Sentencia C-483 de 2024

C-483-24 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia C-483/24 COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Concepto y alcance COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Requisitos para su configuración COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL-Inexistencia por cargo diferente y por contenido normativo y alcance distintos CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL-Ineptitud sustantiva de la demanda por presunta violación del derecho a la vivienda digna INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos REGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL-Contenido REGIMEN DE INSOLVENCIA EMPRESARIAL-Finalidad PROCESOS CONCURSALES-Finalidad REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena SENTENCIA 483 DE 2024 Referencia: expediente D-15.813 Asunto: demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 50, 51 y 52 (parciales) de la Ley 1676 de 2013, “Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliares”. Magistrada ponente: Paola Andrea Meneses Mosquera Bogotá, D. C., veinte (20) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024) La Sala Plena en ejercicio de sus competencias constitucionales y de conformidad con los requisitos y trámites previstos por el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente: SENTENCIA Síntesis de la decisión Norma demanda. La Sala Plena estudió una demanda en contra de los incisos 2 y 6 (parcial) del artículo 50, del artículo 51 y el inciso 1º del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013. Estas disposiciones permiten que, (i) en los procesos de reorganización y de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización, los acreedores con garantía real obtengan su pago con cargo al bien sobre el cual se les constituyó tal privilegio, de manera preferente, en vez de tener que esperar al resultado del proceso concursal y, (ii) en los trámites de liquidación, los bienes en garantía de este tipo de acreedores puedan ser excluidos de la masa liquidatoria, en provecho de los acreedores garantizados. Demanda. El 2 de abril de 2024, el ciudadano Juan Carlos Lancheros Gámez presentó acción pública de inconstitucionalidad en contra de los artículos mencionados, por la presunta vulneración del derecho a la vivienda digna, contemplado en los artículos 51 de la Constitución Política y 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). El demandante consideró que las disposiciones atacadas desconocen ese derecho porque favorecen intereses particulares y permiten que los créditos de los acreedores garantizados sean pagados de manera preferente, incluso por encima de los acreedores cuyo crédito surge de la compra de inmuebles para vivienda. A su juicio, esto limita la protección del derecho a la vivienda, en particular sus facetas de acceso y seguridad jurídica de todas las formas de tenencia, circunstancia que cobra mayor relevancia frente a sujetos que adquieren viviendas de interés social y familias con niños y adultos mayores. Examen de la Corte. La Corte concluyó que la demanda carece de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia puesto que, en primer lugar, el demandante denunció indistintamente los tres artículos pese a que todos tienen contenidos diversos. Tal deficiencia se refleja en que en los procesos de reestructuración y de validación judicial de acuerdos de reestructuración, no hay un escenario de masa patrimonial deficiente y, contrario a lo que plantea el demandante, la preferencia de pago al acreedor garantizado contribuye al interés concursal y, en particular, a que el proyecto inmobiliario llegue a buen término y de esta manera se cumpla con la obligación pactada entre el constructor y los adquirientes de vivienda. En segundo lugar, en cuanto a los trámites de liquidación, la Sala Plena determinó que la lectura que hace el accionante es descontextualizada y omite que los compradores de vivienda sí cuentan con protecciones y que la obligación del Estado en relación con esta garantía fundamental se perfecciona por medio de (i) la prevención del riesgo que conlleva cualquier tipo de actividad económica y, (ii) la mitigación de los perjuicios que puedan surgir cuando, a pesar de la prevención y por la naturaleza de las transacciones económicas, se materialice un escenario de riesgo, como lo es la liquidación de la empresa constructora. En tercer lugar, el demandante olvida que la garantía al derecho a la vivienda no debe confundirse, ni se agota en el derecho a la propiedad, por lo cual la seguridad de la tenencia, como piedra angular de la vivienda digna, puede adoptar diversas formas e implica que todas las personas, aun las que no son propietarias de un inmueble, tengan un lugar para vivir en paz y dignidad. Decisión. La Corte se declaró inhibida para pronunciarse de fondo sobre la constitucionalidad de los incisos 2 y 6 (parcial) del artículo 50, del artículo 51 y el inciso 1º del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, “por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias”, por ineptitud sustantiva de la demanda. I. ANTECEDENTES 1. Trámite procesal 1. El 2 de abril de 2024, el ciudadano Juan Carlos Lancheros Gámez demandó los artículos 50, 51 y 52 (parciales) de la Ley 1676 de 2013[1]. El demandante indica que esas normas vulneran los artículos 51 de la Constitución Política y 11.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 2. Auto de inadmisión. En auto del 6 de mayo de 2024, la magistrada sustanciadora inadmitió la demanda de la referencia, por cuanto no satisfizo los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. Adicionalmente, negó la solicitud de medida cautelar de suspensión provisional presentada por el demandante, en tanto consideró que (i) las normas no son manifiestamente inconstitucionales, (ii) el accionante no identificó la posibilidad de que las disposiciones demandadas produjeran efectos irremediables y, (iii) tampoco se probó la eventual afectación al orden institucional ni su impacto en la vigencia de preceptos constitucionales[2]. El 14 de mayo de 2024, dentro del término previsto, el demandante presentó escrito de corrección. 3. Auto de admisión. En auto del 27 de mayo de 2024, la magistrada sustanciadora: (i) admitió la demanda contra los artículos 50, 51 y 52 (parciales) de la Ley 1676 de 2013 por la presunta vulneración de los artículos 51 y 93 de la Constitución, así como del artículo 11 del PIDESC[3]; (ii) fijó en lista el proceso, (iii) corrió traslado a la procuradora general de la Nación; (iv) comunicó el inicio del proceso al presidente de la República, al presidente del Congreso de la República, a los ministros de Hacienda y Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo para que intervinieran si lo consideraban conveniente y, por último, (v) invitó a varias autoridades, entidades, instituciones y agremiaciones para intervenir en este proceso. 2. Norma demandada 4. A continuación, se transcriben los artículos 50, 51 y 52 de la Ley 1676 de 2013 y se subrayan los apartes demandados: LEY 1676 DE 2013 (agosto 20) Por la cual se promueve el acceso al crédito y se dictan normas sobre garantías mobiliarias. