Sentencia C-369 de 2025

C-369-25 TEMAS-SUBTEMAS Sentencia C-369/25 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento de requisitos de certeza, especificidad y suficiencia en los cargos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos mínimos La exigencia de unas “condiciones argumentativas mínimas” para activar la competencia de este Tribunal, cristaliza al menos dos finalidades del proceso constitucional. Por un lado, concreta el derecho de los intervinientes a participar en las decisiones que los afectan, puesto que -desde el principio- se delimita la materia alrededor de la cual tendrá lugar la discusión constitucional favoreciendo así la calidad del diálogo público que la demanda propone. Por el otro, la Corte ha considerado que la correcta precisión del debate a partir del cumplimiento de tales requerimientos, favorece una reflexión calificada que permite superar las dificultades asociadas a la interpretación constitucional. CONCEPTO DE VIOLACION EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes (...) cada una de las condiciones mínimas que debe cumplir el concepto de violación tienen como propósito asegurar un debate constitucional adecuado y cumplen funciones diferentes: (i) la claridad hace posible un diálogo público; (ii) la certeza permite identificar un objeto real susceptible de ser sometido a control; y (iii) la pertinencia, la especificidad y la suficiencia delimitan la controversia en un sentido constitucional. PRINCIPIO PRO ACTIONE EN DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cumplimiento de requisitos argumentativos mínimos DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargos carecen de certeza porque se estructuran a partir de una interpretación subjetiva La Sala Plena encuentra que la demanda no partió del contenido vigente, real y existente del artículo 17 acusado, porque en primer lugar no corresponde al contenido literal de la disposición acusada que expresamente excluye del ámbito del monitoreo del espectro electromagnético la interceptación de comunicaciones. De hecho, una lectura integral del inciso demandado permite comprender que, en el ordenamiento estatutario colombiano, el monitoreo del espectro electromagnético es diferente de la interceptación de comunicaciones. En segundo lugar, las personas demandantes tenían la carga de considerar no solo el texto legal de la disposición acusada, sino el alcance fijado por la Corte. Esto es particularmente relevante si se tiene en consideración que la Ley 1621 de 2013 es una norma estatutaria que fue objeto de un control previo y automático por parte de este Tribunal. DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Cargo desconoce alcance que la Corte Constitucional le dio a la norma acusada Al contrastar los argumentos de la demanda con el alcance que la Corte Constitucional le dio a la norma acusada, la Sala Plena concluye que los reproches de inconstitucionalidad no se construyeron a partir del contenido normativo de la disposición acusada, ni de la interpretación, ni del alcance que le otorgó este Tribunal. Por el contrario, las y los actores omitieron plantear el cargo con observancia precisa de la definición y las distinciones expresas contenidas en la Sentencia C-540 de 2012. Dicho de otra forma, para esta Corporación, una lectura sistemática de la Sentencia C-540 de 2012, que delimitó el monitoreo como actividad impersonal y no un seguimiento individualizado, y la sentencia correspondiente al caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo vs. Colombia, exigía demostrar cómo el estándar interamericano impactaba directamente la interpretación vigente de la norma. Este limitado contraste en la revisión del alcance otorgado por el intérprete autorizado de la Constitución Política de Colombia, dio lugar a que la demanda concluyera que el artículo 17 (parcial) resultaba incompatible con las normas superiores. Tal omisión evidencia que el cargo se edificó a partir de la interpretación parcial e incompleta de la norma legal demandada REPÚBLICA DE COLOMBIA CORTE CONSTITUCIONAL Sala Plena SENTENCIA C-369 DE 2025 Referencia: expediente D-16216 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 17 (parcial) y 33 (parcial) de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 “[p]or medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones” Accionantes: Ana Bejarano Ricaurte, Silvia Juliana Santos Sarmiento, Emmanuel Vargas Penagos, Laura Marcela Urrego Aguilera, Pablo Ceballos Navas y Martín Simón Castro Londoño Magistrado sustanciador: José Fernando Reyes Cuartas Bogotá, D.C. tres (3) de septiembre de dos mil veinticinco (2025). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, una vez cumplidos los requisitos y trámites establecidos en el Decreto Ley 2067 de 1991, profiere la siguiente sentencia Síntesis de la decisión Las personas demandantes pidieron a la Corte declarar inconstitucionales algunos apartes de los artículos 17 y 33 de la Ley 1621 de 2013 y, de forma alternativa, que se estableciera que el monitoreo del espectro electromagnético también afecta la vida privada y debería requerir control judicial. Argumentaron que, aunque esa ley ya había sido revisada por la Corte Constitucional en la Sentencia C-540 de 2012, surgieron nuevos estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), especialmente en la sentencia del 18 de octubre de 2023, sobre el caso de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” vs. Colombia que justificaban un nuevo pronunciamiento de la Corte. Según la demanda, estas normas afectan derechos como la vida privada, la libertad de expresión y el acceso a la información, y por lo tanto se necesita mayor protección. El primer cargo en contra del artículo 17 (parcial) señalaba que el monitoreo del espectro electromagnético implica recolectar datos personales, lo que afecta la privacidad y debe estar bajo control judicial. Aunque antes la Corte había dicho que era una labor de rastreo general, la Corte IDH consideró que se trataba de una forma de interceptación de comunicaciones y debe ser limitada y autorizada judicialmente. El segundo cargo formulado en contra del artículo 33 (parcial), indicaba que la norma reserva toda la información de inteligencia y contrainteligencia, sin importar su contenido, y no es clara sobre qué es “seguridad y defensa nacional”. Las personas demandantes consideran que la restricción de acceso a esta información no está justificada y debe aplicarse el principio de máxima publicidad, permitiendo el acceso a quienes lo soliciten. La Corte Constitucional, previo a entrar al fondo del asunto, analizó si la demanda cumplía con los requisitos mínimos para ser estudiada de fondo. Respecto al artículo 17 de la Ley 1621 de 2013, concluyó que el cargo de inconstitucionalidad no cumplió con los mínimos de certeza, especificidad y suficiencia, en tanto que no partió del contenido real y vigente de la norma, ni del alcance e interpretación dado en la Sentencia C-540 de 2012. En contraste, los demandantes se fundamentaron en interpretaciones supuestas. En adición a ello, no demostraron cómo los estándares de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -en el caso de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” vs. Colombia- impactaban directamente