Sentencia C-291 de 2008

C-291-08 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-291/08 CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE CHILE CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE TRATADO INTERNACIONAL Y LEY APROBATORIA-Características Este control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE CHILE-Objetivo El convenio busca facilitar a los nacionales de los dos Estados signatarios, y en general a las personas que residan y/o laboren en sus respectivos territorios, la posibilidad de acceder a algunos de los servicios y prestaciones económicas propios de la seguridad social integral, acumulando para tal efecto las cotizaciones realizadas durante los empleos que hayan tenido en el territorio de uno cualquiera de tales Estados o de ambos. REQUISITO DE ANUNCIO PREVIO DE VOTACION EN TRAMITE LEGISLATIVO DE LEY APROBATORIA DE TRATADO INTERNACIONAL-Validez por cuanto si bien se citó para dos días de sesiones, el anuncio tuvo las características de precisión y univocidad requeridas para la validez de la votación que se efectúe CONCILIACION ANTE LAS COMISIONES DESIGNADAS POR EL SENADO DE LA REPUBLICA Y LA CAMARA DE REPRESENTANTES-Procedencia cuando las discrepancias no se refieren al texto del tratado Concluido el trámite legislativo de este proyecto, y antes de su envío al Presidente de la República para su correspondiente sanción, se observaron discrepancias mínimas de forma entre los textos finales aprobados por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes. Las discrepancias observadas no se referían al texto del tratado aprobado, que naturalmente era idéntico en ambas versiones, sino al de la ley aprobatoria y consistían en el artículo 1° del texto aprobado en el Senado comenzaba ordenando “Apruébase el convenio…”, mientras la versión de la Cámara rezaba “Apruébese el convenio…”. De otra parte, mientras la primera de estas versiones en sus artículos 1° y 2° decía que el susodicho convenio había sido “suscrito en Santiago”, la segunda dijo “suscrito en Santiago de Chile”. El texto conciliado fue publicado por cada una de las cámaras, y la versión final, sancionada, recogió las expresiones usadas en el texto aprobado en el Senado, esto es “Apruébase” y “suscrito en Santiago”. Referencia: expediente LAT-308 Revisión constitucional de la Ley 1139 de junio 25 de 2007, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”. Magistrado Ponente: Dr. NILSON PINILLA PINILLA Bogotá, D.C., dos (2) de abril de dos mil ocho (2008). La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente SENTENCIA I. ANTECEDENTES El día 4 de julio de 2007 el Secretario Jurídico de la Presidencia de la República remitió a esta corporación, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 241 de la Constitución, copia auténtica de la Ley 1139 de junio 25 de 2007, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”. Mediante providencia de julio 30 de 2007, el Magistrado sustanciador avocó el conocimiento del presente asunto y solicitó oficiar a los Secretarios Generales del Senado de la República y de la Cámara de Representantes para que enviaran los antecedentes legislativos correspondientes, documentos que se reunieron, finalmente, el 11 de septiembre de 2007. Cumplido lo anterior, mediante auto de septiembre 14 de 2007 se dispuso comunicar el inicio del proceso de control constitucional al Presidente de la República, a la Presidente del Congreso y a los Ministros de Relaciones Exteriores y de la Protección Social para los efectos legales pertinentes. En la misma providencia se dispuso que por la Secretaría General se procediera a la fijación en lista del proceso y se surtiera el traslado al señor Procurador General de la Nación, para el concepto correspondiente. Cumplidos los trámites previstos en el Decreto 2067 de 1991, procede esta Corte a decidir sobre la exequibilidad del Convenio y de la ley que lo aprueba. II. TEXTO DE LA NORMA REVISADA El texto del “Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile” suscrito en Santiago a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2003 y de la ley aprobatoria objeto de revisión, es el siguiente, según la publicación efectuada en el Diario Oficial No. 46.670, del junio 25 de 2007: “LEY 1139 DE 2007 (junio 25) Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República de Chile’, suscrito en Santiago, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003). EL CONGRESO DE COLOMBIA Visto el texto del “Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República de Chile”, suscrito en Santiago, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003), que a la letra dice: (Para ser trascrito: Se adjunta fotocopia del texto íntegro del Instrumento Internacional mencionado). CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE LA REPUBLICA DE COLOMBIA Y LA REPUBLICA DE CHILE La República de Colombia y la República de Chile animados por el deseo de regular sus relaciones en el área de la Seguridad Social, han convenido lo siguiente: TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES. ARTÍCULO 1o. DEFINICIONES. 1. Las expresiones y términos que se indican a continuación tienen, para efectos de la aplicación del presente Convenio, el siguiente significado: a) “Legislación”, las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones relativas al Régimen de Seguridad Social, que se indican en el artículo 2° vigentes en el territorio de cada uno de los Estados Contratantes y aquellas vigentes a la fecha de causación del derecho, para los efectos de lo señalado en el artículo 30, con las excepciones previstas en el presente Convenio; b) “Autoridad Competente”, respecto de Chile, el Ministro del Trabajo y Previsión Social, y respecto de Colombia, el Ministerio de la Protección Social; c) “Institución Competente”, designa la Institución u Organismo responsable, en cada caso, de la aplicación de la legislación a que alude el artículo 2° de este Convenio; d) “Pensión”, toda prestación pecuniaria o asignación otorgada conforme a la legislación de cualquiera de los Estados Contratantes que incluya todos los suplementos o aumentos aplicables a las mismas; e) “Período de Seguro”, todo período reconocido o considerado como tal por la legislación bajo la cual se haya cumplido, válido para el otorgamiento de una pensión; f) “Organismo de Enlace”, Institución que en cada Estado Contratante será designada por la Autoridad Competente respectiva, para los efectos de coordinar la aplicación del presente Convenio entre las Instituciones Competentes, así como para informar al interesado de los derechos y obligaciones derivados del mismo; g) “Pensión presunta”. Para los efectos de lo dispuesto en los artículos 13, d) y 16 del presente Convenio, se entenderá por pensión presunta que deberá informar la Parte chilena, como aquella pensión probable que el beneficiario podría obtener en Chile, de acuerdo con la legislación chilena, al momento de pensionarse en Colombia. 