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, DECRETA: (…) Artículo 50. Las garantías reales en los procesos de reorganización. A partir de la fecha de inicio del proceso de reorganización no podrá admitirse ni continuarse demanda de ejecución o cualquier otro proceso de cobro en contra del deudor sobre bienes muebles o inmuebles necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudor y que hayan sido reportados por el deudor como tales dentro de la información presentada con la solicitud de inicio del proceso; con base en esta información se dará cumplimiento al numeral 9 del artículo 19 de la Ley 1116 de 2006. Los demás procesos de ejecución de la garantía real sobre bienes no necesarios para la actividad económica del deudor, podrán continuar o iniciarse por decisión del acreedor garantizado. El juez del concurso podrá autorizar la ejecución de garantías reales sobre cualquiera de los bienes del deudor, en los términos del artículo 17 de la Ley 1116, cuando estime, a solicitud del acreedor garantizado, que los citados bienes no son necesarios para la continuación de la actividad económica del deudor. También procederá la ejecución de los bienes dados en garantía cuando el juez del concurso estime que los bienes corren riesgo de deterioro o pérdida. […] Confirmado el acuerdo de reorganización, el acreedor garantizado tendrá derecho a que se pague su obligación con preferencia a los demás acreedores que hacen parte del acuerdo. Si el acreedor garantizado tuviere una obligación pactada a plazo, el pago se realizará en el plazo originalmente pactado y siempre y cuando se pague el monto vencido con anterioridad a la apertura del proceso de reorganización. Igual tratamiento tendrá el acreedor garantizado que accede a que se venda el bien dado en garantía como parte del acuerdo de reorganización. […] Artículo 51. Las garantías reales en los procesos de validación de acuerdos extrajudiciales de reorganización. El tratamiento de las garantías reales en el proceso de reorganización empresarial también se aplicará en el proceso de validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización. Artículo 52. Las garantías reales en los procesos de liquidación judicial. Los bienes en garantía de propiedad del deudor en liquidación judicial podrán excluirse de la masa de la liquidación en provecho de los acreedores garantizados o beneficiarios de la garantía siempre y cuando la garantía esté inscrita en el registro de garantías mobiliarias o en el registro que, de acuerdo con la clase de acto o con la naturaleza de los bienes, se hubiere hecho conforme a la ley. […] 3. La demanda 5. El demandante sostiene que las normas acusadas son contrarias al derecho fundamental a la vivienda digna porque “permiten que, en contextos de insolvencia empresarial […] de personas naturales o jurídicas dedicadas a la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, los acreedores amparados con garantías reales y/o mobiliarias puedan (i) ejecutar su garantía y (ii) recibir el pago, de manera preferente sobre los promitentes compradores de vivienda, beneficiarios de área o cualquiera que sea su denominación, que siendo acreedores se han hecho parte del proceso y han sido reconocidos en él”[4]. Ello, sin importar si los bienes de la masa concursal resultan suficientes para (i) alcanzar o cumplir el acuerdo (reestructuración empresarial) o, (ii) pagar las acreencias de quienes han comprometido su patrimonio (liquidación). 6. A la luz de lo expuesto, el accionante considera que el legislador “incumplió con su deber constitucional de hacer efectivo el derecho a la vivienda digna” y tomar medidas apropiadas para asegurar su efectividad, dado que las normas demandadas “favorecen de manera desproporcionada a los acreedores con garantía real o mobiliaria, en detrimento de aquellos cuyos créditos emergen de la necesidad de adquirir vivienda, especialmente en sectores vulnerables y de escasos recursos”[5]. 7. Lo anterior porque en su criterio, la Ley 1676 de 2013 estableció “una nueva especie de acreedor […] a quien se le mejoró su expectativa de satisfacción del crédito mediante un régimen de preferencia especial”[6], situación que genera que se “burle la prenda común de todos los acreedores, con excepción de los niños y de los acreedores que la Corte Constitucional preservó en la Sentencia C-145 de 2018”[7]. 8. En ese orden de ideas, afirma que las disposiciones analizadas desatienden el deber que tiene el Estado de abstenerse de implementar medidas que perjudiquen o menoscaben el derecho a la vivienda digna, por lo que resultan contrarias al artículo 51 de la Constitución política, el cual reconoce el derecho de todas las personas a una vivienda adecuada y, la obligación del Estado de tomar medidas para asegurar su efectividad. Esto, en concordancia con el artículo 11.1 del PIDESC, el cual consagra el derecho de todas las personas a tener un nivel de vida adecuado para sí y para su familia. 9. En la misma línea, el demandante argumenta que los artículos mencionados incorporan un doble deber por parte del Estado, “[e]n primer lugar, la obligación activa de establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho a la vivienda digna y, en segundo lugar, un deber de abstención que […] tiene que ver con el imperativo de no expedir normas que permitan que dicha garantía constitucional sea desconocida o vulnerada. Es decir, es inconstitucional que el Estado adopte medidas que impidan o restrinjan la efectividad de este derecho o que mantenga la vigencia de normas que así lo permitan”[8]. A juicio del accionante, esto adquiere mayor relevancia respecto de personas en situación de debilidad manifiesta, particularmente, “en los casos de operaciones contractuales encaminadas a la compra de vivienda de interés social”[9], pues, en su criterio, los compradores de este tipo de inmuebles “suelen ser personas con escasos recursos económicos que comprometen todo su patrimonio para adquirirla y quienes […] suelen ser personas con debilidad manifiesta”[10]. 10. El demandante precisa que “la misma línea argumental que dio lugar a la exequibilidad condicionada de […] los artículos demandados, supone un incumplimiento de los deberes de respeto, garantía y protección a los titulares de la garantía constitucional del derecho a la vivienda digna como derecho fundamental y en particular de aquellos que merecen una protección reforzada”[11] (énfasis en texto original), como lo son los niños, niñas, adolescentes y las personas de edad avanzada. 11. Finalmente, el accionante pide, como pretensión subsidiaria, que se “evalué la posibilidad de reconocer el mismo derecho que tienen los menores de edad y los trabajadores en los términos de la Sentencia C-145 de 2018, a los acreedores que han comprometido su patrimonio para adquirir una vivienda”[12]. 