Sentencia C-330 de 2013

C-330-13 [Proyecto de circulación restringida] Sentencia C-330/13 REGULACION ESPECIAL E INTEGRAL DE PROCEDIMIENTO PENAL CUANDO SE ENCUENTRA INVOLUCRADA PERSONA CON DISCAPACIDAD-Inhibición para decidir de fondo DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Requisitos ACCION PUBLICA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Necesidad de un mínimo de argumentación DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Razones claras, ciertas, específicas, pertinentes y suficientes PRINCIPIO PRO ACTIONE-Jurisprudencia constitucional CONTROL CONSTITUCIONAL DE OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Incompetencia de la Corte Constitucional OMISION LEGISLATIVA ABSOLUTA-Jurisprudencia constitucional OMISION LEGISLATIVA RELATIVA-Jurisprudencia constitucional DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD-Inhibición por incumplimiento de requisitos de certeza, pertinencia y claridad, y existencia eventual de una omisión legislativa absoluta DEMANDA DE INCONSTITUCIONALID-Inhibición para pronunciarse sobre la constitucionalidad de los artículos 283,286,288,289,293,348,350,351,356,367 y 368 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal Referencia: expediente D-9386 Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 283, 286 (parcial), 288 (parcial), 289 (parcial), 293 (parcial), 348, 350, 351, 356, 367 (parcial) y 368 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal). Demandante: Enoc Rodríguez Gómez. Magistrado Ponente: LUIS ERNESTO VARGAS SILVA Bogotá, D.C., cinco (5) de junio de dos mil trece (2013). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 4º, de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución Política, el ciudadano Enoc Rodríguez Gómez presentó demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 283, 286 (parcial), 288 (parcial), 289 (parcial), 293 (parcial), 348, 350, 351, 356, 367 (parcial) y 368 de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal, por considerarlas incompatibles con los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política. Mediante providencia del veintidós (22) de noviembre de dos mil doce (2012), el Magistrado Luis Ernesto Vargas Silva dispuso admitir la demanda, por considerar que reunía los requisitos exigidos por el artículo 2° del Decreto 2067 de 1991. Invitó a participar en el presente juicio a las Universidades Externado de Colombia, Nacional de Colombia, de la Sabana, Libre, Eafit de Medellín, del Atlántico, Industrial de Santander, de Ibagué, de Antioquia, del Atlántico y del Rosario, de los Andes (Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social -Paiis) y al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), solicitándoles emitir concepto técnico sobre la norma demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 13 del Decreto 2067 de 1991. En la misma providencia dispuso comunicar la iniciación del presente proceso al Presidente de la República y al Presidente del Congreso de la República, para los fines previstos en el artículo 244 de la Constitución, así como a los Ministerios del Interior, de Justicia y del Derecho, de Protección Social, y a la Fiscalía General de la Nación. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, entra la Corte a decidir sobre la demanda de la referencia. II. LA NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de las disposiciones demandadas, de conformidad con su publicación en el Diario Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de 2004. “LEY 906 DE 2004 (agosto 31) Diario Oficial No. 45.657, de 31 de agosto de 2004 RAMA LEGISLATIVA - PODER PÚBLICO <NOTA: Consultar versión corregida de la Ley 906 publicada en el Diario Oficial No. 45.658> Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DECRETA (…) ARTÍCULO 283. ACEPTACIÓN POR EL IMPUTADO. La aceptación por el imputado es el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber participado en alguna forma o grado en la ejecución de la conducta delictiva que se investiga. (…) ARTÍCULO 286. CONCEPTO. La formulación de la imputación es el acto a través del cual la Fiscalía General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías. (…) ARTÍCULO 288. CONTENIDO. Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente: 1. Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones. 2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento. 3. Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351. ARTÍCULO 289 (Modificado por el artículo 18 de la Ley 1142 de 2007): Formalidades. La formulación de la imputación se cumplirá con la presencia del imputado o su defensor, ya sea de confianza o, a falta de este, el que fuere designado por el sistema nacional de defensoría pública. PARÁGRAFO 1o. <Apartes tachados INEXEQUIBLES, el resto del parágrafo CONDICIONALMENTE exequible> Ante el juez de control de garantías, el fiscal podrá legalizar la captura, formular imputación, solicitar imposición de medida de aseguramiento y hacer las solicitudes que considere procedentes, con la sola presencia del defensor de confianza o designado por el sistema nacional de defensoría pública, cuando el capturado haya entrado en estado de inconsciencia después de la privación de la libertad o se encuentre en un estado de salud que le impida ejercer su defensa material. En este caso, la posibilidad de allanarse a la imputación se mantendrá hasta cuando la persona haya recobrado la conciencia, con el mismo descuento punitivo indicado en el inciso 1o del artículo 351 de este código. [El aparte subrayado fue declarado inexequible mediante sentencia C-425 de 2008]. ARTÍCULO 293 (Modificado por el artículo 69 de la Ley 1453 de 2011): Procedimiento en caso de aceptación de la imputación. Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. La Fiscalía adjuntará el escrito que contiene la imputación o acuerdo que será enviado al Juez de conocimiento. Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo sin que a partir de entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y convocará a audiencia para la individualización de la pena y sentencia. PARÁGRAFO. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vicio su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales. PARÁGRAFO 2o. Cuando el capturado se encuentre recluido en clínica u hospital, pero consciente y en estado de salud que le permita ejercer su defensa material, el juez de control de garantías, a solicitud del fiscal, se trasladará hasta ese lugar para los efectos de la legalización de captura, la formulación de la imputación y la respuesta a las demás solicitudes de las partes. PARÁGRAFO 3o. <Parágrafo INEXEQUIBLE> (…) TITULO II. PREACUERDOS Y NEGOCIACIONES ENTRE LA FISCALIA Y EL IMPUTADO O ACUSADO. CAPITULO ÚNICO. ARTÍCULO 348. FINALIDADES. Con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la terminación del proceso. El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico. 2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma específica con miras a disminuir la pena. ARTÍCULO 351. MODALIDADES. