Sentencia C-305 de 2010

C-305-10 Sentencia C-305/10 Sentencia C-305/10 LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Trámite de ley ordinaria Esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (Art. 241-10 C.P). Sin embargo, lo anterior no obsta para que se cumplan las siguientes previsiones constitucionales (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.). TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Cumplimiento de límites temporales REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO-Criterios jurisprudenciales para determinar la existencia y validez del anuncio Los términos en que debe realizarse el anuncio previo fueron resumidos en el Auto 311 de 2006, así: “i) no existe fórmula sacramental o frase textual que deba usarse en el Congreso para hacer el aviso; ii) el uso de la expresión “anuncio”, para referirse a los avisos de proyectos que serán “considerados” o “debatidos” en otras sesiones debe entenderse como inclusivo de la intención de votar dichos proyectos y, por tanto, de dar cumplimiento al requisito del artículo 160 constitucional; iii) que el contexto de las discusiones y los debates puede utilizarse como referencia de validación para determinar si un anuncio efectivamente se hizo, si el aviso hecho por la secretaría a solicitud de la presidencia incluía la intención de debatir y votar el proyecto anunciado y, finalmente, si la sesión para la cual se anunció la votación es una fecha determinable y, finalmente, iv) que el contexto del cual pueden extraerse los criterios de validación no se limita al de la sesión en que se hizo el anuncio, sino que puede incluir otras sesiones, incluyendo aquellas en que tuvo lugar la votación.” La Corte profundizó sobre el alcance de algunos requisitos en la sentencia C-533 de 2008 de la siguiente forma: “a) No atiende a una determinada fórmula sacramental: no es necesario emplear determinadas expresiones lingüísticas para realizar el aviso por cuanto lo relevante es que transmitan inequívocamente la intención de someter a votación un determinado proyecto. La Corte ha convalidado por ejemplo términos como: “anunciar”, “discutirán” y “aprobarán”. b) Determinación de la sesión futura en que tendrá lugar la votación del proyecto, pues, de lo contrario hace de aquél un anuncio no determinado ni determinable contrario a la exigencia constitucional: si bien la exigencia constitucional parte de que en una sesión anterior se anuncien los proyectos que serán discutidos y votados en una sesión posterior, no es necesario indicar la fecha exacta en que habrá de realizarse la votación siempre que sea determinable, por ejemplo, la Corte ha avalado expresiones como “próximo martes”, “próxima sesión”, “próxima semana”,“siguiente sesión” y “día de mañana”. c) Continuación de la cadena de anuncios por aplazamiento de la votación salvo que en sesión anterior a la aprobación hubiere sido anunciado: frente al aplazamiento indefinido de la votación debe continuarse la sucesión de anuncios a fin de evitar el rompimiento de la secuencia temporal del aviso, sin embargo, no se desconoce la exigencia constitucional cuando a pesar de presentarse dicha ruptura fue anunciado en la sesión inmediatamente anterior a la votación del proyecto. d) Cumplimiento de la exigencia constitucional cuando a pesar de no cumplirse la votación por su no realización en la fecha prevista finalmente ocurre la misma en la primera ocasión en que vuelve a sesionarse, es decir, en la próxima sesión, lo cual puede corroborarse atendiendo el orden sucesivo de las actas.” ACUERDO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL SOBRE LA GESTION DEL AGUA EN LAS ZONAS URBANAS PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, BAJO LOS AUSPICIOS DE LA UNESCO-Composición y estructura normativa ACUERDO RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL SOBRE LA GESTION DEL AGUA EN LAS ZONAS URBANAS PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, BAJO LOS AUSPICIOS DE LA UNESCO-Se adecúa a los postulados constitucionales en materia de protección al medio ambiente, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales en el marco del desarrollo sostenible Referencia: expediente LAT-353 Revisión de constitucionalidad del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”, y de la Ley 1347 del 31 de julio de 2009, por medio de la cual fue aprobado. Magistrado Ponente: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva Bogotá, DC., veintiocho (28) de abril de dos mil diez (2010). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las previstas en el artículo 241, numeral 10 de la Constitución Política, y cumplidos todos los trámites y requisitos contemplados en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA Dentro del proceso de revisión del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”, suscrito en París, Francia, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre de dos mil siete (2007), y de la Ley 1347 de 2009, por medio de la cual fue aprobado. I. ANTECEDENTES 1. Con base en lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Carta Política, mediante oficio radicado en la Secretaría General de esta corporación el 11 de agosto de 2009 (Fl. 1 cuaderno principal), dentro del término Constitucional, el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió copia autenticada de la Ley 1347 de 2009, para efectos de su revisión constitucional. 2. El Magistrado Sustanciador, mediante auto del 31 de agosto de 2009 (Fl. 14 cuaderno principal), avocó el conocimiento del proceso y dispuso la práctica de pruebas. Recibidas éstas se dispuso, mediante auto de veintidós (22) de septiembre de 2009 (Fl. 27 cuaderno principal) oficiar al Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República y al Secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para que expidieran certificaciones relacionadas con el trámite legislativo de la ley aprobatoria del tratado. 