Sentencia C-502 de 2012

C-502-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sentencia C-502/12 DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE NORMA SUBROGADA-Procedencia por cuanto continúa produciendo efectos jurídicos/INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Improcedencia frente a norma subrogada que continúa produciendo efectos jurídicos/PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aplicación en demanda contra norma subrogada En el presente caso, la demanda se dirige contra el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, modificatorio de la Ley 769 de 2002, que fue a su vez subrogado por el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012, llamada ley (material) antitrámites, subrogación que por una parte modificó la regla general establecida con relación a los vehículos de placa colombiana con respecto a la primera revisión técnico-mecánica y de emisión de gases y, por otra, mantuvo incólume la excepción contenida en el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, respecto de los vehículos de placa extranjera en su tránsito temporal en el territorio nacional y hasta por tres meses, no produciéndose una afectación de la eficacia de la norma acusada en tanto sigue produciendo efectos, aunque su ubicación en el orden jurídico repose ya no en el precepto que el actor acusó, sino en el que con posterioridad a la presentación de la demanda lo sustituyó. Al haberse reproducido la norma demandada en el parágrafo del artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012, no ha quedado expulsada del ordenamiento y por tanto no ha cesado su exigibilidad como norma jurídica. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE NORMA SUBROGADA-Competencia de la Corte Constitucional en la medida que fue reproducida y continúa produciendo efectos jurídicos La reproducción idéntica de la norma demandada determina que pueda ser materia de control de constitucionalidad en presencia de cargos aptos, pues su identidad normativa plena, hace que tanto los argumentos de la demanda como las propias intervenciones de fondo sobre la constitucionalidad o no de la norma acusada puedan y deben ser tenidas en cuenta. En el presente caso, con fundamento en que la norma acusada está vigente, no obstante hallarse en una disposición distinta y posterior a la acusada que subroga la que es objeto de la demanda, se mantiene la competencia de la Corte. SUBROGACION-Concepto/SUBROGACION-Efectos/SUBROGACION-Configuración en relación con el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012 La subrogación es entendida como el acto de sustituir una norma por otra. No se trata de una derogación simple, como quiera que antes que abolir o anular una disposición del sistema normativo establecido, lo que hace es poner un texto normativo en lugar de otro. Como resultado de la subrogación, las normas jurídicas preexistentes y afectadas con la medida pueden en parte ser derogadas, modificadas y en parte sustituidas por otras nuevas; pero también la subrogación puede incluir la reproducción de apartes normativos provenientes del texto legal que se subroga. Este último fenómeno se observa en relación con el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012, cuando por una parte modificó la regla general establecida con relación a los vehículos de placa colombiana con respecto a la primera revisión técnico-mecánica y de emisión de gases y, por otra, mantuvo incólume la excepción contenida en el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, respecto de los vehículos de placa extranjera en su tránsito temporal en el territorio nacional y hasta por tres meses. CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD-Excepcionalidad de su extensión de oficio a normas que no han sido objeto de demanda/CORTE CONSTITUCIONAL-Incompetencia para examinar de oficio normas no acusadas mediante la acción pública de inconstitucionalidad PRINCIPIO PERPETUATIO JURISDICTIONIS-Alcance PRINCIPIO PERPETUATIO JURISDICTIONIS-Aplicación INTEGRACION UNIDAD NORMATIVA-Reproducción del texto demandado en otras disposiciones UNIDAD NORMATIVA-Integración para evitar que el fallo sea inocuo UNIDAD NORMATIVA-Procedencia excepcional de integración DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Aptitud para emitir un pronunciamiento de fondo DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL DERECHO A LA IGUALDAD-Requisitos en la carga argumentativa DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DEL DERECHO A LA IGUALDAD-Incumplimiento de requisitos de certeza, especificidad y pertinencia TRANSITO TERRESTRE-Finalidad/TRANSITO TERRESTRE-Competencia del legislador para regularlo/TRANSITO TERRESTRE-Finalidades de su regulación/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE TRANSITO TERRESTRE-Alcance/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN REGULACION DE TRANSITO-Juicio leve El tránsito terrestre hace referencia a “la circulación de los peatones, usuarios, pasajeros, conductores, motociclistas, ciclistas, agentes de tránsito, y vehículos por las vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos” Este tipo de tránsito supone la movilización por tierra no sólo de personas sino también de animales, cosas y vehículos por las referidas vías, por lo que resulta claro que su desarrollo y atención resultan trascendentales para el desenvolvimiento de la vida en sociedad. Su importancia y el carácter riesgoso del tránsito terrestre justifican que esta actividad pueda ser regulada de manera intensa por el Legislador, quien puede señalar reglas y requisitos destinados a proteger la integridad de las personas y los bienes. Por ello esta Corte ha resaltado que el tránsito es una actividad ‘frente a la cual se ha considerado legítima una amplia intervención policiva del Estado, con el fin de garantizar el orden y proteger los derechos de las personas’. Así, el control constitucional ejercido sobre las regulaciones de tránsito no debe ser tan riguroso como en otros campos a fin de no vulnerar esa amplitud de la libertad de configuración del Legislador, y debe encaminarse a determinar si se trata de una medida que posee una finalidad constitucional y que no constituya una restricción irrazonable y arbitraria de otro bien jurídico constitucional llamado a ser protegido. REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES-Propósito/REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES-Responde a una obligación de propietarios y tenedores de vehículos/REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHICULOS AUTOMOTORES-Periodicidad La revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes representa una de las medidas con que el legislador asegura las condiciones del vehículo automotor que circula por las vías, tanto en cuanto a la salud y seguridad de su conductor, tripulantes, pasajeros, como a la seguridad de quienes en vehículos o como peatones transitan próximos a aquél. También es una figura de control a la circulación de los vehículos prevista para disminuir el impacto que en el ambiente poseen las emisiones de gases que los automotores producen. REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES-Excepción para vehículos de placas extranjeras sujeta a tres condiciones/EXENCION DE REVISION TECNICO-MECANICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES PARA VEHICULOS