Sentencia C-437 de 2013

C-437-13 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-437/13 TERMINO PARA REFORMAR LA DEMANDA DENTRO DEL PLAZO DE CADUCIDAD DE LA ACCION ELECTORAL-Exequibilidad DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCESOS Y ACCIONES-Jurisprudencia constitucional LEGISLADOR-Libertad para definir procedimiento en los procesos/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Definición del procedimiento en los procesos La Corte Constitucional ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República expedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. Con base en esta competencia y en general en la importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por mandato constitucional, de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN FORMAS PROPIAS DE CADA JUICIO-Alcance LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Determinación de estructura/LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Reducción de instituciones El legislador es autónomo para determinar la estructura de los procedimientos judiciales, lo cual incluye la posibilidad de reducir las instituciones procedimentales, sin quebrantar, por ese solo hecho, los derechos derivados de la garantía al debido proceso, ya que ello hace parte del ejercicio de libertad configurativa conferida por la Constitución. LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Etapas y términos procesales LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA-Distribución de competencias judiciales LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN PROCEDIMIENTO JUDICIAL-Recursos y medios de defensa LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN FORMAS Y TERMINO PROCESAL-Límites La libertad de configuración normativa del legislador, aunque es amplia, tiene ciertos límites que se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales. NORMA PROCESAL-Legitimidad DEBIDO PROCESO-Formas propias de cada juicio CADUCIDAD-Significado La figura procesal de la caducidad ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico. LEGISLADOR-Competencia para fijar término de caducidad de las acciones DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Concepto El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva se ha definido como la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes. DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Idoneidad y eficacia de recursos y procedimientos DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Condiciones para que sea efectivo ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Derechos que compromete marco jurídico de aplicación ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Configuración legal ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Derecho fundamental de aplicación inmediata DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Posibilidad de ser limitado por el legislador DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-Límites a configuración legal DERECHO DE ACCESO A LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA-No es absoluto ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Naturaleza La acción de nulidad electoral se tramita y decide a través de un proceso especial cuyo objeto es determinar a la mayor brevedad la legalidad y conformidad con la Constitución de los actos de elección por voto popular o por cuerpos electorales; de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden; y de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. De la naturaleza de esta acción se destaca su carácter público, ya que cualquier persona (bajo la normativa anterior estaba reservada a los ciudadanos) puede solicitar la nulidad de los actos electorales referidos teniendo en cuenta que quien actúa lo hace en interés general para esclarecer la forma en que se realizó una elección y si la misma observó los lineamientos fijados en la Constitución y la ley. También se resalta el corto término de caducidad para ejercer la acción, el cual en el Código de Procedimiento actual se amplió de 20 a 30 días. Este lapso, que inicialmente puede calificarse como breve, responde al mandato contenido en el parágrafo del artículo 264 Superior según el cual la jurisdicción contencioso administrativa debe decidir la acción de nulidad electoral en el término máximo de 1 año, pero advierte que si los casos se tramitan en un proceso de única instancia, el término para decidir no puede exceder el de 6 meses. TERMINO DE CADUCIDAD PARA EJERCER LA ACCION ELECTORAL-Jurisprudencia Consejo de Estado LIMITE TEMPORAL DE CADUCIDAD DE LA ACCION ELECTORAL-Jurisprudencia constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Declarar exequible, por los cargos analizados, el artículo 278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 Referencia: expediente D-9369 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011. Actor: Carlos Mario Isaza Serrano. Magistrado Ponente: JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB Bogotá D.C., diez (10) de julio de dos mil trece (2013) La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Jorge Iván Palacio Palacio -quien la preside-, Maria Victoria Calle Correa, Mauricio González Cuervo, Luis Guillermo Guerrero Pérez, Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, Nilson Pinilla Pinilla, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Alberto Rojas Ríos y Luis Ernesto Vargas Silva, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia con fundamento en los siguientes, 1 ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Carlos Mario Isaza Serrano, demandó la constitucionalidad del artículo 278 (parcial) de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), por considerarlo contrario a los artículos 13, 40-6 y 229 de la Constitución Política. Mediante auto del catorce (14) de diciembre de dos mil doce (2012), el Despacho del Magistrado Sustanciador admitió la demanda. En atención a lo anterior, comunicó el presente proceso al Presidente del Congreso de la República y al Ministerio de Justicia y del Derecho, e invitó a participar en el debate al Presidente del Consejo de Estado, al Consejo Nacional Electoral, a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, al Instituto Colombiano de Derecho Procesal y a las universidades de los Andes, Nacional, Pontificia Bolivariana, Javeriana, del Sinú –Seccional Montería-, Sergio Arboleda, Externado de Colombia y del Rosario. Finalmente ordenó, en el término de fijación en lista, correr traslado del expediente al Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor. 1.1 NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcribe el texto de la disposición demandada; se subraya el aparte acusado: “LEY 1437 DE 2011 (enero 18) Diario Oficial No. 47.956 de 18 de enero de 2011 (…) CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (...) DECRETA: Artículo 278. Reforma de la demanda. La demanda podrá reformarse por una sola vez dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante y se resolverá dentro de los tres (3) días siguientes. Podrán adicionarse cargos contra el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado la caducidad, en caso contrario se rechazará la reforma en relación con estos cargos. Contra el auto que resuelva sobre la admisión de la reforma de la demanda no procederá recurso” 1.2 LA DEMANDA 1.2.1 Acerca del desconocimiento del artículo 13 de la Constitución, indica que a quienes acuden a la administración de justicia para ejercer la acción de nulidad electoral en defensa de la Constitución y la ley se les vulnera su derecho a la igualdad, en razón a que el legislador estableció un trato discriminatorio que se torna irrazonable y arbitrario entre quienes ejercen la acción de nulidad electoral y quienes demandan en nulidad simple y nulidad y restablecimiento del derecho. El ciudadano se pregunta “¿Por qué a quien demanda en nulidad simple, también en defensa de la Constitución y la Ley, sin el apremio del término de caducidad de la acción, se le permite reformar la demanda en cuanto a las partes, las pretensiones, los hechos en que se fundamentan, o las pruebas, y por qué a quien demanda en nulidad electoral también con el mismo objetivo de defensa, con el apremio de un corto término de caducidad (20 días) no se le permite reformar la demanda si ya venció éste? ¿Por qué en el ejercicio de una acción mixta, como la de nulidad y restablecimiento del derecho, que no obstante respecto del componente de nulidad conserva el mismo propósito de las anteriores, a pesar de que también lo anima un componente económico tiene el accionante también el derecho a reformar la demanda dentro de un plazo procesal propio, a pesar de haber tenido cuatro meses para accionar, y por qué, a quien demanda en nulidad electoral con el mismo objetivo de defensa que tiene el componente de nulidad de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con el apremio de un corto término de caducidad (20 días), no se le permite reformar la demanda con referencia a un término procesal propio sino con referencia a uno ya vencido que hace nugatorio su derecho de accionar? Debiera ser todo lo contrario, a quien demanda en defensa de la Constitución y la Ley, con el apremio de un término de caducidad corto, debería rodeársele de mayores garantías procesales y no limitarle su derecho a accionar, que es lo que hace la disposición acusada al remitir una etapa procesal a un término ya vencido, para hacerla nugatoria…” 1.2.2 Frente al desconocimiento del artículo 40-6, el cual consagra el derecho a la participación política, sostiene que se le impide al demandante ejercer plenamente la acción de nulidad electoral porque una vez se instaura la demanda se le restringe en el tiempo, sin justificación objetiva y razonable alguna, la posibilidad de reformar la demanda con nuevos cargos si el término de caducidad ya ha caducado. Agrega que un ciudadano que ejerce la acción de nulidad electoral en defensa de la legalidad en abstracto, debe tener la posibilidad de reformar la demanda sin sujeción al vencimiento del término de caducidad. En su sentir, el término para reformar la demanda debe venir con la apertura del proceso y tener un tiempo propio y no el del término de caducidad de veinte días, que ya es una etapa extraprocesal previa y agotada. Además, dice que “…Disponer respecto de una etapa procesal que el término para hacer uso de ella, es el mismo de una anterior ya precluida es negar la existencia de la etapa procesal…” 1.2.3 Con respecto a la vulneración del artículo 229 Superior, aduce que desconoce los tres pilares del derecho a acceder a la administración de justicia, en los términos de la jurisprudencia constitucional, a saber: “i) la posibilidad de acudir ante el juez competente, ii) que el problema planteado sea resuelto y iii) que tal decisión se cumpla de manera efectiva…” Sostiene que la norma acusada desconoce los dos primeros pilares ante la imposibilidad impuesta al ciudadano para plantear integralmente el problema al juez competente. Enfatiza que en todos los procesos el término de caducidad es una referencia para determinar el tiempo con que se cuenta para instaurar la acción y no para fijar términos en las etapas del proceso. Frente al segundo pilar, refiere que se desconoce el derecho a acceder a la administración de justicia en la medida en que si no se puede replantear al juez el problema integralmente, pues en el evento en que el ciudadano hubiese demandado oportunamente pero en el último día de vencimiento del término de caducidad, ya no tendrá la oportunidad de reformar la demanda presentando nuevos cargos. 1.3 INTERVENCIONES 1.3.1 Ministerio de Justicia y del Derecho El 31 de enero de 2013, el Ministerio de Justicia y del Derecho, a través de apoderada judicial, intervino en el proceso de la referencia para solicitarle a la Corte la declaratoria de EXEQUIBILIDAD de la expresión acusada. 1.3.1.1 Sostiene que el medio de control de la nulidad electoral puede ser instaurado por cualquier persona con el fin de que se declare la nulidad (i) de los actos de elección por voto popular, (ii) de los actos de elección proferidos por cuerpos electorales, (iii) de los actos de nombramiento que expidan las entidades y autoridades públicas de todo orden o (iv) de los actos de llamamiento para proveer vacantes en las corporaciones públicas. Al margen, sostiene que la norma modificó el término de caducidad que contemplaba el anterior Código, ampliándolo de veinte a treinta días contados a partir del día siguiente a la publicación del acto o de la notificación por estrados. 1.3.1.2 Indica que no se vulnera el derecho fundamental al acceso a la justicia y de participación en política de quienes ejercen una acción en interés general y cuentan con un término corto para reformar la demanda, ya que esta etapa responde al libre ejercicio de las funciones que la propia carta fundamental le otorga al legislador, sumado a que, contrario a lo afirmado por el actor, no existe confusión entre el plazo de caducidad para accionar con el del desarrollo del proceso y sus etapas. 1.3.1.3 Por lo expuesto, solicita declarar la exequibilidad del artículo 278 de la Ley 1437 de 2011. 