Sentencia C-412 de 2015

C-412-15 Sentencia C-412/15 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO-Normas relativas a régimen sancionatorio en minería ilegal ESTABLECIMIENTO DE MULTA Y OTRAS SANCIONES, POR AUTORIDAD POLICIVA, SOBRE ACTIVIDADES MINERAS ILEGALES-No quebranta el principio de legalidad, el debido proceso, ni la reserva legal La Sala Plena concluye que las expresiones “sin perjuicio de otras medidas sancionatorias”, “de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”, “la autoridad policiva correspondiente” y “El Gobierno Nacional reglamentará la materia”, todas contenidas en el inciso segundo del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, se ajustan al principio de legalidad, al debido proceso y a la reserva de ley, por cuanto: (i) no se vulnera el principio de legalidad y debido proceso, toda vez que pese al carácter genérico de algunas expresiones: (a) se estableció cuál es la conducta que contraría el ordenamiento jurídico, (b) se configuró la sanción a imponer en los casos en que se incurra en la prohibición allí prevista y, (c) el legislador determinó en la disposición acusada que la autoridad policiva es la competente para imponer la sanción prevista en la ley; así mismo, no se desconoce el principio de reserva de ley , en tanto (ii) la facultad otorgada al Gobierno Nacional en la norma demandada, tiene como finalidad específica la aplicación de las sanciones allí previstas, con lo cual no se está trasladando la competencia para regular mediante una norma reglamentaria la materia reservada, esto es, las condiciones para la explotación minera, sino que la facultad dada al ejecutivo está circunscrita a aplicar la prohibición de utilizar “dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional”. CRECIMIENTO SOSTENIBLE, COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO MINERO Y EXPANSION ENERGETICA-Control a la explotación ilícita de minerales EXPLOTACION ILICITA DE MINERALES-Decomiso y multa por incumplimiento a la prohibición en todo el territorio nacional de la utilización de equipos mecánicos sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018-Vigencia PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018-Derogatoria expresa de varias disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014-Vigencia hasta tanto no sean derogados o modificados por norma posterior DEROGATORIA-Concepto/DEROGATORIA-Tipos DEROGACION TACITA-Alcance PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2014-2018 "TODOS POR UN NUEVO PAIS”-No prevé disposiciones relacionadas con el régimen sancionatorio en las actividades de minería ilegal DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos/DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes/PRINCIPIO PRO ACTIONE-Aplicación PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y CONTROL A LA EXPLOTACION ILICITA DE MINERALES-Inexistencia de Cosa Juzgada Constitucional LIBERTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA SANCIONATORIA-Alcance POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION-Naturaleza jurídica POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION-Principios PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO-Principio de legalidad El principio de legalidad exige que dentro del procedimiento administrativo sancionatorio la falta o conducta reprochable se encuentre tipificada en la norma -lex scripta- con anterioridad a los hechos materia de la investigación-lex previa. En materia de derecho sancionatorio el principio de legalidad comprende una doble garantía, a saber: material, que se refiere a la predeterminación normativa de las conductas infractoras y las sanciones; y, formal, relacionada con la exigencia de que estas deben estar contenidas en una norma con rango de ley, la cual podrá hacer remisión a un reglamento, siempre y cuando en la ley queden determinados los elementos estructurales de la conducta antijurídica. Esto se desprende del contenido dispositivo del inciso 2° del artículo 29 de la Constitución Política que establece el principio de legalidad, al disponer que “nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se imputa (…)”, es decir, que no existe pena o sanción si no hay ley que determine la legalidad de dicha actuación, ya sea por acción u omisión. PRINCIPIO DE TIPICIDAD-Alcance El principio de tipicidad como desarrollo del de legalidad hace referencia a la obligación que tiene el legislador de definir con claridad y especificidad el acto, hecho u omisión constitutivo de la conducta reprochada por el ordenamiento, de manera que le permita a las personas a quienes van dirigidas las normas conocer con anterioridad a la comisión de la misma las implicaciones que acarrea su transgresión. Conviene precisar que si bien es cierto que en materia sancionatoria la ley puede hacer remisiones a los reglamentos, -con el fin de complementar el tipo allí descrito-, también lo es que la remisión se encuentra limitada al núcleo esencial de lo que se ha estipulado en la ley. De allí que la tipificación para la descripción de la conducta y la sanción, corresponde por mandato constitucional al legislador, mientras que la aplicación de la misma para subsumir el hecho antijurídico al tipo descrito, corresponde a la administración. DEBIDO PROCESO-Concepto y alcance/DEBIDO PROCESO-Elementos integradores El artículo 29 de la Constitución dispone, de una parte, que toda actuación se desarrolle con sujeción al procedimiento legalmente preestablecido en la materia. Y, de otra, constituye una limitación a los poderes del Estado, habida cuenta de que corresponde al legislador establecer previamente la infracción, las sanciones a que se hacen acreedores quienes incurran en estas y la definición de las autoridades públicas o administrativas competentes para realizar la investigación y, consecuentemente, imponer la sanción. La jurisprudencia constitucional ha sostenido de manera reiterada que el debido proceso es el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico orientadas a la protección del individuo incurso en una conducta judicial o administrativamente sancionable, precisando que son elementos integradores del debido proceso los siguientes: “a) el derecho a la jurisdicción y el acceso a la justicia; b) el derecho al juez natural; c) el derecho a la defensa; d) el derecho a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable; e) el derecho a la independencia del juez y f) el derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario.” DEBIDO PROCESO EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-Opera en tres momentos específicos Las garantías procesales en el campo administrativo sancionatorio no son iguales a las del ámbito judicial, toda vez que se enmarcan dentro de rasgos y etapas diversas. El debido proceso en las actuaciones administrativas opera en tres momentos específicos: (i) en la formación de la decisión administrativa (acto administrativo), (ii) en la notificación o publicación de esa decisión administrativa, y (iii) en la impugnación de la decisión (recursos). POTESTAD SANCIONADORA DE LA ADMINISTRACION-Ejercicio Para el ejercicio de la potestad sancionatoria a cargo de la administración se requiere: (i) una ley previa que determine los supuestos que dan lugar a la sanción, así como la definición de los destinatarios de la misma, -sin que