4. Intervenciones 12. La Corte recibió diecisiete escritos de intervención[13]. La siguiente tabla sintetiza el sentido de las intervenciones ciudadanas y del concepto de la procuradora general de la Nación: Interviniente Solicitud principal Solicitudes subsidiarias 1 Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Cosa juzgada (arts. 50 y 51) Inhibición (art. 52) Inhibición (arts. 50 y 51), exequibilidad simple y exequibilidad condicionada 2 Juan David Gómez Cosa juzgada (arts. 50 y 51) Inhibición (art. 52) Inhibición (arts. 50 y 51) y exequibilidad simple 3 Superintendencia de Sociedades Inhibición Exequibilidad simple y exequibilidad condicionada 4 Universidad Pontificia Bolivariana Inhibición 5 Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Inhibición 6 Instituto Colombiano de Derecho Procesal Inhibición Exequibilidad simple 7 DAPRE Inhibición Exequibilidad simple 8 Academia Colombiana de Jurisprudencia Exequibilidad simple Exequibilidad condicionada 9 Universidad Externado Exequibilidad simple 10 Universidad de la Sabana Exequibilidad condicionada 11 Carlos Andrés Delvasto Inexequibilidad 12 Mónica Moreno Fernández Inexequibilidad 13 Linda Ruiz Sánchez Inexequibilidad 14 Sofía Díaz Vargas Inexequibilidad 15 Daniela Álvarez Cohen Inexequibilidad 16 Universidad del Rosario Inexequibilidad de los artículos 50 y 52 y exequibilidad del artículo 51 Exequibilidad condicionada 17 Diana Rivera No presenta solicitud alguna[14] 18 Concepto de la Procuradora General de la Nación Inhibición 4.1. Solicitudes de cosa juzgada 13. Dos intervinientes[15] solicitan que la Sala Plena se esté a lo resuelto en la Sentencia C-145 de 2018, en tanto, en su criterio, se configura el fenómeno de la cosa juzgada constitucional porque la Corte ya se pronunció respecto de los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013, y (i) “no restringió el alcance de su pronunciamiento al contraste con ninguna norma específica”[16] y, (ii) analizó la norma frente a “cualquier sujeto posiblemente afectado por la medida”[17], situación que impide un nuevo juicio de constitucionalidad de estas disposiciones. 4.2. Solicitudes de inhibición 14. Los intervinientes[18] que piden la inhibición argumentan que la demanda carece de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia, como se expone a continuación. 15. En cuanto a la certeza, señalan que el cargo formulado por el demandante parte de un “análisis descontextualizado, incompleto y asistemático”[19] de las normas acusadas, puesto que, (i) el ámbito de los artículos atacados no se reduce al espectro de los promitentes compradores de vivienda ni al campo de los deudores involucrados en proyectos de construcción de vivienda nueva. Por el contrario, refiere a todo tipo de acreedores y deudores; (ii) la demanda infiere que el Legislador le dio una mayor relevancia al acreedor con garantía real, y por ello, “presupone que los promitentes compradores de vivienda no se encuentran protegidos en el ámbito de las normas acusadas, como acreedores garantizados”[20], circunstancia que no se desprende de las disposiciones demandadas; (iii) no es irrazonable que el Legislador haya previsto un régimen especial para los acreedores garantizados con bienes no necesarios para la actividad económica del deudor. En tal sentido, “la demanda no explica por qué el supuesto trato diferenciado a favor de los acreedores con garantía real es injustificado cuando se le compara con los acreedores promitentes compradores de vivienda”[21]; (iv) en relación con los artículos 50 y 51, el actor olvida que, “los acreedores con garantía real que pueden excluirse son aquellos cuya garantía recae sobre bienes no necesarios para la actividad económica del deudor, y, este no es el caso de las unidades de vivienda para empresas de construcción”[22] y; (v) frente al artículo 52, el demandante omite que el ordenamiento contiene medidas de protección del promitente comprador de unidades de vivienda (artículos 51 y 55 de la Ley 1116 de 2006). 16. Sobre la especificidad resaltan que (i) la demanda no desarrolla cuestionamientos específicos en contra de los artículos 50, 51 y 52 (parciales) de la Ley 1676 de 2013, toda vez que la relación que se traza con las normas constitucionales vulneradas es vaga e indirecta, por cuanto supone, sin explicación alguna, que la existencia de un régimen general de prelación de créditos y pagos preferentes, “desconoce el mandato progresivo relacionado con el deber del Estado de asegurar y promover el acceso al derecho a la vivienda”[23]; el actor (ii) no presenta razones a partir de las cuales se derive que las normas demandadas constituyen barreras para el goce efectivo del derecho a la vivienda digna y cuál es la afectación particular frente a menores y personas de la tercera edad, (iii) generaliza los sujetos que posiblemente se verían afectados por las normas atacadas[24], en tanto el grupo de promitentes compradores de inmuebles destinados a vivienda no se conforma únicamente por sujetos en situaciones de vulnerabilidad, también hacen parte de este personas jurídicas y naturales que realizan inversiones en finca raíz, que prefieren ahorrar en bienes inmueble y quienes esperan generar rentas futuras[25] y, (iv) no “desvirtúa que las normas controvertidas inobserven en todos los casos un derecho de naturaleza fundamental”[26]. 17. En lo que respecta a la pertinencia, afirman que el actor (i) se limita a formular juicios hipotéticos y las que serían eventuales consecuencias de las normas demandadas; (ii) parte de razones subjetivas y que “no obedecen a proposiciones jurídicas reales”[27], por el contrario, están sustentadas en casos puntales, hipotéticos, supuestos, y frente a sujetos particulares. Por ejemplo, asume que “todos los titulares de créditos de vivienda tienen una familia conformada por menores de edad y personas de edad avanzada”[28]; (iii) se fundamenta en “escenarios hipotéticos o conjeturales, ligados con posibles prácticas abusivas del derecho por parte de las personas naturales o jurídicas dedicadas a la construcción”[29] y omite tener en cuenta que corresponde al juez del concurso aplicar las normas acusadas en cada caso concreto, y, en tal virtud, “las posibles maniobras orientadas a defraudar los derechos de los promitentes compradores de vivienda a través del uso preferencial que otorgan las normas acusadas a favor de los acreedores con garantía real pueden ser objeto de controversia por parte de los interesados”[30]. 18. Finalmente, aducen que la falta de certeza, especificidad y pertinencia conlleva a que no se cumpla con el requisito de suficiencia. 4.3. Solicitudes de exequibilidad 19. Ocho intervinientes[31] solicitan la exequibilidad de las normas demandadas, bajo los siguientes argumentos[32]. 20. Primero, la Ley 1676 de 2013 y, en particular, las normas en estudio, (i) fueron creadas para promover el acceso al crédito[33], (ii) son expresión de la facultad del Estado de intervención en la economía, (iii) responden a la libertad de configuración que tiene el Legislador en estos temas y, (iv) persiguen finalidades legítimas como lo son generar mayores oportunidades para el acceso al crédito y promover el sector empresarial porque, al conceder un trato especial al acreedor con garantía real, se incentiva a este tipo de acreedores a crear líneas de financiamiento para las empresas. 21. Segundo, el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 no aplica en los procesos concursales de las empresas dedicadas a la construcción y venta de inmuebles destinados a vivienda puesto que los activos asociados a este tipo de deudores son bienes necesarios para la operación (inventario de unidades inmobiliarias, maquinaria y equipo, flujos derivados de ventas, entre otros)[34]. 