1.3.2 Consejo de Estado El 28 de enero de 2013, el Presidente del Consejo de Estado y uno de los integrantes de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, concurrieron al proceso de la referencia en defensa de la constitucionalidad del aparte demandado del artículo 278 de la Ley 1437 de 2011, con base en los siguientes argumentos: 1.3.2.1 Para iniciar, sostienen que el procedimiento contencioso administrativo ordinario y el procedimiento electoral no son equiparables, por tanto, sostienen que la diferenciación establecida por el legislador no vulnera el derecho a la igualdad. Al respecto, refieren que el proceso de nulidad electoral requiere un trámite especial y unas reglas específicas por su naturaleza misma, ya que se deriva fundamentalmente de un acto político de elección, el cual proviene de la expresión de la voluntad de los electores que la administración plasma en un acto administrativo. En este sentido, el artículo 237-7 de la Constitución Política la consagra como una acción especial. Igualmente, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo consagró la acción electoral en el artículo 139, como un medio de control distinto de los demás. Agregado a lo anterior, indican, el nuevo Código fijó unas reglas propias para este proceso en el título VIII “Disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral” de la Parte Segunda, cuyo propósito se circunscribe a precisar determinadas particularidades procesales e imprimirle celeridad a la tramitación y a la decisión del proceso, pues su objetivo es definir con especial diligencia la situación de la autoridad que se encuentra en entredicho, en relación con su elección o nombramiento, con el fin de garantizar la estabilidad institucional y la realización de una pronta y cumplida justicia. 1.3.2.2 Por esta razón, el legislador estableció un término especial consagrado en el artículo 146-2 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo para presentar en tiempo la demanda de nulidad electoral, éste es de treinta días y no de veinte como equivocadamente lo señala el actor. Frente a esta imprecisión, asegura que tiene relevancia desde el punto de vista procesal, ya que el ciudadano lo utiliza para denotar que quien ejerce la acción electoral cuenta con poco tiempo para reformar la demanda, lo cual afecta la certeza del cargo. 1.3.2.3 Atendiendo a la finalidad que persigue este tipo de proceso, sostienen que no es razonable ni técnico equiparar la acción o medio de control electoral con el medio de control de nulidad simple, el cual no tiene caducidad porque se ejerce en interés de la legalidad contra los actos administrativos de carácter general. Agrega que tampoco hay lugar para compararla con la acción de restablecimiento del derecho, dado que esta última persigue una finalidad de contenido económico. 1.3.2.4 Por otra parte, explican que el aparte demandado tampoco desconoce el derecho a interponer acciones ni el derecho de acceso a la administración de justicia. Al respecto, precisan, el demandante unifica los cargos de presunta vulneración de los artículos 40-6 y 229 Superiores, por considerar que la exigencia de que no haya operado la caducidad para poder adicionar nuevos cargos contra el acto acusado, significa negar al demandante la posibilidad de reformar la demanda. 1.3.2.5 Exponen que ello no es así, por cuanto el demandante puede ejercer la acción pública y de esta forma acceder a la administración de justicia, al punto, que cuando el actor reclama la ausencia de un término independiente al establecido para la caducidad con el fin de reformar la demanda, ésta ya ha sido admitida, entonces, no puede afirmar que se le han desconocido al demandante estos derechos. Entonces, lo que sucede es que el artículo 278 del Código de Procedimiento Administrativo establece es que si el actor desea adicionar nuevos cargos, puede hacerlo siempre y cuando no haya operado el fenómeno de la caducidad, es decir, dentro de los treinta días hábiles siguientes en los términos del artículo 164-2 de este Código, término a través del cual se le garantiza su derecho a reformar la demanda. 1.3.2.6 Agregan que de la observancia del término de caducidad dependen la etapa de admisión de la demanda como el de su reforma y, advierte que si esta última se realiza una vez acaeció la caducidad sobre la acción, ésta debe rechazarse en relación con los cargos nuevos pero que la demanda continuará su curso frente al acto inicialmente cuestionado. 1.3.2.7 Finalmente, refieren, las particularidades procesales no significan per se un desconocimiento de los mencionados derechos constitucionales, máxime cuando el término fijado para la caducidad de la acción electoral es de treinta días hábiles, el cual no es irrazonable ni demasiado breve en atención al fin principal que persigue el procedimiento electoral, el cual consiste en que se dilucide a la mayor brevedad la legitimidad de la elección del nombramiento de la respectiva autoridad. 1.3.3 Instituto Colombiano de Derecho Procesal El 28 de enero de 2013, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a través de uno de sus directivos, intervino en el presente proceso de constitucionalidad para apoyar la solicitud de declaratoria de INEXEQUIBILIDAD del aparte normativo acusado, por las siguientes razones: 1.3.3.1 Sostiene que la regla general frente a la reforma de la demanda se encuentra consagrada en el numeral 2 del artículo 173 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Indica que esta norma no estableció ninguna limitación expresa en relación con el término de caducidad para el caso en el que, en la reforma de la demanda, se incluyan pretensiones no formuladas en la demanda inicial. 1.3.3.2 Refiere que el artículo 278 demandado, que regula la reforma de la demanda en las pretensiones electorales, limita la posibilidad de reformarla en los siguientes términos: “podrán adicionarse cargos contra el acto cuya nulidad se pretende siempre que no haya operado la caducidad (…)” Bajo esta perspectiva sostiene que si se entiende por cargo incluir nuevas causales de nulidad del acto, señalando las razones de hecho y de derecho por las cuales el acto demandado debe ser anulado, considera que la norma desconoce el derecho de igualdad. Aduce que limitar la inclusión de nuevos cargos contra el acto demandado, o a solicitar o aportar pruebas, obstaculiza el ejercicio del derecho a reformar la demanda en la práctica. 1.3.3.3 Afirma que si bien es cierto el legislador tiene la libertad para configurar los procedimientos, como también que el proceso electoral debe ser más ágil para garantizar la buena marcha del servicio y la estabilidad del elegido, lo cierto es que la discriminación establecida entre este tipo de proceso y todos los demás, no tiene justificación. Si se permite la reforma de la demanda electoral, tal derecho debe consagrarse en condiciones similares al previsto como la regla general en el nuevo Código de Procedimiento Administrativo. 1.3.3.4 Afirma que la norma le garantiza al funcionario elegido que, si dentro de ese término el demandante no incluyó determinada causal, no podrá agregarla al reformar la demanda y esa protección es exagerada y carente de justificación. A su parecer, debe permitírsele al demandante la reforma de su demanda, en el sentido de que tenga la oportunidad de agregar nuevos hechos y fundamentos jurídicos para fundamentar la pretensión de anulación de dicho acto. 1.3.4 Universidad Externado de Colombia El 31 de enero de 2013, el Grupo de Investigación en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia, rindió concepto dentro del proceso de la referencia, indicando las razones que justifican la declaratoria de constitucionalidad del precepto impugnado, así: 1.3.4.1 La norma objeto de impugnación parcial se encuentra contenida en el título VIII del Código de Procedimiento Administrativo, referente a las disposiciones especiales para el trámite y decisión de las pretensiones de contenido electoral, asunto que desde el Código anterior ha tenido un tratamiento procesal especial dada la necesidad de obtener una decisión judicial con mayor prontitud que aquélla que puede obtenerse en los asuntos ordinarios. 