Sentencia C-354 de 2006

C-354-06 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-354/06 INHIBICION DE LA CORTE CONSTITUCIONAL POR INEPTITUD SUSTANTIVA DE LA DEMANDA-Incumplimiento del requisito de especificidad en los cargos BANCO DE LA REPUBLICA-Naturaleza jurídica BANCO DE LA REPUBLICA-Funciones JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Conformación JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBLICA-Autonomía REGULACION CAMBIARIA-Reparto de competencias entre Legislador, Banco de la República y Gobierno En materia cambiaria se establece un claro reparto de competencias entre el Legislador, el Banco de la República y el Gobierno. Reparto este respecto del cual el Legislador al ejercer las competencias a él atribuidas en ningún caso puede desvirtuar la naturaleza de la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad cambiaria, ni socavar el manejo autónomo de la política monetaria que se ha conferido a dicha Junta. En ese sentido el Legislador ha de tener en cuenta, por ejemplo, que al ejercer la competencia que le atribuye el literal b) del numeral 19 del artículo 150 constitucional para dictar las normas generales, y señalar en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el Gobierno para regular el comercio exterior y señalar el régimen de cambio internacional, debe actuar en concordancia con las funciones que la Constitución consagra para la Junta Directiva del Banco de la República. REGIMEN ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-Debe ser entendido a la luz del principio de unidad nacional INICIATIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-Ausencia de prueba escrita del aval del Gobierno INICIATIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-Materias reservadas INICIATIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-Exigibilidad en norma que autoriza la realización de operaciones en moneda extranjera en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina La Corte constata que el contenido de los artículos 22 y 23 de la Ley 915 de 2004, en lo acusado hacen referencia efectivamente a materias que bien se enmarcan dentro de aquellas a que alude el numeral 19 literal b) del artículo 150 superior -es el caso del artículo 22 de la Ley 915 de 2004 en el que el Legislador autoriza a los establecimientos de crédito constituidos en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la realización de operaciones en moneda extranjera-, bien dentro de aquellas a que alude el numeral 22 del mismo artículo 150 superior -es el caso del primer y segundo inciso del artículo 23 de la Ley 915 de 2004 donde se asignan competencias al Banco de la República y a su Junta Directiva y del artículo 22 de la misma ley -en el aparte final de su primer inciso- que asigna al Gobierno funciones de regulación atribuidas en la Ley 31 de 1992 a la Junta Directiva del Banco de la República -. Así, puede válidamente afirmarse que con las disposiciones acusadas se reforma la Ley 31 de 1992 “por la cual se dictan las normas a las que deberá sujetarse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones, el Gobierno para señalar el régimen de cambio internacional, para la expedición de los Estatutos del Banco y para el ejercicio de las funciones de inspección, vigilancia y control del mismo, se determinan las entidades a las cuales pasaran los fondos de fomento que administra el Banco y se dictan otras disposiciones” que a su vez reformó la Ley 9 de 1991“Por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el Gobierno Nacional para regular los cambios internacionales y se adoptan medidas complementarias” y desde esta perspectiva se evidencia la exigibilidad del cumplimiento del requisito a que alude el artículo 154 constitucional de la iniciativa gubernamental para la expedición de dichas disposiciones pues dicha norma superior señala claramente que sólo podrán ser dictadas o reformadas por iniciativa del Gobierno las leyes a que se refieren los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y los literales a, b y e, del numeral 19 del artículo 150 superior. INICIATIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-Materia de la disposición específica es la que determina si es necesaria iniciativa del Gobierno Es claro, como la jurisprudencia lo ha señalado de manera reiterada, que es la materia misma de la disposición específica que se analiza la que resulta pertinente examinar para determinar si en relación con ella cabe o no la exigencia de la iniciativa legislativa del Gobierno. Lo contrario sería vaciar de contenido el requisito señalado en el artículo 154 por la vía de incluir regulaciones que requieren la iniciativa del gobierno en una ley cuyo objeto general no se encuentra dentro de las materias señaladas en el listado allí enunciado. INICIATIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-No constituye prueba del aval del gobierno la no presentación de objeciones por razones de inconstitucionalidad/INICIATIVA LEGISLATIVA DEL GOBIERNO-Prueba del aval del gobierno debe existir antes de aprobación en las plenarias/INICIATIVA GUBERNAMENTAL EN ESTATUTO FRONTERIZO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-Vulneración porque no se demostró aval del gobierno El argumento del señor Procurador según el cual constituye prueba del aval del gobierno a las disposiciones acusadas el hecho de que éste no las haya objetado por razones de inconstitucionalidad -específicamente por violación del artículo 154 superior- sino que haya limitado sus objeciones al proyecto de ley “por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” a aspectos de conveniencia de algunas disposiciones diferentes de las que se acusan en el presente caso, no toma en cuenta que -de acuerdo con la jurisprudencia constitucional a que se hizo referencia en el acápite 4.1.1 de esta sentencia en armonía con el mandato previsto en el artículo 154 superior y en el parágrafo del artículo 142 de la Ley 5 de 1992- la prueba de dicho aval debe existir “antes de su aprobación en las plenarias” y en este sentido la ausencia de objeciones posteriores no puede entenderse como una actuación que sustituya el requisito señalado. En la medida en que la prueba sobre el aval del Gobierno a las disposiciones acusadas no se encuentra en el expediente Legislativo y que como se ha visto las menciones que en él se hacen a la actuación del Gobierno no se refieren de manera especifica a los artículos acusados y que la única prueba que obra en el expediente sobre el aval del Gobierno se limita a la aprobación dada por éste a disposiciones diferentes a las acusadas, ha de concluirse por la Corte que en el presente caso el requisito señalado en el artículo 154 superior sobre iniciativa del Gobierno en el caso de los artículos 22 y 23 de la Ley 915 de 2004 no se cumplió. UNIDAD NORMATIVA-Integración INCONSTITUCIONALIDAD POR CONSECUENCIA-Configuración Referencia: expediente D-6005 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 21 (parcial), 22 (parcial) y 23 de la Ley 915 de 2004 “por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” Actor: Néstor Ricardo Chacón Magistrado Ponente: Dr. ALVARO TAFUR GALVIS Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil seis (2006). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública de inconstitucionalidad, el ciudadano Néstor Enrique Chacón presentó demanda contra los artículos 21 (parcial), 22 (parcial) y 23 de la Ley 915 de 2004 “por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”. Mediante auto del once (11) de octubre de 2005, el Magistrado Sustanciador admitió la demanda y dispuso correr traslado de la misma al señor Procurador General de la Nación para que rindiera el concepto de rigor, ordenó fijar en lista las normas acusadas para asegurar la intervención ciudadana y comunicar la iniciación del proceso al señor Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República, así como a los Ministros del Interior y de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, para que, si lo estimaban oportuno, conceptuaran sobre la constitucionalidad de las normas acusadas. Así mismo ordenó invitar a la Academia Colombiana de Jurisprudencia con el mismo fin. Cumplidos los trámites ya relacionados, propios de esta clase de procesos, y previo el concepto del Procurador General de la Nación, procede la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. II. NORMAS DEMANDADAS A continuación se transcribe el texto de las normas demandadas de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.714 del 27 de octubre de 2004. Se subraya lo demandado. “Ley 915 de 2004” (octubre 21) por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del departamento Archipiélago de San Andrés , Providencia y Santa Catalina El Congreso de la República DECRETA: (…) CAPITULO IV Del Régimen Financiero Artículo 21. Operaciones autorizadas a los establecimientos de crédito. Con el fin de facilitar la consolidación del Centro Financiero Internacional creado mediante la Ley 47 de 1993, las operaciones que realicen los establecimientos de crédito que se constituyan en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se regirán por lo previsto en el presente capítulo, en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que le sean aplicables. Artículo 22. Los establecimientos constituidos conforme al artículo anterior, además de las operaciones autorizadas en moneda legal, podrán realizar operaciones en moneda extranjera exclusivamente en el departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, siempre que correspondan a operaciones autorizadas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y demás normas aplicables según la clase particular de institución financiera. El Gobierno Nacional podrá establecer normas especiales con el objeto de regular las operaciones en moneda extranjera de tales establecimientos, con sujeción a los objetivos y criterios establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. La Superintendencia Bancaria tendrá las mismas facultades de supervisión atribuidas por el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, sobre los establecimientos de crédito así constituidos. Artículo 23. La Junta Directiva del Banco de la República reglamentará la forma como los establecimientos de crédito realizarán operaciones en moneda extranjera en el territorio continental, así como la unidad de cuenta y unidad de pago especiales de las operaciones en moneda extranjera realizadas en el Archipiélago, de tal forma que se cumpla con los propósitos de esta ley. Para efectos de lo dispuesto en el presente capítulo, el Banco de la República y su Junta Directiva podrán establecer normas especiales en relación con los establecimientos constituidos conforme con el presente capítulo, para el ejercicio de sus funciones como prestamista de última instancia o para regular la circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, velando por la estabilidad del valor de la moneda; y en particular, las señaladas en la Ley 9ª de 1991, artículo 3°, parágrafo 1°. Así mismo, el Gobierno Nacional señalará las normas generales conforme a las cuales la Junta Directiva del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, organizará el seguro de depósito para las operaciones en moneda extranjera realizadas por las entidades de que trata el presente capítulo.” (...) III. LA DEMANDA El demandante, quien además de su calidad de ciudadano en ejercicio invoca la de apoderado del Banco de la República, afirma que los artículos 21 (parcial) 22 (parcial) y 23 de la Ley 915 de 2004 vulneran los artículos 154, 310, 371 y 372 de la Constitución Política. 3.1 El actor destaca que de acuerdo con el artículo 154 de la Carta Política “solo pueden ser dictadas o reformadas por iniciativa del gobierno las leyes a que se refieren los siguientes numerales (...)19 literal b) y 22 del artículo 150 (..)”. En ese orden de ideas precisa que en tanto las disposiciones acusadas comportan una reforma de las Leyes 9 de 1991 -“ley marco de cambios”, que corresponde a la competencia señalada en el numeral 19 literal b del artículo 150 superior- y 31 de 1992 -que asigna funciones al Banco de la República y a su Junta Directiva, materia a que se alude en el numeral 22 del mismo artículo 150 superior-, solo podían expedirse por iniciativa del Gobierno Nacional. Advierte que sin embargo en el trámite dado a las disposiciones acusadas contenidas en el proyecto que se convirtió en la Ley 915 de 2004, no se cumplió con el requisito aludido, pues según consta en la Gaceta del Congreso del jueves 7 de noviembre de 2002, página 477, el referido proyecto fue presentado por los Representantes a la Cámara Julio E. Gallardo Archbold y María Teresa Uribe Bent y no por el Gobierno Nacional. 3.2 El demandante luego de hacer un recuento de las normas constitucionales y legales relativas a las competencias del Banco de la República y de su Junta Directiva en materia cambiaria, afirma que los apartes acusados de los artículos 22 y 23 de la Ley 915 de 2004 y la remisión que a ellos se hace en el artículo 21 desconocen el reparto de competencias que en materia de cambios estableció la Constitución y en particular las atribuciones del Banco de la República y de su Junta Directiva como autoridad monetaria, cambiaria y crediticia. El demandante precisa que “el aparte del artículo 22 de la ley que dispone que‘El Gobierno Nacional podrá establecer normas especiales con el objeto de regular las operaciones en moneda extranjera de tales establecimientos, con sujeción a los objetivos y criterios establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero’ en concordancia con el artículo 23 de la ley que prevé que ‘La Junta Directiva del Banco de la República reglamentará la forma como los establecimientos de crédito realizarán operaciones en moneda extranjera en el territorio continental’ indican que a partir de la expedición de la ley acusada existen dos autoridades cambiarias en la República, el Gobierno Nacional en relación con el Archipiélago de San Andrés y la Junta Directiva del Banco de la República en relación con el territorio continental”. Lo que “viola de manera flagrante” el “reparto de competencias en materia de cambios internacionales” señalado por la Constitución en los artículos 150 numerales 19 literal b, y 22, 371 y 372. Invoca, como sustento de sus afirmaciones, apartes de las sentencias C-050 y C- 489 de 1994 y C-208 de 2000. 