Sentencia C-394 de 2023

C-394-23 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia C-394/23 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia en los cargos CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes ACTO LEGISLATIVO DE SISTEMA ACUSATORIO-No constituye parámetro de juzgamiento de normas expedidas con anterioridad ACTO LEGISLATIVO QUE IMPLEMENTO EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO-Modificaciones que introdujo en el sistema procesal penal ACTO LEGISLATIVO-Modificación de las funciones propias de la Fiscalía General de la Nación ACTO LEGISLATIVO DE SISTEMA ACUSATORIO-Vigencia REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL -Sala Plena- Sentencia C-394 de 2023 Expedientes: D-15.162 Demandante: Juan Camilo Ríos Jiménez Asunto: Acción pública de inconstitucionalidad en contra de normas enunciadas en algunas expresiones de los artículos 114.2, 341, 352, 354, 365 y 392 de la Ley 600 de 2000, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal” Magistrado Sustanciador: Jorge Enrique Ibáñez Najar Bogotá D.C., cinco (05) de octubre de dos mil veintitrés (2023) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, en particular de aquella que le confiere el artículo 241.4 de la Constitución Política, profiere la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso adelantado, en los términos de los artículos 40.6, 241.4 y 242 de la Constitución y el Decreto 2067 de 1991, con ocasión de la demanda de inconstitucionalidad presentada por el ciudadano Juan Camilo Ríos Jiménez, en contra de las normas enunciadas en algunas expresiones contenidas en los artículos 114.2, 341, 352, 354, 365 y 392 de la Ley 600 de 2000, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.” I. ANTECEDENTES 1. El 2 de febrero de 2023,[1] el ciudadano Juan Camilo Ríos Jiménez presentó demanda de inconstitucionalidad en contra de las normas enunciadas en algunas expresiones contenidas en los artículos 114.2, 341, 352, 354, 363, 364, 365 y 392 de la Ley 600 de 2000, “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal”, al estimar que ellas son incompatibles con lo previsto en los artículos 1, 13, 28, 29 y 250 de la Constitución Política. 2. Mediante Auto del 27 de febrero de 2023, tras constatar que el actor había acreditado en debida forma su condición de ciudadano, se inadmitió la demanda de inconstitucionalidad, al advertir que al estructurar su acusación el actor no tuvo en cuenta lo resuelto por la Corte en las sentencias C-801 de 2005 y C-403 de 2022, que hicieron tránsito a cosa juzgada y en las que se estudiaron varios de los reproches que formula en su demanda. Así, se le solicitó explicar, con suficiencia y rigurosidad, por qué respecto de esas providencias no se había configurado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, independientemente de que las normas estudiadas en aquellas sean distintas a las ahora demandadas, pues la argumentación actual es básicamente la misma: que prolongar en el tiempo la vigencia de la Ley 600 de 2000, redunda en que a unas personas la fiscalía les puede imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad de manera directa, esto es, sin un control por parte del juez de control de garantías, en contravía del derecho al juez natural y a las formas propias de cada juicio. 3. Por medio de Auto del 22 de marzo de 2023, luego de estudiar el escrito de corrección de la demanda, en el cual el actor reformuló la acusación y prescindió de uno de los cargos, se dispuso la admisión de la demanda. A. Normas demandadas 4. El texto de dichos artículos, con las expresiones que enuncian las normas demandadas en subrayas, es el siguiente: “Ley 600 de 2000 (julio 24)[2] Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. El Congreso de Colombia, Decreta (…) ARTICULO 114. ATRIBUCIONES.[3] <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> Corresponde a la Fiscalía General de la Nación: 1. Investigar los delitos y acusar a los presuntos infractores ante los juzgados y tribunales competentes. 2. Asegurar la comparecencia de los presuntos infractores de la ley penal, adoptando las medidas de aseguramiento. (…) ARTICULO 341. RESTRICCION A LA LIBERTAD DEL INDAGADO. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> Si terminada la indagatoria subsisten o surgen razones para considerar que hay lugar a imponer medida de aseguramiento, dentro de la misma diligencia podrá el funcionario judicial ordenar la privación de la libertad mientras se le define su situación jurídica, librando la correspondiente boleta de encarcelación al establecimiento de reclusión respectivo. En el evento en que no se ordene inmediatamente la privación de la libertad, en caso de presentación espontánea sin que medie citación ni orden de captura, se ordenará suscribir diligencia de compromiso, mientras se resuelve la situación jurídica. (…) ARTICULO 352. FORMALIZACION DE LA CAPTURA. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> Cuando el capturado, según las previsiones legales, deba ser recluido, el funcionario judicial bajo cuyas órdenes se encuentre dispondrá de un plazo máximo de treinta y seis (36) horas para legalizar dicha situación, contadas a partir del momento en que tenga noticia de la captura. En tal caso, expedirá mandamiento escrito al director del respectivo establecimiento de reclusión, para que en dicho lugar se le mantenga privado de libertad. La orden expresará el motivo de la captura y la fecha en que ésta se hubiere producido. Vencido el término anterior sin que el director del establecimiento de reclusión hubiere recibido la orden de encarcelación, procederá a poner en libertad al capturado, bajo la responsabilidad del funcionario que debió impartirla. El incumplimiento de la obligación prevista en el inciso anterior, dará lugar a la responsabilidad penal correspondiente. (…) ARTICULO 354. DEFINICION.[4] <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> La situación jurídica deberá ser definida en aquellos eventos en que sea procedente la detención preventiva.[5] Cuando la persona se encuentre privada de la libertad, rendida la indagatoria, el funcionario judicial deberá definir la situación jurídica por resolución interlocutoria, a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes, indicando si hay lugar o no a imponer medida de aseguramiento si hubiere prueba que la justifique u ordenando su libertad inmediata. En este último caso, el sindicado suscribirá un acta en la que se comprometa a presentarse ante la autoridad competente cuando así se le solicite. Si el sindicado no estuviere privado de la libertad, el plazo para resolver situación jurídica será de diez (10) días contados a partir de la indagatoria o de la declaratoria de persona ausente.[6] El Fiscal General de la Nación o su delegado dispondrán del mismo término cuando fueren cinco (5) o más las personas aprehendidas, siempre que la captura de todas se hubiere realizado en la misma fecha. (…) ARTICULO 365. CAUSALES. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> Además de lo establecido en otras disposiciones, el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional garantizada mediante caución prendaria[7] en los siguientes casos: 1. Cuando en cualquier estado del proceso estén demostrados todos los requisitos para suspender condicionalmente la ejecución de la pena. 2. Cuando en cualquier estado del proceso hubiere sufrido el sindicado en detención preventiva un tiempo igual al que mereciere como pena privativa de la libertad por la conducta punible que se le imputa, habida consideración de la calificación que debería dársele. Se considerará que ha cumplido la pena, el que lleve en detención preventiva el tiempo necesario para obtener libertad condicional, siempre que se reúnan los demás requisitos para otorgarla. La rebaja de la pena por trabajo o estudio se tendrá en cuenta para el cómputo de la sanción. La libertad provisional a que se refiere este numeral será concedida por la autoridad que esté conociendo de la actuación procesal al momento de presentarse la causal aquí prevista. 3. Cuando se dicte en primera instancia, preclusión de la investigación, cesación de procedimiento o sentencia absolutoria.[8] 4. Cuando vencido el término de ciento veinte (120) días de privación efectiva de la libertad, no se hubiere calificado el mérito de la instrucción. Este término se ampliará a ciento ochenta (180) días, cuando sean tres (3) o más los sindicados contra quienes estuviere vigente detención preventiva. Proferida la resolución de acusación, se revocará la libertad provisional, salvo que proceda causal diferente. No habrá lugar a libertad provisional, cuando el mérito de la instrucción no se hubiere podido calificar por causas atribuibles al sindicado o a su defensor. (…) ARTICULO 392. DEL CONTROL DE LA MEDIDA DE ASEGURAMIENTO Y DE DECISIONES RELATIVAS A LA PROPIEDAD, TENENCIA O CUSTODIA DE BIENES. <Para los delitos cometidos con posterioridad al 1o. de enero de 2005 rige la Ley 906 de 2004, con sujeción al proceso de implementación establecido en su Artículo 528> La medida de aseguramiento[9] y las decisiones que afecten a la propiedad, posesión, tenencia o custodia de bienes muebles o inmuebles, proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado podrán ser revisadas en su legalidad formal y material por el correspondiente juez de conocimiento, previa petición motivada del interesado, de su defensor o del Ministerio Público. Cuando se cuestione la legalidad de la prueba mínima para asegurar procederá el amparo en los siguientes eventos: 1. Cuando se supone o se deja de valorar una o más pruebas. 2. Cuando aparezca clara y ostensiblemente demostrado que se distorsionó su contenido o la inferencia lógica en la construcción del indicio, o se desconocieron las reglas de la sana crítica. 3. Cuando es practicada o aportada al proceso con desconocimiento de alguno requisito condicionante de su validez. Quien solicite el control de legalidad, con fundamento en las anteriores causales, debe señalar claramente los hechos en que se funda y demostrar que objetivamente se incurrió en ella. Reconocido el error sólo procederá el control cuando desaparezca la prueba mínima para asegurar. La presentación de la solicitud y su trámite, no suspenden el cumplimiento de la providencia ni el curso de la actuación procesal. Si se trata de una decisión sobre bienes que no se origina en una providencia motivada, el control de legalidad podrá ejercerse de inmediato. Se exceptúan de la anterior disposición aquellos bienes que se encuentren fuera del comercio o que por su naturaleza deban ser destruidos. Formulada la petición ante el Fiscal de la Nación o su delegado, éste remitirá copia del expediente al juez de conocimiento, previo el correspondiente reparto. Si el juez encontrare infundada la solicitud la desechará de plano. En caso contrario, la admitirá y surtirá traslado común a los demás sujetos procesales por el término de cinco (5) días. Vencido el término anterior, el juez decidirá dentro de los cinco (5) días siguientes. Las decisiones que tome el juez en desarrollo del presente artículo, no admiten ningún recurso.”[10] B. La demanda 5. De conformidad con el escrito de correción, a través del cual se replanteó la demanda, las normas cuestionadas son las enunciadas en “los artículos 114-2, 341, 352, 354, 365 de la Ley 600 de 2000 que facultan a la Fiscalía General de la Nación a (i) imponer medidas de aseguramiento, (ii) legalizar capturas, (iii) revocar la medida de aseguramiento, (iv) registrar y almacenar en sistemas de información las medidas de aseguramiento por ella impuestas y (v) revocar la libertad provisional al momento de proferir resolución de acusación”, así como el artículo 392 de la misma ley, “que estableció un tipo de control judicial por parte del juez de conocimiento de las medidas de aseguramiento proferidas por el Fiscal General de la Nación o su delegado.” En esa medida, se señala que tales normas son incompatibles con lo previsto en los artículos 13, 28, 29 y 250 de la Constitución. a) La ausencia de cosa juzgada constitucional en relación con la Sentencia C-403 de 2022 6. Según la acusación, en este asunto no existe cosa juzgada constitucional pues, a diferencia de lo estudiado en la Sentencia C-403 de 2022, en esta oportunidad no se discute la constitucionalidad de la aplicación de la Ley 600 de 2000, sino únicamente la facultad en cabeza de la Fiscalía General de la Nación de desplegar las acciones previstas en las normas demandadas, en detrimento de los derechos de los procesados. En concreto, se indicó que el referido fenómeno no se configura porque: “(i) Las disposiciones normativas demandadas son totalmente diferentes. En la Sentencia C-403 de 2022 se analizó la exequibilidad de los artículos 530 y 533 de la Ley 906 de 2004, mientras que con esta demanda se cuestiona la inconstitucionalidad de los artículos 114-2, 341, 352, 354, 365 y 392 de la Ley 600 de 2000, disposiciones normativas completamente diferentes. (ii) Además de ser disposiciones normativas diferentes, tampoco existe identidad en el contenido normativo pues mientras los artículos 530 y 533 de la Ley 906 de 2004 establecen la aplicación gradual de dicha Ley así como la aplicación de la Ley 600 para los congresistas, los artículos 114-2, 341, 352, 354, 365 y 392 de la Ley 600 de 2000 consagran facultades específicas en cabeza de la Fiscalía General de la Nación para disponer de la libertad, (iii) si bien en las sentencias C-801 de 2005 y C-403 de 2022 se concluyó la compatibilidad del sistema penal inquisitivo previsto en la Ley 600 de 2000 con la Constitución, lo cierto es que a la fecha la Corte Constitucional no se ha pronunciado específicamente sobre la constitucionalidad de las facultades previstas en la disposiciones acusadas que otorgan a la Fiscalía General de la Nación competencia para (i) imponer medidas de aseguramiento, (ii) legalizar capturas, (iii) revocar la medida de aseguramiento, (iv) registrar y almacenar en sistemas de información las medidas de aseguramiento por ella impuestas y (v) revocar la libertad provisional al momento de proferir resolución de acusación”. 