2. Los demás términos o expresiones utilizadas en el Convenio, tienen el significado que les atribuye la legislación que se aplica. ARTÍCULO 2o. AMBITO DE APLICACIÓN MATERIAL 1. El presente Convenio se aplicará: A) Respecto de Chile, a la legislación sobre: a) El Sistema de Pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, basado en la capitalización individual; b) Los regímenes de pensiones de vejez, invalidez y sobrevivencia, administrados por el Instituto de Normalización Previsional, y c) Los regímenes de prestaciones de salud, solo para efectos de lo dispuesto en el artículo 21 del presente Convenio; B) Respecto de Colombia, a la legislación sobre: a) Las prestaciones económicas dispuestas en el Sistema General de Pensiones -Prima Media con Prestación Definida y de Ahorro Individual con Solidaridad-, en cuanto a vejez, invalidez y sobrevivientes, de origen común; b) Las prestaciones de salud, solo para efectos de lo dispuesto en el artículo 19 del presente Convenio. 2. El presente Convenio se aplicará igualmente a las disposiciones legales que en el futuro complementen o modifiquen las señaladas en el número precedente, siempre que la Autoridad Competente de uno de los Estados Contratantes no comunique objeción alguna dentro de los seis meses siguientes a la notificación a la que se refiere la letra d) del artículo 27 del presente Convenio. 3. La aplicación de las normas del presente Convenio excluirá las disposiciones contenidas en otros Convenios bilaterales o multilaterales celebrados por uno de los Estados Contratantes, en relación con la legislación que se indica en el número 1 de este artículo. ARTÍCULO 3o. AMBITO DE APLICACIÓN PERSONAL El presente Convenio se aplicará a las personas que estén o hayan estado sometidas a la legislación mencionada en el artículo 2° de uno o ambos Estados Contratantes y a sus beneficiarios: ARTÍCULO 4o. IGUALDAD DE TRATO. Las personas mencionadas en el artículo 3° que residan en el territorio de uno de los Estados Contratantes, tendrán las mismas obligaciones y derechos establecidos en la legislación de ese Estado Contratante para sus nacionales. ARTÍCULO 5o. EXPORTACIÓN DE PENSIONES. 1. Las pensiones que se paguen de acuerdo con la legislación de un Estado Contratante, no podrán estar sujetas a reducción, modificación, suspensión o retención por el hecho de que el titular de la pensión se encuentre o resida en el territorio del otro Estado. 2. Las pensiones que deban pagarse por uno de los Estados Contratantes a los nacionales del otro Estado, que residan en el territorio de un tercer Estado, se harán efectivas cumpliendo las mismas condiciones y con igual extensión que a los propios nacionales que residan en ese tercer Estado. TITULO II. DISPOSICIONES SOBRE LA LEGISLACION APLICABLE. ARTÍCULO 6o. REGLA GENERAL. Salvo lo dispuesto en el artículo 7° del presente Convenio, el trabajador estará sujeto a la legislación del Estado Contratante en cuyo territorio ejerza su actividad laboral. ARTÍCULO 7o. REGLAS ESPECIALES. 1. El trabajador dependiente que ejerce su actividad laboral en el territorio de uno de los Estados Contratantes, que sea enviado por su empleador al territorio del otro Estado para realizar trabajos de carácter temporal, quedará sometido a la legislación del primer Estado, siempre que la duración previsible del trabajo no exceda de dos años. Si por circunstancias imprevisibles, la duración del trabajo excediere de dos años, el trabajador continuará sometido a la legislación del primer Estado Contratante por un nuevo período de dos años, a condición de que la Autoridad Competente del segundo Estado dé su conformidad antes del vencimiento del primer período. 2. El funcionario público que sea enviado por uno de los Estados Contratantes al territorio del otro Estado Contratante, continuará sometido a la legislación del primer Estado sin límite de tiempo. 3. Los miembros del personal de las Misiones Diplomáticas y de las Oficinas Consulares se regirán por lo establecido en las Convenciones de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961 y sobre Relaciones Consulares, del 24 de abril de 1963, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 4 del presente artículo. 4. El personal administrativo y técnico y los miembros del personal de servicio de las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de cada uno de los Estados Contratantes, que sean nacionales del Estado acreditante, podrán optar entre la aplicación de la legislación del Estado acreditante o la del otro Estado. La opción se ejercerá dentro de los tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Convenio, o dentro de los tres meses siguientes a la fecha de iniciación del trabajo en el territorio del Estado en el que desarrollen su actividad. 5. El trabajador dependiente que ejerza su actividad a bordo de un buque estará sometido a la legislación del Estado cuyo pabellón enarbole el buque. 6. Los trabajadores empleados en trabajos de carga, descarga, reparación de buques, y en los servicios de vigilancia en el puerto, estarán sometidos a la legislación del Estado Contratante a cuyo territorio pertenezca el puerto. 7. El personal itinerante al servicio de empresas de transporte aéreo que desempeñen su actividad en el territorio de ambos Estados Contratantes, estará sujeto a la legislación del Estado en cuyo territorio tenga la empresa su sede principal. 8. A petición del trabajador o del empleador, las Autoridades Competentes de ambos Estados Contratantes podrán, de común acuerdo, en interés de determinados trabajadores o categorías de trabajadores, modificar las reglas especiales previstas en los números anteriores. TITULO III. PENSIONES DE INVALIDEZ, VEJEZ Y SOBREVIVENCIA. CAPITULO I. DISPOSICIONES COMUNES. ARTÍCULO 8o. TOTALIZACIÓN DE PERÍODOS. Cuando la legislación de uno de los Estados Contratantes subordine la adquisición, conservación o recuperación del derecho a las prestaciones previstas en la legislación que se menciona en el artículo 2° de este Convenio, al cumplimiento de determinados períodos de seguro, la Institución Competente tendrá en cuenta para tal efecto, cuando sea necesario, los períodos de seguro cumplidos con arreglo a la legislación del otro Estado Contratante, siempre que no se superpongan. ARTÍCULO 9o. DETERMINACIÓN DEL DERECHO. Con excepción de lo dispuesto en los artículos 18 y 20 numeral 1 del presente Convenio, el trabajador que haya estado sucesiva o alternativamente sometido a la legislación de uno y otro Estado Contratante, por un año o más, tendrá derecho a las pensiones reguladas en este Título en las condiciones siguientes: 1. Si se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de uno o ambos Estados Contratantes para adquirir el derecho a las pensiones, la Institución o las Instituciones Competentes aplicarán su propia legislación teniendo en cuenta únicamente los períodos de seguros cumplidos bajo dicha legislación. 2. Si no se cumplen los requisitos exigidos por la legislación de uno o ambos Estados Contratantes para adquirir el derecho a las pensiones, las Instituciones Competentes totalizarán con los propios, los períodos de seguros cumplidos bajo la legislación del otro Estado Contratante. Cuando efectuada la totalización de períodos de seguro se cumplan los requisitos para obtener el derecho a las pensiones, para el cálculo de su cuantía se aplicará la siguiente regla indicada en el párrafo siguiente. 