la norma acusada originando una contradicción específica con la Carta Política. En cuanto al artículo 33 acusado, este Tribunal señaló que la demanda no cumplió con los requisitos de certeza, especificidad y suficiencia, en la medida en que no evidenció una contradicción concreta entre la disposición parcialmente acusada y la Constitución. Tampoco confrontó los parámetros estrictos fijados en la Sentencia C-540 de 2012 sobre las limitaciones al acceso a la información ni los pronunciamientos posteriores de la Corte contenidos en las sentencias C-274 de 2013 y C-951 de 2014. Los argumentos presentados fueron generales y no generaron una duda mínima de inconstitucionalidad. En síntesis, la Corte concluyó que las personas demandantes no demostraron de manera concreta cómo los estándares interamericanos adoptados en el caso Caso miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” vs. Colombia resultaban incompatibles con la interpretación vigente de los artículos demandados, por lo que la demanda carecía de certeza, especificidad y suficiencia para activar un juicio de fondo. I. ANTECEDENTES 1. Las personas demandantes acusaron los artículos 17 (parcial) y 33 (parcial) de la Ley Estatutaria 1621 de 2013 “[p]or medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones”. En Auto de 15 de noviembre de 2024 la demanda fue admitida, disponiendo (i) comunicar la iniciación del asunto[1], (ii) oficiar a distintas entidades para que remitieran a la Corte los protocolos bajo los cuales se adelantan las actividades de monitoreo del espectro electromagnético y se determina la reserva de la información[2]; (iii) fijar en lista el asunto para la intervención ciudadana y correr traslado a la Procuraduría General de la Nación, además de (iv) invitar a expresar su opinión a entidades públicas y privadas, así como a la academia[3]. II. LAS NORMAS ACUSADAS Y LA DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD 2. Las disposiciones acusadas se destacan en los artículos que se transcriben a continuación: LEY ESTATUTARIA 1621 DE 2013 (Abril 17) Por medio de la cual se expiden normas para fortalecer el Marco Jurídico que permite a los organismos que llevan a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia cumplir con su misión constitucional y legal, y se dictan otras disposiciones” EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA: Artículo 17. Monitoreo del Espectro Electromagnético e Interceptaciones de Comunicaciones Privadas. Las actividades de inteligencia y contrainteligencia comprenden actividades de monitoreo del espectro electromagnético debidamente incorporadas dentro de órdenes de operaciones o misiones de trabajo. La información recolectada en el marco del monitoreo del espectro electromagnético en ejercicio de las actividades de inteligencia y contrainteligencia, que no sirva para el cumplimiento de los fines establecidos en la presente Ley, deberá ser destruida y no podrá ser almacenada en las bases de datos de inteligencia y contrainteligencia. El monitoreo no constituye interceptación de comunicaciones. La interceptación de conversaciones privadas telefónicas móviles o fijas, así como de las comunicaciones privadas de datos, deberán someterse a los requisitos establecidos en el artículo 15 de la Constitución y el Código de Procedimiento Penal y sólo podrán llevarse a cabo en el marco de proce­dimientos judiciales. Artículo 33. Reserva. Por la naturaleza de las funciones que cumplen los organismos de inteligencia y contrainteligencia sus documentos, información y elementos técnicos estarán amparados por la reserva legal por un término máximo de treinta (30) años contados a partir de la recolección de la información y tendrán carácter de información reservada. Excepcionalmente y en casos específicos, por recomendación de cualquier organismo que lleve a cabo actividades de inteligencia y contrainteligencia, el Presidente de la República podrá acoger la recomendación de extender la reserva por quince (15) años más, cuando su difusión suponga una amenaza grave interna o externa contra la seguridad o la defensa nacional, se trate de información que ponga en riesgo las relaciones internacionales, esté relacionada con grupos armados al margen de la ley, o atente contra la integridad personal de los agentes o las fuentes (…). 3. Previo a formular los cargos de inconstitucionalidad, las y los ciudadanos justificaron la inexistencia de cosa juzgada en el caso bajo estudio. En esa dirección, señalaron que los apartados normativos acusados fueron objeto de control de constitucionalidad previo en la Sentencia C-540 de 2012[4], que los declaró exequibles. Por esta razón, en principio, podría concluirse que respecto de los artículos 17 y 33 demandados existió una revisión integral. Sin embargo, explicaron que esta Corte, de manera excepcional, ha activado su competencia para adelantar una nueva revisión de disposiciones de rango estatutario cuando “se presenta una modificación posterior de la Constitución o de la conformación de las normas que integran el bloque de constitucionalidad”[5]. Aseguraron que, en este evento, técnicamente, no existe cosa juzgada constitucional “porque el parámetro de comparación es distinto, lo que permite adelantar un nuevo juicio sobre dichas materias”[6]. 4. Según la demanda, en este caso la Corte Constitucional está habilitada para estudiar los apartados demandados porque se está en el escenario de inconstitucionalidad sobreviniente, dado que el parámetro de constitucionalidad evolucionó en su interpretación[7] a partir de la sentencia del 18 de octubre de 2023 en el Caso miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” vs. Colombia[8] de la Corte Interamericana de Derechos Humanos[9]. Para las y los ciudadanos las normas acusadas no se ajustan a los estándares interamericanos actuales en materia de vigilancia de comunicaciones a gran escala y de reserva de información de organismos de inteligencia y contrainteligencia[10]. En este punto, acotaron que “cualquier disposición que resulte contraria a (…) los recientes desarrollos sobre su interpretación es (…) contraria a la Constitución y deberá ser declarada inconstitucional”[11]. 5. Para las y los actores, la decisión de la Corte IDH -como intérprete autorizado de la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH)- se constituye en un criterio interpretativo que debe ser tenido en cuenta al momento de revisar la constitucionalidad de las leyes[12]. En ese contexto, consideraron que ahora existe un nuevo criterio interpretativo que le otorgó un mayor grado de protección al derecho a la vida privada y a la libertad de pensamiento y expresión[13], lo cual “inhibe la existencia de la cosa juzgada constitucional y convoca a la Corte Constitucional a revisar nuevamente las normas acusadas respecto del nuevo parámetro de comparación”[14]. 6. La demanda explicó el cambio que hubo en la interpretación sobre el alcance de las normas acusadas a partir de la ratio decidendi[15] de la sentencia del 18 de octubre de 2023 en el Caso miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” vs. Colombia. Para ello presentó varios argumentos. 