7. Así las cosas, la demanda sostiene que lo que hizo la Corte en la Sentencia C-403 de 2022, fue señalar que es “compatible con la Constitución que después del 31 de diciembre de 2008 se continúe aplicando las reglas previstas en la Ley 600 de 2000”. Por lo que el hecho de que el artículo 530 de dicha ley, “en armonía con lo señalado en la Sentencia C-403 de 2022, permita que se continúen aplicando la totalidad de las disposiciones normativas contenidas en la Ley 600 de 2000, no implica la imposibilidad de que los ciudadanos cuestionen que su contenido sea contrario a los principios y valores consagrados en la Constitución Política, incluso si los mismos variaron con posterioridad a su expedición”, en razón de la reforma introducida con el Acto Legislativo 03 de 2002. 8. Acorde a la demanda, las normas acusadas se promulgaron en vigencia de unos valores y principios distintos a los actualmente vigentes y que fueron incorporados en el texto superior a través del Acto Legislativo 03 de 2002, que instituyó la forma constitucionalmente admisible para asegurar la comparecencia de los imputados al proceso penal. b) Los cargos formulados en la demanda de inconstitucionalidad 9. Como cuestión preliminar, la demanda argumenta que las normas demandadas fueron derogadas, pero continúan produciendo efectos jurídicos. En sustento de esa afirmación, se adujo que el sistema procesal penal ha sido siempre regulado desde la Constitución, la cual, en la redacción inicial del artículo 250, dotaba al fiscal de la causa de la facultad para adoptar medidas de aseguramiento. Se explicó que con base en esta norma superior se diseñó el régimen legal para el ejercicio de dicha competencia. 10. Luego, se indicó que con la reforma constitucional realizada a través del Acto Legislativo 03 de 2002, se instituyó un nuevo sistema penal de tendencia acusatoria que tuvo, como una de sus principales novedades, la de despojar al titular de la acción penal de la facultad de imponer medidas de aseguramiento para otorgarla al naciente juez de control de garantías. 11. Así mismo, se hizo referencia al régimen de transición establecido en el acto reformatorio para la aplicación e implementación del modelo acusatorio, según el cual, el nuevo modelo debía entrar en plena vigencia a más tardar, el 31 de diciembre de 2008. 12. En atención a ese mandato expreso, la demanda sostiene que las normas demandadas, que hacen parte de la Ley 600 de 2000, están derogadas; pero aun así, la Fiscalía ha continuado “ejerciendo una facultad de la que carece, imponiendo medidas de aseguramiento privativas de la libertad, con lo que pareciera entender esa entidad que aún conserva tal atribución, a pesar de que, se reitera, la misma fue eliminada por el Acto Legislativo 03 de 2002”. 13. De otra parte, señala la acusación que la norma que entiende derogada, se sigue aplicando en la práctica para investigar y juzgar delitos cometidos antes del 1 de enero de 2005 y para investigar y juzgar delitos cometidos entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008, en aquellos lugares en los que no había entrado en funcionamiento el nuevo sistema, “incluso cuando las investigaciones hayan iniciado con posterioridad al 31 de diciembre de 2008”. 14. Bajo ese contexto, en la demanda se formularon tres cargos. En el primer cargo, a partir de las sentencias C-873 de 2003 y C-591 de 2005, se adujo que las normas acusadas desconocen lo dispuesto en el actual artículo 250 superior, pues en él no se contempla la posibilidad de que la fiscalía pueda adoptar medidas cautelares, en tanto se trata de una competencia que corresponde exclusivamente al denominado juez de control de garantías. 15. En el segundo cargo, se indicó que las normas acusadas desconocen la garantía del debido proceso, en concreto, sus componentes de juez natural y respeto por las formas propias de cada juicio y el derecho a la libertad personal. Esto, en la medida en que a partir de la reforma constitucional del año 2002, que instituyó el sistema penal de tendencia acusatoria, se creó la figura del juez de control de garantías a quien corresponde de manera exclusiva la competencia para imponer medidas de aseguramiento restrictivas de la libertad. De este modo, asegura la demanda, de mantenerse las normas acusadas en el ordenamiento jurídico, se vulneraría ese mandato superior. 16. En el tercer cargo, en punto del derecho a la igualdad, la acusación sostiene que el trato diferenciado entre los sujetos iguales -los procesados penalmente por hechos delictivos ocurridos con anterioridad al 31 de diciembre de 2008-, no tiene justificación alguna “pues como ya se mencionó con anterioridad, estas personas también tienen derecho a (i) no ser detenidas sino es por mandamiento escrito de autoridad judicial competente (artículo 28 CP); (ii) a ser juzgados por un juez competente con observancia de la plenitud de las formas de cada juicio (artículo 29 CP) y (iii) a que se le presuma inocente mientras no sea declarado judicialmente culpable (artículo 29 CP); garantías estas que son desconocidas por las disposiciones acusadas”. 17. En este punto también se señala que las facultades que las normas acusadas otorgan a la fiscalía para adoptar medidas de aseguramiento de manera autónoma y sin control de oficio e integral, son regresivas “de cara a los nuevos estándares constitucionales e internacionales en materia de protección a los derechos humanos y no encuentra[n] ninguna justificación razonable para mantenerse vigente[s] y ser aplicada[s] a investigaciones iniciadas con posterioridad al 31 de diciembre de 2008 por la Fiscalía Conforme a lo anterior, por resultar contrario al artículo 13 constitucional que consagró el derecho de todas las personas a ser tratadas en igualdad de condiciones, deben ser declaradas inexequibles las disposiciones acusadas”, C. Trámite procesal 18. Por medio de Auto del 22 de marzo de 2023, el magistrado sustanciador admitió la demanda y ordenó comunicar sobre el inicio del proceso a los Presidentes del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, al Presidente de la República y a los Ministros del Interior y de Justicia y del Derecho; así mismo, se dispuso dar traslado a la Procuradora General de la Nación, fijar en lista el asunto e invitar a diversas entidades públicas y privadas, para que rindieran su concepto técnico.[11] a) Las intervenciones 19. Intervinieron en el proceso el Ministerio de Justicia y del Derecho[12], la Defensoría del Pueblo,[13] la Universidad Externado de Colombia;[14] el Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana;[15] la Universidad de Cartagena;[16] la Defensoría del Pueblo;[17] el Semillero en Derecho Económico de la Universidad Javeriana;[18] la Universidad Libre de Colombia;[19] la Fiscalía General de la Nación;[20], la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y el ciudadano Hernando Andrés Soto Valencia. 20. El Ministerio de Justicia y del Derecho solicita a esta Corporación que declare estarse a lo resuelto en la Sentencia C-801 de 2005. A juicio del interviniente, la coexistencia de los modelos de investigación y enjuiciamiento penal es un mandato del constituyente, por lo que, “cuando un caso se encuentra en vigencia de la Ley 600 de 2000, hace sentido que las atribuciones que la Fiscalía General de la Nación tiene respecto de esos casos, no queden extinguidas, pues se eliminaría el propósito del constituyente y del legislador de dejar vigente este sistema para determinados casos”. 