necesariamente estén desarrollados todos los elementos del tipo sancionatorio-, ya que es válida la habilitación al ejecutivo con las limitaciones que la propia ley impone; (ii) que exista proporcionalidad entre la conducta o hecho y la sanción prevista, de tal forma que se asegure tanto al administrado como al funcionario competente, un marco de referencia que permita la determinación de la sanción en el caso concreto, y (iii) que el procedimiento administrativo se desarrolle conforme a la normatividad existente, en procura de garantizar el debido proceso. RESERVA DE LEY-Manifestación del principio de democracia y de división de los poderes La reserva de ley es una manifestación del principio de democracia y de división de los poderes, el cual exige que ciertas materias deban ser directamente reguladas por el legislador mediante la expedición de leyes y no a través de regulaciones de menor jerarquía como lo son los decretos de carácter reglamentario. Este principio impone la obligación de que los núcleos esenciales de la materia objeto de reserva estén contenidos (regulados) en una ley. RESERVA DE LEY-Tipos PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY-Carácter material LEY-Asuntos sujetos a reserva material Son asuntos sujetos a reserva material de ley las actividades que la Constitución expresamente señala: (i) las atribuciones propias del Congreso de la República y (ii) las que el legislador considere necesario regular, siempre y cuando no hayan sido otorgadas (tacita o expresamente) a otras ramas del poder o a otros órganos del Estado. LEY MATERIAL-Materias sujetas a reserva Frente a las materias sujetas a reserva de ley formal, la Corte Constitucional ha manifestado que son aquellos temas en los que no puede intervenir el legislador extraordinario, pues se exige la participación directa del Congreso como órgano máximo de deliberación política y de representación democrática, tal como ocurre con las leyes orgánicas, estatutarias y marco o cuando se decretan impuestos o expiden códigos. En suma: (a) sólo el legislador puede regular la materia; (b) las autoridades administrativas, incluido el Gobierno Nacional, carecen de competencia para regular esa materia; y, (c) el legislador no puede en la ley que trata la materia, delegar en el Gobierno Nacional la regulación de la misma. RESERVA DE LEY-No vacía la competencia del reglamento para desarrollar aspectos puntuales de materias dispuestas por el legislador Si bien es cierto que la reserva de ley limita la potestad reglamentaria, pues exige que ciertos asuntos sean regulados por normas con rango legal, dicho principio no vacía la competencia del reglamento para desarrollar aspectos puntuales de materias dispuestas por el legislador, cuando ella se circunscriba a reglas específicas, intrínsecamente relacionadas con la debida ejecución de la ley de que se trate. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY-Límites impuestos al legislador RESERVA LEGAL-Competencia regulatoria por parte de las autoridades administrativas Tratándose de asuntos sometidos a reserva legal la Corte ha identificado tres hipótesis en las que se puede ejercer la competencia regulatoria por parte de las autoridades administrativas, a saber: (i) Cuando las normas que desarrollan asuntos materia de reserva de ley hagan uso de lo que doctrinariamente se ha denominado como conceptos jurídicos indeterminados; (ii) mediante la remisión expresa al reglamento, cuando el asunto que se regula es de naturaleza técnica y no puede ser objeto de determinación exhaustiva por el legislador; (iii) Cuando el legislador prevea fórmulas amplias, las cuales permitan ejercer las competencias propias del Estado regulador, por parte de la autoridad administrativa a quien la ley le ha conferido esas funciones. MINERIA ILEGAL EN COLOMBIA-Consecuencias MINERIA ILEGAL-Concepto/MINERIA ILEGAL-Relación con el título minero TITULO MINERO-Expedición y otorgamiento TRAMITE DE LEGALIZACION Y OTORGAMIENTO DE TITULO MINERO A PERSONAS O COMUNIDADES QUE EJERCIAN LA MINERIA ILEGAL-Condiciones MINERIA ILEGAL-Régimen sancionatorio en nuestro ordenamiento jurídico CODIGO DE MINAS-Sanción punitiva como consecuencia del ejercicio de la minería ilegal CODIGO DE MINAS-Mecanismos para combatir la minería ilegal CODIGO DE MINAS-Régimen sancionatorio de naturaleza policiva ejecutado por las autoridades locales municipales AUTORIDAD AMBIENTAL-Imposición de requisitos, prohibiciones y restricciones para determinar la viabilidad de la concesión minera REGIMEN SANCIONATORIO ADMINISTRATIVO EN MATERIA AMBIENTAL-Prescribe y castiga los efectos nocivos por la explotación y exploración de minerales sin el cumplimiento de los requisitos PROHIBICION DE LA MINERIA ILEGAL EN EL TERRITORIO NACIONAL-Regímenes sancionatorios Como resultado del análisis de las normas que en el ordenamiento jurídico colombiano la prohibición de la minería ilegal en todo el territorio nacional, la Sala Plena arriba a la conclusión que las sanciones originadas en dicha actividad, debido al impacto negativo que genera en los sectores medio ambientales, económicos y de seguridad, se enmarcan en tres regímenes sancionatorios de diversa naturaleza, pero no excluyentes: (i) de carácter administrativo adelantado por la autoridad ambiental como consecuencia de las graves afectaciones que realizan al medio ambiente, recogido en la Ley 1333 de 2009; (ii) de naturaleza policiva llevado a cabo por los alcaldes de las localidades en las que se desarrolla la actividad minera ilegal, según lo dispuesto en el Código de Minas; y (iii) el de índole penal dispuesto en la Ley 599 de 2000 por remisión del estatuto minero. POLITICA ANDINA DE LUCHA CONTRA LA MINERIA ILEGAL-Objetivos específicos POLITICA ANDINA DE LUCHA CONTRA LA MINERIA ILEGAL-Medidas de cooperación MINERIA ILEGAL-Política comunitaria SUBSUELO Y RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES-Propiedad del Estado EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES-Amplia potestad de configuración normativa PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2010-2014 Y MEDIDA DE CONTROL Y ERRADICACION DE LA EXPLOTACION ILICITA DE MINERALES-Prohibición en todo el territorio nacional del uso de equipos sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional para proteger el medio ambiente y la legalidad en la actividad minera LEGISLADOR-Competencia para regular procesos judiciales y administrativos/PRINCIPIO DE LEGALIDAD DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS-Conductas y sanciones a imponer deben ser previamente fijados por el legislador De acuerdo con el parámetro previsto en el artículo 29, en conjunto con el artículo 150 de la Constitución Política, compete al legislador regular los diversos procesos judiciales y administrativos, estableciendo las etapas, oportunidades y formalidades aplicables a cada uno de ellos, así como los términos para interponer las distintas acciones y recursos ante las autoridades judiciales y administrativas. Esta Corporación ha sostenido que en atención al principio de legalidad, la descripción genérica de las conductas, las sanciones a imponer y los criterios para su determinación, deben ser previamente fijados por el legislador, pudiendo el ejecutivo mediante la expedición de actos administrativos definir los aspectos técnicos de una determinada