7. En relación con el artículo 17 de la Ley 1621 de 2013, la Sentencia C-540 de 2012 consideró que el monitoreo del espectro electromagnético no requería orden judicial en la medida que no involucraba un seguimiento individual. Por lo que distinguió entre el monitoreo del espectro electromagnético, entendido como “la actividad impersonal y abstracta” de “los actos propios de una investigación penal que es individual y concreta, y que parte de una notitia criminis (dentro de una indagación preliminar), que busca recaudar los elementos probatorios para la identificación de los autores de una conducta punible, que se desenvolverá en el marco de un proceso penal”[16]. Por su parte, la Corte IDH planteó que la utilización de las técnicas de vigilancia de las comunicaciones, ya sea selectiva o a gran escala -lo que incluye el monitoreo del espectro electromagnético- exige siempre control judicial[17]. 8. Respecto del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, las y los demandantes refirieron que en la sentencia C-540 de 2012, la Corte señaló que el legislador puede establecer límites al derecho de acceso a la información. Entonces, la ampliación del plazo de la reserva de la información es constitucionalmente válida si persigue intereses como la seguridad y la defensa nacionales, lo que implica acreditar que la reserva es indispensable para evitar que se afecten dichos intereses. No obstante, la reserva debe ser temporal y el plazo debe ser razonable y proporcional a los bienes jurídicos constitucionales protegidos[18]. La Corte IDH estableció mayores garantías, porque sostuvo que la reserva de la información de inteligencia “debe ser, en la mayor medida posible, clara y precisa, en el sentido de detallar qué tipo de información o documentos se consideran reservados y cuál es el límite temporal para la reserva”[19]. Además, en cuanto a la calificación de reservados, la Corte IDH señaló que “no resulta compatible con los estándares interamericanos establecer que un documento es reservado solo por el hecho de pertenecer a un organismo de inteligencia y no con base en su contenido”[20]. 9. Con base en lo anterior, formularon cuatro cargos de inconstitucionalidad que, por la similitud de los argumentos, se agruparon en dos: los cargos formulados contra los artículos 17 (parcial) que corresponden a los cargos primero y tercero, y 33 (parcial) que en la demanda se identifican como los cargos segundo y cuarto: 10. Cargo primero: el artículo 17 (parcial) de la Ley 1621 de 2013 infringe los artículos 2, 11 y 13 de la CADH y 15 y 20 de la Constitución. Según las y los ciudadanos las actividades de monitoreo del espectro electromagnético, conforme a la Ley 1621 de 2013, no están condicionadas a la expedición de una orden judicial. Sin embargo, en el Caso miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” vs. Colombia, la Corte IDH[21] estableció que las actividades de inteligencia utilizan técnicas de vigilancia a gran escala que permiten el acceso a información sensible, por lo que deben estar delimitadas en cuanto a exigencias, requisitos y controles porque implican una injerencia en múltiples derechos, principalmente en la vida privada y la libertad de pensamiento y expresión[22]. 11. La demanda señaló que para la Corte IDH, estas actividades de monitoreo tienden a recolectar información que incluye datos personales (ya sea por teléfono, por correspondencia o por correo electrónico, entre otras herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o el allanamiento al domicilio, lugar de trabajo u otro local privado) por lo que deben contar con autorización judicial que defina los límites que se imponen, incluidos el modo, tiempo y alcances de la medida autorizada[23]. 12. La postura de la Corte Constitucional de que el monitoreo del espectro electromagnético[24] no implica una interceptación de comunicaciones resulta contraria a los estándares interamericanos[25], porque dicha actividad es una forma de interceptación de actividades “por cuanto sus ondas radioeléctricas portan diversos mensajes tanto sonoros como visuales, las cuales deben entenderse como privadas por producirse entre ciudadanos”[26]. En consecuencia, debe ejecutarse de forma restringida y precedida de una orden judicial[27]. 13. De lo anterior, la parte actora derivó que la hipótesis de que el monitoreo del espectro electromagnético no refiere a interceptación judicial se encuentra en contra de los estándares internacionales al no prever un control judicial efectivo sobre una actividad que constituye vigilancia a gran escala de comunicaciones. 14. Cargo segundo: el artículo 33 (parcial) de la Ley 1621 de 2013 vulnera los artículos 2, 11 y 13 de la CADH y 15 y 20 de la Constitución. La demanda explicó que la Corte IDH, en desarrollo del derecho a la autodeterminación informativa, planteó que la autorización general de reserva de los documentos, información y elementos técnicos de organismos de inteligencia y contrainteligencia puede ser utilizada para limitar dicha garantía, por lo que resulta incompatible con los estándares convencionales. 15. En ese contexto, refirieron que la Corte IDH estableció que es necesario que mediante ley se establezcan “las categorías específicas y estrictas que en función de la protección de la seguridad nacional pretenden protegerse”[28], con el propósito de que esta información no esté sometida a reserva solo por el hecho de pertenecer a un organismo de inteligencia, sino por razón de su contenido[29]. En criterio de las y los demandantes, el artículo 33 autoriza la reserva de información de inteligencia solo por el hecho de provenir de entidades de inteligencia. 16. Explicaron que la Ley 1621 de 2013 contiene una clasificación general vaga y ambigua que resulta incompatible con la CADH, en tanto que: (i) no designa categorías específicas y estrictas que en función de la protección de la seguridad nacional están amparadas por la reserva; (ii) no define o delimita los conceptos de seguridad y defensa nacional; y (iii) omite cualquier mecanismo que reconozca y garantice el acceso y control de los interesados a los datos que existan sobre ellos en los archivos clasificados, lo que se constituye en un obstáculo para que las presuntas víctimas puedan solicitar la actualización, rectificación o modificación de esa información. Explicaron que la indeterminación no solo afecta la legitimidad de la reserva, sino que se traduce en un amplio margen de discrecionalidad para las autoridades en punto de establecer la información susceptible de la mencionada reserva. 17. La demanda señaló que la Sentencia C-540 de 2012 fue proferida antes del pronunciamiento de la Corte IDH[30]; sin embargo, este último otorgó una mayor protección a los derechos a la libertad de expresión y a la privacidad[31]. En ese escenario, se estableció que las normas que pretendan imponer reservas respecto de información relacionada con actividades de inteligencia y contrainteligencia deben ser precisas, claras y detalladas en el tipo de información que se considera reservada y el límite temporal de aquella reserva. Además, insistió en que dichas limitaciones son excepcionales y deben sujetarse a los motivos específicos que la justifican[32]. 