21. Por otro lado, señaló que en la Sentencia C-403 de 2022 se hizo énfasis “en que la coexistencia de los procedimientos penales de la ley 600 y la 906 no va en contravía con la Constitución Política, toda vez que una de las funciones constitucionales del legislador es la de expedir los códigos y no existe prohibición alguna de que exista codificación simultánea en una misma rama del derecho”. 22. Así mismo, explicó que en la Sentencia C-801 de 2005, esta Corte encontró acorde al artículo 13 superior el mantener la aplicación de la Ley 600 de 2000 para los delitos cometidos antes del “1º de enero de 2005 y a personas investigadas y juzgadas por la comisión de delitos entre el 01 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008 en aquellos distritos judiciales en los cuáles no había sido implementado el sistema penal acusatorio, incluso cuando las investigaciones hayan iniciado con posterioridad al 31 de diciembre de 2008”. Por ello, solicita a la Corte disponga estarse a lo resuelto en esta sentencia que declaró exequible el artículo 530 de la Ley 906 de 2004. 23. La Defensoría del Pueblo señala que existen diversos fallos de esta Corte que “tocan gran parte de las disposiciones acusadas”, por lo que deben ser tenidos en cuenta como marco valorativo en esta oportunidad. Así mismo, indica que, “si bien la demanda apunta a incorporar legítimos argumentos en contra de cada uno de los artículos citados”, no puede pasarse por alto que existe un ordenamiento normativo sistemático que impone el deber de realizar un análisis integrador. 24. De otra parte, hace referencia a la naturaleza polivalente de la libertad y a todas sus expresiones, las cuales, recuerda, deben ser protegidas por parte del Estado. Esto, para señalar, a partir de un artículo noticioso, que Colombia es el segundo país más afectado por la criminalidad en el mundo y que esa situación “exige que se cuente con un órgano dotado de los recursos y las herramientas para hacer frente a estas manifestaciones de criminalidad”. 25. Luego, señala que esta Corte ya ha precisado que la coexistencia de los dos sistemas de procesamiento penal no representa “una violación al sistema de derechos incorporados por la Constitución” y, en esa medida, no es dable afirmar que las normas demandadas son contrarias al principio de Estado unitario, ni a los derechos a la igualdad y a la libertad. 26. Bajo ese entendido, afirma que en este caso la Sala debe inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo, pues, “En sentido estricto, y en consonancia con lo explicitado en este documento, no se encuentra que el promotor de la acción logre demostrar una “oposición objetiva y verificable” entre el conjunto de las normas descalificadas y las normas constitucionales invocadas. Así, se carecería de la suficiencia demostrativa de los cargos y por tanto, la inconstitucionalidad que se le atribuye a las disposiciones sería producto de la respetable pero subjetiva interpretación del actor”. Señala, además, que la demanda no permite identificar “con nitidez el contenido de la censura y su justificación”. 27. En el trámite del proceso intervinieron tambien: la Universidad Externado de Colombia;[21] el del Semillero en Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana;[22] el de la Universidad de Cartagena;[23] el Semillero en Derecho Económico de la Universidad Javeriana;[24] el de la Universidad Libre de Colombia;[25] el de la Fiscalía General de la Nación;[26] y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.[27] 28. La Universidad Externado de Colombia refiere que, “si bien su demanda está proyectada en términos de la inconstitucionalidad de algunos apartados de la Ley 600 de 2000 que regulan las medidas de aseguramiento frente a la nueva estructura del artículo 250 constitucional, los cierto es que el actor no realiza un análisis de todas las normas aplicables”, puesto que, pasa por alto que el constituyente secundario, en ejercicio de su libertad configuración legislativa, “en el mismo acto legislativo que incorporó el actual artículo 250, estableció, con una norma de igual jerarquía, la vigencia ulterior de la estructura de la Ley 600 de 2000, que incluye que la Fiscalía General conserve sus facultades jurisdiccionales”. Por esto, asegura que el presente asunto, no versa “sobre la posibilidad de que la Fiscalía realice limitaciones al derecho de la libertad en los procesos penales que se siguen bajo la ritualidad de la Ley 600 de 2000, sino sobre la constitucionalidad del artículo 5 del Acto Legislativo 03 de 2002”. 29. Bajo ese entendido, asegura que las normas acusadas no desconocen el debido proceso, pues, contrario a lo que sostiene el actor, “el juez natural para aquellos procesos anteriores a la vigencia del 1 de enero de 2005, en cuanto a la limitación de derechos fundamentales, incluido y especialmente el derecho a la libertad, es la Fiscalía General porque así lo dispuso el mencionado Acto Legislativo.” Así, afirma que, no solo el artículo 250 superior y el artículo 5 del Acto Legislativo 3 de 2002 son de rango constitucional, sino que, “una interpretación sistemática del Acto Legislativo 03 de 2002 obliga a llegar a la conclusión de que el constituyente secundario estableció que la Fiscalía conservara su competencia para afectar los derechos fundamentales bajo ese modelo procesal.” A su juicio, esto da cuenta del respeto por el principio de juez natural y por las formas propias de cada juicio. 30. Por otro lado, afirma que las disposiciones normativas demandadas tampoco son contrarias al mandato constitucional de igualdad. Esto, por cuanto “el criterio de temporalidad que permite la vigencia de los dos sistemas se fundamenta en la vigencia inmediata de la ley” y ello constituye un criterio de “justificación constitucionalmente válid[o] para soportar la diferenciación”. Además, aseguró que la Ley 600 de 2000, como lo indicó la Corte en la Sentencia C-403 de 2003, no vulnera garantías fundamentales, pues dota a quienes son procesados bajo ese modelo procesal, de todas las herramientas necesarias e idóneas para ejercer su derecho de defensa y contradicción. 31. El Semillero de Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana refiere que en este caso “no es posible realizar un análisis de constitucionalidad del régimen de privación de la libertad en la Ley 600 con el nuevo texto frente a delitos cometidos—o mejor consumados—con anterioridad al 20 de diciembre de 2002 (fecha de publicación del acto legislativo), pues para dichos delitos rige el texto original del artículo 250 de la Constitución Política, que no ha sido objeto de confrontación constitucional. Es decir, aplica el fenómeno de la ultraactividad normativa, por expresa disposición del legislador, obrando como reformador de la Constitución”. 32. Bajo ese entendido, aduce que el primer cargo propuesto en la demanda está llamado a prosperar frente a todo delito consumado después del 20 de diciembre de 2002, porque el actual artículo 250 superior, que introdujo el sistema adversarial que propende por la independencia e imparcialidad en las decisiones, “es incompatible con el régimen de detención preventiva que regula la ley 600”. 