen que nuevamente se incurre en el error de hacer miramientos sobre la autonomía universitaria y su afectación por las normas demandadas con cargos planteados de forma general, lo cual carece de especificidad y suficiencia argumentativa, por lo que debe desestimarse el cargo en este caso. En cuanto al segundo grupo, de igual manera consideran que el cargo para los apartes en comento está referido únicamente a la trasgresión de la autonomía universitaria, y se realizan manifestaciones de inconformidad de carácter general. Sin embargo, comparten algunas preocupaciones del demandante respecto a la indeterminación en algunos pasajes y expresiones de la ley cuestionada. Por tanto, advierten que si bien la Ley 1740 tiene como finalidad velar por la calidad de la educación superior, su continuidad y la mejor formación de los educandos; carece de análisis y desarrollo de un debido proceso al momento de realizar la inspección, vigilancia y sanción de las instituciones de educación superior, lo cual posiblemente vulnere el derecho fundamental de defensa y de paso se quebrante la autonomía universitaria, circunstancia que a su juicio hace necesario un pronunciamiento por esta Corte sobre ello. 2. Universidad de Nariño El 15 de abril de 2015, el Secretario General del Consejo Académico de la referida institución educativa allegó a esta Corporación un “comunicado a la opinión pública”[3], según el cual esa comunidad universitaria considera “lesivos la forma y el contenido de la ley de inspección y vigilancia”; plantea que el Ministerio de Educación debe solucionar los problemas estructurales de la universidad pública, relacionados con su adecuado financiamiento, el respeto de la autonomía y el otorgamiento de condiciones que permitan el mejoramiento continuo; exige que el Estado genere espacios democráticos para la construcción de una ley de educación superior; manifiesta su desacuerdo con los planteamientos del Plan Nacional de Desarrollo relacionados con la formación académica de carácter pública; y reclama respeto por los procesos y espacios democráticos construidos en el marco de la autonomía universitaria. 3. Universidad de Antioquia La Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la mencionada Universidad, mediante escrito extemporáneo del 12 de junio de 2015[4], solicitó se declare la inconstitucionalidad de la Ley 1740 de 2014, por considerar que vulnera los artículos 67, 68, 69 y 113 de la Constitución Política. Señala que la ley demandada supera la prohibición de extralimitación a cargo de la intervención estatal cuando se trata de derechos fundamentales. Advierte a esta Corte que, la Constitución de 1991 consagró garantías importantes como la autonomía universitaria, la cual debe primar al momento de interpretarse y evaluarse dicha norma. 4. Ministerio de Educación Mediante escritos[5] presentados por separado el 20 de marzo de 2015, la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio en mención, solicita a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley 1740 de 2014. Por un lado, señala que tanto la normativa constitucional como la reiterada jurisprudencia de esta Corporación en la materia, consagran la inspección y vigilancia de la educación superior como una de las limitaciones legítimas a la autonomía universitaria, la cual debe ejercerse para cumplir los fines previstos en los artículos 67 y 189 (numeral 26) de la Carta Política. Por otro, manifiesta su desacuerdo con el demandante acerca de que la ley en cuestión debe ser estatutaria por regular el derecho fundamental a la educación superior. Argumenta que salta a la vista que ni en el epígrafe, ni en su articulado, la ley reprochada regula el derecho a la educación, así como tampoco los procedimientos y recursos que tienen los titulares de dicho derecho para su protección. Aclara que la norma se limita a reglar cómo ese Ministerio puede ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control de la educación superior, de conformidad con los postulados constitucionales. 5. Departamento Administrativo de la Función Pública Por intermedio de apoderada judicial, la entidad en cuestión intervino el 24 de marzo de 2015[6], para solicitar (i) la inhibición para pronunciarse de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda, al estimar que los cargos formulados no cumplen los requisitos de certeza y suficiencia, pero sin exponer razón alguna al respecto; o en su defecto, (ii) se declare exequible la Ley 1740 de 2014. Frente a lo segundo, sostiene que el principio de autonomía universitaria se desarrolla bajo los pilares de auto regulación filosófica y auto determinación administrativa, los cuales refieren a la posibilidad de establecer procedimientos académicos, administrativos y disciplinarios, es decir, el mencionado principio se predica de la administración y regulación de la institución de educación superior, mas no de la normatividad que le será aplicable a la misma. 