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior. En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible imputación. Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten las garantías fundamentales. Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia correspondiente. Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales pertinentes. ARTÍCULO 352. PREACUERDOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior. Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera parte. ARTÍCULO 356. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA. En desarrollo de la audiencia el juez dispondrá: 1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el juez lo rechazará. 2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia física. 3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. 4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto. PARÁGRAFO. Se entiende por estipulaciones probatorias los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. 5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el segundo caso se continuará con el trámite ordinario. (…) ARTÍCULO 367. ALEGACIÓN INICIAL. Una vez instalado el juicio oral, el juez advertirá al acusado, si está presente, que le asiste el derecho a guardar silencio y a no autoincriminarse, y le concederá el uso de la palabra para que manifieste, sin apremio ni juramento, si se declara inocente o culpable. La declaración podrá ser mixta, o sea, de culpabilidad para alguno de los cargos y de inocencia para los otros. De declararse culpable tendrá derecho a la rebaja de una sexta parte de la pena imponible respecto de los cargos aceptados. Si el acusado no hiciere manifestación, se entenderá que es de inocencia. Igual consideración se hará en los casos de contumacia o de persona ausente. Si el acusado se declara inocente se procederá a la presentación del caso. ARTÍCULO 368. CONDICIONES DE VALIDEZ DE LA MANIFESTACIÓN. De reconocer el acusado su culpabilidad, el juez deberá verificar que actúa de manera libre, voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisión y asesorado por su defensor. Igualmente, preguntará al acusado o a su defensor si su aceptación de los cargos corresponde a un acuerdo celebrado con la Fiscalía. De advertir el juez algún desconocimiento o quebrantamiento de garantías fundamentales, rechazará la alegación de culpabilidad y adelantará el procedimiento como si hubiese habido una alegación de no culpabilidad”. III. LA DEMANDA 1. El demandante considera que los apartes normativos subrayados resultan incompatibles con los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución Política, al no prever diferencias de trato entre imputables e inimputables durante la etapa de formulación de la imputación, aceptación de cargos y audiencia pública de juzgamiento, en el proceso penal. 2. El actor comienza por proponer que si el inimputable, tal como se concibe en el artículo 33 del Código Penal no está en capacidad de comprender la formulación de la imputación, aceptar cargos, hacer negociaciones o suscribir acuerdos con la Fiscalía General de la Nación, posibilidades establecidas en las disposiciones demandadas para los imputables, correlativas a beneficios en la dosificación de la pena, entonces se presenta una violación al derecho a la igualdad. 3. En su concepto, la ausencia de una regulación especial para los inimputables evidencia un “desdén del poder de configuración legislativa del Congreso” que afecta la seguridad jurídica, la estabilidad del sistema penal, y derivan en una omisión legislativa contraria a los artículos 13, 29 y 229 de la Carta Política. Precisa que, de acuerdo con la sentencia C-128 de 2011, una omisión de ese tipo se presenta “cuando se vincula con un aspecto puntual dentro de una normatividad específica; pero aquella se vuelve constitucionalmente reprochable si se predica de un elemento que, por razones lógicas o jurídica –específicamente por razones constitucionales- debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente”. De igual manera, estima que, como condición para adoptar la decisión por la cual se impone una medida de seguridad al inimputable, el Congreso de la República debe expedir un estatuto especial en el cual se determine (i) cómo debe nacer el proceso penal contra las personas inimputables, y (ii) cómo debe adelantarse el juicio oral en esos casos, pues en la regulación actual resulta claro cuál es la fórmula para ejecutar las medidas de seguridad, pero no cómo debe efectuarse la formulación de imputación, la acusación y el juicio oral. Específicamente, en la primera actuación formal del proceso penal, la formulación de imputación, no existe distinción alguna en atención a si el infractor es imputable o inimputable, lo que se constata a partir de la lectura del artículo 126 del CPP (Ley 906 de 2004). 4. Para esclarecer las razones por las que esa identidad de trato se opone a la Constitución, el actor plantea que el artículo 33 del Código Penal establece que “es inimputable quien en el momento de ejecutar la conducta típica y antijurídica, no tuviere capacidad para comprender su ilicitud, o para determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica, trastorno mental, diversidad cultural, o estados similares”. En ese marco, afirma el actor, que debe definirse el concepto imputable, como “la persona madura psicológicamente, sano mental, y quien no presenta incompatibilidades culturales especiales”, y concluye que se trata de dos “personalidades totalmente opuestas” frente al poder punitivo del Estado. Al existir una “verdadera” diferencia entre los sujetos, por lo que deben ser tratados de manera distinta. La inimputabilidad se puede dar por tres condiciones: primero, por inmadurez psicológica, que se divide en los supuestos de (i) minoría de edad, (ii) ceguera o sordomudez (discapacidad visual o auditiva), y (iii) diversidad étnica o socio cultural. Segundo, por trastorno mental, que puede ser a su vez (i) permanente, o (ii) transitorio; y tercero, por diversidad sociocultural (la repetición de esta causa se presenta en la demanda). 