3. Cada Institución Competente determinará con arreglo a su legislación y teniendo en cuenta la totalización de períodos, si el interesado cumple las condiciones requeridas para obtener la pensión. En caso afirmativo, determinará el importe de la misma a que el interesado tendría derecho, como si todos los períodos totalizados se hubieren cumplido bajo su propia legislación y fijará el mismo en proporción a los períodos cumplidos exclusivamente bajo dicha legislación. ARTÍCULO 10. CONDICIONES ESPECÍFICAS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO. 1. Si la legislación de un Estado Contratante subordina la concesión de las pensiones reguladas en este Título, a la condición de que el trabajador haya estado sujeto a su legislación en el momento de producirse el hecho causante de la prestación, esta condición se considerará cumplida si en dicho momento el trabajador está asegurado o percibe pensión del otro Estado. 2. Si la legislación de un Estado Contratante exige para obtener la pensión, que se hayan. cumplido períodos de seguro en un tiempo determinado inmediatamente anterior al hecho causante de la pensión, esta condición se considerará cumplida si el interesado los acredita en el período inmediatamente anterior a la concesión de la pensión, en la otra Parte. ARTÍCULO 11. ASIGNACIÓN POR MUERTE O AUXILIO FUNERARIO. En caso del fallecimiento de un pensionista de los dos Estados Contratantes que causara el derecho al auxilio o asignación en ambos, este será reconocido por la Institución competente del Estado en cuyo territorio residiera el pensionista en el momento del fallecimiento. Si el fallecimiento tiene lugar en el territorio de un tercer país, el reconocimiento del derecho y pago corresponderá a la Institución Competente del Estado contratante en cuyo territorio residió en último lugar. ARTÍCULO 12. DETERMINACIÓN DE LA INCAPACIDAD. 1. Para la determinación de la disminución de la capacidad del trabajador a efectos del otorgamiento de las correspondientes pensiones, la Institución Competente de cada uno de los Estados Contratantes efectuará su evaluación de acuerdo con su propia legislación a la que está sometida. Los reconocimientos médicos necesarios serán efectuados por la Institución del lugar de residencia a petición de la Institución Competente. 2. Para efectos de lo dispuesto en el número anterior, la Institución del Estado Contratante en que resida el interesado pondrá a disposición de la Institución Competente del otro Estado Contratante los informes y documentos médicos que obren en su poder. 3. En caso que la Institución Competente colombiana estime necesario que en Chile se realicen exámenes médicos que sean de su exclusivo interés, estos serán sufragados por la Institución Competente colombiana y serán financiados de acuerdo con la legislación interna. 4. En caso de que la Institución Competente chilena estime necesario la realización de exámenes médicos en la República de Colombia, que sean de su exclusivo interés, estos serán financiados de acuerdo a la ley interna. Cuando se trate de trabajadores afiliados al sistema de Capitalización Individual, la Institución Competente chilena efectuará el reembolso del costo total de estos exámenes, debiendo requerir del interesado el porcentaje a su cargo. No obstante, la Institución Competente chilena podrá deducir el costo que le corresponda asumir al interesado, de las pensiones devengadas, o del saldo de la cuenta de capitalización individual. 5. Cuando los nuevos exámenes se soliciten a propósito de una reclamación interpuesta al dictamen de invalidez emitido en Chile, el costo de tales exámenes será financiado en la forma señalada en el número anterior, salvo que la reclamación sea interpuesta por una Institución Competente chilena o por una Compañía de seguros, en cuyo caso tales gastos serán financiados por la reclamante. CAPITULO II. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN COLOMBIANA. ARTÍCULO 13. LIQUIDACIÓN DE LAS PENSIONES. Para la liquidación de las pensiones en Colombia en virtud del presente Convenio se aplicará el siguiente procedimiento: a) Se determinará la cuantía de la pensión a la cual el interesado hubiere tenido derecho, como si todos los períodos de seguro totalizados, hubieran sido cumplidos bajo su propia legislación (pensión teórica); b) El importe de la prestación que, en su caso, deba pagarse en virtud de lo dispuesto en el presente número, se establecerá por Colombia, aplicando a la pensión teórica, calculada según su legislación, la misma proporción existente entre el período de seguro cumplido en dicho Estado y la totalidad de los períodos de seguro cumplidos en ambas Partes (pensión prorrata); c) Unidad de Prestación. La Prestación que se otorgue en desarrollo del presente Convenio, equivaldrá a la proporción correspondiente a los tiempos cotizados en Colombia, considerando que el trabajador también podría obtener pensión por los años cotizados en Chile, conforme a la legislación chilena; d) Pensión Mínima. La garantía de Pensión Mínima opera cuando el trabajador haya cumplido los períodos cotizados exigidos, con la totalización correspondiente. Si la suma del monto de la pensión colombiana y de la pensión presunta chilena resulta inferior a un salario mínimo legal colombiano, el trabajador tendrá derecho a que Colombia le pague, la diferencia hasta enterar el monto de la pensión mínima en proporción al tiempo cotizado en Colombia. ARTÍCULO 14. BASE REGULADORA O INGRESO BASE DE LIQUIDACIÓN DE LAS PENSIONES. Para determinar el ingreso base de liquidación para el cálculo de las prestaciones que se reconozcan en aplicación de lo dispuesto en el artículo 9°, apartado 2 del presente Convenio, la Institución Competente tomará el promedio de los salarios o rentas sobre las cuales haya cotizado el afiliado en Colombia durante los diez años anteriores al reconocimiento o el promedio de todo el tiempo estimado si este fuere inferior. ARTÍCULO 15. REDUCCIÓN, SUSPENSIÓN O SUPRESIÓN DE LA PENSIÓN. Las cláusulas de reducción, de suspensión o de supresión previstas por la legislación colombiana en el caso de pensionistas que ejercieran una actividad laboral, les serán aplicables aunque ejerzan su actividad en el territorio de la otra Parte Contratante. ARTÍCULO 16. CUMPLIMIENTO DE LA EDAD REQUERIDA. En el evento en que la parte colombiana deba comenzar a pagar antes que Chile la prorrata correspondiente, de acuerdo a lo previsto en los artículos 9° y 13 del presente Convenio, para determinar el derecho a garantía de pensión mínima en Colombia, se considerará la suma resultante de la prorrata colombiana y el monto de la pensión presunta que le correspondería pagar a Chile, a la fecha del otorgamiento de la pensión colombiana. Para estos efectos, la Institución Competente chilena informará acerca del monto de esa pensión presunta, conforme a la legislación chilena que corresponda. ARTÍCULO 17. TIEMPOS TRABAJADOS O COTIZADOS EN DIFERENTES ENTIDADES. Cuando en Colombia, se solicite el reconocimiento de la prestación a efectos de tener en cuenta el tiempo trabajado o cotizado en diferentes entidades, será necesario que estas emitan a la Institución Competente el correspondiente bono o título pensional. ARTÍCULO 18. RÉGIMEN DE AHORRO INDIVIDUAL CON SOLIDARIDAD. 