6. Intervención de los ciudadanos Marcela Perna Reyes, Laura Rey Alba, Juan Nicolás González Mogollón y Gabriel Francisco Díaz Granados Los mencionados ciudadanos, en intervención[7] presentada el 19 de marzo de 2015, consideran que la norma demandada debe declararse exequible, al no encontrar conculcada la autonomía universitaria, toda vez que no se trata de una prerrogativa absoluta que excluya las facultades del poder ejecutivo, de inspeccionar y vigilar las entidades educativas universitarias. Agregan que las funciones de inspección, vigilancia y control no implican una violación a la autonomía universitaria, debido a que son las mismas instituciones de educación superior las que se administran y manejan su presupuesto. Así mismo, apoyan la exequiblidad de la ley cuestionada por no estimar violado el principio de reserva de ley estatutaria, al argumentar que la normativa cuestionada es una ley orgánica por medio de la cual se modifica otra de igual naturaleza, esto es, la Ley 30 de 1992. Adicionalmente, aluden al desconocimiento de la fundamentalidad y progresividad de la educación superior planteado por el demandante, indicando que dicho señalamiento carece de claridad, especificidad y suficiencia, por lo que solicitan a la Corte se declare inhibida al respecto. Explican que el demandante no establece un hilo conductor entre las disposiciones constitucionales que considera incompatibles con la ley demandada y tampoco precisa porqué la misma vulnera la Carta Superior. 7. Intervención del ciudadano Carlos Andrés Pérez Garzón El ciudadano presentó escrito[8] el 16 de abril de 2015, mediante el cual solicita a la Corte declare exequible la ley demandada. En sustento de ello, sostiene que no se restringe el derecho a la educación, por el contrario, se prescriben las medidas de inspección y vigilancia para garantizar la prestación de dicho derecho, lo cual tampoco pugna con el núcleo esencial del mismo, pues de ser así, todas aquellas normas con las cuales se inspeccionan y vigilan las demás instituciones educativas distintas a las universidades, deberían establecerse en leyes estatutarias. Agrega que la Ley 1740 de 2014 no viola la autonomía universitaria, ya que constitucionalmente ésta no implica que el Estado no pueda imponer a las universidades normas que velen por una mejor prestación del servicio. A su juicio, tal autonomía simplemente refiere a la autodeterminación de desarrollar su misión, filosofía y objetivos, conf V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN En cumplimiento de lo previsto en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación presentó concepto de constitucionalidad[9] Nº 5903 del 21 de abril de 2015, mediante el cual solicita a la Corte los siguientes pronunciamientos: (i) Declarar exequible la Ley 1740 de 2014 en relación con el cargo de omisión del requisito de consulta previa. Ello debido a que dicha ley es de carácter ordinario sin que su contenido normativo y finalidad tengan relación directa e inmediata con las comunidades indígenas o afrodescendientes, por lo que no se requería ningún tipo de consulta previa para su trámite y aprobación. (ii) Declararse inhibida para conocer de fondo la demanda por violación de la autonomía universitaria para gobernarse y administrar sus recursos, la participación de la comunidad educativa en la dirección de las instituciones de educación superior y del principio de legalidad, ante la falta de especificidad en este cargo. En sustento de esta petición, expone que se ataca la totalidad de la norma pero con unas afirmaciones que únicamente pueden corresponder a algunos enunciados normativos específicos. (iii) Declararse inhibida para conocer de fondo la demanda por desconocimiento de la competencia del legislador estatutario para regular derechos fundamentales, ante la falta de claridad en ello o, en forma subsidiaria, declarar exequible la ley cuestionada por el cargo en mención. Sostiene que el cargo formulado carece de claridad en el entendido que el actor se limita a afirmar que se violó el trámite de ley estatutaria, pero no demuestra en concreto cómo el contenido de la ley constituye una regulación de un derecho fundamental. (iv) Declararse inhibida para conocer de fondo la demanda contra el inciso primero (parcial) y el literal m (parcial) del artículo 1º; los numerales 5 y 6 (parcial) del artículo 2º; el numeral 3 (parcial) del artículo 3º; el numeral 3 del artículo 5º; los numerales 3 y 7 del artículo 7º; el numeral 3 del artículo 9º; el inciso primero (parcial) y los numerales 1 y 3 del artículo 10; el literal c (parcial) del artículo 11; el inciso primero (parcial) del artículo 13; y el inciso primero (parcial) del artículo 14, todos de la Ley 1740 de 2014, ante la falta de claridad en el cargo formulado de manera subsidiaria contra tales apartes normativos. Explica que el actor se limita a señalar que el otorgamiento de determinadas funciones al Ministerio de Educación Nacional para ser ejercidas sobre las instituciones de educación superior viola la autonomía universitaria, bien sea por inmiscuirse en la autonomía académica, financiera y patrimonial de tales instituciones, o por resultar indeterminadas con la consecuente actuación subjetiva de esa entidad pública en su aplicación, pero no determina cómo cada una de las funciones otorgadas a dicho Ministerio compromete la autonomía universitaria. (v) Declararse inhibida para conocer de fondo la demanda contra el numeral 3 del artículo 10 de la Ley 1740 de 2014 por violación de la autonomía universitaria, por cuanto carece de claridad el cargo planteado contra ese aparte legal o, en forma subsidiaria, declarar exequible el mencionado numeral. La vista fiscal sostiene que la afirmación que hace el demandante de presentarse una violación a la autonomía universitaria con la potestad que tiene el Ministerio de Educación Nacional de enviar delegados a los órganos de dirección de las instituciones de educación superior cuando lo considere necesario, no resulta suficiente para que esta Corte aborde el estudio de fondo del presente cargo porque con ello no demuestra, siquiera sumariamente, cómo se produce la vulneración constitucional a la cual se alude...