3.3. El actor afirma, de otra parte, que con las disposiciones demandadas el Legislador invade las competencias de la Junta Directiva del Banco de la República y desconoce la autonomía técnica que le es reconocida por la Constitución pues con ellas se estaría regulando directamente, de forma particular y concreta, el Régimen de Cambios internacionales al establecer condiciones especificas de las operaciones en moneda extranjera que realicen los establecimientos de crédito que se constituyan en el Departamento Archipiélago de San Andres Providencia y Santa Catalina. Concretamente afirma lo siguiente: “Dispone el artículo 22 que los establecimientos constituidos conforme al artículo anterior (el 21), además de las operaciones autorizadas en moneda legal, podrán realizar operaciones en moneda extranjera exclusivamente en el Departamento Archipiélago, siempre que correspondan a operaciones autorizadas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y demás normas aplicables según la clase particular de institución financiera. Por medio de esta parte del artículo 22 el Congreso regula de manera particular y concreta las actividades de los establecimientos de crédito que se constituyan en el Departamento Archipiélago en materia cambiaria, sin que tenga en cuenta para nada las disposiciones que la Junta Directiva del Banco de la República ha establecido en consideración a los distintos tipos de entidades de crédito según su naturaleza jurídica. En esta última la que determina en función del capital social las clases de operaciones cambinarias que pueden realizar cada tipo de entidad crediticia. Esa diferenciación se encuentra establecida en los artículos 58 a 60 de la Resolución Externa No. 8 de 2000, en el cual se distinguen dos tipos de entidades crediticias y se les autoriza de manera diferente las operaciones cambiarias que pueden cumplir. La autorización dada en el artículo 22 para la realización de operaciones en moneda extranjera invade la órbita de la autoridad cambiaria, limitando su autonomía como quiera que inhibe a la autoridad cambiaria para apreciar, según su prudente juicio, la oportunidad y conveniencia de referir a moneda extranjera las operaciones en el Archipiélago de San Andrés. La Corte misma ha establecido que dicha invasión es inadmisible a la luz de la Carta (Sentencia C-280 de 2002 citada).” Sobre el mismo punto en relación con el artículo 23 señala lo siguiente: “Son dos las competencias, pero a la vez, obligaciones que el Congreso le impone a la Junta Directiva: de una parte, la forma como dichos establecimientos realizarán operaciones en moneda extranjera en el territorio continental, y de otra parte, debe reglamentar la unidad de cuenta y unidad de pago especiales de las operaciones en moneda extranjera realizadas en el Archipiélago. Aunque aparentemente reconoce, el primer aspecto, la competencia general de la Junta Directiva como Autoridad Monetaria del Estado Colombiano, de manera general y para el territorio continental, sin embargo, le está condicionando dicha competencia a la existencia previa de los establecimientos de crédito que se constituyen en el Departamento Arhipiélago, y la autorización que les imparte la misma Ley 915 de 2004 para que ejerzan funciones cambiarias en dicho territorio insular, las que amplía al territorio continental. Parte de la realidad establecida por la Ley 915 de 2004 según la cual son entidades distintas a las constituidas en el territorio continental, y que por ende, deben tener también un régimen especial cuando lleven a cabo operaciones en este último. En el segundo aspecto, también bajo la apariencia del reconocimiento de Autoridad Cambiaria de la Junta Directiva, la faculta para que reglamente la unidad de cuenta y la unidad de pago especiales de las operaciones de cambio que realicen en el territorio insular. Nuevamente bajo un supuesto reconocimiento de sus competencias generales y que las haría extensivas al territorio insular, el ejercicio de las mismas estaría limitado por las medidas que se adoptan en el artículo 21 para la constitución y ejercicio de operaciones cambiarias según los dictados del Congreso, sin que exista coordinación u armonización con las competencias de los artículos 371 y 372 C.P. En el segundo inciso del artículo 23 demandado, se dispone que el Banco de la República y su Junta Directiva podrán establecer normas especiales en relación con los establecimientos constituidos conforme con el presente capítulo, para el ejercicio de sus funciones como prestamista de última instancia o para regular la circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía velando por la estabilidad del valor de la moneda, y en particular, las señaladas en la Ley 9 de 1991, artículo 3°, parágrafo 1°. Claramente se aprecia que las autorizaciones otorgadas buscan un régimen especial para la actuación del Banco de la República en relación con las entidades crediticias constituidas en el Departamento de San Andrés y Providencia y Santa Catalina. En sí mismo el inciso tiende a forzar a la Autoridad monetaria, cambiaria y crediticia a que expida medidas excepcionales relativas a operaciones en moneda extranjera y por consiguiente distintas a las que tienen como destinatarias las entidades crediticias del territorio continental. En relación con sus funciones complementarias, como la de ser prestamista de última instancia o las funciones de índole legal consagradas en el inciso inicial del artículo 16 de la Ley 31 de 1992, cuales son las de regular la circulación monetaria y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, se presentaría el contrasentido de tener que respaldar a dichas entidades crediticias -como prestamista de última instancia-, en moneda extranjera sin tener capacidad de emisión en dicha moneda y sin que tuviera competencia de regulación alguna respecto de sus operaciones en el Departamento insular, que serían las que llevarían justamente a solicitar el citado respaldo”. 3.4 El actor afirma así mismo que si bien la Constitución en su artículo 310 previó la formulación de normas legales especiales para proteger la identidad del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ello no implica que el Congreso de la República esté autorizado para desconocer la asignación de competencias de carácter constitucional, y concretamente las facultades de regulación cambiaria atribuidas a la junta Directiva del Banco de la República, como tampoco a que por esa vía se “desmiembre el manejo de la política económica general”. Afirma que en este campo la jurisprudencia de la Corte Constitucional -al examinar un caso similar relativo a las zonas de frontera- dejó en claro que en este caso el Congreso tiene límites en el ejercicio de sus competencias. Para el efecto cita apartes de las sentencias C-039-de 2000 y C- 661 de 1998. 3.5 El actor asegura igualmente que las expresiones “ en el presente capítulo” del artículo 21 de la Ley 915 de 2004, hacen el reenvió a los artículos 22 y 23 de la Ley 915 de 2004 parcialmente demandados, por lo que, si dichas disposiciones son declaradas inexequibles “dicha remisión carecería de sustento jurídico”. IV. INTERVENCIONES Vencido el término de fijación en lista de las normas acusadas, no fue allegada al expediente ninguna intervención de las autoridades y entidades a quienes se notificó e invitó en el auto admisorio de la demanda. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Señor Procurador General de la Nación, allegó el concepto número 3997, recibido el seis (6) de diciembre de 2005, en el cual solicita a la Corte declarar exequibles de manera condicionada las normas acusadas, de conformidad con las siguientes consideraciones. 5.1 En relación con el cargo por la supuesta vulneración del artículo 154 superior la Vista fiscal destaca que la iniciativa legislativa para las normas especiales territoriales a que alude la Ley 915 de 2004 no forma parte del temario taxativo señalado en el segundo inciso de dicho texto superior que exige la iniciativa legislativa del Gobierno, sin importar, en su criterio, que el régimen departamental fronterizo marítimo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en ella establecido, contenga temas que a su vez individualmente correspondan al orden nacional y estén incluidos en la referida lista de asuntos cuya iniciativa legislativa corresponde al Gobierno Nacional, como son las normas cambiarias, de comercio exterior o el régimen propio del Banco de la República. Así mismo señala que al revisar el proceso legislativo de la Ley 915 de 2004 si bien se tiene que su proyecto fue presentado por los representantes a la Cámara por el departamento de San Andrés Julio Eugenio Gallardo Archbold y María Teresa Uribe Bent, con el título “Por el cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” (Gaceta 477 de 2002), se encuentra así mismo que en la ponencia para segundo debate en el Senado de la República se dejó consignado expresamente que el Gobierno Nacional participó activamente en la tramitación del proyecto indicado avalándolo y concertando las modificaciones allí consignadas, al indicar que: “Una vez presentado el proyecto fue objeto de un largo y minucioso proceso de concertación con el Gobierno Nacional del cual fueron surgiendo acuerdos sobre el texto de la iniciativa que están plasmados en el pliego de modificaciones correspondiente (...). Este proyecto para segundo debate cuenta con modificaciones y supresiones previamente concertadas y avaladas por el Gobierno Nacional (…)” (Gaceta 253 de 2004). Igualmente destaca que durante el segundo debate en la sesión plenaria del Senado de la República del 16 de junio de 2004, el senador ponente ratificó que el proyecto 124 de 2002 Cámara; 152 de 2004 Senado contó con el visto bueno del Gobierno Nacional a través de los respectivos ministerios, lo cual hizo en varias intervenciones, en una de las cuales indicó que: “Una vez presentado el proyecto fue objeto de un largo y minucioso análisis por parte del Gobierno Nacional, varios senadores que están en el día de hoy acá con nosotros nos acompañaron a los Ministerios de Hacienda, de Educación, de Salud (sic) para tratar precisamente de lograr un consenso alrededor del proyecto (…). Solamente tengo para que sea votada la iniciativa con la proposición que tiene el informe, una propuesta sustitutiva enviada por el Banco de la República y aceptada por el Ministro de Hacienda y por los ponentes (…)”. (Gaceta 361 de agosto 19 de 2004). Destaca, de otra parte, que el Gobierno Nacional formuló objeciones al proyecto de Ley 124 de 2002 Cámara - 152 de 2004 Senado únicamente por razones de inconveniencia, sin haber invocado el tema de la iniciativa, lo que muestra en su criterio que el Gobierno Nacional sí conoció y avaló el proyecto de ley que se convirtió en la Ley 915 de 2005, con lo cual se subsanó el posible vicio de trámite en que hipotéticamente hubiera podido incurrirse en relación con la tramitación de temas relacionados con el régimen de cambio internacional. Por lo que concluye, entonces, que no se presentó vicio de trámite en relación con el origen parlamentario del proyecto de ley 124 de 2002 -Cámara- 152 de 2004 -Senado-, puesto que el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del Departamento Archipiélago no hace parte de los temas taxativamente consagrados como de iniciativa legislativa reservada al Gobierno Nacional, y porque éste conoció, avaló y concertó activamente las modificaciones que a dicho proyecto se le efectuaron, y no lo objetó por razones de inconstitucionalidad, pues tenía claro que esta ley podía tener origen en cualquiera de los miembros del Congreso de la República. 5.2 En cuanto a los cargos por el supuesto desconocimiento de los artículos 310, 371 y 372 superiores, la Vista fiscal luego de recordar las disposiciones constitucionales y legales que orientan el ejercicio de competencias por parte del Congreso, el Gobierno y el Banco de la República en materia de cambios, así como el régimen especial aplicable al Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, destaca que cuando el Legislador regule aspectos cambiarios, no importando si son de orden “general continental o especial insular”, debe hacerlo “en concordancia con la competencia para el cumplimiento de las funciones de banca central asignadas constitucionalmente”. 5.2.1 Frente al cargo por el supuesto establecimiento de dos autoridades cambiarias en perjuicio de las competencias constitucionales de la Junta Directiva del Banco de la República advierte que “(L)a lectura integral de los artículos 21, 22 y 23 de la Ley 915 de 2004 permite observar que las funciones de banca central se encuentran limitadas en función de la consolidación del Centro Financiero Internacional del Departamento Archipiélago, lo cual va en contra de las funciones asignadas en la Constitución Política al Banco de la República y de las competencias otorgadas a su Junta Directiva en los campos monetario, cambiario y crediticio, para ser ejercidas sin restricción alguna en todo el territorio nacional.” En ese orden de ideas solicita a la Corte condicionar la constitucionalidad de las disposiciones acusadas. Al respecto señala lo siguiente: “Lo anterior –la limitación de las competencias constitucionales del Banco de la República y su Junta Directiva- se percibe si se tiene que en el artículo 22 del Estatuto Fronterizo del Archipiélago, que contempla el marco general especial de operaciones en moneda legal y extranjera que pueden celebrar los bancos constituidos en el Archipiélago, se señala que los establecimientos de crédito constituidos en el departamento de San Andrés pueden realizar operaciones en monedas legal y extranjera que estén autorizadas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas aplicables a cada clase particular de institución financiera . También que el Gobierno Nacional puede establecer normas especiales con el objeto de regular tales operaciones en moneda extranjera, con sujeción a los objetivos y criterios establecidos en dicho estatuto orgánico. La norma indicada circunscribe su marco legal a lo consignado en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y en las normas para cada clase de institución financiera en particular, y otorga competencia reguladora especial al Gobierno Nacional, pero guarda silencio en relación con las funciones que constitucionalmente le competen la Banco de la República y a su Junta