DE PLACAS EXTRANJERAS-No vulnera el derecho a un ambiente sano ni constituye incumplimiento del deber del Estado de prevenir y controlar factores de deterioro ambiental Una de las excepciones a la revisión periódica de vehículos prevista en el Código Nacional de Tránsito Terrestre en que se efectúa la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes, la constituye la de vehículos automotores con placas extranjeras, excepción que se conforma de los siguientes elementos: (i) para vehículos con placas extranjeras; (ii) ingreso temporal en el territorio nacional; y (iii) por un tope en el tiempo de hasta tres (3) meses. Esta excepción cumple finalidades de carácter constitucional, toda vez que a través de ella se facilitan las relaciones comerciales y el tránsito de personas y mercancías con otras naciones, en particular con países vecinos, finalidad que resulta compatible con la Constitución, de conformidad con lo previsto en el artículo 334 C.P., además de favorecer la internacionalización de las relaciones económicas y sociales del Estado, como también la promoción de la integración con los países de América Latina, sin que se afecte o incumpla, de manera arbitraria y por tanto irrazonable, el derecho al ambiente sano y el deber de prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, ya que la responsabilidad que en términos ambientales tienen los propietarios o poseedores de vehículos que circulan por el territorio nacional, cualquiera sea el origen de su placa, no se reduce a las reglas de la revisión técnico mecánica y a su exigibilidad después de cierto tiempo, siendo de su responsabilidad el mantener el vehículo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad. En estas condiciones, la excepción temporal que se crea para los vehículos de placas extranjeras no representa una desprotección radical de los bienes ambientales previstos en la Constitución, ya que desde otras disposiciones se determina la exigencia de que el automotor se encuentre y circule en las mejores condiciones posibles, en términos de seguridad y de funcionamiento mecánico, pero también frente al ambiente. PRINCIPIO DE PRECAUCION AMBIENTAL-Aplicación en norma que excepciona de revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes a vehículos con placas extranjeras Referencia: expediente D-8888 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 12, parágrafo de la Ley 1383 de 2010, modificatoria del artículo 52 de la Ley 769 de 2002. Actor: Sandro Giovanny Romero Magistrada Ponente: ADRIANA MARIA GUILLÉN ARANGO Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil doce (2012) I. ANTECEDENTES 1. Demanda y admisión El ciudadano en referencia, en ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad reconocida en el artículo 40 de la Constitución y fundamentando su actuación en el Decreto 2067 de 1991, instauró demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, modificatorio del artículo 52 de la Ley 769 de 2002, por considerar que tal disposición vulneraba los artículos 4, 13, 79 y 80 de la Constitución Política. La demanda fue admitida mediante Auto del dieciséis (16) de Diciembre de dos mil once (2011) (Cuad. 1, folio 8), por el cual simultáneamente se ordenó correr traslado al Procurador General de la Nación, para que rindiera concepto en los términos de los artículos 242-2 y 278-5 de la Carta Política. 2. Las normas demandadas A continuación se transcribe el texto de la norma demandada: “LEY 1383 DE 2010 (marzo 16) Diario Oficial No. 47.653 de 16 de marzo de 2010 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se reforma la Ley 769 de 2002 - Código Nacional de Tránsito, y se dictan otras disposiciones. ARTÍCULO 12. El artículo 52 de la Ley 769 de 2002 quedará así: (…) Parágrafo. Los vehículos automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.” 3. Del contenido de la demanda[1] El actor estima que el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, modificatorio del artículo 52 de la Ley 769 de 2002, viola los artículos 4º, 13, 79 y 80 de la Constitución Política. Según el demandante, la disposición defrauda el propósito tutelar conjunto de la ley, esto es, mantener todos los vehículos automotores que circulan en el territorio nacional en condiciones técnico mecánicas óptimas o de emisión de contaminantes adecuadas. Señala que el privilegio injustificado que se otorga a los vehículos de placas extranjeras para circular en territorio nacional sin contar con la certificación técnico-mecánica, permite transformar el período transitorio de tres meses para el que están autorizados, en un período permanente e indefinido con solo ausentarse del país y retornar en calidad de temporal una y otra vez. Esta situación implica per se un desacato a la norma nacional bien sea por una persona extranjera o del interior, en contradicción con lo contemplado en el artículo 4 de la Constitución Política, pues si bien se respeta la norma formalmente, objetivamente la finalidad de la misma no se cumple. Asimismo, a juicio del actor, la disposición demandada legitima una desigualdad que inicialmente se produce entre objetos, es decir, entre vehículos con placas nacionales y vehículos con placas extranjeras, pero que en la práctica se proyecta entre los individuos que ostentan la condición de propietarios o tenedores. Esto permite que un nacional propietario de un vehículo con placas extranjeras, por vía de lo contemplado en el párrafo anterior, esté relevado de acreditar la revisión técnico mecánica o sea eventualmente sancionado con multas de tránsito. Esta desigualdad, que en principio es relativa a la nacionalidad de las placas vehiculares pero que termina generando las diferencias de tratamiento entre personas nacionales y extranjeras, se manifiesta en contradicción con el propio ámbito de aplicación de la Ley 1383 de 2010, dispuesto en el artículo 1º, para la circulación en todo el territorio nacional de usuarios, conductores y vehículos “(…) por vías públicas o privadas que están abiertas al público, o en las vías privadas, que internamente circulen vehículos(…)”. Ese precepto de la Ley 1383, observa el ciudadano que demanda, no hace distinciones entre objetos o personas, como sí lo hace la disposición demandada, razón aún más fuerte para considerar la ruptura constitucional del artículo 13 de la norma superior. Para concluir el concepto de violación al principio de igualdad, el accionante explica que la descomposición a la regla de igualdad se materializa en la exoneración de multas por tres meses al conductor o propietario del vehículo con placas extranjeras, a diferencia de quienes son responsables por vehículos de placas nacionales, quienes están permanentemente sometidos a las sanciones pecuniarias y de inmovilización vehicular del artículo 21 de la misma ley. En relación con el derecho a un medio ambiente sano y la obligación del Estado de prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, el actor destaca la existencia del artículo 10 de la Ley 1383 de 2010, que impone a todo tenedor o propietario de vehículo de placas nacionales o extranjeras, que transite por el territorio nacional, “(…) de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas, ambientales y de seguridad.”