Sentencia C-322 de 2006

C-322-06 REPUBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-322/06 LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite legislativo REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Reglas jurisprudenciales sobre cumplimiento/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Fecha no determinada pero sí determinable por los miembros del Congreso REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-No existe fórmula textual específica para realizar anuncio/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Cumplimiento aunque en el anuncio no se utilice las expresiones “votación” o “aprobación”/REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance de la expresión “leeremos los proyectos que se anunciarán para el día de mañana”/LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento del requisito de anuncio previo de la votación La Sala observa que se cumplió con el requisito del Acto Legislativo 012 de 2003 pues (i) la fecha de votación era determinable (“para el día de mañana”), (ii) el anuncio de la votación no se hizo el mismo día en que ésta aconteció (se anunció el 1º de junio de 2005 y se votó el 2 de junio del mismo año), (iii) por último, se cumplió con la finalidad del Acto Legislativo pues no se tomó por sorpresa a los congresistas en la votación del proyecto. En efecto, a pesar de no haberse empleado expresiones como se discutirá, se debatirá, se votará o aprobará, del contexto en el cual se dio el anuncio, y toda vez que “no existe una fórmula textual específica para realizar el anuncio” (Sentencia C-241/06), del contexto en el cual se hizo la afirmación es dable aseverar que los congresistas pudieron tener previo conocimiento de que la votación se iba a realizar en la siguiente sesión. Al decirse “leeremos los proyectos que se anunciarán para el día de mañana”, teniendo en cuenta que tal expresión se dio al finalizar la sesión, era entendible que lo que con esta expresión se pretendía -y se logró cumplir- era no sorprender a los congresistas con la votación del proyecto. DERECHO DE PARTICIPACION CIUDADANA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Alcance OBSERVACIONES CIUDADANAS A PROYECTO DE LEY O ACTO LEGISLATIVO-Discrecionalidad de las cámaras legislativas para publicarlas o incorporarlas a la ponencia La publicación de las observaciones ciudadanas y su incorporación a la ponencia, así como la aceptación de las mismas, son asuntos discrecionales por parte de las células legislativas; es decir, ellas gozan de un alto grado de libertad para publicar, considerar y acoger las propuestas ciudadanas, puesto que las normas legales señalan que sólo se deben publicar e incorporar a la ponencia aquellas propuestas que el presidente de la comisión y el ponente consideren relevantes. No obstante, en cualquier caso, dichas observaciones o intervenciones ciudadanas deben ser tenidas en cuenta y la decisión sobre su publicación o inclusión en la ponencia debe ser razonablemente adoptada, so pena de que se produzca la violación de los derechos de petición o de participación ciudadana y del principio de publicidad en el proceso legislativo. OBSERVACIONES CIUDADANAS A PROYECTO DE LEY O ACTO LEGISLATIVO-Hecho de no ser atendidas por el Congreso no origina inconstitucionalidad El hecho de que las observaciones u opiniones ciudadanas, o las peticiones para ser oídos en audiencia pública no sean atendidos por el Congreso, no origina la inconstitucionalidad por razones del trámite. Puede producir a lo sumo una irregularidad en dicho proceso, pero sin llegar a determinar la inexequibilidad formal de la ley así expedida. En efecto, en otras ocasiones anteriores la jurisprudencia, refiriéndose al trámite de las leyes, ha explicado cómo algunas irregularidades en el procedimiento no son de tanta envergadura como para llegar a afectar la validez del acto, al punto de originar su inconstitucionalidad. Si la actuación no llega a afectar el proceso de formación de la voluntad democrática en las cámaras, ni desconoce el contenido básico institucional diseñado por la Constitución, el defecto del trámite no implica la inexequibilidad formal de la ley. Por lo anterior, el cargo de inconstitucionalidad formal que se esgrime a partir del hecho de que un grupo de ciudadanos solicitó infructuosamente ser oído durante el trámite del proyecto de ley que ahora se estudia será despachado como improcedente. LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Aprobación por mayoría simple La norma general que consagra la Constitución es la de la mayoría simple y ninguna de sus disposiciones señala que las leyes aprobatorias de tratados internacionales deben ser adoptadas por mayoría absoluta. Concordantemente con lo anterior, la Ley 5ª de 1992, Orgánica del Reglamento del Congreso, en su artículo 118 señala que la mayoría simple tendrá aplicación en todas las decisiones que adopten las Cámaras Legislativas, cuando las disposiciones constitucionales no hayan dispuesto otra clase de mayoría. Y el artículo siguiente, recogiendo expresamente los textos constitucionales, enumera los asuntos cuya aprobación requiere de mayoría absoluta, sin incluir en el taxativo listado a las leyes aprobatorias de tratados internacionales. MAYORIA ABSOLUTA EN TRAMITE LEGISLATIVO-Exigencia constitucional excepcional e interpretación restrictiva Siendo la mayoría absoluta una exigencia constitucional excepcional, es de interpretación restrictiva. Por lo cual no es de recibo la exégesis de un grupo de ciudadanos intervinientes conforme a la cual, dado que el artículo 204 de la ley 5ª de 1992 señala que “(l)os proyectos de ley ... sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento”, y que el artículo 205 siguiente indica que “(l)a aprobación de los proyectos indicados en el artículo anterior requerirá el voto favorable de la mayoría de las Cámaras y sus Comisiones Constitucionales, en cualesquiera de los trámites del proceso legislativo y en las condiciones constitucionales”, de allí debe concluirse que los tratados internacionales no siguen la regla general de la mayoría simple, sino que su aprobación exige mayoría absoluta. Dicha interpretación no es de recibo, porque hace prevalecer una norma de menor rango, frente a las reglas constitucionales que sólo exigen mayoría absoluta para otro tipo de leyes taxativamente señaladas, distintas de las aprobatorias de tratados internacionales; normas superiores que, como se dijo, son de interpretación restringida, por lo cual no admiten ser extendidas a supuestos no previstos en ellas, ni aun con fundamento en lo dispuesto por normas legales de inferior jerarquía. En efecto, como las normas relativas a mayorías absolutas o calificadas son la excepción, tales normas son de interpretación restrictiva, según lo ha entendido la propia jurisprudencia reiterada de esta Corte. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Naturaleza jurídica CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Finalidad/ CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Compromisos del Estado El propósito central de la “Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (CEDAW) es erradicar la discriminación contra la mujer, para lo cual los Estados partes: (i) se comprometen a adoptar una política encaminada a eliminarla, que incluya medidas legislativas, educativas y políticas transitorias de diferenciación positiva; (ii) se comprometen a presentar, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, un informe sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole que hayan adoptado para hacer efectivas las disposiciones de la Convención y sobre los progresos realizados en materia de eliminación de la discriminación contra la mujer; (iii) conforman un Comité cuya única finalidad es “examinar los progresos realizados en la aplicación de la presente Convención”, para lo cual deberá examinar los informes de los Estado parte sobre las medidas legislativas, judiciales, administrativas o de otra índole a que se hizo mención anteriormente, competencia que le permite “hacer sugerencias y recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y de los datos transmitidos por los Estados Partes” ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE DE 1991-Elevó a canon constitucional el principio de la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Nueva competencia para examinar comunicaciones sobre violaciones concretas de derechos amparados por la Convención PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Nueva competencia para examinar comunicaciones sobre violaciones estatales graves o sistemáticas de derechos protegidos por la Convención PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Deber de información de los Estados PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Compatible con la Constitución/PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Necesidad de respetar debido proceso al Estado colombiano en trámite de comunicaciones sobre violación de derechos La importancia de las nuevas facultades y mecanismos previstos en el Protocolo radica en que permite hacer eficaces los derechos reconocidos en la Convención, mediante instrumentos jurídicos especialmente diseñados para examinar discriminaciones en contra de la mujer, en aquellos casos en los que la violación de derechos proviene del mismo Estado. De otro lado, la forma en que se regula el procedimiento en que serán conocidas y evaluadas las comunicaciones sobre violación de derechos, que implican la necesidad de oír al Estado concernido, asegura el respeto al debido proceso, permitiendo ejercer la garantía de contradicción. En efecto, tanto en el caso de las comunicaciones por violaciones concretas de los derechos amparados por la Convención, como en el de informaciones sobre violaciones graves y sistemáticas de los mismos, las facultades del Comité exigen que el Estado involucrado sea vinculado al trámite que la Comisión debe darle a tal tipo de comunicaciones o informaciones, de manera que pueda rebatir las acusaciones, aportar pruebas en contra de las imputaciones, y formular las observaciones que considere necesarias. En todo caso se debe respetar el debido proceso al Estado colombiano y otorgar las garantías de publicidad y contradicción. Por todo lo anterior la Corte estima que el Protocolo bajo examen está abierto a la ratificación por parte de los Estados que hayan ratificado la Convención o se hayan adherido a ella, como es el caso de Colombia. Dicho Protocolo no contradice la Constitución, sino que, antes bien, contribuye a su adecuado desarrollo y proyección sobre la realidad social. TRATADO INTERNACIONAL-Prohibición de reserva/CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL-Prohibición de reserva La posibilidad de que un tratado internacional excluya absoluta o relativamente la posibilidad de formular reservas es una práctica internacional reconocida y aceptada por la comunidad internacional, y recogida en los dos principales instrumentos multilaterales sobre Derecho de los Tratados, práctica que, además, ha sido avalada como constitucional por esta Corporación. Ahora bien, debe la Corte ahora explicar que esta práctica no tiene el alcance de excluir el control interno y previo de constitucionalidad de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias, dispuesto por la Constitución Política en el numeral 10° del artículo 241 superior. La circunstancia de que un tratado internacional contenga una de las previsiones reguladas en los literales a), b) o c) del artículo 19 de la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969, no hace que tal instrumento, ni la cláusula respectiva, deban considerarse inconstitucionales. PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Prohibición de reserva/PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE ELIMINACION DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACION CONTRA LA MUJER-Posibilidad de rechazar competencias especiales de Comité La Corte pone de presente que a la hora de ratificar el Protocolo, puede el Gobierno Nacional hacer uso de la facultad que el mismo le reconoce en su artículo 10° para rechazar las competencias especiales del Comité reguladas en los artículos 8° y 9°, previstas para los casos de violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención. Esta facultad gubernamental puede ejercerse autónomamente, con fundamento en lo prescrito en el numeral 2° del artículo 189 constitucional, que indica que corresponde al presidente de la República “(d)irigir las relaciones internacionales”. De esta manera, a pesar de la restricción a la formulación de reservas, el Protocolo bajo examen permite la manifestación del consentimiento del Estado colombiano en obligarse internacionalmente, dentro de parámetros que respetan la soberanía, la autodeterminación de la Nación colombiana y los principios de derecho internacional aceptados por Colombia. Referencia: expediente LAT-283 Revisión oficiosa de la Ley 984 de 2005, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).” Magistrado Ponente: Dr. MARCO GERARDO MONROY CABRA Bogotá, D.C., veinticinco (25) de abril de dos mil seis (2006). La Sala Plena de la Corte Constitucional, conformada por los magistrados Manuel José Cepeda Espinosa -quien la preside-, Jaime Araujo Rentería, Alfredo Beltrán Sierra, Jaime Córdoba Triviño, Rodrigo Escobar Gil, Marco Gerardo Monroy Cabra, Humberto Sierra Porto, Álvaro Tafur Galvis y Clara Inés Vargas Hernández, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en cumplimiento de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la presente sentencia, en la revisión oficiosa de la Ley 984 de 2005, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).” I. ANTECEDENTES En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la C.P., el 24 de agosto de 2005 la Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República remitió mediante oficio a la Corte Constitucional, copia auténtica de la Ley 984 