Directiva en forma exclusiva y en todo el territorio nacional, especialmente para regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito. El artículo 23 de la misma ley establece las funciones del Banco de la República y de su Junta Directiva en relación con el régimen financiero del Departamento de San Andrés. El inciso primero señala que dicha Junta Directiva reglamenta la forma como los establecimientos de crédito realizan operaciones en moneda extranjera en el territorio continental, y las unidades de cuenta y pago especiales de las operaciones en moneda extranjera que se realicen en el Archipiélago, de tal forma que se cumpla con los propósitos de la Ley 915 de 2004. Estas normas hacen pensar que las funciones en materia de regulación cambiaria para el Departamento de San Andrés Islas fueron asignadas al Gobierno Nacional, y que la función reguladora cambiaria del Banco de la República y las competencias en esta materia asignadas a su Junta Directiva sólo pueden ser ejercidas para la forma como los establecimientos constituidos en el Archipiélago realizan operaciones en el territorio continental. De igual manera, no queda claro el papel del Banco y de su Junta Directiva en relación con las operaciones autorizadas en moneda legal que realicen los establecimientos de crédito constituidos en San Andrés Islas, puesto que la norma no refiere nada al respecto, lo cual se hace más confuso frente a la inevitable interacción de operaciones autorizadas entre moneda legal y moneda extranjera. En el anterior ambiente encaminado a consolidar un centro financiero internacional, el segundo inciso del artículo 23 señala que para los efectos de lo dispuesto en el capítulo IV (régimen financiero para el Archipiélago), el Banco de la República y su Junta Directiva pueden establecer normas especiales en relación con los establecimientos constituidos conforme a tal capítulo, para el ejercicio de sus funciones como prestamista de última instancia o para regular la circulación monetaria y en general la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos de la economía, velando por la estabilidad del valor de la moneda; y en particular, las señaladas en la Ley 9 de 1991 artículo 3 parágrafo 1º. El contexto previamente analizado hace pensar que las funciones constitucionales otorgadas al Banco de la República y a su Junta Directiva se encuentran difusamente establecidas en relación con las operaciones en moneda legal y extranjera que pueden realizar los establecimientos de crédito constituidos en el departamento Archipiélago, y limitadas en función de lo dispuesto para el Régimen Financiero especial para San Andrés Islas que tiene por finalidad la consolidación del Centro Financiero Internacional creado mediante la Ley 47 de 1993. Pareciera que la intención del legislador en esa materia fuera de intervención mínima y residual en lo atinente a las funciones de banca central, lo cual va en contra de lo establecido en la Constitución Política al respecto en relación con las funciones que en forma exclusiva le competen al Banco de la República y a su Junta Directiva para regular la moneda, los cambios internacionales (todos sin excepción) y el crédito, administrar las reservas internacionales, y ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito (de todos sin excepción). Por lo menos así lo percibe el Banco de la República, razón por la que otorgó poder para demandar en el presente proceso. También así se puede entrever de lo consignado en el Proyecto de Ley 124 de 2002 Cámara, que contenía el régimen financiero para el Archipiélago en los artículos 32 a 47 (Gaceta del Congreso 477 de 2002). Se establecía que tal régimen se regía exclusivamente por las normas allí consignadas, el cual sería dirigido por un consejo directivo compuesto por los Ministros de Hacienda, de Comercio Exterior, el Gerente del Banco de la República, o sus delegados, el Gobernador del departamento Archipiélago y un representante de las empresas privadas del sector financiero. El régimen se materializaría a través de bancos integrales, tratados jurídicamente como instituciones financieras del exterior, por lo que las únicas funciones asignadas a la Junta Directiva del Banco de la República eran las de expedir normas especiales para el control cambiario de las operaciones en moneda extranjera que realizaren los residentes en Colombia con tales bancos integrales, y para determinar casos especiales de apoyos transitorios de liquidez del Banco de la República a tales bancos. También se prohibía el encaje bancario. La situación vista permite afirmar que la regulación del régimen financiero para el departamento de San Andrés compromete desde el punto de vista constitucional las funciones del Banco de la República y las competencias de su Junta Directiva. 4.8 Sin embargo, y debido a las bondades económicas para el país y para el departamento Archipiélago del Centro Financiero Internacional que se quiere consolidar, con base en el principio de conservación del derecho se solicitará se declaren ajustados al orden constitucional la expresión “El Gobierno Nacional podrá establecer normas especiales con el objeto de regular las operaciones en moneda extranjera de tales establecimientos, con sujeción a los objetivos y criterios establecidos en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero” contenida en el artículo 22, y los incisos primero y segundo del artículo 23 de la Ley 915 de 2004. Dicha exequibilidad bajo el entendido que las funciones del Banco de la República y las competencias de su Junta Directiva serán ejercidas en relación con el régimen financiero del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sin ningún tipo de limitación, teniendo en cuenta la política económica general del país y especialmente los propósitos del Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social de dicho departamento. Es de anotar que la intervención del Banco de la República respetando la intención económica que anima la consolidación del Centro Financiero Internacional se convierte en una prenda de garantía en relación con el eficiente funcionamiento que se espera de dicho centro financiero, puesto que se pretende su desarrollo transparentemente y no como paraíso fiscal, ya que en Colombia no se prohíjan los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del tesoro público o con grave deterioro de la moral social (artículos 34, 58 superiores; sentencia C-940 de 2004). 