Sentencia C-287 de 2012

C-287-12 REPÚBLICA DE COLOMBIA Sentencia C-287/12 CONVERSION DE LOS CLUBES DEPORTIVOS EN SOCIEDADES ANONIMAS-Configura una medida legítima desde la perspectiva constitucional y no desconoce el derecho de propiedad ni modifica el destino de donaciones intervivos FORMAS ASOCIATIVAS Y PROPIEDAD DE LAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE CARACTER PROFESIONAL-Potestad de configuración legislativa/POTESTAD DE CONFIGURACION LEGISLATIVA EN MATERIA DE DERECHO DE PROPIEDAD-Límites DEPORTE PROFESIONAL-Concepto/DEPORTE PROFESIONAL-Dimensiones La jurisprudencia de esta Corporación, ha precisado que el deporte profesional presenta diversas manifestaciones y cumple diferentes funciones dentro de la sociedad, puesto que se trata de una actividad que tiene múltiples dimensiones: es un espectáculo, un oficio, una forma de realización personal para el deportista profesional, y una actividad empresarial que mueve grandes sumas de dinero. En los siguientes términos lo explica la Sala: “El deporte profesional ocupa un lugar complejo en el ordenamiento constitucional puesto que, tal y como lo ha señalado esta Corporación, es una actividad que tiene diversas dimensiones, ya que es un espectáculo, una forma de realización personal, una actividad laboral y una empresa. De un lado, es un espectáculo público, por lo cual se relaciona con el derecho a la recreación de los miembros de la comunidad (CP art. 52). De otro lado, los jugadores profesionales no sólo ejercitan el deporte como un medio de realización individual sino que son personas para quienes la práctica del deporte es una ocupación laboral, por lo cual esta actividad es una expresión del derecho a escoger profesión u oficio (CP art. 26) y cae en el ámbito del derecho del trabajo y de la especial protección al mismo prevista por la Constitución (CP art. 25 y 53). Finalmente, las asociaciones deportivas, si bien no tienen ánimo de lucro, y no son por ende sociedades comerciales, sí ejercen una actividad económica, puesto que contratan jugadores, reciben ingresos por conceptos de ventas de entradas a los espectáculos y derechos de transmisión, promocionan marcas, etc., pues son “titulares de los derechos de explotación comercial de transmisión o publicidad en los eventos del deporte competitivo” (art. 28 de la Ley 181 de 1995). Son entonces verdaderas empresas, en el sentido constitucional del término, por lo cual su actividad recae bajo las regulaciones de la llamada Constitución económica (CP arts. 58, 333 y 334). Así, en relación con el fútbol, esta Corporación ya había señalado: El fútbol es un deporte que cumple simultáneamente varias funciones: recrea a los espectadores, genera una actividad económica y hace posible la realización personal del jugador. Como juego de competición, el fútbol es un medio de esparcimiento de multitudes, que gracias a los avances tecnológicos en el área de las comunicaciones, tiende a universalizarse y a estrechar los vínculos entre los diferentes países. Su internacionalización, por otra parte, ha llevado a que sea también un negocio atractivo para los inversionistas. El fútbol, concebido como empresa, al igual que otros deportes, es un negocio en el que se invierten grandes cantidades de dinero, en parte debido a las altas sumas en que se cotizan los jugadores.” La Corte ha evidenciado también que la dimensión empresarial que caracteriza a las organizaciones del deporte, particularmente a las que tienen naturaleza profesional, obliga al legislador a ser cauteloso en lo relacionado con el manejo de sus recursos, el desenvolvimiento regular de las transacciones y la conservación de las organizaciones deportivas para que la confianza que han depositado en ellas los aficionados no sea defraudada mediante actos que atenten con la adecuada administración de los intereses que manejan. DEPORTE PROFESIONAL-Formas asociativas complejas La Corte, ha destacado la organización del deporte profesional en formas asociativas complejas: (i) clubes deportivos, definidos como organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, constituidos por un número plural de socios con el objeto de fomentar la práctica de un deporte con deportistas aficionados o profesionales; (ii) ligas, constituidas por clubes con la misma naturaleza jurídica e intereses sociales de estos, pero con un objeto distinto, la organización técnica y administrativa del respectivo deporte en su jurisdicción; y (iii) federaciones que comparten las características de los clubes y de las ligas, con la misión de organizar a nivel nacional, los deportistas aficionados o profesionales y la práctica del deporte. En este orden de ideas, la Corporación ha determinado que el ejercicio de las facultades de los clubes deportivos, que derivan de la libre asociación y la libertad de empresa, están garantizadas constitucionalmente, sin perjuicio de los límites que generan los derechos fundamentales de las personas y la finalidad social que están llamados a cumplir. JUICIO DE RAZONABILIDAD-Método de análisis constitucional/JUICIO DE RAZONABILIDAD-Pasos Dado que el ejercicio de la potestad de configuración puede incidir en el goce de derechos constitucionales, la Corte ha dicho que las limitaciones o restricciones a un derecho deben ser razonables y proporcionadas. Con el fin de examinar si en el ejercicio de la potestad de configuración el legislador ha excedido los límites constitucionales, esta Corte ha empleado como método de análisis el juicio de razonabilidad, entendido como “un criterio de interpretación constitucional que pretende impedir los excesos o defectos en el ejercicio del poder público, como una forma específica de protección o de realización de los derechos y libertades individuales”. Esta metodología desarrollada por la Corte, permite examinar si una medida limitativa de los derechos fundamentales cumple o no una finalidad acorde con la Constitución Política y si los medios utilizados por el legislador para alcanzarla son o no idóneos. Los criterios de análisis al aplicar un juicio de razonabilidad son distintos en razón de los derechos en juego y de la facultad con que cuente el legislador para establecer la limitación a los derechos afectados, criterios que determinan la intensidad del examen constitucional y los estándares que deben cumplir las medidas adoptadas por el legislador para ser halladas conforme a la Carta. De manera general ha sostenido la Corte que “una medida legislativa en la que se confiere un trato diferencial o se restringe el ejercicio de un derecho es razonable cuando dicho trato es legítimo a la luz de las disposiciones constitucionales, cuando persigue un fin auspiciado por la Carta y, además, cuando es proporcionado a la consecución de dicho fin, lo cual significa que dicho trato debe garantizar un beneficio mayor al perjuicio irrogado”. Esta metodología, comprende en general tres pasos básicos: 1. el análisis del fin buscado por la medida, 2. el análisis del medio empleado, 3. el análisis de la relación entre el medio y el fin. Adicionalmente, el juicio implica también un examen de proporcionalidad, en el cual se analiza si los beneficios que se derivan de la adopción de la medida superan las restricciones que ella conlleva sobre otros derechos y principios constitucionales. Cada