3. Una vez calificadas las pruebas decretadas, mediante auto de 14 de octubre de 2009, el Magistrado Sustanciador ordenó continuar con el trámite correspondiente, y en consecuencia, fijar en lista el proceso por el término de 10 días con el fin de permitir la intervención ciudadana, así como dar traslado al señor Procurador General de la Nación para el concepto correspondiente y comunicar la iniciación del proceso al Presidente de la República, al Presidente del Congreso de la República y al Ministro de Relaciones Exteriores. De manera que, luego de surtidos los trámites constitucionales y legales propios de esta clase de procesos, esta Corporación se pronuncia respecto de la constitucionalidad del instrumento internacional bajo examen. II. TEXTO DE LA NORMA. La ley objeto de análisis, cuya publicación se efectuó en el Diario Oficial 47.427 del 31 de julio de 2009, es la siguiente: “LEY 1347 DE 2009 (julio 31) Diario Oficial No. 47.427 de 31 de julio de 2009 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la Unesco”, firmado en París el 28 de septiembre de 2007. EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Visto el texto del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la Unesco”, firmado en París el 28 de septiembre de 2007, que a la letra dice: (Para ser transcrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del instrumento internacional mencionado). ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE COLOMBIA Y LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) RELATIVO AL ESTABLECIMIENTO DEL CENTRO REGIONAL SOBRE LA GESTION DEL AGUA EN LAS ZONAS URBANAS PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE, BAJO LOS AUSPICIOS DE LA UNESCO El Gobierno de Colombia, por una parte, y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, por otra parte, denominados en lo sucesivo el “Gobierno” y la “Unesco” respectivamente, Teniendo presente el Acuerdo Básico revisado entre Colombia, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Mundial de la Salud, firmado el 7 de diciembre de 1954, Considerando que el Consejo Intergubernamental del Programa Hidrológico Internacional (PHI) en su 15ª Reunión aprobó en junio de 2002 la Resolución XV-11 en la que acogía con beneplácito la propuesta del establecimiento en la República de Colombia, bajo los auspicios de la Unesco, del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe (denominado en lo sucesivo el “Centro”), Teniendo en cuenta que el Consejo Ejecutivo en su 174ª Reunión ha autorizado al Director General, de conformidad con la Resolución de la Conferencia General 33 C/ Res. 33, a firmar con el Gobierno de Colombia un Acuerdo sobre el establecimiento del Centro conforme con el proyecto que este le ha sometido, Deseando definir en el presente Acuerdo las modalidades de la contribución que se otorgará al mencionado Centro, Acuerdan lo siguiente: ARTÍCULO 1. OBJETIVOS DEL ACUERDO. El presente Acuerdo tiene por objeto definir las modalidades de colaboración entre la Unesco y el Gobierno, así como los correspondientes derechos y obligaciones de las partes. ARTÍCULO 2. CREACIÓN. El Gobierno adoptará cuantas medidas sean necesarias, de conformidad con las leyes y normativas de Colombia, para establecer el Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, de conformidad con las condiciones establecidas en el presente Acuerdo. ARTÍCULO 3. PARTICIPACIÓN. 1. El Centro será una entidad autónoma al servicio de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Unesco que deseen cooperar con él, debido al interés que prestan a sus objetivos. 2. Los Estados de la Región, Miembros y Miembros Asociados de la Unesco que deseen participar en las actividades del Centro según lo dispuesto en el presente Acuerdo deberán, a través de los Comités Nacionales del PHI o sus respectivos puntos focales, enviar al Director General de la Unesco una notificación en este sentido. El Director General de la Organización acusará recibo de esta notificación al Centro, así como a los Estados Miembros y Miembros Asociados interesados. ARTÍCULO 4. PERSONALIDAD JURÍDICA. El Centro estará constituido en Colombia de conformidad con la Legislación Nacional y tendrá la capacidad jurídica necesaria para ejercer sus funciones, contratar, recibir subvenciones, actuar en justicia, percibir remuneraciones por servicios prestados y adquirir cualquier bien, servicio u otro medio que necesite, de conformidad con las normas colombianas vigentes. ARTÍCULO 5. CONSTITUCIÓN. La constitución del Centro comprenderá las siguientes disposiciones: a) Un estatuto jurídico que atribuya al organismo, de conformidad con la Legislación colombiana, la capacidad jurídica autónoma necesaria para ejercer sus funciones, recibir subvenciones, percibir remuneraciones por servicios prestados y adquirir cualquier bien, servicio u otro medio que necesite; b) Una estructura de dirección del Centro que permita a la Unesco estar representada en su órgano rector. ARTÍCULO 6. OBJETIVOS Y FUNCIONES. 1. El objetivo general del Centro es promover y desarrollar procesos de investigación y acción participativos, fortalecer el intercambio y transferencia de tecnología, generar mecanismos de intercambio de información en ciencia y tecnología y fortalecimiento de capacidades en los países de América Latina y el Caribe, para contribuir a la gestión integrada de los recursos hídricos, bajo enfoques que puedan ser replicables y adaptables a las necesidades de los países de la región. 2. Los objetivos específicos son: a) Promover la investigación sobre los distintos aspectos relacionados con la gestión del agua en las zonas urbanas, teniendo en cuenta las necesidades de los países de la región; b) Suministrar a los Estados Miembros asistencia técnica y científica en lo que atañe a la gestión integrada de los recursos hídricos en las zonas urbanas; c) Establecer conductos de comunicación para el intercambio de conocimientos, tecnología e información entre los países de la región, habida cuenta que ese intercambio representa un factor clave para mejorar las capacidades operacionales de gestión; d) Promover la creación de capacidades institucionales en los países de la región mediante la educación, la formación y la investigación científica y técnica; e) Fortalecer la cooperación y la creación de redes en el plano internacional y regional; f) Mejorar las capacidades locales, promoviendo la participación de instituciones y redes nacionales, regionales e internacionales en las actividades del Centro, y g) Elaborar y aplicar reglamentaciones, así como instrumentos económicos y financieros y mecanismos de mediación que puedan contribuir a la solución de conflictos y al desarrollo sostenible en la región. 3. Las funciones del Centro serán: a) Actuar como punto focal de conocimiento especializado sobre la gestión integrada del agua en las zonas urbanas de América Latina y el Caribe; b) Facilitar las actividades de investigación y cooperación dentro de la región de América Latina y el Caribe sobre la gestión integrada del recurso hídrico en zonas urbanas, aprovechando las redes existentes, especialmente la red del Programa Hidrológico Internacional; c) Sistematizar conocimiento e información para la producción de materiales educativos y de capacitación considerando el contexto específico de la región; d) Desarrollar un programa de fortalecimiento de capacidades en el campo de la gestión integrada del agua en zonas urbanas, aprovechando los programas académicos existentes en universidades e instituciones de la región; e) Suministrar servicios de asesoría y asistencia técnica en la región en los países que lo requieran, especialmente en la formulación de políticas públicas, las regulaciones y el manejo de conflictos en el campo de trabajo del Centro. 