22. Tercero, los procesos de insolvencia se encuentran regulados por la Ley 1116 de 2006, entonces, no puede estudiarse la constitucionalidad de las disposiciones demandadas sin analizar esta norma[35], la cual establece que en estos trámites, todos los activos y pasivos del deudor son vinculados al proceso concursal, en virtud del principio de universalidad[36] y, por lo tanto, todos los acreedores del deudor, incluidos los que tienen garantías reales, están sujetos a lo que se decida sobre sus obligaciones en dichos procesos[37]. En ese orden de ideas, le corresponde al juez del proceso concursal evaluar cada caso y pronunciarse acerca de la autorización para la ejecución de las garantías. 23. En consecuencia, la facultad que le da el inciso 2 del artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 al acreedor con garantía real no opera automáticamente, puesto que para la ejecución de garantías reales siempre se debe contar con la autorización del juez competente, quien debe tener en cuenta que se hayan completado las etapas de calificación y graduación de los créditos y aprobación del inventario valorado[38], así como la negociación, celebración y confirmación del acuerdo de reorganización[39]. Solo después de surtidas estas etapas, se levanta la suspensión del cobro y de las ejecuciones, para todos los acreedores (garantizados o no). 24. Cuarto, “los promitentes compradores de inmuebles destinados a vivienda se catalogan como créditos de segunda clase”[40] y, aunque no tienen la prerrogativa de pago directo que tienen los acreedores con garantía real, “pues su crédito consiste en una obligación de hacer dentro del proceso de reorganización para poder adquirir ese derecho de vivienda o la titularidad del bien inmueble”, sí pueden perseguir su pago dentro del proceso concursal, escenario idóneo para reclamar el cumplimiento de ese deber. Por ello, su protección se garantiza a través de los procedimientos previstos en los artículos 51, 52 y 55[41] de la Ley 1116 de 2006[42] y, no les conviene quedar excluidos de los procesos de insolvencia del sujeto constructor, situación que se materializaría si tuvieran la misma prerrogativa que los acreedores con garantía real. Ello, en tanto comparecer al proceso permite que soliciten el cumplimiento de la obligación de hacer[43]. Asimismo, la ley establece de manera clara que los inmuebles destinados a vivienda, respecto de los cuales el deudor hubiere otorgado escritura pública que no estuviere registrada, no forman parte del patrimonio a liquidar. 25. Quinto, el demandante omite que la reorganización del constructor no implica per se la parálisis del proyecto inmobiliario[44]. Por ello, “si el estado de la obra lo permite, se podría cumplir con la transferencia de la unidad inmobiliaria al adquiriente […], en los demás casos, si el constructor sigue desarrollando la obra, habrá de esperarse hasta su culminación y, si ya no puede cumplir, por ejemplo, porque el constructor se encuentra en liquidación, procede devolver los anticipos recibidos como parte del precio”[45]. En esa línea, el inciso 6 del artículo 50 de la ley demandada[46], al permitir el pago preferente del crédito constructor, privilegia el cumplimiento de las obligaciones a favor de los adquirientes de vivienda, puesto que contribuye a que las obras finalicen y, en consecuencia, se liberen las unidades inmobiliarias, lo cual asegura que se cumpla con (i) las obligaciones de hacer (escriturar y transferir propiedad a los adquirientes) y, (ii) el pago al acreedor hipotecario. 26. Sexto, el sistema de prelación de créditos establecido por el Código Civil distingue entre privilegios generales y especiales. Los generales refieren a que “la prerrogativa recae sobre todo el patrimonio del deudor”[47], mientras que los especiales recaen sobre bienes particulares, como es el caso de la prenda, la hipoteca y las garantías mobiliarias. Los segundos, implican que este tipo de créditos se atienden “de manera previa a las acreencias que están en una clase preferente”[48]. Ahora bien, los promitentes compradores, como se mencionó anteriormente, se encuentran ubicados en la segunda clase del sistema de prelación de créditos[49], es decir, son acreedores generales. En ese sentido, el problema no sería la Ley 1676 de 2013, sino el sistema de prelación de créditos, el cual ha sido avalado por la Corte Constitucional, por lo que la demanda no tendría vocación de prosperar[50]. 27. Séptimo, la norma no vulnera el derecho a la vivienda porque la promesa de compraventa no otorga título de dominio, entonces, no podría hablarse de una protección de todas las formas de tenencia, puesto que ese negocio jurídico, de ninguna manera implica tenencia del bien. 4.4. Solicitudes de exequibilidad condicionada 28. Cinco intervinientes[51] pretenden la declaratoria de exequibilidad condicionada de las normas bajo los siguientes argumentos. 29. La Universidad de la Sabana manifiesta que los artículos demandados “pueden ser interpretados de manera que los derechos de los propietarios sean respetados y garantizados preferentemente en los procesos de reorganización, siempre que los bienes restantes del deudor aseguren el pago de los demás acreedores. Esta interpretación no solo es coherente con la Constitución, sino que también protege los derechos fundamentales y promueve la estabilidad económica y social”[52]. 30. Por otra parte, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la SuperSociedades[53] solicitaron declarar la exequibilidad condicionada de las normas demandadas, “de acuerdo con las características propias de los promitentes compradores de ese tipo de bienes, así como de los acreedores que de este tipo cuenten con escritura pública por registrar”[54]. 31. La Academia Colombiana de Jurisprudencia[55], resaltó la posibilidad de que el alto tribunal extienda el condicionamiento efectuado en la Sentencia C-145 de 2018 a “las personas naturales que hayan pagado a empresas promotoras, constructoras, bancos o sociedades fiduciarias por adquisición de vivienda de interés social”, de forma que se avance en la construcción del Estado Social de Derecho. Además, recomendó que se exhorte al Gobierno Nacional para que refuerce la vigilancia, inspección y control de las empresas constructoras y de las sociedades fiduciarias, en proyectos de construcción de interés social. 32. La Universidad del Rosario[56] solicita la declaratoria de exequibilidad condicionada de los incisos segundo y sexto del artículo 50 y del inciso primero del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013, conforme a “los criterios que defina la Corte para salvaguardar los derechos de los consumidores de vivienda y demás acreedores que tengan en riesgo su derecho fundamental a la vivienda digna”[57] 4.5. Solicitudes de inexequibilidad 33. Seis intervinientes[58] solicitan la declaratoria de inexequibilidad de las disposiciones acusadas. 34. Carlos Andrés Delvasto Perdomo, Mónica Moreno Fernández, Linda Ruiz Sánchez[59], Sofía Daza Vargas[60] y Daniela Álvarez Cohen presentaron razonamientos análogos para sustentar la inexequibilidad de las disposiciones acusadas. En primer lugar, consideran que “las normas demandadas establecen privilegios a favor de los acreedores con garantías hipotecarias, en las que pueden estar involucrados los derechos de los consumidores de vivienda y el ejercicio del derecho fundamental a la vivienda digna”[61]. Esto, porque permiten a los acreedores con garantías reales y mobiliarias ejecutarlas y recibir el pago de manera preferente, lo cual implica “que los compradores de buena fe, quienes han adquirido propiedades a la constructora pueden perder sus bienes sin compensación adecuada ni la oportunidad de participar en el proceso de insolvencia, resultando en una expropiación de facto de sus propiedades sin el debido proceso legal”[62], situación que es contraria a los derechos al debido proceso y a la propiedad. 