33. Sin embargo, advierte que ello no se traduce en la constitucionalidad de las normas aplicadas para delitos cometidos antes de la fecha señalada, por cuanto aquellas son contrarias a los mandatos contenidos en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Afirma que esto es así, porque bajo el modelo procesal de la Ley 600 de 2000 no hay garantías de independencia e imparcialidad, ya que “el funcionario instructor -quien es contraparte natural de la defensa- es quien determina la viabilidad de imposición de medida de aseguramiento, e inclusive resuelve los recursos ordinarios que contra dicha determinación proceden”, y es quien, además, adelantará la etapa de juicio. 34. No obstante, argumenta que, en aras de compatibilizar las normas acusadas con los estándares constitucionales y convencionales, es necesario adoptar ciertos correctivos. Así, propone diferenciar la orden de captura de la resolución que ordena la detención preventiva, de manera que la primera “continuará siendo del resorte exclusivo de la Fiscalía (artículos 336 inciso 2, 339 y 350 de la Ley 600)”, pero debe someterse a un control posterior, ante un juez de control de garantías y “en un periodo no mayor a 36 horas desde la materialización de la captura, la resolución por medio de la cual se ordene la medida de aseguramiento”. 35. En vista de lo anterior, solicita que se condicione la exequibilidad de las disposiciones normativas demandadas y de todas aquellas que estén inescindiblemente vinculadas a aquellas, en el entendido de que “el funcionario que dirija la instrucción deberá acudir ante el juez de control de garantías a efectos de realizar control a la resolución posterior a la resolución de detención preventiva en un término máximo de treinta y seis (36) horas, en los términos previstos por el numeral 1 del artículo 250 de la Constitución Política Nacional”. 36. La Universidad de Cartagena recuerda que el principio de legalidad “es uno de los pilares fundamentales en materia penal”, conforme al cual, ninguna persona puede ser juzgada sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, por lo que, apelando a su interpretación teleológica, es posible concluir que “la aplicación en la actualidad de las normas acusadas en la presente acción de inconstitucionalidad, no es más que la manifestación de este principio”. Así, sostiene que “de ninguna manera es posible que a determinada conducta punible consumada en un momento preciso en el tiempo, se le aplique un proceso, trámite o medida restrictiva que entró a regir después de su comisión”. 37. De otra parte, refiere que la jurisprudencia de esta Corte ha sido clara al señalar que fue el legislador quien, en ejercicio de su libertad de configuración legislativa, optó por la coexistencia de los dos sistemas de procedimiento penal, el de corte inquisitivo (Ley 600 de 2000) y el de tendencia acusatoria (Ley 906 de 2004), “sin que exista una norma en la Constitución que le prohíba establecer dos códigos de procedimiento en una misma rama”. 38. El Semillero en Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana señala que la ley sustancial establece un término de 20 años “para que opere el fenómeno prescriptivo de todas las conductas penalmente relevantes que se hayan consumado antes del 31 de diciembre de 2008”, pero que no puede olvidarse que independientemente de esa circunstancia, “el fuero que les es aplicable a los Congresistas de la República mantendrá la vigencia de la Ley 600 de 2000, al igual que las situaciones de imprescriptibilidad”, por delitos de lesa humanidad. 39. En esa medida, afirma que el estatuto procesal de tendencia inquisitiva, a diferencia de lo que refiere el demandante, se encuentra plenamente vigente, “a pesar de ser en algunos casos contradictori[o] con la actual configuración de los postulados constitucionales que a la fecha son aplicables en el Estado Social y Democrático de Derecho.” Y es que, en su criterio, la Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004, “parten de principios orientadores tan distintos que difícilmente podrán adaptarse en conjunto al estándar de protección constitucional que en la actualidad depreca nuestra carta”. 40. De otra parte, advierte que respecto de la facultad de la fiscalía para imponer medidas de aseguramiento en la Ley 600 de 2000, no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada constitucional, pues, aun cuando en la Sentencia C-805 de 2002 se reconoció que las medidas de aseguramiento impuestas por la fiscalía podían eventualmente ser sometidas a un control ante el juez de conocimiento, lo cierto es que “dicha prerrogativa no tiene aplicación práctica luego de la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002”, que trasladó esa atribución a otro funcionario judicial independiente. 41. De otra parte, señala que la libertad de configuración legislativa del legislador, encuentra sus límites en los valores, principios y reglas constitucionales. Esto, para indicar que la incompatibilidad de las normas demandadas con la Constitución y los tratados internacionales, “es más que evidente”, porque quebrantan la garantía de juez natural, al no seguir los lineamientos constitucionales “que al día de hoy resultan aplicables”. 42. Por todo lo anterior, solicita se declare la inexequibilidad de las normas demandadas, pero refiere que esta situación dejaría un vacío normativo que no podría ser llenado por las disposiciones contenidas en la Ley 906 de 2004, pues se estaría creando una nueva ley que, en estricto sentido, no existe en el ordenamiento jurídico.” Por ello, indica que al excluir estas normas del ordenamiento jurídico, la Corte debe exhortar al Congreso para que “determine las reglas de procedimiento penal aplicable que resulten consecuentes con los postulados que actualmente predica la Carta Constitucional”. 43. La Universidad Libre de Colombia indica que la reforma del año 2003 al artículo 250 superior introdujo “mayores y mejores garantías al sistema de enjuiciamiento y a la restricción de la libertad a quienes se procesan penalmente con los contenidos del sistema acusatorio, no así a las personas que se procesan y se les restringe la libertad con los contenidos del sistema de enjuiciamiento mixto”. Esto, en tanto en el modelo de tendencia acusatoria, “aplica correctamente el principio de juez natural y separa los roles de inquisidor y juzgador” y dicha separación resulta más garantista, humanista y razonable. En esa medida, afirma que la vigencia de la Ley 600 de 2000 vulnera el artículo 250 constitucional. 44. De otra parte, explica que, a su juicio, a raíz de la mencionada reforma, la Ley 600 de 2000 fue tácitamente derogada y, a pesar de ello, “se sigue aplicando en aquellas conductas delictivas y para todas las personas que infringieron la ley antes del primero de enero de 2005”. Explica que la derogatoria operó porque, acorde a la jurisprudencia constitucional, toda disposición normativa anterior a la Constitución que sea claramente contraria a su letra, debe ser desechada como insubsistente. Así, aduce que el contenido material de las normas demandadas es incompatible con el mandato del actual artículo 250 de la Constitución y, “[p]or ello, este caso cumple las exigencias de la Corte para que opere la inconstitucionalidad sobreviniente”. 