4. El Centro cumplirá sus objetivos y desempeñará las funciones antes enunciadas en estrecha colaboración con las entidades nacionales y de la región, encargadas del tema y los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización y demás entidades intergubernamentales que deseen cooperar con él. ARTÍCULO 7. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. l. La actividad del Centro será dirigida y supervisada por un Consejo de Administración que estará integrado por: a) El Viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, representante del Gobierno colombiano, que oficiará como Presidente del Consejo de Administración; b) Dos representantes de los Comités Nacionales del Programa Hidrológico Internacional por cada una de las tres subregiones (América del Sur, México y América Central y el Caribe) de los Estados Miembros y Miembros Asociados de la Organización que hayan enviado una notificación al Director General de la Unesco, de conformidad con las disposiciones del artículo 3o supra, numeral 2. La elección y renovación de estos representantes se realizará según el procedimiento que decida el Consejo de Administración; c) Un representante del Director General de la Unesco; d) Un representante de una Organización Intergubernamental o Internacional no Gubernamental que haga contribuciones sustanciales al presupuesto anual del Centro. Esta representación será definida y renovada por decisión del Consejo de Administración. 2. El Director del Centro participará en las reuniones del Consejo de Administración con derecho a voz pero sin voto. 3. El Consejo de Administración tendrá las siguientes funciones: a) Aprobar los programas y actividades a mediano y largo plazo del Centro; b) Aprobar el plan y presupuesto anual que le someta el Director del Centro, con arreglo al artículo 9o infra y formulará con destino a este último todas las directrices que juzgue necesarias; c) Aprobar los informes anuales de ejecución de actividades que presente el Director del Centro; d) Establecer las normas y reglamentos pertinentes y determinar los procedimientos a los que habrá que ajustarse la gestión financiera, administrativa y de personal del Centro, y e) Decidir sobre la participación de Organizaciones Intergubernamentales Regionales e Internacionales en la labor del Centro. 4. El Consejo de Administración se reunirá en sesión ordinaria al menos una vez al año y en sesión extraordinaria convocada por el Presidente, por iniciativa de este o del Director General de la Unesco o por petición de al menos la mitad de sus miembros. 5. El Gobierno no adquiere obligaciones presupuestales para financiar los gastos de desplazamiento de los miembros del Consejo de Administración. 6. El Consejo de Administración establecerá su propio reglamento. En su primera reunión se seguirá el procedimiento que establezcan el Gobierno y la Unesco. ARTÍCULO 8. SECRETARÍA. 1. La Secretaría del Centro estará compuesta por un Director y el personal necesario para su buen funcionamiento. 2. El Director será nombrado por el Presidente del Consejo de Administración, previa consulta con el Director General de la Unesco. 3. La Secretaría podrá estar compuesta por otros miembros: a) Miembros del personal de la Unesco adscritos temporalmente al Centro, de conformidad con los reglamentos y normas de la misma y las decisiones de sus órganos rectores; b) Toda persona nombrada por el Director, de conformidad con los procedimientos establecidos por el Consejo de Administración; c) Funcionarios públicos adscritos por el Gobierno al Centro, de conformidad con la reglamentación nacional vigente. Inicialmente, un funcionario del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y un funcionario del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales; d) Investigadores y/o profesionales invitados por el Director a contribuir con las actividades del Centro. ARTÍCULO 9. FUNCIONES DEL DIRECTOR. El Director ejercerá las siguientes funciones: a) Dirigir el trabajo del Centro de conformidad con los programas, presupuestos y las directrices establecidos por el Consejo de Administración; b) Proponer los proyectos de programas y de presupuesto que hayan de ser sometidos a aprobación del Consejo de Administración; c) Preparar el Orden del Día provisional de las reuniones del Consejo de Administración y someter a su consideración todas las proposiciones que considere útiles, relativas a la administración del Centro; d) Preparar los informes de las actividades del Centro para la aprobación del Consejo de Administración, y e) Representar al Centro en los tribunales y en toda acción civil. ARTÍCULO 10. DISPOSICIONES FINANCIERAS. 1. El Centro financiará sus propios gastos de administración. 2. El Centro recibirá recursos procedentes de los Estados Miembros de la Unesco, de Organizaciones Intergubernamentales o No Gubernamentales tanto nacionales como internacionales y de las remuneraciones por los servicios que el Centro preste. 3. Asimismo, el Centro podrá recibir donaciones y legados, previa aprobación del Consejo de Administración, las cuales no podrán comprometer su misión social ni sus objetivos. ARTÍCULO 11. CONTRIBUCIÓN DEL GOBIERNO. El Gobierno tomará, de conformidad con las leyes y normativas de Colombia, cuantas medidas sean necesarias para que el Centro reciba suficientes recursos financieros para su funcionamiento. Podrá igualmente adscribir de manera temporal a funcionarios del Gobierno para apoyar al Centro. ARTÍCULO 12. CONTRIBUCIÓN DE LA UNESCO. 1. La Unesco aportará ayuda en forma de asistencia técnica y/o contribución financiera a proyectos y actividades concretas de conformidad con los fines y objetivos estratégicos de la Organización, aunque no presta apoyo económico con fines administrativos o institucionales. 