1.3.4.2 Esta urgencia se deriva del mandato constitucional contenido en el parágrafo del artículo 264, según el cual la Jurisdicción Contenciosa Administrativa debe decidir la acción de nulidad electoral en un término máximo de un año si se trata de asuntos de doble instancia y en un término máximo de seis meses para los casos de única instancia. Para el logro de este cometido, el Constituyente le otorgó al Consejo de Estado la función de “…conocer de la acción de nulidad electoral con sujeción a las reglas de competencia establecidas en la ley…”, cuyo desarrollo normativo se encuentra consagrado en el artículo 139 del nuevo Código de Procedimiento Administrativo. 1.3.4.3 Indican que de este precepto se derivan las siguientes características: (i) se trata de una acción pública, pero que contrario a lo que refiere el actor, no es exclusiva de los ciudadanos, por lo cual, no puede entenderse directa y exclusivamente derivada del artículo 40-6 constitucional, norma que establece los derechos de los ciudadanos relacionados con la conformación, ejercicio y control del poder político. Aclaran que si bien existen acciones públicas cuyos únicos titulares son los ciudadanos, como la acción de nulidad por inconstitucionalidad, también lo es que en el ordenamiento jurídico se encuentran previstas acciones públicas que pueden ser ejercidas por cualquier persona –natural o jurídica, nacional o extranjera- como la acción de nulidad o la de nulidad electoral; (ii) pretende la nulidad de los actos administrativos de carácter electoral que se encuentran amparados por el principio de legalidad; (iii) es de carácter temporal, y el artículo 164-2 del Código de Procedimiento Administrativo establece la oportunidad para interponer la pretensión de nulidad electoral, el cual es de treinta días; y (iv) los asuntos propios de la acción electoral no son susceptibles de conciliación ni de desistimiento. 1.3.4.4 Específicamente, con relación al asunto que se debate, exponen que el Congreso de la República, en ejercicio de la libertad de configuración normativa que le otorgó el Constituyente, ha regulado desde tiempo atrás el tema relacionado con la caducidad de las diferentes acciones o medios de control sujetos al conocimiento de la jurisdicción contenciosa. 1.3.4.5 En este sentido, refieren, la jurisprudencia constitucional ha señalado que la consagración normativa de términos de caducidad tiene pleno sustento constitucional y no atenta contra el derecho de acceso a la administración de justicia. 1.3.4.6 Resaltan que en desarrollo de las normas superiores, el Código de Procedimiento Administrativo establece unos términos perentorios para la admisión de la demanda electoral. Consonante con ello, sostienen, el artículo 276 de este texto normativo prevé que la demanda debe ser repartida a más tardar el día hábil siguiente a su recibo y que el operador judicial competente debe decidir sobre su admisión dentro de los tres días siguientes a aquél en que fue repartida. 1.3.4.7 Para finalizar, concluyen, el legislador, en cumplimiento de mandatos constitucionales que imponen un trámite extremadamente ágil para la acción electoral y en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, dispuso que el demandante dispone de un término máximo de treinta días hábiles para presentar, ya sea en la demanda o en su reforma, cargos contra los actos electorales que impugna, lo cual se encuentra ajustado a la Carta. 1.4 CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación, estando dentro del término legalmente previsto, emitió el concepto de su competencia en el cual pide a la Corte declarar exequible el artículo demandado, por las siguientes razones: 1.4.1 Sostiene que con base en reiterada jurisprudencia del Consejo de Estado, en relación con la corrección de la demanda ante el contencioso electoral, el nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo condicionó la reforma de la demanda de la acción electoral, en cuanto a la adición de cargos, a que no haya operado la caducidad frente a los mismos, lo cual no vulnera el derecho a la igualdad por cuanto el proceso electoral tiene un carácter especial que lo diferencia del procedimiento contencioso administrativo ordinario. Explica, que atendiendo a esta naturaleza especial, en uno y otro caso se aplican reglas diferentes, tales como la caducidad. 1.4.2 Refiere, a título de ejemplo, que el contencioso electoral tiene su origen en un acto político de elección que la administración consagra en un acto administrativo que reconoce y declara la voluntad de los electores. En este orden de ideas, resalta, se trata de una acción pública especial de legalidad o de impugnación de un acto administrativo que posee características propias. 1.4.3 Agregado a lo anterior, refiere, la disposición acusada tampoco vulnera el derecho de todo ciudadano a interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la ley ni el acceso a la administración de justicia, pues, en primer lugar, se trata de derechos que no son absolutos y por tanto, su ejercicio puede ser condicionado por el legislador y, en segundo lugar, no se puede olvidar que la situación regulada por la norma cuestionada es la corrección de la demanda, lo cual implica que ya se le permitió al actor poner en marcha el aparato jurisdiccional aunque se le imponga el límite de la caducidad en el caso de que la corrección consista en adicionar nuevos cargos contra el acto administrativo cuya nulidad se pretende. 1.4.4 Por todo lo expuesto, le solicita a esta Corporación declarar la exequibilidad de la norma parcial acusada. 2 CONSIDERACIONES 2.1 COMPETENCIA Conforme al artículo 241, ordinal 4, de la Constitución, la Corte es competente para conocer de la constitucionalidad del artículo 278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011. 2.2 CUESTIÓN PREVIA: EXAMEN DE LA APTITUD DE LA DEMANDA. 2.2.1 Requisitos que deben reunir las demandas de inconstitucionalidad. 2.2.1.1 El artículo 2° del decreto 2067 de 1991 señala los elementos que debe contener la demanda en los procesos de control de constitucionalidad[1]. Concretamente, el ciudadano que ejerce la acción pública de inconstitucionalidad contra una disposición legal debe indicar con precisión el objeto demandado, el concepto de violación y la razón por la cual la Corte es competente para conocer del asunto. Estos tres elementos, desarrollados en el texto del artículo 2 del decreto 2067 de 1991 y por la Corte en sus decisiones, hacen posible un pronunciamiento de fondo. 