1. Los afiliados de una Administradora de Fondos de Pensiones financiarán sus pensiones en Colombia con el saldo acumulado en su cuenta de ahorro pensional, y la suma adicional a cargo de la aseguradora, si a ello hubiere lugar. Cuando este fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al salario mínimo legal vigente, habrá lugar a la totalización de períodos computables de acuerdo al artículo 9°, para acceder al beneficio de pensión mínima de invalidez, vejez o la de sobrevivientes. 2. Los trabajadores que se encuentren afiliados al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad en Colombia podrán cotizar voluntariamente en calidad de trabajadores independientes durante el tiempo que residan en Chile, sin perjuicio de la obligación que tienen de cotizar por el carácter de trabajadores dependientes en ese país. ARTÍCULO 19. SALUD PARA PENSIONADOS. Las personas que perciban pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia, conforme a la legislación chilena y que residan en Colombia, deberán incorporarse al régimen de prestación de salud de Colombia, en las mismas condiciones que los titulares de pensiones otorgadas de conformidad a la legislación Colombiana. CAPITULO III. APLICACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CHILENA. ARTÍCULO 20. DETERMINACIÓN Y CÁLCULO DE LAS PENSIONES. 1. Los afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, financiarán sus pensiones en Chile con el saldo acumulado en su cuenta de capitalización individual. Cuando este fuere insuficiente para financiar pensiones de un monto al menos igual al de la pensión mínima garantizada por el Estado, los afiliados tendrán derecho si fuere necesario, a la totalización de períodos computables de acuerdo al artículo 9° para acceder al beneficio de pensión mínima de vejez o invalidez. Igual derecho tendrán los beneficiarios de pensión de sobrevivencia. 2. Para los efectos de determinar el cumplimiento de los requisitos que exigen las disposiciones legales chilenas para pensionarse anticipadamente en el Sistema de Capitalización Individual, se considerarán como pensionados de los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, los afiliados que hayan obtenido pensión conforme a la legislación colombiana. 3. Los trabajadores que se encuentren afiliados al Sistema de Pensiones de Capitalización Individual en Chile, podrán efectuar voluntariamente en dicho Sistema cotizaciones previsionales en calidad de trabajadores independientes durante el tiempo que residan en Colombia, sin perjuicio de cumplir además, con la legislación de dicho país relativa a la obligación de cotizar. Los trabajadores que opten por hacer uso de este beneficio, quedarán exentos de la obligación de efectuar la cotización destinada al financiamiento de las prestaciones de salud en Chile. 4. Los afiliados a los regímenes previsionales administrados por el Instituto de Normalización Previsional, tendrán derecho a totalizar períodos de seguro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8°, para acceder a los beneficios establecidos en la legislación que se les aplique. 5. Cuando la suma de los períodos de seguro computables en ambos Estados Contratantes, exceda el período establecido por la legislación chilena para tener derecho a una pensión completa o a una pensión mínima, según corresponda, los años en exceso se desecharán para efectos del cálculo de la pensión. 6. En los casos contemplados en los números 1 y 4 precedentes, la Institución Competente determinará el derecho a la pensión chilena como si todos los períodos de seguro, hubieran sido cumplidos según su propia legislación y, para efectos de su pago, calculará la parte pagadera por ella como la proporción existente entre los períodos de seguro cumplidos exclusivamente bajo esa legislación y el total de años requeridos que corresponda conforme a la legislación chilena. 7. Tratándose de pensiones mínimas que sean de cargo del Instituto de Normalización Previsional, la determinación del derecho a las mismas se hará en la forma prevista en el párrafo anterior y, para efectos de su pago, el cálculo se hará con base en la proporción existente entre los períodos de seguro cumplidos exclusivamente en Chile y el total de períodos de seguro registrados en Chile y Colombia. ARTÍCULO 21. PRESTACIÓN DE SALUD PARA PENSIONADOS. Las personas que perciban pensiones de vejez, invalidez o sobrevivencia, conforme a la legislación colombiana y que residan en Chile, tendrán derecho a incorporarse al régimen de prestación de salud de Chile, en las mismas condiciones que los titulares de pensiones otorgadas de conformidad a la legislación chilena. TITULO IV. CAPITULO I. DISPOSICIONES DIVERSAS. ARTÍCULO 22. REAJUSTE DE LAS PENSIONES. Las pensiones reconocidas por aplicación de las normas de este Convenio, se reajustarán con la misma periodicidad y en idéntica cuantía que las prestaciones reconocidas al amparo de la legislación interna respectiva. ARTÍCULO 23. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES, RECLAMACIONES Y OTROS DOCUMENTOS. Las solicitudes, declaraciones, recursos y otros documentos que, a efectos de la aplicación de la legislación de un Estado Contratante, deban ser presentados en un plazo determinado ante las Autoridades Competentes, Organismos de Enlace o Instituciones Competentes de ese Estado, se considerarán como presentados ante ella si lo hubieran sido dentro del mismo plazo ante las Autoridades Competentes, Organismos de Enlace o Instituciones Competentes correspondientes del otro Estado. En este caso, la entidad en que fueren presentados, remitirá a la brevedad tales solicitudes, declaraciones o recursos a la entidad del primer Estado, ya sea directamente o por intermedio de los Organismos de Enlace, según corresponda. La fecha en que dichas solicitudes, declaraciones o recursos hayan sido presentados ante una de dichas entidades del otro Estado Contratante, será considerada como la fecha de presentación ante la entidad que tenga competencia para conocer de los mismos. ARTÍCULO 24. ASISTENCIA RECÍPROCA Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA. 1. Todas las Instituciones definidas en el artículo 1° de este Convenio se comprometen a prestarse asistencia y cooperación recíproca para la aplicación del presente Convenio. 2. Tales Instituciones Competentes de los Estados Contratantes podrán solicitar, en cualquier momento reconocimientos médicos, comprobaciones de hechos o actos de los que puedan derivarse la adquisición, modificación, suspensión, extinción o conservación de un beneficio. 3. Las autoridades diplomáticas y consulares de las Partes Contratantes podrán representar, sin mandato gubernamental especial, a sus propios nacionales ante las Instituciones señaladas en el párrafo 1, de la otra Parte Contratante, a petición expresa de los interesados para el sólo efecto de agilizar el otorgamiento de las prestaciones médicas o pecuniarias, sin incluir la percepción de las mismas. Tratándose de los sistemas de capitalización individual de ambas partes contratantes, no se aceptará tal representación para efectos de la selección de la modalidad de pensión por la cual opte el afiliado. ARTÍCULO 25. EXENCIONES. 