35. En segundo lugar, argumentan que el efecto práctico de la norma permite que las constructoras asuman un “comportamiento oportunista” y se beneficien injustamente “del proceso de reorganización, descargando sus responsabilidades en terceros de buena fe”[63], porque “el bien inmueble adquirido por el consumidor inmobiliario termina siendo utilizado para saldar la deuda de la constructora con el acreedor garantizado”[64]. En esa misma línea, resaltan que, antes de la Ley 1676 de 2013, los compradores de vivienda “podían optar por la ejecución de la venta del inmueble prometido”[65]; no obstante, a partir de la expedición de la mencionada ley, la entidad financiadora puede ejecutar la garantía y, en consecuencia, apropiarse del lote de terreno y de todas las mejoras construidas, de forma tal que, a su juicio, las familias adquirientes de las viviendas quedarían sin garantías que les permitan restablecer su patrimonio y sin la vivienda que tenían la expectativa de adquirir[66]. 36. En tercer lugar, aducen que el comprador inmobiliario se convierte en un acreedor involuntario, en virtud de “un beneficio que el legislador ha otorgado a un acreedor voluntario” y que genera que la acreencia del comprador se vuelva litigiosa, circunstancia que constituye una vulneración al debido proceso y al derecho de propiedad, en tanto las normas acusadas no ofrecen condiciones suficientes que permitan asegurar los derechos de los acreedores que sí están obligados a seguir en el proceso concursal. 37. Por su lado, la Universidad del Rosario[67] asevera que “las normas demandadas establecen privilegios a favor de los acreedores con garantías hipotecarias, en las que pueden estar involucrados los derechos de los consumidores de vivienda y el ejercicio del derecho fundamental a la vivienda digna”[68]. Para fundamentar su postura, refiere que existen cuatro eventuales procesos en los que pueden estar comprometidos los intereses de los consumidores de vivienda: (i) insolvencia empresarial de las constructoras de vivienda, (ii) insolvencia empresarial de patrimonios autónomos encargados de desarrollar proyectos de fiducia inmobiliaria, (iii) insolvencia de terceros, en los casos de responsabilidad civil contractual o extracontractual y, (iv) procesos de intervención por captación masiva e ilegal de dineros del público. 38. Luego, señala que la prioridad que concede el artículo 50 de la Ley 1676 de 2013 a los acreedores con garantía real implica una serie de riesgos para los demás acreedores, estos son: (i) pago tardío[69], (ii) pago en dinero[70], (iii) pago con un bien distinto[71] y, (iv) liquidación[72]. Frente al artículo 52 demandado, expone que la prerrogativa que este contiene solo ha estado condicionada en relación con la salvaguarda de los acreedores de primera clase y, “la existencia de un derecho de exclusión de activos y de créditos por parte de los acreedores garantizados puede mermar la prenda general de los acreedores”[73], situación que iría en detrimento de los acreedores de vivienda, quienes no se encuentran en la primera clase de prelación de créditos[74]. 39. Finalmente, resalta que la potestad que tiene el acreedor con garantía real “desequilibra la balanza del proceso concursal y pone en riesgo la efectividad de los derechos indicados en el canon 51 de la Carta Política”[75]. 5. Concepto de la Procuradora General de la Nación 40. La Procuradora General de la Nación considera que la demanda es inepta sustancialmente porque carece de (i) certeza, en tanto los argumentos expuestos por el accionante parten de una lectura descontextualizada de las normas, puesto que de un análisis sistemático de la norma, es posible advertir que el legislador no ha omitido su deber de protección hacia los promitentes compradores de inmuebles, dado que la Ley 1116 de 2006[76] sí estableció mecanismos para la salvaguarda de sus intereses[77], específicamente, en los artículos 51 y 55. Además, tratándose de constructoras, resulta evidente que los bienes raíces sobre los que se edifican las unidades de vivienda están relacionados con el objeto del negocio, circunstancia que hace improcedente aplicar la hipótesis de las normas demandadas; y (ii) suficiencia, por cuanto el “yerro en el entendimiento sistemático de las disposiciones cuestionadas deriva en que las consideraciones desarrolladas por el accionante no sean completas para formular un cargo de inconstitucionalidad y, por ello, resulten ineptas para reprochar la conformidad con la Carta política”[78]. II. CONSIDERACIONES 1. Competencia 41. La Corte Constitucional es competente para adelantar el control de constitucionalidad de las normas demandadas, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 4 del artículo 241 de la Constitución. 2. Estructura de la decisión 42. La presente decisión tendrá la siguiente estructura. En primer lugar, como cuestiones previas, la Sala Plena (i) examinará si en el presente caso existe cosa juzgada en relación con lo decidido en la Sentencia C-145 de 2018 y, (ii) estudiará la aptitud sustantiva de la demanda. En segundo lugar, de ser procedente, analizará si las normas demandadas vulneran los artículos 51 de la Constitución Política y 11.1 del PIDESC. En esta sección, la Sala formulará el problema jurídico de fondo, determinará la metodología para solucionarlo y resolverá el caso concreto. 3. Cuestiones previas 3.1. Cosa juzgada en relación con los artículos 50 y 51 demandados 43. La Corte Constitucional ha adoptado dos metodologías al momento de aproximarse al estudio de la cosa juzgada constitucional: (i) en algunas sentencias efectúa primero el análisis de la aptitud sustantiva de la demanda y después el de cosa juzgada constitucional[79] mientras que, (ii) en otras providencias ha adoptado una técnica inversa, es decir, en primera medida ha estudiado si se configura el fenómeno de la cosa juzgada para en segundo lugar, determinar la aptitud del cargo[80]. 44. En el presente caso, la Sala encuentra necesario examinar si existe cosa juzgada en relación con lo decidido en la Sentencia C-145 de 2018, porque (i) en esa providencia judicial, este Tribunal se pronunció sobre la constitucionalidad de la totalidad de los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013, demandados en este caso[81] y, (ii) dos de los intervinientes solicitan que la Corte se esté a lo resuelto en tal oportunidad. En esa medida, resulta relevante analizar esta cuestión previa en virtud de asegurar un escenario pleno de acceso a la administración de justicia, por razones de pedagogía constitucional y dada la aproximación que hace el demandante a la mencionada sentencia. (i) La cosa juzgada constitucional. Reiteración de jurisprudencia 45. El artículo 243 de la Constitución Política prevé que “los fallos que la Corte dicte en ejercicio del control jurisdiccional hacen tránsito a cosa juzgada constitucional”. La cosa juzgada constitucional es una institución jurídico procesal mediante la cual se otorga a las decisiones judiciales el carácter de “inmutables, vinculantes y definitivas”[82]. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, son requisitos de la cosa juzgada (i) la identidad de objeto o “contenido normativo”[83], (ii) la identidad de cargos y (iii) la identidad del parámetro de control de constitucionalidad. Estos elementos son, en conjunto, condiciones necesarias y suficientes para declarar la cosa juzgada[84]. 46. El principal efecto de la cosa juzgada de las sentencias de constitucionalidad es la prohibición e imposibilidad de que la Corte pueda volver a conocer y decidir de fondo sobre un tema ya resuelto[85]. La Corte Constitucional ha precisado, sin embargo, que los efectos de la cosa juzgada varían dependiendo de si la norma demandada fue declarada exequible o inexequible. En el primer escenario -exequibilidad-, en principio la Corte deberá estarse a lo resuelto en la providencia anterior “para garantizar la seguridad jurídica de sus decisiones”[86]. Lo anterior, salvo que se constante alguna de las excepciones que enervan la cosa juzgada y que permiten adelantar un nuevo estudio de fondo[87]. En el segundo supuesto -inexequibilidad-, la Corte también deberá estarse a lo resuelto, pero en este caso la cosa juzgada es absoluta y no admite excepciones, por cuanto la declaratoria de inexequibilidad retira la norma demandada del ordenamiento jurídico[88]. 47. La jurisprudencia constitucional ha sostenido de forma pacífica que “las decisiones inhibitorias que profiere en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, especialmente en el marco de los procesos de control abstracto de constitucionalidad, no hacen tránsito a cosa juzgada”[89]. Esto es así, porque en este tipo de decisiones no se lleva a cabo un examen de fondo de las disposiciones demandadas. Por el contrario, se limita a examinar la aptitud de los cargos formulados en la demanda, conforme a las exigencias argumentativas desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. (ii) No existe cosa juzgada en relación con lo decidido por la Corte en la Sentencia C-145 de 2018 48. La Sala Plena constata que la Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013, en la Sentencia C-145 de 2018. No obstante, considera que en el presente asunto no se configura cosa juzgada, contrario a lo que afirman dos intervinientes, porque entre la demanda bajo estudio y la que se resolvió en esa sentencia no existe identidad de cargo. 49. Sentencia C-145 de 2018. La Corte examinó una demanda en contra de los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013, por ser presuntamente contrarios a los derechos de los trabajadores y los menores de edad[90], dado que, a juicio del otrora demandante, “se modificó la prelación de créditos y, en particular, se alteró la primera categoría dentro de la cual se encuentran las obligaciones alimentarias de los menores de edad y aquellas de carácter laboral”[91]. En esa oportunidad, la Corporación encontró que las normas demandadas admitían una interpretación acorde con la Constitución, esta es, que “el crédito del acreedor con garantía mobiliaria puede excluir a los créditos de primera clase respecto del bien sobre el que recae el derecho real, salvo que los demás bienes del deudor no sean suficientes para cubrirlos, pues en este evento, los créditos de primer grado tendrán preferencia”[92]. Por ello, la Sala Plena declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 50 y 51 de la Ley 1676 de 2013. 50. En tales términos, se advierte, en primer lugar, que no hay identidad total de las normas demandadas, debido a que el inciso 1 del artículo 52 de la Ley 1676 de 2013 no fue demandado en aquella oportunidad. En segundo lugar, no existe cosa juzgada frente a los artículos 50 y 51 y en relación con lo decidido en la Sentencia C-145 de 2018. Esto, porque si bien estas dos disposiciones demandadas sí son las mismas, lo que implica que existe identidad parcial de objeto los cargos formulados en el presente caso respecto de los artículos demandados no corresponden a los abordados en la Sentencia C-145 de 2018. En dicha oportunidad, la Sala Plena no confrontó las normas acusadas frente al derecho a la vivienda digna (art. 51 de la C.P.), sino que analizó la conformidad de los artículos con la Constitución, en relación con los derechos de los niños (art. 44 de la C.P.) y de los trabajadores (art. 53 de la C.P.), por lo que, a juicio de este Tribunal, no se presenta identidad de cargo. 51. Con fundamento en lo anterior y, contrario a lo afirmado por algunos intervinientes, se tiene que en la Sentencia C-145 de 2018 no se realizó un estudio de la norma a partir de toda la Constitución, sino que se limitó su examen a lo dispuesto en los artículos 44 y 53 superiores, tal y como se evidencia de la delimitación efectuada por la Sala Plena en el problema jurídico: “[L]a Sala deberá determinar si las potestades conferidas al acreedor garantizado para que, en un contexto de insolvencia, ejecute su garantía por fuera del proceso de reorganización y, así mismo, en caso de hacerse parte del proceso, su obligación sea pagada con preferencia de las de todos los demás acreedores que participan del acuerdo de reorganización, viola los derechos los derechos de los niños (Art. 44 de la C.P.) y de los trabajadores (Art. 53 de la C.P.)”. 52. Adicionalmente, esa misma sentencia también circunscribió sus razonamientos a las posibles afectaciones que, con la aplicación de las medidas que contemplan las disposiciones acusadas, pudieran sufrir los trabajadores y menores de edad. En consecuencia, en tanto no hay identidad de cargo, no resulta necesario analizar si se presenta identidad del parámetro de control de constitucionalidad. 3.2. Aptitud sustantiva de la demanda 53. La Sala debe analizar si la demanda satisface las exigencias mínimas de argumentación desarrolladas por la jurisprudencia constitucional. Lo anterior, dado que varios intervinientes sostienen que la demanda es inepta porque no satisface las exigencias de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. (i) Requisitos generales de las demandas de inconstitucionalidad y exigencias argumentativas 54. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 prevé que uno de los requisitos de las demandas de inconstitucionalidad es la formulación del concepto de la violación. Esto implica que el demandante debe (i) identificar las normas constitucionales vulneradas, (ii) exponer el contenido normativo de las disposiciones acusadas[93] y (iii) expresar las razones por las cuales los textos demandados violan la Constitución. A partir de la Sentencia C-1052 de 2001, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que las razones que fundamentan el concepto de la violación deben satisfacer cinco exigencias mínimas de argumentación: certeza, claridad, especificidad, pertinencia y suficiencia[94]. Carga Contenido Certeza[95] Exige que la acusación recaiga sobre una “proposición jurídica real y existente”[96] y no esté basada en “interpretaciones puramente subjetivas, caprichosas o irrazonables de los textos demandados”[97]. Claridad[98] Las palabras empleadas para formular los argumentos deben ser inteligibles o comprensibles[99]. Además, la exposición argumentativa debe seguir un hilo conductor lógico[100] que “permita al lector comprender el contenido de su demanda y las justificaciones en las que se basa”[101]. Especificidad[102] Impone al demandante la carga de exponer argumentos concretos y precisos que sustenten la solicitud de inconstitucionalidad, no “genéricos o excesivamente vagos”[103]. Pertinencia[104] La acusación debe estar fundada en la transgresión de una disposición constitucional[105]. El demandante debe plantear argumentos de “naturaleza estrictamente constitucional”[106] y no de legalidad, “conveniencia o corrección de las decisiones legislativas”[107]. Suficiencia Exige que los argumentos formulados generen “una duda inicial sobre la constitucionalidad de la disposición demandada”[108]. La carga de suficiencia es un “criterio de cierre para definir la aptitud del cargo”[109]. 