2. La Unesco se compromete a: a) Prestar apoyo técnico a la creación y el funcionamiento del Centro, entre otras cosas, apoyando la formulación de sus programas a corto, mediano y largo plazo; b) Prestar asistencia técnica a través de sus expertos en los ámbitos de especialidad del Centro; c) Adscribir temporalmente a miembros de su personal. Esta adscripción excepcional solo será autorizada por el Director General cuando lo justifique la ejecución de una actividad o un proyecto conjunto con el Centro en un ámbito prioritario que haya sido objeto de aprobación por los órganos rectores de la Organización; d) Promover y facilitar la capacitación de los funcionarios y miembros del personal del Centro; e) Subcontratar al Centro, según las normas al respecto que aplica el Consejo Intergubernamental del PHI, la ejecución de actividades propias de su objeto y prestarle apoyo dentro de cada programa y presupuesto ordinario, en particular para acompañarlo en sus inicios; f) Facilitar al Centro las publicaciones del PHI y otros materiales de interés y dar a conocer las actividades del Centro en el sitio web del PHI y por otros medios que tenga a su disposición; g) Participar, cuando convenga, en las reuniones científicas, técnicas o de formación que organice el Centro; h) Promover ante las entidades financieras gubernamentales y no gubernamentales de carácter internacional, así como ante sus Estados Miembros, la asistencia técnica y financiera a los proyectos y actividades formulados por el Centro en sus programas anuales y cuatrienales, y i) Asociar al Centro a los distintos programas que lleva a cabo y en los que estime necesaria la participación del Centro. 3. En todos los casos enumerados precedentemente, la contribución se consignará en el programa y presupuesto de la Unesco. ARTÍCULO 13. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES. Los privilegios e inmunidades se darían cuando las circunstancias lo ameriten en el marco del Acuerdo Básico revisado entre Colombia, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la Organización Internacional del Trabajo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la Organización de Aviación Civil Internacional y la Organización Mundial de la Salud, firmado el 7 de diciembre de 1954. ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDAD. Habida cuenta de que el Centro tiene personalidad jurídica propia, la Unesco no tiene para con él responsabilidad jurídica ni obligación alguna, ya sea administrativa, financiera o de otra índole, salvo las expresamente previstas en el presente Acuerdo. ARTÍCULO 15. EVALUACIÓN. 1. La Unesco podrá, en cualquier momento y previa notificación al Centro, realizar una evaluación de sus actividades para comprobar: a) Si el Centro contribuye de manera apreciable al logro de los objetivos estratégicos de la Unesco; b) Si las actividades efectivamente realizadas por el Centro son conformes a las enunciadas en el presente Acuerdo. 2. La Unesco se compromete a presentar al Gobierno, en cuanto sea posible, un informe sobre toda evaluación efectuada. 3. Cada una de las partes contratantes se reservará la facultad de denunciar el presente Acuerdo o solicitar una revisión de su contenido, habida cuenta de los resultados de una evaluación. ARTÍCULO 16. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE Y EL LOGOTIPO DE LA UNESCO. 1. El Centro podrá mencionar su relación con la Unesco. Por consiguiente, podrá consignar bajo su nombre la mención “bajo los auspicios de la Unesco”. 2. El Centro estará autorizado a utilizar el logotipo de la Unesco o una versión del mismo, en el membrete de su correspondencia y documentos de conformidad con las condiciones establecidas por los órganos rectores de la Unesco. ARTÍCULO 17. ENTRADA EN VIGOR. El presente Acuerdo entrará en vigor una vez la Unesco haya recibido de las autoridades colombianas una copia de los textos legales que establece el Centro y la Unesco haya notificado por escrito que el establecimiento del Centro está en conformidad con los términos del presente Acuerdo. ARTÍCULO 18. VIGENCIA. El presente Acuerdo tendrá una duración de seis años, contados a partir de su entrada en vigor y podrá ser renovado por un Acuerdo tácito por un período similar de seis años, a menos que cualquiera de las dos partes haya dado aviso a la otra por escrito, con seis meses de anticipación a la terminación del Acuerdo, de su decisión de denunciar el Acuerdo. ARTÍCULO 19. DENUNCIA. 1. Cada una de las partes tendrá derecho a denunciar unilateralmente el presente Acuerdo, previa notificación escrita a la otra parte. 2. La denuncia será efectiva noventa días después de que una de las partes contratantes reciba la notificación remitida por la otra parte. ARTÍCULO 20. REVISIÓN Y SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 1. El presente Convenio podrá ser revisado si el Gobierno y la Unesco convienen en ello. 2. Toda controversia que surja entre las partes concerniente a la interpretación o aplicación de este Acuerdo, deberá ser resuelta mediante negociaciones directas entre las partes. 3. Las obligaciones asumidas por la Unesco y el Gobierno en virtud del presente Acuerdo, deberán ser respetadas después de concluido el período de validez, en la medida en que lo requieran los compromisos contraídos respecto de la retirada de personal, los fondos y los bienes de la Unesco y la liquidación de las cuentas entre las partes. EN FE DE LO CUAL, los representantes que lo suscriben, debidamente autorizados para hacerlo, firman dos ejemplares originales del presente Acuerdo en inglés y en español, ambos textos siendo igualmente auténticos. París, 28 de septiembre de 2007. Por el Gobierno de Colombia, Luis Guillermo Ángel Correa, Embajador y Delegado Permanente de Colombia ante la Unesco. Por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Koïchiro Matsuura, Director General. RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Bogotá, D. C., 2 de noviembre de 2007 Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Fernando Araújo Perdomo. DECRETA: Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la Unesco”, firmado en París el 28 de septiembre de 2007. Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la Unesco”, firmado en París el 28 de septiembre de 2007, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. Dada en Bogotá, D. C., a 2 de noviembre de 2007. Presentada al honorable Congreso de la República por el Ministro de Relaciones Exteriores y el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. El Ministro de Relaciones Exteriores, Jaime Bermúdez Merizalde. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Juan Lozano Ramírez. RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Bogotá, D. C., 2 de noviembre de 2007 Autorizado. Sométase a consideración del honorable Congreso de la República para los efectos constitucionales. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de Relaciones Exteriores, (Fdo.) Fernando Araújo Perdomo. DECRETA: Artículo 1o. Apruébase el “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la Unesco”, firmado en París el 28 de septiembre de 2007. Artículo 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7ª de 1944, el “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la Unesco”, firmado en París el 28 de septiembre de 2007, que por el artículo 1o de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. Artículo 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. El Presidente del honorable Senado de la República, HERNÁN FRANCISCO ANDRADE SERRANO. El Secretario General del honorable Senado de la República, EMILIO OTERO DAJUD. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, GERMÁN VARÓN COTRINO. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, JESÚS ALFONSO RODRÍGUEZ CAMARGO. REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Comuníquese y cúmplase. Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política. Dada en Bogotá, D. C., a 31 de julio de 2009. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de Relaciones Exteriores, JAIME BERMÚDEZ MERIZALDE. El Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, CARLOS COSTA POSADA.” III. INTERVENCIONES 1. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Gladys Lucía Daza Monroy, en su condición de apoderada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, presentó escrito solicitando la constitucionalidad de la Ley 1347 del 31 de julio de 2009. En primer lugar, describió los antecedentes para el establecimiento del Centro Regional del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe en Cali, su finalidad, categoría y desarrollo histórico. Luego, señaló la obligación de Colombia, de acuerdo con el artículo de 2º del Acuerdo, de adoptar cuantas medidas sean necesarias, de conformidad con la legislación, para establecer el mencionado centro. En segundo lugar, señaló que el Estado estaba debidamente representado por el Embajador Permanente de Colombia ante la UNESCO, Dr. Luis Guillermo Ángel Cabrera, para suscribir el Acuerdo. Asimismo, afirmó sin realizar un recorrido por las especificidades de su trámite legislativo, que se respetaron las condiciones de iniciativa, discusión y votación del proyecto tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Explicó el contenido del Acuerdo y precisó que es: “(…) una oportunidad notable para que el país coordine procesos y proyectos que refuercen la investigación sobre cuestiones hídricas en zonas urbanas en todo el subcontinente: contar con una mayor información técnica para la toma de decisiones y fijación de políticas; que entablen procesos de cooperación horizontal, vertical y regional; que establezcan vías para el intercambio de conocimiento; elaboración y aplicación de reglamentaciones e instrumentos económicos; y que fortalezca el dialogo intrarregional para la solución de conflictos regionales generados por el uso del agua”. Específicamente, advierte que la creación del Centro Regional del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe contará con el respaldo del Ministerio que representa, así como con el apoyo del Instituto de Investigación y Desarrollo en abastecimiento de Agua, Saneamiento Ambiental y Conservación del Recurso Hídrico de la Universidad del Valle CINA y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. Igualmente, afirmó que: “(…) el tema hídrico para los centros urbanos, es una circunstancia que debe ser objeto de intervención para la protección de fuentes de abastecimiento, manejo de aguas residuales y su descontaminación, el tema tarifario, las polémicas existentes con las empresas administradoras de acueducto y alcantarillado y la relación directa existente entre pobreza y acceso al agua, ponen de presente la necesidad de aportar en mayor medida desde la comunidad internacional y en este caso, con apoyo de la UNESCO, la ciencia y la investigación para tomar las decisiones de fondo en inversión y manejo de los recursos que aporten a la defensa de los intereses nacionales y latinoamericanos en materia de gestión de aguas.” Adicionalmente, sobre el contenido material del Acuerdo manifestó que sus normas se enmarcan dentro de los mandatos constitucionales de la protección del medio ambiente (Arts. 79 y 80 de la C.P.), así como el deber de planificar el manejo de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Asimismo, proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 2. Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario El Decano de la Facultad de Jurisprudencia del Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario, remitió el concepto elaborado por el profesor de esta institución educativa, Juan Ramón Martínez Vargas, en el que se solicitó la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1347 de 2009. En dicho texto, luego de presentarse un recuento de los antecedentes del Centro Regional del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, así como del contenido material del Acuerdo, se enfatiza en la creciente preocupación del Estado por la conservación de un medio ambiente sano y la gestión de los recursos naturales. Además, plantea que el Centro creado por el Acuerdo: “(…) concreta lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales[1], al señalar que el derecho al agua: i) debe ser adecuado a la dignidad, la vida y la salud humana, ii) el agua debe tratarse como un bien social y cultural y no como un bien económico, iii) El ejercicio del derecho al agua debe ser de tal forma que sea sostenible tanto para las generaciones actuales como para las futuras.” IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. El Procurador General de la Nación, en ejercicio de las competencias previstas en los artículos 242-2 y 278 de la Constitución Política, presentó concepto dentro del trámite de la referencia, en el que solicitó a la Corte declarar inexequible el “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”, y su ley aprobatoria o declarar la exequibilidad si la Corte Constitucional logra establecer que no hubo ruptura en la cadena de anuncios por parte de la Comisión Segunda del Senado de la República. En cuanto al procedimiento legislativo, y luego de hacer un análisis detallado de cada una de las etapas del trámite, el Ministerio Público concluyó que no se cumplió con la exigencia constitucional del artículo 160 de la Constitución Política. Así, en su concepto, el “(…) el proyecto fue anunciado para ser discutido y aprobado por la Comisión Segunda del Senado de la República el 1 y 8 de octubre de 2009, pero se realizó el 07 y 14 de los mismo y el 21 de octubre de esa anualidad anuncian el proyecto para ser debatido el 29 de los mismos, omitiendo el 28 de octubre fecha en la (sic) se anunció el citado proyecto.” Al respecto, precisa que este vicio en la cadena de anuncios es insubsanable, toda vez que aconteció en el primer debate que debía surtirse en la Comisión Segunda del Senado, es decir, en la cámara de origen cuando aún no había expresado válidamente su voluntad. Frente al análisis material del instrumento internacional, el Procurador General de la Nación advierte que la creación del centro de recursos hídricos en Cali es “(…) una respuesta a las necesidades de América Latina y el Caribe para la protección de los recursos hídricos relacionados con los asentamientos nucleados sin dejar a un lado el bienestar de la población, haciendo hincapié en la más vulnerable.”