1. Los beneficios de exención o reducción de impuestos o tasas de carácter nacional, que uno de los Estados Contratantes conceda a los documentos o certificaciones expedidas por sus propias instituciones para efectos del reconocimiento de pensiones, se concederán a los certificados o documentos que expidan las instituciones del otro Estado Contratante. 2. Todos los actos administrativos y documentos, que se expidan por una Institución de un Estado para la aplicación del presente Convenio, serán eximidos de los requisitos de legalización u otras formalidades especiales, para su utilización por las Instituciones del otro Estado. ARTÍCULO 26. MONEDA DE PAGO. Las prestaciones podrán ser pagadas por la Institución Competente de un Estado Contratante a una persona que resida en el otro Estado, en la moneda de cualquiera de los Estados contratantes o en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, a la tasa de cambio vigente a la fecha de envío del documento de pago al otro país. ARTÍCULO 27. ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. Para la aplicación del presente Convenio, las Autoridades Competentes de los Estados Contratantes deberán: a) Celebrar Acuerdos Administrativos; b) Designar los Organismos de Enlace; c) Comunicarse las medidas adoptadas en el plano interno para la aplicación del presente Convenio; d) Notificarse toda modificación de la legislación indicada en el artículo 2°; e) Prestarse sus buenos oficios y la más amplia colaboración técnica y administrativa. ARTÍCULO 28. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. 1. Las Autoridades Competentes, deberán resolver mediante negociaciones directas las diferencias de interpretación del presente Convenio y de sus Acuerdos Administrativos. 2. Si una controversia no pudiera ser resuelta mediante negociaciones directas en un plazo de seis meses, a partir de la primera petición de negociación, esta deberá ser sometida a una Comisión Arbitral, cuya composición y procedimiento serán fijados de común acuerdo entre los Estados Contratantes. La decisión de la Comisión Arbitral será obligatoria y definitiva. CAPITULO II. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO 29. CÓMPUTO DE PERÍODOS ANTERIORES A LA VIGENCIA DEL CONVENIO. Los períodos de seguro cumplidos según la legislación de un Estado Contratante antes de la fecha de entrada en vigor del presente Convenio, serán tomados en consideración para la determinación del derecho a las pensiones que se reconozcan en virtud del mismo. ARTÍCULO 30. HECHOS ANTERIORES A LA VIGENCIA DEL CONVENIO. 1. La aplicación de este Convenio otorgará derecho a pensiones por contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de la entrada en vigor del presente Convenio. Sin embargo el pago de las mismas no se efectuará por períodos anteriores a la entrada en vigor del Convenio. 2. Por la aplicación de este Convenio se podrán revisar los casos de contingencias acaecidas con anterioridad a la fecha de su entrada en vigor, teniendo en cuenta lo indicado en el numeral precedente. 3. Para efectos del presente artículo y para el caso colombiano, se aplicará la legislación vigente al momento de ocurrencia del hecho generador de la prestación o pensión, con las excepciones que se indican: a) Cuando el trabajador o sus beneficiarios ya estén percibiendo una pensión; b) Los casos en los que el trabajador o sus beneficiarios hayan recibido una prestación de pago único de cualquier naturaleza; c) Los eventos en los cuales la definición del derecho hubiere hecho tránsito a cosa juzgada por decisiones judiciales o por mutuo acuerdo de las partes. CAPITULO III. DISPOSICIONES FINALES. ARTÍCULO 31. VIGENCIA, DENUNCIA DEL CONVENIO Y GARANTÍA DE DERECHOS ADQUIRIDOS O EN VÍAS DE ADQUISICIÓN. 1. El presente Convenio se celebra por tiempo indefinido. Podrá ser denunciado por cualquiera de los Estados Contratantes. La denuncia deberá ser notificada con una antelación mínima de seis meses a la terminación del año calendario en que se formule, en cuyo caso cesará su vigencia a la expiración de dicho año. 2. En caso de terminación, y no obstante las medidas restrictivas que el otro Estado Contratante pueda prever para los casos de residencia en el extranjero de un beneficiario, las disposiciones del presente Convenio serán aplicables a los derechos adquiridos al amparo del mismo. 3. Los Estados Contratantes acordarán las disposiciones que garanticen los derechos en curso de adquisición, derivados de los períodos de seguro, cumplidos con anterioridad a la fecha de terminación del Convenio. ARTÍCULO 32. ENTRADA EN VIGOR. El presente Convenio entrará en vigor el primer día del tercer mes siguiente de aquel en que ambos Estados se hayan notificado por escrito el cumplimiento de los requisitos Constituciones y legales necesarios para su entrada en vigencia. EN FE DE LO CUAL, los representantes debidamente autorizados firman el presente Convenio. Suscrito en Santiago, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003), en dos ejemplares escritos en idioma español, siendo ambos textos igualmente auténticos. Por la República de Colombia, CAROLINA BARCO, Ministra de Relaciones Exteriores. Por la República de Chile, MARÍA SOLEDAD ALVEAR VALENZUELA, Ministra de Relaciones Exteriores. RAMA EJECUTIVA DEL PODER PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Bogotá, D. C., a 1° de octubre de 2004 Aprobado. Sométase a la consideración del honorable Congreso Nacional para los efectos Constitucionales. (Fdo.) ÁLVARO URIBE VÉLEZ La Ministra de Relaciones Exteriores, (FDO.) CAROLINA BARCO ISAKSON. DECRETA: ARTÍCULO 1o. Apruébase el ‘Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República de Chile’, suscrito en Santiago, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003). ARTÍCULO 2o. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1o de la Ley 7a de 1944, el “Convenio de Seguridad Social entre la República de Colombia y la República de Chile”, suscrito en Santiago, a los nueve (9) días del mes de diciembre del año dos mil tres (2003), que por el artículo 1° de esta ley se aprueba, obligará al país a partir de la fecha en que se perfeccione el vínculo internacional respecto del mismo. ARTÍCULO 3o. La presente ley rige a partir de la fecha de su publicación. La Presidenta del honorable Senado de la República, Dilian Francisca Toro Torres. El Secretario General del honorable Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajud. El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, Alfredo Ape Cuello Baute. El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, Angelino Lizcano Rivera. REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Comuníquese y cúmplase. Ejecútese, previa revisión de la Corte Constitucional, conforme al artículo 241-10 de la Constitución Política. Dada en Bogotá, D. C., a 25 de junio de 2007. ÁLVARO URIBE VÉLEZ El Ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Araújo Perdomo. El Ministro de la Protección Social, Diego Palacio Betancourt. III. INTERVENCIONES 1. Ministerio de Relaciones