uno de estos pasos busca absolver diversas preguntas, según se trate de un juicio estricto, intermedio o leve. Así, la Corte ha dicho que cuando la aplicación del juicio es leve es suficiente con establecer que el fin propuesto y el medio establecido por la norma se ajustan a la Constitución (son legítimos) y que el medio escogido por el legislador es apto para lograr el fin propuesto. También ha indicado que el juicio intermedio es más exigente, por cuanto en este caso debe corroborarse que la medida, además de ser legítima y apta, es efectivamente conducente para lograr el fin propuesto. Finalmente, la jurisprudencia ha determinado que cuando el juicio es estricto, también se debe estudiar si la norma es necesaria, esto es, que no existe otra medida menos lesiva, y que además es estrictamente proporcional. De tal manera que, aunque no se exige un equilibrio perfecto, si la balanza se inclina de manera excesiva del lado del impacto negativo, aquélla no es proporcionada. CONVERSION DE CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES ORGANIZADOS COMO CORPORACIONES O ASOCIACIONES DEPORTIVAS A SOCIEDADES ANONIMAS-Parámetros CONVERSION DE CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES ORGANIZADOS COMO CORPORACIONES O ASOCIACIONES DEPORTIVAS A SOCIEDADES ANONIMAS-Medida idónea del legislador para alcanzar la finalidad buscada CORPORACIONES O ASOCIACIONES SIN ANIMO DE LUCRO-Definición APORTES EFECTUADOS POR MIEMBROS DE CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES, ORGANIZADOS COMO ASOCIACIONES O CORPORACIONES SIN ANIMO DE LUCRO-No constituyen donaciones ASOCIACIONES O CORPORACIONES SIN ANIMO DE LUCRO-El hecho que no persigan una finalidad lucrativa, no significa que no desarrollen actividades que generen utilidades/ANIMO DE LUCRO-No se relaciona con las utilidades obtenidas, sino con la destinación que se les otorgue/ASOCIACIONES O CORPORACIONES SIN ANIMO DE LUCRO-Afiliación otorga derecho a disfrutar de los beneficios y servicios ofrecidos por la corporación, pero no da derecho de propiedad sobre los bienes, activos o patrimonio de la misma/DONACION ENTRE VIVOS-Concepto CLUBES DEPORTIVOS PROFESIONALES-A pesar de la transformación que autoriza la ley, no pierden su naturaleza de organismos de derecho privado Los clubes deportivos profesionales, a pesar de la transformación que autoriza la ley, no pierden su naturaleza de organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, como el fomento, el patrocinio y la práctica de uno o más deportes, puesto que es el mismo legislador quien ha reconocido desde el año de 1995, con la expedición de la Ley 181, que la conformación de los clubes con deportistas profesionales bajo la modalidad de sociedades anónimas no impide el cumplimiento de dicha finalidad. Incluso, (i) la conversión autorizada por la ley demandada no es una imposición del legislador, sino una decisión libre del máximo órgano de cada club profesional; (ii) la conversión no implica su disolución o liquidación; (iii) la encargada de aprobar el método de intercambio de aportes por acciones es la asamblea del organismo deportivo; y (iv) como persona jurídica continuará gozando de todos sus derechos y deberá responder por todas sus obligaciones; por ello, no encuentra la Sala una afectación del patrimonio de los clubes deportivos profesionales que no sea el producto de la autonomía de la voluntad de sus asociados. Referencia: expediente D-8642 Demandante: Germán Casas Torres Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 4 y 5 de la Ley 1445 de 2011, “por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional.” Magistrada ponente MARÍA VICTORIA CALLE CORREA Bogotá, D.C., dieciocho (18) de abril de dos mil doce (2012) La Sala Plena de la Corte Constitucional, en cumplimiento de sus atribuciones constitucionales y de los requisitos y de los trámites establecidos en el Decreto 2067 de 1991, ha proferido la siguiente, SENTENCIA I. ANTECEDENTES En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 241 de la Constitución, el ciudadano Germán Casas Torres presentó inicialmente, acción de inconstitucionalidad contra la Ley 1445 de 2011, “por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional”, al considerar que las normas acusadas desconocen el artículo 162 de la Constitución Política. La demanda fue presentada el 21 de julio de 2011, inadmitida mediante Auto del 29 de agosto de 2011, corregida por el demandante parcialmente el 5 de septiembre de 2011, sólo respecto de los cargos formulados contra los artículos 4 y 5 de la Ley 1445 de 2011[1] por violación de los artículos 58 y 62 de la Constitución, y finalmente admitida mediante Auto del 20 de septiembre de 2011, en el que se ordenó fijar en lista las normas acusadas. Así mismo, se dispuso dar traslado al señor Procurador General de la Nación para que rindiera su concepto y comunicar la iniciación del asunto al señor Presidente del Congreso de la República, al Ministerio de Justicia y del Derecho, a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de la Economía Solidaria, a la Superintendencia Financiera, y al Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, con el objeto de dar concepto sobre la constitucionalidad de las normas demandadas si lo estiman oportuno. Cumplidos los trámites constitucionales y legales propios de los procesos de constitucionalidad, la Corte procede a decidir acerca de la demanda en referencia. II. NORMA DEMANDADA A continuación se transcribe el texto de las normas acusadas: “LEY 1445 DE 2011[2] (mayo 12) Diario Oficial No. 48.067 de 12 de mayo de 2011 CONGRESO DE LA REPÚBLICA Por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional. EL CONGRESO DE COLOMBIA DECRETA: TÍTULO II. DE LA CONVERSIÓN DE LOS CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES ORGANIZADOS COMO CORPORACIONES O ASOCIACIONES DEPORTIVAS A SOCIEDADES ANÓNIMAS. (…) ARTÍCULO 4o. DE LA CONVERSIÓN DE LOS CLUBES PROFESIONALES. En ningún caso, la conversión producirá la disolución ni la liquidación de los clubes con deportistas profesionales, por lo que la citada persona jurídica continuará siendo titular de todos sus derechos y a la vez responsable de las obligaciones que venían afectando su patrimonio. Igualmente la conversión no afectará los contratos, los reconocimientos deportivos, ni los derechos deportivos que constituyen el patrimonio de los clubes con deportistas profesionales. Para realizar la conversión, el órgano competente será la asamblea del organismo deportivo la que aprobará el método de intercambio de aportes por acciones, el cual deberá efectuarse en proporción al capital. Este método deberá respetar los derechos de los asociados minoritarios. Los aportes hechos por los asociados de los clubes se les regresarán a solicitud de sus aportantes dentro de los dos (2) meses siguientes de realizada la conversión. Adicionalmente, dicho órgano deberá aprobar la colocación de acciones de la sociedad anónima en forma inmediata entre el público en general; por tanto, no habrá derecho de preferencia ni límite máximo de adquisición por parte de asociados, aportantes o nuevos inversionistas. El monto de la colocación no podrá ser inferior al doble del capital que resulte del método de intercambio de aportes por acciones. La suscripción y pago de acciones de esta capitalización