45. Por último, sostiene que el actor tiene razón cuando afirma que las disposiciones demandadas desconocen el derecho a la igualdad, pues, “nada justifica que a unas personas se les procese y restrinja la libertad con una ley que la Constitución ha dejado de lado por el avance, desarrollo, tecnicismo, y progreso de garant[ías] constitucionales y legales que materializan el humanismo, el cual viene desplazando por prácticas de otros tiempos, culturas y formas de aplicar el derecho penal”. 46. La Fiscalía General de la Nación señala que, aun cuando el demandante se empeña en señalar que su reproche no tiene relación alguna con la vigencia de las normas demandadas y del sistema del que provienen, en el fondo sí cuestiona dicho aspecto, “ya que en su opinión las mismas dejaron de ajustarse a la constitución con la expedición del Acto Legislativo No. 3 de 2002”. Por ello, sostiene que en este asunto es necesario recordar que, en la Sentencia C-873 de 2003, la Corte precisó que no es viable utilizar las normas constitucionales que instituyeron el modelo procesal penal de tendencia acusatoria, “como parámetro para juzgar las leyes expedidas con anterioridad al Acto Legislativo, que no forman parte del nuevo sistema sino del anterior, y a las cuales no fueron hechos extensivos los mandatos constitucionales adoptados por el Congreso”. También indica que no se debe obviar que, en la Sentencia C-801 de 2005, la Corte encontró ajustada a la Constitución la aplicación paralela de los dos sistemas procesales. 47. Explica que lo demandado no desconoce el debido proceso, pues tanto el Acto Legislativo 3 de 2002 como la Ley 906 de 2004 establecieron las pautas para determinar el régimen procesal aplicable, dependiendo de la fecha de ocurrencia de los hechos y de la implementación gradual del modelo acusatorio, siendo apenas lógico que en la actualidad, de acuerdo con el debido proceso y el principio de legalidad, se aplique la Ley 600 de 2000, cuando se reúnen los presupuestos fijados por el legislador y constituyente para ello. Además, refiere que no sería viable trasladar por favorabilidad la figura del juez de control de garantías al modelo de corte inquisitivo, “pues lo desnaturalizaría y atentaría con el principio de inescindibilidad o conglobamento de la norma, por demás sería innecesario, pues las figuras establecidas en la Ley 600 del 2000, son igualmente garantistas”. 48. Por último, a partir de un test de igualdad, explicó que hay ausencia de vulneración del derecho consagrado en el artículo 13 de la Carta Política. En concreto, adujo que las normas demandadas: (i) no contienen un patrón de igualdad al no tratarse de situaciones de hecho idénticas y estar destinadas a sujetos de distinta naturaleza desde un punto de vista procesal; (ii) en la aplicación de estos procedimientos, no se puede hablar de un tratamiento desigual porque no son iguales los destinatarios ni los supuestos de hecho y de derecho que los rigen; y (iii) el trato diferencial de los dos sistemas procesales está justificado constitucionalmente con las normas de entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004 y la posición jurisprudencial que avala su coexistencia en el ordenamiento jurídico”. 49. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sostiene que las normas acusadas no dejaron de ser aplicables con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, pues, “como lo resaltó la Corte Constitucional en la Sentencia C-801 de 2005”, el modificado artículo 250 de la Constitución aplica únicamente a los delitos cometidos a partir del 1º de enero de 2005. En esa medida, “no es acertado considerar que las normas que le asignan facultades a la Fiscalía para la imposición de medidas de aseguramiento en etapa de instrucción son inexequibles o vulneran lo consagrado en el artículo 250, cuando es la propia regla creada por la Norma Constitucional -estudiada por la Corte Constitucional-, referente a la aplicabilidad del sistema penal procesal dependiendo del momento de ocurrencia de los hechos, la que determinó ese factor de competencia y de aplicación gradual de la Norma Constitucional y legal, que hace que hoy en día existan dos sistemas procesales penales completamente válidos y garantes de los derechos fundamentales, los dos ajustados a la Constitución”. 50. Así mismo, considera que las normas demandadas tampoco son contrarias al artículo 13 superior, en tanto el mandato de igualdad y no discriminación no se opone a la decisión política del constituyente de darle aplicación progresiva al sistema de procedimiento penal de tendencia acusatoria. Sin embargo, explica que “el principio de igualdad y el vigor y aplicación plenos del nuevo sistema resultan inexcusables en cada uno de los Territorios o Distritos Judiciales en los que ese sistema ya opera, pero, ello bajo la preexistencia del sistema penal regido por la Ley 600 de 2000 y el para entonces vigente artículo 250 de la Constitución, para el adelantamiento de los asuntos acontecidos antes de la entrada en vigor del modificado ordenamiento constitucional y legal que estatuyó el sistema penal acusatorio". 51. Por último, considera que las disposiciones normativas demandadas son respetuosas del debido proceso. Esto, en tanto una sana hermenéutica constitucional lleva indefectiblemente a concluir que, en virtud del principio de favorabilidad, “siempre que se trate de situaciones específicas, susceptibles de identificarse, a pesar de la mutación del régimen procesal, es posible que, de resultar ello más favorable, las normas del nuevo régimen se apliquen de manera retroactiva a procesos por delitos cometidos antes de su entrada en vigor y de su aplicación progresiva”. 52. Además, advierte que no existen razones objetivas que permitan sostener que el sistema procesal establecido en la Ley 600 de 2000 sea contrario al artículo 29 constitucional, pues tanto aquel como el contenido en la Ley 906 de 2004, “estructuran procedimientos plenamente avenidos con la Constitución y las garantías fundamentales que allí se definen”. Así, asegura que es una falacia decir que un sistema es más garantista que el otro, “pues lo cierto es que (i) fue la voluntad del legislador modificar la Norma Superior contenida en el artículo 250, reformulando el régimen procesal vigente y creando el procedimiento penal acusatorio, con la preexistencia del régimen procesal modificado; y, (ii) cada uno ha superado los juicios de constitucionalidad a que han sido sometidos y quienes han sido procesados dentro de uno u otro, han gozado de los derechos que como principio o como garantía se definen en cada uno”. Además, la teleología de ambos modelos, el propósito a que cada uno sirve y las garantías intrínsecas de cada instituto procesal específico en uno y otro sistema, “permiten, en cualquier escenario, su armonización”. 53. El ciudadano Hernando Andrés Soto Valencia considera que en este asunto no se configura la cosa juzgada constitucional con respecto a la Sentencia C-403 de 2022, porque no hay identidad en los cargos formulados y el análisis realizado en esa oportunidad por la Corte no recae sobre el mismo enunciado normativo ni en normas equivalentes. Además, en dicha providencia “no agotó la totalidad de debates que pueden presentarse en torno al contenido de la Ley 600 de 2000, pues se trata de una norma que regula de forma completa el proceso penal compuesta, por tanto, por un conjunto de disposiciones normativas (536 en total), las cuales pueden llegar a generar discusiones sobre su constitucionalidad”. 