. Luego realiza una descripción del articulado del Acuerdo para concluir que su contenido se armoniza con los artículos 9, 226 y 227 de la Constitución Política, así como con la promoción de derechos ambientales, la conservación de áreas ecológicas y el fomento de la educación conforme a lo previsto en los artículos 79 y 80 de la Carta. V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE CONSTITUCIONAL Y FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN 1. Naturaleza del control de constitucionalidad de las leyes aprobatorias de tratados. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 241-10 de la Constitución Política de Colombia, la Corte Constitucional es competente para revisar este instrumento internacional y su ley aprobatoria. El control de constitucionalidad que realiza esta Corporación es completo, automático, y versa tanto sobre el contenido material del Acuerdo bajo estudio y de su ley aprobatoria, como sobre la concordancia entre su trámite legislativo y las normas constitucionales. En relación con el aspecto formal corresponde a la Corte examinar dos aspectos: de una parte, la validez de la representación del Estado colombiano durante el proceso de negociación, celebración y suscripción del tratado, y de otra, la observancia de las reglas del trámite legislativo que precedieron a la aprobación de la ley objeto de análisis. Al respecto, esta Corporación tiene en cuenta que la Constitución Política no dispone de un procedimiento legislativo especial para la expedición de una ley aprobatoria de un tratado internacional. Por este motivo, este tipo de instrumentos debe seguir, en términos generales, el mismo trámite que una ley ordinaria. Desde esta perspectiva se requiere, en razón del trámite ordinario: (i) la publicación oficial del proyecto de ley; (ii) el inicio del procedimiento legislativo en la comisión constitucional correspondiente del Senado de la República (Art. 154 C.P); (iii) la aprobación reglamentaria en los debates de las comisiones y plenarias de cada una de las cámaras (Art. 157 C.P.); (iv) que entre el primer y segundo debate medie un lapso no inferior a ocho días y que entre la aprobación del proyecto en una de las cámaras y la iniciación del debate en la otra, transcurran por lo menos quince días (Art. 160 C.P.); (v) la comprobación del anuncio previo a la votación en cada uno de los debates; y (vi) la sanción presidencial y la remisión del texto a la Corte Constitucional dentro de los seis días siguientes (Art. 241-10 C.P). Sin embargo, lo anterior no obsta para que se cumplan las siguientes previsiones constitucionales (i) iniciación del debate en el Senado de la República, por tratarse de asuntos relativos a relaciones internacionales (Art. 154 C.P.); y (ii) remisión de la ley aprobada a la Corte Constitucional, por parte del Gobierno, para efectos de su revisión definitiva (Art. 241-10 C.P.). Por último, frente los aspectos de fondo, la labor de la Corte consiste en confrontar las disposiciones del instrumento internacional sujeto a análisis y las de su ley aprobatoria con los preceptos constitucionales, a fin de determinar si se ajustan o no a la Carta Política. De acuerdo con este marco de análisis, la Sala asume a continuación el estudio del tratado. 2. La revisión del aspecto formal. 2.1. Representación del Estado. El Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante comunicación del catorce (14) de septiembre de dos mil nueve (2009)[2], firmada por la Coordinadora del Grupo Interno de Tratados, informó a esta Corporación que “(…)el 16 de julio de 2007 fueron conferidos los plenos poderes al Embajador Alterno en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO-, Luis Guillermo Ángel Correa, para que en nombre del Gobierno Nacional suscribiera el Instrumento Internacional de la referencia”. Al revisar el documento que anexa el Ministerio de Relaciones Exteriores[3] para acreditar el otorgamiento de plenos poderes en este caso, encuentra esta Corporación que se reunieron las formalidades requeridas para el ejercicio de la representación del Estado para la suscripción del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO” Precisamente, el siguiente es el tenor literal del documento mediante el cual se confirieron dichos poderes: “ÁLVARO URIBE VELEZ PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, A TODOS LOS QUE LAS PRESENTES VIEREN, SALUD, POR CUANTO se ha de proceder a la suscripción del “Acuerdo entre el Gobierno de LA REPÚBLICA DE Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura –UNESCO- relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO” he determinado conferir, como por las presentes confiero, PLENOS PODERES a LUIS GUILLERMO ÁNGEL CORREA, Embajador Alterno en la Misión Permanente de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, con sede en Paris, Francia, para que en nombre del Gobierno Nacional proceda a la suscripción del referido Instrumento. DADAS y firmadas de mi mano, selladas con el Sello de la República y refrendadas por el Ministro de Relaciones Exteriores, en la ciudad de Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de Julio del año dos mil siete (2007).” RÚBRICA EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, RÚBRICA FERNANDO ARAÚJO PERDOMO”. 2.2. Examen del trámite de la Ley 1347 de 2009 ante el Congreso de la República. Con fundamento en los antecedentes legislativos, las actas publicadas en las Gacetas del Congreso de la República y las certificaciones remitidas a la Corte Constitucional por el Senado de la República y la Cámara de Representantes, esta Corporación estableció que el proyecto de ley radicado bajo los números 101 de 2008 Senado y 307 de 2009 Cámara, que finalizó con la expedición de la Ley 1347 de 2009 “por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”, surtió el siguiente trámite: 2.2.1. Trámite en el Senado de la República. 