2.2.1.2 En la sentencia C-1052 de 2001[2], la Corte precisó las características que debe reunir el concepto de violación formulado por el demandante. De acuerdo con este fallo, las razones presentadas por el actor deben ser claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes. La claridad se refiere a la existencia de un hilo conductor en la argumentación que permita al lector comprender el contenido de la demanda y las justificaciones en las que se basa. El requisito de certeza exige al actor formular cargos contra una proposición jurídica real y existente, y no simplemente contra una deducida por él sin conexión con el texto de la disposición acusada. La especificidad demanda la formulación de por lo menos un cargo constitucional concreto. Argumentos vagos, indeterminados, indirectos, abstractos o globales que no se relacionan concreta y directamente con las disposiciones que se acusan, impiden a la Corte llevar a cabo un juicio de constitucionalidad. La pertinencia se relaciona con la existencia de reproches de naturaleza constitucional, es decir, fundados en la confrontación del contenido de una norma superior con el del precepto demandado. Un juicio de constitucionalidad no puede basarse en argumentos de orden puramente legal o doctrinario, ni en puntos de vista subjetivos del actor o consideraciones sobre la conveniencia de las disposiciones demandadas. Finalmente, la suficiencia guarda relación, de un lado, con la exposición de todos los elementos de juicio -argumentativos y probatorios- necesarios para iniciar un estudio de constitucionalidad; y de otro, con el alcance persuasivo de la demanda, esto es, el empleo de argumentos que despierten una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. 2.2.2 Examen de la aptitud de los cargos formulados 2.2.2.1 El demandante considera que el artículo 278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011 (nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo) desconoce los artículos 13, 40-6 y 229 de la Constitución, con base en los siguientes argumentos: 2.2.2.1.1 Asevera que el legislador estableció un trato discriminatorio entre quienes ejercitan la acción de nulidad electoral y quienes demandan a través de las acciones de nulidad simple, y de nulidad y restablecimiento del derecho, debido a que consagró un término de caducidad breve para ejercer la acción electoral, lapso que también consagró para determinar si la reforma a la demanda fue presentada en tiempo o extemporáneamente, mientras que en la acción de simple nulidad no fijó término de caducidad para reformar la demanda y, tratándose de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho dio la oportunidad de reformarla dentro de un término procesal propio, distinto al término de caducidad para hacer uso de la acción. En definitiva, considera que el término de caducidad es un lapso demasiado breve para reformar la demanda, aún más, si se tiene en cuenta que es el mismo término con el que se establece el de la caducidad de la acción. Además, lo compara frente a los términos de caducidad y de reforma de la demanda de las acciones de nulidad, y nulidad y restablecimiento del derecho, dentro de las cuales existen etapas procesales propias para desarrollar cada actuación en forma independiente, contrario a lo que sucede dentro del trámite de la acción electoral. Bajo esta perspectiva, evidencia que la oportunidad procesal de reformar la demanda se encuentra atada a un término ya vencido. 2.2.2.1.2 Con respecto a la vulneración del artículo 40-6 de la Carta, evidencia una restricción al derecho a la participación política de los ciudadanos porque una vez ejercen la acción se les restringe la posibilidad de reformar la demanda en una etapa procesal distinta a la consagrada para el ejercicio de la acción so pena de que acaezca el fenómeno jurídico de la caducidad, cuando en razón a la naturaleza pública de la acción electoral considera que el ciudadano debe contar con la posibilidad de reformar la demanda en un término más amplio para ejercer dicha acción. 2.2.1.1.3 Finalmente, frente a la vulneración del artículo 229 Superior, explica que se le impide al ciudadano plantear de forma integral el problema jurídico ante la autoridad competente, en razón al corto tiempo con el que cuenta para reformar la demanda, lo cual, conlleva la limitación del contenido de su derecho al acceso a la administración de justicia porque si el ciudadano presenta la demanda de forma oportuna pero al límite del vencimiento del término de caducidad, no podrá reformar la demanda presentando nuevos cargos. 2.2.1.2 Al respecto, la Sala considera que los cargos formulados por el actor acerca de la vulneración de los derechos a la igualdad (artículo 13), a la participación política (artículo 40) y al acceso a la administración de justicia (artículo 229), logran generar dudas sobre la constitucionalidad de la norma parcial acusada. En efecto, el ciudadano cuestiona que el término de caducidad de la acción electoral, el cual califica como breve, es el mismo tiempo dentro del cual puede optarse para presentar la reforma a la demanda formulando nuevos cargos, por tanto, la Sala encuentra que el fundamento sobre el cual el demandante erige los cargos de inconstitucionalidad reúne el requisito de suficiencia, ya que es evidente que la inconformidad del actor radica en que siendo breve el término de caducidad de la acción electoral, dentro de este mismo lapso debe procederse a presentar la reforma a la demanda con adición de cargos. Teniendo en cuenta este reproche, la comparación que realiza el actor entre el contenido de la disposición legal y las normas constitucionales cumple con el requisito de pertinencia y suficiencia, pues evidencia que otras acciones públicas cuentan con términos procesales diferentes para el ejercicio de la acción y para la reforma de la demanda, lo cual, encuentra vulneratorio del derecho a la igualdad. A lo anterior, se suma que el contar con un término breve para presentar la reforma de la demanda adicionando cargos, que es el mismo dispuesto para contar el término de caducidad, restringe el derecho a la participación política en contravía con la naturaleza pública de la acción como también el derecho al acceso a la administración de justicia, en la medida que ante la brevedad del tiempo para estructurar nuevos cargos no se le permite al ciudadano formular el problema jurídico de manera integral ante la autoridad competente. Por lo expuesto, a juicio de esta Sala, el demandante efectivamente logra generar dudas sobre la constitucionalidad de las expresiones acusadas a la luz del contenido de los artículos 13, 40-6 y 229 Superiores, específicamente que el término de caducidad de la acción electoral se torna breve para adicionar nuevos cargos a través de la reforma de la demanda, y que dicho término no debería utilizarse como referencia para determinar la presentación en tiempo o la extemporaneidad de la reforma al libelo por tratarse de etapas procesales diferentes; en consecuencia, esta Sala encuentra razonable abordar el análisis de la constitucionalidad de la norma parcialmente acusada frente a estos cargos. 