18. De acuerdo con la demanda, la permanencia en el ordenamiento jurídico de la autorización genérica de la reserva de información de inteligencia y contrainteligencia infringe los estándares fijados por la Corte IDH, dado que “(i.) su objeto es indeterminado y omnicomprensivo, (ii.) no se orienta por el contenido del material reservado sino por quien lo produjo o lo detenta y (iii.) tampoco establece, con fundamento en los propósitos que dice atender, ‘las categorías de información que, en función precisamente de la realización de tales objetivos, podría negarse su acceso, a fin de que en cada caso concreto la autoridad competente, atendiendo a los principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, declare o no la reserva de determinada información’”[33]. 19. De otra parte, en relación con la temporalidad de la reserva, la demanda explicó que la norma acusada establece una reserva de la información de inteligencia y contrainteligencia por el término de treinta años, contados a partir de la recolección de la misma. Además, autoriza al presidente de la República para prorrogar el plazo inicial hasta por 15 años más cuando su difusión suponga una grave amenaza interna o externa contra la seguridad o defensa nacional. Mencionaron que la Sentencia C-540 de 2012 la halló ajustada a la Constitución. En contraste, explicaron que la Corte IDH precisó que la norma adolece de vaguedad en la medida que no especifica a qué se refieren con amenazas contra la seguridad o defensa nacional, ni qué clase de riesgos a las relaciones internacionales justificaría extender el término de reserva. 20. En consecuencia, la demanda concluyó que la Corte Constitucional está habilitada para adelantar un nuevo examen de constitucionalidad de la disposición acusada, debido al cambio en el significado material de la Constitución. Esto con el fin de que se establezca que el Estado puede restringir el acceso a determinada información siempre que la ley designe categorías específicas y estrictas que amparen la reserva. Lo descrito, implicaría que las autoridades de inteligencia interesadas en mantener la reserva de la información, deben acudir a normas de rango constitucional o legal que cumplan los requisitos de claridad y precisión conforme al estándar fijado por la Corte IDH. De lo contrario, la información será de carácter público en virtud del principio de máxima divulgación[34]. 21. Con base en lo anterior, las y los ciudadanos le solicitaron a la Corte declarar inexequibles con efectos inmediatos los artículos 17 (parcial) y 33 (parcial) de la Ley Estatutaria 1621 de 2013. De manera subsidiaria, pidieron la declaratoria de inexequibilidad de los apartados acusados con efectos diferidos al término que otorgó la Corte IDH a Colombia para la modificación de la ley mencionada. III. INTERVENCIONES Y CONCEPTOS ESPECIALIZADOS 22. Durante el período probatorio y el término de fijación en lista, la Corte recibió trece escritos de intervención y dos conceptos especializados de autoridades públicas. Igualmente, en el término establecido para el efecto, el procurador general de la Nación rindió el concepto correspondiente. Con el objeto de sintetizar y contrastar el sentido de las intervenciones recibidas ellas se integrarán en las siguientes tablas[35]. Intervenciones relacionadas con el artículo 17 de la Ley 1621 de 2013 Interviniente Argumentos Solicitudes de inexequibilidad Alirio Uribe Muñoz Sostuvo que el artículo 17 de la Ley 1621 de 2013 no distingue con claridad entre el monitoreo del espectro electromagnético y la interceptación de comunicaciones, lo que en la práctica implica que los organismos de inteligencia determinan de forma discrecional qué actividades están sujetas a control judicial. Ello resulta contrario a la Sentencia de la Corte IDH en el Caso Miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” (CAJAR) vs. Colombia, que exige que la regulación sobre las facultades de los organismos de inteligencia sea clara y precisa. Así, para garantizar el cumplimiento de los estándares convencionales y el bloque de constitucionalidad, todas las actividades de monitoreo del espectro electromagnético deben estar sujetas a control judicial y superar un análisis de proporcionalidad, razonabilidad y legalidad. Katherine Castro Londoño y Nicole Ballesteros Giraldo Argumentaron que en este asunto se desvirtuaba la cosa juzgada constitucional porque la Sentencia de la Corte IDH en el Caso CAJAR vs. Colombia suponía un cambio en el parámetro de control constitucional. Indicaron que dicha providencia exige que las medidas que interfieren con la privacidad de un individuo cumplan con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, y que sean objeto de control judicial previo y eficaz. Como la disposición demandada no cumple esos requisitos, no puede considerarse acorde a la Constitución y a los estándares interamericanos en la materia. Solicitudes de exequibilidad Dirección Nacional de Inteligencia Enfatizó en la importancia de distinguir entre las funciones de policía judicial y las de inteligencia y contrainteligencia, pues mientras la primera tiene como objetivo recaudar pruebas y definir los responsables de un presunto hecho delictivo, la segunda pretende recolectar, procesar y analizar información para respaldar la toma de decisiones del Estado en materia de seguridad. Así, la interceptación de comunicaciones es llevada a cabo por la Fiscalía General de la Nación en ejercicio de sus funciones de policía judicial y en el marco de la Ley 906 de 2004, mientras que el monitoreo del espectro electromagnético es una actividad impersonal y abstracta propia de las funciones de inteligencia y contrainteligencia y no está consagrada en la Ley 906 de 2004. Afirmó que para quienes desarrollan cada una de esas actividades es evidente la diferencia, por lo que no asiste razón a los demandantes cuando afirman que ambos conceptos pueden confundirse. Con base en ese contexto, concluyó que la declaratoria de inexequibilidad del aparte demandado no obligaría a los organismos de inteligencia y contrainteligencia a acudir a una autoridad judicial para llevar a cabo el monitoreo del espectro electromagnético, pues “bajo los lineamientos dado jurisprudencialmente por la Corte Constitucional en la sentencia C-540 de 2012 son claros los límites impuestos a esta actividad para que la misma no se desdibuje en otra actividad como la interceptación de comunicaciones”[36]. Ministerio de las TIC Expuso que la disposición demandada no era contraria a los parámetros fijados por la Corte IDH en la Sentencia del Caso CAJAR vs. Colombia, pues el monitoreo del espectro electromagnético es diferente a la interceptación de comunicaciones. Al respecto, indicó que “como una metáfora simple se puede entender al monitoreo como un acto de observación por parte del vigilante sobre la vía (espectro electromagnético) y de objetos que se trasladan sobre esa vía, como si fuese una autopista en la cual el observante tiene en cuenta tanto las condiciones de la vía como el flujo de objetos que se trasladan por esta. A diferencia de la interceptación, que conlleva en sí misma la intromisión en el contenido de aquello que es trasladado por la vía, como si fuese una revisión del contenido y ocupantes de un vehículo que se trasladan por esa autopista por parte del vigía”[37]. Destacó que el monitoreo del espectro electromagnético es aleatorio y no genera un trato desigual