2.2.1.1. El proyecto de ley correspondiente a la aprobación del “Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) relativo al establecimiento del Centro Regional sobre la Gestión del Agua en las Zonas Urbanas para América Latina y el Caribe, bajo los auspicios de la UNESCO”, fue presentado al Congreso de la República el 6 de agosto de 2008, por el Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Jaime Bermúdez Merizalde, y el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Dr. Juan Lozano Ramírez[4]. El texto del proyecto de ley y la respectiva exposición de motivos fueron publicados en la Gaceta del Congreso N° 524 del 12 de agosto de 2008[5]. 2.2.1.2. La ponencia para primer debate en la Comisión Segunda del Senado de la República fue presentada por la senadora Cecilia López Montaño y fue publicada en la Gaceta del Congreso N° 626 del 11 de septiembre de 2008[6]. 2.2.1.3. El proyecto de ley 101 de 2008 fue anunciado por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado, el 16 de septiembre de 2008, según consta en el Acta N° 10 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 289 del 7 de mayo de 2009, en los siguientes términos: “Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del acto legislativo número 01 de 2003). 3. Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura (Unesco) relativo al establecimiento del centro regional sobre la gestión del agua en las zonas urbanas para América Latina y El Caribe, bajo los auspicios de la Unesco, firmado en París el 28 de septiembre de 2007[7]. (…) El señor Presidente, Senador Manuel Ramiro Velásquez Arroyave, informa: Muchas gracias señor Secretario General, no habiendo más que tratar, declaramos terminada la sesión y se convoca para el día de mañana, miércoles 17 de septiembre a las 10 de la mañana, para los proyectos ya anunciados, muchas gracias.[8]” En sesión celebrada por la Comisión Segunda del Senado, el 17 de septiembre de 2008, conforme con el Acta N° 11 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 331 del 19 de mayo de 2009, se advirtió: “El señor Presidente, Manuel Ramiro Velásquez, informa: (…) Estamos discutiendo el Proyecto de ley 101 del 2008, que tiene que ver con la Unesco, cuya coordinadora de ponentes es la honorable Senadora Cecilia López, recomendaría que aplacemos la aprobación de este proyecto, si bien la Senadora presentó ponencia afirmativa, lo aplazamos porque estamos definiendo claramente que todos los proyectos presentados por el Gobierno Nacional, los tiene que venir a sustentar y respaldar él mismo.[9] (…) El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: Solicito que nos confirmen la asistencia si de verdad están confirmados, incluido al Ministro de Defensa que acaba de anunciar, queremos que para ese día se incluya en el Orden del Día, el Proyecto de Ley aplazado en el día de hoy, sobre el Convenio con la Unesco, para que los señores funcionarios mencionados, tengan la bondad de estar presentes para el día miércoles. El Secretario: Informa, en tal evento quedó anunciado conforme sus instrucciones el Proyecto de ley 101 de 2008 para el día miércoles de la próxima semana fecha fija. El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez: Informa, no siendo más se levanta la sesión y se convoca para el martes a las 10:00 a.m.[10]” El 23 de septiembre de 2008, según consta en el Acta N° 12 de 2008, de la Comisión Segunda del Senado, publicada en la Gaceta del Congreso N° 331 del 19 de mayo de 2009, el Secretario señaló: “El señor Secretario: Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003) 1. Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas, p ara la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) relativo al establecimiento del centro regional sobre la gestión del agua, en las zonas urbanas para América Latina y El Caribe, bajo los auspicios de la Unesco, firmado en París el 28 de septiembre de 2007[11]. (…) El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave informa: (…) y convocados para mañana a las 10 de la mañana, con la agenda ya propuesta, muchas gracias[12]. El 24 de septiembre de 2008, el proyecto de ley 101 de 2008 Senado fue nuevamente anunciado, según consta en el Acta N° 13 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 332 del 19 de mayo de 2009, así: “El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: Recuerda a los Senadores que para el martes 30 de septiembre hay un desayuno de trabajo en el Ministerio de Cultura, gracias a la señora Ministra. Continuamos con el Orden del Día, un saludo a los altos funcionarios del Estado, señor Viceministro de Defensa, Comandante de las Fuerzas Militares, señor Comandante de la Policía Nacional, el Ejército Nacional, Fuerza Aérea, Armada, los demás altos oficiales aquí presentes. Se aplaza el debate de la Unesco para no interrumpir al Ministro del Medio Ambiente que está en otra Comisión[13] (…) El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: Agradece a los señores altos funcionarios del Estado presentes. Convocamos para el próximo martes a las 10:00 a. m. El señor Secretario: Informa a la Presidencia que hay que anunciar los proyectos de ley que se encontraban en el Orden del Día de hoy y no fueron discutidos, se trata de los siguientes: 1. Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado, por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) relativo al establecimiento del centro regional sobre la gestión del agua, en las zonas urbanas para América Latina y El Caribe, bajo los auspicios de la Unesco, firmado en París el 28 de septiembre de 2007.[14]” En la sesión conjunta de las Comisiones Segunda del Senado y de la Cámara de Representantes, como consta en el Acta N° 01 del 30 de septiembre de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso N° 330 del 19 de mayo de 2009, se evidencia lo siguiente: “El señor Presidente de la Comisión Segunda del Senado Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: Muchas gracias, existiendo quórum deliberatorio por ahora en la Comisión Segunda del Senado y quórum decisorio en la Comisión Segunda de la Cámara, nos permitimos dar lectura, no solo al Orden del Día, sino en la Comisión Segunda del Senado, previendo que más tarde de pronto no vamos a avanzar con el debate que tenía previsto el Senador Juan Manuel Galán, queremos anunciar proyectos para el día de mañana. Entonces les pido el favor que nos escuchen un momento para que quede reglamentariamente anunciados los proyectos, solo con el número del proyecto.