2.3 PROBLEMA JURÍDICO 2.3.1 El ciudadano considera que el artículo 278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, vulnera los artículos 13, 40-6 y 229 de la Constitución, en razón a que la adición de cargos a la demanda inicialmente presentada, cuyas pretensiones tengan un contenido electoral, será procedente siempre y cuando no haya operado el fenómeno de la caducidad. En el sentir del actor, el término es breve para contar el término de caducidad y además para determinar si la reforma a la demanda fue presentada en tiempo, lo cual afecta el contenido del derecho a la participación política y el acceso a la administración de justicia porque se le restringe la posibilidad al actor, que actúa en defensa de la legalidad en abstracto y en beneficio del interés general, de adecuar integralmente las pretensiones ante la autoridad competente para obtener una respuesta de fondo. 2.3.2 El Consejo de Estado, El Ministerio de Justicia y del Derecho, la Universidad Externado de Colombia y la Procuraduría General de la Nación, solicitaron la declaratoria de exequibilidad del aparte acusado, exponiendo que (i) el procedimiento contencioso administrativo y procedimiento electoral no son equiparables y, en particular, este último proceso, tiene unas reglas especiales para tramitar las pretensiones de contenido electoral; (ii) no se le niega el acceso a la administración de justicia a quienes ejercen esta acción, teniendo en cuenta que el término de caducidad opera frente a los nuevos cargos formulados en la reforma de la demanda, lo que supone que frente a los cargos planteados en la demanda inicial el proceso sigue su curso; (iii) el término de caducidad no es irrazonable ni demasiado breve en atención al fin que persigue: esclarecer en el menor tiempo posible la legitimidad de los actos de elección o nombramiento de la respectiva autoridad; (iv) este término exige brevedad en razón al mandato constitucional que señala que la acción electoral debe decidirse en un término máximo de 1 año si se trata de asuntos de doble instancia y en un término máximo de 6 meses para los casos que se deciden en única instancia; y (v) la consagración normativa de términos de caducidad tiene pleno sustento constitucional y se encuentra dentro de la libertad de configuración del legislador. 2.3.3 De otro lado, el Instituto Colombiano de Derecho Procesal, a través de uno de sus miembros, solicita la declaratoria de inexequibilidad del aparte acusado aduciendo que el artículo 173-2 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no estableció ninguna limitación expresa para formular nuevos cargos mediante la reforma de la demanda con sujeción al respeto del término de caducidad de la acción. Por esta razón, considera que dicha diferenciación establecida para la acción electoral es injustificada y, en consecuencia, debe seguirse la regla general establecida en el Código de Procedimiento Administrativo. 2.3.4 En virtud de lo expuesto, corresponde a la Sala determinar, si el artículo 278 (parcial) de la Ley 1437 de 2011, al establecer que puede presentarse la reforma a la demanda formulando nuevos cargos, siempre y cuando se respete el término de caducidad establecido para ejercer la acción electoral, vulnera el derecho a la igualdad, por cuanto en otras acciones administrativas los términos para ejercer el derecho de acción y, posteriormente, para reformar la demanda tienen un escenario procesal autónomo, como también si dicho término, ante su brevedad, limita los derechos a la participación política y de acceso a la administración de justicia. 2.3.5 Para resolver este problema, la Sala analizará (i) el principio de libertad de configuración legislativa en materia de procesos y acciones, específicamente para fijar términos de caducidad; (ii) el derecho al acceso a la administración de justicia; (iii) la naturaleza jurídica del medio de control electoral; acápite dentro del cual se hará alusión al pronunciamiento de esta Corporación en la sentencia C-781 de 1999 y; con base en lo anterior, se examinará (iv) la constitucionalidad de la disposición parcialmente censurada. 2.3 EL PRINCIPIO DE LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA EN MATERIA DE PROCESOS Y ACCIONES. Reiteración de jurisprudencia. 2.3.1 Libertad de configuración legislativa en materia procesal 2.3.1.1 La Corte Constitucional[3] ha señalado que según el artículo 150-2 de la C.P., le corresponde al Congreso de la República “[e]xpedir los códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones”. Con base en esta competencia y en general en la importancia que la ley posee como fuente del Derecho, el Legislador goza, por mandato constitucional, “de amplia libertad para definir el procedimiento en los procesos, actuaciones y acciones originadas en el derecho sustancial”[4]. 2.3.1.2 En este sentido, al legislador le ha sido reconocida una amplia potestad de configuración normativa en materia de la definición de los procedimientos judiciales y de las formas propias de cada juicio[5], a partir de la cual, le corresponde “evaluar y definir las etapas, características, términos y demás elementos que integran cada procedimiento judicial”[6]. (Subraya fuera de texto) 2.3.1.3 En virtud de esta facultad, el legislador es autónomo para determinar la estructura de los procedimientos judiciales, lo cual incluye la posibilidad de reducir las instituciones procedimentales, sin quebrantar, por ese solo hecho, los derechos derivados de la garantía al debido proceso, ya que ello hace parte del ejercicio de libertad configurativa conferida por la Constitución[7]. En desarrollo de dicha facultad, el legislador tiene las siguientes potestades[8]: (i) fijar las etapas de los diferentes procesos y establecer los términos y las formalidades que deben cumplir[9]. (ii) Definir las competencias cuando no se han establecido por la Constitución de manera explícita entre los distintos entes u órganos del Estado[10]. (iii) La regulación de los medios de prueba, ingrediente consustancial al debido proceso y al derecho de defensa. (iv) Definir los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, los poderes y deberes del juez y aún las exigencias de la participación de terceros intervinientes, “ya sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite procesal, proteger a las mismas partes e intervinientes o bien para prevenir situaciones que impliquen daño o perjuicio injustificado a todos o algunos de ellos”[11]. (v) Como aspecto esencial de dicho poder y especialmente relevante para el proceso, se encuentra la libertad de configuración de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades. Punto sobre el cual precisó la sentencia C-1104 de 2001[12]: “Es la ley, no la Constitución, la que señala si determinado recurso -reposición, apelación, u otro- tiene o no cabida respecto de cierta decisión, y es la ley, por tanto, la encargada de diseñar en todos sus pormenores las reglas dentro de las cuales tal recurso puede ser interpuesto, ante quién, en qué oportunidad, cuándo no es procedente y cuáles son los requisitos -positivos y negativos- que deben darse para su ejercicio”[13]. 