de 2005, “por medio de la cual se aprueba el Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999).” Por Auto del catorce (14) de septiembre de dos mil cinco (2005), el Magistrado Sustanciador asumió el conocimiento de la Ley de la referencia y ordenó oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que, en el término de diez días hábiles, remitieran a esta Corporación los originales o la copia auténtica de las Gaceta del Congreso en las que constaran los antecedentes legislativos de los trámites en sesiones plenarias de la Ley 984 de 2005, así como la certificación sobre el quórum y el desarrollo de las votaciones con que fue aprobada, con el número exacto de votos con que fue aprobada –votos emitidos, votos afirmativos, votos negativos y abstenciones-, en sesiones plenarias. De igual manera solicitó a los mismos secretarios la certificación relativa al cumplimiento en las plenarias del requisito a que refiere el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003 (inciso final del artículo 160 de la Constitución) según el cual “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. Adicionalmente, por medio del mismo Auto se ordenó oficiar a los secretarios generales de la Comisión Segunda del Senado de la República y de la Cámara de Representantes, para que, en el término de diez días hábiles, remitieran a esta Corporación los originales o la copia auténtica de las Gaceta del Congreso en las que constaran los antecedentes legislativos de los trámites en las comisiones de la Ley 984 de 2005, así como la certificación sobre el quórum y el desarrollo de las votaciones con que fue aprobada, con el número exacto de votos con que fue aprobada –votos emitidos, votos afirmativos, votos negativos y abstenciones-, en las comisiones mencionadas. De igual manera solicitó a los mismos secretarios la certificación relativa al cumplimiento en las comisiones del requisito a que refiere el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003 (inciso final del artículo 160 de la Constitución) según el cual “ningún proyecto de ley será sometido a votación en sesión diferente a aquella que previamente se haya anunciado. El aviso de que un proyecto será sometido a votación lo dará la Presidencia de cada Cámara o Comisión en sesión distinta a aquella en la cual se realizará la votación”. Por último, se ordenó que, una vez vencido el término probatorio, se procediera a la fijación en lista del negocio y al traslado del expediente al despacho del señor Procurador General de la Nación, para efectos del concepto de su competencia. Igualmente, se comunicó el proceso a la Presidencia de la República, al Ministerio de Relaciones Exteriores, al Ministerio de la Protección Social, a la Defensoría del Pueblo, a la Comisión Colombiana de Juristas y a la Academia Colombiana de Jurisprudencia, para que si lo estimaban conveniente, participaran en el debate ju´ridico que por este juicio se propicia. Recibidas en el Despacho del magistrado sustanciador las pruebas anteriormente solicitadas, y constatado que no había sido remitida constancia alguna relativa al trámite dado proyecto en las comisiones segundas del Senado de la República y la Cámara de Representantes, como tampoco prueba acerca de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8° del Acto Legislativo 01 de 2003, que adicionó el artículo 160 de la Carta, ni certificación sobre el requisito relativo al término de ocho días que debe mediar entre el primero y el segundo debate en cada una de las cámaras, mediante auto del veinticinco (25) de enero de 2006, el magistrado sustanciador requirió nuevamente a los secretarios generales de la comisión Segunda del Senado de la República y de la Cama de Representantes, a fin de que remitieran a la Corte las pruebas faltantes en el expediente, relativas al trámite del proyecto que devino en la Ley 984 de 2005. Cumplidos los trámites indicados para este tipo de actuaciones, procede la Corte a pronunciar su decisión. II. EL TEXTO DEL CONVENIO QUE SE REVISA Y DE SU LEY APROBATORIA “LEY 984 DE 2005 (agosto 12) “Diario Oficial No. 46.002 de 16 de agosto de 2005 “CONGRESO DE COLOMBIA “Por medio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). “EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA “Visto el texto del "Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado). “PROYECTO DE LEY NUMERO 202 SENADO “por medio de la cual se aprueba el "Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). “EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Visto el texto del "Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer", adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el seis (6) de octubre de mil novecientos noventa y nueve (1999). (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado). «Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer Los Estados Partes en el presente Protocolo, Observando que en la Carta de las Naciones Unidas se reafirma la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres, Señalando que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades en ella proclamados sin distinción alguna, inclusive las basadas en el sexo, Recordando que los Pactos internacionales de derechos humanos y otros instrumentos internacionales de derechos humanos prohíben la discriminación por motivos de sexo, Recordando asimismo la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ("la Convención"), en la que los Estados Partes en ella condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas y convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer, Reafirmando su decisión de asegurar a la mujer el disfrute pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y todas las libertades fundamentales y de adoptar medidas eficaces para evitar las violaciones de esos derechos y esas libertades, Acuerdan lo siguiente: ARTÍCULO 1o. Todo Estado Parte en el presente Protocolo ("Estado Parte") reconoce la competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ("el Comité") para recibir y considerar las comunicaciones presentadas de conformidad con el artículo 2°. ARTÍCULO 2o. Las comunicaciones podrán ser presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción del Estado Parte y que aleguen ser víctimas de una violación por ese Estado Parte de cualquiera de los derechos enunciados en la Convención, o en nombre de esas personas o grupos de personas. Cuando se presente una comunicación en nombre de personas o grupos de personas, se requerirá su consentimiento, a menos que el autor pueda justificar el actuar en su nombre sin tal consentimiento. ARTÍCULO 3o. LAS COMUNICACIONES SE PRESENTARÁN POR ESCRITO Y NO PODRÁN SER ANÓNIMAS. El Comité no recibirá comunicación alguna que concierna a un Estado Parte en la Convención que no sea parte en el presente Protocolo. ARTÍCULO 4o. 1. El Comité no examinará una comunicación a menos que se haya cerciorado de que se han agotado todos los recursos de la jurisdicción interna, salvo que la tramitación de esos recursos se prolongue injustificadamente o no sea probable que brinde por resultado un remedio efectivo. 