frente a un grupo o individuo concretos, por lo que no requiere una autorización judicial previa. Exigir esa autorización implicaría que la Fuerza Pública no pudiera realizar actividades de vigilancia para garantizar la seguridad de la población. Además, si en ejercicio de la función del monitoreo se llegara a advertir alguna información relevante que exigiera llevar a cabo una interceptación de comunicaciones, para ello deberían cumplirse todos los requisitos legales. Agregó que la Corte no puede declarar la inexequibilidad de la disposición a partir de una mera suposición, como la que formulan los actores, en el sentido de que esos requisitos legales podrían incumplirse en la práctica. Solicitudes de exequibilidad condicionada Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” – CAJAR Solicitó declarar la exequibilidad de la expresión demandada, “en el entendido en que el monitoreo incluye la identificación de accesos irregulares al espectro electromagnético, así como de transmisiones abiertas, mientras que la interceptación de comunicaciones implica aquellas transmisiones privadas o no abiertas a través del espectro electromagnético”[38]. Con fundamento en la jurisprudencia de esta Corporación[39], expuso que los siguientes criterios son útiles para distinguir entre las actividades de monitoreo del espectro electromagnético y la interceptación de comunicaciones: (i) el espectro electromagnético es un bien público y para su uso se requiere autorización del Estado; (ii) los usos no autorizados del espectro electromagnético “deben ser objeto de actividades de control por parte de las autoridades competentes sin autorización judicial, ya que es una facultad asignada a la Agencia Nacional del Espectro, en principio, y subsidiariamente a las Fuerzas Militares, a quienes se les ha encargado la función”[40]; (iii) la información trasmitida a través del espectro electromagnético puede clasificarse en pública o de dominio público; semiprivada, para cuyo acceso se requiere orden de una autoridad administrativa; privada, cuyo acceso exige una autorización judicial; y reservada o secreta. Al respecto, precisó que las actividades de interceptación de comunicaciones constituyen “una forma particular de monitorear las señales radioeléctricas que circulan por el espectro electromagnético”[41]. Debido al carácter privado de esa información, para su acceso sí debe exigirse una autorización judicial. Así, concluyó que “es indispensable una definición clara de los medios autorizados para el monitoreo del espectro electromagnético, en atención a la regularidad del uso del espectro electromagnético que se monitorea, así como en atención al tipo de transmisión, si es pública o privada”[42]. Escuela de Privacidad Solicitó declarar la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 1621 de 2013, en el entendido de que “su aplicación deberá estar sujeta a estrictas garantías judiciales y técnicas que aseguren el resguardo efectivo de los derechos fundamentales, mediante orden judicial, evitando así cualquier vulneración indebida de la intimidad y garantizando que el monitoreo se efectúe exclusivamente con fines legítimos y bajo el control pertinente”[43]. Explicó que el monitoreo del espectro electromagnético difiere de la interpretación de comunicaciones. El primero “constituye una actividad encaminada a registrar comunicaciones por la manera en que opera. Mientras que la interceptación accede al contenido transmitido —voz, datos o mensajes enviados por diversos canales— el monitoreo del espectro radioeléctrico, aunque no penetra en el contenido de las comunicaciones, obtiene información privada que puede asociarse a personas naturales y, en consecuencia, ser determinable”[44]. Así, el monitoreo del espectro electromagnético puede afectar los derechos fundamentales a la intimidad y habeas data del titular de la información, pues los avances tecnológicos actuales, como el análisis estadístico avanzado y las herramientas de machine learning, permiten cruzar datos obtenidos de diferentes fuentes –públicas o no– para deducir la identidad de la persona, incluso si esta no se señala de manera expresa en la información objeto del monitoreo. En otras palabras, “aunque el monitoreo del espectro electromagnético por sí solo no identifica directamente a una persona (como lo haría una base de datos con nombres y direcciones), sí permite rastrear dispositivos y comunicaciones que pueden conducir a una identificación indirecta”[45]. Lo anterior implica que el monitoreo del espectro electromagnético podría vulnerar derechos fundamentales si se usa con fines ilegales o desproporcionados. Por tanto, para su ejercicio debería exigirse una autorización judicial. Universidad Libre Solicitó declarar la exequibilidad del aparte demandado, “bajo el entendido de que el monitoreo constituye en todo caso una injerencia en la vida privada que, en cualquier caso, requiere de control judicial”[46]. Destacó que la disposición acusada debe interpretarse de conformidad con la jurisprudencia de la Corte IDH y la CADH, que hace parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Posteriormente, indicó que el artículo 17 de la Ley 1621 de 2013 no especifica la naturaleza ni los alcances del monitoreo del espectro electromagnético, de manera que no hay suficiente protección de los derechos de los ciudadanos frente a posibles actuaciones arbitrarias de las autoridades en ejercicio de esa actividad. Solicitud de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-540 de 2012 Ministerio de Defensa Nacional Expuso que cuando la Corte Constitucional se pronuncia sobre la exequibilidad de un proyecto de ley estatutaria esa decisión hace tránsito a cosa juzgada absoluta. Así, como se trata de un control previo, automático e integral, las disposiciones que conforman dicha ley no pueden ser objeto de una nueva demanda en el futuro. Destacó que las normas acusadas fueron declaradas exequibles a través de la Sentencia C-540 de 2012 y que en este caso no se presentaba un vicio de constitucionalidad sobreviniente ni un cambio en el parámetro de control, por lo que se mantenía incólume la cosa juzgada. En relación con la Sentencia de la Corte IDH en el Caso CAJAR vs. Colombia, advirtió que “dicho estudio fue realizado en el contexto de una situación fáctica y jurídica previo a la expedición de la Ley 1621 de 2013. Tal hecho puede suponer que, si bien existió una tensión entre la doctrina de las actividades de inteligencia y la Convención Americana siendo este primer instrumento parte del bloque de constitucionalidad, a la fecha fue superado tal evento; y por tanto se adecuó el ordenamiento jurídico interno a las disposiciones que en ella se encuentran”[47]. En todo caso, advirtió que si ese argumento no fuera de recibo, el plazo que la Corte IDH otorgó al Estado colombiano para adecuar su ordenamiento jurídico interno vence en el año 2026, por lo que la demanda es improcedente. De manera subsidiaria, el Ministerio solicitó declarar la exequibilidad del artículo 17 de la Ley 1621 de 2013. Para ello, enfatizó en que el monitoreo del espectro electromagnético es diferente a la interceptación de comunicaciones, dado que el primero “implica maniobras preventivas o de neutralización de actividades ilícitas en