2.3.1.4 De esta manera, el legislador es autónomo para decidir la estructura de los procedimientos judiciales, no obstante que, en ejercicio de dicha autonomía, aquél esté obligado a respetar los principios establecidos en la Carta Política[14]. De esta manera, aunque la libertad de configuración normativa del legislador es amplia, tiene ciertos límites que se concretan en el respeto por los principios y fines del Estado, la vigencia de los derechos fundamentales y la observancia de las demás normas constitucionales[15]. 2.3.1.5 Por lo anterior, la Corte ha señalado que la legitimidad de las normas procesales está dada en función de su proporcionalidad y razonabilidad “pues sólo la coherencia y equilibrio del engranaje procesal permite la efectiva aplicación del concepto de justicia y, por contera, hace posible el amparo de los intereses en conflicto”.[16] Así las cosas, la violación del debido proceso ocurriría no sólo en el supuesto de la omisión de la respectiva regla procesal o de la ineficacia de la misma para alcanzar el propósito para el cual fue diseñada, sino especialmente en el evento de que ésta aparezca excesiva y desproporcionada frente al resultado que se pretende obtener con su utilización”.[17] 2.3.1.6 Por otro lado, el legislador también puede establecer cargas procesales para ejercer los derechos y libertades reconocidos en la norma superior, como puede ser el caso del debido proceso y del acceso a la justicia, que implica así mismo el ejercicio de responsabilidades que se pueden consolidar en el ámbito procesal y sustancial.[18] Es válido entonces que en los diversos trámites judiciales, la ley asigne a las partes, a terceros e incluso al juez, obligaciones jurídicas, deberes de conducta o cargas para el ejercicio de los derechos y del acceso a la administración de justicia[19], que sometidas a los límites constitucionales previamente enunciados, resultan plenamente legítimas[20]. 2.3.1.7 Específicamente la figura procesal de la caducidad, “…ha sido entendida como el plazo perentorio y de orden público fijado por la ley, para el ejercicio de una acción o un derecho, que transcurre sin necesidad de alguna actividad por parte del juez o de las partes en un proceso jurídico…”[21] 2.3.1.8 Acerca de la competencia legislativa en materia del término de caducidad, en la sentencia C-800 de 2000 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), se expuso lo siguiente: “Dígase ante todo que es función del legislador la de establecer los términos de caducidad de las acciones y que, al fijar un determinado lapso para acudir a los estrados judiciales, aquél goza de una discrecionalidad que, no siendo absoluta, sí implica, sin embargo, un margen suficiente para evaluar, con base en la verificación que haga el Congreso sobre lo que ocurre en el entorno social, cuál debería ser la extensión temporal reconocida a las personas para el ejercicio de los mecanismos orientados a la iniciación de los procesos. Desde luego, si esos términos vulneran el acceso a la administración de justicia, el debido proceso o la igualdad -todo lo cual habrá de verse en cada caso-, hay lugar a la inexequibilidad, pero tales eventos son excepcionales y surgidos de muy diversos factores siempre relacionados con la clase de proceso y con las condiciones y características de la oportunidad procesal plasmada en la respectiva norma. Para la Corte la fijación de un término breve no es per se inconstitucional. Debe ser estudiado el fin que se persigue y los otros elementos normativos, a la luz del Derecho sustancial, para definir si resulta o no razonable, proporcional y adecuado para el propósito de asegurar el efectivo acceso a la administración de justicia y las garantías constitucionales. Podría decirse, inclusive, que, dependiendo del telos de la norma, un plazo corto puede ser lo indicado para garantizar el derecho que se pretende proteger, y, al contrario, uno demasiado amplio -dentro de ciertos supuestos- podría conspirar contra el indicado objetivo. Y, obviamente, puede ocurrir lo contrario. En fin, la mayor o menor brevedad de los términos legales ha de corresponder normalmente al juicio que sobre el asunto respectivo se haya formado el legislador, por lo cual no existe en la generalidad de los casos un parámetro del que pueda disponer el juez de constitucionalidad para evaluar si unos días o meses adicionales habrían podido garantizar mejor las posibilidades de llegada ante los tribunales. Y, a no ser que de manera evidente el término, relacionado con derechos materiales de las personas, se halle irrisorio, o que se hagan nugatorias las posibilidades de defensa o acción, no puede deducirse a priori que el término reducido contraríe de suyo mandatos constitucionales…” 2.4 EL DERECHO AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. 2.4.1 Concepto, naturaleza y consagración del derecho a la administración de justicia. 2.4.1.1 El derecho a la administración de justicia también llamado derecho a la tutela judicial efectiva[22] se ha definido como “la posibilidad reconocida a todas las personas residentes en Colombia de poder acudir en condiciones de igualdad ante los jueces y tribunales de justicia, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o el restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en las leyes” [23]. 2.4.1.2 La garantía de acceder a la administración de justicia, no está restringida a la facultad de acudir físicamente ante la Rama Judicial, sino que es necesario comprenderla desde un punto de vista material, entendida también como la posibilidad que tiene toda persona de poner en marcha el aparato judicial y de que la autoridad competente resuelva el asunto que le ha sido planteado, respetando el debido proceso y de que lo haga oportunamente[24]. 