se hará en las condiciones, proporciones y plazos previstos para las sociedades anónimas en el Código de Comercio. Para efectos de esta capitalización, el valor nominal de cada acción no podrá ser superior a una Unidad de Valor Tributario (UVT). ARTÍCULO 5o. DEL PROCEDIMIENTO DE CONVERSIÓN DE LOS CLUBES CON DEPORTISTAS PROFESIONALES. La conversión prevista en el artículo anterior, deberá cumplir los siguientes requisitos: 1. <Numeral corregido por el artículo 1 del Decreto 2322 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Previo al proceso de conversión, los clubes con deportistas profesionales verificarán que todos y cada uno de los aportes de quienes conforman el club deportivo, y que van a ser objeto de conversión en acciones no provengan o faciliten operaciones de lavado de activos y/o dineros que provengan de actividades ilícitas. Esta declaración juramentada será remitida por el Representante Legal a la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público que deberá verificar cada uno de los aportes antes del inicio de la conversión. La devolución de los aportes solo se podrá realizar una vez se cuente con dicha verificación. 2. La Asamblea General deliberará para estos efectos con un número plural de asociados o aportantes que representen por lo menos la mitad más uno de los derechos sociales del club deportivo correspondiente. Las decisiones se tomarán por el voto de la mayoría de los derechos sociales presentes, una vez se haya constituido el respectivo quórum deliberatorio. 3. El representante legal de la corporación u asociación deportiva que será convertida en sociedad anónima, dará a conocer al público la decisión aprobada mediante aviso publicado en un diario de amplia circulación nacional, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la adopción de la decisión por la Asamblea General. Dicho aviso deberá contener: a) El nombre y el domicilio de la Corporación o Asociación deportiva; b) El valor de los activos, pasivos y patrimonio de la Corporación o Asociación deportiva; c) Las razones que motivan la conversión; d) El capital de la Corporación o Asociación deportiva. 4. Dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la fecha de publicación del aviso, cualquier persona podrá dirigirse al representante legal de la Corporación o Asociación deportiva para hacer valer el monto de su aporte o derecho indicando claramente el lugar o sitio donde recibirá la notificación de la decisión que se adopte, en caso de que el mismo no aparezca debidamente registrado por parte del club con deportistas profesionales objeto del proceso de conversión, el representante legal tendrá ocho (8) días para resolver sobre la solicitud de reconocimiento y deberá notificarse personalmente dicha decisión al interesado. 5. Cumplidos los requisitos anteriormente mencionados, y una vez se haya adelantado el trámite previsto en el inciso 2o del artículo 6o del Decreto 776 de 1996, para el caso de la conversión en Sociedad Anónima, podrá formalizarse el acuerdo de conversión mediante el otorgamiento de escritura pública, la cual contendrá: a) Los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código de Comercio, así como los demás consagrados de manera especial para las Sociedades Anónimas; b) Copia de la certificación expedida por el Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes) en la que conste que la minuta se ajusta a las disposiciones legales; c) Los estados financieros de períodos intermedios debidamente dictaminados y certificados con corte al último día del mes anterior respecto a la fecha de la convocatoria de la reunión en la que se tomará la decisión de la conversión. 6. Una vez que se haya otorgado la escritura pública conforme a los requisitos establecidos en esta ley, y los consagrados en el Código de Comercio para las sociedades anónimas, se procederá a su correspondiente registro mercantil o inscripción en la Cámara de Comercio en el domicilio principal del club con deportistas profesionales. Para todos los efectos legales la conversión así realizada conlleva la adopción de una reforma estatutaria la cual será aprobada con las mayorías exigidas en el numeral segundo del presente artículo. 7. La escritura pública de conversión, así como la posterior capitalización obligatoria e inmediata de la que trata el artículo 4o de la presente ley, serán considerados como actos sin cuantía para efectos de determinar los derechos notariales y de registro correspondiente. PARÁGRAFO 1o. Los clubes con deportistas profesionales organizados como Corporaciones o Asociaciones deportivas que se encuentren inmersos en cualquier actuación o procesos de recuperación o de reorganización empresarial previstos en la ley podrán realizar el proceso de conversión aquí descrito, única y exclusivamente cuando se cuente con la anuencia previa de los acreedores del club, reunidos en la forma en que dispone la ley de procesos concursales. PARÁGRAFO 2o. No se permitirá que la administración de un Club con deportistas profesionales se delegue en otra persona jurídica o natural distinta del Club con deportistas profesionales.” III. DEMANDA El demandante considera que las normas cuestionadas al permitir la transformación de los clubes deportivos con futbolistas profesionales organizados como corporaciones civiles o asociaciones deportivas en sociedades anónimas, vulneran los artículos 58 (derecho a la propiedad de las personas jurídicas) y 62 (prohibición de variar el destino de las donaciones con fines de interés social) de la Constitución Política. La violación del artículo 58 de la Constitución, la estructura sobre la premisa según la cual, los aportes efectuados a los clubes deportivos organizados como corporaciones civiles sin ánimo de lucro constituyen donaciones e ingresan al patrimonio de las mismas. Esto, de conformidad con el artículo 637 del Código Civil que prevé que lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la conforman, presupuesto sobre el cual, el mismo Código señala, que las deudas de una corporación no dan a nadie derecho para demandar en todo o en parte a ninguno de los individuos que la componen, ni dan acción sobre los bienes propios de ellos, sino sobre los bienes de la corporación. En este sentido, y dado que en los clubes profesionales conformados como asociaciones sin ánimo de lucro no existen derechos de propiedad en cabeza de sus afiliados o asociados y, por tanto, éstos se vinculan a través de títulos de aportación o afiliación, que a diferencia de las acciones en las sociedades comerciales no otorgan un derecho a participar en las utilidades o el superávit que al final del ejercicio fiscal obtenga la asociación, ni a reclamar el remanente en el caso de disolución y liquidación de la persona jurídica (artículos 637, 638 y 649 del Código Civil), no es posible predicar ningún tipo de propiedad en cabeza de sus afiliados que justifique como lo establece el artículo demandado el reintegro de los aportes a los asociados que así lo soliciten, dentro de los dos meses siguientes de realizada la conversión. Por lo anterior, tanto la orden de devolución de los aportes a los asociados, que prevé el artículo 4 demandado, como la conversión de los aportes realizados a una corporación civil sin ánimo de lucro en acciones, implican una lesión