. Sin embargo, la norma demandada contradice plenamente estos presupuestos y de paso la prevención y control ordenada por el artículo 80 de la Constitución Política, pues al excluir a los vehículos de placas extranjeras de la inspección técnico-mecánica, aún siendo temporal, se está aceptando injustificadamente que la emisión de gases contaminantes en cada rodante, es diferente por la sola razón de tener una adscripción diversa a la colombiana. Finalmente, agrega que el solo hecho de que un vehículo esté identificado con placas extranjeras no garantiza sus condiciones óptimas de funcionamiento técnico mecánico o de emisión de gases contaminantes, lo que representa un factor de riesgo para el medio ambiente y la seguridad de las personas. 4. Intervenciones 4.1. Ministerio de Transporte[2] Mediante escrito radicado el 1º febrero de 2012, el Ministerio de Transporte solicita declarar exequible el artículo acusado. En cuanto tiene que ver con la igualdad, dice el Ministerio, la inconformidad del actor consistente en el trato desigual para los vehículos con placas extranjeras que transitan temporalmente en el territorio nacional, dista mucho de ser un privilegio injustificado. La exigencia de la revisión técnico-mecánica constituye una medida preventiva, instituida para garantizar la seguridad y comodidad de los habitantes, que se efectúa por períodos mínimos de un año conforme lo prevé el artículo 51 del Código Nacional de Tránsito Terrestre (C.N.T.T.). Si bien ello es así, existe la excepción a tal regla para los automotores extranjeros que transitan temporalmente en Colombia, que incluso había sido ya regulada por el anterior Código de Tránsito -Decreto 1344 de 1970-, contemplada para facilitar la movilidad en el territorio nacional de estos vehículos, ya fueran turistas, en tránsito o automotores internados temporalmente por el período de tres meses. Señala el Ministerio que de no permitirse un trato diferenciado a estos vehículos, no se facilitaría el tránsito internacional a Colombia y en consecuencia, las relaciones con otros países se verían profundamente afectadas. Sobre el particular, recuerda el Ministerio que la Corte Constitucional ha establecido que los tratamientos diferentes, no son, en sí mismos, inconstitucionales. Pues si bien debe predicarse la igualdad ante la ley, también es cierto que las diferenciaciones de trato jurídico pueden aceptarse siempre que tengan un fundamento objetivo y razonable, como es el caso de la finalidad perseguida por la autoridad legislativa respecto del tránsito temporal de vehículos extranjeros. Y continúa el interviniente señalando que se trata de regulaciones dirigidas a grupos diversos, y en esa medida, puede el legislador, en virtud de la libertad de configuración, establecer un tratamiento diferente para los vehículos nacionales que transitan permanentemente en el territorio nacional como para los automotores extranjeros que circulan temporalmente hasta por tres meses. Precisamente, para exponer el cuidado que el legislador tuvo al regular las condiciones de tránsito de vehículos extranjeros, el Ministerio recuerda que la exoneración de presentar el certificado de revisión técnico mecánica, es solo para los vehículos particulares con placa extranjera hasta por tres meses. En este sentido, explica que si bien los riesgos que reviste la conducción afectan tanto a conductores de servicio público como privado, las condiciones de los primeros son considerablemente más críticas por el tiempo que se dedican a esta actividad. En esa medida, los vehículos extranjeros no pueden prestar el servicio de transporte público en el territorio nacional conforme lo contempla el inciso 2 del artículo 26 de la Ley 336 de 1996. De ahí que exista una razón adicional para no considerar desproporcionada la medida del legislador colombiano, pues al no ser vehículos de servicio público los exonerados por la ley, el riesgo de eventuales daños se limita a la actividad privada del conductor, destinada a satisfacer necesidades propias y de su familia. Finalmente, en cuanto a la supuesta violación del derecho a gozar de un ambiente sano y la obligación preventiva y de control de factores ambientales del Estado, el Ministerio afirma que no existe ninguna contradicción en la norma demandada, pues la misma Ley 1383 de 2010 en su artículo 50 dispone que, por razones de seguridad vial y de protección del medio ambiente, los propietarios y tenedores de vehículos de placas nacionales o extranjeras que circulen por el territorio nacional “(…)tendrán la obligación de mantenerlo en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad”. Esto implica, a juicio del Ministerio, que ningún vehículo, tampoco los extranjeros, pueden “degradar las condiciones ambientales” y en esa medida las autoridades ambientales y de tránsito tiene la facultad de aplicar las sanciones y correctivos previstos en el artículo 122 de la Ley 769 de 2002. O sea, que sí existen mecanismos jurídicos para controlar los vehículos que transitan temporalmente en el territorio nacional. En consecuencia, considera el organismo gubernamental que la demostración del cargo de inconstitucionalidad no exhibe la ruptura del vínculo entre la norma acusada y las normas de orden superior. 4.2. Ministerio del Interior[3]. En concepto rendido el 1º de Febrero de 2012, el Ministerio del Interior radica solicitud de exequibilidad ante la Corte Constitucional del artículo 223 de la Ley 5 de 1992, norma que no corresponde con la acusada en el Expediente D-8888 de 2011. 4.3. Ministerio de Relaciones Exteriores[4]. En su escrito presentado el 1º de febrero de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó a la Corte declarar la exequibilidad de la norma demandada. El Ministerio inicia su argumento citando la sentencia C- 768 de 1998, al indicar los alcances del régimen en materia de igualdad para los extranjeros. A partir de tal supuesto jurisprudencial, el interviniente señala que el tratamiento dado a la igualdad para nacionales y extranjeros puede ser legítimamente diferente, pues la preservación de este derecho depende necesariamente del ámbito en el cual se establezca la regulación. A la luz de tal pronunciamiento judicial, el ente administrativo concluye que exigir los mismos requisitos a vehículos nacionales permanentes y a vehículos extranjeros que circulan de manera temporal en el país, sí constituiría una vulneración del derecho a la igualdad. Pues el funcionamiento y las condiciones de temporalidad en ambos casos, es completamente diferente, motivo suficiente y razonable para que el legislador en uso de su facultad de configuración hubiese señalado excepciones como la que se analiza. Adicionalmente, el Ministerio indica que la exposición del concepto de violación constitucional de la demanda no cumple con las exigencias jurisprudenciales, pues la denuncia por inconstitucionalidad de la supuesta norma infractora no se encausa a mostrar suficientemente el trato discriminatorio a un grupo de personas que se encuentran en la misma situación de hecho de otras que no reciben tal tratamiento, en este caso los vehículos de placas nacionales permanentes respecto de los vehículos de placas extranjeras temporales. En último término, el Ministerio explica que en virtud del principio de reciprocidad que rige en todos los ámbitos de las relaciones internacionales y que no se circunscribe necesariamente a la existencia de un tratado internacional entre Colombia y otro país, el legislador nacional puede crear derechos y prerrogativas como formas concurrentes de reciprocidad para los extranjeros, que en este caso regulan el tránsito terrestre en territorio nacional. 