2.4.1.3 En este sentido, el derecho a la administración de justicia no se entiende concluido con la simple solicitud o el planteamiento de las pretensiones procesales ante las respectivas instancias judiciales; sino que debe ser efectivo[25], por lo cual el mismo no cumple su finalidad con la sola consagración formal de recursos y procedimientos, sino que requiere que éstos resulten realmente idóneos y eficaces, tal como lo ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así: “(...) la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención constituye una transgresión de la misma por el Estado Parte en el cual semejante situación tenga lugar. En ese sentido debe subrayarse que, para que tal recurso exista, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo para establecer si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla”. [26] 2.4.1.4 Por lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha venido reconociendo que el derecho a la administración de justicia no es una garantía abstracta, sino que tiene efectos y condiciones concretas en los procesos: (i) La Sentencia T-240 de 2002 señaló que para que el acceso a la administración de justicia sea efectivo, son necesarias tres condiciones: “1) tener la oportunidad de iniciar la acción ante los jueces competentes; 2) disponer de los recursos necesarios para ejercer los derechos dentro del proceso; y 3) Contar con la posibilidad de obtener la prueba necesaria a la fundamentación de las peticiones que se eleven ante el juez”[27]. (ii) La sentencia C-426 de 2002, posteriormente acogida por la sentencia C-662 de 2004 señaló que el derecho a la administración de justicia compromete: “(i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso, y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos.”.[28] (iii) La sentencia C-1177 de 2005 señaló que el derecho a la administración de justicia compromete los siguientes ámbitos: “(i) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos[29]; (ii) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares[30]; (iii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas[31], y que ella se produzca dentro de un plazo razonables[32]; (iv) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso”[33]. (iv) Por su parte, en la Sentencia C-483 de 2008, la Corte Constitucional señaló que “el derecho al acceso a la administración de justicia se manifiesta en el ordenamiento jurídico de diversas formas: (i) permite la existencia de diferentes acciones y recursos para la solución de los conflictos; (ii) garantiza la posibilidad de que las personas acudan a los jueces con el propósito de procurar la defensa de sus derechos o del orden jurídico; y (iii) asegura que a través de procedimientos adecuados e idóneos los conflictos sean decididos de fondo, en términos razonables, sin dilaciones injustificadas, de acuerdo con las justas expectativas de quienes acuden a la jurisdicción para resolver sus conflictos”[34]. 2.4.2 Configuración legal y límites del acceso a la administración de justicia. 2.4.2.1 El acceso a la administración de justicia es un derecho de configuración legal, sometido a las consideraciones del legislador en torno a su regulación y ejecución material[35]. Si bien la tutela judicial efectiva se define como un derecho fundamental de aplicación inmediata, esta última característica es predicable básicamente de su contenido o núcleo esencial, ya que el diseño de las condiciones de acceso y la fijación de los requisitos para su pleno ejercicio corresponde establecerlos al legislador[36]. 2.4.2.2 En este sentido, en virtud de la cláusula general de competencia consagrada en el numeral 2° del artículo 150 Superior, la regulación de los procedimientos judiciales, su acceso, etapas, características, formas, plazos y términos es atribución exclusiva del legislador, el cual, atendiendo a las circunstancias socio-políticas del país y a los requerimientos de justicia, goza para tales efectos de un amplio margen de configuración tan sólo limitado “por la razonabilidad y proporcionalidad de las medidas adoptadas, en cuanto éstas se encuentren acordes con las garantías constitucionales de forma que permitan la realización material de los derechos sustanciales”[37]. 2.4.2.3 En virtud de la potestad de configuración con la que cuenta el legislador, este puede regular y definir[38] entre los múltiples aspectos de su resorte legislativo, algunos de los siguientes elementos procesales[39]: (i) El establecimiento de los recursos y medios de defensa que pueden intentar los administrados contra los actos que profieren las autoridades, -esto es, los recursos de reposición, apelación, u otros-, así como los requisitos y las condiciones de procedencia de los mismos.[40] (ii) Las etapas procesales y los términos y formalidades que se deben cumplir en cada uno de los procesos. (iii) La radicación de competencias en una determinada autoridad judicial, siempre y cuando el constituyente no se haya ocupado de asignarla de manera explícita en la Carta[41]. (iv) Los medios de prueba[42]. (v) Los deberes, obligaciones y cargas procesales de las partes, del juez y aún de los terceros intervinientes, sea para asegurar la celeridad y eficacia del trámite, o para proteger a las partes o intervinientes, o para prevenir daños o perjuicios en unos u otros procesos.[43] 2.4.2.4 En este sentido, en desarrollo de su potestad legislativa, el Congreso de la República puede establecer límites al ejercicio del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia: “(...) (E)l derecho de acceso a la administración de justicia resultaría seriamente afectado en su núcleo esencial si, como lo anotó la Corte, “este pudiera concebirse como una posibilidad ilimitada, abierta a los ciudadanos sin condicionamientos de ninguna especie”[44]. Tal interpretación, evidentemente llevaría a la parálisis total del aparato encargado de administrar justicia, e implicaría per se la inobservancia de ciertos derechos de los gobernados, en particular aquel que tienen las personas de obtener pronta y cumplida justicia. (...) (E)n virtud de la cláusula general de competencia (Art. 150-2), el legislador está ampliamente facultado para fijar los procedimientos judiciales y, en particular, los términos que conducen a su realización, siempre y cuando los mismos sean razonables y estén dirigidos a garantizar el derecho sustancial”.[45] 2.4.2.5 De esta manera, el derecho de acceso a la administración de justicia no es absoluto, sino que puede ser objeto de limitaciones y condicionamientos en su regulación legal[46], tales como los “límites temporales dentro de los cuales debe hacerse uso de las acciones judiciales, o los requisitos de procedibilidad para poner en movimiento el aparato judicial, -como exigir el agotamiento previo de la vía gubernativa-, o condiciones al acceso a la justicia, como la intervención mediante abogado o a la observancia de determinados requisitos de técnica jurídica”[47]. 2.4.2.6 Sin embargo, esta potestad no es absoluta, pues se encuentra limitada por las garantías constitucionales y debe ejercerse de acuerdo con la naturaleza de la acción o recurso respectivo[48], y los principios de proporcionalidad y razonabilidad, a fin de asegurar el ejercicio pleno de los derechos de acceso a la administración de justicia y debido proceso: “El legislador dispone de un amplio margen de discrecionalidad para regular los procesos judiciales, esto es para determinar el procedimiento, las actuaciones, acciones y demás aspectos que se originen en el derecho sustancial[49]. Todo ello dentro de los límites que fije la Constitución (art. 4º). Estos límites están representados por la prevalencia...