todo el territorio nacional y no constituyen per se un seguimiento individual y continuo de abonados telefónicos, contenido digital o cualquier otra actividad que configure la vulneración a los derechos humanos o fundamentales de los ciudadanos”[48]. De ahí que equiparar ambas actividades y someter el monitoreo del espectro electromagnético a un control judicial previo, como pretenden los accionantes, “conlleva[ría] a un debilitamiento de las capacidades del Estado para prevenir riesgos contra la estabilidad social, económica y política del país”[49]. Solicitudes de inhibición Comisión Colombiana de Juristas[50] Sostuvo que el cargo dirigido contra el artículo 17 de la Ley 1621 de 2013 carece de certeza porque se basa en una interpretación subjetiva de la norma, en tanto el monitoreo del espectro electromagnético no constituye una forma de interceptación y así lo reconoció la Corte en la Sentencia C-540 de 2012. Además, la disposición acusada distingue entre las finalidades y procedimientos de ambos conceptos, y reconoce que la interpretación requiere una autorización judicial. El cargo también carece de pertinencia porque la demanda “no sustenta [su argumentación] en cuestionamientos fundados que permitan verificar la vulneración de alguna norma Superior, así como tampoco logra demostrar que la Constitución Política obliga a considerar al monitoreo del espectro electromagnético como una interceptación de comunicaciones”[51]. Así, los actores no demostraron que la norma acusada sea contraria a la Constitución, sino que presentaron objeciones al modelo regulatorio vigente y propusieron su alineación con estándares internacionales. De manera subsidiaria, solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-540 de 2012. Fundación Karisma y Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario Sostuvieron que los cargos contra el artículo 17 de la Ley 1621 de 2013 no cumplen los requisitos de certeza y pertinencia. En relación con el primero, afirmaron que la demanda se fundamentó en conjeturas sobre la naturaleza del monitoreo del espectro electromagnético y le otorga un alcance diferente al dispuesto en la norma y en la Sentencia C-540 de 2012. Frente al requisito de pertinencia, estimaron que los cargos formulados carecen de naturaleza constitucional y, en su lugar, se basan en una interpretación subjetiva e indebida del aparte demandado. Ahora bien, en relación con el fondo del asunto, argumentaron que el monitoreo del espectro electromagnético difiere de la interceptación de comunicaciones y no necesariamente supone injerencias en la vida privada. Debido a sus diferencias, el legislador consagró un régimen de control judicial a dichas interceptaciones, el cual no resulta compatible con la naturaleza del monitoreo del espectro electromagnético. Por tanto, aplicar por analogía ese régimen no sería compatible con la Constitución ni la ley y, en caso de declarar la inexequibilidad de la disposición acusada, la Corte debería definir cada uno de los aspectos del control judicial al que se sometería el monitoreo. Ello desconocería la reserva de ley que rige las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Amicus curiae sin solicitud expresa Media Defence Expuso que, de conformidad con la regulación internacional[52] sobre la materia, la vigilancia e interceptación de comunicaciones privadas deben sujetarse a estrictos controles legales y judiciales que garanticen que las medidas sean proporcionales y necesarias. Ello con el objetivo de evitar abusos en la recopilación y uso de los datos y proteger los derechos a la intimidad y libertad de expresión del titular de la información, así como los derechos de terceros. Sin embargo, en Colombia la protección a esos derechos es insuficiente. Por tanto, “[l]a obtención o recepción, el análisis, la utilización, el almacenamiento y la eliminación de datos interceptados en el espectro electromagnético de ondas radioeléctricas por organismos estatales colombianos en el marco de la operación de vigilancia secreta constituye una injerencia en la vida privada de una persona. Además, si bien la obtención de estos datos es obviamente una injerencia en el derecho a la vida privada, también lo es la transmisión de datos a otras autoridades y su utilización por éstas”[53]. Concluyó que la legislación de cada Estado debe garantizar que sus medidas de vigilancia de comunicaciones privadas superen los siguientes requisitos: (i) estar consagradas en la ley de manera clara y precisa; (ii) contemplar recursos adecuados que permitan a las personas actuar frente a prácticas arbitrarias y abusivas; (ii) perseguir un objetivo legítimo; y (iv) ser necesarias y proporcionales para alcanzar ese objetivo. Tabla 1. Síntesis de las intervenciones relacionadas con el artículo 17 de la Ley 1621 de 2013. Intervenciones relacionadas con el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 Interviniente Argumentos Solicitudes de inexequibilidad Alirio Uribe Muñoz Expuso que en la Sentencia del Caso CAJAR vs. Colombi a, la Corte IDH concluyó que el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 es incompatible con los artículos 11 y 13 de la CADH. En concreto, el término general de reserva al que se refiere la disposición demandada impone restricciones excesivas e indefinidas sobre el acceso a la información, restringe el derecho a la autodeterminación informativa y contradice la Ley 1712 de 2014. Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia) y Corporación Ocasa Expusieron que la reserva contenida en el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 se basaba únicamente en un criterio orgánico; es decir, en la calidad del sujeto que emite la información. Ello desconoce los principios de máxima divulgación y limitación de las cláusulas normativas de acceso a la información pública. Argumentaron que para que la reserva contemplada en la disposición acusada sea compatible con los estándares constitucionales e interamericanos en materia de acceso a la información sería necesario “(i) atender al criterio funcional, y no orgánico, de tal manera que la información se reserve en virtud de la naturaleza de las funciones ejercidas por los organismos de inteligencia y contrainteligencia y no en razón de los sujetos en sí mismos, (ii) adoptar una definición clara de los fines legítimos de defensa y seguridad nacional que justifican la extensión del tiempo de reserva y que podrían delimitar mejor cuándo aplica la reserva, (iii) exigir al organismo de inteligencia que aplique la reserva que demuestre que su decisión no solo es razonable y proporcional, como ya lo exige el artículo 33 de la Ley, sino además idónea como lo sugiere la Sentencia de la Corte IDH y los estándares internacionales, (iv) que la ley establezca categorías específicas que entran dentro de la reserva, para que esta no se convierta en una autorización ambigua y amplia de restricción de información y (v) que se adecúe la norma de tal manera que se entienda que la reserva se podrá extender por un máximo de 15 años como lo dispone la Ley 1712 de 2014”[54]. Debido a que en este caso no se cumple ninguno de esos requisitos, el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 desconoce los artículos 20, 74 y 93 de la Constitución. Por último, destacaron