materia. DEBIDO PROCESO EN EL DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR-Integrado por el principio de legalidad y de reserva legal El debido proceso integrado a su vez por el principio de legalidad y de reserva legal, en lo que al derecho administrativo sancionador se refiere, establece el deber del legislador de predeterminar la sanción y, para lo cual, le corresponde indicar los aspectos relativos a su núcleo esencial, a saber: clase, término, cuantía y el tope máximo, con el fin de proporcionar al funcionario competente un marco de referencia cierto para la determinación e imposición de la sanción y a los administrados el conocimiento de las consecuencias que se derivan de su trasgresión. Esto a diferencia de lo que sucede en el derecho penal “donde la descripción de los hechos punibles es detallada.” CODIGO DE MINAS-Juicios adelantados por autoridad policiva PRINCIPIO DE RESERVA LEGAL Y PRINCIPIO DE LEGALIDAD-Contenido y alcance no es asimilable Sobre el principio de reserva legal y el principio de legalidad, la jurisprudencia constitucional ha señalado que si bien es cierto ambos principios guardan identidad de propósitos, su contenido y alcance no es asimilable, en cuanto el primero dispone que hay determinadas materias señaladas en la Constitución, que deben ser desarrolladas exclusivamente por el legislador mediante una norma con rango de ley, mientras que el segundo hace referencia a que la cláusula general de competencia se encuentra en cabeza del Congreso de la República y, por ende, este tiene la potestad para expedir normas jurídicas de naturaleza vinculante. CLAUSULA GENERAL DE COMPETENCIA Y RESERVA LEGAL-Limites En cumplimiento de la cláusula general de competencia prevista en el artículo 150 de la Constitución Política, el Congreso no está obligado a desarrollar de manera integral todas las materias, pudiendo delimitar los temas y facultar su concreción a través de la expedición de reglamentos de naturaleza administrativa. En tratándose de los asuntos sujetos a reserva legal, la competencia reglamentaria es más limitada, puesto que se permite la colaboración armónica del ejecutivo para que desarrolle aspectos puntuales de la materia dispuesta por el legislador, pero confinado a reglas específicas, intrínsecamente relacionadas con la debida ejecución de la ley de que se trate. EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES-Reserva de ley Referencia: Expediente D-10485 Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 106 (parcial) de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.” Actor: Jorge Octavio Escobar Cañola Magistrado Sustanciador: ALBERTO ROJAS RÍOS Bogotá, D. C., primero (1°) de julio de dos mil quince (2015). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, previo cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, profiere la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Jorge Octavio Escobar Cañola demandó la inconstitucionalidad del artículo 106 (parcial) de la Ley 1450 de 2011, por considerar que vulnera los artículos 1, 29, 80, 93, 114, 150 (numerales 2 y 10), el artículo 360 de la Constitución Política; así como los artículos 9.1 y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York; el artículo 8 numerales 1, 2, 21, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica; los artículos XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 2 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, el artículo 64 de la Carta Andina para la Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Comunidad Andina de Naciones. Mediante Auto del siete (07) de noviembre del 2014, se admitió la demanda presentada contra los apartes del inciso segundo del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.”, con fundamento en que los cargos relacionados con la presunta vulneración del principio de legalidad que se desprende del debido proceso (art. 29 C.P.) y la reserva de ley (art 150 C.P.) satisfacen los requisitos establecidos en el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. 1. Disposiciones demandadas De conformidad con el Diario Oficial 48.102 del 16 de junio de 2011, a continuación se transcribe el texto de la norma, subrayando y resaltando en negrillas los apartes demandados: LEY 1450 DE 2011 (junio 16) Diario Oficial No. 48.102 de 16 de junio de 2011 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: (…) CAPÍTULO II. CRECIMIENTO SOSTENIBLE Y COMPETITIVIDAD. (…) 2.5 DESARROLLO MINERO Y EXPANSIÓN ENERGÉTICA. (…) Artículo 106. Control a la explotación ilícita de minerales. A partir de la vigencia de la presente ley, se prohíbe en todo el territorio nacional, la utilización de dragas, minidragas, retroexcavadoras y demás equipos mecánicos en las actividades mineras sin título minero inscrito en el Registro Minero Nacional. El incumplimiento de esta prohibición, además de la acción penal correspondiente y sin perjuicio de otras medidas sancionatorias, dará lugar al decomiso de dichos bienes y a la imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes, que impondrá la autoridad policiva correspondiente. El Gobierno Nacional reglamentará la materia. Las solicitudes que actualmente se encuentren en trámite para legalizar la minería con minidragas a que se refiere el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, serán rechazadas de plano por la autoridad minera. Parágrafo. El Gobierno Nacional reorganizará los municipios verdaderamente explotadores de oro y tomará medidas para aquellos municipios que usurpan y cobran por conceptos de regalías en esta materia sin tener derechos por este concepto; igualmente aquellos excedentes que se demuestren del resultado del uso indebido de estas regalías serán utilizadas como indexación e indemnización a los municipios afectados por la minería ilegal de acuerdo a la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional. 2. La demanda A juicio del demandante, los preceptos normativos subrayados en el inciso segundo del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, vulneran el principio de legalidad, el debido proceso y reserva de ley, disposiciones que limitan el poder del legislador para delegar en el Gobierno Nacional la determinación de las conductas y sanciones, así como la definición de la competencia y los procedimientos para imponerlas. Para sustentar este cargo indica que la división de poderes y distribución de las funciones públicas, conforme lo determina el título V, Capítulo 1 de la Constitución Política, en concordancia con los artículos 150, 189 y 228 Superiores, constituye una garantía de la libertad y del control a la arbitrariedad, según los cuales, ningún poder es absoluto, ni puede usurpar las funciones del otro: “Así mismo debemos advertir que la palabra ley utilizada por la Constitución en el artículo 29, atiende no solamente exclusivamente en un principio a las normas expedidas por el Congreso de la República, sobre los cuales incluso está prohibido conceder facultades extraordinarias como es el caso de las normas que trata el numeral 10 del artículo 150, de la Constitución, como la expedición de Códigos, las leyes estatutarias, las leyes orgánicas, las leyes marco (numeral 19), sino también en todas (sic) aquellos casos en que la constitución expresamente lo exige, como es el caso de la definición de las sanciones a las normas ambientales, como expresamente lo exige el artículo 80 de la Constitución, como en relación con la determinación de la condiciones (sic) para la explotación de los recursos naturales, según el artículo 360 de C.N., que también la constitución establece una reserva legal y particularmente son las materias a que hace referencia el artículo 106 de la ley 1450 de 2011.”