54. Indica que acorde los artículos 6, 121 y 122 de la Constitución, la fiscalía tiene vedado ejercer funciones que no le atribuyan expresamente la Constitución y la ley, por lo cual, es claro que hoy en día el ente acusador carece “de competencia para imponer medidas de aseguramiento, pues si bien dicha facultad estaba consagrada inicialmente en la Constitución, lo cierto es que posteriormente le fue abrogada a través del Acto Legislativo 03 de 2002 que expresamente eliminó dicha facultad,” e introdujo la “figura del juez imparcial de control de garantías”. 55. Por lo anterior, afirma que el legislador no podía desconocer las competencias expresamente asignadas por la Constitución a la fiscalía y al mantener la vigencia de la Ley 600 de 2000, desbordó su facultad de configuración legislativa. 56. De otra parte, sostiene que lo demandado también desconoce el principio de Estado unitario, “pues no existe uniformidad en la aplicación de la ley procesal penal para toda la comunidad como ordena la Constitución”. Señaló que esta situación lleva a un trato discriminatorio porque hay personas que son sometidas al poder punitivo del Estado a las que se les aplica la actual Constitución y hay otras que, en la misma situación, los cobija una norma constitucional derogada. 57. Adicionalmente, aduce que la facultad de la fiscalía para imponer medidas de aseguramiento, es contraria al artículo 28 de la Carta Política. En su sentir, “con lo consagrado en el numeral 4 del artículo 365 de la Ley 600 de 2000, se permitió a la fiscalía la privación de la libertad como una regla general y no como una medida verdaderamente excepcional”. Afirma que esto es así, porque dicha norma lo que establece “son las causales por las cuales el sindicado tendrá derecho a la libertad provisional”. 58. Por último, sostiene que el sistema de elección del Fiscal General de la Nación compromete su imparcialidad al momento de dictar medidas de aseguramiento. A su modo de ver, dicho sistema “propicia que en Colombia tradicionalmente el Fiscal General actúe a favor de unas causas y en perjuicio de otras, movido por un interés político, derivado del hecho de ser ternado por el presidente, con quien puede tener intereses afines, lo que puede comprometer su imparcialidad en el ejercicio de sus funciones”. Así, afirma que no es constitucionalmente válido “que una persona cuya imparcialidad puede verse comprometida, pueda tener la facultad de decidir sobre la libertad de las personas, respondiendo a intereses políticos sin acudir al juez de control de garantías”. 59. Bajo esos argumentos solicita que se declare la inexequibilidad de las normas acusadas. Al tiempo, hace una petición subsidiaria para que se emita “una sentencia modulativa en la que se establezca que en las investigaciones iniciadas a partir del 1º de enero de 2009, por hechos ocurridos después del 1º de enero de 2005 la Fiscalía no está facultada para imponer medidas de aseguramiento privativas de la libertad”. b) El concepto de la Procuradora General de la Nación 60. La Procuradora General de la Nación, a través del Concepto 7199, solicita a la Corte declarar la exequibilidad de las normas demandadas. A su juicio, aquellas, “en el contexto constitucional de transición dispuesto por el Acto Legislativo 03 de 2002, no desconocen los mandatos superiores contenidos en los artículos 13, 29 y 250 de la Carta Política”. 61. En sustento de su afirmación, explica que las normas procesales contenidas en la Ley 906 de 2004 son, por regla general, las aplicables a los procedimientos penales y que, excepcionalmente, se aplican “las disposiciones adjetivas de la Ley 600 de 2000 en tratándose de asuntos pendientes de resolver ocurridos antes de la entrada en funcionamiento del sistema penal de tendencia mayoritariamente acusatoria”. 62. Además, advierte que esta Corte, en la Sentencia C-528 de 2003, determinó que la vigencia conjunta de ambos modelos procesales, resulta conforme a los mandatos superiores, pues “si bien los dos estatutos están sujetos a las disposiciones [de] la Carta Política, lo cierto es que en tratándose de cuestionamientos asociados a la esencia de cada sistema penal, los cargos contra la Ley 600 de 2000 no pueden ser ajenos a las normas originales de la Constitución, en las que se ordena un modelo mixto de persecución criminal con características acusatorias e inquisitivas. Ello, porque el Acto Legislativo 03 de 2002 estableció unas reglas de transición que no pueden ser desatendidas en el control de constitucionalidad”. 63. Así, recuerda que, en cumplimiento de lo anterior, en la Sentencia C-873 de 2003, esta Corporación señaló que sería un contrasentido analizar las disposiciones de la Ley 600 de 2000 a la luz de las normas trazadas en el referido Acto Legislativo y no, a las establecidas por el Constituyente de 1991, por lo que concluyó que “no pueden aplicarse los mandatos superiores reformados como parámetro de control de los preceptos del referido cuerpo legal”. 64. En vista de esas circunstancias, considera que los reproches de la demanda no están llamados a prosperar, pues el actor formula los cuestionamientos “ignorando la redacción original del artículo 250 de la Constitución, en la que se autorizaba a la Fiscalía General de la Nación para restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos”. Bajo ese entendido, afirma que, al contrastar las disposiciones normativas demandadas con el artículo 250 original de la Carta Política, no resulta problemático que la fiscalía pueda afectar los derechos de los ciudadanos, porque lo hace en ejercicio de una facultad que le otorgó el constituyente para adoptar medidas de aseguramiento en aras de asegurar la comparecencia al proceso, de los posibles infractores de la ley penal. 65. Por último, puso de presente que en la Sentencia C-801 de 2005, se dejó en claro que la transición establecida por el legislador al ejercer su función reformadora de la Constitución no generaba una trasgresión de los derechos a la igualdad y al debido proceso, porque; (i) el mandato de no discriminación en la formulación del derecho no se opone a la decisión del constituyente de darle aplicación progresiva al sistema de tendencia acusatoria; y (ii) una sana hermenéutica constitucional redunda en que esa aplicación gradual no sea contraria sino que armonice con el principio de favorabilidad. Así mismo, resaltó lo dicho en la Sentencia C-403 de 2022, en la que se estableció que en el ordenamiento constitucional no existe una norma que le prohíba al legislador establecer dos codificaciones en una misma rama y que la Ley 600 de 2000 es compatible con las normas superiores, porque ofrece las herramientas necesarias e idóneas para que el procesado puede ejercer en debida forma su derecho de defensa y contradicción. c) Síntesis de las intervenciones y del concepto de la Procuradora General de la Nación 66. La síntesis de las intervenciones y del concepto de la Procuradora General de la Nación es la siguiente: Inhibición Exequibilidad Exequibilidad condicionada Inexequibilidad Estarse a lo resuelto en la Sentencia C-801 de 2005 Defensoría del Pueblo Universidad Externado de Colombia Semillero de Derecho Penitenciario de la Pontificia Universidad Javeriana Semillero de Derecho Económico de la Pontificia Universidad Javeriana Ministerio de Justicia y del Derecho Universidad de Cartagena Universidad Libre Fiscalía General de la Nación Hernando Andrés Soto Valencia Sala de Casación Penal de la CSJ Procuraduría General de la Nación II. CONSIDERACIONES A. Competencia 67. En virtud de lo previsto en el artículo 241.4 de la Carta Política, esta Corte es competente para pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas demandadas, ya que ellas están enunciadas en artículos que hacen parte de una ley de la República.