Sentencia C-523 de 2009

C-523-09 Sentencia C-523/09 Sentencia C-523/09 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumplimiento de requisitos de pertinencia, claridad, certeza, especificidad y suficiencia DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Carga mínima de argumentación INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia por existencia de cargos de inconstitucionalidad y cumplimiento de requisitos El demandante desarrolla con planteamientos breves y sencillos pero con la claridad necesaria el argumento central de su demanda en la que expone unos cargos de inconstitucionalidad, aportando las razones por las cuales considera que las previsiones contenidas en la norma reprochada son inexequibles, y aunque los planteamientos relacionados con la contradicción que enuncia entre el precepto impugnado con el texto constitucional son breves, sí permiten conocer con suficiencia el contenido de la demanda y la justificación básica de la violación que acusa. Por tanto, los cargos son claros (violación del artículo 29 de la Carta por contener una inadecuada exigencia probatoria para decretar las medidas cautelares previstas y no preveer parámetros para la fijación del monto de la caución, para cuya imposición carece el juez de competencia por desconocimiento del juez natural del proceso), ciertos (se apoyan en el artículo 247 de la Ley 23 de 1982, sin que pueda considerarse que de los planteamientos expuestos por el demandante en torno a la falta de elementos suficientes por parte del juez para fijar el monto de la caución, se derive el señalamiento implícito de una omisión legislativa relativa), pertinentes (plantean un problema constitucional) y suficientes (generan una duda razonable), por lo cual la demanda cumple las formalidades exigidas en el Decreto 2067 de 1991 LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Alcance/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA PROCESAL-Límites/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MEDIDAS CAUTELARES-Alcance La Corte Constitucional ha señalado que fue voluntad del Constituyente asignar al Legislador una amplia discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial, pero dentro de los límites que le fijen los principios y valores constitucionales, precisando que dicha competencia resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos, que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia; iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas, y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas. En cuanto a la posibilidad de imponer medidas cautelares, esta Corporación ha señalado que “aunque el Legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. PROPIEDAD INTELECTUAL-Protección constitucional DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Protección mediante procedimientos razonables DERECHOS DE AUTOR-Protección jurídica/DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR-Concepto/DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR-Características/DERECHOS MORALES DE AUTOR-Concepto La protección jurídica a los autores se manifiesta en dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales que constituyen el elemento pecuniario del derecho de autor y se refieren al derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de la obra, la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación, de la misma, y su comunicación al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio; y los derechos morales que comprenden, entre otros, el derecho del autor a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, a que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos de comunicación pública de la misma; a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación; a conservar su obra inédita o anónima, o a modificarla, antes o después de su publicación. DERECHOS CONEXOS-Concepto/DERECHOS CONEXOS-Manifestaciones Los derechos conexos a los de autor son aquellos que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones, y tienen, también, manifestaciones morales y patrimoniales. DERECHOS DE AUTOR Y CONEXOS-Mecanismos de protección Para la protección del los derechos de autor y conexos, la Ley prevé sanciones de tipo penal que comprenden la prisión, la multa, el arresto y hasta el secuestro de la publicación o reproducción ilícita, además de consagrar las acciones civiles, para resolver ante la justicia ordinaria las cuestiones que se susciten en aplicación de las disposiciones que regulan estos derechos o como consecuencia de los actos y hechos jurídicos que guarden relación con tales asuntos y ante los jueces civiles municipales, las que se relacionen con el pago de honorarios, representación y ejecución pública de la obra y las que surjan de las obligaciones a cargo de los directores de establecimientos públicos en donde se realicen las presentaciones. Dentro de los mecanismos de protección a favor de los titulares de derechos del autor y conexos que la Ley consagra la posibilidad de solicitar el secuestro preventivo de la obra y del producto de la venta, para lo cual se requiere, que quien solicita la medida afirme que demandó o va a demandar a la persona contra la cual se dirige la medida, por actos o hechos jurídicos vinculados con el derecho de autor, y la posibilidad de solicitar al juez que suspenda la representación de una obra que se va a presentar en público sin la debida autorización del titular del derecho de autor. MEDIDAS CAUTELARES-Concepto/MEDIDAS CAUTELARES-Objeto Las medidas cautelares son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Así, constituyen una parte integrante del contenido constitucionalmente protegido del derecho a acceder a la justicia, no sólo porque garantiza la efectividad de las sentencias, sino además porque contribuye a un mayor equilibrio procesal, en la medida en que asegura que quien acuda a la justicia mantenga, en el desarrollo del proceso, un estado de cosas semejante al que existía cuando recurrió a los jueces. Las medidas cautelares tienen por objeto garantizar el ejercicio de un derecho objetivo, legal o convencionalmente reconocido, impedir que se modifique una situación de hecho o de derecho o asegurar los resultados de una decisión judicial o administrativa futura, mientras se adelante y concluye la actuación respectiva, situaciones que de otra forma quedarían desprotegidas ante la no improbable actividad o conducta maliciosa del actual o eventual obligado. MEDIDAS CAUTELARES-Características Si bien las medidas cautelares en ocasiones asumen el carácter de verdaderos procesos autónomos, como en los procesos de separación de bienes, en la mayoría de los casos, son dependientes o accesorias a un proceso cuando su aplicación y vigencia está condicionada a la existencia de éste, como ocurre en los casos del proceso ejecutivo en materia civil. Son provisionales, puesto que pueden modificarse o suprimirse a voluntad del beneficiado con ellas o por el ofrecimiento de una contragarantía por el sujeto afectado y, desde luego, cuando el derecho en discusión no se materializa. En todo caso, se mantienen mientras persistan las