5. El actor afirma que se concentrará en los “inimputables inmaduros psicológicos mayores de 18 años” y los “trastornados mentales permanentes y transitorio (enfermo médicamente comprobado”, dejando de lado los otros supuestos, debido a la existencia de una legislación especial para los menores de edad (Ley 1098 de 2006) y en cuanto a las etnias “cuentan con su propia normativa para el juzgamiento de las conductas criminales”. En la sentencia C-839 de 2001, la Corte Constitucional se pronunció sobre la necesidad de tratar de manera distinta a los inimputables por minoría de edad, y de ahí surgió la Ley 1098 de 2006, mencionada. También en sentencia C-370 de 2002, la Corporación se pronunció sobre la diversidad sociocultural, y reflexionó sobre la necesidad de adoptar medidas precisas “para las personas especiales como los inimputables inmadures sicológicos mayores de 18 años y los inimputables trastornados mentales permanentes y transitorios”. Posteriormente, explica, mediante un esquema las distintas diferencias entre los dos grupos objeto de comparación, tratados de igual manera por el Legislador en el procedimiento penal. PERSONA INIMPUTABLE PERSONA IMPUTABLE PRIMERA DIFERENCIA[1] No tiene capacidad para comprender la ilicitud de su conducta o determinarse de acuerdo con esa comprensión, por inmadurez psicológica o trastorno mental. No puede “concebir el acto de imputación, por no entender, no puede aceptar cargos”. Es una persona madura psicológicamente, sano mental, y sin “incompatibilidades culturales especiales”. Entiende y puede aceptar los cargos. SEGUNDA DIFERENCIA “Se les impone medida de seguridad” (no sanción), con fines de protección, curación, tutela y rehabilitación, que se concreta en un tratamiento médico, mediante la internación en establecimientos siquiátricas o clínicas adecuadas. (Artículos 70 y 71 del Código Penal) Se le impone sanción con propósitos de prevención general, justa retribución, prevención especial, reinserción social y protección al condenado. Se concretan en la restricción del derecho de libertad de locomoción, “de manera plena dependiendo el monto de prisión”. Comentario o cuestionamiento: a pesar de esta diferencia “finalística”, el procedimiento para llegar a ese fin es el mismo, en contravía del artículo 13 constitucional. Quien no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de la conducta típica y antijurídica al momento de cometerla, tampoco podrá comprender ninguna de las instituciones jurídicas establecidas en los artículos demandados, las cuales están dirigidas exclusivamente a los inimputables, de donde se desprende una tercera desigualdad. TERCERA DIFERENCIA (El demandante la divide a su vez en tres consideraciones) No recibe rebajas en el tiempo de duración de las medidas de seguridad, pues no tiene la comprensión requerida para aceptar los cargos imputados (Artículo 288, numeral 3º CPP). Tampoco puede acceder a esa clase de rebajas porque la función de la medida de seguridad es curativa y de rehabilitación, así que no tiene sentido que se prolongue más allá del tiempo necesario para el restablecimiento de su capacidad psíquica; ni disminuye cuando no se logra la curación o rehabilitación. Puede recibir una rebaja de la pena hasta del 50%, dependiendo, entre otros factores, del momento en que acepte su responsabilidad. Un “trastornado mental” no puede ejercer su defensa material. En caso de captura no es claro cuánto deberá esperar para que recobre conciencia y se allane a cargos (artículo 289, CPP, modificado por el 18 de la Ley 1142 de 2007) En caso de ser capturado inconsciente y posteriormente recibir auxilio para que recobre su conciencia y en ese momento aceptar cargos, con acceso a la reducción de la pena (Art. 289, CPP; modificado por el artículo 18 de la Ley 1142 de 2007). Carece de iniciativa propia para acordar con el fiscal los cargos, por lo que no accede a rebaja en el tiempo de duración de la medida de seguridad (artículos 293, 348, 350, 351, 352 y 356 CPP). Tiene capacidad para negociar con el fiscal los cargos imputados y acceder a rebajas de pena (Arts. 293, 348, 350, 351, 352, 356 CPP). No puede declararse culpable o inocente: “el inimputable no es culpable. No podrá responder en juicio al juez”. Puede declararse culpable para así recibir la reducción de la pena (Artículos 267 y 268 CP). 6. Según lo expuesto, en concepto del actor, el inimputable está en desventaja en relación con el imputable, frente a ejercicio del ius puniendi del Estado. Mientras al segundo la ley le ofrece beneficios de rebajas de penas y la “posibilidad de rituar un proceso expedito”, los inimputables son discriminados al verse sometidos a juicios prolongados, sin resolverse de fondo su situación, “al punto de evidenciarse decisiones como el decreto de nulidades de allanamientos a cargos, prolongando el estado de sufrimiento del investigado y sus familias como queda evidenciado en los audios que se anexan como trabajo de campo efectuado para poder edificar este juicio de inconstitucionalidad”. 7. Todo lo anterior representa un desconocimiento de las obligaciones estatales de proteger especialmente a las personas en situación de debilidad manifiesta; y promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva, ambas contenidas en el artículo 13 de la Constitución Política. Para cumplir esos mandatos, el Congreso de la República debe regular la investigación y juicio de los inimputables por inmadurez psicológica o trastorno mental, de acuerdo con los principios rectores de la Ley 906, de manera que existan beneficios para ellos en el procedimiento penal, sin que el juez deba crear figuras como la semiculpabilidad (hace referencia a una sentencia que anexa al trámite), eventualmente incompatibles con el principio de legalidad, o incurra en error al determinar el tiempo de duración de la medida de seguridad, sin consultar la rehabilitación o curación de la persona inimputable. 8. Indica que en la sentencia C-370 de 2002 la Corte afirmó que la calificación de una persona como inimputable “implica (…) un cierto juicio de disvalor, puesto que implica una especie de protección paternalista”, y plantea que esa protección no se presenta en el procedimiento penal seguido a inimputables. De otra parte, afirma que en la sentencia C-022 de 1999, conceptuó la Corporación que para hablar de igualdad o desigualdad deben responderse tres preguntas: “¿igualdad entre quiénes?, ¿igualdad en qué?, ¿igualdad con base en qué criterio”. Y propone la siguiente respuesta: las normas cuya inconstitucionalidad demanda tratan de igual manera a “dos distintos”, imputables e inimputables, al momento de formulación e imputación, formulación de la acusación y juicio oral, en relación con los requerimientos que se le hacen para el allanamiento a cargos, la declaratoria de culpabilidad o inocencia. El criterio es la forma de terminar el proceso penal, mediante penas en un caso y medidas de seguridad en el otro, pero en ambos casos, “bajo un mismo rito procesal”. 