2. El Comité declarará inadmisible toda comunicación que: a) Se refiera a una cuestión que ya ha sido examinada por el Comité o ya ha sido o esté siendo examinada con arreglo a otro procedimiento de examen o arreglo internacionales; b) Sea incompatible con las disposiciones de la Convención; c) Sea manifiestamente infundada o esté insuficientemente sustanciada; d) Constituya un abuso del derecho a presentar una comunicación; e) Los hechos objeto de la comunicación hayan sucedido antes de la fecha de entrada en vigor del presente Protocolo para el Estado Parte interesado, salvo que esos hechos continúen produciéndose después de esa fecha. ARTÍCULO 5o. 1. Tras haber recibido una comunicación y antes de llegar a una conclusión sobre sus fundamentos, en cualquier momento el Comité podrá dirigir al Estado Parte interesado, a los fines de su examen urgente, una solicitud para que adopte las medidas provisionales necesarias para evitar posibles daños irreparables a la víctima o las víctimas de la supuesta violación. 2. Cuando el Comité ejerce sus facultades discrecionales en virtud del párrafo 1 del presente artículo, ello no implica juicio alguno sobre la admisibilidad o sobre el fondo de la comunicación. ARTÍCULO 6o. 1. A menos que el Comité considere que una comunicación es inadmisible sin remisión al Estado Parte interesado, y siempre que la persona o personas interesadas consientan en que se revele su identidad a dicho Estado Parte, el Comité pondrá en conocimiento del Estado Parte, de forma confidencial, toda comunicación que reciba con arreglo al presente Protocolo. 2. En un plazo de seis meses, ese Estado Parte presentará al Comité por escrito explicaciones o declaraciones en las que se aclare la cuestión y se indiquen las medidas correctivas que hubiere adoptado el Estado Parte, de haberlas. ARTÍCULO 7o. 1. El Comité examinará las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo a la luz de toda la información puesta a su disposición por personas o grupos de personas, o en su nombre, y por el Estado Parte interesado, siempre que esa información sea transmitida a las partes interesadas. 2. El Comité examinará en sesiones privadas las comunicaciones que reciba en virtud del presente Protocolo. 3. Tras examinar una comunicación, el Comité hará llegar sus opiniones sobre la comunicación, conjuntamente con sus recomendaciones, si las hubiere, a las partes interesadas. 4. El Estado Parte dará la debida consideración a las opiniones del Comité, así como a sus recomendaciones, si las hubiere, y enviará al Comité, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito, especialmente información sobre toda medida que se hubiera adoptado en función de las opiniones y recomendaciones del Comité. 5. El Comité podrá invitar al Estado Parte a presentar más información sobre cualesquiera medidas que el Estado Parte hubiera adoptado en respuesta a las opiniones o recomendaciones del Comité, si las hubiere, incluso, si el Comité lo considera apropiado, en los informes que presente más adelante el Estado Parte de conformidad con el artículo 18 de la Convención. ARTÍCULO 8o. 1. Si el Comité recibe información fidedigna que revele violaciones graves o sistemáticas por un Estado Parte de los derechos enunciados en la Convención, el Comité invitará a ese Estado Parte a colaborar en el examen de la información y, a esos efectos, a presentar observaciones sobre dicha información. 2. Tomando en consideración las observaciones que haya presentado el Estado Parte interesado, así como toda información fidedigna que esté a disposición suya, el Comité podrá encargar a uno o más de sus miembros que realice una investigación y presente con carácter urgente un informe al Comité. Cuando se justifique y con el consentimiento del Estado Parte, la investigación podrá incluir una visita a su territorio. 3. Tras examinar las conclusiones de la investigación, el Comité las transmitirá al Estado Parte interesado junto con las observaciones y recomendaciones que estime oportunas. 4. En un plazo de seis meses después de recibir los resultados de la investigación y las observaciones y recomendaciones que le transmita el Comité, el Estado Parte interesado presentará sus propias observaciones al Comité. 5. La investigación será de carácter confidencial y en todas sus etapas se solicitará la colaboración del Estado Parte. ARTÍCULO 9o. 1. El Comité podrá invitar al Estado Parte interesado a que incluya en el informe que ha de presentar con arreglo al artículo 18 de la Convención pormenores sobre cualesquiera medidas que hubiere adoptado en respuesta a una investigación efectuada con arreglo al artículo 8o del presente Protocolo. 2. Transcurrido el período de seis meses indicado en el párrafo 4 del artículo 8o, el Comité podrá, si es necesario, invitar al Estado Parte interesado a que le informe sobre cualquier medida adoptada como resultado de la investigación. ARTÍCULO 10. 1. Todo Estado Parte podrá, al momento de la firma o ratificación del presente Protocolo, o de la adhesión a él, declarar que no reconoce la competencia del Comité establecida en los artículos 8° y 9°. 2. Todo Estado Parte que haya hecho una declaración con arreglo al párrafo 1 del presente artículo podrá retirar esa declaración en cualquier momento, previa notificación al Secretario General. ARTÍCULO 11. Cada Estado Parte adoptará todas las medidas necesarias para garantizar que las personas que se hallen bajo su jurisdicción no sean objeto de malos tratos ni intimidación como consecuencia de cualquier comunicación con el Comité de conformidad con el presente Protocolo. ARTÍCULO 12. El Comité incluirá en el informe anual que ha de presentar con arreglo al artículo 21 de la Convención, un resumen de sus actividades en virtud del presente Protocolo. ARTÍCULO 13. Cada Estado Parte se compromete a dar a conocer ampliamente la Convención y el presente Protocolo y a darles publicidad, así como a facilitar el acceso a información acerca de las opiniones y recomendaciones del Comité, en particular respecto de las cuestiones que guarden relación con ese Estado Parte. ARTÍCULO 14. El Comité elaborará su propio reglamento, que aplicará en ejercicio de las funciones que le confiere el presente Protocolo. ARTÍCULO 15. 1. El presente Protocolo estará abierto a la firma de cualquier Estado que haya firmado la Convención, la haya ratificado o se haya adherido a ella. 2. El presente Protocolo estará sujeto a ratificación por cualquier Estado que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. Los instrumentos de ratificación se depositarán en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. 3. El presente Protocolo quedará abierto a la adhesión de cualquier Estado que haya ratificado la Convención o se haya adherido a ella. 4. La adhesión se efectuará mediante el depósito del instrumento correspondiente en poder del Secretario General de las Naciones Unidas. ARTÍCULO 16. 