[15] (…) En cuanto al anuncio de proyectos, siguiendo sus instrucciones señor Presidente, me permito informar que en el Orden del Día que se encuentra en los escritorios de los honorables Senadores y Representantes, se encuentra la información completa en cuanto a números, título, publicaciones, ponentes, autor y publicaciones de ponencias de los proyectos de ley. Se trata de los Proyectos de ley números 101 de 2008 Senado[16]; (…) El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: (…) El señor Secretario, doctor Felipe Ortiz Marulanda, informa al señor Presidente, están hechos los anuncios de los proyectos de ley, en forma reglamentaria, para la próxima sesión de la Comisión Segunda del Senado[17] (…) El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez, informa: (…) Muchas gracias a todos, levantamos la sesión y se convoca a la Comisión Segunda del Senado para mañana a las 10:00 a. m.[18]” El 7 de octubre de 2008, se llevó a cabo la siguiente sesión de la Comisión Segunda del Senado de la República, según Acta N° 14 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 333 del 19 de mayo de 2009, en la que consta el aplazamiento del proyecto de ley por la ausencia del Ministro de Ambiente, así: “El señor Presidente: Pregunta si el Ministro del Medio Ambiente que estaba citado, confirmó para mañana en principio. El señor Secretario: Informa que sí confirmó para mañana el señor Ministro del Medio Ambiente. Pregunta el Presidente a los Senadores, si se aplaza la discusión de este proyecto para mañana. En consecuencia pregunto si se aplaza la discusión. El Secretario: Informa a la Presidencia que ha sido aplazada la discusión del Proyecto de ley 101 de 2008 Senado. [19] (…) El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez: (…) Por favor Secretario anunciar los proyectos para la próxima sesión y luego las proposiciones: El Secretario Felipe Ortiz, da lectura al anuncio de los proyectos para la próxima sesión: (…) 4. Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado[20] (…) El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: Da por terminada la sesión, convoca para mañana a las 10 de la mañana.[21]” De acuerdo con el Acta N° 15, la siguiente sesión de la Comisión Segunda del Senado se celebró el 14 de octubre de 2008, conforme lo publicado en la Gaceta del Congreso N° 334 del 19 de mayo de 2009, en la que de nuevo se aplazó el estudio del proyecto de ley 101 de 2008 Senado 2008: “El señor Secretario: Procede con la lectura del anuncio de discusión y votación de proyectos de ley. Por instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003). (…) - Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado[22] (…) La señora Presidenta encargada, Senadora Cecilia López Montaño: (…) Levantamos la sesión y convocamos para mañana a las 10:00 a. m.[23]” El 15 de octubre de 2008, según Acta N° 16 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 448 del 8 de junio de 2009, el anuncio del proyecto, en la Comisión Segunda del Senado, se realizó de la siguiente forma: “El señor Secretario informa a la Presidencia: Los proyectos del día de hoy deben volverse a anunciar para la próxima sesión. Siguiendo instrucciones del Presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República. Anuncio de discusión y votación de proyectos de ley, para la próxima sesión, de acuerdo al artículo 8º del Acto Legislativo número 01 de 2003, se anuncian además de los ya anunciado anteriormente. (…) - Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado, (…) Han sido anunciados los proyectos de ley para su discusión y Votación en la próxima sesión, señor Presidente. El señor Vicepresidente, Senador Jairo Clopatofsky Ghisays, informa que se levanta la sesión y se cita para el próximo martes 21 de octubre a las 9 de la mañana, muchas gracias a todos.[24]” En la sesión de 21 de octubre de 2008, según lo acredita el Acta N° 17 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso N° 452 del 8 de junio de 2009, el anuncio se efectuó en los siguientes términos: “El señor Vicepresidente, Senador Jairo Clopatofsky, pregunta: ¿Lo que ustedes quieren es que aplacemos estos proyectos, para que le dediquemos una sola sesión? Entonces señor Secretario, el próximo martes tenemos audiencia pública sobre el Proyecto de ley de Aduanas; vamos a dedicarle el próximo miércoles solamente la sesión para la aprobación de proyectos. En ese orden de ideas, leamos todos los proyectos para la próxima sesión. El señor Secretario da lectura a los proyectos: por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República. Anuncio de discusión de proyectos de ley para la sesión del próximo miércoles 29 de octubre, fecha cierta: - Proyecto de Ley número 101 de 2008 Senado,[25] (…) Han sido anunciados los proyectos de Ley para su discusión y votación la sesión del próximo miércoles 29 de octubre. Se cita a sesión informal para el día de mañana en el auditorio de la Policía Nacional a las 9:00 a. m. y para la aprobación de proyectos el siguiente miércoles y la audiencia pública para el próximo martes. [26]” De acuerdo con la certificación suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República[27], el Proyecto de Ley fue anunciado, la última vez, para su discusión y aprobación en primer debate en la sesión del 28 de octubre de 2008, según consta en el Acta N° 18 de la misma fecha, publicada en la Gaceta del Congreso No 453 del 8 de junio de 2009[28]. Al revisar este documento puede verificarse el anunció, así: “El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: Gracias señor Secretario, anuncio de proyectos para la próxima sesión. El señor Secretario responde: Sí, señor Presidente, por instrucciones del presidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, anuncio de discusión y votación de Proyectos de ley para la próxima sesión. (Artículo 8° del Acto Legislativo número 01 de 2003). - Proyecto de ley número 101 de 2008 Senado, (…) Estos Proyectos de Ley señor Presidente, se encontraban ya Anunciados en la Sesión anterior, con fecha cierta para el día de Mañana y se anuncian para la próxima Sesión. (…) Están anunciados los proyectos de ley para la próxima sesión señor Presidente. El señor Presidente Manuel Ramiro Velásquez Arroyave: Gracias señor Secretario” 2.2.1.4. De acuerdo con la citada certificación suscrita por el Secretario de la Comisión Segunda del Senado de la República[29], el proyecto de ley fue aprobado en primer debate el 29 de octubre de 2008. Según consta en el Acta N° 19 de 2008, publicada en la Gaceta del Congreso N° 454 de 2008[30], con...