situaciones de hecho o de derecho que dieron lugar a su expedición. Tienen un carácter protector, independiente de la decisión que se adopte dentro del proceso al cual se encuentran afectas, y para ser decretadas no se requiere que quien la solicita sea titular de un derecho cierto; no tienen ni pueden tener el sentido o alcance de una sanción, porque aún cuando afectan o pueden afectar los intereses de los sujetos contra quienes se promueven, su razón de ser es la de garantizar un derecho actual o futuro, y no la de imponer un castigo; y no tienen la virtud ni de desconocer ni de extinguir el derecho. CAUCION COMO MEDIDA CAUTELAR-Definición/CAUCION-Finalidad/CAUCION-Formas La caución se define como una obligación que se contrae para la seguridad de otra obligación propia o ajena. Su finalidad, como medida cautelar, consiste en garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por los sujetos procesales durante el proceso, así como garantizar el pago de los perjuicios que sus actuaciones procesales pudieran generar a la parte contra la cual se dirigen. Así entonces, mediante el compromiso personal o económico que se deriva de la suscripción de una caución, el individuo involucrado en un procedimiento determinado (1) manifiesta su voluntad de cumplir con los deberes impuestos en el trámite de las diligencias y, además (2) garantiza el pago de los perjuicios que algunas de sus actuaciones procesales pudieran ocasionar a la contraparte. Las cauciones operan entonces como mecanismo de seguridad e indemnización dentro del proceso. La caución puede ser en dinero, y también pueden ser reales, bancarias y expedidas por entidades de crédito debidamente autorizadas. CAUCION EN PROCESO DE PROTECCION DE DERECHOS DE AUTOR-Finalidad La caución prevista en el artículo 247 de la Ley 23 de 1982, tiene por finalidad garantizar con suficiencia los perjuicios que con ella puedan causarse al organizador o empresario del espectáculo teatral, cinematográfico, musical. CAUCION EN DERECHO COMPARADO-Francia CAUCION EN DERECHO COMPARADO-Estados Unidos PRUEBA SUMARIA-Concepto/MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION DE DERECHOS DE AUTOR-Exigencia de prueba sumaria para decretarlas no vulnera el debido proceso Aunque la legislación colombiana no define lo que debe entenderse por prueba sumaria, su noción ha sido precisada por la doctrina y la jurisprudencia nacionales. Así, para Antonio Rocha Alvira, la prueba sumaria es aquella que aún no ha sido controvertida por aquel a quien puede perjudicar, y de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, la prueba sumaria es plena prueba, lo que quiere decir que debe reunir las mismas condiciones de fondo de cualquier prueba, que sea pertinente o conducente, esto es, que sea la adecuada para demostrar un hecho o un acto jurídico concretos. En ese sentido la doctrina ha sido uniforme en señalar que la prueba sumaria suministra al juez la certeza del hecho que se quiere establecer en idénticas condiciones que lo hace la plena prueba, con la diferencia que la prueba sumaria no ha sido sometida a contradicción, ni conocimiento o confrontación por la parte contra quien se quiere hacer valer. Siendo claro que la prueba sumaria, es aquella que reúne las características de plena prueba que aún no ha sido controvertida, su exigencia para el decreto de las medidas, no vulnera los postulados constitucionales ni menoscaba las posibilidades del debido proceso para el demandante, puesto que siendo las medidas cautelares de carácter preventivo y provisional, el debate probatorio sobre la titularidad de los derechos y la validez de los documentos aportados se da a plenitud dentro del proceso verbal respectivo ante los jueces competentes de la justicia ordinaria civil. Por tanto, para la Corte, el legislador obró conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas. CAUCION-Determinación por el juez con criterios de equidad, proporcionalidad y racionalidad no vulnera el derecho de defensa Si bien son variadas las formas en que el legislador ha determinado la manera de fijar los montos de las cauciones, en las que se han respetado las garantías fundamentales a fin de asegurar el ejercicio pleno del derecho de acceso a la administración de una justicia recta de las personas, al establecer en el artículo 247 que el juez sea quien determine la suficiencia de la caución, el legislador cumplió con el requisito de proporcionalidad exigido por el juicio de constitucionalidad, puesto que en la legislación ordinaria a la cual por disposición del artículo 242 de la Ley 23 de 1982 se debe acudir para resolver las cuestiones que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones en relación con los derechos de autor, han sido contemplados los parámetros que extraña el demandante, los cuales deberán ser observados por el juez al momento de fijar el monto con criterios de equidad, proporcionalidad y racionalidad. COMPETENCIA A PREVENCION PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE AUTOR-Jueces municipales o del circuito del lugar del espectáculo/MEDIDAS CAUTELARES DE PROTECCION DE DERECHOS DE AUTOR-Secuestro preventivo y suspensión de obra/COMPETENCIA A PREVENCION PARA LA PROTECCION DE DERECHOS DE AUTOR-Atribución territorial de competencia a prevención no constituye una vulneración del debido proceso La Corte encuentra que en la atribución territorial de competencia a prevención al Juez Municipal o del Circuito del lugar del espectáculo, para el decreto de las medidas cautelares, el legislador obró amparado en el principio de libertad de configuración normativa, con el fin de garantizar precisamente la aplicación inmediata de las medidas de protección constitucionalmente consagrada para los derechos de autor y no constituye por sí misma una vulneración del derecho al debido proceso, toda vez que tal disposición por el contrario, facilita la realización de los fines precautorios y preventivos de las medidas cautelares. Referencia: expediente D-7612 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 247 (parcial) de la Ley 23 de 1982. Demandante: Jorge Alonso Garrido Abad. Magistrada Ponente: Dra. MARIA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, DC., cuatro (4) de agosto de dos mil nueve (2009) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámite establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano, Jorge Alonso Garrido Abad presentó demanda contra el artículo 247 (parcial) de la Ley 23 de 1982, por infringir el artículo 29 de la Constitución Política. Mediante auto de 6 de febrero de 2009, se admitió la demanda y se corrió traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto correspondiente. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte Constitucional procede a decidir acerca de la demanda de la referencia. II. NORMA ACUSADA A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada, conforme a su publicación en el Diario Oficial No. 35.949 del 19-02/82 y se subraya la parte acusada: Ley 23 de 1982 (enero 28) Sobre derechos de autor EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: (…). “Artículo 247. Las medidas a que se refieren los artículos 244 y 245, se decretan inmediatamente por el juez siempre que el que las solicite preste caución suficiente que garantice los perjuicios que con ella puedan causarse al organizador o empresario del espectáculo teatral, cinematográfico, musical, y presente una prueba sumarial del derecho que lo asiste. Esta medida puede ser decretada por el Juez Municipal o del Circuito del lugar del espectáculo, a prevención, aún cuando no sean competentes para conocer del juicio. El espectáculo será suspendido sin admitir recurso alguno; en lo demás se dará cumplimiento a las normas pertinentes.” III. DEMANDA Afirma el demandante que el aparte demandado del artículo 247 de la Ley 23 de 1982 desconoce el debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Carta por las siguientes razones. En primer lugar, porque la exigencia de tan solo una prueba sumaria para tomar las decisiones a que se refieren los artículos 244 y 245 de la Ley 23 de 1982, viola el derecho de defensa del ejecutor o usuario de obras literarias, científicas o artísticas, ya que suspende la realización de los espectáculos sin permitirle al ejecutor o exhibidor la posibilidad de controvertir la titularidad o existencia del derecho reclamado. Expresamente dice: “la norma autoriza al juez para decretar inmediatamente aquellas medidas, simplemente con la presentación de una prueba sumarial del derecho que le asiste, en vez de sustentar tan drástica decisión con la prueba efectiva del contrato entre las partes, la cual le otorga certeza de existir una obligación contractual entre quien solicita la medida y quien habrá de ser objeto de ella.” En segundo lugar, afirma que la norma cuestionada autoriza la adopción de la medida cautelar por un juez que no es el juez natural del proceso, en cuanto autoriza que esta medida puede ser decretada por el Juez Municipal o del Circuito del lugar del espectáculo, a prevención, aún cuando no sean competentes para conocer del juicio. “La norma atacada contraría por completo el principio constitucional que rige la competencia funcional porque está autorizando a un juez incompetente en un juicio, para tomar una decisión sobre medida cautelar que sólo pueden ser tomadas por el juez funcionalmente competente en ese juicio, lo cual, es abiertamente violatorio del derecho de defensa como que atribuye a un juez funciones extrañas a las que la ley procesal le ha señalado. El artículo 29 es muy claro en señalar que nadie podrá ser juzgado sino ante el juez o tribunal competente. De allí que la violación que se alega es palmaria, porque si la ausencia de competencia es inconstitucional y genera nulidad de pleno derecho, no se puede legalizar la misma para la toma de decisiones que afectan gravemente a las personas como son decretar medidas severas como las medidas cautelares. (…) La violación es todavía más dramática si se tiene en cuenta que la norma atacada, establece que el espectáculo será suspendido sin admitirse recurso alguno, lo que supone una gravísima afectación para quien sufre la medida.” Afirma el accionante, en tercer lugar, que la norma demandada infringe el debido proceso al autorizar las medidas a que se refieren los artículos 244 y 245 de la Ley 23 de 1982, sin establecer parámetros razonables sobre cuándo hay caución suficiente para evitar los perjuicios que se puedan causar y sin la posibilidad de quien sufre la medida de poder oponerse a la caución por considerarla insuficiente. Para el demandante, “en la realización de eventos o espectáculos confluyen numerosas variables de costos fijos e indirectos, la mayoría de los cuales son conocidos solo por el organizador del evento pero no por el juez o por quien solicita la medida. Al carecer el juez de los referidos parámetros para definir si una caución es suficiente o no para garantizar los perjuicios que se puedan causar, está sometiendo a quien sufre la medida, a un acto arbitrario por parte del juez que toma la decisión sin posibilidad como indica el texto demandado, de que el empresario pueda oponerse a una caución que a su juicio sea insuficiente.” IV. INTERVENCIONES 1. Ministerio del Interior y de Justicia. El Ministerio del Interior y de Justicia intervino en el presente proceso a través del representante judicial de la Unidad Administrativa Especial Dirección Nacional de Derecho de Autor para solicitar a la Corte que se inhibido de un procedimiento de fondo por ineptitud sustancial de la demanda y en caso de que dicha solicitud no prospere, que declare exequible la norma cuestionada, con base en los siguientes asertos. En primer lugar, el interviniente afirma que la Corte debe abstenerse de un pronunciamiento de fondo porque la demanda carece de una adecuada fundamentación, pues las razones que expone como violaciones del debido proceso no son ciertas. Señala por ejemplo que no es posible siempre exigir un contrato como prueba para decretar las medidas cautelares previstas en los artículos 244 y 245 de la Ley 23 de 1982. Para la interviniente, “el contrato entre las partes no podría solicitarse como prueba del derecho que le asiste a quien solicita la medida cautelar, tal como pretende el demandante, ya que si bien dichas medidas pueden operar ante el incumplimiento de un contrato, también cobran vigencia para proteger a los titulares de derechos en situaciones donde es imposible la existencia de tales convenciones, debido a que los usos de las obras ni siquiera fueron autorizados de manera previa y expresa, es decir son usos ilegales.” “También carece de certeza la posición del accionante, pues debido a la naturaleza de las medidas cautelares resulta improcedente e inconveniente que la persona contra la cual han de prosperar, controvierta las pruebas en las cuales se basará su decreto, máxime, cuando dichas medidas no implican una decisión de fondo, ni impiden acudir al juez para obtener solución respecto del derecho controvertido.” (…) En el caso bajo estudio, el texto de la demanda en lugar de despertar una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma acusada, deja entrever que solo de la interpretación descontextualizada y confusa del actor, es posible derivar una violación del derecho de defensa de la disposición impugnada. (…) El debate propuesto por el demandante gira en torno a consideraciones de tipo eminentemente subjetivas.” Agrega el interviniente que la norma cuestionada tampoco viola el debido proceso por desconocimiento del juez natural. El que un juez municipal o del circuito del lugar donde se realiza el espectáculo sea competente para imponer la medida cautelar, pero posteriormente no sea el juez competente para adelantar el juicio, no desconoce ese derecho pues la competencia para dictar la medida cautelar fue asignada por el legislador en la norma demandada y además porque en todo caso se le garantiza al afectado la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en cualquiera de los dos procesos, según la remisión que se hace a las normas del Código de Procedimiento Civil. “Quien sufre medidas cautelares cuenta con la posibilidad de demostrar posteriormente, en curso del proceso, que su conducta se ajusta a derecho, caso en el cual procederá el levantamiento de las medidas y la condena en perjuicios a quien solicitó su decreto.” Finalmente señala el representante del Ministerio del Interior y de Justicia que el legislador goza de una amplia potestad de configuración para determinar las normas procesales con las cuales garantizará los derechos de autor, y en esa medida, la disposición cuestionada es un desarrollo armónico del artículo 61 de la Carta y de los artículos 150, numerales 1 y 2. Considera el interviniente que en desarrollo de dicha potestad, bien podía el legislador establecer medidas cautelares para asegurar la efectividad de la protección de los derechos de autor, así como para definir el procedimiento a través del cual se harían efectivos dichos derechos y el juez competente para imponer la medida. 2. Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos ‑ ACINPRO La Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos – ACINPRO, intervino en el proceso mediante apoderado judicial para solicitar a la Corte Constitucional que la norma cuestionada fuera declarada exequible. Las razones de su solicitud se resumen a continuación. En primer lugar, afirma el apoderado de ACINPRO que la demanda carece de aptitud para provocar un fallo de fondo porque los cargos parten de supuestos erróneos sobre el contexto en que se aplica la norma. Así, el cargo no es cierto al considerar que la única prueba que permitiría la adopción de las medidas cautelares previstas en los artículos 244 y 245 de la Ley 23 de 1982 sería el contrato, desconoce que “los distintos usos de las obras, interpretaciones o ejecuciones y los fonogramas, no ocurren siempre bajo un contrato.” Igualmente, la demanda es imprecisa cuando afirma que la Constitución exige que los jueces adopten medidas con base en pruebas sólidas, desconoce que la misma Carta autoriza al legislador a establecer excepciones para que los operadores judiciales puedan adoptar ciertas decisiones con base en pruebas sumarias. Agrega que la demanda carece de certeza y se basa en situaciones hipotéticas y apreciaciones subjetivas, como la insuficiencia de la caución frente al monto del eventual perjuicio al empresario que sea objeto de la medida cautelar. “La demanda no se basa en un cotejo objetivo entre la norma demandada y la Carta Política, sino que se base en una serie de hipótesis, frente a una posible omisión de la norma y la eventualidad de un agravio a los interese económicos de un organizador o empresario.” En segundo lugar, señala el apoderado que el legislador tiene una amplia potestad legislativa para establecer cuándo un operador jurídico puede adoptar medidas cautelares, así como para establecer los procedimientos y los recursos. Por ello, en el caso bajo estudio, podía establecer para la defensa de los derechos de autor, la posibilidad de adoptar medidas cautelares con base en pruebas sumarias. Dada la naturaleza de las medidas cautelares, el juez puede por esta vía adoptar medidas de carácter temporal para proteger los derechos morales y patrimoniales de los titulares de los derechos de autor y conexos. En tercer lugar, señala el interviniente que la adopción de mecanismos adecuados para la protección de la propiedad intelectual es una obligación que surge de tratados de derechos humanos y de normas comunitarias de los cuales Colombia hace parte, por lo que la norma cuestionada es un desarrollo congruente con la protección constitucional (artículo 61 Superior) e internacional de la propiedad intelectual. 3. Sociedad de Autores y Compositores de Colombia ‑ SAYCO. La Sociedad de Autores y Compositores de Colombia ‑ SAYCO, interviene en el proceso de la referencia mediante apoderada judicial para solicitar que se declare la exequibilidad del aparte demandado. Luego de exponer los procedimientos civiles y las facultades previstas para la protección de los derechos de autor, señala la interviniente que la disposición cuestionada es un desarrollo de los artículos 2, 29 y 61 de la Carta que ordenan proteger la propiedad intelectual y los derechos de autor, mediante el cual se dota al titular del derecho de un instrumento idóneo para la protección efectiva de sus derechos. 4. Organización SAYCO ACINPRO La Organización SAYCO-ACINPRO interviene mediante apoderado en el proceso de la referencia para solicitar a la Corte Constitucional declararse inhibida para pronunciarse de fondo por ineptitud sustancial de la demanda, y subsidiariamente para que declare la exequibilidad de la norma cuestionada. Los argumentos presentados por esta organización son idénticos a los presentados por SAYCO, por lo que no se trascribirán. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION El Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, mediante concepto No. 4747, solicitó a la Corte Constitucional un fallo inhibitorio por ineptitud sustancial de la demanda con base en los siguientes argumentos. 3.2. El texto de la demanda plantea tres argumentos de inconstitucionalidad que no surgen de la norma acusada, a saber: El primer argumento: el segmento demandado plantea la posibilidad de que el juez decrete la medida cautelar prevista en los artículos 244 y 245 de la Ley 23 de 1982, únicamente con la prueba sumaria, cuando lo que debe exigirse es el contrato existente entre el solicitante de la medida y el creador, autor o compositor de la obra. Tal prueba no puede ser controvertida por el empresario u organizador del evento. Tal afirmación admite dos reparos que restan toda fuerza al argumento como soporte del cargo de violación al derecho de defensa: de una parte, estando facultado por la ley el autor de la obra para solicitar a la autoridad judicial la medida cautelar, la exigencia de aportación del contrato frente a este titular, resulta desproporcionada y violatoria del principio de buena fe. Por contraposición, debe afirmarse que en materia procesal es quien excepciona la existencia de un derecho en su favor derivado del contrato suscrito con el titular de los derechos de autor quien debe aportar al proceso la prueba del convenio para enervar la pretensión. De otra parte, encontrándose legitimados para solicitar medidas cautelares el editor, el artista, el productor de fonogramas, el organismo de radiodifusión y los causahabientes de estos, y quien tenga la representación legal o convencional, como lo dispone el artículo 244 de la Ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”, resulta apenas lógico entender que no siempre media contrato entre el titular del derecho protegido y quien pretende utilizar la obra, pues tal legitimación puede ser de origen legal. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que si la medida cautelar se solicita frente a un usurpador de los derechos del autor por parte del legitimado convencionalmente o de un causahabiente, resultaría en extremo gravosa tal exigencia probatoria para quien pretende impedir la comisión de un hecho ilegal que afecta sus intereses. Por lo demás, la Corte Constitucional ha admitido que, si bien, la forma normal de autorizar el uso de las obras lo es mediante un contrato bilateral, sin embargo subsiste en la práctica la posibilidad de que el contrato no exista para cuyo efecto, cobra aún mayor validez la previsión que exige la prueba sumaria (Sentencia C-519 de 1999). De esa manera, no resulta cierto que la prueba sumaria no pueda ser controvertida, lo que ocurre es que como comporta una finalidad previa, su impugnación está circunscrita a una determinada etapa procesal, esto es, dentro del juicio, característica que es propia de algunos procedimientos, entre ellos los encaminados a la protección de los derechos de autor y conexos. El segundo argumento: consiste en afirmar que si el juez que decreta la medida cautelar no es el competente para fallar el proceso, está vedado para decretarla porque la competencia para decidir de fondo conlleva la competencia para adoptar las medidas cautelares. Lo anterior no es cierto y tampoco se deduce de la norma acusada. En efecto, dentro de la libertad de configuración en materia procesal que asiste al legislador, éste puede fijar las competencias a prevención, lo cual dispone en la norma acusada; es decir, que la facultad de proferir medidas cautelares en relación con los asuntos derivados de la protección legal que el Estado debe a los titulares de derechos de autor y derechos conexos, le deviene al Juez Municipal o del Circuito por virtud de la ley en desarrollo de las facultades constitucionales que la Carta Política atribuye al Congreso de la República (artículo 150-24). En cuanto las medidas cautelares de suspensión del espectáculo y retención de las sumas recaudadas, cuando así lo solicita el titular de los derechos, tienden a proteger: (i) al autor o compositor de las obras frente al empresario u organizador que no cuenta con su autorización expresa conforme lo dispone el ordenamiento jurídico; y, (ii) al titular de derechos provenientes de la autorización del autor mediante pacto contractual o por disposición legal, frente al empresario u organizador que pretende un beneficio sin contar con la debida autorización, las mismas resultan razonables y proporcionales frente al objeto material protegido constitucionalmente a través del artículo 61 Superior. Por lo demás, el actor desconoce el principio de especialidad de las normas sobre derechos de autor que permite regular procedimientos y competencias en los que no obliga la legislación ordinaria. El tercer argumento: se presenta una violación del debido proceso porque el juez que fija la caución no tiene elementos suficientes para establecer el monto de la misma; Tales elementos únicamente son del conocimiento del empresario u organizador del espectáculo. La norma resulta inconstitucional en cuanto no fija los parámetros para establecer la caución. El actor refiere expresamente: “Y todo, porque en la realización de eventos o espectáculos confluyen numerosas variables de costos fijos e indirectos, la mayoría de los cuales son conocidos solo (sic) por el organizador del evento, pero no por el juez o por quien solicita la medida” El primer aspecto a analizar es la evidente contradicción que surge de la argumentación, pues si la mayoría de las variables que inciden en el costo de un espectáculo, de las cuales dependen los eventuales perjuicios, únicamente son del conocimiento del empresario, no puede plantearse una omisión legislativa imputable al legislador por no fijar en la norma los parámetros sobre los cuales se valora el monto de la caución, toda vez que allí estaríamos frente a un imposible material para cumplir la tarea que echa de menos el actor. De otra parte, la argumentación no cumple una carga mínima de carácter procesal para el estudio de las omisiones legislativas relativas (…); esto, por cuanto no se evidencia el por qué el legislador debía ocuparse de fijar los parámetros para la indemnización de los perjuicios derivados de la aplicación de las medidas cautelares en el caso de no prosperar las pretensiones del solicitante en el juicio respectivo. Ahora bien, en materia de derechos patrimoniales, la ley no puede fijar parámetros en un asunto que es de competencia del juez quien debe ponderar, en cada caso, la garantía adecuada que resulta suficiente para la eventual indemnización de perjuicios. Por las razones expuestas, relativas a la falta de certeza y cumplimiento de los requisitos mínimos de argumentación frente a los cargos principales de la demanda, considera el Ministerio Público que en el presente caso es procedente una sentencia inhibitoria de la Corte. Sostiene además la Vista Fiscal, que aun cuando el demandante plantea una omisión legislativa al señalar que el legislador no estableció los parámetros que deben servir para determinar el monto de los perjuicios, la demanda no cumple con la carga argumentativa para este tipo de cuestionamientos. “La argumentación no cumple una carga mínima de carácter procesal para el estudio de las omisiones legislativas relativas (Sentencia C-427 de 2000);[1] esto, por cuanto no se evidencia el por qué el legislador debía ocuparse de fijar los parámetros para la indemnización de los perjuicios derivados de la aplicación de las medidas cautelares en el caso de no prosperar las pretensiones del solicitante en el juicio respectivo. Ahora bien, en materia de derechos patrimoniales, la ley no puede fijar parámetros en un asunto que es de competencia del juez quien debe ponderar, en cada caso, la garantía adecuada que resulta suficiente para la eventual indemnización de perjuicios.” En cuanto a la posibilidad de que una autoridad judicial adopte decisiones con base en pruebas sumaria, recuerda el Procurador que “en la tradición jurídica sí es posible establecer y decretar medidas cautelares con la prueba sumaria de que existe un derecho amparado en norma legal que debe ser protegido por el Estado, toda vez que ésta se controvierte en la etapa del juicio, resultando, por esas mismas razones, carente de fundamento toda afirmación referida a la violación del derecho de defensa. Así, en virtud del principio de eficacia de la justicia, la consagración legal de las medidas cautelares en los casos relacionados con los derechos de autor y conexos, encaminadas a impedir la presentación de espectáculos, la emisión de los fonogramas, la edición de ejemplares, las proyecciones cinematográficas u otras similares cuando el productor o empresario no cuenta con la autorización expresa del titular de los derechos o de su representante, resultan adecuadas y proporcionales, máxime si se tiene en cuenta que el solicitante de dicha medida, esto es, el autor, el editor, el artista, el productor de fonogramas, el organismo de radiodifusión, los causahabientes de éstos y quien tenga la representación legal o convencional de ellos, tiene la imposición legal de prestar caución para cubrir los eventuales perjuicios.” Por lo anterior, el Representante del Ministerio Público solicita a la Corte INHIBIRSE para hacer un pronunciamiento de fondo en relación con los cargos de inconstitucionalidad formulados contra el artículo 247 de la Ley 23 de 1982, por ineptitud sustancial de la demanda. VI. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL 1. Competencia Esta corporación es competente para decidir sobre la constitucionalidad de la norma acusada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, Num. 4, de la Constitución, por estar contenida en una ley. 2. Problema jurídico planteado En el presente asunto, la Corte Constitucional debe resolver el siguiente problema jurídico: ¿Es contrario al derecho al debido proceso (art. 29 CP) del empresario u organizador de un espectáculo o de una exhibición de una obra teatral, cinematográfica o musical, el que la norma cuestionada permita al juez municipal o del circuito del lugar donde se realice el espectáculo, suspenderlo por supuesta violación de los derechos de autor, basado en una prueba sumaria y previo el pago de una caución? Con el fin de resolver el anterior problema jurídico, la Corte Constitucional recordará brevemente la línea jurisprudencial sobre la potestad de configuración del legislador en materia de definición de procesos judiciales. En segundo lugar, hará una breve referencia a la protección de los derechos de autor y a la forma como se aplica la medida cautelar cuestionada. Y finalmente, examinará la constitucionalidad de la norma bajo examen. Dado que el Procurador General de la Nación y algunos de los intervinientes afirman que la demanda es inepta, la Corte entrará a examinar previamente si ello es así. 3. Cuestión Previa: La supuesta ineptitud de la demanda De conformidad con reiterada jurisprudencia, la demanda de inconstitucionalidad debe ser analizada a la luz del principio pro actione, dado el carácter popular que la Constitución misma le atribuye. En todo caso, el ejercicio de esta acción supone que el demandante cumpla con unas condiciones mínimas que permitan guiar la labor del juez constitucional y orientar, asimismo, el debate de los intervinientes en el proceso que pretende instarse. Es así como el Decreto 2067 de 1991, ‘por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional’, en su artículo 2º prescribe que la demanda debe contener: (i) el señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales, trascribiéndolas literalmente por cualquier medio o aportando un ejemplar de la publicación oficial; (ii) el señalamiento de las normas constitucionales infringidas; (iii) las razones que sustentan la acusación, esto es, el por qué se estima que se violan los textos constitucionales; (iv) si se acusa quebrantamiento del debido trámite legislativo, entonces debe señalarse cuál es el trámite que debió haberse observado, y; (v) la razón por la cual la Corte es competente. Sin embargo, no es suficiente la observancia formal de esos requisitos. Además de las exigencias formales, es importante determinar: el objeto de la demanda, la razón por la cual la Corte es competente para conocer de ella, y el concepto de la violación.[2] El concepto de la violación se formula debidamente cuando (i) se identifican las normas constitucionales vulneradas; (ii) se expone el contenido normativo de las disposiciones acusadas -lo cual implica señalar aquellos elementos materiales que se estiman violados- y (iii) se expresan las razones por las cuales los textos demandados violan la Constitución. Esas razones –según amplia y reiterada jurisprudencia de la Corte- deben ser razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes.[3] En el asunto bajo estudio, el Procurador considera que la demanda no reúne las condiciones señaladas porque las afirmaciones sobre la forma como opera la norma cuestionada no son ni pertinentes ni ciertas, pues en su opinión lo que pretende el demandante es darle a la norma cuestionada un alcance que no tiene al exigir una prueba específica, porque en la práctica la norma no opera como afirma el demandante y la argumentación no cumple con una carga mínima de carácter procesal para el estudio de las omisiones legislativas relativas. Por razones similares, algunos de los intervinientes también exponen sus consideraciones en relación con la ineptitud sustancial de la demanda. Observa la Corte, que contrario a lo sostenido por el Procurador General de la Nación y algunos de los intervinientes, el demandante desarrolla con planteamientos breves y sencillos pero con la claridad necesaria el argumento central de su demanda en la que expone unos cargos de inconstitucionalidad, aportando las razones por las cuales considera que las previsiones contenidas en la norma reprochada son inexequibles, en tanto que autorizan a un Juez que no es el natural del proceso a imponer una drástica decisión de suspensión del espectáculo por supuesta violación del derecho de autor, basado en una prueba sumaria y previo el pago de una caución para la cual no fija parámetros que determinen el monto que garantice con suficiencia los perjuicios que con ella puedan causarse al empresario u organizador, de lo cual infiere una vulneración al artículo 29 de la Carta. Aunque los planteamientos del demandante relacionados con la contradicción que enuncia entre el precepto impugnado con el texto constitucional son breves, sí permiten conocer con suficiencia el contenido de la demanda y la justificación básica de la violación que acusa. Los cargos además se derivan de una interpretación del texto acusado, y aunque para acreditar el alcance de la vulneración, el actor acude a situaciones concretas que en su parecer la norma no ampara y cuyos efectos considera contrarios a los preceptos superiores que invoca, esta casuística sólo puede ser estimada como un argumento de constatación de su planteamiento central, a través del cual logra confrontar la norma cuestionada con el alcance del derecho al debido proceso alegado. Por tanto, los cargos son claros (violación del artículo 29 de la Carta por contener una inadecuada exigencia probatoria para decretar las medidas cautelares previstas y no preveer parámetros para la fijación del monto de la caución, para cuya imposición carece el juez de competencia por desconocimiento del juez natural del proceso), ciertos (se apoyan en el artículo 247 de la Ley 23 de 1982, sin que pueda considerarse que de los planteamientos expuestos por el demandante en torno a la falta de elementos suficientes por parte del juez para fijar el monto de la caución, se derive el señalamiento implícito de una omisión legislativa relativa), pertinentes (plantean un problema constitucional) y suficientes (generan una duda razonable), por lo cual la demanda cumple las formalidades exigidas en el Decreto 2067 de 1991, en especial en lo referente a las razones por las cuales se estima violado el texto constitucional mencionado, que permiten a la Corte abordar el estudio de fondo. 4. Libertad de configuración del Legislador en materia procedimental En reiteradas oportunidades, la Corte Constitucional ha señalado que fue voluntad del Constituyente asignar al Legislador una amplia discrecionalidad para expedir normas procedimentales destinadas a regular las actuaciones ante la administración de justicia, como manifestación de la cláusula general de competencia que le faculta para “interpretar, reformar y derogar las leyes” (art. 150-1, C.P.) y para “expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones” (art. 150-2, C.P.). El alcance propio de esta facultad legislativa ha sido precisado por esta Corporación, en diversas ocasiones.