1. El presente Protocolo entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que haya sido depositado en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el décimo instrumento de ratificación o de adhesión. 2. Para cada Estado que ratifique el presente Protocolo o se adhiera a él después de su entrada en vigor, este Protocolo entrará en vigor una vez transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su propio instrumento de ratificación o de adhesión. ARTÍCULO 17. No se permitirá reserva alguna al presente Protocolo. ARTÍCULO 18. 1. Todo Estado Parte podrá proponer enmiendas al presente Protocolo y presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas. El Secretario General comunicará a los Estados Partes las enmiendas propuestas y les pedirá que notifiquen si desean que se convoque una conferencia de los Estados Partes para examinar las propuestas y someterlas a votación. Si un tercio al menos de los Estados Partes se declara en favor de tal conferencia, el Secretario General la convocará bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Toda enmienda aprobada por la mayoría de los Estados Partes presentes y votantes en la conferencia se someterá a la aprobación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 2. Tales enmiendas entrarán en vigor cuando hayan sido aprobadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas y aceptadas por una mayoría de dos tercios de los Estados Partes en el presente Protocolo, de conformidad con sus respectivos procedimientos constitucionales. 3. Cuando tales enmiendas entren en vigor, serán obligatorias para los Estados Partes que las hayan aceptado, en tanto que los demás Estados Partes seguirán obligados por las disposiciones del presente Protocolo y por toda enmienda anterior que hubiesen aceptado. ARTÍCULO 19. 1. Cualquier Estado Parte podrá denunciar el presente Protocolo en cualquier momento mediante notificación escrita dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas. La denuncia surtirá efecto seis meses después de la fecha en que el Secretario General haya recibido la notificación. 2. La denuncia se hará sin perjuicio de que las disposiciones del presente Protocolo sigan aplicándose a cualquier comunicación presentada, con arreglo al artículo 2°, o cualquier investigación iniciada, con arreglo al artículo 8°, antes de la fecha de efectividad de la denuncia. ARTÍCULO 20. El Secretario General de las Naciones Unidas comunicará a todos los Estados: a) Las firmas, ratificaciones y adhesiones relativas al presente Protocolo; b) La fecha en que entre en vigor el presente Protocolo y cualquier enmienda en virtud del artículo 18; c) Cualquier denuncia recibida en virtud del artículo 19. ARTÍCULO 21. 1. El presente Protocolo, cuyos textos en árabe, chino, español, francés, inglés y ruso son igualmente auténticos, será depositado en los archivos de las Naciones Unidas. 2. El Secretario General de las Naciones Unidas enviará copias certificadas del presente Protocolo a todos los Estados mencionados en el artículo 25 de la Convención. I hereby certify that the foregoing text is a true copy of the Optional Protocol Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against Women, adopted by the General Assembly of the United Nations on 6 October 1999, the original of which is deposited with the Secretary-General of the United Nations. Je certifie que le texte qui précéde est une to thecopie conforme du Protocole facultatif á la Convention sur lélimination de toutes les formes de discrimination á légard des femmes, adopté par lAssemblée générale des Nations Unies le 6 octobre 1999, et dont loriginal se trouve déposé auprés du Secrétaire general des Nations Unies. For the Secretary-General, Pour le Secrétaire général, The Legal Counsel Le Conseiller juridique (Under-Secretary-General for Legal Affairs) (Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques) Hans Corell United Nations, New York Organisation des Nations Unies 10 November 1999 New York, le 10 novembre 1999 RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Bogotá, D. C., 3 de septiembre de 2003 Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos constitucionales. (Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ III. INTERVENCIONES A continuación se resumen, en el orden cronológico en que se recibieron, las intervenciones oportunamente presentadas dentro de este proceso. 1. Intervención de los ciudadanos Aurelio Ignacio Cadavid López, Gloria Londoño de Cadavid y Carlos Corsi Otálora. Oportunamente intervinieron dentro del presente proceso los ciudadanos Carlos Corsi Otálora, Aurelio Ignacio Cadavid López y Gloria Londoño de Cadavid, quienes solicitaron a esta Corporación “reconocer la falta del adecuado estudio sobre los hechos denunciados por la sociedad civil organizada, relacionados con los efectos perniciosos para Colombia de este Protocolo Facultativo”. Afirman los intervinientes que “es necesario que el Estado y la h. Corte Constitucional como órgano legítimo de control, evalúen la conveniencia nacional y la vulneración a la soberanía nacional, que significa el sometimiento del Estado colombiano a las previsiones contenidas en el Protocolo Facultativo de la CEDAW, mediante la expedición de la ley aprobatoria que se somete a su consideración.” Lo anterior, por cuanto tal aprobación implica “graves consecuencias que lesionan los intereses de la patria y obstruyen la constitución social de la Nación bajo los valores que comparte la mayoría ciudadana que ha elegido a sus autoridades para que las representen”. Afirmado lo anterior, explican de la siguiente manera cuáles serían los vicios de fondo del instrumento internacional que atentarían contra la Constitución: - El Protocolo es opcional, por lo cual su aprobación o no aprobación no afecta los compromisos adquiridos por Colombia mediante la “Convención para la eliminación de la discriminación en contra de la mujer”, Convención conocida también como “CEDAW”, por sus siglas en inglés. - El objeto del Protocolo es entregar competencias propias del Estado colombiano al Comité de monitoreo creado por la CEDAW, competencias que implican para Colombia la obligación de presentar ante dicho Comité explicaciones o declaraciones relativas al cumplimiento de las recomendaciones formuladas al país por el mismo órgano. Lo anterior, prosigue la intervención, equivale a una sesión de soberanía que es incompatible con preceptos de la Carta, que señalan que los servidores públicos ejercerán sus funciones en la forma prevista en la ley y en el reglamento (C.P Art. 123); pues el Protocolo impone cargas diversas al Estado, frente a organismos que no tienen competencia real para la verificación de los derechos humanos, pues el Comité de la CEDAW carece de los atributos propios para vincular a Colombia. - Dado que mediante los artículos 8° y 9° del Protocolo se entregan atribuciones al Comité de la CEDAW para realizar investigaciones y conminar