7. De lo expuesto, surge una infracción a los artículos 13, 29 y 229 de la Constitución y una “imperfección” en el sistema procesal penal, que lleva al juez de conocimiento a crear fórmulas ajenas al ordenamiento jurídico, al juzgar a los inimputables y calcular la duración de la medida de seguridad (nuevamente, hace referencia a una decisión judicial, anexa a la demanda). En el caso objeto de estudio “se ha evidenciado se favorece al IMPUTABLE y nada se dice del sujeto que verdaderamente está en condición de debilidad manifiesta por condición mental y estado de marginalidad”. 8. De igual forma se viola el artículo 29 de la Constitución, pues las formas propias del juicio al inimputable “en las condiciones hoy plasmadas en el Código Procesal Penal [son] discriminatori[as], en el entendido de que no hay forma de alcanzar la terminación pronta del proceso”, a pesar de que la celeridad es una norma rectora del mismo, porque ello exige conciencia de los actos. 9. Considera que el “inmaduro psicológico” o el “trastornado mental” no tienen capacidad de comprender la ilicitud del delito, ni determinarse con esa comprensión, escoger un abogado, controvertir las pruebas o impugnar la sentencia condenatoria, por lo que es indispensable que existan reglas claras, concretas y precisas sobre el procedimiento a seguir en estos casos “porque las normas sustanciales sin las procesales, resultan de cuestionable aplicación y es allí donde el operador jurídico entra en vacilaciones y se evidencia la omisión legislativa relativa”, inseguridad jurídica y desconfianza en el sistema penal; “por lo tanto, aquí se reclama el estatuto que contenga ‘las formas propias del juicio al inimputable’, para que en su vinculación al proceso penal y posterior juzgamiento se pueda agotar el debido proceso establecido en el artículo 29 de la Carta Política en concordancia con el artículo 229 superior”. “En este mismo sentido, como el inimputable no comprende y no entiende, la consecuencia es que no puede reconocer conductas punibles de manera libre y espontánea; pues no es consciente; en esa medida tampoco puede ser beneficiado de la regla establecida en el canon 351 y 356 (numeral 5º) del Código de Procedimiento penal, es decir, no puede aceptar los cargos determinados en la audiencia de imputación, ni al iniciar la audiencia preparatoria para los efectos de los beneficios de las rebajas de penas contenidas en esas normas procesales en el tiempo que eventualmente pueda durar la medida de seguridad imponible. Queda excluido de esos beneficios si la regla es aceptar cargos de manera consciente”. Añade que en las sentencias C-176 de 1993, C-394 de 1995, C-358 de 1997 y C-297 de 2002, la Corte Constitucional colombiana se pronunció sobre la duración de las penas y las medidas de seguridad, “calificándose el tratamiento distinto; pero no se ha pronunciado sobre el procedimiento a seguir para el inimputable”. 10. Con base en esos argumentos solicita declarar “que las normas acusadas atentan contra el principio de igualdad y como consecuencia deben ser inaplicadas, es decir declaradas condicionalmente exequibles frente a los imputables e inxequibles frente a los imputables y le ordene al … Congreso de la República [que] expida el Estatuto correspondiente para imputar, acusar y juzgar a los inimputables”. IV. INTERVENCIONES 1. De entidades públicas 1.1. Del Ministerio del Interior y de Justicia. Gloria Inés Córdoba Rocha, apoderada del Ministerio del Interior y de Justicia, solicitó declarar la exequibilidad de los enunciados normativos demandados, con fundamento en las siguientes razones: En un amplio acápite de su intervención se refiere al concepto de inimputabilidad en el orden jurídico colombiano, con el propósio de explicar que “en derecho colombiano no es exacto señalar que el inimputable sea irresponsable”, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La distinción entre imputables e inimputables no se predica de la responsabilidad, sino de la configuración y estructura de la conducta que sirve de fundamento a la responsabilidad. La inquietud sobre la validez del acuerdo celebrado entre el inimputable y la Fiscalía para poner fin a un proceso mediante admisión de responsabilidad es legítima y pertinente, sin que resulte relevante la distinción entre aceptación, allanamiento a la imputación, y negociación o acuerdo sobre responsabilidad, pues tales figuras cumplen las mismas finalidades de política criminal, asociadas a la colaboración con la administración de justicia y la eficacia de la sanción, a cambio de una disminución de la pena. El orden jurídico, sin embargo, “conviene” en que este tipo de terminación anticipada del proceso o negociación no puede tener aplicación frente a personas inimputables. En esos casos, el proceso ordinario ofrece el ejercicio pleno de las garantías debidas al inimputable y es el único dispositivo adecuado para brindar el rango de protección establecido por la doctrina del Tribunal Constitucional, según el cual el debido proceso de los inimputables debe ser especialmente generoso y respetado. La jurisprudencia estima que es improcedente la terminación anticipada del proceso en casos de inimputables, pues este tipo de trámite carecería de objeto, ante la imposibilidad de castigar al responsable del delito mediante la imposición de una pena. Sería un contrasentido reconocer la colaboración a la aceptación de una responsabilidad que no tiene por supuesto la culpabilidad. Si, como consecuencia de la culminación prematura del trámite se disminuyera el tiempo de tratamiento, curación o rehabilitación (fines que persiguen las medidas de seguridad), no se protegería la salud mental de la persona afectada. Por ello, el Estado no puede hacer uso de este tipo de medidas en el juicio de personas inimputables, dado que su duración no depende de la gravedad del delito, sino de la recuperación del inimputable, aspecto evidente en casos de trastorno mental transitorio, en los que no se impone medida de seguridad alguna. Tanto la jurisprudencia constitucional como la penal han enfatizado en que la manifestación de conformidad con la terminación prematura del proceso debe obedecer a la libre voluntad del imputado, aspecto que no podría verificarse en relación con el inimputable, en cuyo caso la aceptación de cargos o la manifestación de voluntad no sería libre. Su conocimiento estaría viciado en razón a su condición mental. El respeto por la dignidad de las personas inimputables es la razón por la que la jurisprudencia descarta que el proceso penal pueda concluir de manera prematura porque (i) la garantía del juzgamiento debe ser reforzada y generosa, lo que sólo se logra en el proceso ordinario; (ii) los fines que persigue el procedimiento abreviado sólo son