a la propiedad privada de este tipo de corporaciones civiles, garantizada por el artículo 58 Superior, reintegro que tampoco tiene lugar, incluso, cuando se produce su disolución. Finalmente, el actor argumenta que en la medida en que el patrimonio de los clubes profesionales de fútbol está constituido por los aportes realizados por sus asociados y estos aportes constituyen donaciones, al legislador le está vedado variar su finalidad altruista por una lucrativa, sin desconocer el artículo 62 de la Constitución. Considera que los aportes realizados por los asociados a una corporación civil sin ánimo de lucro son gratuitos, irrevocables y se transfieren a la persona jurídica, de suerte que los patrimonios de los aportantes y de las corporaciones quedan perfectamente separados, sin que se pueda afirmar que lo de uno pertenece al otro y al contrario. En la medida que la Constitución de 1991 garantiza a las personas que las manifestaciones de voluntad que se realicen dentro de los cauces legales, serán respetadas y no podrán ser desconocidas, cuando una persona, de forma libre y autónoma decide efectuar una donación, el ordenamiento jurídico asegura que el legislador no pueda variar el destino de la misma, hasta tanto no desaparezca su objeto. Es tan importante esta garantía que el Constituyente decidió otorgarle rango constitucional para que no quedase al vaivén de las mayorías parlamentarias, bajo la creencia que como las donaciones tienen un interés social, el Estado puede disponer de ellas a su antojo. IV. INTERVENCIONES 1. Ministerio de Justicia y del Derecho El Ministerio de Justicia y del Derecho participó en el presente proceso, para solicitar a la Corte Constitucional que se inhiba de conocer la demanda de inconstitucionalidad de la referencia, por ineptitud sustancial de la demanda. Concretamente, el Ministerio afirma, que el actor en el escrito de corrección de la demanda se limitó a expresar apreciaciones subjetivas, respecto de la supuesta violación de los artículos 58 y 62 de la Constitución, pues no tuvo en cuenta ni las consideraciones realizadas en la exposición de motivos del proyecto de ley, ni en los debates respectivos en las diferentes cámaras legislativas en donde estuvieron presentes personalidades de entidades del Gobierno y del sector futbolístico privado, y fueron invitados expertos en el tema, quienes participaron en los debates de manera positiva; ni los pronunciamientos de la Corte que exigen un determinado tipo de sociedad para el desarrollo de algunas actividades económicas, como expresión de la libertad de configuración normativa del legislador y de las atribuciones de intervención en la economía consagradas en el artículo 334 de la constitución. Por lo anterior, el interviniente considera que con base en las razones expuestas por el demandante, no puede la Corte emitir un pronunciamiento de fondo. 2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público El Ministerio de Hacienda mediante apoderado intervino para defender la constitucionalidad de las normas acusadas. Afirma el apoderado de la entidad que las normas demandadas no vulneran el artículo 62 de la Constitución, que prohíbe al legislador variar el destino de las donaciones entre vivos, hechas conforme a la ley para fines de interés social, porque los clubes deportivos, si bien no tienen ánimo de lucro, y por ende no son sociedades comerciales, sí ejercen actividad económica, principalmente porque contratan jugadores, reciben ingresos por concepto de ventas de entradas a los espectáculos y derechos de transmisión, promocionan marcas, de manera que su actividad recae bajo las regulaciones de la Constitución económica (arts. 333 y 334). Mediante el intervencionismo, la Constitución busca el equilibrio económico cuando se presentan desigualdades como las que se configuran en el caso de los clubes deportivos, específicamente, el enriquecimiento de unos pocos y el detrimento patrimonial de los mismos clubes. Así, el Estado colombiano decidió actuar de manera urgente para evitar que por el ánimo de lucro de algunas personas, desapareciera de forma definitiva el fútbol profesional colombiano. Concluye el interviniente que el objeto de la Ley 1445 de 2011, “por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional”, es darle un manejo transparente y honesto a los clubes deportivos, impedir el lavado de activos y el provecho para algunos, como ocurrió en la década de los ochentas e inicios de los noventa, en aras de sacar adelante a dichos clubes con el apoyo del Estado y de las personas que quieren ser parte activa de este proceso de democratización. 3. Superintendencias de Sociedades En representación de la entidad intervino la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica con el propósito de solicitar a la Corte la exequibilidad de los artículos 4 y 5 de la Ley 1445 de 2011, frente a la supuesta violación de los artículos 58 y 62 de la Constitución Política. Fundamentó su solicitud en los argumentos que a continuación se exponen. Se refiere en primer término a la naturaleza de los clubes con deportistas profesionales para señalar que son organismos de derecho privado que cumplen funciones de interés público y social, organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro o sociedades anónimas, constituidas por personas naturales o jurídicas, para el fomento, patrocinio y práctica de uno o más deportes con vinculación de deportistas bajo remuneración, de conformidad con las normas de la Ley 181 de 1995 y la respectiva federación nacional. A continuación señala que los clubes organizados como corporaciones o asociaciones o sociedades, reciben las aportaciones de sus asociados bajo términos y condiciones que responden a un mismo principio, esto es, “por realizar una aportación reciben participaciones (en el caso de asociaciones o corporaciones) o acciones (en el caso de sociedades anónimas). La sumatoria de las aportaciones al capital debe responder a un límite mínimo, que ha establecido la ley con el objeto de que se cuente con respaldo suficiente para lograr dotar a la persona jurídica de la solvencia económica necesaria para cumplir los fines de su creación.” Anota que una persona natural o jurídica puede ser parte de una corporación con deportistas profesionales a través de la adquisición primaria de títulos, participaciones o acciones, y que el adquirente de éstas obtiene un derecho de estirpe económica que a su vez le confiere los derechos políticos de decisión y elección en los términos de los estatutos. No comparte las apreciaciones del demandante, según las cuales, quien compra participaciones de capital está efectuando una donación, o que el capital del club con deportistas profesionales refleja el monto de las donaciones recibidas, pues tanto las corporaciones como las sociedades, una vez constituidas tienen un patrimonio distinto de los asociados individualmente considerados. En este sentido afirma, que es en las personas jurídicas en quienes radican los derechos y obligaciones, en tanto que su patrimonio responde por las acreencias que adquieran. Así, ningún acreedor puede perseguir los bienes de los partícipes con la finalidad de solucionar una acreencia de la persona jurídica de la que hacen parte por tener títulos de participación. El principio anterior