a los Estados para la adopción de medidas, se ve desconocido el artículo 3° superior, pues el referido Comité no constituye autoridad emanada de la soberanía del pueblo colombiano. - Las atribuciones el Comité de la CEDAW “se consideran lesivas del orden constitucional, del interés nacional y del orden justo que promueve la Constitución del Pueblo, pues se estarían sometiendo sus autoridades no ya a las determinaciones de la población colombiana, sino a recomendaciones de organismos foráneos.” De esta manera, el Protocolo y su Ley aprobatoria, desconocen la soberanía nacional y el respeto a la autodeterminación de los pueblos, a que se refiere el artículo 9° de la Constitución. - El Protocolo Facultativo es autoritario y antidemocrático, pues excluye expresamente la posibilidad de presentar reservas por parte de los Estados. También por esta razón se desconocería el canon 9° constitucional, aparte de los artículos 189 literal 2, 150 numeral 16, 224, 226 y particularmente el artículo 241 literal 10 de la Constitución, el cual expresa que “Cuando una o varias normas de un tratado multilateral sean declaradas inexequibles por la Corte Constitucional, el Presidente de la República sólo podrá manifestar el consentimiento formulando la correspondiente reserva”. De aprobarse tratados “totalitarios y autoritarios” que no admiten reservas por parte del Gobierno Nacional, como es el caso el Protocolo Facultativo de la CEDAW, las competencias del Corte Constitucional, encargada de hacer la revisión previa de constitucionalidad de los tratados internacionales, quedarían desconocidas, por lo que el Congreso no puede aprobar tratados que incluyan cláusulas de tal naturaleza. -Adicionalmente, los intervinientes citan la obra “Lexicón”, elaborada bajo la coordinación del ciudadano colombiano, cardenal Alfonso López Trujillo, en donde se afirma que la ratificación y aplicación del Protocolo facultativo “crea un precedente jurídico inaudito e inadmisible, cual es el introducir en un Convenio, mediante su interpretación y la aplicación de sus cláusulas, contenidos que fueron expresamente excluidos del Convenio por parte de un gran número de Estados que lo aprobaron. Tal es el caso, por ejemplo del aborto.” - En un nuevo argumento, la intervención entra a exponer la inconstitucionalidad por vicios de forma de la Ley aprobatoria del Protocolo Facultativo de la“CEDAW”, la cual se produciría por violación al derecho de participación ciudadana. Dice en este aparte la intervención, que durante el debate legislativo en el Congreso, la sociedad civil organizada no fue atendida para exponer sus opiniones, puesto que varias solicitudes dirigidas al presidente de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes y a la Presidenta de dicha Cámara, no fueron tenidas en cuenta, “sino que por el contrario el debate legislativo ignoró la oportunidad participativa de la sociedad civil viciando el trámite de la ley”, y desconociendo el derecho de petición. Al respecto, allegan como prueba las comunicaciones dirigidas por algunos ciudadanos solicitando audiencia para exponer ante el Congreso las graves consecuencias inherentes a la iniciativa legislativa. - Prosiguen los intervinientes aportando nuevas razones para sustentar la inconstitucionalidad formal del Protocolo, y al respecto indican que el proyecto de ley no obtuvo la mayoría exigida por la Ley 5ª de 1992 para ser aprobado en la plenaria como Ley. Explicando esta acusación, señalan que la Ley 5ª de 1992, o Reglamento del Congreso, en la sección sobre “Especialidades del Proceso Legislativo Ordinario” incluye el artículo 204, conforme al cual “(l)os proyectos de ley orgánica, ley estatutaria, ley de presupuesto, ley sobre derechos humanos y ley sobre tratados internacionales se tramitarán por el procedimiento legislativo ordinario o común, con las especialidades establecidas en la Constitución y en el presente Reglamento.” Dentro de dichas especialidades, prosiguen, se encuentra aquella que regula el artículo 205, según el cual “(l)a aprobación de los proyectos indicados en el artículo anterior requerirá el voto favorable de la mayoría de las Cámaras y sus Comisiones Constitucionales, en cualesquiera de los trámites del proceso legislativo y en las condiciones constitucionales.” Dicen entonces los intervinientes, que la mayoría a que se refiere el artículo 205 trascrito no es la mayoría simple, es decir la mitad más uno de los asistentes, pues entonces el citado artículo 205 carecería de sentido, dado que ésta es la norma general para cualquier proyecto de ley. Por ello, debe entenderse que la mayoría a que se refiere dicha norma es la mayoría de los miembros de la correspondiente célula legislativa. Además, esta es la interpretación conforme con la lectura literal de la disposición. Explicado lo anterior, los intervinientes sostienen que en el debate correspondiente a la plenaria de la Cámara de Representantes, efectuado el día 7 de junio de 2005, el proyecto no obtuvo el número de votos requerido (83 votos), cuando fue votada la aprobación de la pregunta “¿quiere la Cámara que este proyecto sea Ley? Por consiguiente, el proyecto de ley no cumplió con la mayoría exigida para la aprobación de leyes referentes a tratados internacionales. A su intervención dentro del presente proceso, los ciudadanos anexan copias de documentos mediante los cuales formularon derechos de petición ante diversas autoridades, y algunas respuestas a éstos, así como fotocopias de la obra “Lexicón”, a cargo del Consejo Pontificio para la Familia, y otras publicaciones periodísticas. 2. Intervención de la ciudadana Natalia Andrea Castro Niño. Actuando del término intervino la ciudadana Natalia Andrea Castro Niño, en defensa de la constitucionalidad condicionada del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y de su Ley aprobatoria, presentando las razones que pasan a exponerse: Dice inicialmente la interviniente que el Protocolo es un adecuado desarrollo del principio de igualdad consignado en el artículo 13 de la Constitución Política y del 24 ibidem, que así mismo consagra la igualdad de derechos entre hombres y mujeres; lo anterior por cuanto mediante el Instrumento se pretende adoptar medidas a favor de grupos discriminados, a fin de que la igualdad sea real y efectiva, dado que el reconocimiento de competencias al Comité de la CEDAW por parte del Estado colombiano constituye un nuevo instrumento tendente a la represión de actos discriminatorios y “al control de las políticas estatales... por parte de un ente diferente al Estado mismo.” No obstante lo anterior, la interviniente afirma que dentro del texto del Protocolo “llama poderosamente la atención la cláusula contenida en el artículo 17 según la cual “no se permitirá reserva alguna al presente Protocolo”, pues a su parecer, “este tipo de cláusulas no son compatibles con nuestro ordenamiento constitucional”. Para explicar la anterior opinión, dice la ciudadana Castro Niño que la Constitución Política