4.4. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible[5]. Mediante escrito radicado el 01 Febrero de 2012, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible solicita que en la sentencia que haga tránsito a cosa juzgada constitucional, se declare la exequibilidad de la norma acusada. Sin perjuicio de su petición, antes de exponer los argumentos jurídicos para defender la exequibilidad de la norma, señala que en razón a la ausencia de claridad, pertinencia y suficiencia del concepto de la violación, el libelo demandatorio está destinado a resolverse en una sentencia inhibitoria. Afirma que las razones en que se cimenta la violación, se reducen a simples especulaciones presentadas por el actor, pues no arrima prueba de que efectivamente se estén vulnerando las garantías de igualdad o de un ambiente sano. Sobre la constitucionalidad de la norma acusada, el Ministerio señala que la Ley 769 de 2002, modificada por la Ley 1383 de 2010, es el resultado de diversos acuerdos y tratados internacionales, como la decisión 399 de 1997 emanada de la Comunidad Andina de Naciones CAN, encaminados a desarrollar políticas y regulaciones en materia de calidad combustible, tecnologías vehiculares e inspección y mantenimiento de la flota vehicular. Esto significa, que a la reciprocidad con países vecinos no escapa el control vehicular extranjero, amén que cada país cuenta con sus propias herramientas de vigilancia interna a la luz de la cooperación jurídica internacional, y en esa medida, los automotores extranjeros deben observar los controles propios de sus países. Por lo tanto, la exclusión del requerimiento del certificado de revisión técnico mecánica para vehículos con placas extranjeras que transiten temporalmente por el territorio nacional, no implica un factor de deterioro ambiental. Igualmente, el interviniente relaciona los artículos 50 de la Ley 769 de 2002 y el artículo 15 de la Resolución 910 de 2008 del Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, para ilustrar que el ordenamiento jurídico colombiano sí establece herramientas para el control de vehículos con placas extranjeras, en tanto las autoridades de tránsito y las ambientales que operan en zonas fronterizas pueden verificar en cualquier momento que estos vehículos se encuentren en óptimas condiciones. En un sentido similar al de los anteriores intervinientes, el ente gubernamental niega que la medida de exoneración se trate de una providencia que otorgue privilegios injustificados, cuando claramente se observa que son situaciones disímiles cuyo tratamiento diverso no implica que se desborden los principios de razonabilidad, necesidad o proporcionalidad. Finalmente, señala que la regulación demandada, concibe los legítimos propósitos de estimular el turismo y el comercio, actividades de amplio interés público y que se avienen a los fines constitucionales de especial manejo de zonas de frontera e integración del país con sus congéneres vecinos. 4.5. Secretaría Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá[6]. En el oficio DAL – 12055 del 14 Febrero de 2012, la Secretaría Distrital de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá solicita a la Corte Constitucional que se declare inhibida para pronunciarse de fondo sobre el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 1383 de 2010. Sin embargo, advierte que de no ser así, se declare la exequibilidad de la norma demandada por las razones que a continuación se exponen. La Secretaría de Movilidad, afirma que el actor no cumplió con la carga demostrativa que la jurisprudencia constitucional ha fijado para determinar si un trato diferenciado resulta ser jurídicamente legítimo. En este sentido, concluye que a la luz de la Sentencia T-198 de 2008[7], el libelo petitorio no ilustró claramente el trato injustificado o la desproporción en las diferentes circunstancias de hecho, que en este caso terminan por exonerar a los vehículos de placas extranjeras para presentar el certificado de revisión técnico-mecánica y emisión de gases contaminantes. Adicionalmente, el interviniente recuerda que la disposición demandada no es la única que plantea excepciones respecto de la obligación de cumplir con la revisión técnico-mecánica y de emisión de gases contaminantes, también señala que el artículo 51 de la Ley 769 de 2002, permite que los vehículos nuevos se sometan a la revisión a los dos años contados a partir de la fecha de su matrícula, y no al año siguiente; esta situación jurídica refleja precisamente que los tratamientos disímiles no son per se manifestaciones inconstitucionales, pues están establecidos de manera objetiva y razonable para situaciones tan especiales como las del tránsito extranjero. Sobre el tema de igualdad, culmina exponiendo que el ingreso temporal de vehículos con placas extranjeras, se hace bajo ciertas y especiales circunstancias que ameritan un trato diferente respecto de vehículos nacionales, pues sus propósitos generalmente se agotan en corto tiempo, por ejemplo, visitar el país con fines turísticos. Así las cosas, es a todas luces indispensable para garantizar la confianza de quienes quieren conocer y transitar por el país, disipar todas las posibles barreras, limitantes o restricciones que impidan un tránsito tranquilo y pacífico para los vehículos que no permanezcan en el territorio por más de tres meses, pues es claro que pasado este lapso si están sujetos a la revisión técnico mecánica. Sobre la sugerencia de sentencia inhibitoria, el órgano distrital finaliza señalando que el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012 subrogó el contenido de la norma demandada y que si bien mantiene su inteligencia básica, no es menos cierto que al haber sido subrogada la norma acusada, desapareció del ordenamiento jurídico vigente y en esa medida no resulta procedente realizar un análisis sobre una disposición inexistente. En consecuencia, la Corte debe emitir un pronunciamiento inhibitorio. 5. Concepto de la Procuraduría General de la Nación[8]. En su concepto No. 5310 del 14 de Febrero de 2012, la Procuraduría General de la Nación solicita a la Corte Constitucional la exequibilidad del parágrafo acusado, no sin antes aclarar que si bien la disposición demandada fue derogada por el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012, la semejanza de ambas normas permite predicar la unidad normativa, y en consecuencia, su estudio de fondo. La Procuraduría señala que la no exigencia de la revisión técnico-mecánica y de gases a vehículos con placas extranjeras que circulen de manera temporal en el país es apenas razonable, pues dada la transitoriedad y eventualidad de este hecho, no resulta proporcionado pedir a los conductores o propietarios de estos automotores dicho requisito, cuando solo transitan por algunos días en territorio nacional. En adición estima que la previsión legislativa demandada no es precisamente insensata, pues ninguna persona prudente que emprende un viaje que lo lleve más allá de zonas fronterizas lo hace en un vehículo con problemas técnicos, mecánicos o de seguridad. De otro lado, la Procuraduría encuentra que no existen suficientes elementos de juicio para inferir que cualquier vehículo con placas