[4] Así, en la sentencia C-789 de 2003, la Corte resaltó que “el legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial.[5] Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º)”.[6] En ese sentido, precisó la Corte que los límites en cuestión “están representados por la prevalencia y el respeto de los valores y fundamentos de la organización político institucional, tales como la dignidad humana, la solidaridad, la prevalencia del interés general, la justicia, la igualdad y el orden justo (Preámbulo art. 1º de la Constitución); en la primacía de derechos fundamentales de la persona, entre ellos la igualdad, el debido proceso, la defensa y el acceso a la administración de justicia (CP arts. 5, 13, 29 y 229) o el postulado de la buena fe de las actuaciones de los particulares (CP art. 83)”.[7] En el mismo orden de ideas, en la sentencia C-1091 de 2003[8] la Corte reiteró que “el margen de configuración legislativa de los procedimientos judiciales es amplio. … la Constitución Política concede al legislador un amplio margen a su potestad de configuración en el diseño de los procedimientos judiciales, que sólo se excede cuando se afectan claramente derechos fundamentales”. La Corporación también ha señalado que el legislador goza de un amplio margen de configuración para establecer las formas propias de cada proceso, así como la determinación de los recursos que proceden en cada instancia contra las decisiones judiciales, las circunstancias en las que proceden y la oportunidad procesal para incoarlos y decidirlos. Al respecto, ha dicho: “Así, pues, si el legislador decide consagrar un recurso en relación con ciertas decisiones y excluye del mismo otras, puede hacerlo según su evaluación acerca de la necesidad y conveniencia de plasmar tal distinción, pues ello corresponde a la función que ejerce, siempre que no rompa o desconozca principios constitucionales de obligatoria observancia. Más todavía, puede, con la misma limitación, suprimir los recursos que haya venido consagrando sin que, por el sólo hecho de hacerlo, vulnere la Constitución Política”.[9] En el mismo sentido en la sentencia C-346 de 1997,[10] la Corte sostuvo que: “En el establecimiento de las formas propias de cada actuación judicial, que comprende así mismo la regulación de las diferentes acciones, el legislador debe tomar como punto de referencia la realidad social y extraer de ellas reglas útiles que hagan expedito y eficaz el derecho de acción. Por lo tanto, si bien el legislador goza de libertad para establecer las formas procesales, en el diseño de éstas deben observarse los criterios de razonabilidad, racionabilidad, proporcionalidad y finalidad. No son válidas constitucionalmente, en consecuencia, aquéllas formas procesales que se desvían de dichos criterios y que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción". No obstante, dicha potestad no es absoluta, pues ella encuentra sus límites en los principios y valores constitucionales. En este sentido, esta corporción ha precisado que “la competencia normativa del legislador resulta acorde con el estatuto superior, siempre y cuando tenga en cuenta los siguientes aspectos: i) que atienda los principios y fines del Estado tales como la justicia y la igualdad entre otros; ii) que vele por la vigencia de los derechos fundamentales de los ciudadanos[11] que en el caso procesal civil puede implicar derechos como el debido proceso, defensa y acceso a la administración de justicia (artículos 13, 29 y 229 C.P.)[12]; iii) que obre conforme a los principios de razonabilidad y proporcionalidad en la definición de las formas[13] y iv) que permita la realización material de los derechos y del principio de la primacía del derecho sustancial sobre las formas (artículo 228 C.P.).[14] De allí que no se estimen válidas, las disposiciones procesales “que anulan u obstaculizan irrazonablemente el ejercicio del derecho de acción”,[15] precisamente porque un objetivo constitucional legítimo es el de “realizar objetiva, razonable y oportunamente el derecho sustancial”[16]”.[17] En cuanto a la posibilidad de imponer medidas cautelares, esta Corporación ha señalado que “aunque el Legislador, goza de una considerable libertad para regular el tipo de instrumentos cautelares y su procedimiento de adopción, debe de todos modos obrar cuidadosamente, por cuanto estas medidas, por su propia naturaleza, se imponen a una persona antes de que ella sea vencida en juicio. Por ende, ... los instrumentos cautelares, por su naturaleza preventiva, pueden llegar a afectar el derecho de defensa y el debido proceso, en la medida en que restringen un derecho de una persona, antes de que ella sea condenada en un juicio.”[18] Así entonces, la libertad de configuración del legislador se encuentra sometida a ciertos límites establecidos por la propia Constitución, de tal forma que no se trata de una libertad omnímoda o de una discrecionalidad sin controles. Tales límites están definidos por los principios constitucionales, en donde debe obrar conforme a la razonabilidad y proporcionalidad y se exceden tan sólo cuando los derechos fundamentales se afectan. En cuanto al ejercicio de esta potestad de configuración para determinar la manera como deben ser protegidos los derechos de autor y los derechos conexos, ha resaltado la Corte que el legislador goza de un amplio margen, pero en todo caso no puede desnaturalizarlos “a través de procedimientos que impidan el goce de estos derechos”.[19] 5. La garantía de los derechos patrimoniales de los autores y la adopción de medidas cautelares para su protección en el ordenamiento colombiano 5.1. De conformidad con lo que establece el artículo 61 de la Constitución el “Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley.” Tal como lo ha señalado esta Corporación, la propiedad intelectual y sus derechos conexos son inalienables, y tienen un carácter imperativo. Corresponde entonces al legislador determinar el tiempo de duración de su protección y los procedimientos que deben seguirse para asegurar la efectividad de esa protección.