está previsto en el artículo 90 del Código de Comercio, cuyo texto dispone que una vez constituida legalmente una sociedad, forma una persona jurídica distinta de los socios individualmente considerados, esquema de separación patrimonial que tampoco responde a lo que el demandante ha querido mostrar como prueba de la existencia de donación. Asimismo, la interviniente señala que si bien los clubes con deportistas profesionales no distribuyen utilidades, esto no implica que no pretendan obtener beneficio económico en su accionar, pues, en general, todas sus actividades están dirigidas a hacer rentable la actividad deportiva a través de la venta de los derechos de los jugadores, de boletería, de palcos y publicidad, lo que a su vez deriva en la posibilidad de contar con una mejor nómina y de otorgar mejores incentivos a sus afiliados, lo que hace más atractivos los derechos en términos de transferencia o negociación. La Ley 1445 de 2011,“por medio de la cual se modifica la Ley 181 de 1995, las disposiciones que resulten contrarias y se dictan otras disposiciones en relación con el deporte profesional”, no desconoce valores fundamentales, al permitir que una vez dada la conversión, los partícipes disidentes o ausentes puedan retirarse de la sociedad que continúa con la actividad de la corporación, en la medida en que la ley que regula las corporaciones prevé que el destino de los bienes, una vez liquidadas, debe seguir el destino dado en los estatutos o en su defecto pasar a otra entidad de igual naturaleza. Finalmente, la interviniente precisa que la Ley 1445 de 2011, no liquida los clubes con deportistas profesionales, organizados como corporaciones. Su objetivo es buscar una salida a la crisis económica que viven, permitiendo que tales clubes se organicen como sociedades comerciales, con las ventajas de un esquema económico definido que incentiva la obtención de lucro, posibilidad que no está prohibida constitucionalmente. No obstante, como cambia la naturaleza del esquema contractual que se había adoptado inicialmente, dentro del respeto a la libre iniciativa desde el punto de vista de vinculación de quien participa en la corporación, se exige una manifestación directa e inequívoca relacionada con el interés que le asiste a ser parte de una persona jurídica organizada como sociedad anónima. Por esta razón el legislador estableció la posibilidad de restituir el aporte entregado, a quien no desea participar de la sociedad. 4. Instituto Colombiano del Deporte - Coldeportes En representación del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, intervino el Secretario General de la entidad, con el fin de defender la exequibilidad de las normas demandadas. A juicio del interviniente el demandante realizó una interpretación equivocada del artículo 58 constitucional, así como del alcance de los artículos 4 y 5 de la Ley 1445 de 2011, que lo lleva a concluir que el legislador excedió sus facultades en desmedro del derecho a la propiedad privada de los clubes con deportistas profesionales organizados como corporaciones sin ánimo de lucro. En efecto, señala que los aportantes de estos clubes no tienen derecho de propiedad alguno sobre los aportes que efectuaron, pues entraron a hacer parte del patrimonio de los clubes al tenor del art. 637 del Código Civil, siendo esto así, bien puede el legislador determinar, por beneficio de la persona jurídica, que dichos aportes se les regresen a los asociados para que constituyan una sociedad anónima con el fin de dar cumplimiento a las finalidades que motivaron la creación de la corporación, sin que esto implique que se esté vulnerando el artículo 58 de la CP. Además, la conversión de la corporación en sociedad anónima, en ningún caso, produce la disolución ni la liquidación de los clubes con deportistas profesionales, razón por la cual, la persona jurídica continúa siendo titular de los derechos y a la vez responsable de las obligaciones que venían afectando su patrimonio. De manera que la conversión no afecta los contratos, los reconocimientos deportivos, ni los derechos deportivos que constituyen el patrimonio de los clubes con deportistas profesionales. Tampoco las normas demandadas desconocen el artículo 62 de la Constitución porque, a diferencia de lo que equivocadamente interpreta el demandante, los aportes a pesar que hacen parte del patrimonio de la corporación civil sin ánimo de lucro, pertenecen a sus socios o accionistas, preservando así las normas demandadas ambos derechos, el de la persona jurídica y el de la persona natural. 5. División Mayor del Fútbol Colombiano - Dimayor El representante legal de la División Mayor del Fútbol Colombiano, Dimayor, intervino para solicitar la declaratoria de exequibilidad de las normas demandadas. El interviniente argumenta que en los clubes con deportistas profesionales, sus asociados no buscan realizar donaciones, sino participar y contribuir a su sostenimiento, pagando la afiliación a un valor que no proviene de la mera liberalidad del interesado en asociarse sino de las disposiciones del comité ejecutivo del respectivo club deportivo profesional, en cumplimiento de sus estatutos. Además de la entrega de una suma de dinero, para que una persona adquiera la calidad de afiliado de la corporación deportiva, es necesario reunir unos requisitos establecidos en la ley y en los estatutos, lo que demuestra la intención inequívoca de pertenecer a ella y no la de realizar una donación, es decir, lo que se manifiesta es el ejercicio del derecho de asociación y de los derechos políticos que de éste derivan. Precisa, que el hecho que los aportes efectuados a las entidades sin ánimo de lucro se les considere donaciones, desde el punto de vista fiscal, ha llevado a algunos al equívoco de considerar, que tales aportes que conforman el patrimonio social de las asociaciones sin ánimo de lucro, también son donaciones, cuando en realidad lo que se configura es un pago por un derecho, el derecho a asociarse, y no la simple intención de entregar dinero sin contraprestación alguna. Para el interviniente resulta evidente que las aportaciones de capital a clubes con deportistas profesionales, organizados como asociaciones o corporaciones sin ánimo de lucro, si bien no otorgan a su titular el derecho a percibir utilidades ni a participar de remanentes en caso de liquidación, tienen un contenido patrimonial para sus afiliados, representado en el derecho político de participación en la toma de decisiones, derecho que a la vez es valorado económicamente en el mercado y es susceptible de negociación. De tiempo atrás, señala el representante legal de la Dimayor, la legislación colombiana (art. 14 del Decreto Ley 1228 de 1995, “por el cual se revisa la legislación deportiva vigente y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995”), ha previsto que los clubes deportivos profesionales se puedan organizar como corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro o como sociedades anónimas, formas de asociación que conserva la Ley 1445 de 2011 demandada, lo cual desvirtúa la afirmación del demandante, según la cual, los clubes con deportistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones sin ánimo de lucro tienen una finalidad altruista o de utilidad común que impide variar el fin de interés social