extranjeras contamine igual o más que un vehículo con placas nacionales; aún más, su número reducido frente al parque automotor de placas nacionales y el breve período de tiempo de circulación previsto por la norma, difícilmente conduce a pensar que la contaminación de los vehículos con placas extranjeras sea significativa o produzca un deterioro ambiental relevante. A juicio del Ministerio Público, exigir, como lo pretende el actor, la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a los vehículos con placas extranjeras, es imponer un requisito agregado sin fundamento constitucional, que incluso desconoce el principio de buena fe y la racionalización de la Administración Pública en la regulación de los trámites que son innecesarios para las personas que están de paso en el territorio nacional. La Procuraduría concluye diciendo que suponer por sí mismo, como lo hace el actor, que los demás países no regulan el tema de las inspecciones técnico mecánicas y de emisión de gases es ligero e irresponsable, poniendo de manifiesto el Reglamento nacional de inspecciones técnicas vehiculares del Perú, que igualmente exonera de dicha revisión a los vehículos con matrícula extranjera. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia. 1. La Corte Constitucional es competente para conocer de la presente demanda de inconstitucionalidad, por dirigirse contra una disposición de carácter legal, de acuerdo con el artículo 241.4 de la Constitución Política de Colombia. 2. Cuestiones previas: vigencia de la disposición acusada y solicitud de inhibición. 2. Antes de definir los problemas jurídicos sustanciales formulados por el actor, es necesario reconocer la vicisitud de la subrogación que ha operado sobre la norma acusada (2.1.), determinar sus efectos al interior del proceso (2.2.) y finalmente, si del caso se trata, definir la aptitud de la demanda (2.3.). 2.1. La subrogación del artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, por el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012. 3. Antes de entrar en el análisis de la disposición demandada, como bien lo señalan el representante de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá y el Procurador General de la Nación, se advierte que el precepto de la norma acusada fue modificado, durante el trámite de la presente acción constitucional, por el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012. 3.1. En efecto, el artículo 12 de la Ley 1383 de 2010 dentro del cual se halla el parágrafo acusado por el actor, establecía: “ARTÍCULO 12. El artículo 52 de la Ley 769 de 2002, quedará así: Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula. PARÁGRAFO. Los vehículos automotores de placas extranjeras, que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.” (Subraya fuera de texto) Sin embargo, el Decreto Ley 19 de 2012, llamada ley (material) antitrámites, dispuso en el artículo 202, una sustitución de lo previsto en el artículo 12 de la Ley 1383 de 2010. Así se estableció en el artículo 202 del Decreto Ley: ."Artículo 202. PRIMERA REVISIÓN DE LOS VEHÍCULOS AUTOMOTORES. El artículo 52 de la Ley 769 de 2002, modificado por el artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, quedará así: "Artículo 52. Primera revisión de los vehículos automotores. Los vehículos nuevos de servicio particular diferentes de motocicletas y similares, se someterán ala primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes a partir del sexto(6°) año contado a partir de la fecha de su matrícula. Los vehículos nuevos de servicio público, así como motocicletas y similares, se someterán a la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes al cumplir dos (2) años contados a partir de su fecha de matrícula. Parágrafo: Los vehículos automotores de placas extranjeras que ingresen temporalmente y hasta por tres (3) meses al país, no requerirán la revisión técnico ­mecánica y de emisiones contaminantes”(subrayado sobrepuesto). 3.2. Visto así, se produjo una subrogación, entendida como el acto de sustituir una norma por otra. Es decir que no se trató propiamente de una derogación simple, como quiera que antes que abolir o anular una disposición del sistema normativo establecido, lo que hizo el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012 fue poner un texto normativo en lugar de otro. 3.3. Ahora bien, como resultado de la subrogación, las normas jurídicas preexistentes y afectadas con la medida pueden en parte ser derogadas, modificadas y en parte sustituidas por otras nuevas. Pero también la subrogación puede incluir la reproducción de apartes normativos provenientes del texto legal que se subroga. Este último fenómeno se observa en relación con el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012, cuando por una parte modificó la regla general establecida con relación a los vehículos de placa colombiana con respecto a la primera revisión técnico-mecánica y de emisión de gases y, por otra, mantuvo incólume la excepción contenida en el parágrafo único del artículo 12 de la Ley 1383 de 2010, respecto de los vehículos de placa extranjera en su tránsito temporal en el territorio nacional y hasta por tres meses. 3.4. No se ha producido, en consecuencia, una afectación de la eficacia de la norma acusada en tanto sigue produciendo efectos, aunque su ubicación en el orden jurídico repose ya no en el precepto que el actor acusó, sino en el que con posterioridad a la presentación de la demanda lo sustituyó. Porque al haberse reproducido la norma demandada en el parágrafo del artículo 202 del Decreto 19 de 2012, no ha quedado expulsada del ordenamiento y por tanto no ha cesado su exigibilidad como norma jurídica[9]. 2.2. Vigencia, competencia de la Corte Constitucional y norma objeto del juicio. 4. Con lo anterior, se responde a la cuestión sobre la competencia del juez constitucional para pronunciarse sobre la norma acusada, como quiera que la jurisprudencia de manera reiterada ha manifestado que no puede hacerse un juicio de exequibilidad o inexequibilidad sobre normas que no están vigentes[10], salvo que las mismas sigan produciendo efectos jurídicos[11]. En relación con el asunto que ocupa la atención de la Sala, es claro que el artículo 12 de la Ley 1383 de 2010 perdió vigencia jurídica por cuanto fue subrogado por el artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012. Aun así, su contenido normativo demandado continúa produciendo efectos y, deriva su validez del nuevo decreto ley al ser reproducida como excepción a la regla dispuesta en los incisos principales de regulación de la primera revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. Su reproducción idéntica en consecuencia, determina que pueda ser materia de control de constitucionalidad en presencia de cargos aptos, pues su identidad normativa plena, hace que tanto los argumentos de la demanda como las propias intervenciones de fondo sobre la constitucionalidad o no de la norma acusada puedan y deben ser tenidas en cuenta. 