55. En principio, la satisfacción de estos presupuestos se verifica durante la etapa de admisibilidad de la demanda. No obstante, la Sala Plena es competente para efectuar un nuevo análisis, “máxime cuando las intervenciones y el concepto de la Procuraduría General de la Nación brindan mayores elementos de juicio para definir si los razonamientos de la demanda pueden conducir a pronunciarse de fondo”[110] 56. En tal virtud, el cumplimiento de esas exigencias argumentativas debe ser constatado por este Alto Tribunal a partir de un examen que articule la naturaleza pública e informal de la acción de inconstitucionalidad[111], de un lado, y el carácter rogado de la misma[112], de otro. La constatación de falencias argumentativas en la formulación del concepto de violación impide que se adelante un estudio de fondo y, en consecuencia, conduce a un fallo inhibitorio. (ii) Examen de aptitud del cargo 57. La Sala Plena encuentra que el cargo por la presunta vulneración al derecho a la vivienda digna (arts. 51 C.P. y 11 del PIDESC) no es apto en tanto no satisface las exigencias generales de argumentación desarrolladas por la Corte Constitucional. Con el fin de ilustrar la anterior afirmación, se (i) precisará el sentido y contexto de los artículos demandados y, (ii) se pronunciará sobre cada uno de los requisitos. a. Sentido y contexto de los artículos demandados 58. El inciso 2 del artículo 50 refiere a la posibilidad de que el juez del concurso autorice, a favor del acreedor garantizado y previa solicitud, la ejecución de bienes que no son necesarios para el desarrollo de la actividad económica del deudor o que se encuentren en riesgo de deterioro o pérdida. A su vez, el inciso 6 del mismo artículo establece el derecho que tiene el acreedor garantizado a que se le pague de manera preferente frente a los demás acreedores que hagan parte del acuerdo de reorganización. 59. Por su parte, el artículo 51 establece que el tratamiento del artículo 50 aplica tanto en el marco del proceso de reorganización empresarial como en la validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización. Estos tipos de acuerdos se promueven por fuera del proceso de reorganización y se dan entre el deudor y los acreedores externos. “Una vez celebrados, cualquiera de las partes que haya tomado parte de dicho acuerdo podrá pedir al juez del concurso […] la apertura de un proceso de validación del acuerdo extrajudicial de reorganización”[113]. Finalmente, el inciso 1 del artículo 52 refiere a la posibilidad de excluir de la masa liquidatoria los bienes del deudor que son objeto de garantía del acreedor garantizado. 60. La Sala Plena no puede comenzar el estudio de aptitud del cargo propuesto, sin antes explicar que el artículo 3 de la Ley 1116 de 2006 establece que se encuentran excluidas del régimen de insolvencia las personas jurídicas que estén sometidas a una regulación especial. Dentro de esta categoría se ubican quienes adelantan actividades de urbanización, construcción y venta de inmuebles destinados a vivienda, en razón a que se trata de una actividad de interés público que tiene incidencia en la garantía de derechos fundamentales, cuyo régimen especial está previsto en el artículo 125 de la Ley 388 de 1997. Esta última norma determina que las sociedades que se dediquen a ese tipo de actividades están sujetas al ejercicio de la facultad de toma de posesión (competencia administrativa), la cual está en cabeza de las autoridades municipales y distritales, en ejercicio de sus funciones de inspección, vigilancia y control[114] y puede adoptarse con el fin de salvaguardar a la empresa y, si no es posible, liquidar la sociedad, como mecanismo de protección del pago de las acreencias. 61. No obstante, la Ley 388 de 1997 también habilita a la Superintendencia de Sociedades para conocer de los procesos concursales de las personas que se ocupen de la actividad inmobiliaria para vivienda (competencia jurisdiccional), con la condición de que se cumplan los requisitos especiales previstos en el primer inciso del artículo 125 ibídem, esto es, cuando: (i) hayan suspendido el pago de sus obligaciones o, (ii) su patrimonio sufra grave quebranto que ponga en peligro la oportuna atención de sus obligaciones y, (iii) siempre y cuando la sociedad esté desarrollando su actividad de conformidad con el ordenamiento jurídico[115]. 62. En tal virtud y con la finalidad de analizar la aptitud del cargo, es necesario hacer una breve exposición y contextualización acerca del régimen de insolvencia empresarial y sus características en tanto, (i) los artículos demandados aplican en el marco de este tipo de procesos y, (ii) a pesar de que las actividades de urbanización, construcción y venta de inmuebles destinados a vivienda tienen una regulación especial (párr. 59, supra), las personas que adelanten este tipo de actividades también pueden estar sometidas al régimen que prevé la Ley 1116 de 2006 (párr. 60, supra). 63. El régimen de insolvencia empresarial. En Colombia el régimen de insolvencia empresarial está regulado principalmente por la Ley 1116 de 2006[116], cuya finalidad es “la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad económica y fuente generadora de empleo”[117]. Este régimen está estructurado a partir de dos tipos de trámites: los procesos de reorganización y los procesos de liquidación judicial[118]. 64. Por un lado, el proceso de reorganización propende por preservar empresas que sean viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias a través de la restructuración operacional y administrativa de sus activos y pasivos, a partir de la negociación entre el deudor y sus acreedores (acuerdo de reorganización), la cual es verificada por el juez del concurso a fin de que cumpla con los requisitos legales[119]. De otro lado, el proceso de liquidación judicial tiene como finalidad aprovechar el patrimonio del deudor para pagar la mayor cantidad de acreencias posibles y, supone la cesación de pagos por su parte. En tal sentido, la apertura de este trámite judicial conlleva la disolución de la persona jurídica y, la remisión al juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén en curso en contra del deudor, a fin de que sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto[120]. 