Exteriores Este Ministerio intervino por conducto de apoderado especial para solicitar a la Corte Constitucional declarar exequible la Ley 1139 de 2007 que aprobó el convenio de la referencia. El escrito presentado hace un pormenorizado análisis del contenido del convenio cuya constitucionalidad se examina, resaltando la conveniencia de que en virtud de aquél, los trabajadores que hayan laborado en ambos países, o según el caso sus familiares, puedan obtener más fácilmente sus pensiones de vejez, invalidez y/o sobrevivientes. Señala también que la suscripción de este convenio se enmarca sin dificultad dentro de los principios constitucionales que gobiernan el manejo de las relaciones internacionales, consagrados entre otros en los artículos 2°, 9°, 189 num. 2°, 226 y 227 y contribuye el logro de los objetivos de cobertura y ampliación progresiva que la misma Carta Política ha trazado en torno al servicio público de la seguridad social, especialmente los contenidos en los artículos 48 (con las reformas introducidas por el Acto Legislativo 01 de 2005), 46, 53 y 64 ibídem. Finalmente transcribe extensos apartes de la jurisprudencia de esta Corte en materia de seguridad social, especialmente de las sentencias C-1054 de 2004 y C-243 de 2006, en las que a su entender se plantean razones adicionales que contribuyen a sustentar la exequibilidad de un convenio de esta naturaleza. 2. Ministerio de la Protección Social Este Ministerio intervino, también mediante apoderada, para solicitar a la Corte la declaratoria de exequibilidad de la Ley 1139 de 2007 y del convenio internacional que a través de ella se aprueba. La representante de este Ministerio hace un amplio análisis de las reglas recogidas por la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y los trámites que de conformidad con la Constitución Política de Colombia deben surtirse para su entrada en vigencia. Así mismo se refiere brevemente a la evolución del tema de la seguridad social a partir de la vigencia de la Constitución de 1991 y la posterior expedición de la Ley 100 de 1993. La interviniente resalta la conveniencia que, dentro del actual mundo globalizado, tiene un convenio como el suscrito con la República de Chile y aprobado por el Congreso Nacional mediante Ley 1139 de 2007 y menciona además el hecho de que el modelo de seguridad social establecido mediante la Ley 100 de 1993 tiene sus orígenes en el sistema chileno. También aboga por la suscripción de otros convenios internacionales con el mismo objeto del que ahora se revisa, puesto que ello redundaría en mayores opciones de seguridad social para los trabajadores colombianos. IV. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION En concepto número 4413, recibido en la Corte Constitucional el 30 de octubre de 2007, el Procurador General de la Nación solicitó a esta corporación declarar exequible la Ley 1139 de 2007 y el convenio que a través de ella se aprueba. En primer término el jefe del Ministerio Público examina de manera detallada el trámite cumplido ante el Congreso de la República por el proyecto de ley que vino a convertirse en la Ley 1139 de 2007 que ahora se revisa, encontrando que dicho procedimiento cumplió satisfactoriamente con todas las etapas y diligencias previstas en las normas constitucionales pertinentes y en el Reglamento del Congreso. Así pues, concluye que desde el punto de vista formal debe declararse la exequibilidad de esta ley. En lo que atañe al contenido del convenio que se revisa, hace también una presentación sobre cada una de sus cláusulas, resaltando a lo largo de su análisis la importancia y conveniencia de este acuerdo, en cuanto permitirá a los ciudadanos y trabajadores de los dos países signatarios acumular los tiempos cotizados en ambos territorios, a efectos de cumplir los requisitos conducentes a la obtención de una pensión de jubilación, invalidez o sobrevivientes, según el caso. De manera particular, explica el concepto fiscal, que conforme a lo estipulado en el artículo 2° de este convenio, se aplicarán las leyes sobre la materia existentes en cada país al tiempo de la celebración del convenio, así como las nuevas disposiciones que en lo sucesivo se dicten por parte del poder legislativo de los Estados signatarios, salvo que las partes, en desarrollo de las reglas allí previstas, acuerden prescindir de la aplicación de una o más normas específicas de las que se expidan en el futuro. Por todo lo anterior, considera entonces el Procurador General, que el convenio es exequible también en cuanto a su contenido, ya que facilita el acceso a los servicios y prestaciones de la seguridad social y la salud tanto a los ciudadanos colombianos como eventualmente a ciudadanos chilenos residentes en Colombia, lo que contribuye a realizar los objetivos consagrados en los artículos 48 y 49 constitucionales y afianza la integración del Estado colombiano con otros países latinoamericanos, mediante mecanismos válidos de cooperación, y sin afectar, en modo alguno, la soberanía nacional. En suma, estima el Jefe del Ministerio Público que el articulado del convenio aprobado se aviene sin dificultades al contenido de la Constitución Política, y que su celebración y ejecución se enmarcan claramente dentro de los criterios planteados por los artículos 9°, 226 y 227 superiores, por lo que solicita a la Corte declarar que el citado convenio y su ley aprobatoria resultan exequibles. V. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia de la Corte Constitucional en materia de tratados y de leyes aprobatorias de tratados De conformidad con lo establecido en el artículo 241 numeral 10 de la Constitución Política, corresponde a la Corte el examen de constitucionalidad de los tratados internacionales y de las leyes aprobatorias de los mismos. Según la doctrina pacíficamente sostenida por esta Corte[1], dicho control se caracteriza por ser (i) previo al perfeccionamiento del tratado, pero posterior a la aprobación del Congreso y a la sanción gubernamental; (ii) automático, pues la ley aprobatoria debe ser enviada directamente por el Presidente de la República a la Corte Constitucional dentro de los seis (6) días siguientes a la sanción gubernamental; (iii) integral, en la medida en que la Corte debe analizar tanto los aspectos formales como los materiales de la ley y del tratado, confrontándolos con todo el texto constitucional; (iv) tiene fuerza de cosa juzgada; (v) es una condición sine qua non para la ratificación del correspondiente acuerdo; y (vi) cumple una función preventiva, pues su finalidad es garantizar tanto la supremacía de la Constitución como el cumplimiento de los compromisos internacionales del Estado colombiano. En cuanto al control por eventuales vicios de procedimiento que la Corte ejerce sobre los tratados internacionales y las leyes que los aprueban, según lo prescrito en el artículo 241 numeral 10 superior, éste se dirige tanto a examinar la validez de la representación del Estado colombiano en los procesos de negociación y celebración del instrumento y la competencia de los funcionarios en la negociación y firma del tratado, como el cumplimiento de las reglas relativas al trámite legislativo durante el estudio y aprobación del correspondiente proyecto de ley en el Congreso de la República. Dada la naturaleza especial de las leyes aprobatorias de tratados públicos, el legislador no puede alterar el contenido de éstos introduciendo nuevas cláusulas ya que su función consiste en aprobar o improbar la totalidad del tratado, no pudiendo fraccionar dicha aceptación[2]. Si el tratado es multilateral, es posible hacer declaraciones interpretativas, y, a menos que estén expresamente prohibidas, también se pueden introducir reservas que no afecten el objeto y fin del tratado[3]. En cuanto al examen de fondo, éste consiste en juzgar las disposiciones del texto del tratado internacional que se revisa y el de su ley aprobatoria, respecto de la totalidad de las disposiciones del Ordenamiento Superior, para determinar si aquéllas se ajustan o no a la Constitución Política. Precisado y reiterado el alcance del control constitucional, entra la Corte a examinar la ley aprobatoria y el convenio de la referencia. 