4.9 Lo anterior resuelve el problema indicado en el numeral 2.4 del presente concepto, referente a la violación de la competencia constitucional asignada a la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad cambiaria, por limitar o condicionar la Ley 915 de 2004 las competencias reguladoras asignadas en la misma ley al Banco y a su Junta Directiva a lo establecido en tal norma legal para la constitución de los establecimientos de crédito insulares y la realización de sus operaciones en moneda extranjera. Tal acusación porque en tales constitución y operaciones no se incluyó la intervención del Banco de la República ni de su Junta Directiva, y porque se asignó al Banco la función de prestamista de última instancia en moneda extranjera sin tener capacidad de emisión en tales monedas. En relación con las operaciones en moneda extranjera que realicen los establecimientos de crédito constituidos en el departamento Archipiélago, con base en la competencia del Banco la República para administrar las reservas internacionales éste puede para ese sistema financiero especial internacional cumplir con sus funciones de prestamista de última instancia y de banquero de tales establecimientos de crédito. El régimen legal central del Banco de la República ilustra sobre tal función a realizar con moneda extranjera, para lo cual otorga apoyos transitorios de liquidez en las condiciones que determine su Junta Directiva. Las reservas deben ser administradas conforme al interés público, al beneficio de la economía nacional y con el propósito de facilitar los pagos del país en el exterior. En ese sentido, si el Banco puede realizar operaciones de cobertura de riesgo, asignando parte de tales activos en moneda extranjera para depósitos de margen o de garantía, o puede disponer aportes a organismos financieros internacionales con cargo a las reservas, con mayor razón puede actuar como prestamista de última instancia de los establecimientos de crédito constituidos en el Archipiélago, dado el interés público y el beneficio para la economía nacional que engloba el centro financiero internacional que se quiere consolidar (Ley 31 de 1994, artículos 12 y 14). Para que esta doble función del Banco pueda ser ejercida de manera eficiente y responsable, éste y su Junta Directiva deben poder intervenir en el régimen financiero de San Andrés Islas sin limitación alguna en sus funciones o competencias constitucionales, como se va a solicitar a la Corte Constitucional.” 5.2.2 En cuanto al cargo formulado por el actor específicamente en relación con el desconocimiento de la autonomía técnica de la Junta Directiva del Banco de la República el señor Procurador afirma que no asiste razón al actor y que en todo caso el condicionamiento que él propone deja a salvo claramente dicha autonomía. La Vista fiscal señala al respecto concretamente lo siguiente: “4.10 De otra parte, y siguiendo con el hilo temático de este acápite, se revisa el problema 2.2 del presente escrito, en donde se plantea la vulneración de las competencias de la Junta Directiva del Banco de la República como autoridad cambiaria para expedir las regulaciones específicas o en concreto en este campo, en cuanto que el Congreso regula de manera particular y concreta las actividades de los establecimientos de crédito que se constituyan en el Departamento de San Andrés al autorizarles la realización de operaciones en moneda extranjera. Lo argumentado no es exacto debido a que el legislador, con base en las atribuciones conferidas constitucionalmente para expedir normas especiales fronterizas para el Archipiélago en materia financiera, de cambios y de fomento económico, creó un sistema financiero internacional que requiere regulación especial para establecimientos de crédito de esa naturaleza. El artículo 22 de la Ley 915 de 2004 hace referencia a un marco legal general que regula las actividades de los establecimientos de crédito al cual deben someterse los que se constituyan en el departamento Archipiélago, porque éstos están destinados a realizar operaciones en moneda extranjera de manera general e integral, y no de modo residual como sucede con las autorizaciones que al respecto concede la Junta Directiva a los establecimientos de crédito continentales. Lo anterior sin perjuicio de las competencias superiores de banca central en moneda legal y extranjera, por lo que se solicitará a la Corte Constitucional declarar la unidad normativa de todo el primer inciso del artículo 22 de la ley 915 de 2004, y en consecuencia declararlo exequible bajo el entendido que las funciones del Banco de la República y las competencias de su Junta Directiva serán ejercidas en relación con el régimen financiero del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sin ningún tipo de limitación, teniendo en cuenta la política económica general del país y especialmente los propósitos del Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social de dicho departamento.” 5.2.3 En cuanto a la acusación formulada en contra de las expresiones “en el presente capítulo” contenidas en el artículo 21 de la Ley 915 de 2004 la Vista Fiscal señala lo siguiente: “La solución al cargo de vulneración por consecuencia de las competencias constitucionales asignadas al Banco de la República y a su Junta Directiva (por la remisión que hace el artículo 21 de la Ley 915 de 2004, en cuanto que las operaciones que realicen los establecimientos que se constituyan en el departamento de San Andrés se rigen por lo dispuesto en el Capítulo IV de dicha ley), queda subsumida en la sentencia condicionada que en el presente concepto se solicita.” 5.2.4 Por lo expuesto, el Ministerio Público solicita a la Corte Constitucional declarar EXEQUIBLES la expresión “en el presente capítulo” contenida en el artículo 21, el inciso primero del artículo 22 y los incisos primero y segundo del artículo 23 de la Ley 915 de 2004, bajo el entendido que las funciones del Banco de la República y las competencias de su Junta Directiva serán ejercidas en relación con el régimen financiero del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sin ningún tipo de limitación, teniendo en cuenta la política económica general del país y especialmente los propósitos del Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social de dicho departamento. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4° de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir, definitivamente, sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las normas acusadas hacen parte de una Ley de la República. 2. La materia sujeta a examen Para el actor los artículos 21 (parcial) 22, (parcial) y 23 de la Ley 915 de 2004 “por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina” vulneran i) el artículo 154 de la Constitución por cuanto el Legislador en dichos artículos reguló materias que corresponden a las funciones señaladas para el Congreso en los numerales 19 literal b y 22 del artículo 150 superior sin que para el efecto se hubiera contado con la iniciativa del Gobierno como lo exige dicho texto superior; ii) los artículos 310, 371 y 372 de la Constitución por cuanto el Legislador habría desconocido a) las competencias asignadas al Banco de la República y a su Junta Directiva en materia cambiaria, al establecer con las disposiciones acusadas dos autoridades cambiarias una -para el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina que sería el Gobierno nacional- y otra -para el territorio continental que sería la Junta Directiva del Banco de la Republica-; b) la autonomía técnica que le es reconocida a la Junta Directiva del Banco de la República para el ejercicio de sus funciones por cuanto habría regulado directamente de forma particular y concreta el régimen de cambios internacionales al autorizar a los establecimientos de crédito que se constituyan en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina la realización de operaciones en moneda extranjera, inhibiendo a la autoridad cambiaria