65. Contexto de expedición de la Ley 1676 de 2013. Esta ley de iniciativa gubernamental, en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, contó con una comisión redactora especial coordinada por la Superintendencia de Sociedades[121] y, fue promovida con ocasión de la dificultad que presentaban los consumidores, las empresas micro, pequeñas y medianas para acceder a créditos por la falta de mecanismos de respaldo de la deuda. En ese sentido, la Ley 1676 de 2013 se expidió con el propósito de fomentar e incrementar el acceso al crédito, a través de la ampliación del tipo de bienes que pueden ser objeto de garantías mobiliarias[122]. Por lo tanto, el punto de partida fue la funcionalidad de las garantías, la prelación, la oponibilidad, y la ejecución, en el marco de un sistema de registro moderno, por contraposición a la normativa que existía antes, puesto que se presentaban falencias en el registro de los contratos de prenda y fiducia en garantía. 66. En resumen, los regímenes de insolvencia y de garantías mobiliarias tienen como fines principales la protección del crédito, la recuperación y conservación de la empresa como fuente de empleo y unidad de explotación económica y, en caso de no lograrse lo anterior, garantizar un proceso de liquidación adecuado[123]. b. Valoración de la aptitud del cargo 67. El actor afirma que las disposiciones acusadas son contrarias al derecho fundamental a la vivienda, en tanto “permiten que, en contextos de insolvencia empresarial, reorganización, validación o liquidación de personas naturales o jurídicas dedicadas a la construcción y enajenación de inmuebles destinados a vivienda, los acreedores amparados con garantías reales y/o mobiliarias puedan (i) ejecutar su garantía, y (ii) recibir el pago de manera preferente sobre los promitentes compradores de vivienda, beneficiarios de área o cualquiera sea su denominación, que siendo acreedores se han hecho parte del proceso y han sido reconocidos en él”[124]. En criterio de la Sala, aunque el planteamiento es claro, carece de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia. En consecuencia, no cuenta con aptitud sustantiva, por las razones que se exponen a continuación. 68. Claridad. La demanda es clara porque sigue un hilo de argumentación lógico. En efecto, el demandante expone de forma comprensible las razones por las cuales considera que las normas demandadas vulneran la Constitución. En particular, argumenta que (i) se favorece de manera desproporcionada a los acreedores con garantías reales, en detrimento de aquellas personas cuyos créditos surgen de la necesidad de adquirir vivienda; (ii) “el legislador incumplió su deber constitucional de hacer efectivo el derecho a la vivienda digna y tomar medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”[125] y, (iii) los artículos acusados derivan en una regresividad de las garantías fundamentales amparadas por el artículo 51 de la Constitución Política, puesto que “antes de la expedición de la norma no era posible ejercer el privilegio que las disposiciones demandadas permiten a partir de 2013”[126]. 69. Adicional a lo referido, el accionante es explícito en solicitar a la Corte como pretensión principal la declaratoria de inexequibilidad de las normas demandadas y, de manera subsidiaria la exequibilidad condicionada, de forma que se reconozca a los adquirientes de vivienda la misma prerrogativa de los menores de edad y los trabajadores, en los términos de la Sentencia C-145 de 2018. 70. Certeza. El cargo no es cierto puesto que los argumentos presentados por el demandante, tal y como lo advirtieron varios de los intervinientes y el Ministerio Público, surgen de una lectura incorrecta y descontextualizada de las normas acusadas, a partir de la cual el actor infiere consecuencias subjetivas de las disposiciones acusadas. En primer lugar, el reproche de inconstitucionalidad parte de una generalización de las condiciones en las que se encuentra la empresa constructora en los diversos escenarios que prevén los procesos concursales y, omite que, en el contexto de la reorganización, a diferencia de la liquidación judicial, el deudor está en una situación que compromete su liquidez pero, en principio, su patrimonio no resulta insuficiente para atender las obligaciones contraídas y los negocios celebrados[127]. Así, en sentido estricto, en ese momento no se está ante la asignación de una masa de activos en déficit frente a los pasivos, como sí sucede en el escenario de la liquidación, en el que los pagos deben ser rigurosamente controlados, ya que de lo contrario se pueden afectar las posibilidades de pago de las acreencias con preferencia[128]. 71. Asimismo, el accionante omite que el objetivo de las partes que suscriben un contrato como la promesa de compraventa de un bien inmueble destinado a vivienda, es cumplir con los acuerdos pactados, a pesar de que el constructor entre en un proceso concursal. En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha precisado que el régimen concursal no es ajeno al postulado de continuidad de los contratos, por el contrario, propende por la estabilidad y la fuerza normativa de los acuerdos que celebran las partes ya que el cumplimiento de estos es consecuente con los fines de la reestructuración de las empresas[129]. 72. Aunado a lo anterior, no se tiene en cuenta en el cargo que el tratamiento especial para el pago al acreedor garantizado no opera de manera automática, sino que ese crédito especial se somete al proceso de verificación y determinación del inventario de pasivos y activos sujeto al proceso de reorganización y, una vez el juez determina que los bienes no son necesarios para la actividad económica del deudor o que corren riesgo de deterioro o pérdida, puede autorizar la ejecución de garantías reales. Esto quiere decir que le corresponde al operador judicial analizar caso a caso si procede o no la ejecución de esas garantías. 73. En tal sentido, no puede generalizar el actor los supuestos frente a los cuales se le permitiría al acreedor ejecutar su preferencia pues, puede ocurrir que en determinados escenarios los artículos 50 y 51 demandados no apliquen en tanto el lote de la construcción, los materiales, la maquinaria, entre otros, sean considerados como bienes necesarios para la actividad económica del deudor. 74. En segundo lugar, en relación con el escenario de liquidación, es de resaltar que este proceso judicial persigue el máximo aprovechamiento del patrimonio del deudor, de forma que se pueda pagar la mayor cantidad de acreencias. Bajo ese entendido, la preferencia que contempla el artículo demandado no es ajena al derecho civil y comercial sino que va en línea con la naturaleza del acreedor garantizado y la distinción que hace el derecho civil colombiano frente a los créditos generales y especiales[130]. En ese orden de ideas, los acreedores cuya prestación se encuentra garantizada con un bien específico, como ocurre en el caso de los acreedores con garantía real, siempre van a tener derecho a que se les pague con cargo a ese bien en particular, circunstancia que no nace con la Ley de Garantías Mobiliarias sino que tiene su fundamento y se remonta a la teoría general de las obligaciones. En ese sentido, y en línea con lo que plantean algunos intervinientes, aunque la crisis del deudor origina una tensión frente al modo en que serán cumpli...