[28] B. Cuestión previa: la inaptitud sustancial de la demanda 68. Antes de adelantar el análisis de constitucionalidad de las normas demandadas, la Sala debe ocuparse de resolver como cuestión previa si la demanda tiene o no aptitud sustancial. Para este propósito, la Sala analizará el contenido original del artículo 250 de la Constitución y su reforma por medio del Acto Legislativo 3 de 2002 y la vigencia de la Ley 600 de 2000. Con fundamento en estos elementos de juicio, determinará si los cargos planteados en la demanda cumplen o no con los mínimos argumentativos que les son exigibles. 69. Esta Corte, de forma reiterada,[29] ha sostenido que el Decreto 2067 de 1991 en sus artículos 2 y 6 establece los requisitos para que una acción pública de inconstitucionalidad se admita y, con ello, se profiera un fallo de fondo.[30] Si bien tales exigencias se verifican al momento de admisión de la demanda, la Corte ha considerado llevar a cabo tal examen también cuando en el curso del proceso de control constitucional se presenten solicitudes razonables y justificadas para que la Sala Plena se abstenga de proferir decisión de mérito y, en su lugar, se adopte decisión inhibitoria por falta de aptitud sustantiva de la demanda.[31] 70. Así las cosas, este análisis al final del proceso constituye presupuesto formal y material para la decisión de mérito, en un momento en el cual ya se cuenta con mejores elementos de juicio, a partir de lo propuesto por los intervinientes y el concepto rendido por la Procuradora General de la Nación y más, cuando desde el auto admisorio se dejó abierta la alternativa de realizar un análisis sobre la aptitud de la demanda, respecto de la fase decisiva del proceso de constitucionalidad cuando se expresó: “el actor hizo un evidente esfuerzo por corregir la demanda y que, si bien, susbsisten en ellas elementos que pueden dar lugar a controversias, con fundamento en el principio pro actione, debe procederse a su admisión, para que sea la Sala Plena la que, en un análisis más amplio en el que puede darse en esta etapa procesal, analice con detenimiento los tres cargos presentados en el escrito de corrección de la demanda”. 71. En el presente asunto uno de los intervinientes, la Defensoría del Pueblo, cuestiona la aptitud de la demanda. A su juicio, de una parte, hay una serie de sentencias que “tocan gran parte de las disposiciones acusadas”, las que debían ser tenidas en cuenta como marco valorativo. 72. La Defensoría señala que la demanda no tiene aptitud sustancial, porque, “(e)n sentido estricto, y en consonancia con lo explicitado en este documento, no se encuentra que el promotor de la acción logre demostrar una “oposición objetiva y verificable” entre el conjunto de las normas descalificadas y las normas constitucionales invocadas. Así, se carecería de la suficiencia demostrativa de los cargos y, por tanto, la inconstitucionalidad que se le atribuye a las disposiciones sería producto de la respetable pero subjetiva interpretación del actor”. Señala, además, que la demanda no permitía en su criterio identificar “con nitidez el contenido de la censura y su justificación”. 73. Por tanto, el reparo de la Defensoría se centra en el concepto de la violación de la demanda y, en particular, en lo relativo a sus mínimos argumentativos. Por ello, la Sala considera oportuno referirse a su jurisprudencia sobre esta materia, conforme a la cual un cargo de inconstitucionalidad es apto para propiciar un juicio de inexequibilidad si cumple con los requisitos de claridad, certeza, especificidad, pertinencia y suficiencia.[32] 74. En el asunto sub examine la Sala pasará a dar cuenta de dichos mínimos argumentativos y, con fundamento en ello, examinará la demanda, a fin de establecer su aptitud sustancial. 75. Se cumple con el requisito de claridad si los argumentos que lo sustentan son inteligibles, han sido expuestos de manera coherente y siguen un hilo conductor del cual pueda inferirse -sin excesivo esfuerzo- la idea representada por el demandante. La claridad de los argumentos -sostiene la Corte- exige la especificidad de los mismos; de allí que no sean admisibles los cargos genéricos, vagos, abiertos y gaseosos.[33] 76. Se acredita el requisito de especificidad cuando “se define o se muestra cómo la norma demandada vulnera la Carta Política”,[34] valga decir, cuando la demanda logra mostrar de qué modo las normas que cuestiona resultan ser incompatibles con las normas que señala como infringidas. 77. El cargo es suficiente si, además de ser claro, el argumento que lo sustenta contiene los elementos argumentativos de tipo jurídico necesarios para evidenciar una oposición -por lo menos preliminar- entre el texto legal que se demanda y el texto constitucional que lo confronta. Por ello la Corte ha dicho que “la suficiencia que se predica de las demandas de inconstitucionalidad guarda relación, en primer lugar, con la exposición de todos los elementos de juicio (argumentativos y probatorios) necesarios para iniciar el estudio de constitucionalidad respecto del precepto objeto de reproche”.[35] 78. Al respecto, en la sentencia en comento, se destacó que “la suficiencia del razonamiento apela directamente al alcance persuasivo de la demanda, esto es, a la presentación de argumentos que, aunque no logren prima facie convencer al magistrado de que la norma es contraria a la Constitución, si despiertan una duda mínima sobre la constitucionalidad de la norma impugnada, de tal manera que inicia realmente un proceso dirigido a desvirtuar la presunción de constitucionalidad que ampara a toda norma legal y hace necesario un pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional”.[36] 79. Ahora bien, la Sala debe reiterar que el análisis de la aptitud sustantiva de la demanda no corresponde a un juicio de técnica jurídica[37] y que “las exigencias que rigen esta materia no resultan contrarias al carácter público de la acción de inconstitucionalidad, ni afectan el núcleo esencial del derecho político del cual es titular el ciudadano para efectos de su ejercicio, sino que responden a la necesidad de establecer una carga procesal mínima con el objetivo de permitir el cumplimiento eficaz de las funciones que le han sido atribuidas por la Constitución Política”.[38] 80. Referidos los anteriores conceptos, la Sala Plena constata que la demanda carece de certeza, en razón a que la competencia de la Fiscalía General de la Nación para imponer medidas de aseguramiento respecto de los delitos cometidos...