consagra una competencia compartida entre las tres ramas del poder público para la aprobación de los tratados internacionales, delegando en el Ejecutivo la negociación del mismo, en el Legislativo la aprobación de la ley de ratificación y en la Corte Constitucional el control previo y automático de dicha Ley. Por consiguiente, prosigue, “no podría decirse que el Estado colombiano resulta vinculado internacionalmente por la actuación de una sola de las ramas del poder, pues como se desprende de las normas constitucionales, el Estado solo queda vinculado por un tratado internacional cuando cada una de las ramas del poder ha efectuado la labor que la carta le asigna.” Lo anterior, continua la intervención, tiene dos consecuencias: una, que ninguno de los poderes que tiene competencias reconocidas en la celebración, aprobación y control del tratado puede excederse en el ejercicio de esas competencias; y la otra consecuencia es que “en ejercicio de esas atribuciones constitucionales ninguna de las ramas del poder puede desconocer el ordenamiento constitucional, ya no en cuanto competencias, sino en cuanto al contenido del tratado.” En este sentido, ninguna de las tres ramas del poder público podría celebrar, aprobar o declarar exequible un tratado con contenidos contrarios a la Constitución. Así pues, la labor de velar por la armonía de los convenios con la Constitución no es sólo una atribución de la Corte Constitucional. Tal examen es solo el “último eslabón” en la cadena de controles que deben surtir el ejecutivo y el legislador. Ahora bien, citando doctrina internacional, la intervención recuerda que “una reserva es una declaración unilateral formulada por escrito por un sujeto de Derecho internacional (...) con la cual, sea cual sea la denominación que se le dé, se pretende excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese sujeto”.[1] Precisado lo anterior, la ciudadana explica que “la reserva se convierte en el instrumento idóneo para que un Estado se aparte de obligaciones que no puede contraer por ser contrarias a su ley fundamental.” De ahí que prohibir la inclusión de reservas en un tratado equivale a imponerle al Estado la obligación de aceptar integralmente su contenido, incluso cuando algunas de sus disposiciones puedan ser inconstitucionales. Por esta razón, la inclusión de este tipo de cláusulas resulta a todas luces inconstitucional. Prosigue la ciudadana interviniente explicando las diferencias entre las figuras de la reserva y la declaración en materia internacional. Al respecto observa que “mientras las reservas son prohibidas por el Protocolo, éste permite la formulación de declaraciones con respecto a la competencia reconocida al Comité de la CEDAW en los artículos 8° y 9° del instrumento, con lo cual “es evidente que el tratado en estudio distingue claramente entre reservas y declaraciones, diferencia que ha sido ampliamente aceptada por la doctrina, entendiendo que “el objeto de la reserva consiste en excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones en relación con el Estado reservante”[2] y que quedan por fuera de esta noción “las declaraciones interpretativas, esto es aquellas por las que se atribuye a una disposición una interpretación determinada entre las varias posibles”[3]. Continua la intervención trayendo a colación lo dicho por esta Corporación en la Sentencia C- 176 de 1994[4], donde la jurisprudencia explicó que la diferencia entre las reservas y las declaraciones interpretativas es de grado más que de naturaleza, al decir: “La diferencia es entonces de grado: en la reserva propiamente dicha o de exclusión de cláusulas, Colombia explícitamente señala que ciertas disposiciones no le son aplicables; en la declaración o reserva interpretativa, Colombia indica que se obliga a respetar el tratado o ciertos artículos sólo si son interpretados de determinada manera, que es la que Colombia considera correcta.” De lo anterior la ciudadana concluye que “a pesar de la asimilación de que han sido objeto por la jurisprudencia, para efectos de aplicar los textos normativos internos, las nociones de reserva y declaración tienen, -partiendo del derecho internacional- un sentido diverso aunque cercano. Se trata en ambos casos de declaraciones unilaterales, una –la reserva- busca modificar los efectos de un tratado internacional - la otra –la declaración- fija el alcance de una obligación internacional.” Agrega enseguida que las reservas pueden ser de exclusión o de modificación, siendo las primeras aquellas mediante las cuales “se pretende descartar la aplicación de cláusulas determinadas de un tratado”[5] y las segundas aquellas con las que se aspira a “reducir, restringir, o limitar los efectos jurídicos de disposiciones determinadas de un tratado”[6], por lo cual, dice, las reservas de modificación podrían llegar a confundirse con las declaraciones. Así las cosas, la ciudadana estima que “para evitar confusiones es preciso tener en cuenta que el efecto de las declaraciones es fundamentalmente interpretativo, diferente entonces a modificatorio, por lo que desde el punto de vista de nuestra Constitución y para preservar la intangibilidad de la Carta al momento de aplicar el tratado estas se hacen necesarias, de lo contrario el país estaría sujeto a incumplimientos internacionales.” En cualquier caso, estima que dado que en las declaraciones interpretativas el Estado simplemente escoge entre varios sentidos de entendimiento de una norma, “ no es técnico superar el escollo producido por las prohibiciones de reservas incluidas en los tratados haciendo uso de la posibilidad de declaraciones, pues... estas figuras tienen fines diversos. Entonces, de ser necesaria una reserva bien sea por razones de conveniencia o de constitucionalidad del tratado, el Estado colombiano debe estar en libertad de hacerla, pues no puede verse vinculado por una prohibición que a todas luces desconoce el principio de supremacía de la Constitución y la labor especialmente encomendada a la H. Corte de salvaguardarla.” 