[20] Esta disposición indica entonces que es el legislador quien debe reglamentar estos temas, siempre y cuando no deje desprotegidos a los autores y establezca procedimientos razonables para el reconocimiento de los derechos de autor y sus derechos conexos. Aunque el legislador goza de una amplia potestad para establecer las modalidades del amparo de este tipo de derechos, así como para la definición de instrumentos aptos para proteger a los autores de imposiciones arbitrarias o abusivas por parte de quienes ejecutan, representan, exhiben, usan o explotan sus obras, para desconocer lo que constitucionalmente se les debe por tales conceptos,[21] admitir trabas excesivas sería hacer nugatoria la protección, eliminar su garantía e ir en contravía de la Carta y la especial protección que ésta otorga a la propiedad intelectual. Es así como, con el propósito de proteger los derechos de autor y sus derechos conexos en sus diferentes modalidades el legislador colombiano, en desarrollo del precepto constitucional citado, ha expedido la ley 23 de 1982 “Sobre derechos de autor”, [22] la ley 44 de 1993 “por la cual se modifica y adiciona la ley 23 de 1982 y se modifica la ley 29 de 1944, la ley 170 de 1994 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo por el que se establece la "Organización Mundial de Comercio (OMC)", suscrito en Marrakech (Marruecos) el 15 de abril de 1994, sus Acuerdos multilaterales anexos y el Acuerdo Plurilateral anexo sobre la Carne de Bovino”, la Ley 232 de 1995 “Por la cual se dictan normas para el funcionamiento de los establecimientos comerciales” y la ley 565 de 2000 “Por medio de la cual se aprueba el "Tratado de la OMPI -Organización Mundial de la Propiedad Intelectual- sobre Derechos de Autor(WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996)”. Esta normatividad interna pretende garantizar procedimientos justos y equitativos para la protección de los derechos de autor y sus derechos conexos a través de procedimientos razonables, “pues sólo así se cumpliría la exigencia constitucional establecida en el artículo 61”.[23] La protección jurídica a los autores se manifiesta en dos tipos de derechos: los derechos patrimoniales y los derechos morales. Los derechos patrimoniales se refieren al derecho exclusivo de realizar o autorizar la reproducción de la obra; la traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación, de la misma, y su comunicación al público mediante la representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Según lo señalan las definiciones de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI-, los derechos patrimoniales constituyen el elemento pecuniario del derecho de autor, en cuanto “suponen, en general, que, dentro de las limitaciones impuestas por la legislación de derecho de autor, el titular del derecho de autor pueda hacer toda clase de utilizaciones públicas de la obra previo abono de una remuneración.” En este sentido, lo advierte la Corte, sobre los derechos patrimoniales “el titular tiene plena capacidad de disposición, lo que hace que sean transferibles y por lo tanto objeto eventual de una regulación especial que establezca las condiciones y limitaciones para el ejercicio de la misma, con miras a su explotación económica, (reproducción material de la obra, comunicación pública en forma no material, transformación de la obra)”.[24] Los derechos morales, a su vez, comprenden, entre otros, el derecho del autor a reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, a que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos de comunicación pública de la misma; a oponerse a cualquier deformación, mutilación o modificación de su obra que pueda ir en detrimento de su honor o reputación; a conservar su obra inédita o anónima, o a modificarla, antes o después de su publicación. Por su parte, los derechos conexos a los de autor son aquellos que se conceden a los artistas intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión en relación con sus interpretaciones o ejecuciones, fonogramas y radiodifusiones, y tienen, también, manifestaciones morales y patrimoniales. Para la protección del los derechos de autor y conexos, la mencionada Ley 23 de 1982 prevé sanciones de tipo penal que comprenden la prisión, la multa, el arresto y hasta el secuestro de la publicación o reproducción ilícita. Adicionalmente, la norma consagra las acciones civiles para resolver ante la justicia ordinaria las cuestiones que se susciten en aplicación de las disposiciones que regulan estos derechos o como consecuencia de los actos y hechos jurídicos que guarden relación con tales asuntos y ante los jueces civiles municipales, las que se relacionen con el pago de honorarios, representación y ejecución pública de la obra y las que surjan de las obligaciones a cargo de los directores de establecimientos públicos en donde se realicen las presentaciones. De la misma forma, dentro de los mecanismos de protección a los derechos del autor y conexos, el artículo 244 de la Ley[25] consagra a favor de los titulares de los derechos de autor (el autor, el editor, el artista, el productor de fonogramas, el organismo de radiodifusión, los causahabientes de éstos y quien tenga la representación legal o convencional de ellos) la posibilidad de solicitar el secuestro preventivo de la obra y del producto de la venta, para lo cual se requiere, en los términos del artículo 246,[26] que quien solicita la medida afirme que demandó o va a demandar a la persona contra la cual se dirige la medida, por actos o hechos jurídicos vinculados con el derecho de autor. El artículo 245 de la Ley 23 de 1982,[27] estipula también a favor de las personas mencionadas la posibilidad de solicitar al juez que suspenda la representación de una obra que se va a presentar en público sin la debida autorización del titular del derecho de autor. Por su parte la norma acusada – art. 247 -, plantea la posibilidad de que el Juez Municipal o de Circuito del lugar del espectáculo, a prevención, aún cuando no sean competentes para conocer del proceso respectivo, decrete las medidas cautelares de secuestro preventivo (art. 244) y suspensión de la obra (art.245), siempre que el que la solicita: (i) preste caución suficiente que garantice los perjuicios que con ella pueda causar al organizador del espectáculo; y (ii) presente una prueba sumaria del derecho que lo asiste. Antes de entrar al análisis del juicio de constitucionalidad, la Corte considera indispensable fijar el alcance y funcionamiento de las medidas cautelares contempladas en la Ley 23 de 1982 y en especial de la caución. 5.2. La Corte Constitucional ha señalado en repetidas oportunidades que las medidas cautelares tienen amplio sustento en el texto de la Constitución Política, puesto que desarrollan el principio de eficacia de la administración de justicia, son un elemento integrante del derecho de todas las personas a acceder a la administración de justicia y contribuyen a la igualdad procesal (CP arts. 13, 228 y 229). Han sido previstas como aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, un derecho que está siendo controvertido dentro de ese mismo proceso, teniendo en cuenta el inevitable tiempo de duración de los procesos judiciales. Sobre el particular ha dicho esta Corporación: “Es entonces necesario que el ordenamiento establezca dispositivos para prevenir esas afectaciones al bien o derecho controvertido, a fin de evitar que la decisión judicial sea vana. Y tales son precisamente las medidas cautelares, que son aquellos instrumentos con los cuales el ordenamiento protege, de manera provisional, y mientras dura el proceso, la integridad de un derecho que es controvertido en ese mismo proceso. De esa manera el ordenamiento protege preventivamente a quien acude a las autoridades judiciales a reclamar un derecho, con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea materialmente ejecutada. Por ello esta Corporación señaló, en casos anteriores, que estas medidas buscan asegurar el cumplimiento de la decisión que se adopte, porque los fallos serían ilusorios si la ley no estableciera mecanismos p...