compatibles con penas que se cuantifican con base en la gravedad y demás circunstancias del delito, aspectos que no se determinan de igual manera en las medidas de seguridad, cuya duración depende del proceso de recuperación del paciente. Cualquier disminución del período efectuada de esa manera no resultaría beneficiosa para la persona sino que la perjudicaría, al igual que a la sociedad. Y (iii) el consentimiento del inimputable sería viciado, incumpliendo la condición legal de que la aceptación o allanamiento a los cargos sea libre, voluntaria, razonada y ampliamente informada. En relación con la presunta violación de los artículos 13, 29 y 229 constitucionales, expresa que la culpabilidad se fundamenta en la capacidad de comprender y orientar los actos hacia esa comprensión, y que de acuerdo con el artículo 33 del Código Penal, el inimputable no cuenta con esa facultad. No actúa culpablemente pues no puede valorar la antijuridicidad de la acción, ni regular su conducta de forma consecuente. Por ese motivo es diferente aplicar una pena al sujeto activo de la infracción, con funciones de prevención general, retribución, prevención especial, reinserción social y protección al condenado a una medida de seguridad, cuya finalidades, según el artículo 5º del Código Penal, son de protección, curación, tutela y rehabilitación, pues el sujeto activo padece una enfermedad o trastorno mental que incidió en la realización de una conducta típica y antijurídica, condición que demanda atención y asistencia. Cuando el trastorno mental es transitorio, y no preordenado, el agente no obra dentro de las distintas formas de culpabilidad, por lo que no puede imponérsele pena ni medida de seguridad, pues no le es exigible una conducta adecuada a la norma. En ese sentido, la imputabilidad o inimputabilidad son conceptos jurídicos, cuya declaración corresponde al juez, no al médico, después del análisis del material probatorio bajo los principios de la sana crítica. Lo que resulta importante para su declaración no es el origen de la alteración, sino su “coetaneidad con el hecho realizado”. En relación con la omisión legislativa, la Corte ha sostenido que el actor debe demostrar “(i) que existe norma constitucional expresa que contemple el deber de expedir la norma que la desarrolle; (ii) que el Legislador omitió tal obligación, sin que mediara motivo razonable a pesar de que reguló parcialmente la misma materia; (iii) que la conducta omisiva propicia una desigualdad de trato injustificada entre los casos que no están sujetos a las consecuencias previstas por la norma” (Cita C-509 de 2004), Esas condiciones no se cumplen en el caso objeto de estudio, pues de las normas demandadas no surge la obligación de promulgar la regulación que se considera omitida. 2. De Instituciones Educativas. 2.1. De la Universidad de Ibagué La Institución educativa mencionada presentó escrito a la Corte Constitucional, solicitando declarar la inexequibilidad del precepto acusado, con base en las siguientes razones: De acuerdo con el artículo 33 del Código Penal, existe una diferencia entre personas imputables e inimputables. Las primeros pueden conocer la ilicitud o antijuridicidad de sus actos y adecuar su conducta de manera conforme a lo exigido por el ordenamiento jurídico y la ley penal específicamente, mientras que las segundos carecen de esa capacidad. Con base en esa distinción, el proceso penal previsto en la Ley 906 de 2004, y concretamente, las normas objeto de censura constitucional, enfrentan a las personas inimputables a una serie de preguntas, compromisos y situaciones incompatibles con su condición. Así, la formulación de la imputación, la pregunta sobre la aceptación de cargos, la acusación, o la posible suscripción de acuerdos, son asuntos que no deberían hallarse previstos cuando el proceso involucra a una persona inimputable. Por lo tanto, se configura la omisión legislativa relativa que destaca al actor, y la Corte debe ordenar al Legislador que promulgue una regulación integral en la materia. 2.2. De la Universidad de los Andes. La Universidad mencionada, a través del Programa de Acción por la Igualdad y la Inclusión Social (Paiis), intervino en este trámite con el propósito de solicitar la declaración de exequibilidad de las disposiciones demandadas. Sin embargo, solicita que la decisión se condicione con el propósito de que la Corte haga explícita la obligación de todas las autoridades e instituciones involucradas en el proceso penal, de adoptar los ‘ajustes razonables’ que sean necesarios para que las personas con discapacidad vinculadas a un proceso penal ejerzan sus derechos a la igualdad y el debido proceso, y destaque la obligación estatal de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de acuerdo con los compromisos adquiridos por el Estado bajo la Convención de las Personas con Discapacidad (CDPD). Paiis divide su intervención en cuatro acápites, así: (i) la diferencia entre la inimputabilidad y la discapacidad; (ii) la obligación del Estado de reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad; (iii) las obligaciones estatales frente a las personas con discapacidad involucradas en el proceso penal, y (iv) las peticiones concretas elevadas a la Corte. a. En el acápite destinado a establecer la diferencia entre inimputabilidad y discapacidad, indican que el actor parece confundir el concepto de inimputablidad con el de discapacidad cognitiva y psicosocial, al asumir que una persona inimputable no puede comprender las actuaciones que tienen lugar en el proceso penal desde la formulación de la imputación y la captura, hasta la sentencia. Precisan que la inimputabilidad se refiere al estado mental de una persona al momento de comisión de la conducta típica, y no genera ninguna presunción de incapacidad para comprender otros actos. La discapacidad es una categoría que expresa una forma de diversidad humana. La CDPD (integrada al orden interno por el artículo 93 de la Constitución) representa un cambio de paradigma en materia de discapacidad, al abandonar concepciones que la asocian a un castigo o una enfermedad, y establecer en cambio que se trata de “un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (CDPD, Preámbulo, literal e) , y disponer en su artículo 1º que se incluyen entre las personas con discapacidad “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás”. De acuerdo con la Convención, Colombia está obligada a adoptar un modelo ‘social’ de la discapacidad, con oposición a los modelos de ‘prescindencia’ o ‘médico’ que históricamente han dominado la concepción de la discapacidad. El primero, al asociar la discapacidad a cuestiones religiosas, tenía por respuesta la eliminación o la segregación de las