3. Intervención del Ministerio del Interior y de Justicia. Actuando a nombre del Ministerio de la referencia, intervino en tiempo el ciudadano Fernando Gómez Mejía, quien defendió la constitucionalidad del Protocolo Facultativo de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW, y de su Ley aprobatoria. En efecto, a juicio del Ministerio interviniente, tras revisar el trámite surtido por el proyecto de ley correspondiente, se concluye que la iniciativa legislativa fue discutida y aprobada en las comisiones y en las plenarias del Congreso, respetando los plazos y trámites establecidos en la Carta y el la Ley 5ª del 1992 para este tipo de leyes. En cuanto al contenido del protocolo y de la ley aprobatoria, el Ministerio del Interior y de Justicia afirma que, como es propio de los “protocolos”, el presente consagra obligaciones adicionales a las pactadas en la “Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, CEDAW, por sus siglas en inglés. Examinando cada uno de los 21 artículos que forman parte del Protocolo, el Ministerio recuerda que el objeto del Instrumento es reconocer competencia al Comité de la CEDAW para recibir y considerar las comunicaciones presentadas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte, que aleguen ser víctimas de la violación de los derechos reconocidos en la Convención. Para estos propósitos, regula el procedimiento para la presentación y trámite de tal clase de comunicaciones, así como las facultades del Comité relacionadas con las mismas. En este sentido, estima el Ministerio interviniente que el Protocolo Facultativo de la CEDAW “constituye un elemento importante en el reconocimiento de la igualdad de la mujer y contribuye a la adopción de medidas en aras de la protección de la discriminación contra la mujer (sic) que resultan acordes con al Constitución Nacional”, toda vez que “permite a las mujeres cuyos derechos humanos hayan sido vulnerados por el Estado acudir a una instancia internacional del Sistema Universal de los Derechos Humanos para solicitar una investigación al Estado infractor, y como consecuencia es un instrumento que consagra la posibilidad de demandar de manera individual ante el Sistema Universal de Derechos Humanos la protección de los derechos presuntamente vulnerados, solo en aquellos casos en que habiéndose agotado los recursos internos no se obtenga pronta y efectiva justicia.” Por lo demás, el Protocolo desarrolla los artículos 13 superior, sobre derecho a la igualdad, 40 constitucional sobre participación efectiva de las mujeres en los niveles decisorios de la Administración Pública, y 43 ibidem relativo a la igualdad entre hombres y mujeres. Finalmente el Ministerio señala que “aunque las decisiones alcanzadas por el Comité, que es responsable de examinar las comunicaciones o quejas bajo el protocolo Facultativo, no son vinculantes, en todo caso, deben ser interpretadas en consonancia con nuestro ordenamiento constitucional y jurídico y no implican necesariamente mandatos que repercutan en la legislación interna.” 4. Intervención de la Defensoría del Pueblo Obrando como Delegada para Asuntos Constitucionales y Legales de la Defensoría del Pueblo, intervino oportunamente la ciudadana Karin Irina Kuhfeldt Salazar. Tras una serie de comentarios generales, en los cuales la ciudadana Kuhfeldt Salazar dice que el Protocolo Facultativo de la CEDAW pretende establecer mecanismos de petición e investigación por violaciones a los derechos de las mujeres, toda vez que el procedimiento de los informes previsto inicialmente en la Convención resultaba claramente insuficiente, la intervención entra a describir, artículo por artículo, el contenido normativo del Protocolo. Hecho el anterior ejercicio, la Defensoría, por conducto de la ciudadana interviniente, manifiesta ser “testigo de primer orden de la grave situación de los derechos fundamentales de las mujeres en Colombia debido a su reiterado desconocimiento y vulneración. En no pocas ocasiones ha exhortado a las autoridades públicas en relación con el incumplimiento de sus deberes constitucionales y legales en relación con la protección de las mujeres, adolescentes y niñas colombianas. Ha denunciado los abusos a los que se ven sometidas por parte de los diferentes actores armados. Ha informado sobre la intolerable situación que padecen las niñas, adolescentes y mujeres víctimas del desplazamiento forzado, situación que se ensaña particularmente en su contra. Ha evidenciado las falencias de las políticas en materia de salud sexual y reproductiva. Ha hecho eco de las alarmas que relatan sobre el creciente aumento de la violencia intra familiar, del cual son víctimas por excelencia. Y ha advertido que muchas de estas violaciones encuentran fundamento en la discriminación persistente en su contra.” No obstante todas estas advertencias, dice la Defensoría que “la grave situación de los derechos fundamentales de las niñas, adolescentes y mujeres, no mejora, sino que se agrava, situación a la que contribuye en gran medida la persistencia del conflicto armado.” Por ello, considera la Defensoría que el Protocolo Facultativo, “como instrumento especializado que permite evaluar casos concretos de violaciones a sus derechos, a la luz de la Convención Internacional especialmente adoptada para evitar su discriminación y la violencia que se ejerce en su contra, constituye un mecanismo eficaz de invaluable trascendencia para contribuir, como lo hacen otros instrumentos internacionales, al reconocimiento y garantía de los derechos humanos”. En tal virtud, estima de imperiosa necesidad su ratificación, agregando que ninguno de los contenidos del Protocolo contraviene disposición alguna de la Carta Política, antes bien “sólo fortalece las previsiones del bloque de constitucionalidad que pretenden la realización efectiva del derecho a la igualdad de la mujer y de sus derechos fundamentales.” 5. Intervención del Ministerio de Relaciones Exteriores En representación del Ministerio de la referencia intervino oportunamente la ciudadana Solángel Ortiz Mejía, quien defendió la constitucionalidad del Protocolo Facultativo de la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y su Ley aprobatoria. Tras examinar el trámite surtido por el proyecto que devino en la Ley 984 de 2005, aprobatoria del Protocolo Facultativo, el Ministerio interviniente no formula objeciones de inconstitucionalidad por razones formales. En cuanto al contenido del Protocolo, recuerda que Colombia es parte de la “Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer”, conocida como CEDAW, y que el objeto del Protocolo Facultativo es ampliar las competencias del Comité creado por dicha Convención, cuyo principal propósito es examinar los progresos en la aplicación de la misma. Dicha ampliación de competencias, prosigue la intervención, pretende otorgarle al Comité de la CEDAW la función de asumir el conocimiento de comunicaciones formuladas por personas o grupos de personas que se hallen bajo la jurisdicción de un Estado parte, y que aleguen ser víctimas de violación de los Derechos protegidos por la Convención; se erige también como una instancia a la que se puede acudir cuando uno de los Estados parte esté incurriendo en tal violación. De esta manera, tanto la Convención como el Protocolo se ajustan a los preceptos constitucionales y desarrollan las prescripciones superiores sobre derechos de la mujer y no discriminación, originados por la realidad sobre su violación que al respecto existe. En este sentido, el Protocolo no sólo no es inconstitucional, sino que, antes bien, desarrolla adecuadamente los preceptos de la Carta. Ahora bien, en cuanto al carácter de las recomendaciones del Comité, el Ministerio de la referencia sostiene que aunque fue voluntad de los Estados no atribuirles fuerza vinculante, “el Estado se compromete a dar información al Comité y pronunciarse sobre los hechos denunciados, o las presuntas violaciones de que es...