que las acciones de inteligencia y contrainteligencia pueden implicar violaciones a derechos humanos, por lo que el acceso a esa información puede ser importante para procesos judiciales y extrajudiciales de memoria y reparación a las víctimas. Escuela de Privacidad Indicó que existe una presunción de que la información en poder del Estado es pública, y que la disposición acusada viola ese postulado al establecer una presunción de reserva sobre la información que tienen los organismos de inteligencia y contrainteligencia. Además, ello desconoce que la reserva de la información no depende de las características de las entidades públicas sino de las condiciones específicas de esa información. Es decir, los organismos de inteligencia y contrainteligencia también manejan información catalogada como pública, sobre la cual no se puede extender una presunción de reserva. Concluyó que “[c]omo entidad pública, un organismo debe rendir cuentas y garantizar la transparencia, y no se puede excluir de manera absoluta el derecho de acceso a la información que, por su naturaleza, no reúna los requisitos para ser calificada como reservada” [55] Fundación Karisma y Centro de Internet y Sociedad de la Universidad del Rosario Expusieron que “si se eliminara la norma demandada del ordenamiento jurídico, a partir de la lectura completa del artículo y la interpretación de esta Corte en la sentencia C-540 de 2012, el fin legítimo aplicable para fundamentar la excepción de reserva de acceso a la información en este caso es la ‘Defensa y seguridad nacional’”[56]. Sin embargo, ese concepto carece de una definición precisa que permita determinar si es compatible con el derecho fundamental de acceso a la información. Asimismo, la ausencia de una definición de la expresión “defensa y seguridad nacional” impide a los organismos de inteligencia justificar la reserva de un documento y puede dar lugar a usos arbitrarios de esa figura. En consecuencia, afirmaron que la Sala Plena debería “aprovech[ar] esta oportunidad constitucional para dotar de contenido y pronunciarse sobre los criterios que definen cuál información puede ser objeto de reserva, y cuál no, por el fin legítimo de Defensa y seguridad nacional” [57]. Fundación para la Libertad de Prensa – FLIP Argumentó que la disposición demandada desconoce los artículos 10, 29, 74 y 93 de la Constitución, los cuales establecen estándares sobre el acceso a la información de interés público. Una de las facetas de ese derecho consiste en que la ciudadanía pueda conocer la información que proviene del Estado. Además, cuando esa información tiene una marcada relevancia pública la reserva no puede ser absoluta y ambigua, incluso si aquella está relacionada con la seguridad nacional. Adicionalmente, destacó que la decisión de las autoridades de negar a una persona el acceso a determinada información debe garantizar el derecho al debido proceso del peticionario. Para ello, es necesario cumplir con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, aplicar una prueba del daño y motivar la decisión de manera clara y suficiente. Solicitudes de exequibilidad Ministerio de las TIC Afirmó que la disposición demandada es compatible con los estándares convencionales, porque “no conlleva frente al individuo una injerencia en su vida privada, honra, dignidad, libertad de pensamiento, expresión, por el contrario, sí esa información se hace pública, y sin contexto, sí se afectaría al individuo”[58]. En todo caso, no toda la información perteneciente a organismos de inteligencia y contrainteligencia está sometida a la reserva establecida en el aparte acusado, sino solo aquella que cumpla con los tres requisitos a los que se refiere el parágrafo 2 del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013. Solicitudes de exequibilidad condicionada Dirección Nacional de Inteligencia Solicitó declarar la exequibilidad condicionada del aparte demandado del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, “en el sentido de que la reserva a la que se refiere el citado artículo se circunscribe únicamente a la información, documentación y elementos técnicos que se encuentran directamente relacionados con el desarrollo de las labores de inteligencia y contrainteligencia”[59]. Ello, en cuanto esa información busca garantizar la seguridad nacional y proteger los derechos fundamentales de las víctimas y de quienes intervienen en las labores de inteligencia. En todo caso, expuso que el ordenamiento jurídico contempla mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información de los ciudadanos: por un lado, el parágrafo 2 del artículo acusado establece que los organismos que invoquen la reserva objeto de estudio tienen el deber de motivar su decisión bajo criterios de proporcionalidad y razonabilidad. Por otro lado, si la persona interesada no estuviera de acuerdo con la reserva, puede presentar un recurso de reposición o acudir a la figura de la insistencia, en los términos de los artículos 27 de la Ley 1712 de 2014 y 26 de la Ley 1437 de 2011. Katherine Castro Londoño y Nicole Ballesteros Giraldo Solicitaron que el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 “sea declarado exequible condicionalmente siempre y cuando se incluyan las definiciones de defensa y seguridad nacional, establezca categorías en la reserva de la información en el marco de dichas definiciones y que lo anterior obedece [a] principios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad”[60]. Fundamentaron su petición en la necesidad de que el Estado colombiano ajuste su ordenamiento jurídico al estándar interamericano fijado en la Sentencia de la Corte IDH en el Caso CAJAR vs. Colombia, y en aplicación de los artículos 2 y 11 de la CADH. Universidad Libre Solicitó declarar la exequibilidad de los incisos primero y segundo del artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, “bajo el entendido que no se ha desarrollado legalmente claridad (sic) sobre los requisitos, formas y procedimientos para acceder a la documentación sujeta a reserva, más si se tiene en cuenta que existe un antecedente de la CIDH que lo ordena”[61]. Después de destacar la importancia de la jurisprudencia de la Corte IDH, afirmó que la disposición demandada no indica con claridad los requisitos para que los organismos de inteligencia y contrainteligencia invoquen la reserva de la información, lo que en la práctica permite a esas autoridades dilatar los trámites de manera injustificada y afectar los derechos a la verdad, privacidad y buen nombre de las personas interesadas. Solicitud de estarse a lo resuelto en la Sentencia C-540 de 2012 Ministerio de Defensa Nacional Expuso que en este caso se configuró una cosa juzgada absoluta en relación con lo decidido en la Sentencia C-540 de 2012[62]. De manera subsidiaria, solicitó declarar exequible el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013. Argumentó que ningún derecho fundamental es absoluto, por lo que es válido imponer restricciones al acceso a la información. Además, cuando esta es obtenida a través de labores de inteligencia, la reserva cobra especial sentido porque protege bienes superiores, como la defensa nacional, la seguridad pública y la vida de fuentes, agentes y víctimas. Solicitudes de inhibición Comisión Colombiana