5. Esta interpretación va en línea con el precedente trazado por la jurisprudencia sobre la auto-restricción que impone el incluir de oficio normas jurídicas no acusadas dentro del juicio de constitucionalidad y el carácter excepcional que por tanto tiene la aplicación de lo previsto en el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991[12]. Porque como se ha dicho por la Corte sobre las facultades de oficio del juez de control constitucional y los límites impuestos a ellas por el debido proceso que: “1. Extender, sin limitación alguna, el juicio de constitucionalidad a una norma que no ha sido objeto de demanda, no se ajusta estrictamente al procedimiento que sobre el particular consagran la Constitución y la Ley; 2. Esa ampliación de la competencia de la Corte, para pronunciarse sobre normas que no han sido demandadas, impediría el ejercicio de los derechos y mecanismos de participación que se han establecido en el procedimiento de control de constitucionalidad, porque, respecto de dichas normas, no habría oportunidad para la intervención de las autoridades comprometidas en la materia, ni de los ciudadanos interesados, ni se le permitiría al señor Procurador presentar su concepto en cumplimiento de una de sus funciones constitucionales, y, 3. De esta forma, respecto de esas normas, debido a este control oficioso, no se daría la necesaria controversia constitucional entre el demandante, los intervinientes en el proceso y el Procurador General de la Nación, lo cual llevaría a la Corte a pronunciarse sobre cuestiones respecto de las cuales no se habría producido deliberación pública institucional previa”[13]. 6. No obstante lo anterior, en el caso que ahora se analiza, al estimar que la norma acusada mantiene su capacidad de producir efectos jurídicos aunque repose en otra disposición distinta de la señalada por el actor, la Corte tan sólo pretende preservar el objeto sustancial de la acción, no falseado por la subrogación del artículo en que se encuentra el parágrafo que se demanda, pues el mandato que en uno y otro caso se establece es idéntico. Al sustituirse la disposición, se mantuvo incólume la exención de revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes para los vehículos de placas extranjeras que transitan temporalmente y hasta por tres meses en territorio colombiano. De tal suerte y en tanto la demanda y las intervenciones se conforman por cargos y consideraciones sobre norma idéntica y atienden a la misma ordenación que se encuentra ahora vigente, pueden ser consideradas para resolver el asunto. 7. Hace aquí la Corte una aplicación de la diferencia entre disposición y norma aceptada por la jurisprudencia[14] y documentada por la doctrina[15]. Más, antes que aplicar su uso común para poder reconocer diversas interpretaciones posibles de una disposición y en ese tanto una constitucionalidad condicionada[16], en este caso se usa para valorar la cuestión sobre la vigencia de la norma jurídica acusada. Se mantiene así la competencia de la Corte, con fundamento en que en el presente caso la norma acusada está vigente, no obstante hallarse en una disposición distinta y posterior a la acusada que subroga la que es objeto de demanda. 8. De este modo, la Corte define una postura con relación a mantener su competencia para pronunciarse sobre la constitucionalidad de disposiciones que, al momento de fallar, se encuentran subrogadas, siempre y cuando el contenido normativo acusado se haya mantenido inalterado en el nuevo precepto y las razones de inconstitucionalidad o constitucionalidad alegadas por el demandante y los intervinientes resulten igualmente pertinentes. Lo anterior, además, en cumplimiento de los principios que rigen el acceso a la justicia en un Estado Social de Derecho y que incluyen la economía procesal, la celeridad, la prevalencia del derecho sustancial y, de manera especial, el carácter público de la acción impetrada (artículos 29, 228, 229, 40 num 6º, 241 num 4º C.P.). Dos elementos de juicio provenientes de la jurisprudencia constitucional complementan el anterior aserto: 8.1. Por un lado, aunque no ha existido sobre el particular una postura uniforme[17], así se ha determinado en otras decisiones, a saber: 8.1.1. Sentencia C-546 de 1993. Estudiaba la constitucionalidad del literal c) del artículo 3o. del Decreto 1888 de 1989, el cual fue modificado expresamente por el artículo 1o. del Decreto 2281 de 1989. La modificación empero –observó la Corte- se limitaba a suprimir del mandato anterior, “la parte que dice ‘u homicidio culposo’, quedando su contenido, en lo demás, redactado en idéntica forma”. Decía éste último precepto: "Artículo 1o. Modifícanse las letras c) y d) del artículo 3o. del decreto 1888 de 1989, las cuales quedarán así: [No podrán ser designados ni desempeñar cargo o empleo en la Rama Jurisdiccional:] (…)"c) Quienes se encuentren en detención preventiva por delito doloso [u homicidio culposo]aunque gocen del beneficio de excarcelación, o hayan sido afectados por resolución de acusación o su equivalente en proceso penal, por el mismo delito, mientras se define su responsabilidad".(resaltado y entre corcheas elemento suprimido de la norma acusada]. Ante la circunstancia señalada consideró entonces la Corte Constitucional, “que como la norma vigente conserva precisamente aquellos apartes que son motivo de inconformidad del demandante, es preciso emitir pronunciamiento de fondo sobre esta última, pues los argumentos esgrimidos son predicables en su totalidad del artículo que hoy rige. “Por tanto debe variar la jurisprudencia en el sentido de que si la norma demandada ya no se encuentra produciendo efectos por haber sido modificada o sustituida por otra, que reproduce su contenido, la Corte Constitucional está en la obligación de emitir pronunciamiento de fondo sobre la norma vigente, como se hará en el caso sujeto a estudio, siempre y cuando los cargos formulados le sean igualmente aplicables. “Para la Corte es claro que de esta manera se garantiza aún más la participación de los ciudadanos en la defensa de la Constitución, y se cumple cabalmente con la finalidad para la cual se creó la acción de inconstitucionalidad, la que como es de todos sabido, además de ser pública y política, la interpone cualquier ciudadano”. Una vez efectuado el estudio correspondiente sobre uno de los cargos formulados, la Corte declaró inexequibles “el literal c) del artículo 3o. del decreto 1888 de 1989, y el artículo 1o. del decreto 2281 de 1989”, en el aparte señalado. 8.1.2. Sentencia C-978 de 2002. En este caso se demandaron los artículos 43 de la Ley 344 de 1996 y 359 y 360 del Código de Minas contenido en la Ley 685 de 2001. En la primera de las disposiciones, se establecía un reparto de regalías, en donde se le asignan unos porcentajes de participación del 0.5% a algunos municipios del Cesar, para la conservación, preservación y descontaminación de la Ciénaga de Zapatoza. Por su parte, el artículo 359 del Código de Minas modifica el inciso primero del parágrafo del artículo 5o de la Ley 141 de 1994, al que además le adiciona el numeral 18, en el que de nuevo se incluye la asignación del mismo porcentaje para los mismos efectos y con relación a los municipios contemplados en la anterior disposición y otro más. En ese caso, al momento de proferir sentencia, la Corte constató que con posterioridad a la presentación y admisión de la demanda, el Congreso había promulgado la Ley 756 de 2002, cuyo artículo 6º había subrogado en su integridad, el parágrafo del artículo 5º de la Ley 141 de 1994, del cual forman parte los numerales acusados. Esta circunstancia sugería que la Corte debía abstenerse de conocer los cargos contra esos numerales, por haber sido sustituidos por una ley posterior, que no hacía parte de la demanda. Sin embargo se observó a continuación que un examen más atento mostraba que el artículo 6º de la ley subrogatoria mantenía idéntico no sólo el texto sino incluso el lugar normativo del numeral 18 del parágrafo del artículo 5° de la Ley 141 de 1994 objeto de demanda. En tales circunstancias, encontró que las normas acusadas y que las subrogan eran idénticas, por lo que entendió que el precepto acusado por los actores no había sido modificado por la Ley 756 de 2002, por lo que sentó que debía entenderse “que su contenido se mantiene” y procedió entonces a examinar los problemas sustanciales propuestos por el actor. Con base en el estudio efectuado, finalmente resolvió “Declarar EXEQUIBLE, por los cargos estudiados, el numeral 18 del parágrafo del artículo 5° de la Ley 141 de 1994, adicionado por el artículo 359 de la Ley 685 de 2001, y reproducido literalmente por el artículo 6° de la Ley 756 de 2002”. 