de su patrimonio. Por el contrario, lo que el legislador pretende es que las personas interesadas en pertenecer a un club deportivo profesional escojan la forma de asociarse que mejor se ajuste a sus necesidades. Como lo ha sostenido al Corte Constitucional en la sentencia C-948 de 2001, en la medida en que la conversión no es una imposición del legislador sino una decisión adoptada por la asamblea de la respectiva corporación de acuerdo con las mayorías establecidas, no se vulneran sus derechos económicos ni políticos. V. CONCEPTO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN El Procurador General de la Nación, mediante concepto No. 5245 del 9 de noviembre de 2011, participó en el proceso de la referencia para solicitar a esta Corporación que declare exequibles los artículos 4 y 5 de la Ley 1445 de 2011, bajo el entendido que las donaciones que hacen parte del patrimonio del club con deportistas profesionales organizado como corporación o asociación, al momento de convertirse éste en sociedad anónima, si bien siguen formando parte del patrimonio del ente social, no pertenecen a sus accionistas. El Ministerio Público señala que en ejercicio del principio de libre configuración normativa (art. 150, CP), el legislador puede dictar leyes, interpretarlas, reformarlas o derogarlas, como lo hace en el Código Civil al regular las organizaciones civiles sin ánimo de lucro. No obstante, en materia de donaciones efectuadas con fines de interés social como las que se realizan a las organizaciones civiles sin ánimo de lucro, la Constitución establece en su artículo 62 un límite al legislador, pues le impide cambiar su destino, a menos que el objeto de la donación desaparezca. En relación con el tipo de recursos con que cuentan los clubes con deportistas profesionales, el Ministerio Público sostiene que pueden ser de dos tipos: los que provienen de aportes de sus miembros, que se rigen por el régimen previsto en sus estatutos; y los que provienen de donaciones, que se rigen por lo previsto en el Código Civil. Precisa que sólo los primeros pueden y deben ser reconocidos y cuantificados, para su devolución o para su conversión en acciones, cuando se verifique la conversión del club en sociedad anónima. Los segundos, deben manejarse conforme a lo previsto en la Constitución y en la ley y, por tanto, no pueden ser considerados como un aporte a devolver o a convertir en acciones. Respecto de las donaciones efectuadas a los clubes con deportistas profesionales, anota que si bien hacen parte de su patrimonio, no tienen la naturaleza de aportes y por tanto al no pertenecer a ninguno de sus miembros, tampoco pueden ser propiedad de los socios de la nueva sociedad anónima. Respecto de ellas, resulta necesario aplicar la regla prevista en el artículo 637 del Código Civil, que establece que lo que pertenece a una corporación, no pertenece ni en todo ni en parte a ninguno de los individuos que la componen. En consecuencia, para el Ministerio Público en relación con las donaciones debe seguirse lo previsto en el artículo 62 de la Constitución, en el sentido que el legislador no puede variar o modificar su destino, a menos que su objeto desaparezca, caso en el cual la ley las asignará a un fin similar, circunstancia que en el presente caso no se presenta, en tanto, la conversión de los clubes con deportistas profesionales, de corporaciones o asociaciones a sociedades anónimas, no implica per se que el destino o el fin de la donación desaparezca. Así las cosas, a pesar que las donaciones pueden seguir formando parte del patrimonio del club, con independencia de si es una asociación, una corporación o una sociedad anónima, en ningún caso pueden considerarse dentro del patrimonio social que corresponde a los aportes o a las acciones de sus miembros o socios. VI. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 1. Competencia De conformidad con lo dispuesto en el artículo 241, numeral 5º, de la Constitución Política, la Corte Constitucional es competente para conocer y decidir definitivamente sobre las demandas de inconstitucionalidad contra normas de rango legal, como las acusadas. 2. Cuestión previa Antes de entrar a definir el problema jurídico, la Corte debe determinar si tal como lo afirma el Ministerio de Justicia y del Derecho, la demanda carece de aptitud para permitir un pronunciamiento de fondo, por haberse limitado a realizar apreciaciones subjetivas que no obedecen a un reproche de naturaleza constitucional. La Sala no comparte la opinión del interviniente y considera que la demanda es apta porque cumple con las condiciones mínimas exigidas por la jurisprudencia constitucional: (i) el actor señaló las normas acusadas como inconstitucionales, los artículos 4 y 5 de la Ley 1445 de 2011, procediendo a su transcripción; (ii) identificó las disposiciones constitucionales infringidas, al efecto los artículos 58 y 62 de la Constitución; y (iii) expuso las razones que en su criterio sustentan la violación de los textos constitucionales. Para dar cumplimiento a esta última exigencia, el actor expuso que los artículos demandados que autorizan y regulan la conversión de los clubes con deportistas profesionales organizados como corporaciones o asociaciones deportivas en sociedades anónimas, al prever la devolución de los aportes a los socios que lo soliciten por no compartir la transformación, así como la conversión en acciones de los aportes realizados, vulneran, tanto el derecho a la propiedad de los clubes como la prohibición de variar el destino de las donaciones intervivos, en la medida en que tales aportes constituyen donaciones que ingresan al patrimonio de los clubes y salen del dominio particular de los aportantes. La Sala estima, además, que las razones expuestas por el demandante se basan en una censura o reproche de carácter constitucional, es decir, parten del contenido de normas constitucionales enfrentadas a los preceptos demandados, de los cuales deriva su inconstitucionalidad. En el presente caso el actor fundamenta la demanda en el desconocimiento del derecho a la propiedad privada (art. 58, CP) de los clubes con deportistas profesionales, y de la prohibición constitucional de cambiar el destino de las donaciones intervivos (art. 62, CP), con argumentos que no son simplemente doctrinarios o de conveniencia, sino que logran generar la necesidad de establecer si realmente existe una oposición objetiva y verificable entre el contenido demandado de la ley y el texto de la Constitución Política. Por lo cual concluye que es posible un pronunciamiento de fondo. 3. Problema jurídico El problema jurídico que se suscita puede ser formulado en los siguientes términos: ¿En ejercicio del margen de configuración que le confiere la Carta, vulnera el legislador el derecho a la propiedad privada (art. 58, CP) y la prohibición de modificar el destino de las donaciones intervivos, realizadas conforme a la ley para fines de interés social (art. 62, CP), al prever la transformación de los clubes organizados como corporaciones o asociaciones deportivas sin ánimo de lucro a sociedades anónimas, y como resultado de ello, autorizar (i) la devolución de los aportes efectuados a los asociados que así lo soliciten, y (ii) la conversión en acciones de los aportes realizados? Para dilucidar el asunto así planteado, la Sala se referirá brevemente a la potestad de configuración del legislador para regular la materia, al deporte profesional a la luz de la Constitución y la jurisprudencia constitucional; y a los antecedentes y finalidad de la ley demandada. 