[1] (Subrayado en el texto) En este mismo sentido señala que el principio de legalidad en el ordenamiento constitucional está regido por los tratados internacionales, los cuales exigen la expedición de leyes preexistentes al acto que se imputa. En palabras del demandante: “…que las reglas del procedimiento con las cuales se juzgará a una persona en un caso determinado, debe regularse por el legislador ordinario con anterioridad a la ocurrencia de los hechos, de forma tal que de manera previa estén establecidas las reglas del procedimiento que integran el debido proceso…”[2] Con fundamento en ello, considera que el legislador desconoció límites constitucionales: (i) al facultar de manera general, abstracta y ambigua al Gobierno Nacional para reglamentar la materia, mediante una norma de segundo orden o acto administrativo reglamentario; (ii) al no determinar expresamente cuáles eran las otras medidas sancionatorias que se le podrían imponer a las personas que infringieran la prohibición establecida en el referido artículo; (iii) al no definir como se graduaría la multa, puesto que solo se determinó que la misma va hasta mil salarios mínimos legales mensuales, sin especificar asimismo cuándo y en qué casos se aplicaría el máximo de esta y (iv) al no determinar cuál es la autoridad policiva correspondiente o competente para la imposición de las sanciones. “Por último, la norma impugnada faculta al Gobierno por vía reglamentaria para definir un procedimiento para la aplicación de las sanciones previstas de decomiso y multa, como de las otras medidas sancionatorias no previstas que el Gobierno defina reglamentariamente, y al parecer lo faculta para definirle a esa sanciones (sic) previstas de decomiso y multa, como a las no previstas, un procedimiento distinto a los establecidos en la ley ambiental (Decreto Ley 2811 de 1974, en concordancia con la ley 1333 de 2009), todo ello porque “de manera general, abstracta y ambigua” señala que el gobierno (sic)“reglamentara la materia”, materia que como hemos visto se encuentra sometida a una reserva legal por parte del constituyente (artículo 29, en concordancia con el artículo 360 y 80 de la C.N.), que limita al poder del legislativo (Numerales 2 y 10 del artículo 150 de la C.N.), con lo cual se hace necesario que la Corte Constitucional declare la inconstitucionalidad parcial del artículo 106 de la ley 1450 de 2011, con efectos retroactivos, porque una Ley del Plan Nacional de Desarrollo debe referirse a objetivos, planes y programas específicos de planeación de mediano y largo plazo, y no contener regulaciones relativas a leyes ordinarias, so pena de suplantar al legislador ordinario y con ello vulnerar el principio democrático. (…)”[3] A modo de conclusión el actor afirma: “Lo expuesto nos lleva (sic) a la conclusión que tanto el artículo 29, como el artículo 80 y el artículo 360 de la Constitución, establecen una reserva legal, que limita el poder del legislador, para la tipificación de las conductas y las sanciones, como la determinación de la competencia y la definición de los procedimientos para imponerlas, es decir que el constituyente limito el poder sancionador del Estado, en materia de las condiciones para la explotación de los recursos no renovables y en materia sancionatoria ambiental, al establecer en “esas materias” una reserva legal.”[4] 3. Intervenciones 3.1. Presidencia de la República El apoderado de la Secretaria Jurídica de la Presidencia, solicita en su escrito de intervención a la Corte Constitucional declarar la exequibilidad de la norma demandada, al considerar que esta disposición no confiere al Gobierno Nacional ninguna competencia de ejercicio exclusivo del legislador. Expone que las sanciones a imponer por la explotación ilícita de minerales son aquellas previstas en la ley y en la normatividad comunitaria pertinente, esto es, las sanciones penales correspondientes, las previstas en la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina[5] y el decomiso de los bienes. Por lo tanto, encuentra que la expresión “sin perjuicio de otras medidas sancionatorias” no implica una concesión normativa al Gobierno para que cree nuevas sanciones, sino que lo habilita para que reglamente la imposición de las ya definidas por el legislador o por una instancia internacional comunitaria. Así mismo señala, que de conformidad con la jurisprudencia de la Corte Constitucional,[6] corresponde al legislador definir los elementos esenciales de la sanción, con el fin de garantizar el cumplimiento del principio de legalidad y, a las autoridades administrativas, determinar el monto final de la multa, pues solo a partir de la valoración de las circunstancias concretas de la infracción es posible establecer el grado de responsabilidad de la conducta. Razón por la cual el precepto “de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes” es constitucional. En este sentido indica, que la norma acusada prevé los elementos esenciales para que la administración imponga la sanción a la que haya lugar, por incurrir en la prohibición establecida en el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, pues define la sanción y determina el monto máximo de la multa a imponer. Agrega, que si bien es cierto, el legislador puede determinar criterios para la imposición de las multas, dichos criterios no inhabilitan a la administración para que justifique conforme al principio de proporcionalidad y razonabilidad la imposición de la multa. De otro lado anota, que la Corte Constitucional en Sentencia C-594 de 2014 al declarar la exequibilidad de la expresión “las autoridades competentes” contemplada en el artículo 52 de la Ley 1453 de 2011, comprobó que ésta resultaba perfectamente determinable, pues a partir de una interpretación sistemática, podía establecerse que autoridades ostentaban dicha competencia. Motivo por el cual considera, que en el presente demanda, no es dable entender que el aparte autoridad policiva correspondiente” previsto en la norma acusada, permite al Gobierno Nacional delegar dicha facultad a cualquier autoridad, sin la observancia de las normas que confieren competencias en materia de control de actividad minera. En relación con la expresión “El Gobierno Nacional reglamentará la materia”, alega, que el demandante ante la imposibilidad de demostrar que la disposición acusada es violatoria de los preceptos constitucionales invocados, recurrió al Decreto 2235 de 2012 (norma accesoria del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011), para explicar la supuesta vulneración, sin percatarse de que los reparos a la regulación reglamentaria no son argumentos de inconstitucionalidad contra la norma legal. Por lo que concluyó, que el aparte acusado no contraria en sí mismo la Constitución Política, ya que se limita a reafirmar la competencia conferida al Presidente de República, para que expida reglamentos sobre aspectos varios, relacionados contra la lucha de la minería ilegal, que no hayan sido regulados por el legislador. Finalmente, hace alusión a la demanda presentada contra el inciso 3º del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, referente al rechazo de plano de todas las solicitudes que se encuentren en trámite para legalizar “la minería con minidragas a que se refiere el artículo 30 de la Ley 1382 de 2010”, indicando que dicha decisión hace parte de la política de lucha contra la minería ilegal, y que las acusaciones por la presunta vulneración al debido proceso, a la igualdad, a la reserva legal y demás normas presuntamente vulneradas , no tienen fundamento, más aún, si se tiene en cuenta que la sola presentación de la solicitud no otorga al particular, por sí misma, un derecho adquirido. 