personas con discapacidad; mientras que el segundo, consistente en ubicar las causas de la discapacidad en la ciencia, considera que las personas con discapacidad pueden ser útiles a la sociedad si superan un proceso de “normalización”: si la discapacidad es una enfermedad, puede y debe tratarse. La incapacidad equivale entonces al diagnóstico médico y confiere a la persona experta (el médico) el manejo de la vida de las personas con discapacidad, por lo que el modelo deriva en prácticas sobreprotectoras, incluida la sustracción de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, suponiendo que no pueden “entender el mundo” y precisan de protección, lo que termina por silenciar su proyecto de vida, voluntad y preferencias. El modelo social consagrado en la CDPD, y obligatorio en Colombia, asocia la discapacidad con la interacción entre las limitaciones funcionales de una persona y las barreras existentes en el entorno, que le impiden el pleno ejercicio de sus derechos. La causa de la discriminación no se encuentra en la diversidad funcional sino en las limitaciones de la sociedad para prestar servicios básicos y adecuados que aseguren su inclusión social y para reconocer que las personas con discapacidad tienen gran capital para aportar a la sociedad, por lo que deben eliminarse las barreras que impidan el goce efectivo de sus derechos: “La CDPD establece la obligación de reconocer la capacidad jurídica plena de las personas con discapacidas en su artíclo 12, por tanto, es necesario afirmar que no se puede determinar si una personas es inimputable dentro de un proceso penal basándose en criterios objetivos. Cada caso es bien distinto y el hecho de que una persona tenga una discapacidad cognitiva, sensorial o psicosocial no puede ser un elemento definitivo para la inimputabilidad ni genera una presunción de inimputabilidad. El demandante, citando la legislación vigente y doctrina colombiana, hace una clasificación de las personas inimputables, así, afirma que los menores de edad, las personas ciegas, sordas y mudas son en todos los casos inmaduros psicológicamente y por lo tanto inimputables; de igual forma se da a entender que todas las personas que posean una discapacidad psicosocial, serían inimputables en caso de verse sindicados en un proceso penal. Sin embargo, el demandante está cometiendo un grave error al igualar la discapacidad con la inimputablilidad, estos son conceptos distintos y uno no implica necesariamente los otros (sic). En ningún momento en el artículo 33 del Código Penal colombiano se menciona la discapacidad como elemento constitutivo de la inimputabilidad”. Para los intervinientes, los conceptos de ‘inimputabilidad’ y ‘medidas de seguridad’, en sí mismos, presentan cuestiones constitucionales que deben examinarse a luz de los artículos 13 y 14 de la CDPD, como lo ha sostenido la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos. Sin embargo, como ese concepto no es objeto de la demanda, la intervención se centra en señalar que inimputabilidad no equivale a discapacidad, y que la primera debe determinarse en el marco de un proceso penal tomando en cuenta las circunstancias presentes al momento de la comisión de una conducta punible. b) Reconocimiento de capacidad jurídica a las personas con discapacidad. La CDPD establece en su artículo 12 el derecho al igual reconocimiento de las personas con discapacidad ante la ley y especialmente, de su plena capacidad legal, eliminando por lo tanto la presunción de incapacidad frente a personas con discapacidad, mediante la regla general de ‘apoyo en la toma de decisiones, en lugar de la sustitución de la voluntad’. Según el artículo citado, los Estados parte de la Convención tienen la obligacíon de tomar medidas pertinentes y efectivas para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en iguales condiciones que las demás personas. En ese marco, las personas con discapacidad tienen derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en todos los aspectos de su vida, obligación que no se agota en asuntos patrimoniales y financieros, sino que comprende el acceso a la justicia en igualdad de condiciones con el resto de la población. A su turno, el artículo 13 de la CDPD obliga a los Estados partes a capacitar a los funcionarios de la administración de justicia y realizar los ajustes procedimentales adecuados, con el fin de que las personas con discapacidad participen de manera directa e indirecta en los procesos judiciales. La Convención, en fin, obliga a reconocer que las personas con discapacidad son sujetos de derecho, con plena capacidad jurídica para “usar derechos y gozar su ciudadanía y contraer obligaciones”, en tanto instancias del ejercicio de reivindicación y dignificación de estas personas, en procura de la inclusión y participación social plena. La vinculación de una persona con discapacidad cognitiva o psicosocial a un proceso penal no implica la presunción de inimputabilidad, sino de capacidad legal a la luz de la CDPD, y la obligación de adoptar los ajustes razonables para que acceda a la justicia en igualdad de condiciones con las demás personas, durante el proceso, y en el momento de ejecución de la pena. c) Ajustes razonables en el proceso penal para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. El artículo 2º de la CDPD define los ajustes razonables como “las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos y libertades fundamentales”, e indica que la discriminación por motivos de discapacidad incluye la ausencia de ajustes razonables. La Corte ha desarrollado esa obligación al referirse a la implementación de políticas con enfoque diferencial. Así, en la sentencia T-285 de 2012 reconoció la obligación de garantizar la asistencia especial a las personas con discapacidad, refiriéndose expresamente a la adopción de ajustes razonables. En un procedimiento penal, todas las autoridades involucradas deben adoptar los ajustes razonables requeridos mediante protocolos que permitan garantizar la igualdad de las personas con discapacidad inmersas en el proceso. Los ajustes razonables hacen innecesaria la promulgación de un régimen paralelo para inimputables, tal como el que propone el actor en su demanda. Ese régimen probablemente aumentaría el estigma y la discriminación contra las personas con discapacidad cognitiva, psicosocial y auditiva, quienes ya enfrentan estigmas asociados con la poca credibilidad de su testimonio o la ausencia de información pertinente divulgada mediante formatos accesibles, lo que claramente afecta su derecho fundamental a la igualdad. Las personas con discapacidad cognitiva enfrentan múltiples barreras cuando entran en contacto con la justicia penal. La Asociación Estadounidense