4. La potestad de configuración del legislador para regular las formas asociativas y la propiedad de las organizaciones deportivas de carácter profesional El artículo 52 de la Constitución Política reconoce al ejercicio de la actividad deportiva un papel central en la formación integral de las personas y en la preservación y desarrollo de su salud.[3] Dentro de este contexto, la Constitución eleva la recreación, la práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre a la categoría de derechos, los incluye como parte esencial del derecho a la educación, y determina que constituyen gasto público social. En consecuencia, prevé en cabeza del Estado, la obligación de fomentar estas actividades e inspeccionar, vigilar y controlar a las organizaciones deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas, “sin exigir que sean de origen público ni forzosamente creadas o dirigidas por el Estado.”[4] Así, el deporte en todas sus manifestaciones se eleva a derecho constitucional y se exige por parte del Estado políticas de promoción y control en aras de hacerlo efectivo, para lo cual es indispensable la expedición de un régimen jurídico que establezca las reglas a las cuales deberán sujetarse las entidades que se estructuren para fomentar, patrocinar y dirigir la actividad deportiva en sus diferentes modalidades. En la sentencia C-758 de 2002 (MP. Álvaro Tafur Galvis), al analizarse la constitucionalidad del numeral 5 del artículo 39 del Decreto Ley 1228 de 1995, “por el cual se revisa la legislación deportiva y la estructura de los organismos del sector asociado con objeto de adecuarlas al contenido de la Ley 181 de 1995”, la Corte explicó el alcance y contenido del artículo 52 de la Constitución, en los siguientes términos: “[…] la disposición constitucional en la actualidad, significa: Que todas las personas tienen derecho al ejercicio del deporte, a la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. Que estas actividades, en cuanto tienen como finalidad la formación integral de las personas y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano, se integran en los derechos a la educación y a la salud y entonces comparten la garantía y protección que a éstos son constitucionalmente debidos, entre ellos el de formar parte del gasto social. Así las cosas, el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre constituyen derechos para que el individuo desarrolle su vida dignamente de acuerdo con sus expectativas y decisiones y le abren espacios vitales al ser humano frente al Estado y a los particulares[5]. Así mismo, en la medida en que las actividades deportivas y recreativas comportan usualmente derechos y deberes comunitarios que implica la observancia de normas mínimas de conducta deben ser objeto de intervención del Estado por cuanto el Estado no solo debe fomentar su ejercicio, sino porque la sociedad tiene un legítimo interés en que tal práctica se lleve a cabo de conformidad con los principios legales, de manera que con ella se alcancen objetivos educadores y socializadores[6]. Entonces, la relación Estado-Persona, en el ámbito de las actividades deportivas, recreativas y de aprovechamiento del tiempo libre, tiene como eje central la consideración de ser su ejercicio “un derecho de todas las personas”, que al propio tiempo ostenta la función de formarlas integralmente y preservar y desarrollar una mejor salud en el ser humano[7]. Y la relación Estado - Organizaciones Deportivas y Recreativas, se desenvuelve en torno de, por una parte, las acciones de fomento y, por otra, de la inspección vigilancia y control, habida cuenta del papel que estas organizaciones están llamadas a cumplir en la sociedad como medios eficaces para la realización de los fines sociales y de los derechos constitucionales de las personas.” En desarrollo de ese texto constitucional, el legislador ha regulado mecanismos de financiación y fomento al deporte a través de figuras tales como recursos parafiscales y exenciones tributarias, ha elevado a la categoría de deporte nacional actividades tradicionales como el tejo, ha establecido condiciones de seguridad para la realización de actividades deportivas y para corregir el uso de la violencia en escenarios deportivos, ha protegido estructuras deportivas, ha otorgado incentivos económicos para deportistas y entrenadores olímpicos, ha instaurado regímenes disciplinarios especiales y sancionado el dopaje, ha regulado las formas asociativas que rigen a las organizaciones deportivas y ha regulado el régimen de propiedad de las mismas, entre otras materias. De ese texto constitucional se infiere un amplio margen de configuración del legislador, y de manera expresa establece como límite al ejercicio de esa potestad al regular la estructura y propiedad de las organizaciones deportivas, el deber de asegurar que éstas sean democráticas. Aun cuando el artículo 52 no menciona otros límites de manera expresa, es claro que en función del principio de supremacía constitucional, esa potestad también está sometida a otros límites constitucionales. Sobre los límites a los que está sometido el ejercicio de esta potestad de configuración del legislador, esta Corporación señaló de manera general que “en principio la sujeción y subordinación de la ley a la Constitución debe permitir cierto margen de acción en la labor de desarrollo de las normas superiores, de manera tal que las diversas alternativas se adopten dentro del marco del principio democrático y pluralista que orienta nuestro sistema constitucional. Las distintas corrientes de pensamiento y opinión representadas en el órgano legislativo, deben participar en el desarrollo e implementación de la Constitución, optando por las diferentes posibilidades dentro del principio de las mayorías.”[8] En función de ese pluralismo y participación democrática, el Legislador puede, por lo tanto, optar por distintas alternativas de regulación, pero siempre sometido a los límites que le señala la Carta. La amplitud de tal margen de configuración depende del mayor o menor grado de precisión con que el constituyente haya perfilado una institución jurídica, así como del propio desarrollo constitucional de dicha institución. Por ello, se ha afirmado que a mayor precisión de las nociones constitucionales, menor libertad de acción para el legislador. Según lo ha reconocido esta Corporación de manera reiterada[9], la potestad de configuración legislativa está instituida para “proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes creencias y demás derechos y libertades,”[10] y en esa medida, no se trata de una potestad absoluta, “ya que tiene como límites el respeto y protección de los derechos fundamentales, y demás mandatos y prohibiciones constitucionales.”[11] No obstante, el mandato de respetar y proteger los derechos fundamentales, no puede interpretarse como una prohibición categórica de incidir en ellos.