8.1.3. Sentencia C-636 de 2009. En este caso se demandó el artículo 213 de la Ley 599 de 2000, relacionado con el tipo penal de inducción a la prostitución. Sin embargo, al momento de conocer observó la Corte que era “propio mencionar que la Ley 599 de 2000, si bien fue modificada, sigue produciendo efectos jurídicos, por lo tanto la Corte conserva competencia, pues su pronunciamiento es relevante para evitar que tales efectos se perpetúen y para excluir, hacia el futuro, la adopción de medidas legislativas cuya inconstitucionalidad haya sido previamente advertida en el juicio de constitucionalidad”. “En este caso –dijo en seguida-, el precepto demandado fue reproducido de manera idéntica en la Ley 1236 de 2008, por lo tanto la Corte se pronunciará sobre el aparte de la norma acusada y sobre la disposición que reprodujo el texto demandado. Lo anterior con el fin de aplicar algunos principios que rigen la administración de justicia, tales como la economía procesal, la celeridad, la prevalencia del derecho sustancial y el carácter público de la acción impetrada, así como para evitar un fallo inocuo, puesto que la decisión adoptada con relación al tipo penal contenido en la norma atacada debe por coherencia producir efectos en la norma que reprodujo el tipo penal acusado”. Adelantado el estudio de fondo, declaró exequible “el artículo 213 de la Ley 599 de 2000, tal como fue modificado por el artículo 8º de la Ley 1236 de 2008”, por los cargos estudiados en esa providencia. 8.1.4. Como se aprecia, en todos estos casos la Corte se ha pronunciado a partir de una misma justificación: la norma jurídica acusada no se ha modificado (sustancialmente), a pesar de que la regla en ella contenida ya no repose en el artículo de la ley que se acusó, sino en otro proferido con posterioridad. 8.2. Pero no sólo la jurisprudencia en cita es la que señala a la Corte razones para pronunciarse en el asunto bajo estudio. También lo hace el principio de la perpetuatio jurisdictionis[18] conforme al cual, la pérdida de vigencia de la norma acusada no priva necesariamente al juez constitucional de la posibilidad de emitir un fallo de fondo[19]. En efecto, la Corte ha sostenido de manera reiterada que cuando el precepto que se acusa tiene vigencia transitoria y durante el trámite del proceso de constitucionalidad ha perdido sus efectos, no sería procedente, en principio, un pronunciamiento de fondo por parte del juez constitucional, ya que la decisión que se adoptase sería, en cualquier caso, inocua, “en la medida en que si el sentido del fallo de inexequibilidad es impedir que se mantenga en el ordenamiento una norma contraria a la Constitución, ello ya habría acontecido por el agotamiento del período de vigencia de las disposiciones acusadas y si el fallo fuese de exequibilidad, equivaldría a decir que debe mantenerse en el ordenamiento una norma, que por virtud del efecto temporal que le asignó el legislador, ya no está rigiendo”[20]. No obstante, también se ha considerado que la Corte puede pronunciarse sobre normas de dicha índole, conforme al mencionado principio de perpetuatio jurisdictionis, “cuando a pesar que al tiempo de adoptar la decisión los efectos de la norma ya se hubieren cumplido en su totalidad, la demanda ha sido formulada cuando el precepto estaba aún vigente. Esta posibilidad se sustenta en dos razones principales: En primer término, la necesidad de proteger el derecho de acceso a la administración de justicia del demandante, quien acusa la disposición transitoria cuando esta producía efectos, lo que implica que no pueda imponérsele la carga de asumir las consecuencias del paso del tiempo durante el trámite ante la Corte cuando su acusación fue oportuna. En segundo lugar, el estudio de fondo de normas de esta naturaleza permite que este Tribunal ejerza de forma cierta su función de guarda de la supremacía de la Constitución, potestad que se vería alterada si se aceptara la posibilidad de la existencia de normas jurídicas que, por sus particulares condiciones de vigencia, quedaran materialmente excluidas del control de constitucionalidad”[21]. 8.3. Pues bien, sumados los elementos de juicio que preceden y ajustando las sub-reglas que se advierten en las providencias que se citan, la Corte Constitucional observa que, en circunstancias como las que se aprecian en el presente asunto, mantiene su competencia para proferir un pronunciamiento de fondo. Porque si bien la disposición donde se encuentra la norma acusada ha perdido vigencia, la misma fue demandada estando ella vigente y además, sigue produciendo efectos por haber sido incluida en el precepto posterior que la subrogó, lo que en definitiva mantiene su vigor jurídico. De modo que si tiene sentido que el juez constitucional se pronuncie sobre normas derogadas o sobre normas transitorias de vigencia expirada, con mayor razón debe tenerlo para ejercer su función de guardián de la Carta respecto de normas que subsisten, pero que se ubican en una disposición distinta de la acusada. Lo anterior, en tanto no le es imputable al actor el cambio de fuente normativa, ni el anticipar la subrogación del artículo 12 de la Ley 1383 de 2010 que operó durante este proceso y también, en la medida en que sus argumentos y los de los intervinientes en él, resultan enteramente útiles y pertinentes, por no existir modificación alguna que afecte su valor. 9. Tan sólo y para efectos formales, en atención a la observación del Ministerio Público, se dispone de la inclusión dentro del proceso de constitucionalidad, del nuevo precepto en el que se encuentra la norma acusada. Una forma de integración normativa que no proviene de lo previsto en el artículo 6º, inciso 3º del Decreto 2067 de 1991[22], al ser una figura de aplicación restringida[23]. Se trata, a cambio, de precisar conforme al principio pro actione, el “señalamiento de las normas acusadas como inconstitucionales” de que trata el artículo 2º del mismo decreto, para incorporar la disposición vigente que contiene la norma jurídica acusada. 10. Es decir, que la Corte se pronunciará sobre la constitucionalidad del parágrafo del artículo 202 del Decreto Ley 19 de 2012, en que se encuentra la norma que el actor demanda, y con ese objeto procede a estudiar la Corte si los cargos permiten un pronunciamiento de fondo. 2.3. Sobre la aptitud de la demanda. 