3.2. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible En su escrito de intervención, el apoderado judicial solicita a esta Corporación, que se abstenga de realizar un estudio de la presente demanda por cuanto ha operado el fenómeno de Cosa Juzgada Constitucional, en razón al pronunciamiento realizado por la Corte Constitucional en Sentencia C-331 de 2012, en la cual se declaró la exequibilidad del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, objeto de la presente demanda. No obstante a ello, solicita que en el evento de no ser tenido en cuenta el anterior argumento, se declare la exequibilidad de los apartes demandados, por las siguientes razones: · El precepto “sin perjuicio de otras medidas sancionatorias” no es inconstitucional, ya que en aplicación del principio y derecho al debido proceso, quién realiza algún tipo de explotación minera sin título, sin licencia o sin permiso ambiental, deberá ser sancionado como lo establece la Ley 1333 de 2009, por medio de la cual se determina el procedimiento sancionatorio ambiental. · El aparte que hace referencia a la imposición “de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes” no viola la Constitución, por cuanto es desarrollo del principio de libertad de configuración legislativa, el cual, en aplicación al principio de legalidad y confianza legítima estableció la sanción aplicable por incumplir la prohibición referida en el inciso 1º del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011. · La expresión “la autoridad policiva correspondiente” no es contraria de la Constitución, ya que estas autoridades, para efectos ambientales, se encuentran debidamente facultadas por el artículo 1º de la Ley 1333 de 2009. · El demandado precepto que señala “El Gobierno nacional reglamentará la materia” no es inconstitucional, toda vez que el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política establece que cuando la potestad reglamentaria deviene de una potestad otorgada por el Congreso de la República, es constitucional mientras no trasgreda o sobrepase el mandato otorgado y los derechos de la Constitución. · Que la declaración “serán rechazadas de plano por la autoridad minera” corresponde, a la amplia libertad de configuración que le compete al legislador, y deviene de la protección al medio ambiente y a los recursos naturales. · Finalmente señala, que cuando el parágrafo de la norma demandada establece que el Gobierno Nacional “tomará medidas”, es porque hace parte de las facultades otorgadas al Presidente de la República en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política. 3.3.Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario En el escrito de intervención, la Universidad del Rosario luego de contextualizar el contenido sobre los principios de legalidad, reserva de ley y tipicidad legal, dentro del ámbito del derecho administrativo sancionador, solicita a la Corte: Declarar la inexequibilidad de la expresión “El Gobierno Nacional reglamentara la materia”, por cuanto está otorgando al Gobierno Nacional la facultad para que reglamente las medidas sancionatorias por la utilización de dragas, mini dragas, retroexcavadoras y otros equipos para la explotación minera que no tengan el correspondiente título minero, sin cumplir con los elementos mínimos para que proceda una reglamentación ajustada a la reserva de ley, propia de la sanción administrativa. “el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 se limita a señalar el tipo de sanción (decomiso de los bienes) y la cuantía de la multa correspondiente, pero omite los elementos restantes (criterios, sujetos de la sanción, autoridad competente y procedimiento de imposición) que obligatoriamente debía consagrar por virtud de la aplicación de los principios de legalidad, reserva de ley y tipicidad.”[7] A este respecto concluye, que si bien es cierto que los componentes de la sanción antes referidos, se encuentren contenidos y desarrollados en otra ley y por ende deberán predicarse de cada uno de esto cuerpos normativos, no es admisible, que esos elementos sean desarrollados a partir del ejercicio de la potestad reglamentaria, tal y como lo establece la norma acusada. De otro lado, solicita declarar la exequibilidad de la expresión “serán rechazadas de plano por la autoridad minera”, debido a que las solicitudes en trámite realizadas con ocasión del artículo 30 de la Ley 1382 de 2010, no dan lugar a la consolidación de un derecho adquirido, sino a meras expectativas dirigidas a obtener la legalización para la explotación minera, pues el solo agotamiento del trámite, no garantiza una respuesta afirmativa a sus intereses. Finalmente, solicita a esta Corporación, abstenerse de hacer un pronunciamiento respecto de la expresión “y tomará otras medidas”, por cuanto el demandante no estructuró un cargo y tampoco solicitó dentro de las pretensiones de la demanda, su inexequibilidad. 3.4. Ministerio de Minas y Energía En el escrito de intervención, el apoderado judicial de este organismo solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida por ineptitud sustantiva de la demanda, para lo cual argumenta, que el demandante se limita a enunciar y transcribir las normas que considera vulneradas sin precisar de manera clara y concreta las razones de sus pretensiones, sujetándose en consecuencia a emitir juicios y consideraciones imprecisas, que no permiten confrontar la norma acusada con el texto constitucional invocado. Así mismo, solicita que en caso de no declararse la inhibición, se declare la exequibilidad del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, en cuanto: · La norma acusada y desarrollada por el Decreto 2235 de 2012, se expidió con el fin de proteger el bien jurídico del medio ambiente, el cual se encuentra conexo con el derecho a la vida y la salud de las personas. Por lo tanto, se entiende que las medidas establecidas en el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, son necesarias para cesar con la vulneración a este derecho y/o evitar el daño y amenaza del mismo. · La responsabilidad de protección del medio ambiente no es sólo del Estado sino también de la comunidad, por lo tanto, los derechos individuales alegados por el demandante, no tienen primacía cuando se busca proteger el medio ambiente que es un derecho de toda la sociedad; más aun, cuando las personas no tienen la potestad para disponer de los recursos naturales no renovables, debido a que la normatividad prevé restricciones relacionadas con la selección de áreas en el territorio nacional, con fines de explotación minera. · Si el derecho de un particular, no cumple con la función social-ecológica y causa daño o amenaza al medio ambiente, es posible limitarlo, pero, si su presunto derecho se basa en la ilegalidad no existe derecho alguno. Por lo tanto, el decomiso o la destrucción de los productos, maquinaria, elementos, medios e implementos utilizados para infringir las normas ambientales es una medida válida que evita la degradación del medio ambiente por la minería ilegal. · La norma acusada proviene de una deposición supranacional-Decisión 774 de la Comunidad Andina de Naciones[8]-, que tiene preferencia y efecto directo sobre las disposiciones nacionales. · No hay vulneración al debido proceso, toda vez que existe un procedimiento de verificación para el cumplimiento de los requisitos en materia de exploración y explotación de minerales, que permite la oposición de quien puede verse perjudicado. 