2. La revisión formal de la ley aprobatoria 2.1. Remisión de la ley aprobatoria y del Acuerdo por parte del Gobierno Nacional El Gobierno Nacional por conducto de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, remitió a esta Corporación el 4 de julio de 2007, copia de la Ley 1139 de junio 25 de 2007, “Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”, para su control constitucional de conformidad con el artículo 241 numeral 10 de la Carta, dentro del término de los seis (6) días siguientes a su sanción, previsto en la citada disposición constitucional. 2.2. Negociación y celebración del Acuerdo De manera reiterada la Corte Constitucional ha señalado que el trámite de revisión de los tratados internacionales y de sus leyes aprobatorias incluye el examen de las facultades del Ejecutivo respecto de la negociación y firma del instrumento internacional respectivo. En el presente caso, el instrumento internacional fue suscrito por la entonces Ministra de Relaciones Exteriores, cargo que la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados[4] de manera expresa considera como representante del Estado contratante para estos efectos, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2° de su artículo 7°. En consecuencia, no era necesario que se le otorgaran plenos poderes de manera particular para la suscripción del convenio cuya constitucionalidad se revisa. 2.3. Aprobación presidencial El día 1 de octubre de 2004 el Presidente de la República impartió su aprobación ejecutiva al ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003” y ordenó someterlo a consideración del Congreso de la República, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 150, numeral 16 de la Constitución Política. 2.4. Trámite realizado en el Congreso de la República para la formación de la Ley 1139 de 2007 Tal como la Corte lo ha mencionado al realizar este tipo de análisis en ocasiones anteriores, salvo por la exigencia de iniciar el trámite de los proyectos de leyes aprobatorias de tratados internacionales en el Senado de la República (art. 154), la Constitución Política no estableció un procedimiento especial para la expedición de este tipo de leyes. De allí que a ellas les corresponda entonces el proceso de formación previsto para las leyes ordinarias, regulado por los artículos 157 y siguientes de la Carta. Tampoco el reglamento del Congreso, contenido en la Ley 5ª de 1992, prevé reglas especiales, salvo las contenidas en su artículo 217. De conformidad con la documentación que obra en el expediente, el Proyecto de Ley número 129 de 2005 Senado y 285 de 2006 Cámara, agotó el siguiente trámite en el Congreso de la República: 2.4.1. El trámite en el Senado del proyecto de Ley 129 de 2005 Senado: El Proyecto de Ley número 129 de 2005, fue presentado a consideración del Senado de la República por intermedio de los entonces Ministros de Relaciones Exteriores, Carolina Barco Isakson, Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla Barrera y Protección Social, Diego Palacio Betancourt, el día 5 de Octubre de 2005. El texto original junto con la respectiva exposición de motivos aparece publicado en la Gaceta del Congreso Nº 699 del 7 de octubre de 2005, en las páginas 18 a 24. De esta manera, se cumplió con los requisitos de iniciación del trámite en el Senado de la República previsto en el artículo 154 constitucional, y de publicación previa a la iniciación del trámite legislativo en la comisión respectiva, conforme al artículo 157, numeral 1° ibídem. 2.4.1.1. Trámite ante la Comisión Segunda Constitucional del Senado: La ponencia para primer debate, fue presentada por los Senadores Manuel Ramiro Velásquez Arroyave y Jairo Clopatofsky Ghisays y publicada en la Gaceta del Congreso Nº 847 del 2 de diciembre de 2005, páginas 18 a 24. En relación con el anuncio previo del proyecto, la certificación de fecha 2 de agosto de 2007, suscrita por el Secretario General de la Comisión Segunda del Senado de la República informa a este respecto: "FECHA DE ANUNCIO: Diciembre 7 de 2005 según consta en el Acta 15 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 124 de 2006". A propósito de este tema, revisado el texto de la referida acta (página 19 de la Gaceta Nº 124 de 2006) se observa que inmediatamente después de instalada la sesión del día 7 de diciembre de 2005, el senador Gustavo Cataño Morales, quien la presidía, solicitó: “Por favor señor Secretario, sírvase leer los proyectos para anunciar, para la próxima sesión del martes”. En respuesta a lo cual el Secretario manifestó: “En la sesión del día de hoy, miércoles 7 de diciembre, se anuncian para ser votados los días martes y miércoles 13 y 14 de diciembre de 2005 los siguientes proyectos de ley:”. A continuación, el mismo Secretario leyó un total de 23 proyectos de ley, con su referencia completa y nombre de los ponentes, lista que es encabezada precisamente por el “Proyecto de Ley número 129 de 2005“Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”. Se observa, igualmente, que al finalizar la lectura de proyectos, el mismo senador Cataño Morales tomó la palabra para anunciar: “Si los honorables Senadores no tienen algo que proponer, entonces citamos para el próximo martes 13 a las 10:00 a.m. de la mañana para iniciar la discusión de estos proyectos anunciados” La misma certificación arriba referida da cuenta de que, efectivamente, este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el 13 de diciembre de 2005 y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 11 de los 13 senadores que conforman dicha célula legislativa, según consta en el Acta Nº 16 de esa fecha, publicada en la Gaceta del Congreso Nº 124 de 2006. Estas circunstancias pueden además constatarse con la lectura de la citada acta 16 (página 20 de la Gaceta Nº 124 de 2006), donde se observa que el Proyecto 129 encabezó el quinto punto del orden del día correspondiente a “Proyectos de ley para discutir y aprobar en primer debate, los cuales fueron anunciados en la sesión del miércoles 7 de diciembre de 2005”. Finalmente, es claro que el referido proyecto fue el primero en ser debatido y aprobado en dicha sesión, tal como puede