de Juristas Sostuvo que el cargo dirigido contra el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013 carece de certeza porque no demuestra la contradicción entre esa disposición y una norma constitucional concreta. Es más, los demandantes afirman que el régimen de reserva de la información en Colombia podría generar abusos, pero no indican qué estándar constitucional se estaría desconociendo en este caso. El cargo también carece de pertinencia, “pues su argumentación no se fundamenta en una contradicción manifiesta con la Constitución, sino en la presunción de que la norma podría ser más precisa en la definición de categorías de información reservada”[63]. Así, el cargo cuestiona un asunto relacionado únicamente con el diseño legislativo. De manera subsidiaria, solicitó a la Corte estarse a lo resuelto en la Sentencia C-540 de 2012. Tabla 2. Síntesis de las intervenciones relacionadas con el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013. Conceptos especializados de autoridades públicas Interviniente Argumentos Agencia Nacional del Espectro – ANE De conformidad con la Ley 1341 de 2009, la ANE tiene el objetivo de garantizar el uso eficiente y ordenado del espectro radioeléctrico[64], para lo cual ejerce labores de monitoreo. La entidad destacó la importancia de “diferenciar el monitoreo de la interceptación de las telecomunicaciones que llevan a cabo los destinatarios de la ley de inteligencia, ya que sus finalidades, métodos y procedimientos son evidentemente distintos. Por ejemplo, la interceptación de comunicaciones se realiza para obtener el contenido de las comunicaciones privadas, generalmente con fines de inteligencia, seguridad nacional o investigaciones criminales, actividad que (…) requiere de procesos de demodulación y/o decodificación. Ello implica la captura y análisis del contenido de las comunicaciones, ya sean telefónicas, electrónicas o de datos. Esto puede incluir conversaciones telefónicas, correos electrónicos, mensajes de texto, entre otros. El monitoreo del espectro realizado por la ANE (…) es un mecanismo de comprobación técnica y ha sido desarrollado para asegurar la conformidad del uso del espectro con los parámetros y normas técnicas establecidas para los sistemas de radiocomunicaciones y no da acceso a la información contenida en las emisiones”[65]. Fiscalía General de la Nación Informó que no lleva a cabo actividades de inteligencia o contrainteligencia, por lo que no realiza monitoreos del espectro electromagnético ni cuenta con información que, en virtud de las disposiciones demandadas, estén sometidas a reserva. Precisó que en la Sentencia C-540 de 2012 la Corte indicó que no puede confundirse dicho monitoreo con los actos propios de una investigación penal. Por un lado, el Código de Procedimiento Penal faculta a la Fiscalía para interceptar comunicaciones en el marco de un proceso penal concreto con el propósito de recaudar elementos materiales probatorios y evidencia física para demostrar la ocurrencia de la conducta objeto de investigación. Esas actuaciones de policía judicial se diferencian del monitoreo del espectro electromagnético porque este no consiste en un rastreo selectivo sobre sujetos individualizados ni puede implicar el registro de comunicaciones privadas, para lo cual se requeriría una orden judicial. Tabla 3. Síntesis de los conceptos especializados de autoridades públicas. IV. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 23. El Ministerio Público le solicitó a la Corte que se declare inhibida para decidir el asunto. En esa dirección, explicó que le corresponde al legislador, y no a la Corte Constitucional, corregir el ordenamiento jurídico interno para que se ajuste a los estándares interamericanos de protección de derechos humanos. Así, en virtud del principio de separación de poderes, concluyó que la Corte carece de competencia para emitir un pronunciamiento de fondo sobre los cargos de la demanda[66]. 24. Para el procurador general de la Nación, el Caso miembros de la Corporación Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo” vs. Colombia, modificó el parámetro de control del artículo 17 de la Ley 1621 de 2013, en tanto aumentó el estándar de protección de los derechos a la expresión y a la privacidad en relación con las funciones de inteligencia y contrainteligencia. Según ese estándar, “cualquier acción relacionada con la interceptación, vigilancia y seguimiento de cualquier tipo de comunicación necesita un control previo o posterior por parte del juez competente”[67], incluyendo las actividades de monitoreo del espectro electromagnético. Por ese motivo, no existe cosa juzgada en el presente asunto. Sobre el artículo 33 de la Ley 1621 de 2013, el procurador general de la Nación explicó que no hay cosa juzgada en este caso. Señaló que la Corte IDH elevó el estándar de protección del derecho a la información y que la ley colombiana limita este derecho sin justificación, pues declara reservada toda la información de organismos de inteligencia o contrainteligencia, sin precisar criterios para decidir qué información debe ser reservada ni cómo justificar su entrega o no. Por eso, el Ministerio Público consideró que le toca al Congreso, y no a la Corte Constitucional, ajustar la ley para cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos. Declarar inconstitucionales las normas demandadas llevaría no solo a eliminarlas, sino también a crear una nueva regulación para aplicar la sentencia de la Corte IDH. En otras palabras, la política de seguridad nacional debe definirla el Congreso, que tiene la responsabilidad de proteger al Estado y los derechos humanos. Así, por el principio de separación de poderes, concluyó que la Corte no tiene competencia para decidir el fondo de la demanda. IV. CONSIDERACIONES 1. Competencia 25. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 241.4 de la Constitución, la Corte Constitucional es competente para conocer de la demanda de inconstitucionalidad presentada en contra los artículos 13 (parcial) y 17 (parcial) de la Ley 1621 de 2013. A pesar de que la regulación tiene naturaleza estatutaria, la fuente de la competencia de la Corte se encuentra en el numeral 4 del artículo 241, en tanto la solicitud de pronunciamiento se origina en una demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley promulgada. 2. Cuestión preliminar: verificación de los requisitos aptitud sustantiva de la demanda[68] 26. La acción de inconstitucionalidad se caracteriza por ser una herramienta judicial de naturaleza pública e informal. Esto significa que su admisibilidad, trámite y decisión no está sujeto al cumplimiento de formalismos técnicos ni de rigorismos procesales excesivos, sino que su ejercicio está guiado por la prevalencia del derecho de los ciudadanos a interponer acciones en defensa de la Constitución, del derecho sustancial y del interés general[69]. 27. No obstante, la Corte ha establecido que el acceso a la justicia constitucional, en sede de control abstracto, exige que la demanda satisfaga unas condiciones mínimas razonables que se encuentran previstas en el Decreto 2067 de 1991 y en la jurisprudencia de este Tribunal[70]. De este modo, los filtros de acceso exigidos otorgan un equilibrio entre la presunción de constitucion...