3.5. Departamento Nacional de Planeación El apoderado judicial de esta entidad, solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida para pronunciarse sobre la demanda presentada contra el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, porque las razones esgrimidas por el actor, no permiten realizar con claridad la comparación de algunos de los cargos formulados con la Constitución y los tratados internacionales. De igual manera, solicita que en caso de no ser tenidos en cuenta los anteriores argumentos se declare la exequibilidad de la norma demandada, ya que el Gobierno Nacional, en búsqueda del interés general puede reglamentar los procesos, procedimientos, cuidados y mecanismo de mitigación de riesgos y amenazas que considere prudentes para proteger un bien jurídico mayor. Razón por la cual, el legislador en esta oportunidad, otorgó al Gobierno herramientas que le permiten combatir con la celeridad propia de la gestación administrativa una amenaza irreparable sobre el medio ambiente. Frente a la imposición de multas de tipo administrativo indica, que no solo son necesarias, sino que además se encuentran jurídicamente soportadas en la Constitución y la ley. Explica que el decomiso de la maquinaria utilizada en materia de minería ilegal, constituye una medida de carácter preventivo para impedir que se continúe con la actividad ilegal, sin que ello presuponga necesariamente una expropiación por vía administrativa, pues el particular podrá solicitar a la autoridad administrativa correspondiente, o por vía judicial, la devolución de la maquinaria decomisada. Sobre el derecho al trabajo, indica, que por tratarse de una actividad tipificada como ilegal, no da origen a una reclamación de este derecho. Finalmente arguye que “siendo el Gobierno Nacional por mandato de ley, quien tiene la potestad para reglamentar el uso del suelo y subsuelo y el desarrollo de actividades relacionadas con la explotación de un recurso natural no renovable, tiene la facultad sin que sea necesario que medie una ley que así lo señale, decidir sobre la base de una política pública, quiénes, cuándo y cómo se pueden explotar estos recursos así como tomar la determinación de suspender la expedición de licencias en el momento en el que lo considere pertinente rechazando por motivos de interés general y utilidad pública aquellas solicitudes que como aquellas que utilizan maquinaria y dragas para la explotación afecten el interés general”[9] 3.6. Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el escrito de intervención, el apoderado del Ministerio solicita a la Corte Constitucional declararse inhibida para conocer del estudio integral de la demanda, en razón a que el demandante no definió con claridad la manera como las disposiciones acusadas desconocen o vulneran la Constitución, sino que se limitó a exponer su desacuerdo con el Decreto 2235 de 2012, el cual ostenta carácter de Decreto reglamentario, siendo en consecuencia, competencia exclusiva del Consejo de Estado, adelantar el examen de esta disposición. De otro lado, solicita que de manera subsidiaria se declare la exequibilidad de la norma demandada, pues tras hacer un recuento normativo sobre el control judicial de leyes aprobatorias de tratados concluye que, “las facultades que el Gobierno ejecuta con la expedición del Decreto 2235 de 2012, no anulan, contravienen o suprimen el principio de legalidad, pues no estamos frente a la inexistencia de una regulación básica o materialidad legislativa, a partir de la cual, el Gobierno ejerce la función reglamentaria, demostrado está, que el congreso de la república, en su calidad de órgano de representación popular, se pronunció sobre la aprobación del tratado y los protocolos modificatorios, por lo que no asiste razón al actor, cuando expone el carácter autónomo del decreto.”[10] Precisa que las facultades para decomisar, incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados en la minería ilegal, se encuentran expresamente consagrados en el artículo 6º de la Decisión 774 de 2012 de la Comunidad Andina de Naciones, por lo que deben entenderse incorporadas a nuestro ordenamiento interno, en virtud de la aprobación de tratados y protocolos modificatorios realizados por el Congreso de la República. 3.7. Defensoría del Pueblo En la intervención realizada por el Defensor Delegado para Asuntos Constitucionales y Legales se solicita a la Corte Constitucional, declararse inhibida para pronunciarse sobre el objeto de la presente demanda, debido a que el demandante se limita a hacer un listado de las disposiciones constitucionales, generando de esta manera un planteamiento indeterminado, que no reflejan cómo las disposiciones acusadas desconocen la Constitución. Frente a la presunta vulneración del principio de separación de poderes y legalidad invocado por el demandante, considera que: · Carece de claridad, ya que los argumentos presentados en la demanda parecen estar dirigidos al texto del Decreto 2235 de 2012, por tanto no resulta claro si la presunta inconstitucionalidad resulta de otorgarle facultades al Gobierno para regular la materia o, de la forma en la cual, dicha regulación se llevó a cabo. · Carece de certeza, ya que el demandante deriva de la proposición normativa unas consecuencias que son inciertas y que no responden a su contenido sino a la reglamentación hecha por el Gobierno mediante el decreto referido. · Carece de especificidad, en razón a que el demandante no concreta en el escrito de la demanda, la forma en que la norma demandada vulnera los artículos constitucionales invocados. Respecto a la supuesta vulneración al derecho de petición, en razón a que la norma acusada dispone el rechazo de plano de todas las solicitudes que se encuentren en trámite para la legalización de título minero, considera la defensoría, que carece de claridad y suficiencia, al no presentar ninguna justificación que explique, por qué la respuesta negativa se constituye en una vulneración a este derecho. II. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN De conformidad con los artículos 242-2 y 278-5 de la Constitución Política, el Procurador General de la Nación rindió concepto de constitucionalidad número 5877 en el proceso de la referencia. En primer lugar, la vista fiscal realizó un estudio sobre la competencia de la Corte Constitucional para proferir un pronunciamiento de fondo en relación con las expresiones demandadas, teniendo en cuenta que el plan de desarrollo tiene una vigencia temporal ligada a cada periodo presidencial. En este sentido,[11] manifiesta que el Plan Nacional de Desarrollo expedido mediante Ley 1450 de 2011 para el año 2010-2014 continúa vigente, en razón a que “la previsión 2010-2014 de ser interpretada como una manifestación de temporalidad del plan, pero no como un plazo perentorio, toda vez que resultaría contrario al ordenamiento superior dejar al país sin plan nacional de desarrollo vigente hasta que sea expedido uno nueva (…)”, más aún, cuando en el presente caso, el Presidente y el Congreso de la República al momento de la finalización del año 2014 no se encontraban en mora de expedir un nuevo plan. Por lo tanto, la Corte es competente para pronunciarse al respecto. En cuanto al fondo de la demanda, solicita a esta Corporación declarar la exequibilidad del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, en relación con los cargos formulados, para lo cual alegó, que la expresión “el Gobierno Nacional reglamentará la materia” no tiene por objeto facultar al Gobierno Nacional para crear sanciones no previstas en el artículo acusado, sino la facultad reglamentaria amplia para concretar los parámetros en que la autoridad administrativa debe aplicar las sanciones determinadas expresamente por el legislador en el artículo acusado, esto es: (i) el decomiso de los bienes con los cuales se efectúe la explotación minera sin título inscrito y, (ii) la imposición de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia constitucional, en cuanto ha señalado que la tipificación de la sanción de una conducta, en cualquier especie del ius puniendi, debe efectuarse necesariamente a través de una fuente jurídica con rango de ley,[12] esto en consideración a la técnica constitucional especial de reserva legal, según la cual, ciertos temas únicamente pueden ser regulados por medio de una fuente con rango de ley[13] y, conforme al principio de legalidad que implica la necesidad de que la sanción este prevista en una norma con carácter de ley, aclarando en este punto, que el ejecutivo, como legislador extraordinario lo puede hacer, pero no a través de su facultad reglamentaria. En este sentido, indica lo siguiente: · La expresión “sin perjuicio de otras medidas sancionatorias”, corresponde a una frase propia de la técnica legislativa al disponer que la norma en comento no tiene la capacidad de derogar, ni tácita ni orgánicamente otras sanciones que puedan estar previstas en el ordenamiento jurídico con las cuales se reprima la minería sin título inscrito. · La expresión “de una multa hasta de mil salarios mínimos legales mensuales vigentes”, resulta acorde con el principio de legalidad y, más exactamente con la reserva legal, en el sentido que el Congreso establezca los máximos aplicables para la represión de la conducta prohibida con el ánimo que sea la autoridad administrativa quien determine la forma como esta podría particularizarse en cada caso. · La expresión “que impondrá la autoridad policiva correspondiente”, no resulta violatoria de la Constitución. Por cuanto es respetuosa de la reserva de ley que la autoridad administrativa sea quien despliegue los procedimientos para determinar las sanciones, toda vez que ésta es la función de las autoridades administrativas en el derecho administrativo sancionador. · Finalmente, indica que la expresión el Gobierno Nacional reglamentará la materia” debe ser condicionada como se señaló anteriormente y no como la facultad para que el Gobierno cree nuevas sanciones o medidas sancionatorias para reprimir la minería sin título inscrito, pues esto supondría una violación de la Constitución Política por desconocer la reserva legal que exige el ius puniendi. III. CONSIDERACIONES 1. Competencia La Corte Constitucional es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las disposiciones demandadas, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 241 de la Constitución Política. 2. Estudio preliminar 2.1. Vigencia El artículo 267 la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "todos por un nuevo país", que entró en vigor el día 9 de junio de la presente anualidad, estableció la derogatoria expresa de varias disposiciones del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 así como de otras disposiciones. Una revisión de las materias derogadas, le permite a la Corte constatar que el artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 demandado, no fue objeto de derogatoria expresa. Al respecto, el nuevo plan de desarrollo estableció que con el fin de dar continuidad a los planes, programas y proyectos de mediano y largo plazo contenidos en la Ley 1450 de 2011 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo, 2010-2014.”, que no hubiesen sido objeto de derogatoria expresa o tácita, estos continuarán vigentes, hasta tanto no sean derogados o modificados por norma posterior. En la medida en que no hubo derogatoria expresa, se debe verificar si operó una derogatoria tácita, con la finalidad de determinar si la norma demandada se encuentra vigente y, por tanto, es materia sujeta al control de la Corte. Para tal efecto, conviene recordar que la derogatoria es el procedimiento a través del cual se deja sin vigencia una disposición normativa, fenómeno que está regulado en la Ley 57[14] de 1887 en dos tipologías diversas. De una parte, la derogatoria expresa que se produce cuando la nueva ley formalmente suprime la ley anterior. Y, de otra, la derogatoria tácita que opera cuando una ley nueva de la misma jerarquía y materia contiene disposiciones incompatibles o contrarias a las de la ley antigua. En esta última categorización, está contenida la derogatoria orgánica, que no es más que una especie de la tácita y se produce cuando una ley reglamenta toda la materia regulada por una o varias normas precedentes, aunque no exista incompatibilidad entre las disposiciones de éstas y las de la nueva ley. El artículo 71 de Ley 57 de 1887 regula los tipos de derogatoria de las leyes, así: “ARTICULO 71. CLASES DE DEROGACION. La derogación de las leyes podrá ser expresa o tácita. Es expresa, cuando la nueva ley dice expresamente que deroga la antigua. Es tácita, cuando la nueva ley contiene disposiciones que no pueden conciliarse con las de la ley anterior. La derogación de una ley puede ser total o parcial.” A su vez, el artículo 72 de la misma ley define el alcance de la derogatoria tácita: “ARTICULO 72. ALCANCE DE LA DEROGACION TACITA. La derogación tácita deja vigente en las leyes anteriores, aunque versen sobre la misma materia, todo aquello que no pugna con las disposiciones de la nueva ley.” En ese contexto, la derogatoria tácita se presenta cuando una norma jurídica posterior resulta incompatible con una norma anterior o se expide una reglamentación integral de la materia, indistintamente a la incompatibilidad o las antinomias normativas. De acuerdo con lo anterior, la Corte procede a examinar si en este caso se presenta el fenómeno de la derogatoria tácita[15], respecto de cada una de las expresiones demandadas, habida cuenta de que se trata de normas relativas al régimen sancionatorio en la minería ilegal incorporadas al Plan Nacional de Desarrollo. Teniendo en cuenta que la Ley 1753 de 2015 “por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "todos por un nuevo país", no prevé disposiciones relacionadas con el régimen sancionatorio en las actividades de minería ilegal, no es posible deducir de la misma una regulación integral sobre la materia o que exista incompatibilidad o contradicción entre estas y las previstas en el antiguo Plan Nacional de Desarrollo. Es decir, la materia no fue objeto de regulación en el nuevo plan de desarrollo. En esta medida, los apartes demandados del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011 continúan plenamente vigentes y, por tanto, son objeto de control por parte de esta Corporación. 