[12] En esa medida, tal como lo ha expresado la Corte en ocasiones anteriores, el ejercicio de la potestad de configuración legislativa a través de la cual se regulan derechos constitucionales debe ser también razonable y proporcionada, pues al legislador le está vedada la incidencia arbitraria en los derechos constitucionales.[13] En el caso concreto del artículo 52 constitucional, el legislador encuentra en su texto autorización suficiente para dictar normas que regulen la materia, máxime cuando es la misma Constitución la que reclama del Estado un régimen jurídico para la actividad deportiva. Así lo sostuvo la Corte, por ejemplo, al analizar la constitucionalidad de normas que regulaban aspectos relativos a la propiedad de las organizaciones deportivas, específicamente al avalar la constitucionalidad de normas que exigían para la conformación de los clubes profesionales de fútbol un número determinado de accionistas o socios, o que restringían el número de títulos de afiliación, acciones o aportes de estos clubes que las personas podían adquirir.[14] En este mismo sentido se pronunció la Corporación al estudiar el artículo 7 del Decreto Ley 1228 de 1995[15], en el que se definen las ligas deportivas como organismos de derecho privado constituidas como asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o promotores o de ambas clases, con el objeto de fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte con sus modalidades deportivas, dentro del respectivo ámbito territorial del departamento o del Distrito Capital, según el caso, e impulsar programas de interés público y social. La actora basó su demanda en el argumento, según el cual, la norma limitaba la creación de ligas deportivas para la práctica del deporte sólo al ámbito territorial del departamento respectivo o del Distrito Capital, excluyendo a otras entidades territoriales previstas en el artículo 286 de la Constitución, esto es, a los municipios, a los territorios indígenas, a las regiones y a las provincias. La Corte concluyó que el artículo 7 del decreto se ajustaba a la Constitución, pues estaba dentro del margen de configuración del legislador la consagración de reglas a través de las cuales se definen las autoridades encargadas de fomentar, patrocinar y dirigir la actividad deportiva en sus diferentes modalidades, de manera que no resultaba inconstitucional que el legislador estructurara la organización del deporte a través de ligas deportivas que se constituyeran como asociaciones o corporaciones de derecho privado; que las ubicara solamente en los departamentos y el Distrito Capital; que permitiera la existencia de una sola liga por deporte en la respectiva jurisdicción territorial; y que las constituyera como organismos de derecho privado en la forma de asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o promotores, o de ambas clases, con el fin de fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un deporte. Ahora bien en relación con la propiedad privada, se debe destacar que ha sido reconocida por la Corte Constitucional como un “derecho subjetivo al que le son inherentes unas funciones sociales y ecológicas, dirigidas a asegurar el cumplimiento de varios deberes constitucionales, entre los cuales, se destacan la protección del medio ambiente, la salvaguarda de los derechos ajenos y la promoción de la justicia, la equidad y el interés general como manifestaciones fundamentales del Estado Social de Derecho (C.P. arts 1° y 95, nums, 1 y 8).[16] De manera que el mismo ordenamiento jurídico a la vez que se encuentra comprometido con el respeto a su núcleo esencial, debe adoptar medidas que permitan asegurar el logro de las citadas funciones, lo que conduce -en últimas- a consolidar los derechos del propietario con las necesidades de la colectividad, debidamente fundamentadas en el Texto Superior.”[17] No obstante, si bien la propiedad privada puede ser objeto de limitación o restricción, en aras de cumplir con las funciones sociales y ecológicas que le reconoce el Estatuto Superior, la Corte ha precisado que no por ello puede llegarse al extremo de lesionar su núcleo esencial que se manifiesta en el nivel mínimo de ejercicio de los atributos de goce y disposición, que produzcan utilidad económica en su titular.[18] Concretamente, en lo referente al margen de configuración legislativa que la Constitución Política le otorga al legislador en torno al derecho de propiedad privada, la jurisprudencia de esta Corporación ha señalado que se trata de una facultad amplia, dirigida a que en ejercicio de la deliberación democrática, establezca las reglas que considere necesarias para organizar el desarrollo de la vida en sociedad. Así, la Corte se encuentra frente a un asunto en el que la intensidad del control se define dentro del marco constituido por la protección del interés social y la utilidad pública y por la facultad general que tiene el legislador para reglamentar el ejercicio del derecho de propiedad privada. Sobre este particular ha sostenido la Corte: “De conformidad con los artículos 1, 2°, 58 y 150 de la Carta, la potestad del Legislador es amplia para regular y establecer los mecanismos que definan la manera de acceder al derecho a la propiedad privada, así como sus contenidos, transferencia y límites. El artículo 58 constitucional establece, en consecuencia, algunos parámetros concretos para determinar la garantía y configuración normativa de este derecho, como son el reconocimiento a la propiedad privada “con arreglo a las leyes civiles”, la afirmación de la protección de los derechos adquiridos en relación con ella, - en el tránsito legislativo-, y el reconocimiento a la función social y ecológica que tiene la propiedad, como características establecidas por el constituyente al uso, goce y disposición de este derecho. De allí que se pueda asegurar que la Carta reconoce y protege el derecho a la propiedad privada y sólo condiciona su ejercicio y disposición, principalmente, a motivos de utilidad pública[19] o de interés social, asegurando en todo caso, ante la existencia de conflictos entre el interés general de la colectividad y el interés particular, la prevalencia del primero (CP art. 58). Con todo, aunque la ley pueda invocar el bienestar general para limitar los derechos de contenido patrimonial, cuando la limitación o extinción del derecho pueda ser valorada económicamente, el afectado deberá ser indemnizado[20] conforme a la Carta, salvo en los eventos en que el acceso a la propiedad responda a las contravenciones señaladas en el artículo 34 constitucional, esto es, que el bien haya sido adquirido mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social .[21] Bajo estos supuestos, al legislador le compete, atendiendo a estas disposiciones superiores, definir las características y modalidades de la propiedad, -intelectual, compartida, inmueble, etc.- y las "facultades, obligaciones, cargas y deberes que los propietarios y terceros pueden desarrollar y están, obligados a cumplir"[22] con respecto a los bienes que ostentan y al tipo de propiedad que poseen, en cada caso específico. Puede decirse en consecuencia que la propiedad privada conlleva para el Estado un deber de regulación que atienda los intereses privados sin desconocer el interés social, y para los particulares un ejercicio que satisfaga o propenda por satisfacer el interés general[23].”[24] En este orden de ideas, la Corte ha advertido que si bien la regulaci...