para apreciar, según su prudente juicio la oportunidad y conveniencia de referir a moneda extranjera las operaciones aludidas en el referido archipiélago c) el alcance del artículo 310 superior pues si bien éste señala que el legislador podrá establecer normas especiales en materia cambiaria para el Archipiélago de San Andrés y Providencia dicha competencia no puede entenderse desligada del reparto de competencias establecido en la Constitución en materia cambiaria y del manejo unitario de la política económica en ella señalado. No fue allegada al expediente ninguna intervención de las autoridades y entidades a quienes se notificó e invitó en el auto admisorio de la demanda. El señor Procurador General de la Nación considera que en relación con el cargo por la supuesta vulneración del artículo 154 superior no asiste razón al actor por cuanto no solamente el objeto de la Ley 915 de 2004 “por la cual se dicta el Estatuto Fronterizo para el Desarrollo Económico y Social del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina”, de la que hacen parte las disposiciones acusadas no corresponde a aquellas materias respecto de las cuales la Constitución establece la exigencia de contar con la iniciativa del Gobierno, sino que del trámite legislativo se desprende que el respectivo proyecto de ley contó con el aval del Gobierno. Destaca que si bien éste objetó algunas normas de la referida Ley lo hizo por razones de inconveniencia y no de inconstitucionalidad. Respecto de los cargos por la supuesta vulneración de los artículos 310, 371 y 372 superiores, el señor Procurador General de la Nación advierte que cuando el legislador regula aspectos cambiarios bien se trate de asuntos que se refieran al orden continental o insular debe hacerlo en concordancia con las funciones de banca central asignadas al Banco de la República. Así mismo que no cabe duda de la obligatoria intervención sin restricción alguna del Banco de la República y de su Junta Directiva cuando se trate de asuntos relativos a los establecimientos de crédito dado que ella está encaminada a garantizar la estabilidad monetaria cambiaria y crediticia del país. Igualmente que se impone un respeto recíproco de competencias en materia económica entre el Banco de la República y las demás autoridades del Estado. Constata que efectivamente puede entenderse que las disposiciones acusadas en función de la consolidación del Centro Financiero Internacional del Departamento Archipiélago limitan las competencias del Banco de la República y de su Junta Directiva al circunscribir al territorio continental funciones que en forma exclusiva y respecto de todo el territorio nacional asigna la Constitución particularmente para regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito. Empero en consideración a “las bondades económicas para el país y para el archipiélago del centro financiero internacional que se quiere consolidar” y con base en el principio de conservación del derecho solicita a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad condicionada de las referidas disposiciones en el entendido que las funciones del Banco de la República y las competencias de su Junta Directiva serán ejercidas en relación con el régimen financiero del Departamento Archipiélago de San Andrés, providencia y Santa Catalina sin ningún tipo de limitación teniendo en cuenta la política económica general del país y especialmente los propósitos del estatuto fronterizo para el desarrollo económico y social de dicho Departamento. Aclara respecto del cargo relativo a la vulneración de las competencias de la Junta Directiva del Banco de la República por regularse supuestamente de manera particular y concreta las actividades de los establecimientos de crédito que se constituyan en el Departamento Archipiélago al autorizarles la realización de operaciones en moneda extranjera, que de lo que se trata es del ejercicio por el legislador de las competencias que le señala el artículo 310 superior y de la creación de un sistema financiero internacional que requiere regulación especial y que las disposiciones acusadas en particular el artículo 22 de la Ley 915 de 2004 y la remisión normativa contenida en el artículo 21 hacen referencia es a un marco legal general al que deben someterse los establecimientos de crédito que se constituyan en el referido Departamento Archipiélago sin perjuicio de las competencias constitucionales de la Junta Directiva del Banco de la República, por lo que reitera su petición de declarar la constitucionalidad condicionada de dichas disposiciones en el sentido de que las funciones del Banco de la República y las competencias de su Junta Directiva serán ejercidas en relación con el régimen financiero del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina sin ningún tipo de limitación diferente de la necesaria concordancia con la política económica general del país y con los propósitos del estatuto fronterizo para el desarrollo económico y social de dicho Departamento. Corresponde a la Corte en consecuencia establecer si con las disposiciones acusadas se desconoce o no i) el artículo 154 superior por cuanto en ellas se habrían regulado materias que corresponden a las funciones señaladas para el Congreso en los numerales 19 literal b y 22 del artículo 150 de la Constitución sin que para el efecto se hubiera contado con la iniciativa del Gobierno como lo exige dicho texto superior ii) la autonomía técnica que le es reconocida constitucionalmente a la Junta Directiva del Banco de la República (artículos 371 y 372 C.P.) para el ejercicio de sus funciones por cuanto con dichas disposiciones se habría regulado directamente de forma particular y concreta el régimen de cambios internacionales al autorizar a los establecimientos de crédito que se constituyan en el Departamento Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina la realización de operaciones en moneda extranjera; iii) el reparto de competencias señalado en la Constitución en materia cambiaria y en particular las competencias atribuidas al Banco de la República y a su Junta Directiva por supuestamente establecerse dos autoridades cambiarias una -para el Departamento Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina que sería el Gobierno nacional- y otra -para el territorio continental que sería la Junta Directiva del Banco de la Republica-; iv) el alcance del artículo 310 superior pues la competencia allí señalada en materia de régimen de cambios para el legislador no puede entenderse desligada del reparto de competencias establecido en la Constitución en materia cambiaria y del manejo unitario de la política económica en ella señalado. 3. Consideraciones preliminares Previamente la Corte considera necesario efectuar algunas precisiones relativas a i ) la inhibición en relación con la acusación formulada en contra del tercer inciso del artículo 23 de la Ley 915 de 2004 con excepción de las expresiones “en moneda extranjera; ii) el alcance de la autonomía e independencia reconocida por la Constitución al Banco de la República y a su Junta Directiva y las competencias que concretamente le son atribuidas en materia cambiaria y ii) El régimen especial establecido en la Constitución para el Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina y el contenido y alcance de las disposiciones acusadas, que resultan pertinentes para el análisis de los cargos planteados en la demanda. 