sobre Discapacidades Intelectuales y Desarrollo (AAIDD) afirma que cuando las están involucradas en un proceso penal, como imputados o víctimas, enfrentan miedos, prejuicios y falta de comprensión. Los operadores jurídicos, en general, carecen de conocimiento adecuado para la aplicación de estándares de debido proceso en estos casos. La organización citada señala, además, que las personas con discapacidad (i) “son victimizados con una frecuencia entre cuatro y diez veces mayor que las personas sin discapacidad y sin embargo, con frecuencia son ignoradas o devualuadas, y sus casos raramente juzgados”; (ii) “son excluidas de forma rutinaria en razón de estereotipos o prejuicios sobre su competencia para testificar y [sufren la] denegación de sus necesidades de apoyo y ajustes”; (iii) “enfrentan denegaciones del derecho al debido proceso y la representación efectiva en cada etapa del proceso”; (iv) son “sujetas a abusos, explotación y exclusión de programas de habilitación, al momento de ser encarceladas”; (v) “al entrar en contacto con el sistema de justicia penal, las autoridades no identifican la discapacidad por falta de experticia para discernir (y con frecuencia las personas con discapacidad cognitiva compensan muy bien, por lo que la discapacidad se vuelve invisible)”; (vi) “las personas con discapacidad cognitiva con frecuencia dan declaraciones en su contra o aceptan cargos porque quieren complacer a las personas, o están confundidas, o han sido desinformadas a través de técnicas de investigación usadas inapropiadamente. Pueden también renunciar a sus derechos sin saberlo por no conocer las obligaciones del Estado”; (vii) “ven denegado su derecho a hablar porque se considera que su testimonio no es creíble, ya sea como testigo, víctima o sindicado”. En una investigación realizada por Paiis entre enero y mayo de 2012, sobre la respuesta de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Defensoría del Pueblo, en casos de violencia sexual contra personas con discapacidad, se concluyó que no existen protocolos claros para garantizar ajustes razonables para la participación de las víctimas con discapacidad en el proceso penal; y se evidenció la inaccesibilidad física y comunicacional que caracteriza los lugares en que se desarrolla el proceso penal. Recalcan los intervinientes que el Estado tiene la obligación apremiante de dar respuesta a esa situación y que la adopción de ajustes razonables debe ocurrir desde la primera actuación del proceso, mientras que la determinación de inimputablilidad sólo se da en la fase de sentencia, después de haber considerado las pruebas allegadas al proceso. Explican que una persona con discapacidad cognitiva, auditiva o psicosocial no siempre será inimputable; pero todas las personas con discapacidad requieren, siempre, ajustes razonables dentro del proceso penal, dirigidos a garantizar la accesibilidad. Estos ajustes pueden incluir “modificaciones arquitectónicas (…) modificaciones en los formatos en los que se presenta la información sobre los derechos y deberes de la persona vinculada (…) ajustes en los tiempos de comunicación y plazos”. El artículo 2º de la CDPD define el lenguaje“como toda aquella forma de comunicación verbal, no verbal, la lengua de señas y cualquier otra, y con el fin de transmitir efectivamente la comunicación”, de donde se deriva la obligación estatal de disponer de dispositivos adecuados para lograr una comunicación plena y adecuada, “tales como comunicaciones en formatos accesibles y aumentativos, intérpretes, sistemas auditivos, lenguaje sencillo y de fácil comprensión, dispositivos multimedia, y en general cualquier mecanismo que la tecnología de la información permita” para alcanzar ese fin. Pueden concebirse diversos tipos de ajustes requeridos para una justicia inclusiva, tales como la capacitación de los operadores judiciales en materia de discapacidad y en los programas de derecho; la participación de las personas con discapacidad en la educación legal y práctica jurídica; la accesibilidad física de las instituciones, el desarrollo de sistemas de comunicación apropiados y acordes a la diversidad de capacidades; la creación de códigos y manuales de fácil lectura, incluidos el sistema braille y la disponibilidad de intérpretes de lengua de señas. Por ello, resulta indispensable que las autoridades judiciales brinden los ajustes y modificaciones requeridos para que las personas con discapacidad accedan en igualdad de condiciones a la justicia y ejerzan su derecho al debido proceso; y prever un soporte para que su voluntad sea tenida en cuenta, como consecuencia del reconocimiento de su capacidad plena. La aplicación de apoyos en la toma de decisiones y el ejercicio de la capacidad jurídica establecida en la Convención, es un sistema que potencia la toma de decisiones por parte de la persona con discapacidad, libre de obstrucciones o sustituciones por otras personas. Por lo tanto, no es necesario un nuevo régimen para inimputables, sino la realización de los ajustes razonables y la creación de un sistema de apoyo para que todas las personas puedan comprender las etapas del proceso penal. Por lo expuesto, solicitan a la Corte declarar la exequibilidad de los enunciados normativos demandados y ordenar “a todas las autoridades intervinientes en el proceso penal y ejecución de las penas, el desarrollo e implementación de protocolos dirigidos a garantizar la adopción de todos los ajustes razonables requeridos para que las personas con discapacidad vinculadas a un proceso penal ejerzan sus derechos en igualdad de condiciones que las demás personas en cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado colombiano bajo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”. 