observarse en la página 22 de la misma Gaceta 124 de 2006. En este caso la Corte no alberga dudas sobre la validez del anuncio previo, no obstante que éste se hubiere hecho “… para ser votados los días martes y miércoles 13 y 14 de diciembre de 2005”, ya que en atención al alto número de proyectos incluidos en dicho anuncio y a la frase con la que el Presidente de la Comisión hizo la convocatoria de la próxima sesión (“para iniciar la discusión de estos proyectos anunciados”), era evidente que se preveía que posiblemente la Comisión no alcanzaría a evacuar todos ellos en una sola sesión. Por esta razón se hizo entonces referencia a las dos próximas sesiones. En tales circunstancias, y dado que el proyecto cuyo trámite legislativo se analiza ocupaba el primer lugar de esa larga lista, era entonces factible entender que dicho proyecto se debatiría en la primera de las dos sesiones mencionadas, como en efecto ocurrió. Por lo anterior, encuentra la Corte que en esta fase del trámite legislativo el proyecto fue debidamente aprobado, y que el anuncio precedente tuvo las características de precisión y univocidad que según la jurisprudencia de esta corporación se requieren para que aquél ampare válidamente la votación que posteriormente se haga. 2.4.1.2. Trámite ante la Plenaria del Senado de la República: La ponencia para segundo debate, fue presentada por los mismos Senadores Velásquez Arroyave y Clopatofsky Ghisays, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 58 del 4 de abril de 2006, en las páginas 10 a 16. En relación con el anuncio previo del proyecto, la certificación de fecha 10 de septiembre de 2007, suscrita por el Subsecretario General del Senado de la República informa que éste se produjo el día 9 de mayo de 2006, según consta en el acta 45 de esa fecha, publicada en la Gaceta Nº 137 de 2006. Sobre este tema, revisado el texto de la referida acta (página 36 de la Gaceta Nº 137 de 2006) se lee: “Por instrucciones de la Presidencia y de conformidad con el Acto Legislativo 001 de 2003, la Secretaría anuncia los proyectos que se discutirán y aprobarán en la próxima sesión”. Después de reiterar el objeto del anuncio (proyectos de ley para anunciar para la próxima sesión) se dio lectura a la correspondiente lista en cuyo segundo lugar figuraba el “Proyecto de Ley número 129 de 2005“Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”. Más adelante la sesión concluye con el anuncio de convocatoria para “el día miércoles 10 de mayo de 2006 a las 11:00 a.m.”, quedando así precisado cuál sería la fecha de la próxima sesión para la cual se realizó el anuncio. De otra parte, según consta en el acta 46, publicada en la Gaceta Nº 138 de 2006, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la plenaria del Senado el miércoles 10 de mayo de 2006 y el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 94 de los 102 senadores que conforman dicha corporación. Así, teniendo en cuenta que el anuncio efectuado fue suficientemente claro y explícito, y habiéndose efectuado la discusión y votación del proyecto el día que fuera previamente anunciado, encuentra la Corte que esta aprobación fue constitucionalmente válida. 2.4.2.1. Trámite ante la Comisión Segunda Constitucional de la Cámara de Representantes: La ponencia para primer debate fue presentada por el Representante Hernando Betancourt Hurtado, a quien fue repartido el proyecto, siendo publicada en la Gaceta del Congreso Nº 330 del 31 de agosto de 2006, páginas 5 a 6. La certificación de fecha 6 de agosto de 2007, suscrita por la Secretaria de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes da cuenta de que el anuncio de votación de este proyecto se produjo el 13 de septiembre de 2006, según consta en el acta 9 de esa fecha, que fue publicada en la Gaceta del Congreso Nº 509 del 3 de noviembre de 2006, en su página 17. En este caso, según pudo constatarse con la lectura de la correspondiente gaceta, el anuncio fue hecho por la Secretaria de la Comisión en los siguientes términos: “Quinto: Anuncio proyectos de ley para primer debate”. Procedió entonces a la lectura de la respectiva lista, encontrándose en tercer lugar el Proyecto de Ley 285/06 Cámara – 129/05 Senado“Por medio de la cual se aprueba el ‘Convenio de seguridad social entre la República de Colombia y la República de Chile’ suscrito en Santiago el 9 de diciembre de 2003”. Terminada la lectura de proyectos se agregó de manera expresa “Anunciados para el martes 19 de septiembre de 2006”. La misma certificación mencionada informa que este proyecto fue discutido y aprobado en primer debate el día 19 de septiembre de 2006 por unanimidad de los asistentes, y que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 17 de los 19 representantes que conforman esta célula legislativa, según consta en el Acta Nº 10 de la misma fecha, que fuera publicada en la misma Gaceta Nº 509 del 3 de noviembre de 2006, páginas 21 a 22. Por lo anterior, también en este caso concluye la Corte que tanto el anuncio previo como la votación del proyecto de ley reunieron las condiciones de validez necesarias, por lo que no existe en este punto ninguna posible objeción de constitucionalidad que efectuar. 2.4.2.2. Trámite ante la Plenaria de la Cámara de Representantes: La ponencia para segundo debate, fue presentada por el mismo representante Betancourt Hurtado y fue publicada en la Gaceta Nº 455 del 12 de octubre de 2006, en las páginas 18 y 19. En relación con el anuncio del proyecto previo a su votación, la certificación de 21 de agosto de 2007, suscrita por el Secretario General de la Cámara de Representantes informa que éste se produjo el 25 de octubre de 2006, según consta en el acta 21 de esa fecha, que fuera luego publicada en la Gaceta del Congreso Nº 609 de diciembre 4 de 2006. A este respecto, en la página 16 de la referida gaceta se observa un listado de proyectos precedido de la fórmula “Se anuncian los temas, proyectos y actas para debatir el próximo martes a las tres de la tarde”. Al leer la lista, en quinto lugar se menciona el “Proyecto de ley número 285 de 2006 Cámara, 129 de 2005 Senado”. Y al concluir la lectura se reitera: “Señor Presidente, han sido anunciados los temas que estarán en el Orden del Día del próximo martes a las tres de la tarde”. De otra parte, y de acuerdo con la misma certificación y con el contenido del acta 22 de la Cámara de Representantes publicada en la Gaceta Nº 607 de diciembre 1° de 2006, este proyecto fue discutido y aprobado en segundo debate por la mayoría de los asistentes durante la sesión del martes 31 de octubre de 2006, en la que el quórum deliberatorio y decisorio estuvo integrado por 158 de los representantes que integran esa corporación. Por lo anterior, concluye la Corte que también en este último caso el anuncio fue explícito y correctamente realizado y la votación posteriormente efectuada estuvo entonces válidamente amparada por dicho anuncio. 2.4.3. Trámite de conciliación ante las comisiones designadas por el Senado de la República y la Cámara de Representantes Concluido el trámite legislativo de este proyecto, y antes de su envío al Presidente de la República para su correspondiente sanción, se observaron...