3.1 Inhibición en relación con la acusación formulada en contra del tercer inciso del artículo 23 de la Ley 915 de 2004 con excepción de las expresiones “en moneda extranjera” Esta Corporación ha puesto de presente de manera reiterada en relación con los requisitos que deben cumplir las demandas de inconstitucionalidad para su procedencia, la obligación que asiste al actor, conforme al Decreto 2067 de 1991, de determinar con exactitud la norma acusada como inconstitucional, de señalar así mismo, las normas constitucionales que se consideren infringidas e indicar las razones por las cuales dichos textos se estiman violados[1]. La Corporación ha destacado igualmente que el juicio de constitucionalidad exige una confrontación objetiva y verificable entre el contenido de la ley y el texto de la Constitución Política, por lo que no es dable resolver sobre la exequibilidad o inexequibilidad de una norma a partir de argumentos “vagos, indeterminados, indirectos, abstractos y globales”[2] que no se relacionan de manera concreta y directa con las disposiciones que se acusan[3]. En este sentido ha precisado que la formulación de un cargo concreto contra la disposición demandada es uno de los requisitos materiales que debe cumplir el demandante, por lo que al ciudadano se le impone, como carga mínima, que sustente de manera específica el concepto de la violación, a fin de que pueda existir una verdadera controversia constitucional[4]. Por consiguiente, si un ciudadano demanda una norma, debe cumplir no sólo de manera formal sino también materialmente con este requisito, pues si no lo hace, hay una ineptitud sustancial de la demanda la que, conforme a reiterada jurisprudencia de esta Corporación, impide que la Corte se pronuncie de fondo[5]. Ahora bien debe señalar la Corte que adelantado el examen de la demanda que corresponde a esta etapa procesal para efectos de la redacción del proyecto de fallo[6], constata que en relación con el tercer inciso del artículo 23 de la Ley -incluido dentro de los textos acusados- el actor con excepción de las expresiones “en moneda extranjera” no efectuó desarrollo concreto que permita a la Corte establecer las razones específicas por las cuales éste considera que dicho inciso vulnera los artículos 154, 310, 371 y 372 superiores y en ese orden de ideas en relación con el mismo no resulta posible establecer una confrontación normativa entre el texto que se ataca y las normas superiores que se invocan como vulneradas. Así las cosas la Corte en relación con dicho inciso tercero del artículo 23 de la Ley 915 de 2004 con la salvedad de las expresiones “en moneda extranjera” deberá abstenerse de emitir pronunciamiento de fondo por ineptitud sustantiva de la demanda y así se señalará en la parte resolutiva de esta sentencia. 3.2 El alcance de la autonomía e independencia reconocida por la Constitución al Banco de la República y a su Junta directiva y las competencias que concretamente le son atribuidas en materia cambiaria 3.2.1 Como ya lo ha precisado la Corporación[7], las características constitucionales del Banco y de la Junta Directiva del mismo, así como las interrelaciones Legislador - Gobierno - Banco de la República y las competencias respectivas, atienden, a un especialísimo modelo ideado para la dirección, el manejo y la ejecución de los aspectos atinentes a la política estatal en materias monetarias, cambiarias y crediticias[8]. Este modelo, sustituyó en la organización estatal colombiana al que había sido formulado legalmente dentro del marco constitucional anterior que sucesivamente osciló entre una concentración de funciones monetarias, crediticias y cambiarias por parte del Gobierno y el Banco de la República (Leyes 24 y 25 de 1923, 17 de 1925 y 82 de 1931) y la separación de funciones entre Gobierno - Banco de la República y Junta Monetaria, bajo las formulaciones de la Ley 21 de 1963, la Ley 7ª de 1973 y los decretos gubernamentales autónomos, expedidos dentro del marco de la Reforma Constitucional de 1968[9]. El Banco de la República a partir de las formulaciones constitucionales adoptadas en 1991, es un órgano autónomo de aquellos que corresponde a los enunciados en el artículo 113 de la Carta y cuyas funciones y características institucionales y jurídicas, así como los objetivos y funciones de la Junta Directiva, en cuanto autoridad monetaria, se definen, primordialmente, en los artículos 371, 372 y 373 ibídem[10]. En dichos textos superiores[11] se establece que el Banco de la República ejercerá las funciones de banca central y que estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Como funciones básicas se enuncian las de i) regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito; ii) emitir la moneda legal; iii) administrar las reservas internacionales; iv) ser prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito; y v) servir como agente fiscal del Gobierno. La disposición superior precisa que todas estas funciones “se ejercerán en coordinación con la política económica general”. Así mismo se dispone que la Junta Directiva del Banco será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia conforme a las funciones que le asigne la ley. Tendrá a su cargo la dirección y ejecución de las funciones del Banco. La conformación de la misma se dispone en la misma Constitución: Siete miembros, entre ellos el Ministro de Hacienda y Crédito Público quien la presidirá; el gerente del Banco será elegido por la Junta y será miembro de ella. Los cinco miembros restantes, con dedicación exclusiva, serán nombrados por el Presidente de la República, para períodos prorrogables de cuatro años, reemplazados dos de ellos, cada cuatro años. Los miembros de la Junta Directiva representarán exclusivamente el interés de la Nación. Se prevé en la Constitución, igualmente, que compete al Congreso expedir “la ley a la cual deberá ceñirse el Banco de la República para el ejercicio de sus funciones y las normas con sujeción a las cuales el Gobierno expedirá los estatutos del Banco...”. Así mismo se enuncian los principales aspectos que deben contener los estatutos del Banco y se dispone que el Presidente de la República “ejercerá la inspección, vigilancia y control del Banco en los términos que señale la ley.” Finalmente en la Constitución se establece que el Estado ha de velar, por intermedio del Banco de la República, por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. En ese orden de ideas se dispone que el Banco no podrá establecer cupos de crédito, ni otorgar garantías a favor de particulares, salvo cuando se trate de intermediación de crédito externo para su colocación por medio de los establecimientos de crédito, o de apoyos transitorios de liquidez para los mismos. Las operaciones de financiamiento a favor del Estado requerirán la aprobación unánime de la Junta Directiva, a menos que se trate de operaciones de mercado abierto. El legislador, en ningún caso, podrá ordenar cupos de crédito a favor del Estado o de los particulares. En desarrollo de...