11. Para efectos de analizar la aptitud de la demanda, se retomará primero el contenido nuclear de la misma, esto es, sus argumentos básicos (2.3.1.). Segundo, se revisará si éstos atienden las exigencias señaladas en la ley y decantadas por la jurisprudencia (2.3.2.). 2.3.1. El contenido sustancial de la demanda 12. Según el actor, el parágrafo acusado viola los artículos 4º, 13, 79 y 80 de la Constitución Política. Desarrolla así, de manera suscinta, sus cargos: - Se autoriza un desacato a la norma nacional y por tanto a la supremacía de la Carta, pues en términos objetivos, no se cumplen las finalidades constitucionales. - Se defrauda el propósito de la ley con la obligación, de que los vehículos automotores que circulan en el territorio nacional, lo hagan en condiciones técnico mecánicas óptimas y de emisión de contaminantes adecuadas. - Existe un privilegio injustificado que se otorga a los vehículos de placas extranjeras. - A través suyo se hace posible transformar el período transitorio en un período permanente e indefinido, con una breve ausencia del país para retornar en calidad de temporal, una y otra vez. - Con relación a los argumentos de igualdad, se produce un trato diferenciado entre propietarios y poseedores de automóviles con placas nacionales y extranjeras, que impacta los derechos de poseedores y propietarios. Y también se contradice con lo previsto en el artículo 1º de la Ley 1383 de 2010, para crear distinciones entre usuarios y conductores y vehículos u objetos, ya que con respecto a éstos se establece la exoneración de multas. - El cargo frente al derecho a un medio ambiente sano y la obligación del Estado a prevenir y controlar factores de deterioro ambiental, se formula al encontrar que de manera injustificada se admite una emisión de gases contaminantes en rodantes que sólo se distinguen por tener una matrícula extranjera. No se hace posible, en consecuencia, asegurar un manejo óptimo para el funcionamiento del automóvil y por tanto, se incrementa el riesgo para el ambiente sano y la salubridad pública. 13. Pasa entonces la Corte a valorar su aptitud o no para habilitar la competencia del juez constitucional. 2.3.2. Ineptitud y aptitud parciales de la demanda. 14. Una vez revisados los argumentos sustanciales que esgrime el ciudadano en este caso, encuentra la Corte que sólo podrá pronunciarse por el cargo general relacionado con la presunta violación de los artículos 79 y 80 constitucionales, al determinar una medida a favor de la circulación de automotores con placa extranjera sin contar con revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes. 15. Con respecto a la violación del artículo 4º C.P., como norma acusada de manera individual, el cargo es inespecífico e impertinente, pues no expone la oposición entre la supremacía constitucional y el parágrafo que se demanda. El actor no aduce un argumento constitucional de violación sino el argumento legal de que con esa medida a favor de los vehículos de placas extranjeras se crea una inconsistencia con el artículo 1º de la Ley 1383 de 2010. 16. En lo que se refiere al cargo de igualdad, estima la Corte en concordancia con la opinión de algunos intervinientes[24], que no se han completado las cargas mínimas requeridas al ciudadano para generar una decisión material por la Corte Constitucional. 16.1. Según la jurisprudencia constitucional de esta Corporación[25], cuando se acusa una norma por contrariar el derecho a la igualdad, es indispensable cumplir con determinados requisitos en la argumentación. Se deben identificar los grupos que están recibiendo un trato diferenciado por parte del precepto que se acusa y es necesario señalar “la fundamentación acerca de la razón por la cual una determinada clasificación legal comporta un trato discriminatorio en contra de un subgrupo de personas”[26]. Esto último, debido a que a la luz de la Constitución, el legislador tiene el poder de introducir tratos legales dispares si con ello logra conseguir objetivos constitucionalmente relevantes. Sólo es necesario asegurar que dichos tratos desiguales resulten ser proporcionados y sean razonables. De allí la exigencia de una argumentación por parte del demandante de la norma legal, que oriente el reconocimiento de un problema jurídico de igualdad. Pues “[s]in la exposición de los estos argumentos, las razones de la presunta vulneración del derecho a la igualdad resultarán insuficientes, es decir, no podrá estimarse que contengan la exposición de todos los elementos de juicio necesarios para cuestionar la constitucionalidad de la norma acusada”[27]. Una especie de carga de la prueba de la ruptura constitucional de la igualdad que pesa sobre el accionante, para mostrar por qué el tratamiento desigual resulta ser constitucionalmente injustificado, desproporcionado o irrazonable. 16.2. Cuando estos argumentos faltan se produce lo que se ha reconocido también por la jurisprudencia como incumplimiento del requisito de certeza del cargo. La certeza impone al actor mostrar una proposición normativa efectivamente contenida en la disposición acusada y no en otra distinta o inferida por el demandante, implícita o que haga parte de normas que no fueron objeto de demanda. Lo que exige este requisito, entonces, es que el cargo de inconstitucionalidad cuestione un contenido legal verificable a partir de la interpretación del texto acusado[28]. 16.3. Por lo demás, a la Corte no le está dado superar la ausencia de certeza en las acusaciones hechas por los ciudadanos mediante presunciones o reconstrucciones interpretativas de lo que dicen o tratan de decir las demandas en su conjunto, para con ello, subsanar las deficiencias o satisfacer los requisitos o cargas mínimas que el actor debe satisfacer -en este caso, la identificación de los grupos respecto de los cuales se predica una eventual discriminación para la construcción de un cargo por violación a la igualdad-. Si se admitiera la realización de este tipo de inferencias por parte de la Corporación, ello significaría admitir que la Sala Plena puede rehacer la demanda, lo cual, claramente, excede su marco de competencias. La jurisprudencia ha sido enfática en sostener que, “[s]i bien la Corte debe tomar en cuenta el carácter democrático de la acción de constitucionalidad y la necesidad de adoptar un criterio pro actione en el examen de las demandas que le son presentadas, no puede llegar al extremo de suplantar al actor en la formulación de los cargos, ni de determinar por sí misma, el concepto de la violación de las normas que ante ella se acusan como infringidas, pues ésta es una carga mínima que se le impone al ciudadano para hacer uso de su derecho político a ejercer la acción de inconstitucionalidad”.[29] 16.4. De tal suerte, aunque el actor manifiesta la existencia de un privilegio injustificado que se otorga a los vehículos de placas extranjeras, constituye un cargo incierto en cuanto la acusación parece supuesta por el actor y no producto de la norma demandada. Esto, cuando se atribuye una consecuencia jurídica que no es resultado de lo que la norma prevé, como es la de imposibilitar la aplicación de multas sobre los vehículos de placas extranjeras. El cargo además es inespecífico pues no expone la oposición objetiva y verificable entre el contenido de la desigualdad legal que tacha, frente a la Constitución Política y en esa medida resulta una argumentación vaga y abstracta que no se relaciona concre...