2.2. Aptitud de los cargos formulados Cuatro de los intervinientes solicitaron a la Corte inhibirse de realizar un pronunciamiento de fondo sobre los cargos formulados contra los apartes del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, por considerar que la demanda no cumple con los requisitos establecidos para su admisibilidad. Lo anterior, con base en que los argumentos esgrimidos por el demandante no establecen con claridad cómo las disposiciones acusadas desconocen la Constitución, lo que genera duda sobre si la inconformidad del actor versa realmente sobre la norma acusada o el Decreto 2235 de 2012 que la desarrolla. El artículo 2º del Decreto 2067 de 1991 establece los requisitos generales que debe contener toda demanda de constitucionalidad para su admisibilidad. Puntualmente, el numeral 3º, dispone que el demandante tiene la carga de hacer el señalamiento de las razones por las cuales las normas constitucionales invocadas se estiman violadas. La Corte se ha pronunciado en el sentido de advertir que, si bien es cierto que la acción pública de inconstitucionalidad no está sometida a mayores rigorismos y en ella debe prevalecer la informalidad[16], el ciudadano tiene la obligación de cumplir con ciertos requisitos y contenidos mínimos que permitan a este Tribunal efectuar de manera satisfactoria el estudio de constitucionalidad correspondiente. Al respecto, esta Corporación ha indicado que el escrito de demanda debe ser susceptible de generar una verdadera controversia constitucional, por lo cual los cargos formulados por el demandante deben ser claros, ciertos, específicos, pertinentes y suficientes. En otras palabras, la acusación debe ser suficientemente comprensible (clara) y recaer verdaderamente sobre el contenido de la disposición acusada (cierta). Además, la demanda interpuesta debe mostrar cómo la disposición vulnera la Carta Política (especificidad), con argumentos de naturaleza constitucional que no sean de índole legal o puramente doctrinarios, ni referidos a situaciones individuales (pertinencia). Finalmente, la acusación debe estar formulada en forma completa y suscitar una mínima duda sobre la constitucionalidad de las normas demandadas (suficiencia).[17] Descendiendo al caso objeto de estudio, se evidencia que los argumentos presentados por los intervinientes para solicitar la inhibición, en cuanto a la falta de claridad, especificidad, pertinencia y certeza, se fundamentan en que el demandante, tras exponer una serie de consideraciones subjetivas y hacer una relación de las supuestas normas constitucionales que se desconocen, no establece cómo los preceptos acusados del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, vulneran la Constitución y los tratados internacionales. Así mismo, alegan los intervinientes que los argumentos proporcionados por el demandante para demostrar la presunta vulneración, tienen por base el Decreto 2235 de 2012, por medio del cual se reglamentó el uso de maquinaria pesada y sus partes en actividades mineras sin las autorizaciones y exigencias previstas en la ley, situación que permite inferir que la inconformidad del demandante, está orientada a cuestionar dicho decreto y no a la ley como tal. Sobre este punto, es necesario recordar que el ciudadano Jorge Octavio Escobar Cañola demandó la inconstitucionalidad del artículo 106 (parcial) de la Ley 1450 de 2011, al estimar que vulnera los artículos 1, 29, 80, 93, 114, 150 numerales 2 y 10; el artículo 360 de la Constitución Política; los artículos 9.1 y 14 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York; el artículo 8 numerales 1, 2, 21, 25 y 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica; los artículos XVIII, XXV y XXVI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, los artículos 2 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y, el artículo 64 de la Carta Andina para la Promoción y Protección de Derechos Humanos de la Comunidad Andina de Naciones, así como los principios de legalidad y reserva legal de tipificación de conductas y sanciones. Mediante Auto del siete (7) de noviembre de dos mil catorce (2014), se admitió la demanda formulada contra el inciso segundo del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, por la presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al principio de legalidad y reserva legal. Así mismo, se inadmitió la acción interpuesta contra el inciso segundo y tercero del artículo 106 de la Ley 1450 de 2011, por la presunta vulneración del los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 15, 23, 80, 84, 85, 93, 114, 115, 116, 121, 150 numerales 2 y 10, 189 numeral 11, 209 y 360 de la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por Colombia sobre el principio de legalidad, al no reunir los requisitos exigidos por el numeral 3º del artículo 2º del Decreto 2067 de 1991. En el mismo auto, y de conformidad con el artículo 6º del Decreto 2067 de 1991, se concedió el término de tres (03) días para realizar la corrección de la demanda y se advirtió que en el caso de no efectuarla, esta sería rechazada[18]. Por comunicación de la Secretaría General de la Corte Constitucional, se informó a este despacho que el Auto de fecha de siete (7) de noviembre de dos mil catorce (2014), fue notificado por medio de estado número 184 del once (11) de noviembre del mismo año, no siendo presentada la corrección sugerida dentro del término de la ejecutoria. En consecuencia, al no haber sido corregida la demanda dentro del plazo fijado por la Ley, esta Corporación mediante auto de veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014), dispuso rechazar la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Jorge Octavio Escobar Cañola contra el inciso segundo y tercero del artículo 106 de la ley 1450 de 2011, por la presunta vulneración del los artículos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 13, 15, 23, 80, 84, 85, 93, 114, 115, 116, 121, 150 numerales 2 y 10, 189 numeral 11, 209 y 360 de la Constitución Política y los tratados internacionales suscritos por Colombia sobre el principio de legalidad. De acuerdo con lo anterior y en atención a las intervenciones, la Corte procederá a corroborar si la demanda presentada contra el inciso segundo de la Ley 1450 de 2011, por la presunta vulneración al derecho fundamental al debido proceso, al principio de legalidad y reserva legal, cumple con los requisitos básicos para justificar un pronunciamiento de fondo sobre los cargos admitidos a trámite. En el escrito de la demanda, el demandante realiza un análisis normativo sobre la implicación que tiene el principio de legalidad, el derecho al debido proceso y la cláusula de reserva legal en el ejercicio del poder público, en cuanto limitan las facultades otorgadas a cada una de las ramas del poder público (división de poderes y distribución de funciones), concluyendo que: · “El legis...