2.3. De la Universidad del Rosario. El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario presentó concepto en el presente trámite, solicitando (i) declarar la exequibilidad condicionada de las disposiciones demandadas, en el entendido de que solo son aplicables en procesos penales en los que se juzgue a personas imputables, y (ii) exhortar al Congreso de la República para que expida un cuerpo normativo que regule el allanamiento a cargos cuando el procesado sea inimputable. De acuerdo con la intervención, el derecho penal colombiano plantea una diferenciación entre imputables e inimputables que consiste en que, si bien ambos pueden incurrir en conductas típicas y antijurídicas, sólo los primeros cumplen con el requisito de la culpabilidad. Sin embargo, en materia de aceptación de cargos, como vía para la finalización del procedimiento penal, el Código de Procedimiento Penal no hace diferenciación alguna entre unos y otros. Ese tratamiento, formalmente igualitario, produce sin embargo una desigualdad material, pues el inimputable, al estar afectado en su esfera mental sufre también una afectación de su capacidad de conocimiento, que le dificulta comprender y procesar la información que le es transmitida y que no le permite entonces responder adecuadamente ante esa información. El allanamiento de los cargos es el momento en que el juez pregunta al procesado si desea aceptar los cargos por los que se le juzga, explicándole las consecuencias jurídicas de esa actuación. “Un inimputable, cuya psiquis está afectada (…) no puede comprender el tipo de información suministrada por el operador de justicia, por lo que le será imposible formar un juicio suficiente para tomar una decisión consciente en un asunto tan importante como es su libertad”. Por ello, la consecuencia de la responsabilidad penal en el caso de los imputables es la imposición de una pena, mientras que a los inimputables les corresponde una medida de seguridad. Esa diferencia merece la existencia de normas procesales propias, adecuadas a la persona procesada. Por ello, considera que debe existir un ordenamiento especial para los inimputables en materia de allanamiento de cargos. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN En ejercicio de la competencia prevista en los artículos 242.2 y 278.5 de la Constitución, el Procurador General de la Nación emitió el concepto No. 5505 de veinticinco (25) de enero de dos mil trece (2013) solicitando que la Corte se declare inhibida para pronunciarse de fondo sobre las acusaciones planteadas contra los enunciados normativos demandados, contenidos en la Ley 906 de 2004. Fundamenta su posición en las siguientes consideraciones: 1. La Corte Constitucional ha considerado procedente la presentación de cargos de inconstitucionalidad por omisión legislativa, advirtiendo que en esos casos, los requisitos argumentativos mínimos deben hallarse plenamente satisfechos. En ese orden de ideas, ha admitido demandas en las cuales, en lugar de discutirse una oposición entre un texto legislativo y una disposición constitucional, se reprocha una omisión legislativa relativa, “un elemento que por razones lógicas o jurídicas (…) debería estar incluido en el sistema normativo de que se trata, de modo que su ausencia constituye una imperfección del régimen que lo hace inequitativo, inoperante o ineficiente, en particular por producir por lo general violaciones del derecho a la igualdad o (…) al debido proceso”. En esos eventos, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional es imprescindible que el demandante acredite “(i) que exista una norma sobre la cual se predique necesariamente el cargo; (ii) que la misma excluya de sus consecuencias jurídicas aquellos casos que, por ser asimilables, tenían que estar contenidos en el texto normativo cuestionado, o que el precepto omita incluir un ingrediente o condición que, de acuerdo con la Constitución, resulta esencial para armonizar el texto legal con los mandatos de la Carta; (iii) que la exclusión de los casos o ingredientes carezca de un principio de razón suficiente; (iv) que la falta de justificación y objetividad genere para los casos excluidos de la regulación legal una desigualad negativa frente a los que se encuentran amparados por las consecuencias de la norma; y (v) que la omisión sea el resultado del incumplimiento de un deber específico impuesto por el constituyente al legislador”. De igual forma ha señalado la Corporación que cuando el Legislador no reproduce ningún precepto encaminado a ejecutar el deber que le ha impuesto la constitución, de manera que se presenta una omisión legislativa absoluta, la Corte no cuenta con un referente normativo para hacer la confrontación con la Constitución, lo que le impide adelantar el juicio de inconstitucionalidad. En ese marco, la Procuraduría considera que la demanda objeto de estudio no satisface los requisitos constitucionales para construir un cargo por omisión legislativa relativa, pues lo que el actor reprocha es que no exista un estatuto que regule la imputación, acusación y juzgamiento de personas inimputables mayores de 18 años, razón por la cual solicita ordenar al Congreso de la República que expida tal normatividad. Esa omisión no se predica entonces de cada una de las normas demandadas, sino de todo el ordenamiento jurídico. Si pudiera decirse que de los artículos invocados se desprende para el Legislador la obligación de proferir un estatuto que regule el proceso penal contra las personas inimputables, en cualquier caso, la Corte carece de una norma o referente legal con el cual contrastar el cumplimiento o incumplimiento de ese deber, pues las normas demandadas no se refieren a inimputables, sino que, por el contrario, toman en consideración a las personas imputables, a quienes sí se puede juzgar en su culpabilidad; condenar y sancionar penalmente y, por la misma razón, pueden aceptar las conductas que les son imputadas, negociar con el ente acusador y beneficiarse de penas menores a las que les correspondería en caso contrario. Resulta imposible agregar o introducir a las disposiciones normativas contenidos absolutamente nuevos y distintos, en donde se regule lo relativo a los inimputables, quienes, como afirma la demanda, se encuentran en una situación radicalmente diferente y, por esa misma razón, no pueden recibir el mismo trato. Finalmente, considera que en atención a los artículo 6º, 121, 241 y 113 de la Constitución Política, la Corte no cuenta con la competencia de dictar órdenes al Congreso de la república ni de fijarle condiciones para el ejercicio de su función constitucional, como lo pretende el actor. VI. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN Competencia de la Corte De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 4o. de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, pues las disposiciones acusadas forman parte de una ley de la República, en este caso, de la Ley 906 de 2004, por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal. Problema jurídico planteado. De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes de la demanda, corresponde a la Sala Plena de la Corte Constitucional determinar si los artículos 283, 286, 288, 289, 293, 348, 350, 351, 356, 367 y 368 de la Ley 906 de 2004 son incompatibles con los principios de igualdad (artículo 13, CP), debido proceso (artículo 29, CP) y acceso a la administración de justicia (artículo 229 CP), al no prever un tratamiento especial para los inimputables en las etapas del juicio penal correspondientes a la imputación de cargos, la aceptación de los mismos y celebración de acuerdos con la Fiscalía General de la Nación. Antes de resolver el problema jurídico recién...